Plan programático Welmer Ramos

ÍNDICE I. PRESENTACIÓN

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II. EL PAÍS QUE QUEREMOS

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III. NUESTROS PRINCIPIOS

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a. El modelo: desarrollo sostenible b. Acción ciudadana

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c. Solidaridad

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d. Respeto

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e. Equidad

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f. Responsabilidad

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g. Ética en función pública

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III. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IV. POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA V. SERVICIOS ESTRATÉGICOS

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VI. SECTORES PRODUCTIVOS

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VII. DESARROLLO SOCIAL

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VIII. INCLUSIÓN SOCIAL

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IX. ESTADO GESTOR

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I. PRESENTACIÓN A fines del año 2000, la vida política costarricense se vio alterada por la fundación de una nueva organización: el Partido Acción Ciudadana. Ésta fue el resultado de un amplio proceso de participación ciudadana para enfrentar el malestar casi generalizado contra el partido que había tenido la hegemonía política desde la guerra civil de 1948: Liberación Nacional, y quienes lo adversaban, finalmente reunidos en la Unidad Social Cristiana. El primero, de ideología social demócrata, el segundo, de inspiración socialcristiana, habían logrado montar un sistema bipartidista que, al final de los años 1990 la gente identificaba como un solo partido al que la prensa denominó el PLUSC. Ambos, alejándose de las corrientes de pensamiento que los inspiraban, cedieron ante la corriente neoliberal que se instaló en toda América, impulsada por los organismos financieros internacionales.

El resultado de la visión ideológica que se instauró fue el deterioro del estado social de derecho; la reducción de la inversión pública en los servicios prestados por las instituciones estatales, para abrir camino a los negocios privados; la privatización de algunas instituciones y el premeditado abandono de otras. Todo esto provocó un aumento de la pobreza y un crecimiento de la desigualdad social como nunca antes había conocido el país. Además, el aumento de la corrupción crispó el ánimo nacional, y fue factor importante para impulsar la fundación del PAC. El nuevo partido político, liderado por su fundador Ottón Solís, obtiene en la primera campaña en que participa, en 2002, el 26% de los votos, resultado con el que se quiebra el sistema bipartidista. En 2014, el candidato del PAC Luis Guillermo Solís gana las elecciones y por primera vez desde 1948 un nuevo partido político gana una justa electoral. La realización de los cambios ofrecidos no ha sido fácil, máxime que la votación para representantes ante la Asamblea Legislativa fue incomparable a la alcanzada para la elección presidencial. No obstante, hemos hecho importantes progresos, que quisiéramos ampliar y consolidar en el cuatrienio siguiente.

En la campaña interna para elegir al candidato que llevará el PAC en las elecciones nacionales de febrero de 2018, un grupo de partidarios y partidarias hemos impulsado la postulación de Welmer Ramos Acuña, connotado economista y ex ministro de Economía, Industria y Comercio, y nos hemos dado a la tarea de elaborar la propuesta que hoy 3

presentamos a las autoridades partidarias y al país. Todas ellas forman parte del acervo del pensamiento partidario, y están recabadas en la Convocatoria Ciudadana, la plataforma programática construida a lo largo de casi dos décadas por el PAC, con una amplia participación ciudadana y con el concurso de expertos en diferentes ramas.

II. EL PAÍS QUE QUEREMOS Aspiramos a construir un país mejor, más libre e independiente, que vele por su soberanía, su territorio continental, insular y marino, su Constitución Política y sus leyes.

Un país fundamentado en el derecho, capaz de garantizar la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos. Un país orientado en la búsqueda del bien común y la solidaridad internacional para enfrentar los desafíos de la pobreza mundial.

Proponemos un país integrado al mundo, neutral en las confrontaciones bélicas internacionales, pero comprometido con la paz mundial y la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, dispuesto a contribuir al diálogo y a la resolución de los conflictos por la vía diplomática.

Queremos un país unido trabajando por su destino, donde el respeto por la pluralidad de pensamiento sea efectivamente aceptado en la construcción democrática y el diálogo sincero permita encontrar los puntos de acuerdo. Un país con un sistema político que potencie la participación de los diversos sectores que integran la sociedad costarricense, que garantice la efectiva división de poderes y la transparencia en todos los procesos de participación democrática. Un país en el que no haya temor a pensar, sentir y disentir, pero apegado a normas éticas que avalen el respeto a la diversidad de pensamientos y estilos de vida. Un país donde la educación, inclusiva y pertinente, sea un factor de movilización e integración social, de manera que cada persona tenga la posibilidad de desarrollar a plenitud todas sus facultades físicas, mentales, culturales y espirituales.

Deseamos un país de gente laboriosa y responsable; que valore el esfuerzo y el trabajo honesto, más que la capacidad de consumo como factor de prestigio social. Una sociedad que genere riqueza sin sacrificar los derechos laborales y su patrimonio natural.

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Una sociedad que promueva una mejor distribución de la riqueza para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siempre pensando en las generaciones futuras.

Aspiramos a tener un país en donde el estudio se enlace al trabajo para hacer de éste un instrumento de liberación, donde la formación humanista tenga igual importancia que la tecnológica, donde las ciencias, las artes, los deportes y las distintas visiones de mundo puedan coexistir y desarrollarse en un ambiente de respeto recíproco. Un país con equidad de género y respetuoso de los derechos de las minorías.

Anhelamos

un

país

movido

por

la

acción

ciudadana

comprometida,

transformadora y vigilante, con partidos políticos verdaderamente representativos y organizaciones de la sociedad civil informadas, pujantes, abiertas y democráticas.

Deseamos un Estado que propicie una creciente calidad de vida para sus habitantes, mediante un marco institucional de justicia, equidad y derecho, un Estado confiable donde quede eliminada toda impunidad y se respete el principio de justicia pronta y cumplida.

Queremos un país ordenado territorialmente, donde las poblaciones rurales y urbanas cuenten con espacios agradables, seguros y saludables. Un país que invierta en la infraestructura necesaria para satisfacer el acceso a los servicios básicos de la población en procura de mejorar su calidad de vida.

Queremos un país en donde la planificación y la ejecución de los programas y los proyectos cuenten con la participación de las instituciones regionales, sus comunidades y sus organizaciones.

Un país que reconozca y defienda el principio de que existen recursos estratégicos o patrimonios de dominio e interés público que son inalienables. Un país que preserve y supervise la utilización de sus fuentes energéticas, el espectro radioeléctrico y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en especial la biodiversidad, el agua y el aire, la riqueza marina y las bellezas escénicas.

Un país apoyado en una economía sólida, diversificada y pluralista, apropiadamente tecnificada, centrada en el desarrollo del conocimiento y la información.

Un país con un sistema de economía mixta donde prosperen y coexistan varias formas de propiedad y se fecunden recíprocamente los distintos sectores (privado, público y asociativo), se fomenten las diversas formas del capital (público y privado), cada una con 5

sus valores, formas de operación y normativas propias, sin tener que sacrificar una por la otra.

Queremos un país con un desarrollo productivo y económico que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria nacional, satisfaga las necesidades del mercado interno y que, a su vez, intercambie con el resto del mundo productos elaborados bajo esquemas social y ambientalmente responsables y por lo tanto, reconocidos por el comercio justo internacional.

Un país donde la ciencia y la tecnología trabajen en armonía tanto con la naturaleza como con los conocimientos ancestrales. Queremos ser un país consciente de su historia, orgulloso de sus valores y sus símbolos, dispuesto a defender, conservar y cultivar las diferentes manifestaciones de su patrimonio multicultural y multilingüe.

En síntesis, deseamos un país democrático, con una sociedad incluyente, con un sólido sistema económico y productivo, asegurado en un Estado con instituciones fuertes y comprometidas; un país que se desenvuelva en paz y solidaridad, próspero, en armonía consigo mismo y con su entorno natural, y hermanado con los demás pueblos de la Tierra; un país plenamente consciente de que la humanidad es una sola.

III.

NUESTROS PRINCIPIOS

El Partido Acción Ciudadana ha trabajado desde su formación para definir y fortalecer los principios que guían nuestra participación en la política. El modelo de desarrollo integral, solidario y de largo plazo con el que estamos comprometidos, se fundamenta en los derechos universales de los pueblos del mundo, de los cuales emanan sólidos propósitos y principios orientadores de nuestro pensamiento y acción política. Partimos de que la Humanidad es una y el planeta la casa de todos y todas. Por eso abogamos por la acción ciudadana, la solidaridad, el respeto, la equidad, la responsabilidad y la ética en la función pública. a.

El modelo: desarrollo sostenible

En el PAC trabajamos por un desarrollo humano con sostenibilidad ambiental, con perspectiva de largo plazo que integra tanto lo económico como en lo social, cultural y 6

político. Por desarrollo humano entendemos aquellos procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y se asocia con la evolución positiva y balanceada de las personas y de las instituciones de un país a través del tiempo. El desarrollo humano significa mejores opciones para la satisfacción y el bienestar individual y colectivo.

La sostenibilidad está relacionada con la conservación de la biodiversidad, el manejo responsable del patrimonio natural y la estabilidad de los ecosistemas en el tiempo, de manera que la actividad humana no afecte irreversiblemente los ciclos y recursos naturales, ni amenace los procesos biogeofísicos del planeta. La sostenibilidad se fundamenta en la comprensión y el respeto humano de los equilibrios de la naturaleza.

Nuestro modelo económico y la organización sociopolítica se sustentan en los siguientes principios: b.

Acción ciudadana Entendemos la acción ciudadana como un derecho de la gente a involucrarse en

los asuntos que le atañen en lo personal y en tanto miembros de diferentes grupos. Pero también como un deber de participar en los asuntos públicos, y contribuir así al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la preservación del medio natural.

Las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil demandan hoy nuevas rutas para manifestarse y transformar la sociedad. En el PAC creemos en la acción ciudadana, porque creemos en la gente, su capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones y de actuar en la construcción de su futuro, el de su comunidad y el del país. Acción ciudadana significa descentralizar responsablemente la toma de decisiones, valorando las opciones y restricciones en el nivel nacional, regional y local. También significa coordinar acciones entre las comunidades, las empresas, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil.

La ciudadanía debe integrarse, individual o colectivamente, en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que la afectan. La acción ciudadana es un requisito para alcanzar un desarrollo humano con sostenibilidad ambiental. Sólo con la participación ciudadana lograremos construir el país que deseamos.

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c.

Solidaridad En el PAC, solidaridad es acción conjunta en un mundo que privilegia el interés

individual sobre el colectivo. Es un reconocimiento de las otras personas como semejantes, es decir, que tienen los mismos derechos. La solidaridad es la manera en que una sociedad trata de resolver los problemas y hacer realidad sus aspiraciones de bienestar. La solidaridad es indispensable para enfrentar la pobreza, la falta de oportunidades y la desesperanza que impiden que las personas se desarrollen con plenitud.

Distinguimos la solidaridad en dos ámbitos: pescados y cañas de pescar. El primer ámbito es la solidaridad con aquellas personas que por diversas razones no pueden trabajar, sea por edad, enfermedad, discapacidad u otras situaciones extremas.

A ellas expresamos nuestra solidaridad dándoles lo que necesitan para vivir dignamente por medio de las instituciones del Estado (ofrecer pescados). El segundo ámbito toca a las personas que han vivido en una situación socioeconómica desfavorable. A estas, queremos darle la oportunidad de que puedan salir adelante con responsabilidad personal y con su propio esfuerzo, a partir de la dotación de oportunidades para que puedan mejorar su calidad de vida (cañas de pescar).

En el PAC entendemos que la solidaridad privilegia los intereses colectivos sin menoscabo de los legítimos derechos individuales. d.

Respeto En el PAC reconocemos la pluralidad de pensamientos y la diversidad cultural.

Partimos del principio de que todo ser humano tiene derecho a un desarrollo pleno.

Reconocemos que los individuos también son parte de colectividades con derechos históricos adquiridos, pero no siempre respetados. En concordancia con los propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas, el PAC inscribirá su acción política en la cultura del respeto para atender las necesidades no solo de las mayorías, sino de todas las personas que por su origen étnico, religioso, nacionalidad, opción sexual o necesidades especiales sean objeto de discriminación.

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e.

Equidad En el PAC entendemos la equidad como igualdad de acceso a las oportunidades,

lo cual permite avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En nuestro partido nos comprometemos a promover la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres, personas de distintas edades, distintos niveles socioeconómicos y culturales, así como los habitantes de distintas regiones del país.

Creemos que las instituciones del Estado deben estar al servicio de fines superiores que privilegien la equidad en el acceso a las oportunidades, para garantizar la democratización en los procesos de formación de riqueza. Aspiramos a una sociedad en donde los extremos de riqueza y pobreza se reduzcan sustancialmente, y se fortalezca así el desarrollo de una gran la clase media. f.

Responsabilidad La responsabilidad es la obligación moral que tiene cada habitante de nuestro

país de contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, a la construcción del bien común y del destino nacional. Esta se ejerce en los ámbitos personal, familiar, comunal, nacional y mundial.

La responsabilidad requiere del esfuerzo personal como condición imprescindible en la consecución del bienestar individual, familiar y colectivo. Por su parte, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a las cañas de pescar para mitigar las desigualdades de origen y retribuir el esfuerzo individual y grupal.

En el PAC reconocemos la disposición de las comunidades organizadas a asumir responsabilidades en el desarrollo local. Por ello, nuestro programa de descentralización traslada competencias de las instancias centrales hacia las comunidades y los gobiernos locales.

En el ámbito nacional, la responsabilidad abarca el compromiso con la democracia y la movilidad social. Desde el PAC trabajamos para garantizar un sistema social en el cual el esfuerzo individual rinda frutos, y donde el amiguismo político, el clientelismo y la corrupción sean erradicados.

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Finalmente, promovemos una cultura de responsabilidad nacional para construir el país que deseamos. g.

Ética en la función pública La ética en la función pública es un deber fundamental con la Patria, y una

responsabilidad ante la ciudadanía; una condición necesaria y un medio para renovar la confianza en las instituciones democráticas. La confianza contribuirá a lograr la gobernabilidad necesaria para la toma de las decisiones y alcanzar las transformaciones que el país requiere.

La ética de lo público se expresa respetando lo que pertenece al pueblo costarricense, no politizando decisiones técnicas, ni mintiendo, ni engañando a la ciudadanía o protegiendo con impunidad a los transgresores de estas normas. Esto debe estar acompañado por la mística, el cumplimiento de la palabra empeñada, el diálogo como medio institucionalizado para resolver los conflictos, el uso de un lenguaje claro y veraz que transparente nuestras intenciones, el amor al trabajo honrado, el respeto a la integridad de las personas, la confianza y la honestidad.

La responsabilidad del PAC hacia nuestro régimen democrático y sus instituciones tiene como objetivo el buen gobierno. Este se caracteriza por conductas y prácticas transparentes y participativas. Las negociaciones claras permitirán alcanzar acuerdos para garantizar el bien común. El buen gobierno busca la adhesión ciudadana a normas éticas reconocidas universalmente, indispensables para más y mejor democracia.

En el PAC vemos con gran responsabilidad el ejercicio de la función pública y la toma de decisiones que de ella se derivan. Nos preocupa el deterioro de las instituciones públicas, patrimonio del país construido gracias al trabajo y sacrificio de las generaciones predecesoras. Es nuestra obligación recuperar lo mejor del legado recibido y velar para que las instituciones públicas cuenten con los recursos materiales y técnicos indispensables que les permitan cumplir de manera oportuna y eficiente con sus funciones. En el PAC impulsamos la rendición de cuentas de las y los funcionarios públicos y la transparencia de sus acciones. Debemos frenar el abuso de los recursos públicos y rechazar la politiquería en dichas instituciones. La confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas resulta indispensable para garantizar el buen gobierno.

