Senderos de la Insustentabilidad

Senderos de la insustentabilidad

ISBN 607-401-826-X

sociolog铆a

Universidad Aut贸noma de Zacatecas

Universidad Aut贸noma de Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

MÉXICO

2014

Esta investigación, arbitrada por pares académicos, se privilegia con el aval de la institución coeditora.

Primera edición, junio del año 2014 © 2014 Universidad Autónoma de Zacatecas © 2014 Por características tipográficas y de diseño editorial Miguel Ángel Porrúa, librero-editor Derechos reservados conforme a la ley ISBN 978-607-401-826-4 Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de gemaporrúa, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.

PRINTED IN MEXICO

IMPRESO EN MÉXICO libro

impreso

sobre

pa p e l

de

fa b r i c a c i ó n

ecológica

con

bulk

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80

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w w w. m a p o r r u a . c o m . m x

Amargura 4, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F.

Presentación Guadalupe Margarita González Hernández*

El modelo económico vigente provoca una condición generalizada de inse­ guridad humana que se cristaliza en desempleo estructural, destrucción del sistema de subsistencia, pauperización, deterioro del sistema educativo, urba­ nización anárquica, ciudadanía mínima, depredación ambiental, criminali­ dad, migración compulsiva y fisuras en el entramado social. La mayoría de la población deviene en un sujeto despojado, excluido y necesitado que, su­ mido en la desesperanza, busca salidas o vías de escape, como la emigración, el empleo informal y aun la criminalidad. En lugar de que se construyan avenidas para el desarrollo humano, se edifican diversos signos de vulnera­ bilidad, inseguridad y riesgo comunicados de manera reiterada, el desplie­ gue de la degradación humana o de una crisis civilizatoria anuncia.

Frente a la expansión de las asimetrías económicas y las desigualdades sociales, resulta insoslayable impulsar procesos de transformación social que propicien igualdad de oportunidades y de condiciones de vida. En oposi­ ción a los apetitos ciegos de ganancia basados en la sobreexplotación del trabajo y de la naturaleza, es imperioso avanzar hacia un desarrollo humano equitativo y sustentable. A contrapelo de la creciente violación de los dere­ chos humanos, es ineludible impulsar estrategias de bien común, democra­ cia y sustentabilidad social.

Para entender a profundidad los problemas y desafíos del desarrollo, máxime en un contexto de exclusión social e inseguridad humana, un ele­ mento capital es la generación de conocimiento teórico, conceptual y em­ pírico sobre el desarrollo alternativo. Ésta es una de las tareas de la Red Internacional de Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana confor­ * Responsable de la Red Internacional de Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana.

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guadalupe margarita gonzález hernández

mada por los dos cuerpos académicos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (ca-uaz-133, “Desarrollo, Migración y Sustentabilidad Social”, y ca-uaz-134, “Capital Social, Desarrollo y Sustentabilidad”) de la Universi­ dad Autónoma de Zacatecas e investigadores del Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (Remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. La Red pretende crear un foro de discusión e intercambio de infor­ mación que dé seguimiento al proceso de desarrollo, sustentabilidad social y seguridad humana sin pretender establecer un paradigma único o una definición exclusivamente normativa de los mismos, en la búsqueda de una agenda alternativa que posibilite la participación estratégica de una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil en el proceso de transfor­ mación social. En tal sentido, en el presente libro, de la Serie Estudios Crí­ ticos del Desarrollo, varios miembros de esta Red aportan textos que con­ tribuyen al análisis y reflexión sobre estos problemas con la expectativa de generar un amplio y perdurable debate sobre los problemas y alternativas del desarrollo.

El libro tiene cuatro apartados. En el primero, “¿Hacia la sustentabilidad social?”, bajo el método de abstracción-concreción se prefigura la discusión de la sustentabilidad social bajo las disyuntivas de sustentabilidad social, de­ gradación ambiental, reestructuración productiva y su consecuente flexi­ bilización y precarización de la fuerza de trabajo. Los aportes son de Carlos Mallorquín, Humberto Márquez Covarrubias, Guadalupe Margarita Gonzá­ lez Hernández y José Roberto González Hernández. En el segundo “Partido en dos: migración y desarrollo”, con una dinámica metodológica similar se alude a las vicisitudes de considerar a la migración más allá de una simple oferta y demanda de trabajo allende las fronteras de los Estados nación. En realidad, se configura un escenario objetivo y subjetivo de las incidencias de la migración de la fuerza de trabajo y la generación de valor (y plusvalor) a favor de los países desarrollados con incidencias en la ciudadanía, la movi­ lidad controlada y la precariedad, con aportes de Carl Ulrik Schierup, Alek­ sandra Ålund, Humberto Márquez Covarrubias, Raúl Delgado Wise, Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma L. y Óscar Pérez Veyna.

A la sazón, “Extractivismo, despojo y degradación ambiental”, en el tercer apartado, incita a sumergirse en las discusiones sobre las nuevas for­ mas de extracción de recursos naturales bajo nuevas técnicas productivas que aluden a conflictos socioambientales, bajo el lente de Henry Veltmeyer y Darcy Tetreault. El reconocimiento al componente tecnológico no tiene validez bajo la ausencia de la pertinencia social. El objetivo del trabajo de Édgar Záyago Lau, en el apartado final “Incidencia social de las tecnologías avanzadas”, va en ese sentido.

presentación

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El financiamiento de este libro ha sido posible gracias al apoyo de Pro­ grama de Mejoramiento del Profesorado (Promep) a través del proyecto “Integración de Redes Temáticas de Colaboración de Cuerpos Académicos” y de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Finalmente, se agradece a todos los miembros de la Red su apoyo, cono­ cimiento y esfuerzo para ver finiquitado, en este libro, su trabajo académico.

En especial a Darcy Tetreault y Humberto Márquez Covarrubias, quienes, además, ayudaron a coordinarlo.

多Hacia la sustentabilidad social?

Las antinomias del desarrollo social sustentable en la periferia Carlos Mallorquin*

Al abordarse la cuestión del desarrollo desde el ángulo exclusivo de la economía estándar […] sin que exista ninguna teoría que lo ligue al mundo físico (como tampoco, de forma generalmente reconocida, al mundo social) parece como si siempre se hablara del mismo fenómeno en todo tiempo y lugar Naredo (2006: 199-200).

Introducción

En la periferia, y especialmente en América Latina, estos tiempos no son “normales”. La discusión sobre el “desarrollo”, incluso en términos abstractos, requieren nuevos términos de referencia y aún más si se trata del “desarrollo social sustentable”. Esto puede deducirse de una breve descripción social de la región (Un bosquejo rudimentario) y la complejidad de las reformas ne­ cesarias para repensar la sustentabilidad social. La asimetría del poder y las consecuentes desigualdades que determinan la evolución de las relaciones sociales y sus condiciones de existencia en la región, han generado en cier­ tos sectores un sentimiento de “marginación” y de no “pertinencia”, multi­ plicando la discriminación y exclusión secular (cepal, 2007).

A esto le sigue un resumen de la discusión del vocabulario que dio forma a la manera en la que se pensó en la región el patrón de la evolución/de­ sarrollo (crecimiento, desarrollo y sustentabilidad social) en los últimos 50 años. Ello debe ayudarnos a confrontar los dilemas y las paradojas de nues­ tras decisiones una vez que hemos establecido que el mundo necesita más * Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Univer­ sidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México.

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desarrollo y no menos desarrollo, como se ha planteado entre algunos en cierta tradición de la economía ecológica, a partir del famoso reporte de 1972: The Limits to Growth.1 En primer lugar, el desarrollo incorpora y supera (Hegel) la noción tradicional de “crecimiento”, no obstante la importancia del mantener cierta tasa mínima de “crecimiento” anual de la “economía”, tanto en el Centro como en la Periferia, a sabiendas de que debemos esta­ blecer políticas de administración/control sobre la (necesaria) destrucción de algunos recursos renovables y no renovables para “sustentar” el desarrollo.

El desarrollo social sustentable supone una transformación y organización cualitativa muy especial de la economía cambiando las formas de posesión en separación de las unidades productivas entre sí. Es importante señalar que aquí se utiliza “sustentabilidad” y “sostenibilidad” como sinónimos.2 Por lo tanto, para la teoría latinoamericana del desarrollo, el “desarrollo social sustentable” no es un oxímoron como Naredo (1987 y 2006) nos quie­ re hacer creer, debido a que presume que la dirección y transformación cualitativa de la economía debe darse a través de una serie de mutaciones de las formas de posesión en separación de las unidades productivas entre sí, generando las asimetrías de poder que observamos entre las unidades productivas, sectores y ramas productivos; en otras palabras: la “heteroge­ neidad”. Esta perspectiva va más allá del mero “crecimiento” y transforma­ ciones “tecnológicas”; tiene que ver con los cambios sociales y políticos, una problemática de poder entre y dentro de las unidades productivas.

Una teoría del poder social no debe necesariamente privilegiar a nin­ gún costo la intensidad de la razón producto/capital. Esta perspectiva sostie­ ne que el discurso económico convencional o mainstream ha errado en sus explicaciones sobre los mecanismos de la distribución del ingreso, que es lo que necesita problematizarse. Una vez que aceptamos la existencia de un mundo heterogéneo, consecuencia de las asimetrías de poder, ya no puede asumirse la existencia de ningún mecanismo general para elucidar las condi­ ciones de existencia de las entidades involucradas; a su vez, las diversas y diferentes condiciones de existencia implican divergentes y específicas es­ trategias para transformar las asimetrías de poder en cuestión.

Un diagnóstico rudimentario

La especie humana es producto de sus pulsiones “agresivas”, característica que debe distinguirse del rol que la “violencia” ha jugado en la historia; la Sus autores fueron Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers.

Más adelante se verá radicalizar la propuesta de Gallopin (2003: 21), quien los distingue.

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las antinomias del desarrollo sustentable en la periferia

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mera agresión es simplemente una “respuesta del organismo” (Echeburúa, 2010: 34; Vera, 2010) durante su proceso de adaptación al medio ambiente.

La institucionalización u organización de nuestro comportamiento agresivo es de suma importancia para establecer estrategias de desarrollo social-sus­ tentables a largo plazo.

Por otra parte, los sucesos violentos, de naturaleza organizada o no, pueden a su vez caracterizarse como un fenómeno colectivo y/o comunitario (externo a familia, grupos, organizaciones, bandas) o de índole individual (suicidio). También podemos pensar la violencia en términos de sus víctimas (mujeres, niños, tercera edad) o del contexto en el que sucede: escuela, ho­ gar, trabajo, calles (Sanmartín, 2010).

El crimen organizado o la violencia estatal pueden ser considerados parte del fenómeno social-colectivo, convirtiéndose en un fenómeno polí­ tico: la guerra y/o los choques entre distintos sectores. Algunos argumenta­ rían que la “violencia” es parte y “producto del proceso de lucha por el poder” (Sosa, 2004: 10; Sosa, 2004b: 115; González, 2010).

En parte la violencia tiene motivos de lucro: bandas organizadas que ofrecen “protección” u organizaciones de tráfico de drogas que parecen un fenómeno que requiere planificación social, en contraste con la delincuen­ cia fortuita: asalto y robo. Pero tal vez estamos ante un cambio profundo del Estado y de su larga tradición sobre el monopolio de la violencia. La debili­ dad institucional del Estado en la periferia ya no es una tesis controversial.

En las dos últimas décadas el crimen y la violencia han proliferado en mu­ chas áreas y la mayoría de la “guerras” son un asunto interno y no entre naciones (Rojas, 2008: 8 y Sosa, 2004).

En el año 2000, 520 mil personas fueron “víctimas de homicidio”. En el Caribe la tasa se incrementa dramáticamente: “30 homicidios por cada 100 mil habitantes”, mientras que el promedio en América del Sur es de “26 y 22 América Central” (Rojas, 2008: 10). Si individualizamos los datos por país (véase cuadro 1), Colombia, con 68, alcanza el primer lugar; México registra (los datos no incluyen los homicidios del periodo reciente que con­ servativamente alcanza 50 mil muertes), 10.9 y Cuba 5.2 por cada 100 mil habitantes. Corresponda el fenómeno a una materia llamada de “seguridad interna” o a “un asunto de seguridad publica”, esos fenómenos no pueden más que impedir la institucionalización de la generación de las “capaci­ dades comunitarias” (Rojas, 2008: 12) y de sus relaciones sociales, bases del desarrollo social sustentable.

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Cuadro 1 Comparación internacional de tasas de homicidio

Economía Colombia El Salvador Rusia Brasil Venezuela Puerto Rico Ecuador Kazajstán Estonia Ucrania Letonia Moldavia Bielorrusia México Panamá Lituania Rep. de Kirguiz Nicaragua Estados Unidos Costa Rica Uruguay Cuba

Año

Tasa de homicidio (por 100,000 hab.)

