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MIÉRCOLES, 24 MARZO 2021

Christopher Pastrana

@capastranac

RINOCERONTOSIS

Fuero constitucional

Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia.

Platón

¿S e imagina amanecer algún día con un presidente de la República tras las rejas? Yo tampoco. Sería terrible no sólo por la incertidumbre política que se generaría -incluso en el concierto internacional- sino por la extrema vulnerabilidad en que se ubicarían las instituciones del Estado. Bueno, pues una circunstancia de esa magnitud y de ese impacto es la que ha pretendido evitarse a través del fuero constitucional.

Con el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del Estado de Tamaulipas, a quien la FGR solicitó desaforar por la probable comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, el debate sobre esa figura se ha vuelto poco más que controversial.

Nuestra Constitución Federal dispone que ninguna persona o corporación gozará de fuero, salvo el de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Si por fuero entendemos alguna especie de privilegio, entonces sería inexacto asegurar que gozan de él aquellas personas que ostentan diversos cargos públicos como diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la SCJN, el Fiscal General de la República, consejeros del INE, gobernadores e integrantes de los órganos constitucionales autónomos; entre otros.

Se trata, en realidad, de una protección o filtro temporal de tipo procesal. Temporal porque únicamente puede disfrutarse de él durante el periodo en que se desempeñe el encargo público; y procesal porque la determinación que se adopte no versa sobre la comisión o no de un delito, sino sobre la permanencia del fuero constitucional para esa persona. El Congreso funge como un mecanismo político de control previo al sometimiento ante autoridades ministeriales. Así, una acusación infundada sería inútil para deshacerse de un rival político, por el contrario, lo que la Constitución exige, es que las acusaciones se encuentren razonablemente respaldadas con elementos de convicción y no se utilicen como mecanismo de golpeteo político, pues ello supondría una afectación sensible en la atención de asuntos de trascendencia nacional.

Cuando el servidor público es despojado de su fuero constitucional mediante la denominada “declaración de procedencia”, a cargo de la Cámara de Diputados, entonces ese servidor público retorna a su calidad esencial como particular y, por tanto, es susceptible de sujetarse a un procedimiento penal como cualquier otro. Si, por el contrario, la sentencia de la Cámara es en el sentido de declarar improcedente el proceso penal, entonces el servidor público conserva su protección, pero ello no significa que el ejercicio de la acción penal se extinga por los probables hechos delictivos, sino que únicamente queda suspendida hasta en tanto la persona imputada concluya su cargo público.

Hoy que la FGR se frota las manos por la probable detención del gobernador, antes habrá de superarse en la arena jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia de no poca importancia entre los efectos y alcances de la determinación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; pues mientras que unos ven en ella la decisión definitiva para proceder penalmente contra el gobernador, otros reconocen únicamente un efecto declarativo de la Cámara, dejando la determinación última a la legislatura local.

De prevalecer el primer escenario, significaría un inminente desafuero del gobernador por la mayoría que el MoReNa reuniría en la Cámara Baja; el segundo escenario sería diametralmente opuesto. Considerando la mayoría panista que impera en el Congreso tamaulipeco, el proceso penal en su contra tendría que esperar.

Cualquiera que sea su postura, es esencial no perder de vista que la existencia de este fuero protege no tanto a la persona en sí misma, sino al encargo público que ocupa, porque esa posición los vuelve especialmente atractivos y, por lo tanto, vulnerables a ataques políticos que hacen no sólo necesaria sino justa, una defensa de la misma naturaleza. * Profesor de la Facultad de

Derecho de la UNAM

MIÉRCOLES, 24 MARZO 2021

Jacqueline Peschard

Invocar el apego a la Constitución no es un mero formalismo, ni una expresión retórica; es subrayar que cumplir con las disposiciones constitucionales es la única vía para protegernos frente a la edificación de un poder concentrado y autoritario, por más respaldo que haya obtenido en las urnas. Y, una de las vías para lograr la vigencia de nuestra Constitución y de su palanca protectora frente a dictados autoritarios es asegurando que la representación política en el Congreso cumpla cabalmente con los principios de respeto a la pluralidad y a la proporcionalidad entre votos y escaños. Es desde esta mirada que hay que analizar el Acuerdo del Consejo General del INE del pasado 19 de marzo que busca darle plena vigencia al precepto constitucional de evitar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que exceda el 8% de la votación.