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1. Agilización de las expropiaciones por medio del fortalecimiento del fondo económico para lograr que pasen a manos del Estado las tierras que sean estratégicas para la gestión ambiental en los plazos requeridos.

2. Promoción de los usos y aprovechamientos adecuados del mar difundiendo las buenas prácticas, mejorando las tecnologías para la extracción de productos marinos y la vigilancia conjunta de los órganos responsables de realizar estas tareas en ambas costas.

3. Reducción de las pérdidas humanas y los daños materiales ocasionados por las fuerzas y eventos destructivos de la naturaleza que son cada vez más fuertes como consecuencia del calentamiento global, mejorando la planificación territorial, informando a la población mediante campañas preventivas y fortaleciendo el quehacer de la Comisión Nacional de Emergencias.

III. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE El desarrollo sostenible se concibe en función del bienestar y la seguridad integral para las presentes y futuras generaciones, y fusiona los conceptos de desarrollo humano, -en lo relativo a la potenciación del ser humano, al contexto institucional, al bienestar económico y al desarrollo integral de la sociedad-, con el de sostenibilidad ambiental. Por ello, la conservación, la protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se relacionan con los derechos humanos y los deberes ciudadanos.

El deterioro cotidiano de la calidad ambiental en el territorio es evidente: pesca intensiva y sin planificación, problemas en el uso del suelo, pérdida de hábitats, caza furtiva, tala indiscriminada, inadecuado manejo de los residuos, desperdicio, consumismo, efectos del cambio climático, impactos en la biodiversidad, etc. Esta problemática se propulsa por las desigualdades sociales, los patrones de consumo, el

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desconocimiento del medio y la falta de compromiso con la ética ambiental, lo que arriesga el estado de salud del planeta y, por ende, el de toda forma de vida.

El crecimiento desmedido y no planificado de los asentamientos humanos y la actividad económica del país generan tensiones crecientes entre los actores que compiten por el uso del territorio y sus recursos. Esta situación provoca problemas de degradación y contaminación ambiental a causa de una gestión y aprovechamiento inadecuados de los entornos rural y urbano. También existen fuertes presiones por el uso del territorio en forma intensiva en áreas muy frágiles, como en las zonas costeras, partes altas de las cuencas, planicies de inundación a orillas de los cauces de los ríos y otros ecosistemas vulnerables, como los humedales.

Por ello, es imprescindible generar un modelo de desarrollo sostenible, que armonice el desarrollo económico con las necesidades sociales, culturales y ambientales del país. Debemos reactivar la economía y la producción y estimular la inversión socioambientalmente responsable; propiciar el comercio justo, con mayor apoyo de la inversión social, los encadenamientos y las redes productivas; procurar el desarrollo del potencial humano costarricense; reducir la desigualdad social y eliminar las brechas de pobreza, social y tecnológica. De manera particular, la dimensión ambiental de la sostenibilidad se asocia con factores como:

•

Ordenamiento territorial (urbano y rural)

•

Gestión ambiental adecuada

•

Conservación de la biodiversidad

•

Manejo adecuado de los ecosistemas

•

Gestión de riesgo

•

Reducción de los impactos de las actividades humanas en los recursos de la naturaleza que amenacen los procesos biofísicos del planeta.

•

Reformulación de la interacción humana con su entorno natural y sociocultural

•

Producción y consumo responsables y sostenibles 12

•

Desarrollo de fuentes de energía no contaminantes

•

Gestión sostenible para procurar la disponibilidad de agua

•

Mitigación y adaptación al cambio climático

Nuestra propuesta se basa en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales, procuran erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar el bienestar para todos y todas. Nuestra intención es aprovechar esta oportunidad monumental para que nuestro país emprenda un nuevo camino para mejorar la relación del sur humano con la naturaleza. No todas las propuestas han sido planteadas en esta parte, otras se encuentran en la parte correspondiente de cada sector.

PROPUESTAS 1. Revisión y reordenamiento de la gobernanza del sector, con el fin de lograr una rectoría efectiva en el campo ambiental, evitando la duplicidad, el fraccionamiento y el debilitamiento institucional.

2. Impulso a la agricultura sostenible para reducir el daño ambiental producido por las actividades agropecuarias, controlando el uso de agroquímicos, la contaminación de las aguas y otras prácticas dañinas tanto para el ambiente como para la salud humana.

3. Mejora en la gestión de los residuos, para reducir el impacto ambiental causado por las actividades humanas y los desechos que estas generan, revisando la política nacional para la Gestión Integral de Residuos y el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, usando tecnologías más amigables con el ambiente, así como brindando apoyo a las organizaciones sociales capacitadas y con espíritu emprendedor para la ejecución de programas de conservación del medio ambiente.

4. Mejoramiento de la capacidad resolutiva de SETENA, para que sea efectiva y oportuna de conformidad con los plazos estipulados en la normativa vigente, por medio de mecanismos más ágiles para la revisión de los proyectos.

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5. Protección de las fuentes de agua y saneamiento efectivo, de acuerdo con la política nacional saneamiento de aguas residuales, (PNSAR).

6. Reducción de la contaminación del agua mediante la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad.

7. Apoyo a la gestión ambiental local de las municipalidades, mediante programas coordinados IFAM, MINAE y gobiernos locales para reducir sus limitaciones en el funcionamiento operativo en el área ambiental.

8. Utilización de tecnologías amigables con el medio ambiente, impulsando el uso de energías renovables incluyendo biocombustibles y productos biodegradables en todas las áreas del quehacer humano, para contribuir a aminorar el calentamiento global, mediante convenios de cooperación con países que tengan experiencias exitosas en este campo.

9. Transformación de los modelos agropecuarios con un alto impacto sobre los mantos acuíferos y la degradación del medio ambiente en general, mediante prácticas que permitan a los productores producir de forma sostenible, competir por calidad y liderar las prácticas eco-amigables.

10. Promoción del uso sostenible de los recursos marino costeros y de los ecosistemas marinos, mediante políticas que reconozcan tanto el conocimiento científico como el tradicional y de comunidades locales como formas de conocimiento complementarias para la sostenibilidad y la reducción de la pérdida de la biodiversidad y actividades ilícitas humanas como el contrabando y el tráfico de especies.

11. Impulso a los proyectos de mejoramiento ambiental mediante la incorporación de aliados privados estratégicos (empresas y la comunidad) que posean un compromiso de responsabilidad social.

12. Incremento de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, reduciendo la deforestación, recuperando los bosques degradados y aumentando la forestación y la reforestación tanto urbana como rural.

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13. Mejora de la calidad del aire y la salud de las personas, impulsando sistemas de movilidad amigables con el ambiente.

14. Agilización de las expropiaciones de tierras que sean estratégicas para la gestión ambiental fortaleciendo el fondo económico para lograr que pasen a manos del Estado en los plazos requeridos.

15. Promoción del uso y aprovechamiento adecuados de los mares difundiendo las buenas prácticas, mejorando las tecnologías para la extracción de productos marinos y la vigilancia conjunta de los órganos responsables de realizar estas tareas en ambas costas.

16. Disminución de la contaminación, a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, mediante la gestión adecuada de las sustancias químicas y de los desechos a lo largo de su ciclo de vida.

17. Reducción del impacto de los eventos de la naturaleza en la población nacional, mejorando la planificación territorial, fortaleciendo el quehacer de la Comisión Nacional de Emergencias y preparando a la población mediante campañas preventivas.

18. Mejora de la administración de los parques nacionales, en beneficio de los guarda parques y los visitantes, mediante modelos de administración eficientes, que permitan mejores condiciones de accesibilidad, servicios y laborales.

IV.POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA La situación actual de las finanzas públicas coloca a Costa Rica en una situación de alta vulnerabilidad en un entorno internacional muy cambiante e incierto. En particular, se señalan los siguientes elementos: a) La carga tributaria es insuficiente. b) Existe una gran rigidez en cuanto al manejo del gasto. c) La diferencia entre ingresos y gastos, llamado déficit fiscal, ronda el 5% del PIB, el cual debe financiarse con deuda.

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PROPUESTAS 1- Mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, mediante revisión de las leyes de pensiones de lujo con cargo al presupuesto y los regímenes de pluses laborales, para que verdaderamente se asignen de acuerdo al mérito; y promulgación de la ley del salario público máximo referencial.

2- Contención del gasto, como responsablemente ha hecho el gobierno Solís Rivera, evitando despilfarros y gastos innecesarios.

3- Aumento del nivel de flexibilización en el gasto; se coordinará para que los nuevos proyectos de ley contengan el financiamiento necesario.

4- Mejoramiento de la eficiencia en el manejo de la planilla del Estado, por medio de la implementación del salario único y competitivo. Este aplicaría solo para funcionarios nuevos que vayan ingresando a laborar al Estado; los funcionarios actuales mantendrán sus condiciones laborales, como manda el Código de Trabajo.

Mejoramiento de la Administración Tributaria 1- Mejora de la administración de todos los tributos y los movimientos aduaneros por medio de un sistema informático único e integrado. Esto se hará mediante la firma de convenios de cooperación con países de la OCDE, y la implementación y manejo eficiente del TICA. 2- Utilización de la minería de datos para revelar sancionar los negocios ocultos, omisos y a los evasores. Mediante la automatización y desarrollo de sistemas informáticos dentro del Ministerio de Hacienda, y reforzando las áreas de fiscalización de la Administración Tributaria, Dirección General de Aduanas, Policía Fiscal y Dirección General de Hacienda.

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Ingresos 1. Mejoramiento de los ingresos del Estado mediante: •

Impulso a los proyectos de ley de renta global y renta mundial, normativa específica a Precios de Transferencia y las nuevas normas para controlar la erosión de las bases imponibles conocido como BEPS.

•

Prohibición de aplicar gastos deducibles a las personas (físicas o jurídicas) que inviertan en países considerados como paraísos fiscales. Lo anterior de conformidad con la lista de países que emite la OCDE.

•

Modernización del impuesto sobre las ventas para convertirlo en un impuesto al valor agregado, ampliando la base hacia el sector servicios.

Política monetaria 1. Mantenimiento de la estabilidad interna y externa de la economía del país a través de la política monetaria.

2. Aplicación de una política monetaria y crediticia considerando los objetivos de crecimiento económico, empleo y baja inflación, y en armonía con la política fiscal.

3. Manejo proactivo de la política crediticia de tal forma que los empresarios y las empresas encuentren el financiamiento que requieren para sus actividades.

4. Establecimiento de regulaciones apropiadas para inducir a los bancos a reducir el margen de intermediación financiera y lograr tasas de interés más bajas, en especial para emprendedores, PYMES y empresas de la economía social.

5. Fomento del ahorro nacional y la inversión productiva impulsando un plan nacional de educación financiera desde el sistema educativo y de las organizaciones sociales.

V. SERVICIOS ESTRATÉGICOS INFRAESTRUCTURA Costa Rica cuenta con una buena red de carreteras, pero existe un gran rezago en su mantenimiento. La cantidad de vehículos es cada vez mayor y no se han construido rutas importantes en las últimas tres décadas, con excepción de la 27, por lo que cada 17

día aumentan la congestión, la contaminación y los tiempos de desplazamiento, en detrimento de la calidad de vida de la población.

El sistema de puertos debe ser más eficiente, generar más riqueza para el país y las comunidades y colaborar con la adecuada explotación de nuestros grandes recursos marinos. El sistema de aeropuertos está llegando a su máxima capacidad, y se requieren grandes inversiones, para llevar a cabo las obras que ya por décadas se han venido planificando, pero que han faltado recursos y sobre todo, voluntad política y decisión para llevarlas a cabo.

En relación con edificaciones y otras infraestructuras de interés público y defensa civil, es necesario una adecuada orientación, planificación, fiscalización y rectoría del MOPT. Propuestas 1. Fortalecimiento del MOPT y de otras instituciones del sector que realicen obra pública o desarrollen servicios públicos, dotándolas de un cuerpo profesional y técnico de alta experiencia, que coadyuve en la recuperación y desarrollo de las capacidades de planificar, diseñar, construir, inspeccionar, supervisar y fiscalizar. El Estado no renunciará a esas tareas por su obligación indelegable de rectoría y potestad de imperio.

2. Recuperación de las capacidades de las instituciones en la ejecución de sus competencias, para evitar la mala calidad de las obras y los espacios para la corrupción. Para ello se recurrirá a la cooperación interinstitucional, la creación de unidades ejecutoras para administrar programas o proyectos claves y a la contratación de los mejores profesionales en la materia. Asimismo se dará garantía de la continuidad de las obras, para poder desarrollar proyectos de mediano y largo plazo, con una adecuada planificación.

3. Mejoramiento de la gestión de los proyectos mediante una estrategia que incluya: reglas claras, contratos bien estructurados, estandarizados y no hechos a la medida, procesos de licitación transparentes, y protocolos establecidos para las buenas 18

prácticas; todo esto acompañado de mecanismos efectivos de consulta ciudadana y de información actualizada sobre la realidad y el avance de los distintos proyectos, que le permitan a la ciudadanía realizar la fiscalización y vigilancia adecuadas.

4. Impulso a los cambios legales necesarios para que los procesos de apelación no se utilicen para bloquear subjetiva e innecesariamente la ejecución de las obras y servicios de interés público: se deben reformar algunas leyes ya obsoletas, como por ejemplo, la ley de Expropiaciones, Contratación Administrativa, Concesión de Obra Pública con Servicio Público, la Ley de Caminos Públicos y otras relacionadas.

5. Ordenamiento del transporte público, dando prioridad al peatón, seguido por medios de movilidad amigables con el ambiente, como lo son las bicicletas y el transporte público masivo de personas. Se dará impulso al uso de tecnologías limpias y al concepto de acceso universal, con el coligamiento de los servicios de autobuses con otros modos (transporte intermodal), a fin de que sean costo-efectivos y logren economías de escala, para contribuir a la obtención de tarifas justas y que a su vez nuevos usuarios dejen los vehículos en sus casas.

6. Financiamiento de las obras de infraestructura que el país necesita y merece mediante alianzas público privadas, de modo que tanto los financiamientos como los riesgos, sean asumidos por ambas partes. Algunos de esos proyectos son la renovación completa del ferrocarril, desde Paraíso de Cartago hasta Alajuela, con pasos elevados para evitar accidentes, eléctrico y moderno; aeropuerto de Orotina, mejoramiento de las instalaciones portuarias de JAPDEVA para que pueda competir con la empresa privada; ampliación de las carreteras San José Limón, San JoséCaldera, San José -Cartago y San José-San Ramón.

7. Mejora en los tiempos de desplazamiento en la GAM por medio de la construcción de pequeñas obras viales que favorezcan el flujo vehicular y la seguridad al conducir, en coordinación con los gobiernos municipales.

TELECOMUNICACIONES Las telecomunicaciones son clave en el desarrollo de un país, pues no solo permiten la comunicación entre sus ciudadanos, sino que contribuyen con la educación, 19

la cultura, el entretenimiento, la libertad de expresión, la productividad y la competitividad, beneficiando el quehacer social y económico nacional y por tanto a toda la sociedad.

Con la apertura en telecomunicaciones, si bien ha aumentado la oferta de servicios y, por tanto, se ha expandido más aceleradamente el mercado, sobre todo de servicios móviles, también se han debilitado por otra parte, el ICE, y el modelo solidario.