2000 1999 2000 2000 2000 1999 2000 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 2000 2000 2000

68.0 37.0 28.4 27.1 26.2 17.4 16.8 16.4 13.9 13.1 12.5 11.9 11.4 10.9 9.8 9.3 8.0 6.7 6.1 6.1 5.5 5.2

Fuente: World Bank (2006) citado por Rojas (2008: 11).

En su mayor parte, la política gubernamental ha respondido con pro­ gramas para profesionalizar sus fuerzas militares y policiacas (Mesa, 2008), y en algunos casos con políticas que muestran cierta creatividad,3 pero en general confrontan la violencia con mayor violencia. La desigualdad y la pobreza parecen estar relacionados pero no de manera lineal con la expan­ sión y el creciente ambiente violento.

El incremento de la tasa de criminalidad es producto a su vez de algunas fuerzas propiciatorias que deben tomarse en cuenta, como el consumo de 3 En Río de Janeiro, Brasil, las autoridades municipales, en algunas “favelas” (Viva Río) en­ cuentran un intercambio favorable en la reducción de muertes por armas de fuego, permitiendo ciertos tipos de tráfico de droga si se realizan sin la portación de armas de fuego (Fernandes, 2008). Por otra parte, hoy existen comunidades cuyos habitantes han recuperado las funciones policiales de sus ciudades, haciendo a un lado a las fuerzas del “orden” estatal; véanse los re­ cientes acontecimientos en el estado de Guerrero, México.

Colombia El Salvador Venezuela Brasil Guatemala Paraguay Ecuador Nicaragua Panamá México

País

79.7 45.6 34.5 31.7 24.0 20.7 16.2 15.1 13.5 11.4

Tasa

Venezuela Ecuador Paraguay Honduras Nicaragua Guatemala Bolivia Argentina R. Dominicana Panamá

País 2.0 2.1 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 3.0 3.2

Índice

Índice de corrupción Percibida (2007)

Bolivia Brasil Honduras Colombia Nicaragua R. Dominicana Panamá Guatemala Paraguay Ecuador

País

Índice de Ginib

0.614 0.602 0.587 0.584 0.579 0.578 0.548 0.543 0.536 0.526

Índice Honduras Nicaragua Bolivia Paraguay Guatemala El Salvador Colombia Perú R. Dominicana Ecuador

País 71.5 69.4 [63.0] [60.5] 60.2 [47.5] [46.8] 44.5 44.5 39.9

%

Porcentaje de pobreza (2006)

Venezuela Uruguay Argentina Chile Brasil México Panamá Perú Colombia R. Dominicana

País 94 92 90 88 85 77 73 73 73 68

%

Porcentaje de población urbana (2007)

R. Dominicana Colombia Uruguay Argentina Panamá Ecuador Brasil Venezuela Paraguay Perú

País

16.2 13.0 11.4 10.7 10.4 10.1 10.0 10.0 8.6 8.5

Tasa

Tasa de desempleo urbanoc (2006)

R.Dominicana Uruguay Colombia Argentina Panamá Brasil Ecuador Chile Venezuela Costa Rica

País

36.0 29.3 25.3 23.6 23.4 21.0 (20.5) 19.7 18.0 15.3

Tasa

Tasa de desempleo juvenil-urbanod 2006

Las cifras dentro de [ ] corresponden a datos de 2005; y los datos dentro de ( ) corresponden a 2004. a Honduras y Bolivia no fueron considerados debido a la ausencia de datos de ambos países sobre homicidios. b Datos de la Cepal basados en encuestas nacionales. Las cifras corresponden al año más reciente en que se realizó la encuesta, por lo que son diferentes entre los países. c Tomados de la oit. No hay información homogénea; los datos se presentan para dibujar una imagen del desempleo urbano, pero no son comparables entre sí. El territorio abarcado varía; en algunos países se trata de una o varias áreas metropolitanas; en otros las cifras corresponden a una total nacional urbano y en otros más al total nacional. d Tomados de la oit. No hay información homogénea; los datos se presentan para dibujar una imagen del desempleo juvenil urbano, pero no son compa­ rables entre sí. Los grupos de edad considerados son diferentes entre sí en un rango de 15 a 24 años. El territorio abarcado varía; en algunos países se trata de una o varias áreas urbanas y en otros las cifras corresponden a un total nacional.

Fuente: Rojas (2008: 15).

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Ranking

Tasa de homicidios (100 mil hab.)a 2000-2004)

Tabla 2 Indicadores comparados de América Latina

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alcohol y drogas, que conforman la dialéctica de la inequidad, altas tasas de urbanización, “de desempleo” y “corrupción” (Rojas, 2008: 14), pero particularmente el “desempleo” juvenil.

Si tomamos en cuenta estos criterios y las fuerzas propiciatorias, Colom­ bia tiene la mayor tasa de homicidios y México, hasta recientemente, el déci­ mo lugar. Comparativamente, a medida que se incrementa la desigualdad y el desempleo, mayor es el número de homicidios, aspectos del medio am­ biente que son amplificados por la impunidad y el acceso desigual a la justicia, que a su vez explica la “inseguridad” que la mayoría de habitantes percibe en las ciudades de la región (Pascual, 2004 y Kruijt, 2008) (véase cuadro 2).

Parte de la característica “violenta” del medio ambiente tiene que ver con el creciente tráfico de “armas livianas”; 75 por ciento porciento de di­ chas armas no están controladas por el Estado (Rojas 2008, 16). La muerte debido a estas armas coloca a Colombia en el primer lugar, a Brasil en el quinto y a Estados Unidos en el décimo tercero (véase cuadro 3).

Cuadro 3 Países con las mayores tasas registradas de muertes por arma de fuego en el mundo* (Por 100,000 habitantes) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B Colombia Venezuela Sudáfrica El Salvador Brasil Puerto Rico Jamaica Guatemala Honduras Uruguay Ecuador Argentina Estados Unidos

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2002 2000 2002 2001 2002 2001 1997 2000 1999 2000 2000 2001 2001

22,827 5,689 11,709 1.64 38,088 734 450 2,109 1,677 104 1,321 371 29,753

55.7 34.3 26.8 25.8 21.72 19.72 18.6 18.5 16.2 13.91 13.39 11.49 10.27

51.8 22.15 26.1 25.3 19.54 17.36 18.2 16.2 3.11 10.73 3.34 3.98

1.16 0.78 1.17 0.37 7.18 0.77 2.88 5.92

0.42 0.18 0.49 3.53 0.25 0.64 0.28

10.57 1.22 0.1 0.09 1.63 3.63 0.08

86 67 54 71 64 91 58 63 68 70 64

93 95 97 98 97 91 98 22 80 38 38

A: Ranking; B: País; C: Año; D: Total muertes por arma de fuego (mínimo); E: Tasa total de muertes por arma de fuego (mínimo); F: Tasa de homicidios por arma de fuego; G: Tasa de suicido por arma de fuego; H: Tasa de muertes accidentales; I: Tasa de muertes no determinadas por arma de fuego; J: Porcen­ taje de homicidios por arma de fuego; K: Porcentaje de muertes por arma de fuego que no son homicidios. * Tasa de muerte por arma de fuego considerando 112 países.

Fuente: Rojas (2008: 18).

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A su vez, el tráfico de drogas y actividades relacionadas intensifican esta tendencia. Por ejemplo, los ciudadanos deportados por Estados Unidos ha­ cia América Central y el Caribe de hecho recibieron su “entrenamiento” y “profesionalización” en las calles y cárceles del “coloso del Norte” (Martí), convirtiéndose en la fuente más importante de la mano de obra de las orga­ nizaciones ilícitas dirigidas por las bandas de drogas (Kruijt, 2008: 66 y Aguilera, 2008).

Algunos gobiernos han aceptados que han perdido el control de ciertas áreas geográficas que se encuentran bajo las órdenes de las bandas organi­ zadas del crimen. Las drogas generan una ganancia extraordinaria. El mer­ cado es transnacional y el Fondo Monetario Internacional ha calculado que su “comercio” involucra entre 500 mil y 1.5 millones de millones de dólares; y, sin embargo, no existe regulación intergubernamental o contro­ les entre distintas naciones (Mesa, 2008: 100). El crimen organizado tiene sofisticadas metas a corto y largo plazos, se trata de un “crimen transna­ cional” (Rojas, 2008: 28) y desafía las fronteras tradicionales y las soberanías nacionales.

Por otra parte, más de 50 por ciento de los secuestros suceden en México y Colombia. La violencia colectiva implica altos costos para los Estados de la región; se ha calculado por el Banco Mundial que, en 2006, ocupa alrede­ dor de 3 a 5 por ciento del pib; 3.6 por ciento Costa Rica, 3.7 por ciento Jamaica; Ecuador 7 por ciento, gran parte dedicada a las “actividades de represión”, y no de “prevención” o control. La sorprendente parte de la narrativa sobre la región “pacificada” es que hay más muertes de personas por medio de las “armas livianas” que cuando existieron “insurrecciones armadas” en la región (De León-Escribano, 2008: 88).

Las bandas juveniles tienen una notoria presencia en América Central —no solamente las “Maras” (Vázquez, 2010)— y la violencia/confrontación se ha convertido en una de las fuentes por medio de las cuales se construye su identidad (Pirker, 2004 y Peralta, 2008): sus luchas y constantes enfrenta­ mientos entre sí y contra la “sociedad” generan el imaginario de algún tipo de pertinencia colectiva e inserción social para contrarrestar su “margina­ ción” cultural y económica.4 Desafían el control de ciertos lindes geográficos y zonas en muchas ciudades en América Latina donde domina el desempleo y la naturaleza informal del empleo.

El otro aspecto del medio ambiente social que obstaculiza profunda­ mente una estrategia de desarrollo social sustentable es la “violencia” siste­ 4 Se podría utilizar aquí ciertas ideas de E. Laclau (1985 y 1990) sobre la función del “anta­ gonismo” para comprender la lógica en cuestión.

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mática contra la mujer. El “hogar” se ha convertido en un lugar muy peli­ groso para mujeres, hijos y adolescentes (De León-Escribano, 2008), aunque estos últimos tienen, momentáneamente, la posibilidad de llegar a la calle.

La “invisibilidad” de la mujer y de los niños forma parte de la estructura institucional del Estado (De León-Escribano, 2008; Lagarde y De Los Ríos, 2010, Lorente, 2010). En algunos lugares, como la Ciudad de México, se han creado ad hoc facultades y leyes para institucionalizar su defensa (La­ garde y De Los Ríos, 2010 y Monárrez, 2010). Para Mayra Buvinic, su análisis de Guatemala demuestra que la “desigualdad está altamente correlacionada con la violencia” (Buvinic, 2008: 41) en el hogar. La violencia doméstica (contra mujeres y niños) también impide cualquier proyecto de desarrollo y genera altos costos para su control y “administración” a fin de proteger a sus víctimas. Costos directos de curación y protección, así como costos “indirec­ tos” acrecientan los aspectos emocionales negativos, ampliando la margina­ ción de ciertos individuos y las sinergias necesarias para promover una po­ lítica de desarrollo social sustentable.

Si bien Kruijt no encuentra una correlación simple entre la “pobreza” y el “contexto en el cual es generada” (Kruijt, 2008: 58), el creciente sector “informal” de la población trabajadora que se concentra en las ciudades se ha convertido en el núcleo donde sucede la violencia urbana. Las “zonas grises” entre el aspecto “formal” y el “informal” de la economía se han en­ sanchado y la justicia tiene un espacio ambiguo en la medida que alcanza­ mos las zonas informales de las demarcaciones urbanas, y por ende la inse­ guridad mencionada previamente.

Por lo tanto, las percepciones y sentimiento ciudadano de no pertene­ cer, su “marginación” del proceso de la organización cotidiana de la ciudad, forma parte del horizonte político de la urbe. La discriminación reina con la ausencia de expectativas solidarias entre vecinos (Székely, 2006). Este fe­ nómeno se refleja en la baja tolerancia del “otro” por ciertos sectores socia­ les y en su mínima actitud participativa o en metas comunes, que es produc­ to de una perspectiva cultural “individualizada” (cepal, 2007).

Además, en las últimas dos décadas el “crecimiento” en América Latina promedia 3 por ciento anual; y no ha habido ningún cambio profundo en las tendencias de la distribución del ingreso (cepal, 2010 y Bulmer-Thomas, 2003). La región presenta amplias disparidades de ingreso entre diversos sectores sociales, que no se han modificado. Igualmente, la región presenta para el mismo periodo una intensa concentración espacial poblacional con ciertas actividades económicas, multiplicadas por “disparidades” territoria­ les (pib per cápita territorial), en contraste con la evolución de los países de la ocde.