Con una mayoría amplia de 9 de los 11 consejeros electorales, el Consejo General del INE se propuso corregir una práctica que vulnera la Constitución y que ha venido ocurriendo en las últimas tres elecciones federales, pero que en 2018 cobró grandes proporciones. El problema con la sobrerrepresentación excesiva es que ha provocado una distorsión en la relación entre votos y escaños, lo cual no sólo trastoca la voluntad de los electores de que sus votos se traduzcan en cierta composición de la Cámara de Diputados, sino que atropella al texto constitucional.

Desde 1996, el artículo 54, fracción V constitucional establece que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Sin embargo, por la vía de las coaliciones electorales que son una fórmula cada vez más socorrida en nuestras contiendas, los partidos mayoritarios —el PRI con el PVEM en 2012 y 2015 y Morena con el PT y el PES en 2018— han logrado transgredir la disposición constitucional, obteniendo para sus coaliciones un 8.2% de sobrerrepresentación en el primer caso, una sobrerrepresentación de 9.7%, en el segundo y de 15.7%, en el tercero. Por ello, en la elección de 2018, con un 44% de la votación, la coalición encabezada por Morena obtuvo 308 diputados, es decir, el 61.6% de la representación política, lo que equivale a un exceso de 39 diputados.

Está claro que la mecánica transgresora se ha ido perfeccionando y que las coaliciones encabezadas por los partidos con mayor respaldo electoral han aprovechado la laguna legal que existe, porque el acotamiento constitucional a la sobrerrepresentación contempla a los partidos de manera individual y no a las coaliciones.

Este esquema que deforma la relación entre las preferencias de los electores y su traducción en cierta representación política se logra porque el partido con mayor respaldo ciudadano coloca a sus militantes como candidatos de los partidos coaligados con menor respaldo y así se reserva un espacio holgado para participar en el reparto de escaños de representación proporcional, sin rebasar individualmente el 8% de sobrerrepresentación. Esto explica que Morena, accediera a 85 diputados de representación proporcional, además de colocar candidatos ganadores a través del PT y el PES que ocultaron bajo sus siglas, incluso a varios cuadros dirigentes de Morena.

El Acuerdo del INE propone verificar la “afiliación efectiva” de los candidatos ganadores para contabilizar el triunfo al partido respectivo y darle consistencia a la candidatura, evitando desorientar a los electores que cruzan la boleta a favor de un partido cuando en realidad el candidato es de otro.

Hay dos grandes críticas al Acuerdo, la primera es que limita la libertad de los partidos para postular como candidatos no sólo a internos, sino a externos, e incluso a integrantes de otros partidos. Dicha atribución está garantizada, lo que pide el INE es que se reconozca con qué afiliación se postula a un candidato y conformar la representación política en correspondencia. Una segunda queja en contra del Acuerdo es que los consejeros electorales están legislando, justamente porque pretenden colmar una laguna normativa, además de que lo hicieron cuando faltan escasos dos meses para la elección. Hay que recordar que el INE está facultado por los artículos 54 y 56 constitucionales para asignar los escaños de representación proporcional y su obligación es asegurar que se cumplan las disposiciones constitucionales, sobre todo ahora que están detectadas plenamente las formas de transgredirlas.

Morena ha interpuesto ya una impugnación ante el Tribunal Electoral quien es el encargado de vigilar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones del INE. La buena noticia es que exista esta vía para que quienes estén inconformes con las determinaciones del INE acudan a la última instancia jurisdiccional. La mala noticia es que Morena aproveche su queja ante el TEPJF para, con base en supuestas intenciones de algunos consejeros electorales, se busque desautorizar al árbitro electoral. Sería bueno que el debate se mantuviera en el terreno de cómo asegurar el cumplimiento de la Constitución, pero no podemos hacernos ilusiones.

El INE y la Constitución como barrera frente al autoritarismo

MIÉRCOLES, 24 MARZO 2021

Rafael Cardona

Twitter: @cardonarafael elcristalazouno@hotmail.com

EL CRISTALAZO

La burocracia poética

una de las características fundamentales de la burocracia es su ingenio.

Para no ver amenazada su existencia inventa cosas. Casi siempre inútiles, cuando no estúpidas.