Por eso es importante fortalecer la institución que por tantos años mantuvo el país a la cabeza del desarrollo en este campo en Latinoamérica, y que garantizó con sus servicios solidarios, conexión a prácticamente todos los habitantes del país.

Particularmente el ICE se ha visto debilitado por las políticas del ente regulador, pues con la fijación de tarifas del servicio fijo y de interconexión, por debajo de los costos y multas por prácticas de mercado que a otros operadores sí se les permite, han debilitado enormemente sus finanzas. Recordemos, además, que, por ser una institución pública, el ICE no podría tener nunca la misma flexibilidad ni la libertad para competir, que sí tienen los operadores privados.

PROPUESTAS 1. Optimización del acceso a los servicios de telecomunicaciones, para suplir en alguna medida el servicio solidario que brindaba anteriormente el ICE, identificando bien los sectores que se pueden beneficiar con la inversión de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, mejorando los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso y con la calidad de servicios que se requiere 2. Fortalecimiento del gobierno digital, tanto a nivel de país como en las municipalidades, estimulando el uso de la firma digital y garantizando el acceso a la información y a la realización de trámites por internet.

3. Impulso a los servicios de internet de banda ancha universal, para favorecer la industria, el comercio, la educación, el entretenimiento, y todas las manifestaciones del desarrollo humano.

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4. Sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones, mediante la promoción de políticas justas en el tratamiento de usuarios y operadores, en cuanto a las tarifas, los precios de interconexión, y otros.

5. Mejoramiento del acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluida la radio y televisión, garantizando precios asequibles y al alcance de todos los habitantes de país, sacando mejor provecho del dividendo digital resultante del proceso de digitalización de los medios de comunicación para lograr una mayor utilización del espectro.

ELECTRICIDAD Costa Rica destaca en el mundo por ser un país con una matriz energética sostenible, en relación con el desarrollo eléctrico. En los últimos dos años el porcentaje de electricidad producida con fuentes renovables ha sido mayor al 95%.

Para el 2014 Costa Rica producía un 66.39 % de su energía a base de hidroelectricidad, un 15.20% con geotermia, un 7.26% energía eólica, un 0.83% con biomasa y un 0.01 % con celdas solares.

El modelo de desarrollo eléctrico está básicamente a cargo del ICE, pues es la institución que produce la mayor cantidad de energía, un 75%, y es quien tiene la responsabilidad del desarrollo y de suplir la demanda eléctrica a nivel nacional. No obstante, en el mercado eléctrico participan otros y muy variados actores, como lo son la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Junta de Servicios Eléctricos de Cartago, la Empresa de Servicios de la Municipalidad de Heredia, las Cooperativas de Electrificación Rural y agentes privados. Este modelo ha garantizado por ya casi siete décadas el suministro eléctrico nacional sin problemas.

En el mediano plazo, el país tendrá que tomar decisiones muy importantes en este campo, pues es necesario definir la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas o en su defecto permitir la explotación de energía geotérmica, y en todo caso incrementar el consumo de energía solar.

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PROPUESTAS 1. Fortalecimiento del modelo de desarrollo eléctrico, según la planificación estatal de mediano y largo plazo, liderada por el ICE. Para esto se brindará apoyo a los proyectos que utilicen recursos y energías limpias, predominantemente locales y renovables, permitiendo un buen nivel de independencia de los combustibles fósiles, responsables en gran medida del calentamiento global.

Asimismo se preservará el ICE como agente único de mercado, en el Mercado Eléctrico Regional (MER), para garantizar un desarrollo armónico y balanceado, de calidad, oportunidad y que garantice seguridad y precio justo.

2. Garantía en la calidad del servicio eléctrico a los usuarios, mediante alianzas entre las diferentes instancias que participan del desarrollo eléctrico nacional: Estado, cooperativas, municipales y de capital mixto, para el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos, cuando ello sea necesario. Se promoverá una cultura de ahorro y uso eficiente de los recursos, por medio de programas de administración de la demanda y eficiencia energética.

3. Sostenimiento de políticas públicas de apoyo a sectores de interés nacional, mediante el sistema de subsidios a MIPYMES y poblaciones en condición de pobreza y exclusión.

COMBUSTIBLES La importación, el procesamiento y la distribución de hidrocarburos, al mayoreo, son en Costa Rica monopolio del Estado, a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo. Sin embargo, desde agosto del 2011 RECOPE dejó de importar petróleo crudo y de operar su refinería en Moín, por lo que en la actualidad se limita a la compra, importación y distribución de derivados de petróleo.

La evolución de la importación de derivados de petróleo en Costa Rica entre 1986 y 2015 tiene un comportamiento bastante estable, sobre todo a partir del 2007.

Importamos entre 18 y 20 millones de barriles al año, mientras que su valor CIF en millones de dólares, ha descendido significativamente, desde unos 2200 millones USD/año, a unos 1100 millones USD/año.

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El mercado de petróleo y sus derivados está en estos momentos en un período de transición y cambio de paradigmas. Por un lado, las reservas mundiales de petróleo se han reducido notablemente. Por otro lado, la técnica del fracking (fracturas de la roca del subsuelo a altas presiones hidráulicas con equipos y técnicas especializadas para obtener hidrocarburos), se ha difundido, (a pesar de ser controversial desde el punto de vista ambiental, especialmente por contaminación de aguas subterráneas), aumentando la oferta y haciendo caer sensiblemente los precios del petróleo a nivel internacional.

Paralelamente, la mayor conciencia ambiental y el desarrollo de otras fuentes de energías limpias (eólica, solar y geotérmica principalmente), desestimulan el uso de derivados de petróleo y abogan por la introducción de medios de transporte que utilicen energía limpia, de la red eléctrica o almacenada en baterías o celdas de hidrógeno.

Los derivados del petróleo representaban en 2013 casi un 60% de la matriz nacional de energía, siendo el transporte, por mucho, el renglón principal en este rubro.

Una política de largo plazo debe tender a reducir progresivamente este componente, mediante medidas que conduzcan al uso más eficiente de los medios de transporte, así como de la transformación de la fuente de energía que utilizan esos medios. No solo el transporte público debe de electrificarse, sino estimularse la importación de vehículos eléctricos. Una alternativa de transición, más amigable con el ambiente sería el uso más extendido de gas LPG (liquefied petroleum gas), que podría, por ejemplo, combinarse en vehículos híbridos cuyo motor convencional utilizase este combustible. Estas iniciativas, requieren promover una adaptación en la logística de servicio para el parque de automotores de forma que las estaciones de servicio estén en condiciones de ofrecer carga rápida a los vehículos eléctricos y gas LPG a los que utilicen este combustible.

La producción y uso de biocombustibles, se podría promover a condición de utilizar únicamente terrenos de “baja calidad” no aptos para agricultura convencional con especies capaces de crecer en ellos y una estructura que promueva el beneficio de los pequeños propietarios de esos terrenos, entendiendo además que es conveniente ubicar las instalaciones para la extracción y refinamiento de esos combustibles (relativamente sencillas), en las mismas zonas.

En relación con la renovación de la planta refinadora de RECOPE, debemos tener presente que los márgenes de refinación de petróleo han oscilado durante los últimos 23

diez años, entre 0 y 10 dólares por barril procesado, esto, para empresas de primer nivel, operando de forma eficiente refinerías con escalas muy superiores al consumo nacional.

Con estos márgenes y un volumen de 20 millones de barriles de petróleo por año en Costa Rica, muy difícilmente se podría rentabilizar una inversión de más de 1000 millones de dólares.

RECOPE ciertamente cuenta con personal capacitado, pero la empresa ha estado limitada por la intervención política, la falta de independencia empresarial, así como por una Junta Directiva y Gerencia de nombramiento político que no cuenta con la capacidad, la preparación ni la experiencia requerida para dirigir una industria compleja como esta.

Asimismo, históricamente la institución ha estado limitada por una estructura muy enfocada en necesidades fiscales de Gobierno y al beneficio de un personal muy numeroso y muy poco a la eficiencia y los resultados de la empresa.

Es necesario, además, ampliar el sistema nacional de abastecimiento de combustibles para aprovechar el comercio por ambos océanos. Para la actividad de importación de RECOPE es importante consolidar la modernización del puerto petrolero de Moín, cuya obra está prácticamente terminada y es vital para la eficiente importación de combustibles. También hay que invertir en la ampliación de la capacidad de almacenamiento, y la rehabilitación de tanques fuera de servicio en la actualidad, así como en la mejora de los sistemas de bombeo de combustibles y los poliductos, incluyendo la puesta en servicio de un sistema aparte para transporte para gas LPG (utilizando de ser posible, ductos existentes debidamente rediseñados y equipados al efecto).

PROPUESTAS 1. Impulso a la generación y el uso eficiente de la energía, mediante planes estratégicos en ese campo, que detallen los procedimientos de inversión, operación, distribución y compra de hidrocarburos de RECOPE; utilización de combustibles que optimicen su costo para el país, y favorezcan la disminución de emisiones nocivas para el ambiente y la salud (ejemplo gas LPG); impulso de

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nueva legislación y reglamentación necesarias para implementar dichos planes, así como la exoneración temporal de impuestos a los vehículos eléctricos.

2. Atención de la crisis energética con medidas inmediatas de ahorro energético, coordinadas por el Gobierno y con la participación ciudadana, tales como: mejora de los incentivos para un menor uso y una mayor ocupación de los vehículos particulares, implementación de la sectorización de los autobuses y construcción de un moderno tren eléctrico en el área metropolitana.

3. Protección de los intereses de los consumidores de combustibles, modificando el sistema de fijación de tarifas mediante la incorporación de

criterios de

eficiencia basados en un benchmarking (evaluación comparativa) de clase mundial, para que las variaciones en el precio internacional de los combustibles se reflejen de inmediato en los precios al consumidor.

4. Consolidación de la relación a largo plazo con socios internacionales estratégicos que garanticen el acceso a derivados de petróleo de alta calidad, a precios competitivos, buscando economías de escala, tanto en el volumen de compra como por fletamento de barcos, lo anterior con los mecanismos necesarios para garantizar absoluta transparencia de lo negociado.

5. Implementación de un sistema de control permanente de la calidad del aire y de la contaminación producida por fuentes móviles (automotores) y fijas (industrias y otras), por medio de la coordinación entre el Ministerio de Salud, MINAE y el MOPT y laboratorios especializados de las universidades estatales.

6. Fortalecimiento del papel del Estado, buscando mayor agilidad y eficiencia en RECOPE, dotándola de cuadros gerenciales idóneos, autonomía en su gestión a largo plazo, con capacidad de emprender inversiones intensivas de capital para desarrollar la infraestructura que requiere en su actividad.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Los países más avanzados han logrado el desarrollo gracias, entre otros factores, a las importantes inversiones que han hecho en investigación, innovación y tecnologías de punta. La innovación y el desarrollo tecnológico finalmente mejoran la calidad de vida

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de los habitantes, al favorecer el desarrollo económico, productivo y social de una nación.

Costa Rica invierte solamente alrededor del 0,56 del PIB en ciencia y tecnología.

Nuestro sistema gubernamental ha desplegado políticas de corto plazo y con pocos recursos, incapaces de tener un impacto real en el desarrollo científico y tecnológico. Aunque la implementación de zonas de libre comercio ha tenido un impacto positivo en la atracción de manufactura y servicios de alta tecnología, los vínculos entre las empresas multinacionales y las empresas nacionales están poco desarrollados.

Tampoco existe la adecuada armonización de las mismas empresas, para fomentar el aprovechamiento de sinergias entre el sector académico, el gobierno y el sector productivo.

El sistema educativo aun cuando ha logrado una tasa de alfabetización del 97.4%, al menos a nivel de primaria y secundaria, es omiso en promover la cultura de investigación y desarrollo de nuevo conocimiento. Asimismo, los graduados terciarios en ciencias y tecnología son menores al 29%, por debajo del 35% de las economías emergentes de mejor desempeño. Y finalmente la calidad de la Investigación y Desarrollo (I+D) es baja, con menos de 18% a un nivel de Doctorado o Post doctorado.

PROPUESTAS 1. Aumento de la eficacia y calidad de la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, fortaleciendo el MICITT, para que funja como un verdadero ente rector de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada, y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT).

2. Fortalecimiento de la inversión en Investigación y Desarrollo mediante la implementación de un sistema de financiamiento competitivo y basado en rendimiento para la investigación pública en las universidades, y la creación de Concejos de Investigación temáticos para captación de fondos para la investigación y coordinación público-privado-academia, bajo la rectoría directa MICITT. 3. Impulso a la investigación científica y tecnológica, mediante la creación de un plan estratégico

a

largo

plazo

que

armonice

y

consolide

los

organismos

gubernamentales a cargo del sector (las universidades, los centros tecnológicos,

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el sector productivo), el aumento de la inversión, y evitando la duplicación de funciones e institucionalidad.

4. Fortalecimiento de la "alfabetización tecnológica", mediante la coordinación con el Ministerio de Educación e instituciones públicas y privadas que puedan coadyuvar en tarea tan relevante para los sistemas educativos, los docentes y los estudiantes.

Asimismo se mejorará el acceso de la población a las plataformas de internet, apoyando el desarrollo de nuevos Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).

5. Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida humana, impulsando las investigaciones en bio-informática, las ciencias genómicas y biomédicas, y la innovación en los productos tecnológicos fruto de esas investigaciones.

6. Impulso al desarrollo de un sector de alta tecnología, brindando estímulos que favorezcan la retención de nuestro capital intelectual, y fortalezcan la investigación y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras con sello nacional.

7. Estímulo a la formación de personal competente mediante el fortalecimiento y mejora de la educación técnica diversificada en INA y colegios técnicos y la implementación de una política país a largo plazo para incrementar la oferta y calidad de graduados en ciencias e ingenierías.

VI. SECTORES PRODUCTIVOS SECTOR AGROPECUARIO La agricultura más que un negocio es una forma de vida. La actividad agropecuaria es fundamental para el sustento económico, social y cultural de Costa Rica.

Según el Censo Agropecuario del 2014 el 47% del territorio nacional (2.406.000 hectáreas) se encuentra destinado al sector agropecuario y existen 93.017 unidades productivas. Las actividades del sector son riesgosas, por estar sujetas a factores como el clima, las plagas y el vaivén de los precios de mercado.

En un nuevo gobierno del PAC se impulsará la agricultura climáticamente inteligente (concepto de la FAO), esto significa una agricultura sostenible, con mitigación

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y adaptación al cambio climático. La administración Solís Rivera ha venido trabajando en esta línea.

El PAC continuará impulsando un sector agropecuario eficiente, competitivo, altamente capacitado en todos sus niveles, para garantizar la soberanía alimentaria y nutricional el posicionamiento internacional con calidad reconocida, respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cumplidor de la legislación vigente, comprometido con el medio ambiente y con responsabilidad social.

Tenemos una enorme tarea por realizar, porque actualmente nuestro país es el número uno en consumo de agroquímicos, alrededor de 51.2 kilogramos de plaguicidas por hectárea. Muchos de esos plaguicidas ya han sido desechados en otros países por ser muy dañinos para el ambiente y la salud.

Este sector, liderado por el Ministro Rector del Sector Agropecuario, ha sufrido una fragmentación sistemática a lo largo de los años, se ha creado instituciones innecesarias, dedicadas a una sola materia, por lo que hay desarticulación y pierden efectividad. La fragmentación existente ha generado poco impacto en los deberes y devaluado las instituciones del sector agropecuario y la figura del ministro como rector del ramo. En consecuencia, se debe simplificar la matriz de instituciones del sector.