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Casi 88 por ciento de la población en la Amazonia y en los territorios andinos presenta graves déficits en recursos básicos: materiales de construc­ ción, acceso al agua potable, ausencia de factores educativos; en México y América Central, estas disparidades geográficas y de ingreso son notables en zonas ocupadas por las poblaciones indígenas (cepal, 2010: 138). Las de­ sigualdades y disparidades son reproducidas a su vez dentro de las ciudades y sus periferias, casi en toda la región latinoamericana.

Crecimiento, desarrollo y sustentabilidad social

“En el inicio fue el verbo”. Para enero 20 de 1949, los países de la región fueron ubicados entre las “áreas subdesarrolladas” por el discurso inaugural del recientemente electo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman (Truman, 1949).5 Además prometió ayudar a aquellas naciones “subdesarro­ lladas” que defendían la “libertad”.

Unos meses después, en el mismo año, apareció el reporte presentado por Raúl Prebisch (1949) a la Comisión Económica para América Latina (cepal) titulado: El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. Inmediatamente alcanza el lugar de un clásico de la li­ teratura sobre la situación latinoamericana o de la periferia y las alternativas para lograr su “desarrollo” y “crecimiento”6 versus las del “centro”. Aunque la cepal fue perseguida y obstruida antes y después de su creación en 1947 por el gobierno estadounidense, la institución de las Naciones Unidas fue finalmente instalada en 1951, después de un periodo de prueba de tres años (Cfr. Mallorquín, 2012).

Por lo tanto, el “desarrollo” es una construcción teórica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, el discurso económico y sociológico eurocéntrico o anglosajón dominaba la región: discurso teleológico por excelencia, las referencias hacia las “áreas atrasa­ das” se explicaban en términos de la necesaria evolución que tomarían a imagen y semejanza de las economías del Centro, como un “futuro anterior” para utilizar una expresión de L. Althusser.7 5 “De la noche a la mañana, 2 mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas.

En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, para convertirse en un especjo invertido de otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos homogeneizantes de una pequeña minoría” (Esteva G., citado por Naredo, 2006: 193).

6 Sintomáticamente, Prebisch no utilizó el término “subdesarrollo” hasta la década de 1970.

7 Luis Althusser (1969) insiste en que el pasado no debe leerse en términos del presente, un “futuro anterior”; por ejemplo el Capital, de Marx, es un producto teórico que supera y repudia sus años “hegelianos”.

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Además, Arndt (1981) ha demostrado que la noción de “desarrollo eco­ nómico” para esas áreas lo veía como un proceso de “apertura” y “explota­ ción” de los “recursos naturales”. Esas nociones difícilmente pueden hacerse congruentes con aspectos explícitos sobre “el bienestar de la población” y el “crecimiento per cápita” generados en las décadas de 1930 y 1940 colateral­ mente a la construcción de las cuentas de ingreso nacionales y los modelos macroeconómicos keynesianos (Danby, 2012). Como han insistido Heilbro­ ner (1964), Love (1980) y Arndt (1987),8 previo a la Segunda Guerra Mun­ dial poco se escribía sobre las “áreas atrasadas” que no fuera señalando las supuestas “etapas” superadas por las economías “industriales”.

La cepal, en la década de 1950, bajo el liderazgo de Raúl Prebisch, logró concentrar entre sus funcionarios algunos de los teóricos más sobresalientes de la región sobre la problemática del “desarrollo” y el “crecimiento”. Cues­ tionaron la antigua tradición del papel de la periferia como productores de bienes primarios, insistiendo en la transformación de su economía por me­ dio de una serie de “reformas estructurales”: entre ellas, “reforma agraria”, “reforma fiscal”, “industrialización de ciertos sectores” e “integración” de la región.

El proyecto de transformación político-social, articulado a cierta muta­ ción estructural, y, por lo tanto, la industrialización, no es meramente el resultado del deterioro de los términos de intercambio que sufre la periferia en su intercambio con los países del centro; forma parte de la estrategia para abrir espacios políticos a nuevas fuerzas sociales a fin de reducir la preemi­ nencia del poder oligárquico latifundista en la mayoría de los países latino­ americanos. Por lo mismo, el argumento a favor de la industrialización no surge de la banalidad de que la industria es mucho más “productiva” que la producción agraria, como podría deducirse del argumento del rumano Mihael Manoilescu y la importancia de la intervención estatal en la eco­ nomía. La explicación de Prebisch sobre el mecanismo del intercambio que genera el deterioro secular de los términos de intercambio demuestra en última instancia que se trata de las asimetrías de poder entre las economías en cuestión (centro y periferia) y que había que transformarlas.

Mientras tanto, en América Latina, bajo la “protección” de la cepal, teóricos como Celso Furtado, entre otros,9 deconstruyeron el discurso econó­ mico y sociológico anglosajón en general, primero cuestionando su validez para las “áreas” llamadas “subdesarrolladas”, y en segundo lugar, una vez es­ tablecida la concepción estructuralista de la economía latinoamericana, Cfr. Mallorquín, 1998.

Cfr. Mallorquín, 2005.

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condenando la mayoría del vocabulario de economía como impertinente, incluso para las economías “desarrolladas”, y especialmente la llamada “sín­ tesis keynesiana” que domesticaba los aspectos teóricos más interesantes de Keynes.

Durante el proceso de reconstrucción teórica entre 1950 y 1970, el discurso latinoamericano sobre el desarrollo tuvo que confrontar la paradoja de rela­ tivamente altas tasas de crecimiento, impulsadas por políticas de desarrollo “hacia adentro”10 —inéditas hasta el día de hoy—, sin una correspondiente reducción de las desigualdades de ingresos sectoriales y/o geográficas (las famosas brechas). Por lo tanto, el supuesto de que los aspectos “heterogé­ neos” de la economía/país desaparecerían se convirtió en la base para re­ pensar su siempre y nunca acabada presencia relativa. Esencialmente, la problemática de la heterogeneidad demuestra que es consecuencia de la asi­ metría de poder entre las unidades productivas: regiones y naciones.

No se trataba de un problema “tecnológico” o de déficits en la industria­ lización, ni particularmente una característica de las economías “subde­ sarrolladas”. Su presencia nunca acabada, tanto en la periferia como en el centro, es producto de las divergentes/conflictivas, “formas de posesión en separación” —para utilizar un término de Bettelheim (1975)—, por parte de las unidades productivas de algunas de sus condiciones de existencia: la manera en la que ciertas unidades de producción “poseen” algunas de las condiciones de existencia de otras unidades y las diversas formas en los que la “mano de obra” también está separada de algunas de sus condiciones de existencia.

Por lo tanto, “el (los) mercado” (s) es (son) una serie de unidades produc­ tivas entre sí, cuyos mecanismos de “posesión en separación” institucionali­ zados dan organización a cierto tipo de articulación entre unidades produc­ tivas y mano de obra, formas de “posesión en separación” que deben ser transformadas por medios políticos y legales.11 El rol complementario o la supuesta “interdependencia” entre las unidades productivas y las entidades financieras, y los “hogares”, supuesto como un evento automático por la economía convencional, exige una explicación.

Como resultado, el pensamiento latinoamericano inició diferenciando el “crecimiento” del “desarrollo”,12 lo cual suponía transformar la manera 10 En contraste con políticas “hacia afuera” o de orientación exportadora de bienes prima­ rios antes de la Segunda Guerra Mundial.

11 Aquí podemos hacer uso de la noción de “empotramiento” (“embeddedness”) de Polanyi y del vocabulario de los institucionalistas en la década de 1920, Commons, Veblen y Ayres. Cfr. Mallorquin, 2006.

12 Singer argumenta: “El problema de los países subdesarrollados no es solamente el creci­ miento, sino de desarrollo. El desarrollo es crecimiento más cambio; el cambio, a su vez, es social

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en la que las unidades productivas y la mano de obra se articulaban entre sí, ampliando el radio de acción de la “economía” vía la incorporación de una mayor proporción de la fuerza de trabajo.

Las divergentes condiciones de existencia de las unidades de produc­ ción en algunos casos obstaculizan o mejoran las diferentes estrategias para imponer/defender ciertos precios en ciertos sectores o ramas productivas: la asimetría de poder entre las unidades productivas, regiones, y las naciones hacen posible la heterogeneidad. Quedaba claro que el desarrollo suponía un proceso —político— complejo que va más allá de impulsar la razón pro­ ducto/capital.

El otro aspecto de la promoción del “desarrollo” es la naturaleza de la políticas —“inclusión/exclusión— para reducir las diferencia o distancias (“brechas”) dentro y entre sectores laborales. La misma amplificación del radio de acción de la mano de obra dentro y entre distintos sectores y ramas productivas y unidades productivas es considerada tan importante como incrementar la tasa salarial. Transformar el horizonte agrario, dominado por diversas relaciones sociales de “dependencia” entre distintas formas de retribución o “salariales” formó parte de la perspectiva de la reforma, destru­ yendo las formas asimétricas de poder entre los llamados “latifundios” y los “minifundios”, o sea, las circundantes mini-posesiones de tierra que servían de sustento a la “mano de obra” requerida por los terratenientes durante diversos periodos del año.

El desarrollo ya no se considera como aquel proceso mediante el cual se “alcanzaría” a los países “desarrollados” reproduciendo sus patrones de tra­ bajo en la periferia a su imagen y semejanza: se convirtió en un objetivo político para nivelar las condiciones entre distintas economías, regiones, sectores, empoderando y democratizando el proceso de toma de decisio­ nes, privadas y públicas.

El discurso económico, especialmente en los países anglosajones,13 pre­ senta la problemática del “crecimiento” y “desarrollo” en términos de una y cultural a la vez que económico y también cualitativo, como cuantitativo […] El concepto clave debe ser el mejoramiento cualitativo de la vida de las personas”, citado por Arndt, 1987: 89.

13 No creemos que la evaluación elaborada sobre la disciplina de la “economía” por parte de los estructuralistas latinoamericanos forme parte de la crítica que Naredo ha realizado al pensamiento económico en general; gran parte de su arsenal se dirige contra la visión anglosajona: “El variado mosaico que habían ofrecido las sociedades humanas se reducía ahora [después de la Segunda Guerra Mundial] drásticamente a enjuiciarlo dentro del binomio desarrollo/subdesarrollo, valorando positivamente todo lo relacionado con aquél y negativamente todo lo vinculado a éste, o condenando sin apelación lo tradicional y venerando en bloque lo moderno. Los países del Tercer Mundo se definieron así negativamente, por contraposición a la modernidad y el desarrollo de las metrópolis, incluyéndolos en la categoría homogénea de

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supuesta evolución dada en dichas naciones a partir de la “revolución indus­ trial”. Para la década de 1970, Furtado (1974), el desarrollista por excelencia, discutiendo el libro de Meadows et al. (1972), ya hablaba sobre el “mito del desarrollo”, en el sentido de que la industrialización por medio de un pro­ ceso de capital intensivo y una política altamente concentradora del ingreso, fomentada por el régimen militar brasileño (“el milagro brasileño”), no podía ser considerado como “desarrollo”. Esto explica la importancia de las “transformaciones estructurales” para los estructuralistas latinoamericanos y las reformas en los varios ámbitos previamente señalados, que a su vez iluminan los espacios donde se dan las confrontaciones políticas sobre esos temas con la corriente “dependentista” (véase Kay, 1989).

En sus prolongadas batallas teórico-políticas durante las décadas de 1950 y 1960 con los discursos hegemónicos anglosajones, así como con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no tomaron en cuenta la pro­ blemática del “medio ambiente” ni ciertos aspectos negativos del desarrollo en términos “ecológicos”. Y, sin embargo, son precisamente las características desarrolladas sobre el ámbito “económico” y sus relaciones sociales lo que hace fácil su incorporación a la problemática “ambientalista”, ampliando las críticas ya realizadas al discurso neoclásico convencional a partir de cier­ tas ló­gicas ecológicas o sobre el medio ambiente.

Los estructuralistas comparten la crítica de Naredo contra la noción del sistema económico y del “equilibrio”, pero llegan a él por un sendero teórico distinto: teorizando las asimetrías del poder. Para Naredo la idea del “equi­ librio” en la ciencia económica aparece como producto de fuerzas contra­ puestas que nos remite a la analogía respecto a la mecánica clásica: Si, como se postula en el “modelo” de Walras, o en la versión simplificada del mismo presentada por Cassel antes expuesta, las disponibilidades de cier­ tos factores o productos vienen prefijadas de antemano, sus precios de equi­ librio aparecen inequívocamente determinados al aplicar el isomorfismo de la palanca con la condición indicada de que en el equilibrio han de deman­ darse todas las cantidades disponibles, evitando que los factores o productos que no cumplan esta condición puedan influir en el modelo al asignarles países atrasados o subdesarrollados. Y lo más curioso es que la población de estos países —com­ prendida la generalidad de intelectuales y políticos— asumió en lo esencial estos planteamientos mediatizados por las metrópolis, presentando una situación en extremo paradójica: todo el mundo dice perseguir la independencia nacional y todo el mundo propone, como medio, emprender una modernización y un desarrollo que se definen más o menos explícitamente con arreglo a las tecnologías y las pautas de consumo y de comportamiento propias de las me­ trópolis. Mimetismo éste que refleja la profunda dependencia ideológica operada a través de las categorías de la ciencia económica” (Naredo, 1987: 356-357).

