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Niega auditor del NAIM dolo contra Presidencia

POR REDACCIÓN

nacion@contrareplica.mx

Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación(ASF), rechazó que en los resultados de la fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) exista dolo, motivaciones políticas o un ataque a la investidura presidencial en el tema de la cuantificación por la cancelación de dicha obra.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, aclaró que la variación de las estimaciones de esa cifra “no significa que en automático exista ilegalidad, ni mucho menos acusación de corrupción”.

En San Lázaro, el auditor especial, suspendido temporalmente de su cargo, defendió la metodología para calcular los costos por la cancelación del proyecto y expuso que el proceso de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) podría finalizar en 26 años, razón por la cual aún no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado.

Explicó que los primeros recursos asignados al aeropuerto de Texcoco se remontan al presupuesto de 2014 y que la cancelación del proyecto no ha concluido.

“No estamos ante un hecho completamente pagado o cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos financieros y económicos que pueden completarse en 26 años”.

Puntualizó que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la Hacienda Pública, ni tampoco existe señalamiento hacia un servidor público, además de que no hay ninguna promoción de sanción por conductas graves, por lo que al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe o existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.

Dijo que con esta auditoría no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye, solo se emiten recomendaciones de carácter preventivo propositivo para poder mejorar la gestión.

Aseguró que una vez que concluyan los resultados de la auditoría, asumirá sus conclusiones.

Integrantes de la Comisión de Vigilancia también se reunirán el próximo martes 16 de marzo con el auditor de Gasto Federalizado; el 23, con el responsable de Seguimiento.

EN COMPARECENCIA, Raphael Caso explicó que la cancelación del proyecto podría tardar 26 años

El auditor especial refirió que el proceso de cancelación del NAIM tiene diferentes escenarios jurídicos, financieros y económicos. Cuartoscuro

SE ENREDA ROBLES CON PETICIÓN DE SER TESTIGO

ROSARIO ROBLES buscará acogerse a la figura de testigo colaborador con la Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación por delincuencia organizada, y declarar con respecto al ex secretario de Hacienda en el sexenio pasado, Luis Videgaray, y quien fuera su oficial mayor en la Sedesol y en la Sedatu, Emilio Zebadúa.

Su abogado, Sergio Arturo Ramírez, informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, aunque no ha sido notificada.

Adelantándose, la acusada buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que Ramírez señaló que presentarán todas las evidencias necesarias ante el Ministerio Público para poder acogerse a ese criterio.

Sergio Ramírez explicó que en el delito primario por ejercicio indebido del servicio público no significa que

Sergio Ramírez, abogado de Rosario Robles, en conferencia. Cuartoscuro

haya obtenido recursos de la institución, por lo que ese tipo penal no procede para acogerse al criterio de oportunidad.

“No se va a declarar culpable, ya que no está previsto ese escenario y no puede abrirse un juicio hasta que no se resuelva el amparo”, precisó.

Sin embargo, por la noche Rosario Robles aclaró “no quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley.

ARTURO ZÁRATE VITE

COLUMNA INVITADA

¿Y las diputaciones de la tercera edad?

Las personas de la tercera edad, de 60 o más años, como grupo discriminado, también tendrían derecho a tener candidaturas de los partidos para la Cámara de Diputados.

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) partieron rebanadas finas y delgadas al pastel legislativo, para abrirle o aumentarle espacios de participación política a migrantes, indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual y afromexicanos.

Faltan los de 60 o más años de edad, requieren representación legislativa para abanderar sus causas, garantizar una vida digna, terminar con el abandono y mal trato, encontrar fórmulas que permitan aprovechar su experiencia y sabiduría, pensiones justas.

El colmo es que ahora a los pensionados del ISSSTE se les quiera fijar topes con la llamada unidad de medida UMA (89.62 pesos diarios) y no en salarios mínimos (141.70 pesos diarios), 37 % menos. Otra acción más en contra de su bienestar. Enhorabuena que en Palacio Nacional se hayan dado cuenta de esta injusticia y están decididos a corregirla.

De acuerdo con el INEGI, hay en México 15.4 millones de personas de la tercera edad. Personas con discapacidad, 7.1 millones. Personas que hablan lengua indígena, 7.3 millones.

Migrantes o residentes en el extranjero, más de 12 millones.

Afromexicanos, 1.38 millones. Diversidad sexual, la cifra es superior a los dos millones.

Veremos la reacción de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, si procura a los adultos mayores o los trata con indiferencia. Justo que cuenten con representación legislativa.

La tercera edad es una etapa de la vida que, al menos en

México, no ha tenido la compensación que se merece. Pareciera que los menores de 60 creen que están exentos o que pueden eludirla. La pueden evitar si para su mala fortuna fallecen por enfermedad o accidente y no llegan a esa cifra.

En el caso de las mujeres, el avance no tiene regreso, paridad de género del 50 % en todos los cargos públicos.

Mandatos del TEPJF y acuerdos del INE obligan ahora a los partidos a dar candidaturas para diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional a grupos discriminados.

Estaría amarrada su llegada a la Cámara de Diputados, porque en las nominaciones de representación proporcional, por norma, los nombres se incluirían entre los diez primeros lugares de las listas.

Otro elemento es que prevalezca la paridad de género en cada uno de los grupos postulados.

Los migrantes participarían, por partido, con cinco candidaturas de representación proporcional. Indígenas, 21 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Afroamericanos, tres de mayoría relativa y una de representación proporcional. Personas con discapacidad, seis de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

Diversidad sexual, dos de mayoría relativa y una de representación proporcional.

Nada más falta que le den su rebanada de pastel legislativo a las personas de la tercera edad.

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