PROPUESTAS 1. Mejoramiento del nivel de vida de las familias campesinas, mediante el impulso de los encadenamientos productivos. También se fomentará la gastronomía local y el turismo rural comunitario. Esto contribuirá a generar empleo en las zonas rurales y a combatir la pobreza y evitar la migración de la juventud rural. Además se crearán los Centros de Valor Agregado a nivel nacional, para que los productores le den mayor valor agregado a la producción y utilicen los subproductos y dejen de depender exclusivamente de los mercados de consumo fresco. Además la investigación agropecuaria se enfocará en las necesidades del sector productivo nacional.

2. Incremento de la comercialización de la producción nacional en los mercados nacionales, (las ferias del agricultor, la central mayorista y los Mercados Regionales del PIMA), mediante nuevas plataformas de comercialización (subastas), campaña “Consuma lo nuestro”, acompañado por el sello de producto nacional, y aplicación 28

rigurosa de normativa de inocuidad.

3. Fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), para que funcione realmente como la oficina de abasto de las instituciones del Estado con una intermediación mínima, dotándolo de capital financiero y de centros regionales y articulándolo con la Banca para el Desarrollo.

4. Impulso a la asociatividad de los agricultores y las agricultoras desarrollando sinergias para que logren la escala requerida que les permita obtener mayor valor agregado e insertarse exitosamente en los mercados nacionales e internacionales, renovando la legislación que rige las distintas formas de economía social.

5. Perfeccionamiento de las herramientas de acceso al crédito para el productor nacional por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, con programas de apoyo a la formalización, mediante el acompañamiento de las instituciones de soporte del sector agropecuario y el INA. 6. Reducción del consumo de agroquímicos mediante la difusión de técnicas agrícolas más amistosas con el ambiente, programas de capacitación para los agricultores bajo la conducción del MAG, mayores controles del consumo de agroquímicos altamente tóxicos, buena fiscalización, y mejoramiento de los tiempos de inscripción de nuevas moléculas de menor impacto para el ambiente y la salud.

7. Mejoramiento del ambiente en el ámbito rural mediante la utilización de los desechos agropecuarios para producir energía y otros productos de alto valor. Se coordinará con el ICE para capacitar a las organizaciones de agricultores, y se les brindará financiamiento para este tipo de proyectos. El Consejo Nacional de Producción incursionará en el otorgamiento de certificaciones de carbono neutralidad para evitar a las familias campesinas los altos costos de las certificaciones.

8. Adaptación de la agricultura al cambio climático, recuperando buenas prácticas agrícolas que se han perdido y difusión de prácticas innovadoras, mediante el apoyo de las universidades públicas y el INTA y un programa eficiente de monitoreo.

9. Mejoramiento de la institucionalidad del sector agropecuario. Para lograrlo se revisará y simplificará la matriz institucional del sector y se dará impulso a los proyectos de ley en la corriente legislativa que contribuyan a ese fin. También se reducirá el número de comisiones en las que trabajan el ministro, viceministro y los directores regionales 29

del Ministerio y de las cuales pocas inciden directamente en el desarrollo de mejoras para el sector agropecuario.

10. Aumento de la competitividad del sector agroexportador, mediante la simplificación de trámites, el mejoramiento de la infraestructura vial y portuaria y la utilización de tecnologías no intrusivas para la salida y entrada de mercancías.

PESCA Y ACUICULTURA Costa Rica tiene 51.000 km² de extensión continental y una Zona Económica Exclusiva de 589.000 km², lo que significa que nuestro territorio marino es diez veces mayor que el continental, pero aún no se ha aprovechado esta enorme oportunidad para ampliar nuestras fronteras de producción y fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población.

La línea de costa en el Pacífico se extiende a través de 1.160 km, presenta grandes irregularidades donde convergen golfos, bahías y otras formaciones, que albergan la enorme diversidad biológica que la caracteriza. Además, en ese litoral se asientan muchas pequeñas comunidades íntimamente ligadas a la pesca que, contrastando con la riqueza biológica, enfrentan severos problemas de pobreza y falta de oportunidades para desarrollarse y vivir dignamente a partir del arduo trabajo que realizan. La mayor concentración de comunidades pesqueras se da en Puntarenas y el Golfo de Nicoya, que son los principales sitios de desembarque de productos pesqueros y de comercialización en el país. En el Caribe, la línea de costa es más regular, se extiende por 200 km, donde se desenvuelven pescadores artesanales en pequeña escala, localizados principalmente en Barra del Colorado y Limón centro.

Nuestras aguas continentales, del Océano Pacífico, y del Mar Caribe, contienen una enorme riqueza biológica que ha sido señalada en reiteradas ocasiones, sin embargo, los costarricenses hemos vivido de espalda al mar. Ante la falta de políticas claras y decididas en materia de aprovechamiento de los recursos del mar y de desarrollo de la acuicultura, el país muestra un gran deterioro de muchas de las especies de interés pesquero, principalmente de aquellos recursos que se encuentran cercanos a nuestras 30

costas y que son objeto de aprovechamiento por parte de los pobladores de las comunidades costeras.

PROPUESTAS 1. Apoyo decidido a la pesca de pequeña escala, impulsando las técnicas adecuadas para la sostenibilidad de los ecosistemas, mediante la acción articulada de las instituciones del sector con las instituciones de bienestar social.

2. Impulso de legislación que se oriente al uso de artes de pesca más selectivos, con el fin de disminuir la captura incidental de peces de talla pequeñas, tortugas, aves marinas y especies en extinción.

3. Impulso a la investigación científica que garantice la toma de decisiones adecuadas para el uso de los recursos marinos garantizando al mismo tiempo la conservación de las especies, mediante la cooperación entre las instituciones del sector y las universidades públicas.

4. Implementación de una política integral de manejo de los humedales costeros, con participación de las comunidades, las universidades públicas y las instituciones del sector, de manera que se garantice la conservación de estos y la provisión de los importantes servicios que proveen, para beneficio de las comunidades aledañas.

5. Ordenamiento de las pesquerías oceánicas, evitando la sobrepesca del recurso atunero y de las demás especies, fomentando las técnicas selectivas por parte de las embarcaciones nacionales y extranjeras dedicadas a la pesca en las aguas nacionales.

6. Articulación de las comunidades pesqueras en pequeña escala, con el fin de que se apropien del mayor valor posible del fruto de su trabajo, mediante el apoyo decidido del Estado, para que las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura provean de fuentes de empleo digno y garanticen la seguridad social de quienes laboran en ellas.

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SECTOR FORESTAL El campo de acción de este sector se encuentra en el manejo sostenible del recurso forestal, en bosques naturales primarios o secundarios, en terrenos de uso agropecuario o urbanístico, en plantaciones forestales y en sistemas agroforestales.

Los recursos forestales están directamente relacionados con la conservación del medio ambiente mediante la protección del suelo, el agua, la biodiversidad y la atmósfera (cambio climático), así como a la producción de bienes y servicios a mediano y largo plazo que contribuyen al desarrollo humano, aportan a la economía del país, ayudan al combate de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El sector forestal nacional enfrenta graves amenazas: la tala ilegal en bosques naturales en áreas de protección, en terrenos de uso agropecuario, o en áreas silvestres protegidas; avance de la frontera agrícola con monocultivos que provoca cambio de uso, erosión y contaminación del suelo y de los recursos hídricos; poca producción de madera de bosque secundario por exceso de requisitos y tramitología que desincentivan la actividad; reducción de las plantaciones forestales por corta temprana de los árboles y no reposición de las áreas plantadas; comercio ilegal de productos forestales, (madera en troza y aserrada), intermediación desleal en la cadena productiva con poco beneficio para el productor; poco control y deficiente seguimiento en las estadísticas de importación y exportación de productos forestales; e industria forestal con equipos y métodos desactualizados de producción, sin la integración bosque-industria-recursos naturales.

No obstante, el sector forestal presenta fortalezas a considerar: recuperación significativa de la cobertura boscosa del país; experiencias exitosas de manejo de bosques naturales y secundarios y de plantaciones forestales, mejoramiento genético con especies nativas, fortalecimiento de la silvicultura en general, así como de industrialización; recurso humano capacitado tanto en el sector público como en el privado; instituciones de educación superior con trayectoria en investigación, transferencia y capacitación; labor exitosa de las organizaciones de base y un espacio de gestión propio en la estructura estatal -Oficina Nacional Forestal “ONF”-que

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cogestiona junto a la estructura institucional descentralizada establecida por el SINAC y el FONAFIFO. PROPUESTAS 1. Fortalecimiento del sector forestal como una actividad productiva rentable, ambiental y socialmente, con planes adecuados de manejo del bosque primario y de plantación, investigación científica y técnica por parte de las instituciones de educación superior.

2. Financiamiento de la actividad forestal mediante esquemas que contemplen como garantía las plantaciones en crecimiento, y el reconocimiento de su aporte para la captura de carbono 3. Impulso e incentivos de los programas de reforestación en suelos de vocación forestal, de preferencia con las especies nativas, como apoyo para cubrir el déficit en la demanda de madera.

4. Control de la tala ilegal mediante la implementación de mecanismos de auditoría ciudadana, para que los delitos ambientales no queden en la impunidad.

SECTOR TURISMO Con tan solo el 0,03% de la superficie de la Tierra, nuestro país posee el 3,6% de la biodiversidad del planeta, lo que lo ubica entre los países con más concentración de especies en el mundo. En esto influye la topografía costarricense, caracterizada por la presencia de sistemas montañosos que acogen las diversas especies animales y vegetales, propias de diferentes altitudes y climas. Debido al número y variedad de las especies Costa Rica es uno de los territorios más admirados del mundo cuando se habla de biodiversidad.

A partir de la década de 1970 se ha hecho un gran esfuerzo por proteger esas riquezas, y hoy se cuenta con más del 20% del territorio bajo alguna forma de protección, en reservas y parques nacionales, incluidos. Esto significa que, el acceso a los parques, litorales, playas y reservas es fácil desde cualquier parte del país, y lo convierte en un destino ideal, si el visitante desea disfrutar de la naturaleza. Pero además, Costa Rica es un país multicultural, multiétnico y multilingüe, por eso es también importante apoyar el 33

turismo cultural, para dar a conocer a los visitantes las particularidades que nos distinguen.

En el PAC pretendemos el desarrollo de un turismo que tenga el menor impacto posible sobre la naturaleza, que admire y proteja la abundante biodiversidad del país, y sea respetuoso de la diversidad cultural. Las bellezas escénicas de nuestro país y la diversidad cultural constituyen nuestra materia prima. De nosotros depende que el turismo genere desarrollo económico, social y cultural, y coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente.

PROPUESTAS 1. Aumento de la visitación extranjera a Costa Rica, mediante la creación de un portal de información oficial donde se anuncie al mundo y resalten nuestra oferta turística, campañas turísticas en el extranjero enfocadas en el tipo de turismo de interés nacional, mejoramiento contínuo de la conectividad, e impulso a los vuelos directos desde países seleccionados.

2. Apoyo a los emprendimientos turísticos en el país mediante estableciendo cadenas de valor sistemáticamente articuladas, que se adapten al crecimiento sostenible, facilitando su operación, colaborando a través del INA con la capacitación del personal que se requiera y generando encadenamientos con las cadenas hoteleras.

3. Impulso al turismo rural comunitario, mediante una mayor inversión y capacitación, acceso al crédito mediante banca para el desarrollo, y la difusión a través de las plataformas del ICT de los servicios que ofrecen.

4. Fomento del turismo cultural que beneficie los centros urbanos receptores de turismo.

Para lograrlo se coordinará con los gobiernos locales, para señalar rutas turísticas urbanas, se difundirá los diversos espectáculos y festivales que se realizan en las diferentes regiones del país, y se impulsará la gastronomía local.

5. Fomento del turismo de convenciones, para aprovechar el Centro Nacional de Convenciones, dando a conocer los servicios que presta, y creando sinergias con el sector cultura, como la visitación de teatros y museos.

6. Apoyo al sector turístico durante las temporadas bajas del turismo internacional, brindando incentivos al turismo interno, para aprovechar la capacidad instalada 34

existente, y difundiendo los atractivos geográficos y culturales de las diferentes zonas del territorio nacional.

7. Crear una política de difusión y promoción de Costa Rica como destino turístico a través de las embajadas y representación nacionales en el exterior.

INDUSTRIA El Estado costarricense, producto de la liberalización económica y la apertura comercial de los años 80, decidió implícitamente relegar al mercado la orientación política y el desarrollo de los sectores industriales y productivos. Esto se ve reflejado en el hecho de que el mismo MEIC suprimió su “Dirección de Industria” y pasó a tener solamente una “Dirección general de pequeña y mediana empresa (DIGEPYME)”, dejando de lado el fomento específico a sectores de la economía nacional y una política industrial sólida y de largo plazo.

La administración Solís Rivera, consciente de este hecho, planteó la formulación de una Política de Desarrollo Productivo, con visión de largo plazo y que articulara los esfuerzos tanto públicos como privados por impulsar al sector industrial nacional, para revertir la tendencia de desarticulación de este sector, de forma tal que el Estado, junto con el sector privado y la academia (modelo de triple hélice), pudiesen concertar a qué sectores de la economía nacional debía prestarse atención especial para fomentar el desarrollo productivo en esas áreas. Esto implica el acompañamiento al sector privado, indudablemente, pero también el involucramiento del sector académico, tanto para formar los profesionales que el sector industrial nacional está hoy demandando, como también para encauzar los esfuerzos de investigación y desarrollo, con el fin de que sirvan de apoyo para la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.

La política de desarrollo productivo que ha impulsado esta administración ha sido un proceso democrático, transparente y participativo, que buscó involucrar desde un inicio a los distintos sectores y actores políticos en el ámbito nacional, con el fin de que todos puedan incidir en este proceso. El trabajo se dividió en cuatro grandes fases: 35

sensibilización, formulación, validación e implementación. Esta administración dejará sentadas las bases de la fase de implementación, pero como toda política de Estado, requerirá del compromiso de las próximas administraciones, para su sostenimiento y eventuales ajustes en el tiempo. Lo más importante es que el país está retomando un sector de su economía que por años estuvo relegado y ahora se busca su reposicionamiento, de modo que retome la preponderancia que le corresponde.

Propuestas 1. Fortalecimiento de sectores estratégicos o sectores impulsores de la economía, definidos en la Política de Desarrollo Productivo impulsada por la actual administración. Esto requerirá trabajar estos sectores basados en estándares internacionales y una atención a través de mecanismos de intervención como clusters (locales), cadenas de valor (regionales) y ecosistemas productivos cuando trasciendan los espacios anteriores.

2. Fomento de la innovación empresarial mediante el desarrollo de centros agroindustriales y de valor agregado regionales Los productores recibirán capacitación para mejorar la calidad, productividad e inocuidad de los productos; se impulsará la innovación empresarial, se creará incubadoras de negocios, se brindará transferencia tecnológica; se ofrecerá servicios de financiamiento (capital semilla, capital de riesgo y Banca para el Desarrollo) para la formación de nuevas empresas y la comercialización de sus productos en los mercados nacionales e internacionales.

Este será un trabajo coordinado de MICYT, COMEX y Ministerio de Industria y Comercio.

3. Expansión del Sistema Banca de Desarrollo para asegurar financiamiento apropiado para los sectores industriales nacionales (en condiciones de tasas, plazos y requisitos). Así como impulsando los programas de avales, contragarantías, capital semilla y capital de riesgo.