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automáticamente un precio nulo, atribuyéndoles la condición de “bienes libres” que quedan fuera del campo de lo económico. Pues conocidas estas cantidades (fuerzas), los precios (brazos de la palanca) han de fijarse de forma que cumplan la condición de equilibrio que exige la ley de conserva­ ción del valor (o de conservación del impulso que, en el caso del equilibrio de la palanca, exige que se anulen los momentos de las fuerzas que actúan sobre ella).

El problema se reduce, como hemos indicado, a un simple ajuste de precios y cantidades que encuentran solución sin recurrir a otros factores dentro del marco mecanicista indicado, apareciendo descartada ab initio la posibilidad de que en las soluciones de equilibrio ofrecidas por el modelo aparezca un subempleo de recursos motivado por una insuficiencia de la demanda efectiva, como más tarde postulará Keynes. “La noción de produc­ ción posfisiocrática, establecida por los economistas clásicos y neoclásicos, se asienta sobre un enfoque mecanicista de los procesos físicos en el que buscó originariamente su coherencia. […], el paralelismo entre Newton y Walras […] tiene un sentido que va más allá de la simple metáfora literaria: la coherencia del sistema establecido por Walras en el campo de lo económico —limitado a ese universo autosuficiente y equilibrado de los valores de cam­ bio— dependía de que Newton hubiera descubierto de verdad el sistema del mundo físico” (Naredo, 1987: 319, 283).14 Para los estructuralistas latinoamericanos, la negación del principio del “equilibrio”, y el reconocimiento de ciertas estabilidades de la “economía”, solamente pueden explicarse como un fenómeno contingente, producto de ciertos acuerdos entre divergentes poderes y acuerdos institucionales consa­ grados entre las unidades productivas, apoyadas en estructuras financieras.15 Por lo tanto, los agentes y las unidades productivas no tienen ninguna forma de cálculo general o universal: en un universo económico heterogéneo y asimétrico, las estrategias de inversión en ciertas tecnologías implica una deliberación sobre la problemática del “tiempo”, a corto y largo plazos. El agente se concibe condicionado —pero no determinado— históricamente, articulado de manera contingente a ciertas relaciones sociales, no como el universal homo economicus racional del discurso económico del “mains­ tream”, tal vez cercano a la concepción de la “racionalidad acotada” (bounded rationality) que algunos institucionalistas han recuperado recientemente.

Se deriva de allí una necesaria ausencia de “unidad” específica entre ciertas relaciones sociales y las fuerzas productivas. El estructuralismo otorga Véase también Mirowski, 1989.

Véase también Di Filippo, 2009.

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una importancia crucial al rol del Estado o a la participación pública en la organización y administración y en el establecimiento de las reglas de inver­ sión, o para reconstruir el proceso de “circulación”, geográfico o mercantil, así como los puentes entre los diferentes sectores productivos y zonas geográ­ficas. El estructuralismo ofrece premisas interesantes para resolver o confrontar la división natural/institucional que ha sido fuente de mu­ cho debate sobre las estrategias sustentables o no de desarrollo, pasadas y presentes.

La concepción de los mecanismos sociales para la toma de decisiones, los “centros de decisión”, son vitales para pensar la planificación de la inver­ sión, así como los mecanismos de asignación de los recursos, perspectiva que tiene una peculiar similitud con el “institucionalismo político” de Kapp (Berger y Esner, 2007: 534). Comparte igualmente la idea de la “causalidad circular acumulativa circular” y “sistema” y por tanto, ciertas afinidades con Kapp: “el concepto formal de sistema adquiere sentido y contenido única­ mente haciendo explícito las características selectas de modos específicos de asociación” (K. Kapp citado por Berger y Elsner, 2007: 533). Esta perspec­ tiva, en contraste con otros tipos del “enfoque de sistema abierto”, va más allá de la mera utilización de la metáfora del sistema automático de retro­ alimentación entre y dentro de los “límites”.

Por ejemplo, Gallopin acepta que todos los “seres vivientes” sufren mu­ taciones, pero debe cuidarse de que el proceso no destruya las “fuentes de renovación” (Gallopin, 2003: 21). Igualmente, supone posible el desarrollo sustentable si tomamos en consideración las necesidades a corto y largo pla­ zos sin “comprometer la capacidad de las generaciones futuras” (Gallopin, 2003: 23). Y si bien intenta distanciarse de las tradiciones “eco-céntricas” introduciendo en su modelo del “enfoque de sistema”16 algo que llama lo “social”, la idea de “sistemas abiertos” y el “medio ambiente”, insumos/pro­ ductos, subsistemas o “elementos” (Gallopin, 2003: 9), pueden elaborarse en términos abstractos e independientemente de la materia en cuestión, lo cual deja fuera precisamente la discusión sobre la lógica y dirección que toman los agentes, así como los insumos/productos, es decir, “las decisiones políticas”.

Gallopin hace una distinción entre “desarrollo sostenible” y “sosteni­ bilidad”: el concepto de desarrollo sostenible es muy distinto del de soste­ nibilidad en el sentido de que la palabra “desarrollo” apunta claramente a la idea de cambio, cambio gradual y direccional. Como se verá más adelante, el desarrollo no significa necesariamente crecimiento cuantitativo, ya que se Véase gráfico 8 en Gallopin, 2003: 28.

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asemeja más bien al concepto de despliegue cualitativo de potencialidades de complejidad creciente (que puede o no incluir o requerir crecimiento cuantitativo) (Gallopin, 2003: 22).

Pero la diferenciación es improcedente si tomamos en serio la noción de “desarrollo”: de hecho, su argumento central tiene que ver con cambios, transformaciones y una dirección cualitativa, que presupone la “sostenibi­ lidad”. Por su parte, el “institucionalismo político-económico” (Berger y Elsner, 2007: 533) o la perspectiva estructuralista plantea desde un inicio las cuestiones en términos políticos y la forma en que la deben materializarse la asignación de los recursos, privados o públicos o de los “comunes”, como gustan algunos siguiendo a Elinor Ostrom.

Apropiadamente, Berger y Elsner dicen (2007: 535): la elaboración de la política debe tener presente que, debido a que el sistema está en movi­ miento, los coeficientes de las interrelaciones entre las varias condiciones bajo una causalidad circular no son conocidas con precisión debido a la inercia, rezagos temporales en algunos periodos y áreas, incluso una ausen­ cia de respuestas del sistema ante los cambios (Myrdal, 1968: 1870-1878).

Por tanto, el que la elabora debe estar consciente del complejo factor del tiempo, porque los efectos sobre las diferentes variables del sistema pueden ser muy diferentes durante el transcurso del tiempo (también e.g. Myrdal 1957: 19).

Al igual que la proliferación de los discursos sobre el desarrollo/creci­ miento en la década de 1970, la propagación de los discursos sobre el desa­ rrollo sustentable no se quedó corta durante las dos últimas décadas. No podemos dudar de la importancia de las críticas a las limitaciones de los enfoques eco-céntricos o de la “economía ecológica” sobre el desarrollo sustentable, ya sea desde la tradición marxista (Foladori y Pierri, 2005) o, más general cuasi “termodinámica”, por parte de Naredo (1987 y 2006): a decir de Naredo, el devastado globo terráqueo, resultado de una serie de lógicas productivas industriales, se ha convertido en una “gran mina” (Na­ redo, 2006: 53).

Estos enfoques presentan, como el de Gallopin, dificultades similares para establecer ciertas pautas para la elaboración de estrategias específicas en la periferia: el “capitalismo” (en Naredo, “la ideología en el pensamiento económico”) opera como un bloque de posiciones unificado, con su propio régimen y leyes de movimiento cuyas condiciones de existencia están prede­ terminadas, prácticamente sin historicidad. La “lucha de clases” ocupa el rol de guía del mecanismo de trasformación (en Naredo, deconstrucción de las categorías del pensamiento económico, los oxímoron imperturbables de

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la economía convencional), sin las consideraciones históricas y geográficas específicas, borrando la heterogeneidad de los “espacios” económicos/geo­ gráficos/territoriales, y no sólo en la “periferia”.

En última instancia, más allá de haber establecido una serie de contra­ dicciones sobre las que el discurso económico evoluciona, eludiendo la pro­ blemática sobre lo que constituye “crecimiento” sin reponer los recursos destruidos o el “stock” (Naredo, 1987 y 2006), no existe una perspectiva “arquimédica” o privilegiada desde la cual podamos predeterminar las es­ trategias políticas del desarrollo social sustentable sin discutir previamente las relaciones de poder y las alternativas de los agentes presupuestos por sus imaginarios sociales.

Además, si consideramos la problemática mencionada anteriormente sobre el “factor complejo del tiempo”, el estructuralismo latinoamericano no podría haberlo dicho mejor: Brevemente, una vez que se acepta plenamente el carácter abierto de los sistemas económicos, la formulación de las metas sociales y objetivos y el problema de las elecciones colectivas ya no se pueden evitar. Tales objetivos y elecciones respecto el estadio de la dinámica ecológica sostenible y la sostenibilidad del balance económico y el mejoramiento de las condiciones de existencia sociales e individuales (calidad de vida) debe convertirse en el punto de partida normativo de la ciencia económica (Berger y Elsner, 2007: 534).

No se trata sencillamente de que la utilización metafórica del “enfoque de sistemas” para explicar los intercambios dentro y entre distintos ámbitos pueda volverse ambigua, o teóricamente imprecisa; el problema es que a veces el vocabulario sistémico evapora la posibilidad de hablar sobre las condiciones políticas; las asimetrías de poder entre distintas “poblaciones” y localidades/territorios, evadiendo el vocabulario difícil e inclemente que guía nuestras decisiones. Pero el debate/reflexión sobre la confrontación política es parte necesaria del proceso cuando deben tomarse decisiones; va incluso más allá de la pertinencia o no de optar por evaluaciones de tipo “multicriterial” (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2001: 241)17 o “plurales” (Naredo, 2006: 151).18 17 “Para la economía ecológica, la multiplicidad de posibles soluciones no es un defecto del método sino más bien lo contrario: entre economía y ecología son frecuentes los conflictos y ninguna técnica sustituye el debate social sobre el tema” (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2001: 272).

18 “Para ello hay que relativizar la lógica unidimensionalmente monetaria que subyace tras la aplicación usual del cálculo coste-beneficio —y los óptimos que comporta— abriendo la

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El estructuralismo latinoamericano ofrece una imagen de lo económico/ social como una articulación contingente entre diversos agentes y unidades de producción, y al igual que el marxismo intenta confrontar y superar las asimetrías de poder entre las unidades en cuestión, deconstruyendo y trans­ formando las reglas o “pautas de trabajo” (J. R. Commons), o sea, las insti­ tuciones que gobiernan las prácticas de los agentes y cuyas condiciones de existencia no son generales, ni universales. Originalmente desarrolló su perspectiva desde el Estado como el epicentro de las transformaciones; hoy debe repensar y recuperar las estrategias y reformas desde “abajo hacia arri­ ba”, incorporando los movimientos sociales de base y la participación ciuda­ dana (Veltmeyer y O’Malley, 2003).

Como se ha dicho antes, la perspectiva cuestiona la noción de “equili­ brio” y asume que los precios son generados por una serie de cálculos y prácticas contables. No tiene dificultad alguna en aceptar con Martínez Alier y Roca Jusmet (2001) y Naredo (1987) que los criterios de la inversión y “costos” son solamente convenciones para tomar decisiones y hacerlas conmensurables y comparables entre sí: las unidades contables, y sus “agre­ gados monetarios” (Naredo), no representan nada “verdadero”, “utilida­ des” o “valores” (de trabajo, naturaleza, u otros). El estructuralismo evade la discusión “metafísica” (Prebisch) sobre la esencia de precios y/o valores: los precios son producto de una serie de prácticas contables. La perspectiva estructuralista latinoamericana niega la existencia de una necesaria articula­ ción o unidad entre ciertas específicas relaciones sociales y las fuerzas de producción, y por lo tanto sobre la manera adecuada o no de organizar el proceso de trabajo. Procesos de innovación y reconversión tecnológica son factores variables de la evolución histórica y de la capacidad adaptativa de los agentes.

