FORTALECIMIENTO DE LOS FISCOS MUNICIPALES (Claudia Rosa Durán Torres)
Para todos es conocido que los municipios de Colombia, no proporcionan a sus habitantes expectativas para mejorar su calidad de vida y es por esto, que se ha dado en forma acelerada la migración a los centros urbanos. Y es que municipios sin agua potable, sin alcantarillado, sin servicios de telefonía, con servicios deficientes de salud y educación no pueden ofrecer ventajas sobre el ambiente social, el ambiente político y las oportunidades de trabajo de las capitales. El cúmulo de necesidades de nuestros municipios es incalculable si pensamos no sólo en los servicios públicos y sociales mínimos sino en la pavimentación de calles, la construcción de plazas de mercado, el tratamiento y eliminación de basuras, etc. Y lo peor aún es, que para atender todos estos problemas los municipios no tienen, en las condiciones fiscales y administrativas de hoy, esperanza alguna. Y si hacemos un recorrido a través de la historia de la hacienda pública, vemos que ante los innumerables
esfuerzos de la política fiscal, se han diseñado
múltiples mecanismos y expedido incontables leyes y decretos como apoyo a los entes municipales tratando de recaudar nuevos recursos que contribuyan a solucionar los problemas fiscales de los municipios. Es así como Luis Fernando Garavito en su libro “Pensamiento Económico y Fiscal Colombiano“ en uno de los recorridos históricos que hace a lo largo de la hacienda
pública, manifiesta que ante los desesperados esfuerzos de la política fiscal por buscar recursos como apoyo a los fiscos municipales a través de nuestra historia vale la pena recordar que al iniciarse el año de 1913, la administración de don Carlos E. Restrepo mostró su voluntad de apoyo a los entes territoriales al expedir la Ley 97 de 1913, con la cual se autorizó al Concejo municipal de Bogotá para crear libremente algunos impuestos y contribuciones y mediante el Decreto 467 de 16 de mayo de 1913, cedió a los municipios productores la renta de garceros, reservada a favor de la Nación mediante el Decreto 329 de 1913. La importancia de la Ley 97 de 1913, radica en que facultó al Concejo Municipal de Bogotá, para que, con autonomía de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, creará, organizará y cobrará todos sus tributos relacionados con: 1. Expendio de licores, 2. Consumo de tabaco extranjero, 3. Extracción de arena y piedra, 4. Alumbrado público, 5. Barrido y limpieza de calles; 6. Patentes sobre vehículo y carruajes, 7. Establecimientos industriales; 8. Delineación de construcción de edificios; 9. Tranvías, 10. Consumo de carbón, 11. Avisos e inscripción de hoteles y similares; es decir le otorgó autonomía fiscal a la capital, la cual nunca perdió. Así mismo, quedó por escrito tal vez la primera disposición del Estado Colombiano en materia de preservación del medio ambiente; en efecto, la Ley 97 de 1913, prohibió que los dueños de predios cercanos a las fuentes de agua de la capital las ensuciaran arrojando desechos de minas y otras similares. Comentan además los conocedores del tema, que por esos años de 1913, las plumas de garza se exportaban a los mercados europeos para la industria de confecciones que estaban de furor en toda Europa, razón suficiente para que los desesperados hacendistas buscaran recursos para el fisco, del plumaje que dejaban caer estas aves de las planicies húmedas colombianas.
Y es así como se expide el Decreto de la Renta de garceros que dio como propiedad de la Nación las plumas de garzas que se encontraban en las esteras, lagunas y pantanos que las aves frecuentaban ubicados en terrenos baldíos. Esta renta se trasladó a los pocos días de reglamentada a los municipios productores de plumas. Pero lo curioso de esta norma es que dispuso el control de las aves y de sus plumas, ya que la renta se arrendaba a los rematadores de éstas, y el contrato respectivo les daba el derecho a ser los únicos agentes compradores de las plumas en el caso de que los recogedores manifestaran que provenían de garceros ubicados en predios de su propiedad, lo cual tenía que ser avalado por el Ministerio de Hacienda. Como podemos ver a través de la historia, ni las garzas se escaparon de los desesperados esfuerzos de la política fiscal, para buscar recursos para el fisco municipal. De ahí que el dicho tradicional "sabe donde ponen las garzas" hace referencia al interés de localizar sus nidos y aprovechar las plumas que durante las sesiones de limpieza de su plumaje dejaban caer estas aves. Esta renta pública a más de ser bastante curiosa, tampoco se escapó al fraude, toda vez que el control era casi imposible a pesar de la expedición del Decreto 316 de mayo 14 de 1914, con el cual el gobierno pretendía luchar contra la evasión, imponiendo multas altas a los contrabandistas de plumas de estas aves que otrora habitaban en nuestras húmedas planicies colombianas