4. Apoyo al proyecto de ley 19.805 para facilitar la formalización de micro-empresas que está hoy en condición de informalidad, así como impulsar el “Programa de Formalización” que elaboró el MEIC en la presente administración, que complementa los esfuerzos contenidos en este proyecto de ley.

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5. Mejora de los procesos de verificación de mercados, fortaleciendo la Dirección de Calidad del MEIC, así como coordinando con el resto de Ministerios e instituciones competentes, para asegurar que los productos que se comercializan cumplen con la reglamentación técnica nacional y con estándares de calidad, de forma tal que se pueda combatir el comercio informal y el trasiego de productos de contrabando o de calidad inferior a la establecida, que riñen y desplazan a la producción nacional.

6. Aumento de la inversión en investigación y desarrollo, mediante un incremento sustancial del presupuesto público para ese fin, y la ampliación de los beneficios de la Ley de Promoción a la Ciencia y la Tecnología de manera que se contemple un capital de riesgo compartido y garantías para las empresas de base tecnológica.

7. Atención a los requerimientos de las empresas en capital humano, estableciendo una política integral y coordinada con instituciones de educación técnica y superior para la formación de recurso y talento humano en atención a las prioridades y demanda identificadas en cada región.

8. Coordinación y unificación de los esfuerzos dirigidos al estudio, financiamiento y servicios de apoyo empresarial, mediante la revisión de las instituciones y la rectoría del sector industria y de las MIPYME. También se promoverá una red de organizaciones públicas, autónomas y privadas para apoyo, capacitación y gestión de las MIPYME. 9. Promoción del crecimiento industrial por medio del impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, y creación y promoción de las condiciones necesarias para que se inserten en la economía mundial 10. Fomento de las compras a las empresas nacionales por parte de la Administración Pública, mediante sistemas ágiles y transparentes.

COMERCIO EXTERIOR Tal y como señala el PND 2015 -2018, Costa Rica acumula más de tres décadas de una política de Estado de apertura comercial que ha sido exitosa y que potenció el desarrollo y consolidación de este sector como motor de la economía costarricense.

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La administración Solís Rivera adquirió el compromiso de aprovechar los TLC ya existentes y potenciar su aprovechamiento. En un nuevo gobierno PAC impulsaremos una ampliación de los acuerdos firmados con el fin de incluir aspectos relevantes como el comercio justo y el bienestar humano. Así se contribuirá a propiciar una seguridad multidimensional.

Los grandes desafíos en comercio exterior que aún persisten son, por una parte, lograr un acceso y aprovechamiento en los mercados de países donde hemos firmado tratados, pues la mera firma de estos instrumentos no garantiza que nuestros productos tendrán garantizado el acceso a estos mercados. Debe haber un trabajo fuerte de acompañamiento a nuestras empresas para que puedan enfrentar con éxito las distintas regulaciones conexas (certificaciones, normas de calidad, reglamentación técnica, normas fitosanitarias, entre otros.) para asegurar el posicionamiento de nuestros productos en terceros mercados. En segundo lugar, debe gestionarse de mejor forma los procesos de desgravación arancelaria y apertura, para que los sectores productivos nacionales puedan prepararse ante la competencia derivada de la importación de productos en el marco de los TLC. PROPUESTAS 1. Desarrollo de un proceso de información y diálogo con los diferentes sectores sobre los procesos de apertura en marcha, coordinando con los diferentes ministerios e instituciones involucradas en el fomento de la producción con el fin de generar las fortalezas necesarias para minimizar el impacto negativo y potenciar las oportunidades.

2. Impulso de las mejores prácticas y estándares de gobernabilidad y transparencia por medio de la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coordinando y apoyando el trabajo de los distintos comités técnicos.

3. Reforzamiento de las relaciones comerciales con los países de América Central y el Caribe, no solo por su cercanía geográfica e histórica, sino porque son mercados naturales para nuestros productos.

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4. Mejoramiento de la gestión de defensa comercial en los procesos antidumping, las salvaguardias y subvenciones mediante el fortalecimiento de la Dirección de Defensa Comercial del MEIC, así como el impulso de una ley de defensa comercial, con el fin de contar con una herramienta normativa propia, acorde con los acuerdos de OMC y los reglamentos centroamericanos.

5. Fomento de la producción y el comercio con prácticas de desarrollo sostenible, mediante la revisión de los tratados ya firmados, en el Marco de la COP21, e impulso a medidas que impliquen mejores condiciones para el desarrollo de las ventajas estratégicas de los productores nacionales.

6. Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a diferentes mercados de comercio justo y sostenible tanto en productos como en servicios. También se impulsará una Política Nacional de Certificaciones (CERTIFICAR), para acceso a esos mercados de tal forma que las empresas y organizaciones productivas puedan trabajar con estándares internacionales, y puedan tener acceso a mercados cuya barrera de entrada son las normas fitosanitarias y de origen.

7. Fortalecimiento de la capacidad de PROCOMER en la promoción de productos y servicios en los mercados internacionales, procurando una mayor participación de las MIPYMES, mediante asesorías especializadas para la participación en ruedas de negocios, ferias de productos nacionales e internacionales, apoyo en estudios de inteligencia comercial e investigación de mercados.

8. Impulso a un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen (DO) o Indicaciones Geográficas (IG), a través de la institucionalidad (INDER, MAG y COMEX). Esos signos distintivos se utilizarán para diferenciar productos de los territorios, generar valor agregado, impulsar el turismo rural comunitario y las rutas agroalimentarias.

9. Desarrollo de una estrategia denominada Costa Rica Startups (STARTUPSCR), para impulsar emprendimientos de base tecnológica y alto valor agregado en conocimiento dirigidos a los mercados internacionales, mediante el desarrollo de fondos especializados para startups tipo capital riesgo, fondos de inversión especializados, asesoría técnica, a través del INA, incubadoras de empresas, apoyo a través de

39

municipalidades y búsqueda de mercados y venta de startups a través de PROCOMER. 10. Verificación de la reglamentación técnica de los tratados que aplican los países a los productos costarricenses para que no constituya un obstáculo a las exportaciones nacionales. El departamento de administración de tratados vigilará que los plazos y tiempos de respuesta de las solicitudes de los nacionales estén de acuerdo con las mejores prácticas que aplica Costa Rica de manera recíproca.

11. Ampliación del acceso a mercados, asignando funciones comerciales y

de

inteligencia comercial a las embajadas y consulados que el país tiene en el mundo y el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Comercial de la Promotora de Comercio Exterior.

12. Modernización del sistema aduanero, los puestos fronterizos y las aduanas del país, para la mejora de su capacidad, agilidad y seguridad en la movilización de mercancías, mediante una mayor inversión en infraestructura, tecnología y capacidad técnica.

13. Fomento del desarrollo en las diversas regiones del país, impulsando la inversión extranjera directa (IED), la exportación de bienes de bienes y servicios, el incremento de la capacidad en puertos y aeropuertos para el transporte de carga. También se facilitará el funcionamiento del Canal Seco Interoceánico.

VII. DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN

La educación es un derecho humano (Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); se trata de un proceso integral que se realiza a lo largo de la vida.

Asimismo, el cambio educativo necesita de un pacto social conducente a la revisión y definición de políticas de Estado en educación.

40

Es nuestra aspiración trabajar para alcanzar las metas educativas 2021, propuestas por la Organización de Estados Iberoamericanos, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO (2004). Esto significa un compromiso para poner en marcha los mecanismos de diálogo y participación ciudadana necesarios para la formulación de una política de Estado sobre Educación. Como Partido político, nos debemos a la ciudadanía y a su derecho de disfrutar de procesos formativos que redunden en la generación de condiciones para propiciar la equidad, que contribuyan a superar la pobreza y alcanzar un desarrollo de la sociedad en lo económico social y cultural y en armonía con el ambiente.

Algunos de los temas más debatidos en el campo educativo son: 1- Cobertura y gestión del currículo y propuesta de evaluación: la dinámica actual requiere que los procesos educativos se basen en el enfoque de derechos humanos y en el cumplimiento de deberes ciudadanos en procura de la participación activa y responsable de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, tal como lo promueve la nueva Política Curricular. Por ello, son imprescindible tres condiciones: a. Empoderamiento de la comunidad educativa de la Nueva Política Curricular. b. Maximización de la cobertura de la oferta curricular en todos los centros educativos del país. c. Cambio integral del sistema de evaluación, que supere la visión clásica de la métrica como fin último.

2- Infraestructura En la educación formal continúa habiendo carencias de planta física, mobiliario, equipo y material educativo, déficit de mil millones en infraestructura.

3- Gestión y supervisión del sistema

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En este ámbito es importante implementar la toma de decisiones en el nivel local según el contexto comunitario. También se observa la necesidad de supervisión adecuada del sistema de educación privado para que se garantice la calidad.

4- Recurso Humano Formación docente, sobrecarga laboral, interinato de 56% en secundaria, 46% en general, nombramientos, salarios y reconocimiento social, son algunos de los problemas en este ámbito.

PROPUESTAS 1. Revisión integral del sistema educativo, para ajustarse a las condiciones del nuevo milenio. Se requiere establecer la visión nacional de la educación formal, la revisión de la normativa del sector de educación y el mejoramiento del mecanismo de fiscalización del sistema educativo privado.

2. Asignación efectiva del 8% del PIB a la educación. Esto se hará mediante el desarrollo de un plan de inversión eficaz, a partir de los datos de los censos de tecnología educativa, de infraestructura educativa, de las particularidades regionales y los índices demográficos nacionales; un análisis de la plataforma administrativa requerida y la definición de indicadores de éxito y datos objetivos.

3. Continuación y agilización del plan de construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura educativa. Para lograrlo se hará una priorización de centros educativos de inversión, según las necesidades educativas requeridas. Se elaborará el plan de desarrollo

de infraestructura educativa a partir de los

resultados del primer censo de infraestructura. Además la

construcción y

adecuación de instalaciones se hará de manera que respondan a las necesidades de los niños y las niñas, las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de

aprendizaje seguros, no

violentos, inclusivos y eficaces. Finalmente se construirán instalaciones propias del MEP, tanto para las oficinas centrales como para las direcciones regionales.

4. Contribución al logro de las metas ambientales nacionales y mejoramiento de la calidad de la inversión institucional (construcciones y compras sostenibles, 42

reducción de consumibles, gestión de residuos). Se promoverá las compras públicas que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, se reducirá el desperdicio en los consumibles y alimentos, mediante planes de gestión y capacitación del personal correspondiente, se disminuirá la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. También se regionalizará los procesos de gestión ambiental institucional.

5. Dotación de recursos a los centros educativos (tecnología, mobiliario, recursos didácticos), según el contexto y las necesidades de cada institución, utilizando los resultados del primer censo de tecnología para el desarrollo del plan de desarrollo de infraestructura educativa, evaluando

las inversiones, los recursos y los

procesos de gestión del Sistema de Bibliotecas, desarrollo de un repositorio ministerial de recursos digitales y dando impulso a las alianzas interinstitucionales y público-privadas para la producción de materiales educativos en diversas temáticas.

6. Cobertura y gestión del currículo (tanto en Educación Académica como en Educación Técnica) mediante el empoderamiento de la comunidad educativa de la Nueva Política Curricular. Se maximizará la cobertura de la oferta curricular en los centros educativos del país y se atenderá con estrategias particularizadas en los centros educativos con mayores tasas de repitencia y de exclusión; se educará para el desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural.

También se promoverá una Educación Técnica que brinde las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento; esto sin reducir el bagaje académico impartido.

7. Reducción sistémica de la tramitología educativa, priorizando los procesos educativos sobre los procedimientos educativos, y estableciendo expedientes electrónicos para estudiantes y funcionarios.

43

8. Promoción del desarrollo profesional docente mediante una política de formación profesional docente que incluya estrategias de vinculación entre la formación permanente o en servicio con la formación inicial desarrollada por la Educación Superior, tanto pública como privada; el mejoramiento del proceso de selección de los nuevos docentes que ingresan al sistema educativo, según las necesidades ministeriales y revisión de los criterios de selección aplicados por el Servicio Civil; la migración de los procesos de capacitación hacia el entorno virtual (cuando sea pertinente), de manera que los procesos de enseñanza y aprendizaje no sean interrumpidos por las ausencias docentes, el estímulo mediante incentivos específicos para el personal docente y administrativo. También se valorará la implementación de un sistema de evaluación profesional docente.

CULTURA En

Acción

Ciudadana

entendemos

por

cultura

todas

las

formas

de

comportamiento, elaboración y pensamiento, transmitidas y valoradas por la población, las cuales permiten vivir, convivir y sobrevivir. Los modos de actuar, crear y pensar aspiran a garantizar la supervivencia, la convivencia, y la calidad de vida deseable en consonancia con la protección y uso sostenible de los recursos naturales.

En el presente cuatrienio hemos logrado identificar lo positivo existente, así como los cambios deseables para propiciarlos en políticas públicas, programas y proyectos. El reconocimiento y el respeto a la diversidad de culturas que conforman la nación costarricense, constituyen vías para afianzar la convivencia pacífica, la creatividad artística, así como el desarrollo local y nacional. Además, promueven el aprecio y aprovechamiento de todas aquellas manifestaciones culturales de otras latitudes que puedan enriquecer, en forma positiva, el acervo cultural de nuestro país y el de la Humanidad.

Las estrategias para el cambio cultural incluyen la participación ciudadana con medios contrarios a la imposición, la violencia y a cualquier tipo de discriminación.

Defendemos la participación efectiva de la ciudadanía tanto en la vida cultural como en 44

la toma de decisiones, reconocemos el rol protagónico de la sociedad civil en la gestión cultural.

Ante la globalización debemos afianzarnos en nuestras identidades y valores, innovar para encontrar soluciones apropiadas a los problemas, ser cautos con las influencias foráneas para distinguir entre estilos de vida, convenientes e inconvenientes a nuestras aspiraciones de alcanzar un desarrollo solidario y sostenible.

PROPUESTAS 1. Reestructuración del Ministerio de Cultura y Juventud creando una nueva estructura más ágil y moderna que facilite el trabajo cultural y administrativo y la coordinación interinstitucional, y evite la duplicidad de funciones. Para esto se necesita contar con el apoyo de los legisladores, ya que habrá que reformar la legislación en materia de cultura.

2. Descentralización y desconcentración del accionar cultural para atender las necesidades de todo el país y no solo las del Valle Central, de modo que se valorice

las

diferentes

herencias,

tradiciones

y

quehaceres

culturales

costarricenses. Con ese fin se reforzará las Direcciones Regionales de Cultura, y se hará un programa de construcción de obras de infraestructura fuera de San José, de acuerdo a las necesidades de las comunidades, utilizando el superávit actual del MCJ. 3. Mejoramiento de la eficacia de los recursos destinados al MCJ, impulsando una mejor ejecución presupuestaria, con base en las metas y objetivos señalados para las diferentes instituciones y programas del sector. Esta mejora será requisito para un aumento progresivo del presupuesto del MCJ, hasta llevarlo a un 1% del presupuesto nacional, una aspiración del sector de muchos años.

4. Fortalecimiento de la labor cultural de los gobiernos locales, respetando su autonomía. Se firmará convenios de colaboración entre el MCJ y las municipalidades que así lo deseen, con participación del IFAM, para apoyar el trabajo de los ayuntamientos en materia de cultura. También se dará impulso a la reforma del Código Municipal para la creación de los Comités Cantonales de

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Cultura con un presupuesto asignado por ley. Es importante reconocer la autonomía municipal para realizar el trabajo en conjunto.