Igualmente, considera que no existen “necesidades básicas” en general, a partir de las cuales puedan diseñarse estrategias de mantenimiento del desarrollo social sustentable. Con ello no se niega la importancia de conocer los kilo-calorías requeridos para el consumo (de energía endosomática) de las personas y comunidades para su reproducción, ni tampoco la que se refiere reflexión a una pluralidad de enfoques y dimensiones, que obligadamente abre también el razonamiento económico de la sociedad otorgando nuevos grados de libertad a la toma de decisiones. Pues este enfoque abierto y transdisciplinar de la gestión ya no sirve para proponer un óptimo —que suele hacerse coincidir con los deseos de los intereses dominantes—, sino que sirve para iluminar los principales problemas y conflictos ligados a la toma de decisio­ nes de la gestión; ya no sirve para proponer un óptimo, sino un abanico de soluciones razona­ bles (Naredo, 2006: 151-152).

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al uso exosomática de energía (externa) utilizada para llevar a cabo la movi­ lidad humana y la de sus actividades productivas.

Pero no podemos eludir el hecho de que muchas especies han desapare­ cido y muchas otras seguirán ese camino. En una concepción del medio ambiente “holística”, no existe una predeterminada diferenciación entre “nosotros” y nuestro cambiante medio ambiente. En términos éticos, podría argumentarse que nuestra especie tiene una fecha de caducidad, ya que el sol desaparecerá algún día y nuestro proyecto de existencia podría plan­ tearse como la preservación y propagación de nuestro adn, peculiar a la “variabilidad sustentable intraespecífica” (Lombardo, 2010: 405) de nuestro orbe. Por su parte, el discurso ambientalista y ecológico habla de “justicia” intrageneracional e intergeneracional como si estas cuestiones pudieran definirse independientemente del medio antagónico y conflictivo que for­ man parte de nuestra historia evolutiva. Pero, independientemente de las metas o estrategias, la justicia solamente puede surgir a partir de meca­ nismos de resolución de nuestras diferencias para generar formas de recono­ cimiento del “otro” y sus tradiciones culturales.

Estamos hoy muy lejos de la discusión generada por el discurso econó­ mico de posguerra, cuando Keynes profetizaba (Tamanes, 1985) el fin del “problema económico” si se evitaban las guerras y se reducía la tasa de po­ blación en los próximos cien años. A pesar de la fábula sobre la “globaliza­ ción”, tanto el problema “ambiental”, como el “económico” no pueden predeterminarse fuera de la política “nacional” y a veces “regional”. La vigi­ lancia del “stock” del orbe y su recomposición inicia en dichos “espacios”, así como la discusión sobre el lugar donde ubicar los “residuos”: se trata de una problemática política, de poder, no técnica.

La teoría del desarrollo en su versión latinoamericana pone en primer lugar la discusión política para transformar y reducir las asimetrías de po­ der entre las diversas unidades de poder y los agentes respectivos. La noción de “óptimos” del discurso económico convencional es un aspecto secundario en las propuestas sobre la “asignación de recursos” porque no se trata de un evento de naturaleza “técnica”. El desarrollo social susten­ table supone pensar la problemática en términos de una cuestión social.

Pero en la periferia, dicha estrategia inicia hoy con la reconstrucción de la relación Estado/sociedad, lo que a su vez supone reorganizar los mecanis­ mos y procesos de inclusión de gran parte de las comunidades marginadas y reducir la tasa delincuencial. Igualmente, ante la ausencia de “informa­ ción” ecológica básica, debemos rescatar ciertas tradiciones y movimientos

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sociales, cuyos mecanismos de defensa cultural y territorial en ciertas oca­ siones los convierten, sin saberlo, en diestros “ecólogos rebeldes” (Alier 2012a, 2012b y 2012c, y Tetreault et al., 2012).

Para culminar: Naredo (2006: 198) ha dicho que la “llamada historia ecológica, al igual que la economía ecológica, surgió como una reacción al pre­ dominio del enfoque económico estándar”; en este texto hemos argumen­ tado que el estructuralismo latinoamericano se construyó a partir del rechazo y liberación de la misma tradición discursiva cuasi colonial. Niega, no obs­ tante, a dichos engendros (historia ecológica, economía ecológica) limitaciones importantes para analizar las interacciones de las “sociedades humanas con el medio físico” (Naredo, 2006: 198). Aquí hemos propuesto una tercera alternativa, a partir del estructuralismo latinoamericano, para intentar pensar y superar dichos problemas.

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Expoliación de la vida: sometimiento del trabajo y violencia letal Humberto Márquez Covarrubias*

Preámbulo: las tres fuentes de la violencia

En la vida societal regida por el despliegue y la lógica del capital, que sacude desde los exclusivos círculos del poder hasta los intersticios de las comu­ nidades vernáculas, la violencia es el molino de la organización económica, política y cultural. En ocasiones aparece de una manera palpable y corro­ siva, pues desgasta el sentido de la cotidianidad y atomiza la percepción de tranquilidad: es la violencia descarnada que practican sujetos sociales ubi­ cuos, reconocibles, compelidos por una subjetividad obscena que atenta contra la vida concreta de individuos y comunidades azotados por el flagelo de las armas y la impunidad. En la cúspide campean las organizaciones cri­ minales que extorsionan, secuestran y asesinan, además de que trafican narcóticos, armas y personas. El poder de fuego y la colusión con diversas instancias oficiales les permite capturar parcelas del Estado y domeñar ám­ bitos territoriales. Ante la fragmentación del ámbito estatal, los cárteles colman el imaginario colectivo de la hiperviolencia; incluso el propio Estado, que teóricamente se reserva la potestad del ejercicio de la coerción legítima, se atreve a condenar la violencia criminal en busca de granjearse la legitimi­ dad política perdida en las urnas.

En un nivel intermedio deambula la violencia simbólica que estructura un lenguaje y formas de comunicación que pretenden denostar, discriminar y criminalizar a los pobres, a los sin papeles y a los jóvenes sin futuro, lo mismo que a los críticos, disidentes y rebeldes. Los grandes medios de comunica­ ción detentan un poder comunicacional que es capaz de condicionar las * Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Univer­ sidad Autónoma de Zacatecas.

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formas de pensamiento, los patrones de consumo y los deseos y apetencias de las audiencias susceptibles; también tienen la capacidad de propagar el discurso del poder, infundir miedos y temores y tergiversar la realidad, para hacerla irreconocible, enajenada. Los medios de comunicación se solazan con la divulgación estruendosa y efectista de la violencia criminal-policialmilitar para atemorizar al espectador que horrorizado por las imágenes sanguinolentas, exige mano dura, más violencia estatal. Es el populismo punitivo.

En la raíz de la violencia criminal y comunicacional subyace el entra­ mado económico, político y cultural que da sentido y significado al sistema capitalista basado en una conjunción de relaciones sociales de explotación y dominación que permiten que el capital despoje, cotidianamente, el trabajo vivo del plusproducto y que someta al conjunto de la sociedad a un esquema institucional de mando/obediencia (Márquez, Delgado y García, 2012). La violencia sistémica, pese a fundamentar la organización social, es difumina­ da y fetichizada, pues las relaciones sociales desaparecen de la comprensión y aparecen como si fuesen relaciones entre cosas, instituciones, leyes y nor­ mas. De ahí el énfasis en la violencia criminal y en sus respuestas coercitivas que envuelven a la sociedad en la esquizofrenia y el suicidio colectivos.

Acumulación de riqueza y pobreza

A la superficie, emerge una de las contradicciones más aberrantes de la so­ ciedad mexicana, la diferenciación social extrema. Frente a un puñado de 11 multimillonarios, que en 2011 amasaron una fortuna cercana a 112,300 millones de dólares —alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto (pib) nacional—, deambulan más de 52 millones de pobres que carecen de los recursos más elementales para vivir con dignidad. Según la Organiza­ ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), el ingreso pro­ medio de la décima parte de los hogares más acaudalados fue de 228,900 pesos mensuales, es decir, 26 veces el ingreso de su contraparte, la décima parte de los hogares depauperados que en promedio recibieron 8,700 pesos mensuales.1 En las últimas dos décadas y media, periodo en el que se ha implementado una suerte de guerra de los ricos en contra de los pobres, los in­ gresos reales de los hogares opulentos crecieron 1.7 por ciento, y el de los más depauperados sólo 0.8 por ciento. La plutonomía mexicana ha engen­ 1 Según el reporte de la ocde Divididos resistimos: ¿Por qué sigue aumentando la desigualdad?

Entre miembros de la ocde, en promedio el ingreso de la décima parte de la población más rica fue casi nueve veces el ingreso del 10 por ciento más pobre (González, 2011).

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drado a magnates ligados a la tecnocracia, como Carlos Slim que puede perder 5 mil millones de dólares en un solo año y aún así preservar, por tercer año consecutivo, el reconocimiento mediático como el hombre más rico del orbe al detentar una fortuna valuada en 69 mil millones de dólares (Franco, 2012).

La degradación humana aparece como un frío signo estadístico que aqueja a millones de personas anónimas pauperizadas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que la pobreza está en aumento, al pasar de 42.9 a 52.3 por ciento de la población entre 2006 y 2012. El México social está quebrantado, pues más de 20 millones de mexicanos están desempleados, 14 millones están inmersos en el comercio informal y 10 millones de jóvenes no tienen acceso a la escuela y al trabajo.

Vida cercenada

La dilución de la violencia sistémica en el armazón de la vida cotidiana con­ vierte en invisible el fundamento de la sociedad contemporánea. El despojo primigenio, que se renueva día a día, permite que el capital sustraiga el plusvalor. Para hacer posible este hurto, que entraña la transferencia de por­ ciones del fondo de vida obrero a fin de acrecentar los ingresos de quienes viven de la ganancia y de la renta, no es necesario que la fuerza pública ejerza ninguna coerción física para que los obreros se presenten a laborar y contribuyan a generar el valor acrecentado.

En la fiesta del capital, el proletariado aparece desnudo. En periodos anteriores y actuales —incluidos los conjuntos sociales de donde provie­ ne—, ha sido despojado de los medios de producción y de subsistencia, sólo posee la fuerza de trabajo que tiene que vender de manera obligada para poder subsistir. Para el contractualismo institucional, la relación sala­ rial confronta a sujetos libres (libres de medios de producción y libres para “elegir” con que empleador se contratarán) e iguales ante los ojos de la ley.

Sin embargo, la relación entre capital y trabajo, más allá de su aspecto con­ tractual (iguales y libres ante la ley), pronto devela su rostro oculto, el domi­ nio despótico del capital.

El capital no sólo se apropia del plusproducto generado por el trabajo vivo, sino que realiza gestiones para sustraer hasta la última gota del esfuer­ zo material y espiritual del obrero y para apropiarse de la mayor cuantía posible del valor generado, que no sólo reponga el valor invertido en capital constante y capital variable, y que además aporte la ganancia y la renta esti­

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mada, sino incluso que arrebate una parte del salario, el valor requerido para reponer la fuerza de trabajo (Osorio, 2012). Para el capital poco im­ porta si el obrero adquiere un salario miserable, insuficiente para subsistir, por lo que puede agregarse que el capital se apropia del sentido de la vida del trabajo, al punto en el que puede desgastar prematuramente las fuerzas vi­ tales del trabajador. El trabajador deviene, entonces, un recurso desechable que puede reemplazarse con los muchos trabajadores que están en reserva, previamente “liberados”.

El capital es una relación criminal que pone en predicamento la vida y la dignidad de los despojados, explotados y excluidos; es un agente crucial del crimen organizado.

Trabajo vivo desangrado

Las estrategias del capital en contra del trabajo son múltiples, pero pueden resumirse en la pretensión de socavar partes sustanciales del fondo de vida —salario directo y salario social, que permiten la reproducción social de los trabajadores y sus familias— para transferirlas a las arcas corporativas bajo la figura de una ganancia acrecentada.

En lugar de que la productividad y la competitividad se basen, como postula la teoría convencional, en la innovación tecnológica, la formación de cadenas productivas o la convergencia regional, dichas variables emanan de la explotación redoblada del trabajo vivo mediante la contención o dis­ minución salarial, el incremento de la intensidad laboral y la prolongación de la jornada de trabajo. A pesar de que la oferta de trabajo barato y la pre­ carización laboral están perdiendo vigor como factores de atracción de la inversión extranjera directa (ied) y como pivotes de la estrategia de “compe­ titividad”, el gobierno mexicano, fiel a los mandamientos del “Consenso de Washington”, está empecinado en achicar los salarios, sin importar —o quizá buscándolo— que el país pronto se convierta en la economía que ofrece los salarios más bajos del mundo.