No se si lo hayan quitado de ese lugar, pero en el Senado (de la República, agregan siempre los burócratas del estilo, como cuando hablan de Estado Mexicano, como si hubiera otro), había hasta hace poco un espacio destinado a una de las muchas comisiones legislativas de ese magno órgano colegiado: era una comisión para refl exionar (sic) sobre el texto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. --Senador, ¿qué hace usted en postura de fl or de loto? --Refl exiono sobre el texto constitucional. Ommm Ommm

La refl exión convertida en asunto legislativo.

Pero hay momentos sublimes en la burocracia. Uno de ellos, por ejemplo, se lo dbemos a nuestra respetada señora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien además de repetir cotidianamente todos los mantras del lopezobradorismo, hace signifi cativas aportaciones al absurdo nacional, como por ejemplo su rápida, telúrica respuesta a las fallas de las alertas sismológicas, las cuales –como todos sabemos—sirven para untarle al Camembert.

Después del enésimo ridículo de sus fallas, la señora decidió correr a dos empleados irresponsables o al menos ineficientes. Y de pasadita anunciar cómo se van a gastar ciento cincuenta millones de pesos, más o menos, en cambiar equipos dependientes del C-5.

Lo incomprensible es esto: si las fallas fueron errores humanos, ¿por qué cambiar además los aparatos, si ya habían cambiado o corrido a los humanos?

Eso equivale a sintonizar una estación de radio en rumano y subir el volumen porque no se entiende al locutor, o como el gerente de una aerolínea quien después de un accidente de aviación, atribuible al piloto, lo corre y cambia el avión.

Pero quien en estos días se lleva la palma de oro, como en Cannes, es el senador Ricardo Monreal quien ahora inventa la prohibición de fumar en el automóvil (cuando su jefe político prohíbe prohibir, o eso dice). --¿Cuántas otras cosas posibles dentro de un auto (especialmente en el asiento trasero) querrá prohibir el poético zacatecano? Y le digo poético porque ha exaltado al grado legislativo (o al menos lo ha intentado) una línea del gran Renato Leduc: la dicha inicua de perder el tiempo.

La gran divergencia de criterio estriba, entre otras cosas en esto: si el Senado va a aprobar plenamente el uso lúdico de la mariguana (“que fumar”, como decían de “La Cucaracha”) porqué se preocupan por espacios libres de humo de tabaco. ¿A poco la “mota” no ahúma y perfuma con el olor de los “hornazos”?

La restricción a algunas actividades humanas dentro del automóvil es infi nita. Ya entrados en gastos se deberían prohibir a las damas enchinarse las pestañas durante el mínimo lapso de parpadeo del semáforo; peinarse, estirarse las medias o de plano cambiarse la falda o el suéter.

Vedado queda orinarse en una botella vacía al amparo de una calle oscura. Igualmente realizar manifestaciones de afecto en la calle penumbrosa o a plena luz. Ya no se diga actividades propias de Bull Clinton y Mónica Lewinsky.

También se debería prohibir hurgarse la nariz con el índice o el meñique, excepto si son dedos ajenos. Prohibido para el copiloto jugar al Candy Crush, ver películas o escuchar música de Cri-Cri. ¿De veras no hay nada mejor en el inmenso trabajo legislativo? ¿Es tan importante fomentar “la dicha inicua de perder el tiempo?

Y si alguna duda tiene de esta infinita inventiva, nada más le dejo dos aportaciones más: todas las películas exhibidas en México deberán contar en el futuro, con subtítulos, no importa si están habladas en español. --¿Para qué? --Pues para hacer felices a los sordos o a los deficientes auditivos. El siguiente paso será películas en Braille para los ciegos. Y la cereza en pastel: las transacciones bancarias por línea, serán monitoreadas para geo-localizar al usuario del servicio. --¿Para qué? --Por razones de seguridad, dicen los burócratas bancarios en gozoso matrimonio con los burócratas del gobierno. Solamente para apretar el yugo de los ciudadanos, para aumentar los mecanismos de control, el totalitarismo fi scal y bancario en el mayor de sus esplendores. Y mientras todo eso sucede, a nadie se le ocurre forzar el uso del cubre bocas en plena estación vacacional con la amenaza de la Tercera Ola en el mundo.