5. Apoyo más efectivo y oportuno al sector artístico nacional, mediante la unificación de los fondos concursables, para que el acceso a estos sea más amplio y democrático. También se continuará favoreciendo la formalización del sector cultural y artístico mediante el Fomento de las MIPYMES y del emprendedurismo.

6. Valorización del patrimonio material e inmaterial del país, con programas de apoyo a las iniciativas particulares para el fortalecimiento y rescate del patrimonio cultural inmaterial, como el quehacer gastronómico regional. Se enfatizará en la protección del patrimonio arquitectónico nacional, mediante campañas de divulgación y la promoción del turismo cultural. En coordinación con el ICT y los gobiernos locales se impulsará la creación de rutas culturales en las principales ciudades del país.

DEPORTE Y RECREACIÓN En Costa Rica el deporte se ha desarrollado poco, lo que no se debe a la falta de biotipos o de habilidades y destrezas de las personas, sino a la ausencia de políticas públicas coherentes, sistemáticas y sostenidas en el tiempo que permitan la práctica masiva del deporte a nivel comunitario, estudiantil, o bien la profesionalización de las diversas disciplinas. A lo largo del tiempo la falta de claridad sobre la promoción y apoyo al deporte se ha reflejado en los vaivenes institucionales por la vía de los decretos ejecutivos: en algunos momentos el deporte ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, luego fue adscrito a la cartera de Salud, y en la Administración Chinchilla Miranda hubo cuatro ministros de Deportes nombrados por Decreto Ejecutivo.

La práctica del deporte de masa tiene muy poco desarrollo a nivel nacional cuando hay grandes posibilidades en dos ámbitos de acción: el comunitario y el laboral.

Por otra parte, la recreación, conforme ha avanzado el modelo neoliberal, en detrimento de la calidad de los trabajos, ha quedado relegada o excluida del disfrute 46

necesario de muchos costarricenses. Lamentablemente, por el estilo de desarrollo que hemos asumido, el tiempo de desplazamiento a los centros de trabajo, las horas de permanencia en ellos, el deterioro y secuestro de los espacios públicos por parte de redes del narco y la delincuencia, han incidido en mayor sedentarismo en las zonas urbanas.

La recreación y el deporte son derechos de las personas que les permite mejorar su calidad de vida y tener acceso a la gran variedad de aspectos relacionados con ella, entre otros: la salud, la socialización, el respeto y la solidaridad, la construcción de identidades locales y nacionales y la superación personal. La desigualdad social, la discriminación y la inseguridad ciudadana son factores que excluyen a las personas de la práctica del deporte, de la recreación y de los estilos de vida saludable. La recreación y de deporte inciden en la calidad de vida de la población minimizando el ocio improductivo, el sedentarismo; contribuyen a reducir los actos delictivos, los niveles de obesidad, las enfermedades cardiovasculares y, en consecuencia, el gasto en salud pública. Para el PAC, el fortalecimiento de una cultura del deporte y la recreación que beneficie a la toda población sin ningún tipo de discriminación en sus diferentes etapas del ciclo de vida, es un eje transversal.

PROPUESTAS 1. Impulso al deporte y la recreación creando el Ministerio del Deporte y Recreación el cual será responsable de definir las políticas nacionales en la materia y coordinar y articular su implementación con los diferentes actores del deporte nacional.

2. Implementación y mejora del sistema de financiamiento deportivo, fomentando la eficacia en el uso de recursos públicos y creando alianzas público privadas que aseguren la construcción, recuperación y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa, para maximizar su uso y optimizar su funcionamiento y administración.

Además, se apoyará el financiamiento de manera estable y permanente a los atletas nacionales en los diferentes procesos de formación y competición de las distintas disciplinas deportivas.

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3. Mejora de los niveles de éxito deportivo, brindando capacitación a dirigentes, personal administrativo y técnico de las asociaciones y federaciones deportivas y entrenadores deportivos, para consolidar el quehacer deportivo y fomentar los valores asociados al deporte.

4. Impulso a la educación física de calidad y al fortalecimiento del deporte escolar y colegial en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, con el objetivo de que la base piramidal deportiva de los estudiantes contenga un programa de Educación Física curricular y un sistema de deportes extracurricular que desarrolle los niveles de volumen, intensidad y frecuencia mínimos para garantizar fenómenos de adaptación y desarrollo de la aptitud física de nuestros niños y adolescentes creando hábitos para hacer ejercicio durante toda su vida y por ende con calidad de vida y formación integral.

5. Impulso al desarrollo de estilos de vida saludables que se traduzcan en mejor salud para toda la población, mediante la promoción de la práctica regular de actividades deportivas y recreativas en espacios públicos como plazas y parques, en coordinación con las municipalidades del país.

6. Fomento del hábito del deporte y la vida sana incrementando las competencias deportivas en diferentes niveles, mediante la participación de empresas privadas y organizaciones de la economía social como copatrocinadores.

SALUD La salud no es solo la ausencia de enfermedad. El estado de salud de las personas y de las poblaciones tiene una serie de determinantes que van más allá de los aspectos biológicos e involucra aspectos ambientales, económicos, geográficos o socioculturales, entre otros. Desde esta perspectiva la sola acción de una institución, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) es insuficiente para tener una población saludable.

Se requiere de acciones articuladas entre todos los actores profesionales y no profesionales, así como de las instituciones, las organizaciones comunitarias y los 48

diversos sectores que procuran el bienestar social de la población, más allá del Sector Salud.

La visión integral de los asuntos de salud y la transparencia en la gestión del sistema de salud son fundamentales para garantizar su correcto funcionamiento. La gestión debe estar enfocada en las comunidades en general y en las personas en particular de manera que las acciones articuladas e interinstitucionales tengan un impacto positivo en las condiciones de salud de la población y coadyuven en el logro de una mejor calidad de vida.

La salud no debe verse como una mercancía, sino más bien como un derecho fundamental de las personas. Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos para garantizar el acceso universal a la atención de la salud y tiene un Sistema de Nacional de Salud reconocido como uno de los mejores a nivel mundial, y ostenta en algunos campos mejores indicadores que países más desarrollados. Sin embargo, existen importantes amenazas que ponen en riesgo la calidad, sostenibilidad y acceso a los servicios del sistema.

Existen una serie de situaciones problemáticas fundamentales que inciden sobre el estado de la salud de la población y la institucionalidad del sistema, entre las que destacan: •

El deterioro de la calidad y acceso a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables.

•

La gestión institucional e instrumentos de apoyo como los sistemas de información.

•

Las deudas, evasión y morosidad adquiridas por las empresas públicas y privadas para con la seguridad social.

•

La falta de participación ciudadana efectiva en la gestión de su salud en el espacio local.

•

Los conflictos de interés y la poca colaboración público-privada en la gestión de los asuntos de salud.

PROPUESTAS

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1. Consolidación del papel Rector del Ministerio de Salud como articulador de los organismos públicos y privados con responsabilidad por las acciones de salud y bienestar de los habitantes del país. Para tal efecto se revisará a profundidad y se pondrá en operación el Consejo Nacional de la Salud Ampliado, incluyendo a diversos actores institucionales que participan en el logro de mejores condiciones de salud y calidad de vida en el país. También se fortalecerá la gestión institucional del Ministerio de Salud como entidad reguladora de las acciones salud en el país, a partir del mejoramiento de las capacidades del recurso humano de la institución y el incremento de las capacidades tecnológicas que sean necesarias para vigorizar su presencia en todas las acciones que procuren mejorar la salud de la población nacional.

2. Impulso a las mejores prácticas en la gestión de servicios de las instituciones del Sector Salud, mejorando las prácticas de gestión presupuestaria y sostenibilidad financiera, gestión de información, calidad de los recursos humanos, cobertura institucional, comunicación intra e interinstitucional, trasparencia en los gestión, de las Instituciones del Sector Salud, y visibilizando experiencias institucionales que sean innovadoras, efectivas y eficientes para lograr un servicio de calidad a las personas que requieren los servicios de salud.

3. Fortalecimiento de acciones para fortalecer el acceso a los servicios de salud de calidad por parte de las poblaciones prioritarias como población adolescente, población indígena, trabajadores informales, personas con discapacidad, adultos mayores y población migrante. Para tal efecto se organizará un sistema de información con base geográfico-poblacional que permita identificar las zonas prioritarias con el fin de asignar los recursos necesarios para

garantizar la

continuidad del servicio a todas esas personas.

4. Impulso a la participación ciudadana en el cuidado de su salud, integrando a las diversas organizaciones como Juntas de Salud, las Asadas, las Asociaciones de Desarrollo, los Comités de Salud y las Juntas Escolares, en la toma de decisiones de las organizaciones responsables de la salud en el nivel local y regional. Se impulsará la creación de los Consejos Regionales de Salud con representantes

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de las organizaciones comunitarias que trabajan por la salud y el bienestar de las personas de cada región.

5. Priorización de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como una estrategia fundamental

de Salud, impulsando las iniciativas locales y regionales para

fortalecer la capacidad comunitaria en el resguardo de la seguridad alimentaria y nutricional, estimulando las prácticas de alimentación sanas, así como las huertas comunales, familiares y en los centros educativos en coordinación con el MAG, el INA y otras organizaciones de la sociedad civil. Se creará el Premio Nacional de la Mejor Huerta Comunitaria, Familiar y Escolar para fortalecer la autonomía de este tipo de iniciativas.

6. Fortalecimiento de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el saneamiento básico local, estimulando iniciativas tendientes a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, accidentes y fortalecimiento de la infraestructura del

saneamiento básico local (agua para consumo humano,

alcantarillado sanitario y gestión de residuos sólidos), priorizando las acciones en las comunidades más vulnerables socialmente, en asocio con todas las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales representadas en el ámbito local. Las Juntas de Salud, las Asociaciones de Desarrollo, las Asadas y otros grupos organizados tendrán un papel relevante y decidido en este componente de la política de Gobierno.

7. Impulso a la gestión interinstitucional en salud bucodental, asociando organizaciones públicas, privadas,

profesionales y gremiales se fortalecerá

decididamente el Programa de Promoción de Salud y Educación Bucodental que garantice el buen funcionamiento de todas las estructuras relacionadas con el aparato bucodental para un mejor estado de salud de las personas a lo largo de su ciclo de vida.

8. Formulación e implementación de una política nacional concertada en materia de formación de recursos humanos en salud, centrada en la promoción del derecho a la salud de la población y el resguardo de la calidad de los servicios que se le prestan. Por esta razón, en asocio con las instituciones de educación públicas y privadas, así como las instancias políticas y normativas como la Asamblea 51

Legislativa, las asociaciones profesionales y gremiales, entre otros, se impulsarán las acciones necesarias para una regulación más efectiva en la calidad de los recursos humanos en salud que se forman en el país o bien, que deseen trabajar en las instituciones del Sector Salud.

9. Fortalecimiento de la investigación en salud, impulsando iniciativas en coordinación

con

las

instituciones

de

educación

superior,

organismos

internacionales, instancias privadas y no gubernamentales, entre otras, para que la investigación en salud en el país esté orientada a responder a las necesidades del Estado y la población del país. La investigación debe ser un eje transversal en todas las carreras en el campo de la salud y no como un esfuerzo aislado durante un ciclo lectivo del proceso formativo. Se creará el Fondo Nacional para la Investigación en Salud, señalando prioridades por parte del Ministerio de Salud acordes con una estrategia que estimule el desarrollo de la Salud Pública y el campo clínico.

10. Mejora de la equidad del sistema de pensiones, desarrollando, de manera concertada con todos los actores interesados, las acciones necesarias para mejorar la equidad del sistema de pensiones, procurando avanzar hacia un sistema único de pensiones que esté orientado por la justicia, la universalidad y la sostenibilidad del sistema.

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL La vivienda es un derecho de toda familia. Esta debe ser digna, segura y saludable, con un entorno agradable, y con servicios que satisfagan las necesidades básicas fundamentales, fuentes de trabajo y la infraestructura física y social necesarias.

La vivienda de alquiler debe ser considerada como una etapa de transición, previa a la asignación o adquisición de la vivienda propia, dentro de la planificación y control del Estado.

Los programas de vivienda deben ser coherentes con los planes de desarrollo urbano y rural elaborados bajo lineamientos de planes y programas de uso del suelo, elaborados por las instituciones correspondientes, con enfoque de tres niveles: nacional, 52

regional y local, y en íntima relación con las políticas de ordenamiento territorial, que tiene la finalidad de planificar el uso del suelo para proteger y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales (marítimos y terrestres).

Estos planes deben orientar a los gobiernos locales, que son los principales articuladores de la población con el Estado, para impulsar el desarrollo humano. Para corregir desórdenes en el uso del suelo, y dinamizar la economía regional, el catastro municipal será el instrumento esencial para mejorar la recaudación por impuestos de bienes inmuebles y patentes, y los planes reguladores serán desarrollados coordinadamente, entre los cantones que comparten la misma cuenca, para proteger el ambiente y definir la mejor ubicación para los asentamientos humanos.

PROPUESTAS 1. Fortalecimiento del sistema financiero destinado a vivienda, impulsando en la asamblea legislativa las modificaciones que requiere la Ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda.

2. Mejora del acceso a vivienda propia para las familias, brindando apoyo a programas de vivienda para la clase media a través del Sistema Bancario Nacional, no solo mediante el otorgamiento de créditos sino con sistemas innovadores como el leasing (alquiler con opción de compra) y modificando el criterio de distribución de los bonos entre entidades autorizadas, pues al día de hoy son principalmente las entidades privadas las que asignan y tramitan los bonos, aunque instituciones públicas del sistema bancario nacional, INVU, municipalidades tienen autorización de hacerlo.

3. Agilización de los trámites para proyectos de vivienda declarados de interés social por medio del establecimiento de plazos máximos de gestión. Se velará por la reducción del tiempo de gestión de los bonos, desde que la familia hace la solicitud hasta el otorgamiento del bono de vivienda.

4. Impulso a la erradicación de la pobreza en los proyectos de vivienda de interés social, acompañando la construcción de las viviendas con otros proyectos comunitarios como

casas de cuido, instituciones educativas, cooperativas e iniciativas de

capacitación y emprendedurismo, en coordinación con las entidades estatales respectivas.

53

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTAS 1. Mejoramiento de los planes de ordenamiento del territorio, replanteando y jerarquizando las instituciones que se relacionan con este, con el MINAE como ente rector. Para ello se dará impulso a la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa que trabaje sobre los temas de ordenamiento territorial y asentamientos humanos. También se revisará los planes para el ordenamiento de la GAM, como el PRUGAM, para rescatar las iniciativas más viables y sólidas.

2. Fortalecimiento de los planes de renovación urbana, fraccionamiento urbano y urbanizaciones, revisando la ley de Condominios, manual y reglamentos sobre la elaboración y trámite de los planes reguladores y, en general, la actualización de la reglamentación relacionada.

3. Mejora en el ordenamiento territorial, fortaleciendo las capacidades de las municipalidades o gobiernos locales para la elaboración, ejecución y control de los planes reguladores. En esta tarea se requiere de la colaboración decidida del IFAM. 4. Agilización de todos los trámites constructivos a través de la digitalización.

Impulsaremos la creación de una plataforma única de uso obligatorio para todas las instituciones públicas, incluso las municipalidades, que permita simplificar los trámites.

SEGURIDAD CIUDADANA La inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía. Los esfuerzos del actual gobierno han intentado un enfoque integral que combina lo preventivo con lo represivo de una política de seguridad, y aunque ha habido avances en la materia, estos difícilmente son percibidos por la población, en gran medida, por la abundancia de informaciones amarillistas sobre sucesos policiales.