Durante la vigencia del modelo neoliberal, entre 1982 y 2011, la econo­ mía mexicana ha mostrado un desempeño mediocre, pues registra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento, la peor de América Latina.

En ese mismo lapso, el salario mínimo ha mostrado un crecimiento real promedio anual de –3.8 por ciento, por lo que ha registrado una pérdida del poder adquisitivo de 71.3 por ciento (Rodríguez, 2011). Según la infor­ mación oficial, en México 5.8 millones de trabajadores, 12.7 por ciento de

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la población económicamente activa (pea), padece “condiciones críticas”: perciben menos de dos salarios mínimos, trabajan más de 48 horas a la se­ mana y carecen de seguridad social o prestaciones (inegi, 2011).

En México, los tecnócratas desprecian la recuperación salarial como basamento de un desarrollo incluyente y a los trabajadores como un sector social imprescindible para el crecimiento económico, pues ignoran que el consumo alienta la inversión y el empleo. Incluso, suele argumentarse que los costos laborales, los impuestos y la regulación gubernamental impactan desfavorablemente en la productividad; por ello justifican la contención salarial como una suerte de sacrificio de las presentes generaciones para garantizar la prosperidad de las futuras generaciones. No obstante, la corre­ lación entre salarios y productividad no es clara, pues mientras los salarios se mantienen deprimidos, la productividad muestra una dinámica irrele­ vante: entre 1994 y 2010 creció sólo 0.4 por ciento (ocde, 2011).

La mayoría de los trabajadores ocupados percibe salarios insuficientes para cubrir las necesidades familiares básicas. Los trabajadores que no per­ ciben ingresos representan 8.7 por ciento; los que perciben hasta un salario mínimo, 13.0 por ciento; hasta dos salarios mínimos, 22.7 por ciento; hasta tres salarios mínimos, 21.1 por ciento; entre tres y cinco salarios, 15.9 por ciento, y más de cinco salarios mínimos, 8.5 por ciento. Los trabajadores ocupados que perciben tres salarios mínimos o menos representan 56.8 por ciento (inegi, 2011). Los trabajadores que perciben un salario de 6 mil pesos o menos destinan más de la mitad del ingreso a la compra de alimen­ tos, justo en un contexto de crisis alimentaria atizado por el incremento de los precios de los alimentos de la canasta básica. Otros de los rubros del gasto que erosionan el ingreso familiar, al menos en el ámbito urbano, es el transporte público a los centros escolares y laborales. Las posibilidades de diversificar el consumo se achican drásticamente.

Si bien América Latina constituye el escenario donde perviven los patro­ nes de distribución del ingreso más inequitativos en el orbe, la mayoría de los países de la región implementa políticas de corte posneoliberal, que entre otras medidas contempla la recuperación gradual de los niveles sala­ riales y el abatimiento paulatino de la pobreza. En contraste, México figura como adalid de los programas neoliberales, pero también encabeza la cifra negra de la pobreza. Los datos oficiales reportan que en México la pobreza patrimonial creció en 14.8 millones de pobres entre 2006 y 2012, es decir, pasó de 46.55 millones de personas a 61.36 millones. La economía mexicana está considerada entre la veintena economías de países con la peor distribución del ingreso. En mayo de 2011, México estaba situado en

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el segundo lugar de los países de la salarios bajos y altos.

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ocde

con la brecha más amplia entre

Una perversa arma competitiva

La guerra contra los trabajadores pretende acentuar la transferencia de valor del trabajo al capital. El salario mínimo que, en teoría, debería cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus dependientes económicos, no lo hace. Entre 2006 y 2012, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 43.1 por ciento, para registrar una pérdida acumulada, en 25 años, de 79.11 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario (cam) de la Univer­ sidad Nacional Autónoma de México. No obstante la aparente estabilidad macroeconómica y la existencia de tasas de intereses relativamente bajas, la riqueza no se distribuye vía empleos dignos y prestaciones sociales: 6.7 millones de mexicanos perciben un minisalario, más de 3 millones no reci­ ben compensación y 10 millones padecen excesiva precariedad.

Un dato sintomático de los estertores neoliberales es que la exportación manufacturera mexicana hacia Estados Unidos ha retomado bríos en rubros como carros de ferrocarril, cerveza, motores de vehículos, refrigeradores, televisores, tractores y motores eléctricos. La fórmula secreta de la reactiva­ ción competitiva no es un empuje tecnológico ni una premeditada política industrial, sino, una vez más, la represión salarial en un paradójico entorno internacional favorable. En la última década, el salario manufacturero pro­ medio en China aumentó cuatro veces y en México se estancó: el diferencial salarial era de 237.9 por ciento y ahora es de sólo 7.3 por ciento (González, 2012).

No obstante, las exportaciones mexicanas son realizadas, mayormente, por corporaciones estadounidenses, por lo que el dinamismo exportador es, en realidad, comercio intrafirma. Más aún, la estrategia de acumulación entre ambos países es notoriamente diferente, pues mientras que China experimenta un crecimiento superior a 8 por ciento respaldado por la recu­ peración salarial, la innovación tecnológica y la consolidación del mercado interno, México soporta el crecimiento exportador casi exclusivamente con estrategias que vulneran el fondo de vida obrero compuesto por el salario directo y el salario indirecto, en la industria manufacturera y, sobre todo, los servicios. La “competitividad” de la economía mexicana basada en el traba­ jo barato es insustentable tanto porque siempre está latente la emergencia de algún lugar donde los salarios sean aún menores como porque es insos­ tenible esta escalada de degradación humana y ambiental.

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La élite económico-política insiste en profundizar el modelo del realis­ mo salvaje. La coalición parlamentaria de derechas, capitaneada por el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el Partido Acción Nacional (pan), implementa una nueva ofensiva contra el mundo laboral bajo la modalidad de un albazo legislativo, presentado como una perversa herencia política del “presidente del empleo” que se vale de la novísima figura legislativa de ini­ ciativa preferente. La aprobación de la contrarreforma laboral, refrendada por el Consejo Coordinador Empresarial (cce), pretende instaurar un régi­ men de despido libre, el pago por horas y la subcontratación, entre otras disposiciones que pretenden consolidar, de una vez, la inseguridad laboral.

Dislocación del metabolismo social

La otra fuente de riqueza, la naturaleza, es arrasada al ser catalogada como un simple insumo productivo al cual hay que transformar lo más pronto posible. Bajo el ardid de que el sector social es improductivo y el público es ineficiente y corrupto, la depredación se redobla por el despojo de bie­ nes comunes (tierra, agua, aire, bosques, biodiversidad) y bienes nacionales (empresas públicas, infraestructura, servicios públicos).

El intercambio desigual ambiental es patente. La capacidad de remplazo de la naturaleza no corresponde a la tasa de rendimiento empresarial y la capacidad de reproducción social se resquebraja. De un lado, las grandes corporaciones expanden sus fuentes de ganancia, con el apoyo del Estado, y, del otro, los sectores populares y las comunidades pierden autonomía y padecen el quebranto de sus modos de vida y trabajo.

Nueva fiebre del oro

De manera enfática, las corporaciones extractivistas toman a México como enclave para sustraer, sin reparos éticos o ambientales, cantidades incon­ mensurables de materias primas (minerales, acuíferos, maderas, petróleo).

La práctica indiscriminada de minería a cielo abierto es un ejemplo perver­ so de la voracidad capitalista.

Desde la década de los ochenta, los organismos financieros internacio­ nales promueven la entrada del capital multinacional en yacimientos ener­ géticos (petróleo y gas) y reservas minerales (metales y tierras raras). En consecuencia, los gobiernos neoliberales imponen contrarreformas a favor del extractivismo a fin de que el país figure como un espacio atractivo para la inversión y fuente de ganancia extraordinaria de corto plazo, lo cual

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embona con la mayor demanda de minerales, el aumento del precio del oro desde mediados de los noventa y la efervescencia de una nueva “fiebre del oro”, es decir, la ubicación de un nicho alternativo para la especulación ante el estallido de las burbujas financieras. La explotación a cielo abierto ha proliferado en las últimas dos décadas como respuesta a las crisis finan­ cieras, principalmente de Europa y Estados Unidos, pues los metales preciosos representan un “refugio” para las inversiones que buscan ganan­ cia extraordinaria.

Ante la disminución de reservas con alta concentración de minerales, las corporaciones mineras desarrollan grandes proyectos de explotación de tajos a cielo abierto mediante el uso de nuevas tecnología que permiten la recuperación de minerales metálicos (oro, plata y cobre, principalmente) dispersos en amplias extensiones territoriales. En México, 293 corpora­ ciones mineras extranjeras (75 por ciento canadienses) cuentan con 808 proyectos, 506 de ellos de oro y plata (Ramírez, 2012). La mayoría están en etapa de exploración, pero más de 70 están produciendo y al menos 25 operan bajo el esquema de megaminería a cielo abierto y lixiviación con cianuro para recuperar oro y plata. De mantenerse el frenético ritmo de explo­ tación —es posible extraer tres metros cúbicos de oro en una década de vida útil de una mina a cielo abierto (Ruiz, 2012)—, en el curso de una década cerca de 30 por ciento del territorio nacional podría estar destruido, una superficie equivalente al territorio concesionado a la minería, sobre todo metálica.

El resurgimiento de la gran minería impulsado por la política guberna­ mental concita un intercambio desigual que permite la apropiación de la renta de la tierra bajo la forma de una ganancia extraordinaria en el corto plazo, la transferencia de reservas minerales no renovables hacia el extran­ jero, principalmente, a cambio de mínimos beneficios tributarios, un dete­ rioro ambiental irreparable, la explotación laboral extenuante y el despojo de bienes comunes. En el plano local, el extractivismo catapultado por la megaminería multiplica los costos sociales y ambientales: contaminación de aguas, destrucción del territorio, liberación de metales pesados, pérdida de biodiversidad, deterioro de recursos culturales, desplazamiento de co­ munidades, además de que propicia la corrupción y violación de leyes (Sacher, 2010).

Los casos de la Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí; Goldcorp en el complejo Peñasquito en Mazapil, Zacatecas; Toronto Alamos Gold en la mina Mulatos, en Sonora; Compañía Minera Gammon Lake en Ocampo, Chihuahua, son fieles testimonios de cómo las corporacio­

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nes transfieren los costos socioambientales a la población. La tentativa de desarrollo local incluida en los discursos justificatorios es desmentida, una y otra vez, por la realidad.

Ecocidio

La degradación ambiental está asociada a una fractura de la simbiosis entre sociedad y naturaleza. El gran capital ha ensanchado sus fuentes de genera­ ción de riqueza a costa del desmantelamiento de la infraestructura natural, la destrucción de ecosistemas y la privatización de bienes comunitarios.

Durante la vigencia del neoliberalismo en México, la deforestación se ha sostenido al afectar cada año entre 350 y 650 mil hectáreas de bosques, selvas y manglares (wwf México, World Wide Fund for Nature). Según Greenpeace, México se ubica en el quinto lugar de deforestación en el ámbito mundial.

En México, 96 por ciento de los cuerpos de agua superficial, la que circula o reposa sobre la superficie terrestre en forma de ríos, lagos, lagunas, pan­ tanos, presas y otros, padece distintos grados de contaminación. La mayor incidencia de contaminación ambiental acontece en zonas urbanas y periur­ banas, principalmente en ciudades medias (entre 100 mil y un millón de habitantes) que carecen de planeación urbana y de control y prevención de contaminación (aire, por fuentes móviles), agua (fuentes fijas) y suelos (ambas fuentes) (Sin embargo, 2012).

México es el segundo país del mundo por variedad de ecosistemas y el cuarto en riqueza de especies. Los problemas ecológicos suelen considerarse como derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y de am­ bientes naturales, la extinción de especies, la erosión y la contaminación.

Los focos de alarma se prenden cuando se toma nota de que en los últimos 30 años se han perdido 50 especies animales y que 40 por ciento se encuen­ tran en peligro de extinción.

Los proyectos de “desarrollo” de corte extractivista degradan la natura­ leza y propician crisis humanitarias. Los proyectos turísticos, como la Reser­ va de la Biosfera Chamela-Cuixmala, están vinculados al despojo de bienes comunes. Los proyectos de megaminería a cielo abierto, que pulverizan cerros enteros para sustraer partículas dispersas de oro o tierras “raras”, destruyen el hábitat, desmantelan el sistema de subsistencia social y conta­ minan la infraestructura natural. Las grandes corporaciones se apropian de bienes comunes y bienes de la nación para sustraer recursos naturales y generar nichos de ganancia, como refugio capitalista ante el estallido de burbujas especulativas en otras latitudes y sectores productivos (Torres, 2007).