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MIÉRCOLES, 24 MARZO 2021

PEPE GRILLO

ENTRE PENUMBRAS Desangelado acto en Palacio Nacional a pesar de que no es usual congregar a todos los gobernadores del país en un solo espacio. La fi rma del Acuerdo Nacional por la Democracia no dio ni para buenas fotos. Los gobernadores tal como llegaron se fueron; o sea de prisa, de mala gana, entre penumbras. El único que aparece fi rmando el acuerdo es el presidente, no hay imágenes de los gobernadores fi rmando algún documento.

La pregunta que todos se hacen es ¿quién de los asistentes pondrá el ejemplo de cumplir y hacer cumplir las leyes electorales y no meterse en las campañas?

Apostar a que el presidente lo haga es riesgoso porque no está en su naturaleza respetar límites. Como él mismo reconoce, su pecho no es bodega y dice todo lo que se le ocurre. VIAJE PELIGROSO En el tema de la migración Estados Unidos tiene los objetivos de siempre, aunque ahora los plantea con lenguaje diferente, diplomático, comedido incluso. No se acusa, como en los años de Trump, a los migrantes de delincuentes y violadores, pero se les envía el mismo mensaje: la frontera está cerrada. Roberta Jacobson, que es una diplomática de Ligas Mayores, incluso plantea que el gobierno de EU está preocupado por los migrantes provenientes del sur.

No vengan, les dijo Roberta, es un viaje peligroso y corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos como la trata de personas y, además, por si fuera poco, pueden contraer Covid-19.

Si el cálido lenguaje diplomático no detiene a los migrantes, ahí está la Guardia Nacional mexicana. LOS INGENIEROS CALLARON Se tenía que decir y se dijo: deben ser los ingenieros civiles y no los militares quienes dirijan las obras de infraestructura del gobierno. Lo dijo Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la secretaría de Comunicaciones, que casi nunca declara, pero cuando lo hace se juega la chamba. No es el primer titular de esa cartera que está en desacuerdo con las estrategias presidenciales, el ingeniero Jiménez Espriú se inconformó ante la decisión de darle a los militares el control de los puertos y como consecuencia le adelantaron su retiro.

¿Qué pasará ahora?

Puede no ocurrir nada, que los ingenieros civiles vean desde la barrera como los militares construyen y el secretario Arganis Díaz, que trabajó largos años en Ingenieros Civiles Asociados, ICA, de seguro volverá a guardar un largo silencio TIANGUIS TURÍSTICO VIRTUAL Arrancó con buenos augurios el Segundo Tianguis Turístico virtual, la opción ideada por la Sectur, para no dejar un vacío ante la imposibilidad de realizar el tradicional Tianguis presencial por el acecho del Covid-19.

Las herramientas digitales llegaron para quedarse en la industria de viajes y por eso el Tianguis Virtual, cuyo estado anfi trión es Sinaloa, pudo sumar 1, 679 compradores y agendar más de 16 mil citas de negocios.

La idea es que a través de esta estrategia de promoción se contribuya a la recuperación de la industria turística luego del año más difícil de su historia y cuya recuperación, que va para largo, apenas inicia.

24 CróniCas

MIÉRCOLES, 24 MARZO 2021 cronicapuebla.com

DESCALZAS Y CON SUS UNIFORMES

Así están mejor; al lado del campo, quedan las sandalias y los huaraches de “diario” y entrenan y sostienen partidos sin calzado para pegar la carrera

PONCHE A TODO PREJUICIO

GRADAS Y UN CHAINAZO AL CAMPO, PIDEN A AMLO

Al presidente, le hicieron llegar su petición: sitio decoroso y asientos para público, porque hoy sólo tienen un dugout abierto, de troncos

Fotos: Cuartoscuro

Las críticas les cayeron con todo, cuando estas mujeres de ascendencia maya se apropiaron de algunas horas de potentes rayos puntiagudos de sol sobre el campo. ¿Cómo se atreven a hacer “cosas de hombres”?, reclamaron hasta algunos familiares de Las Diablillas Mestizas. En plena selva de Quintana Roo, en Hondzonot, un rincón de Tulum, el sitio de las playas con arena tan fina como harina, ellas se divierten, entrenan, se sostienen enfrentamientos en su equipo de softbol.

BAUTIZADAS “DIABLILLAS” POR OPUESTAS

Les decían que eran “malas” por ir sin marido a donde sólo juegan hombres; de ahí tomaron la idea para el nombre que las distingue como atletas