Cuatro temas se distinguen como los de mayor preocupación. Por una parte, las personas jóvenes. Estas siguen siendo víctimas y victimarias fundamentales de la 54

violencia y la inseguridad en Costa Rica. En segundo lugar, la violencia de género e interfamiliar. En tercer lugar, las redes del crimen organizado, que sigue siendo el tema de mayor posicionamiento en la agenda pública y mediática del país. Finalmente, las condiciones laborales de los cuerpos policiales de la fuerza pública, que aunque hay intentos de profesionalización, resultan insuficientes.

PROPUESTAS 1. Profesionalización de los cuerpos policiales y mejoramiento de condiciones laborales: mejoramiento del salario de los policías y otros incentivos, revisión de las jornadas laborales,

programas de capacitación continua, equipamiento adecuado a las

necesidades, y comandancias con mejores condiciones materiales.

2. Lucha contra todas las formas del crimen organizado (tráfico de armas, personas, drogas, órganos y vehículos) procurando su desintegración. Por su carácter de organizaciones que operan en diferentes países se recurrirá a la coordinación con los cuerpos especializados a nivel internacional, y se dotará a la policía de los recursos técnicos para enfrentar las bandas. Por el daño que ocasiona el consumo de droga, especialmente a la juventud y la niñez, se controlará estrictamente la oferta de drogas.

3. Prevención de la violencia juvenil. Para ello habrá estrecha coordinación con el MEP, Ministerio de Trabajo (MTSS), INA y se luchará contra el abandono del sistema educativo, se promoverá el empleo juvenil, e impulsará la formación técnica y dual de calidad.

4. Prevención de la violencia de género e intrafamiliar. Los cuerpos policiales serán capacitados para la atención de esos casos. Se hará campañas de prevención a través de los medios de comunicación, y se trabajará en conjunto con el INAMU en el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia para que denuncien.

5. Fomento de la seguridad comunitaria y municipal mediante el fortalecimiento de los comités de seguridad comunal y barrial, programas de espacios seguros con el mejoramiento de los parques y otros espacios públicos, capacitación de los cuerpos de policía municipal para mejorar la prevención del delito, campañas sobre la responsabilidad individual y colectiva en materia de seguridad y elaboración de 55

mecanismos novedosos, adecuados a la realidad de cada región o cantón, que faciliten la concreción de acciones en las comunidades.

6. Mejoramiento de las condiciones del sistema penitenciario con justicia penal, rehabilitación,

reinserción

a

la

sociedad,

mejoramiento

de

infraestructura

penitenciaria, programas educativos y laborales en los centros penitenciarios, mejoramiento de la atención profesional brindada a las personas privadas de libertad, lucha frontal contra la impunidad, mediante la revisión de legislación, prácticas y procedimientos judiciales, instalación de juzgados de flagrancia en todas las provincias y/o regiones, así como la ampliación de su horario a 24 horas. Incentivos a las empresas que faciliten la reinserción de los privados de libertad al mundo laboral.

7. Mejora de los sistemas de seguridad cibernética impulsando en la asamblea legislativa legislación para proteger a la ciudadanía y al Estado de posibles ataques cibernéticos.

8. Modificaciones del marco legal e impulso, desde la Asamblea Legislativa, a los proyectos de ley sobre Policía Municipal, reforma a la Ley de Armas y Explosivos, reforma a la Ley General de Policía, etc.

VIII. INCLUSIÓN SOCIAL Nuestro país, como signatario de diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, está en la obligación de facilitar la integración a la sociedad de las personas que por diferentes motivos (discapacidades físicas, orientación sexual, sexo, grupo etario, etc.) tienen vulnerabilidades que les podría dificultar el pleno disfrute de sus derechos. Es obligación del Estado y sus instituciones velar porque esto no ocurra, y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan o transitan por su territorio.

56

PERSONAS CON DISCAPACIDAD El ámbito de los derechos de las personas con discapacidad (PcD) abarca un campo relativamente nuevo, ya que hasta el presente no ha habido un reconocimiento efectivo de los derechos de este sector poblacional. Los avances de la normativa en Costa Rica se han quedado más en la declaración y en esfuerzos muy limitados de aplicación efectiva.

La deuda social que tienen el Estado y la sociedad con las PcD es enorme y deben tomarse medidas que aseguren la implementación de la normativa vigente para mejorar, sostenidamente, sus condiciones de vida y, con ello, garantizar su inclusión, goce y disfrute de sus derechos, en igualdad de condiciones con el resto de la población nacional.

Se estimas que en el país hay más de 450 mil personas con discapacidad; aunque esta cifra podría ser mayor, ronda el 11% de la población nacional. Para conocer la dimensión exacta de la situación, está pendiente un estudio más profundo y riguroso.

Además, no existe un marco institucional centralizado para la gestión de políticas públicas, por lo que la atención es desarticulada.

Como consecuencia de la visión subestimada y discriminatoria prevaleciente, este sector poblacional aparece como el más excluido entre los excluidos (Defensoría de las Habitantes). La pobreza produce discapacidad y la discapacidad genera pobreza, en un círculo vicioso, que anula las esperanzas e ilusiones de miles de PcD y sus familias.

PROPUESTAS 1. Mejoramiento de la inclusión al mundo del trabajo de las personas con discapacidad, fortaleciendo la oferta de programas educativos del Ministerio de Educación Pública, al igual que la educación técnica ofrecida por el INA y la profesional de las Universidades Públicas. También se fortalecerá la Unidad de Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la colocación efectiva de esta población en el sector público y privado, en cumplimiento de la Ley 8862 y otras acciones afirmativas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico.

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2. Facilitación de proyectos de emprendedurismo para las PcD mediante un programa especial de crédito y capital semilla de Banca para el Desarrollo, para asegurar el acceso a recursos de los familiares de personas con discapacidad múltiple o intelectual. Este irá acompañado de formación y asistencia técnica.

3. Promoción del Teletrabajo en el sector público y privado como una opción laboral para las Personas con Discapacidad, brindándoles facilidades en la adquisición del equipo de cómputo y los programas adecuados, así como la capacitación y acompañamiento necesarios.

4. Impulso de una mayor calidad de vida para las personas con discapacidad, mediante ayudas solidarias del IMAS y oportunidades de becas en primaria y secundaria para las familias con personas con discapacidad, que les permita atender sus necesidades comunes y las relacionadas con la discapacidad como los medicamentos especiales, pañales, alimentación especial, entre otros. También se dará facilidades en los procesos de compra de bienes y servicios del Estado para grupos y personas con discapacidad.

5. Creación de una red de empresas y organizaciones que brinden servicios de cuido, atención y tratamiento a personas con discapacidad. Oportunidad de desarrollar sus capacidades. Apoyo empresarial para que se integren a los procesos productivos.

PERSONAS ADULTAS MAYORES Una de las transformaciones más importantes en los últimos años es el envejecimiento de la población costarricense que se observa claramente en las modificaciones sufridas por la pirámide poblacional. Se calcula que en el año 2030 un 75% de la población será adulta mayor. El Estado y sus instituciones deberán hacer un enorme esfuerzo para brindar a ese amplio sector los servicios que permitan la atención de sus necesidades con el fin de garantizarles una vida plena hasta el fin de sus días.

PROPUESTAS 1. Garantía de condiciones de vida dignas a las personas adultas mayores mediante la actualización de las pensiones del Régimen No Contributivo, según las posibilidades 58

del Estado; y atención de la población adulta mayor, principalmente la que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, a través de los diferentes programas sociales gubernamentales.

2. Articulación de las acciones interinstitucionales para promover que la persona adulta mayor, principalmente la que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, tenga acceso a una vivienda propia, a una pensión que le brinde seguridad económica, a los servicios de salud necesarios que atiendan eficazmente sus padecimientos y a centro de cuido diurnos y residenciales permanentes.

3. Promoción de una cultura de respeto y valoración del conocimiento de la persona adulta mayor; así como su fundamental aporte a nuestra sociedad, para contrarrestar el irrespeto que esta misma población reconoce que siente según estudios del IDESPO del 2016, mediante campañas de divulgación, y capacitación adecuada a las personas que laboran en diferentes oficinas estatales, y programas de aprovechamiento de sus capacidades y experiencia como voluntarios en instituciones del Estado y dando servicios de apoyo a empresas y organizaciones.

4. Apoyo a las personas adultas mayores en situación de violencia y abandono, coordinando la acción de instituciones como el INAMU (mujeres) y CONAPAM para el resguardo de sus derechos y protección, a través de programas permanentes de orientación, asesoría jurídica, recepción de denuncias, coordinación para atención física y psicológica, entre otros.

DIVERSIDAD ÉTNICA Desde el primer Congreso Ciudadano, realizado en el 2005, en el Partido Acción Ciudadana hemos reconocido abiertamente que Costa Rica es un país multiétnico, multicultural y multilingüe. Aún nos queda mucho por hacer para eliminar la exclusión social de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y facilitar su acceso al desarrollo.

PROPUESTAS 1. Impulso al reconocimiento y aplicación de los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, que nos comprometen contra la discriminación de 59

cualquier tipo, fortaleciendo una educación contextualizada y culturalmente pertinente a nuestra condición de país pluricultural y multiétnico.

2. Impulso a la lucha contra el racismo y la xenofobia en nuestra sociedad, mediante la promulgación en el período 2018-2022 de una Política Nacional para una Sociedad Libre del Racismo y Xenofobia y su respectivo Plan de Acción; así como actualización del Plan Nacional para Afrodescendientes.

3. Facilitación del acceso a la salud de la población indígena y afrodescendiente mediante la ampliación de las acciones inclusivas impulsadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, e impulso del Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud que dicha institución desarrolla en la provincia de Limón.

4. Mejora de la calidad de vida de las familias indígenas y afrodescendientes facilitando su acceso a vivienda propia, con programas que respeten sus tradiciones culturales, sus modos de vida y las diferentes realidades geográficas de sus asentamientos.

MUJERES Las mujeres constituyen la mitad de la población del mundo, y nuestro país también presenta la misma proporción entre hombres y mujeres. Históricamente las mujeres han debido luchar por el reconocimiento, respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales. A pesar de los avances habidos, esta es una lucha que no ha terminado, y existen amenazas de todo tipo (patrones culturales, económicos, políticos) que ponen en riesgo los logros alcanzados y la consecución de metas más elevadas.

PROPUESTAS 1. Empoderamiento a mujeres en condiciones de pobreza o riesgo social. mujeres jefas de hogar y adultas mayores, por medio de programas como FOMUJERES, Emprende, Avanzamos Mujeres, ayudándolas a organizarse en cooperativas y 60

asociaciones productivas para la ejecución de sus emprendimientos y brindándoles acompañamiento, capacitación y financiamiento, además de cursos de formación humana.

2. Fortalecimiento de la atención de mujeres y sus familias que sufran algún tipo de violencia, en especial si se encuentran en alto riesgo de femicidio, capacitando a la policía en la atención de los casos de violencia de género, sensibilizando a las autoridades judiciales para que los casos que se presenten no queden impunes y dando protección a las víctimas, como lo establece la ley de Protección a Víctimas y Testigos.

3. Impulso al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, brindando la garantía de que como gobierno PAC cumpliremos con la paridad en los nombramientos de confianza del gabinete y en los puestos públicos de confianza.

4. Eliminación de la discriminación que sufren las mujeres en materia salarial, mediante la promulgación de una política de equidad salarial y campañas de sensibilización al respecto a cargo del INAMU. 5. Disminución del número de mujeres en trabajo informal, priorizando a las mujeres con discapacidad (o de las personas a su cargo), adultas mayores, jefas de hogar y mujeres en condiciones de pobreza, dando facilidades para la asignación de créditos, con programas de Banca para el Desarrollo y agilizando los trámites de aseguramiento como trabajadoras independientes de las mujeres, principalmente de las que son jefas de hogar.

6. Fortalecimiento del derecho a la salud sexual reproductiva mediante métodos de planificación familiar modernos brindados por la CCSS, áreas diferenciadas en los centros de salud para la atención de mujeres adolescentes y apoyo a la aprobación del capítulo de Salud Sexual y Reproductiva en la Ley General de Salud.

7. Fortalecimiento de las opciones de cuido para apoyar a las mujeres, en quienes se recarga esa tarea por razones culturales, y facilitar su inserción al mercado laboral, aumentando la cobertura de la red de cuido de menores (en los CEN-CINAI y los CECUDI), los centros de cuido de personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores. Promoción de guarderías en las instituciones del Estado y centros de

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estudio. Además para esos cargos de cuido se priorizará a mujeres que necesiten empleo remunerado y que cuenten con la formación y capacitación adecuada.

DIVERSIDAD SEXUAL El Partido Acción Ciudadana reconoce los derechos humanos de las poblaciones con orientación sexual lésbica, gay, bisexual, trans e intersexo LGTBI e identidad de género en todas las etapas de su vida y repudia cualquier tipo de discriminación contra ellas. Nuestra visión de sociedad nos compromete con el respeto a la diferencia y a crear las condiciones adecuadas para quienes asuman vivir plenamente en la diferencia.

Sin embargo, la lucha contra la discriminación y la exclusión deben asumirse como tareas permanentes. Nuestro país aún está lejos de alcanzar ese reconocimiento sin conflictos y es menester que el Estado garantice igualdad de condiciones para el desarrollo pleno de las personas que han optado por una sexualidad alternativa.

PROPUESTAS 1. Impulso a la cultura del respeto a la diversidad sexual mediante apoyo a la aprobación del proyecto de ley Sociedades de Convivencia, y otros que impulsen el respeto a sus derechos y la inclusión de las personas sexualmente diversas, mediante la acción de las diversas instituciones del Estado.

2. Adopción de medidas para el goce de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas en los sectores de educación, salud y trabajo; así como los programas de atención de la pobreza.

PERSONAS MENORES DE EDAD Y ADOLESCENTES La política nacional de niñez y adolescencia debe basarse en los Derechos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño. Debe incluir la atención de esta población y la prevención integral de 62

la violencia contra niñas y niños, contando con los presupuestos necesarios. Se requiere una atención integral desde todos los ámbitos lo que demanda un compromiso serio por parte de los sectores, tanto estatal como privado.

En un nuevo gobierno del PAC asumiremos de lleno ese compromiso, pues no es otra cosa que el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad.

El cumplimiento efectivo de los derechos de las personas menores de edad, es un prerrequisito para lograr una sociedad más equitativa e inclusiva, justicia social y avances hacia un desarrollo individual y social pleno.

PROPUESTAS 1. Fortalecimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad, construyendo la infraestructura educativa pública necesaria y ampliando los programas de becas para el estudio en primaria y secundaria; así como promoción de mayores opciones de educación técnica.

2. Atención urgente e integral de las niñas y adolescentes embarazadas, con coordinación por parte de las instituciones públicas, generando en primer lugar que no abandonen el sistema educativo, brindándoles a ellas y sus hijos e hijas oportunidades para su desarrollo integral. Paralelamente debe trabajarse de forma prioritaria en la prevención del embarazo infantil y adolescente.

3. Fortalecimiento de valores deseables desde la niñez, tales como respeto, equidad, igualdad, no violencia, resolución alternativa de conflictos, mediante programas del MEP y el PANI que trabajen el tema de la masculinidad con los niños y adolescentes.