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Fragmentación de la comunidad estatal

En la etapa previa al neoliberalismo, el sistema político mexicano se basaba en un esquema de mando/obediencia articulado por el partido de Estado, el pri, que incluía un mecanismo de control de los sectores popular, obrero y campe­ sino, a los cuales se les concedía la representación política en el Congreso, en gubernaturas, presidencias municipales y algunas secretaría de Estado, además de que existía una cooptación recurrente de intelectuales y artistas, medios de comunicación y organismos empresariales, sin omitir que el régimen tam­ bién emprendía actos de represión contra sectores críticos y rebeldes, como acciones de contrainsurgencia y desaparición forzosa (Montemayor, 2010).

El Estado mexicano configuró una red de protección social, un remedo del Estado benefactor de los países centrales, que ofrecía una cierta cobertura en salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y salario. Alrededor de ello, se forjaron instituciones y también un clientelismo político que garan­ tizaba el respaldo electoral que permitía al partido de Estado arrasar en los comicios (“carro completo”, “la aplanadora”) frente a la participación testimo­ nial de partidos opositores que jugaban simplemente el papel de comparsas.

El régimen político se legitimaba con la celebración de pactos multiclasis­ tas que permitían al gobierno conciliar los intereses sindicales, campesinos, empresariales y políticos. El Poder Ejecutivo, además de controlar a los po­ deres Legislativo y Judicial, se arrogaba la potestad de designar a su sucesor (“dedazo” mediante), previniendo de antemano las disputas y conflictos electorales. Estos elementos no tenían parangón en América Latina, donde se experimentaron diversos episodios bélicos, asonadas militares, golpes de Estado y dictaduras. Dada la prolongada hegemonía priista, el sistema político mexicano fue calificado por el escritor Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta”, para hacer alusión a que había autoritarismo sin nece­ sidad de mano dura.

No obstante, en la década de los ochenta se emprende un viraje en el modelo de desarrollo, al fragor de las proclamas neoliberales que actuaron como condicionantes de los organismos internacionales para otorgar recur­ sos crediticios que solventaran la llamada crisis de la deuda, que incluía las cartas de intención. El modelo conocido como “desarrollo estabilizador” basado en la industrialización por sustitución de importaciones no había cuajado, pues la burguesía nacional había sido incapaz de generar una sus­ titución profunda, más allá de bienes primarios, que permitiera producir bienes intermedios y medios de producción (Gutiérrez, 2011). De modo que el modelo económico no ofrecía muchas resistencias y la burguesía nacional

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monopolista estaba interesada en concentrar su poder económico y político; por tal razón, en el interior del poder político se gesta un golpe de timón en el modelo de desarrollo y en el sistema político.

Ahora se privilegia a los sectores monopólicos que tejieron alianzas con el capital transnacional para dar un impulso al sector exportador, en tanto que en el sistema político se desmantela el pacto corporativo que articulaba al Estado, el capital y el trabajo, para excretar al sector obrero y afianzar un pacto neocorporativo entre Estado y capital. De este movimiento emerge el nuevo bloque social hegemónico compuesto por el capital monopólico y la clase política tecnocrática que organizaba el nuevo modelo exportador.

El nuevo modelo económico propició un colosal proceso de despojo que arrojó a la calle a millones de campesinos y obreros considerados como personal redundante por el nuevo aparato productivo comandado por empresas exportadoras, a menudo filiales de grandes empresas transna­ cionales que operaban bajo mecanismos como el comercio intrafirma y la subcontratación.

Con ello emerge un nuevo bloque social hegemónico, articulado con el gran capital transnacional, donde destacan grupos empresariales como Alfa, Vitro, Cemex, Carso, Televisa (Zepeda, 2007). Pese a que la emergencia del nuevo bloque de poder empresarial se justificó criticando el populismo, al decir que los recursos públicos canalizados al sector popular, obrero y cam­ pesino eran onerosos e improductivos, los empresarios han reclamado y recibido, en diversas ocasiones, cuantiosos recursos públicos para subsanar deudas y bancarrotas del sector empresarial, como sucedió con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el cual el gobierno absor­ bió, como deuda pública, una colosal deuda del sector empresarial. La polí­ tica de rescate a corporaciones financieras e industriales afines a los intere­ ses oligárquicos mediante la inyección de recursos públicos contrasta con el abandono del sector social, como el campesinado, la microindustria o el sector obrero, y con el deterioro de sectores clave, como el educativa y el sanitario.

Es sintomático el hecho de que, además de que los presidentes asumen la defensa de los intereses empresariales, desde este sector se impongan go­ bernadores, diputados, senadores y secretarios de Estado a fin de garantizar que las políticas públicas y los presupuestos beneficien los planes de negocio de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones, la construcción y el capital financiero, comercial e industrial. En esa lógica, está avanzando, progresivamente, la mercantilización y privatización de bienes y servicios públicos, como la educación y la salud, amén de que se imponen contrarre­

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formas favorables al capital, como la laboral y la fiscal, y se pretende hacer lo propio con la educativa, la energética y la hacendaria.

Ontología del fraude electoral

La comisión del fraude electoral, en tres ocasiones, durante la vigencia del modelo neoliberal, en contraposición a elecciones democráticas en América Latina, tiene el cometido evidente de cerrar el paso a un proyecto de corte posneoliberal; preservar instrumentos de subordinación a Estados Unidos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan) y la Iniciativa Mérida, con lo cual se pretende afianzar un perímetro de seguridad nacio­ nal, desde el punto de vista de Estados Unidos; y contener la oleada expan­ siva de gobiernos progresistas en América Latina.

Con la ruptura del pacto populista y el desmantelamiento de la red de pro­ tección social, la destrucción del sistema de subsistencia social, la acumulación por despojo y la reiteración de los fraudes electorales, el régimen político neoliberal, neocorporativo y derechista pierde toda posibilidad de legitima­ ción: los comicios son sancionados por las instituciones electorales legal­ mente establecidas —Instituto Federal Electoral (ife), Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (fepade) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife)—, controladas por los partidos domi­ nantes (pri y pan), pero que merced a su sesgado desempeño no alcanzan socialmente el estatuto de legitimidad.

Se supone que la transición a la democracia descansa en la formación de una ciudadanía, de votantes a los que se les reconoce una mayoría de edad, donde ya no es el gran elector, el dedo presidencial, el que elige a los represen­ tantes políticos; sin embargo, en realidad el sistema político sigue ofreciendo una baraja electoral proveniente de la misma clase política, que no repre­ senta a los sectores populares, sino a los intereses de las élites, y que, por si fuera poco, recurre a la compra y coacción del voto, además de la guerra sucia y la desinformación, como recurso estratégico para condicionar el voto de los sectores subalternos más desinformados y dispuestos a vender su dig­ nidad por un voto.

El modelo económico-político pretendió legitimarse con la llamada tran­ sición a la democracia, que en la mayor parte de América Latina ha permi­ tido el ascenso a la presidencia de políticos progresistas que han construido gobiernos populares con el respaldo de una vigorosa base social compuesta por movimientos sociales de procedencia obrera, campesina e indígena. Es el

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caso de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, los Kirchner en Argentina y, especialmente, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.

En cambio, en México no se han celebrado elecciones libres y transpa­ rentes, sino que ha permeado el fraude electoral en 1988, 2006 y 2012, pues la oligarquía mexicana, en consonancia con el gobierno estadounidense, no pretende conceder el triunfo electoral a una izquierda, moderada y naciona­ lista, como la que han representado Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. En cambio, en 2000, el régimen político no tuvo empacho en reconocer el triunfo del derechista Vicente Fox, del pan, ya que este polí­ tico representaba, en los hechos, el mismo proyecto que el pri; incluso sintetizó en una frase sus reales pretensiones antipopulares: “un gobierno de empre­ sarios, por empresarios, para empresarios”, con lo cual daba a entender que el gobierno lo asumían, ahora, directamente, políticos emanados del sector empresarial. En contraposición, López Obrador había proclamado, en la primera contienda en que participó, que “por el bien de todos, primero los pobres”. Dicha pretensión propició que los poderes fácticos y el gobierno pa­ nista emprendieran una guerra sucia en contra del político izquierdista, al extremo de motejarlo como “un peligro para México”, donde México son los empresarios.

Hipotéticamente, si en México se hubiese respetado el triunfo electoral de la izquierda en 1988, sería el primer país latinoamericano en instaurar un gobierno progresista, en descargo de los gobiernos conservadores y neolibe­ rales que campeaban por aquel entonces, pues es hasta 2000 cuando Hugo Chávez, en Venezuela, comienza el ascenso de los gobiernos populares.

Indignados y rebeldes

La pérdida de legitimidad y la descomposición social de los sectores subal­ ternos posibilita la irrupción de movimientos sociales de resistencia y rebe­ lión, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que irrumpe, públicamente, el día en que comienza a operar el tlcan. En el sector rural emergen los movimientos El Barzón y el Campo no Aguanta Más, así como la campaña Sin Maíz no hay País. En el periodo también se registran movi­ lizaciones del sector magisterial, el sindicato minero y los electricistas, así como de estudiantes de diversas universidades. En el ámbito electoral, re­ sultado de los fraudes, se gesta el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el movimiento estudiantil #YoSoy132. En el seno de la clase polí­ tica también se registran encontronazos, como los asesinatos políticos de

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Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del pri, y Francisco Ruiz Massieu, así como de cientos de militantes de izquierda que han sido relegados al anonimato.

Dominación sin consenso

Neocorporativismo

Al imponerse el neoliberalismo, el pacto nacionalista-populista —que ofrecía una mínima red de protección al proletariado, campesinado y clase media— fue reemplazado por el neocorporativismo, es decir, la coalición de intereses del gran capital y el Estado. Este nuevo pacto desencadena una agresiva ofensiva en contra de los trabajadores y reinserta la economía mexicana a las redes globales de capital bajo la premisa de que el país es un manantial de trabajo barato, flexible y desorganizado. El corporativismo se entendía como el triunvirato del Estado, el capital y el trabajo. Un pacto multiclasista articu­ lado por el presidencialismo priista que regulaba el sistema político y las relaciones obrero-patronales, con ciertos márgenes de beneficio social y evidentes privilegios para los líderes cooptados. El neocorporativismo ex­ creta al sector obrero para conceder todos los privilegios al sector empresa­ rial. Los liderazgos corruptos mantienen bajo control a la masa obrera. Un ejemplo notable es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), que funge como una maquinaria electoral al servicio de los partidos dominantes, en tanto que los sindicatos blancos o de protección negocian los contratos laborales según las exigencias empresariales.

Pese a la “transición a la democracia” verificada en 2000, luego de que culminara la prolongada hegemonía del partido de Estado, el pri, en México prevalece un régimen político donde se manda sin obedecer, es decir, se ejerce la dominación sin consenso. El ritual democrático se reduce al acto por el cual el electorado convalida, en cada comicio, el sistema de poder. El rejuego electoral permite, a lo sumo, la depuración y reciclaje de la clase política, pero tiene tras bambalinas la preeminencia de pactos económico-po­ líticos que consolidan las estructuras de acumulación y poder. La democra­ cia de élites es operada por el sistema de partidos, la partidocracia, que se ha decantado hacia la derecha y ha consecuentado el pragmatismo, utilitarismo, conservadurismo y oportunismo. En contraste, la ciudadanía representa, para ese sistema, una masa de votantes que tiene el privilegio de expresarse votando: es una ciudadanía mínima.

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El sistema político mexicano se ha endurecido y volcado hacia la derecha.

La noción de política se ha trastocado, pues ya no pretende ser la arena de disputa de luchas clasistas, uno de cuyos frentes pretende transformar la sociedad. Emerge la idea posmoderna de la pospolítica, según la cual la polí­ tica es un campo de actuación donde no tienen cabida las masas sociales sino los expertos, los consultores, los tecnócratas y los administradores, persona­ jes profesionales que “saben cómo hacer las cosas” (Žižek, 2009). Sobre esa plataforma, los gobiernos, que siguen directrices de la nueva gerencia públi­ ca y de la tecnocracia, a lo sumo “rinden cuentas” a la sociedad.

La política tecnocrática termina por fetichizarse, pues aparece como un campo autónomo de las relaciones sociales de producción, donde tiene ve­ rificativo la explotación del trabajo vivo, y de la propia población, donde se supone radica la soberanía popular. En el ejercicio gubernamental, los polí­ ticos asumen que son una suerte de encarnación viva del poder, por lo que, además de exaltar la imagen personal, toman decisiones sin consultar a la sociedad, utilizan los recursos públicos de manera discrecional y promueven afanosamente su perpetuación en los ámbitos del poder, lo cual incluye co­ locar a familiares y cómplices en los puestos de privilegio y engendrar cama­ das de nuevos ricos.