4. Mejora en los servicios de atención y cuido de niños y niñas en todo el país, procurando mejorar la infraestructura de los centros de atención en sus diversas modalidades, dotándolos de recursos para atender las diversas necesidades, especialmente para los hijos e hijas de padres y madres trabajadoras.

5. Mejoramiento del acceso a espacios deportivos, recreativos y culturales en todo el país a nivel comunal, impulsando desde el ICODER y el Ministerio de Cultura programas para que las personas menores de edad y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y tener otras opciones de esparcimiento y socialización.

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JUVENTUD Desde su fundación el Partido Acción Ciudadana ha logrado establecer una forma de hacer política diferente, en donde las juventudes encuentran espacios para incidir directamente en la esfera partidaria y la política nacional. En este partido la juventud es considerada la razón de ser de nuestra gesta y esa apertura a conocer y construir desde las visiones de las personas jóvenes, es una de las mayores diferencias que hacen del PAC el partido necesario para gobernar Costa Rica.

Como parte de una cultura partidaria la Juventud del PAC encuentra espacios de participación prioritarios y aporta, en lo que históricamente se denomina Pacto Generacional, que contiene un análisis y propuestas concretas y viables para acabar con las principales problemáticas que vive el país en general y las juventudes costarricenses en particular. Las personas jóvenes del PAC creen que para detener dicha incidencia deben involucrarse de manera activa en los distintos espacios de toma de decisión, transformando así la cultura política joven.

PROPUESTAS 6. Impulso a la educación pública moderna, actualizada, crítica, participativa, inclusiva y de calidad, centrada en la persona y su formación integral, que, durante todo el proceso formativo, enseñe la Justicia Social, contribuya a erradicar la pobreza y disminuya las brechas socioeconómicas, de género, étnicas, de personas con condición de discapacidad, entre otras, y reconozca las diversidades propias de la sociedad, con ejes transversales que empoderen a las juventudes en los Derechos Humanos, y mediante la promoción de políticas públicas contra las diferentes formas de discriminación.

7. Mejora de las condiciones socio-laborales de las personas jóvenes, impulsando un programa gubernamental de empleo digno, contextualizado dentro de la realidad del país y favoreciendo en el sistema educativo los conocimientos y actitudes que contribuyan a conseguir un primer empleo.

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8. Erradicación del empleo infantil y garantía de respeto a los derechos de la niñez, controlando estrictamente el trabajo en personas menores de edad y promoviendo la permanencia y la reinserción al sistema educativo.

9. Fortalecimiento desde el gobierno de nuevos espacios y formas de participación ciudadana de las personas jóvenes, fomentando en la Administración Pública una transición generacional sostenida, para los profesionales, técnicos y otros empleados claves para la gestión adecuada de las instituciones, y traspasando conocimientos en la práctica de trabajo de los más experimentados a las personas jóvenes.

10. Promoción de iniciativas populares de generación cultural y dignificación de la labor del artista. La juventud del PAC desea una Política Nacional de Cultura realmente participativa e inclusiva, como un espacio para impulsar grandes transformaciones que el país requiere.

11. Combate de la violencia de género, implementando acciones preventivas estrictas que preserven la vida de las mujeres, y programas que garanticen su salud integral, sexual y reproductiva, 12. Fomento de la neutralidad del Estado en materia religiosa, impulsando la ley sobre el Estado laico, que resguarde el derecho a la libertad religiosa de la ciudadanía.

IX. ESTADO GESTOR La construcción del Estado nacional costarricense se ha caracterizado por un centralismo que fue relativamente funcional en determinadas coyunturas, pero que hoy se convierte en una limitante porque esta forma de organización ha concentrado el poder político y económico. En los últimos años, el centralismo, combinado con la posición de élites gobernantes cada vez menos interesadas en el bien común, ha significado un incremento en la polarización económica, social y cultural.

Muchas son las evidencias del efecto generado por el modelo de desarrollo conducido por los diferentes gobiernos de turno: desigualdades en el desarrollo regional, falta de integración espacial, desigualdad en la asignación de recursos para el desarrollo, concentración de la toma de decisiones, insuficiente creación de empleos de calidad para la población económicamente activa, particularmente la juventud, la mujer y las personas 65

mayores. Problemas estructurales como la exclusión social, la desigualdad de acceso a los recursos productivos, el crecimiento de la pobreza y la polarización social, son rasgos de nuestra realidad que se revelan con más fuerza en los actuales tiempos de crisis económica.

El deterioro de los servicios públicos de todo orden se materializa en rezago y carencia de infraestructura, servicios, protección social, calidad de las oportunidades de acceso al conocimiento y la cultura. Todo esto genera riesgos que atentan contra la seguridad humana y amplían la vulnerabilidad de importantes grupos poblacionales.

La institucionalidad del Estado costarricense se muestra ineficiente, desarticulada para atender las demandas ciudadanas. Vacíos, duplicidades, falta de coordinación intersectorial y entre niveles territoriales, son parte de los problemas de la institucionalidad pública. También lo es la cantidad de instituciones con funciones similares y sin control, han llegado a constituir prácticamente un Estado paralelo. La acelerada privatización de lo público ha traído una desvalorización del servicio y del servidor público.

La pérdida de identidad y autonomía de los poderes públicos ha generado una subordinación al mandato ejecutivo, provocando el deterioro de la institucionalidad en Costa Rica. Además, la pérdida de credibilidad en el sistema democrático y republicano ha vulnerado la gobernabilidad. Durante la administración Solís Rivera ha habido avances notables en la lucha contra la corrupción y se ha mejorado el diálogo con los sectores sociales, lo que debería redundar en una percepción de mejoramiento de la gobernabilidad.

La estructura fiscal regresiva, la reducción de impuestos como consecuencia de la apertura comercial, el servicio de la deuda externa y la evasión, han provocado que el Estado disponga de menos recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta situación se agrava con la falta de planificación y controles en la ejecución de la acción pública, aunque en la presente administración ha habido avances notables.

El clientelismo político, vieja práctica oligárquica renovada por el estilo de gobierno neoliberal, se encuentra enquistado en el uso de los recursos públicos.

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PROPUESTAS 1. Promoción del desarrollo económico y la justicia social, en procura del bien común, para recuperar la credibilidad en la función pública y en la política, y dar soporte institucional a una sociedad costarricense emprendedora, justa, solidaria y ambientalmente responsable.

2. Planificación del desarrollo y mejoramiento de la capacidad de formular políticas públicas, conciliando los retos que impone la globalización con las aspiraciones y derechos de la ciudadanía.

3. Promoción de experiencias de planificación a través del fortalecimiento de organizaciones locales y comunitarias, y mecanismos de participación ciudadana.

4. Atención decidida a los problemas de desigualdad, pobreza, inseguridad, deterioro del medio ambiente y de la infraestructura que en las últimas tres décadas han vulnerado las conquistas sociales y democráticas de generaciones anteriores.

5. Impulso a trámites transparentes y ágiles en todas las instituciones del Estado, con apego a la normativa vigente y certeza sobre las reglas, y continuación de esfuerzos en materia de gobierno digital.

DESCENTRALIZACIÓN Y GOBIERNO LOCAL El Partido Acción Ciudadana en el artículo 5 de su Carta Constitutiva señala que “su objetivo esencial es el desarrollo de la democracia, la defensa de la libertad, la promoción de la justicia y del bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el desarrollo armónico del país en todos los ámbitos. Con tal fin, promoverá la participación efectiva de las y los costarricenses en la conducción y vigilancia de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos. El Partido velara por la aplicación efectiva de los principios de transparencia y de rendición oportuna de cuentas a los ciudadanos, como medio efectivo para asegurar un ejercicio ético de la función pública”.

Partiendo de ese objetivo impulsamos los gobiernos locales participativos, manejados con transparencia y capaces de promover el desarrollo de los cantones desde la administración local. A la vez creemos en la necesidad de autoridades locales 67

formadas en el manejo de los territorios e informadas de las necesidades básicas, con capacidad de elaborar planificaciones adecuadas a sus realidades e interesadas en hacer un trabajo que vaya de la mano con el desarrollo del país.

Los gobiernos locales están llamados a velar por los intereses y servicios de los cantones, como lo plantea la carta magna, por lo que tienen la capacidad de construir políticas públicas locales encaminadas al desarrollo económico, social, político y de derecho. Como objetivo central las políticas deberán enfocarse en combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad social y territorial que existe en nuestro país.

El centralismo existente en Costa Rica ha generado gobiernos locales débiles con serios problemas administrativos y financieros, incapaces en muchas ocasiones de cubrir los servicios básicos de las poblaciones y con estructuras muy pobres. Ese centralismo es lo que debemos combatir, para lograr el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. Un gobierno central que logra llegar a las comunidades es aquel que fortalece a los gobiernos locales. El gobierno central que fortalece a sus gobiernos locales, construye un estado de derecho eficiente.

En Costa Rica los gobiernos locales han tenido muchas deficiencias y poca colaboración de parte del gobierno central, y algunas de sus estructuras administrativas son muy deficientes. Es necesario trabajar en su fortalecimiento porque los gobiernos locales tienen como principal objetivo el desarrollo de su cantón, la prestación de los servicios básicos, y el desarrollo económico y social local.

En el último informe del Índice de Gestión Municipal para el periodo 2015, se concluyó que el Régimen Municipal tenía un avance gradual pero con dificultades serias para brindar servicios públicos, “tales como parques, ornato y obras de ornato, aseo de vías y sitios púbicos, depósito, tratamiento y recolección de residuos, muchas veces financieramente insostenibles, producto de la tenencia de tasas desactualizadas o inexistentes y, en consecuencia, sin la inversión para su desarrollo”.

En ese informe se señala que las municipalidades no presentaron avances sustantivos ni progreso en su gestión, y que deben tomar decisiones en aspectos relacionados con la planificación, contratación administrativa y gestión vial.

Durante la Administración Solís Rivera, el Partido Acción Ciudadana impulsó el desarrollo local logrando la aprobación de la Primera Ley de Transferencias a los 68

Gobiernos Locales, con el apoyo del Congreso de la República. A partir de la aprobación de esta Ley es competencia de los gobiernos locales: planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y conservar, su red vial cantonal de conformidad con el plan de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ejercerá la fiscalización y rectoría en materia de infraestructura vial, en virtud de lo cual deberá asesorar y coordinar las regulaciones técnicas y logísticas que le atañen a la adecuada funcionalidad de la red vial cantonal. De igual forma queda facultado a intervenir solo las rutas nacionales.

Esos recursos deberán ser presupuestados año con año como una transferencia de capital a los gobiernos locales, con un incremento porcentual equivalente al incremento anual del Presupuesto Nacional, partiendo del presupuesto del programa presupuestario 327 del año en ejercicio. Los recursos establecidos en el artículo 5 de la ley, serán girados por la Tesorería Nacional directamente a cada Gobierno Local, siguiendo los mecanismos propios de Caja Única del Estado. Dichos recursos serán considerados como fondos con destino específico. Con respecto a este giro de fondos, los Gobiernos Locales, siempre tuvieron problemas por los tiempos en los cuales Hacienda realizaba los giros, además de que también muchos gobiernos locales no tenían planificada su inversión.

Este gran logro conseguido en esta Administración PAC, debe concretarse. Y es fundamental que tanto los giros de los fondos como las planificaciones municipales estén a tiempo para poder ejecutar la transferencia de manera eficiente y mejorar así la calidad de vida de los habitantes.

PROPUESTAS 1. Robustecimiento de las capacidades municipales para la ejecución eficiente de los recursos y la mejora de las áreas de planificación municipal, gestión tributaria, ordenamiento territorial y políticas públicas de desarrollo.

2. Apoyo gubernamental a las municipalidades en el diseño de planes que integren las distintas dimensiones que se encuentran inmersas en los territorios como: social, económico, ambiental, salud, educación y empleo.

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3. Fortalecimiento de los gobiernos locales en la elaboración de propuestas encaminadas a promover un entorno competitivo que fortalezca el tejido económico y posibilite la generación de empleo, la lucha efectiva contra la pobreza, el desarrollo de emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, que integren todas las capacidades locales.

4. Impulso a la gestión municipal que genere políticas que se conecten con el desarrollo regional y nacional, y el fortalecimiento de la participación ciudadana generando nuevas capacidades y coordinación con otros niveles del Estado.

5. Generación de capacidades a través del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

(Durante el periodo 2014-2018 se logró reestructurar la institución de manera que pudiera impulsar con más eficacia el desarrollo municipal.)

6. Apoyo del IFAM, MIDEPLAN y el INVU para avanzar en los planes de ordenamiento territorial, y la coordinación interinstitucional en esta línea muy clara (aprobación y elaboración de planes reguladores en una primera fase).

POLITICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL Para hablar de Política Exterior, primero debemos entender que es una política pública que elabora la administración de turno que responde al sentir de un gobierno frente al acontecer internacional. Sobre esta influyen una serie de factores que se dan a nivel internacional y que expresan el sistema internacional contemporáneo con todos sus cambios. Los asuntos internacionales y ese sistema tienen una influencia directa en los temas nacionales, así como en la toma de decisiones que sirva en la construcción de las políticas gubernamentales en materia de política internacional.

La política exterior debe definirse con base en los objetivos nacionales contribuyendo así al desarrollo del tejido social y económico del país. La Política Exterior costarricense se ha caracterizado por estar basada en principios históricos y coyunturales, que han definido nuestra trayectoria democrática. Estos grandes objetivos son: 1. La defensa de la democracia y la soberanía nacional 70

2. La protección de los derechos humanos inalienables y las libertades fundamentales 3. La defensa de paz y la seguridad internacionales 4. La promoción del desarrollo sostenible 5. El fortalecimiento de la Cooperación Internacional como instrumento de integración regional y desarrollo 6. La defensa del Derecho Internacional como instrumento de las Relaciones Internacionales en la construcción de la estabilidad y la paz mundial.

Durante la administración Solís Rivera se han contabilizado seis logros prioritarios y destacables: •

Triunfo en los litigios ante la Corte Internacional de Justicia en defensa de la soberanía e integridad territorial.

•

Relacionamiento con nuevos actores geopolíticos: Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), Eurasia, Emiratos Árabes, en el sudeste asiático (Brunei y Malasia). Profundización de las relaciones con Qatar y con Turquía.

•

Elección de Elizabeth Odio a la CIDH y la salvaguarda de los derechos humanos.

•

Participación activa de Costa Rica en la búsqueda de acuerdos sobre desarrollo sostenible en los distintos foros internacionales.

•

Diplomacia económica: estrategia lanzada entre Cancillería y PROCOMER para la utilización de las embajadas y consulados en la promoción comercial en el marco de la diplomacia económica.

•

Papel activo en asuntos de la ONU.

En una nueva administración del Partido Acción Ciudadana, se proponen tres líneas de Política Exterior, enmarcadas en los grandes objetivos de Estado que tiene Costa Rica.

PROPUESTAS

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1. Reforzamiento de las relaciones con la región Centroamericana, promoviendo y sosteniendo un liderazgo en la región y fortaleciendo los mecanismos regionales actuales como plataformas de desarrollo para los países centroamericanos.

2. Fortalecimiento de la cooperación binacional fronteriza con Nicaragua y Panamá, para propiciar el desarrollo transfronterizo, mediante proyectos específicos en materia comercial, migratoria, ambiental, seguridad, entre otros.

3. Énfasis de Costa Rica en favor de la paz, el desarme mundial, los objetivos del Desarrollo Sostenible y el cambio climático en los diversos foros internacionales.

4. Impulso al cumplimiento del derecho internacional y la libre determinación de los pueblos como principios históricos de nuestra Política Exterior.

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