Como se autodefine como un “gobierno de empresarios para empresa­ rios”, el gobierno neoliberal adopta la exigencia corporativa de abaratar el trabajo, controlar las movilizaciones sociales, criminalizar a los pobres, es­ tigmatizar a los jóvenes y desprestigiar a los críticos. Desde la óptica reduc­ cionista del neoliberalismo, las funciones estatales se constriñen a garanti­ zar la seguridad, la ley y el orden. No obstante, bajo el ropaje de una supuesta desregulación, el gobierno interviene los mercados y la propia hacienda pública para transferir un cúmulo de activos, recursos y servicios a favor de la codiciosa órbita del sector privado.

Colonización de la conciencia colectiva

El ciudadano resulta achicado hasta tomar la estatura de un sujeto mínimo que, sin embargo, pretende ser rehabilitado cuando es convocado a emitir el sufragio a favor de personajes reciclados de la clase política que detentan el monopolio de la representación. Tras un incesante bombardeo propa­ gandístico, el sistema político pretende persuadir a esta ciudadanía con la idea de que la expectativa del cambio sólo anida en las urnas. El esmirriado menú electoral ofrece presuntos representantes populares que eluden discu­ tir los problemas y alternativas de desarrollo. El adormecido debate político

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centellea fraseos demagógicos y consignas prefabricadas por ejércitos de asesores y cultores de la imagen.

La colonización de la conciencia colectiva es un logro inapreciable de los grandes medios de comunicación, destacadamente la televisión, que inocu­ lan en sus audiencias ideas adocenadas de la política y anestesian el pen­ samiento con programación mediocre. El objetivo es despolitizar a la pobla­ ción, que permanece desinformada y renuncia a la potestad del mandato.

El sistema de propiedad de los medios de comunicación en México des­ taca por ser de los más concentrados y privatizados del mundo. En la televi­ sión prevalece un duopolio (Televisa/tv Azteca) que domina más de 90 por ciento de la televisión abierta y existe un monopolio (Telmex) en telefonía y tecnologías de la información. Televisa posee 65 por ciento de las frecuen­ cias de televisión abierta, con 225 estaciones repetidoras de sus cadenas nacionales; acapara 68 por ciento de las audiencias y concentra 70 por cien­ to de la publicidad en medios electrónicos y 58 por ciento de la publicidad en todos los medios (Villamil, 2009).

Un país no puede llamarse democrático, así se constriña a la sola esfera electoral, como es el caso, cuando carece de medios de información confia­ bles y honestos. En México prevalece un modelo comunicacional antidemo­ crático cuyo poder de penetración en las audiencias permite modelar y mer­ cantilizar la conciencia de amplios sectores sociales. Para la mayoría de la población —entre 70 y 80 por ciento, según diversas encuestas— la televi­ sión representa la principal fuente de información y entretenimiento. ¿Legitimidad basada en militarización?

La estrategia de seguridad de Estados Unidos pretende, entre otros obje­ tivos, configurar un perímetro de protección sobre su territorio nacional y contener la oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos. México re­ presenta la barrera de contención, el “patio trasero”. Con el antecedente del Plan Colombia, el manto de la Iniciativa Mérida y la operación encubierta de agencias estadounidenses como Drug Enforcement Administration (dea) y Federal Bureau of Investigation (fbi), el gobierno de Felipe Calderón de­ claró la “guerra al narcotráfico” en diciembre de 2006. En el plano interno, el gobierno derechista no pretende, sin embargo, atacar el nervio financiero y patrimonial ni desmantelar los vínculos transnacionales del crimen orga­ nizado, que no sólo involucra a los cárteles de la droga sino que también incluye al sistema financiero, empresas, políticos, gobiernos y fuerza policial y militar.

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La estrategia principal consiste en militarizar la vida pública para legiti­ mar al gobierno derechista que asumió el poder mediante el fraude electo­ ral; preservar el modelo depredador y excluyente bajo un régimen de mano dura; salvaguardar el control político de la población mediante estrategias coercitivas y punitivas; criminalizar a los pobres, principalmente a los jóve­ nes; disuadir la protesta social, y concitar un populismo autoritario que ante el esparcimiento del miedo colectivo reclama la presencia de un gobierno de mano dura que simula proteger a la comunidad. La militarización ha suscitado una espiral de violencia que ha permitido a los cárteles de la droga disputar el control territorial, sobornar a mandos policiales y militares, amedrentar a medios de comunicación y acometer una amplia variedad de delitos.

Al finalizar el sexenio del derechista Felipe Calderón, la supuesta “guerra contra las drogas” habría costado más de 320 mil millones de pesos, casi 19 veces la ayuda de la Iniciativa Mérida (204 mil millones para tácticas bélicas y apenas 25 mil millones de pesos para labores de inteligencia) (Flores, 2012). El poder de la llamada delincuencia organizada, sin embargo, ha sido potenciado, no sólo por el incremento del poder de fuego, la diversificación de la comisión de delitos y la capacidad de cooptación de mandos policiacos y militares, sino porque ha arrancado parcelas de poder al Estado, multipli­ cado la obtención de ganancias ilícitas y configurado una red transnacional de capital.

La guerra contra el narcotráfico no ha debilitado a los cárteles de la droga ni desmantelado los conglomerados empresariales-financieros que contro­ lan los flujos de dinero y los reciclan en una multiplicidad de negocios de fachada, ni ha contenido la expansión transnacional del crimen organizado, que no sólo practica el narcotráfico, sino también una multiplicidad de crí­ menes como robo, extorsión, despojo, secuestro, entre muchos otros. La espiral de violencia no ha trastocado a las grandes corporaciones del capital monopolista, aunque sí ha violentado a empresas de menor escala.

Luego de ser el vigésimo segundo lugar en el ámbito mundial, en la última década México se ubicó en la quinta posición por tráfico de armas: cada día ingresan al país unas 2 mil armas para abastecer a los cárteles de la droga, a la delincuencia organizada y común, y a millones de civiles que se arman para afrontar los peligros de la inseguridad. Organizaciones interna­ cionales estiman que unos 20 millones de armas ilegales circulan en el país, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha autorizado 5’500,000 (Pérez, 2011). El saldo fúnebre es estrujante: 80 mil muertos, 30 mil desaparecidos, 250 mil desplazados de manera forzada, 20 mil huérfanos y 5 mil niños asesinados (Olivares, 2012).

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El colofón tétrico involucra a sectores vulnerables sobreexpuestos a las di­versas manifestaciones de las violencias, como las mujeres y los jóvenes pobres. Día con día, entre cuatro y cinco mujeres son asesinadas en el país. Entre 2007 y 2009 se cometieron 4,379 feminicidios (Goche, 2012).

Los jóvenes, y en muchos casos los infantes, están siendo reclutados por las bandas de­lincuenciales para realizar actividades que los colocan como carne de cañón, pero que al mismo tiempo los están formando en la industria criminal. Sectores sensibles para la vida democrática, como el periodismo, viven bajo acoso, y con ello se amedrenta a una parte significativa de quie­ nes ejercen cotidianamente la libertad de expresión. México se consolida como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de por sí amordazado por los poderes fácticos: entre 2001 y 2012 al menos 109 perio­ distas fueron asesinados o desaparecidos (Paredes, 2012).

El crimen organizado, articulado por los cárteles del narcotráfico, disputan el control territorial de municipios y entidades, además de que cooptan a las fuerzas castrense y policiacas; incuso llegan a penetrar en altas esferas guber­ namentales y judiciales, por lo que la corrupción gubernamental adquiere rasgos inusitados. Sin embargo, el crimen organizado del narcotráfico no se reduce a los cárteles de la droga, sino que aglutina un complejo empresa­ rial, político y militar que incrementa el poder corruptor, la capacidad de fuego y el manto protector de la impunidad. Esto prohíja una suerte de nar­ cocapitalismo que aglutina un jugoso nicho para la sustracción de ganancias extraordinarias merced a la comisión de una multiplicidad de delitos: lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de blancas, adminis­ tración de casinos, extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes, etcétera.

Conclusión

La estrategia de acumulación en México recurre a estrategias violentas ba­ sadas en la corrupción, la transferencia de excedente, la represión salarial, la dependencia alimentaria, el extractivismo y la militarización. La diferen­ ciación social ha propiciado la concentración de capital y riqueza en un pequeño núcleo de la élite a cambio de la proliferación de la pobreza, la precarización, el hambre y la muerte.

La disyuntiva epocal es de gran calado: o el capital o la vida. Optar por privilegiar los intereses corporativos significa profundizar el despojo, la ex­ plotación, la dominación y la discriminación, con el agregado del realismo salvaje que atenta directamente contra la vida por medios coercitivos y pu­ nitivos para garantizar el control político de la población y las exigencias

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corporativas. Optar por la vida, por la reproducción de la vida humana en condiciones dignas, amerita cambiar los principios del modelo de desarrollo, de modo que se guíe por preceptos como la soberanía laboral y alimentaria, el trabajo digno y remunerativo, la democracia formal, partici­ pativa y social.

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Cuestionando la sustentabilidad social: reproducción precaria y su replanteamiento metodológico Guadalupe Margarita González Hernández* José Roberto González Hernández**

Introducción

La construcción de relaciones sociales sustentables, es decir, aquéllas capa­ ces de replicarse en condiciones de respeto a las diferencias con equidad y justicia, es una de las aspiraciones humanas que están bien arraigadas en la historia. A esa aspiración se le suma la urgente necesidad de detener el de­ terioro ambiental y de recursos que las formas de producción, distribución y consumo actuales provocan, así como el requerimiento de que los procesos sociales se realicen bajo el amparo de la gobernabilidad democrática.

La sustentabilidad social, que junto con la ambiental y la económica conforman la triada del desarrollo sustentable en su versión más difundida, implica la solución a problemas tan añejos como la pobreza, la insatisfacción de las necesidades humanas básicas, la cobertura de los derechos humanos, políticos y sociales, la inequidad entre géneros, culturas y razas, etcétera.

Para la versión dominante, el enorme reto de la sustentabilidad social es evitar que las diferencias (principalmente las económicas) sean de tal mag­ nitud que obliguen a las personas a vivir de forma incompatible con su dignidad humana, que las formas de producción y consumo sean insosteni­ bles y que en último caso impidan la reproducción social pacífica en el largo plazo. Esta perspectiva de la sustentabilidad social pretende que ésta se dé bajo el marco de las actuales relaciones sociales de producción y reproduc­ ción; por lo tanto, no toma en cuenta los límites estructurales que el capita­ lismo actual le impone. * Docente investigadora de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Univer­ sidad Autónoma de Zacatecas. ** Docente investigador de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Uni­ versidad Autónoma de Zacatecas.

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guadalupe M. González H., José R. González H.

Desde una mirada crítica, la sustentabilidad social implicaría la transfor­ mación de las relaciones sociales, es decir, entre agentes de la producción, y no sólo sus relaciones técnicas (Foladori, 2002). Por consiguiente, el acceso y distribución de los medios de producción, las formas de apropiación de sus beneficios y el empoderamiento de colectivos sociales son elementos indispensables a la hora de describir las implicaciones prácticas de la susten­ tabilidad social.

Sin embargo, tanto en su versión crítica como en la dominante, el acceso a los mínimos o estándares sociales de alimentación, salud, educación e in­ greso es indispensable para la reproducción social sostenida. Es por ello que sustentabilidad social, desigualdad y pobreza están íntimamente ligadas, son elementos de un trinomio inseparable.

La desigualdad es habitualmente entendida como la heterogénea distri­ bución de los beneficios del desarrollo económico, político y social entre los miembros de una sociedad, sean esos beneficios observados como dere­ chos civiles, sociales, políticos o culturales y se expresen como acceso a opor­ tunidades, alimentación, educación o salud (cepal, 2010). La desigualdad social ha sido materia de estudio en México desde muchos años atrás bajo di­ ferentes disciplinas y perspectivas teóricas y metodológicas. Conceptos como pobreza, marginación, marginalidad y exclusión explican distintas caras de la heterogeidad social y sus efectos nocivos en la experiencia humana.

Cada perspectiva teórico metodológica ha propuesto formas de concep­ tualizar y hacer operativas ideas que comprendan las modalidades de la desigualdad y de los fenómenos relacionados con ella. En México destacan los estudios sobre pobreza, marginación y desarrollo humano, cada uno con distintos indicadores para dimensionar y ubicar las diferentes áreas o colec­ tivos en los que se manifiestan las carencias de acceso a bienes y servicios básicos, derechos sociales y limitaciones a las capacidades.

La desagregación geográfica de las mediciones de estos indicadores ha sido limitada; habitualmente el municipio ha sido el ámbito de georreferen­ cia más concreto. Sólo el índice de marginación del Consejo Nacional de Población proporcionó información en el ámbito de la localidad. Por ello ha sido necesario desarrollar categorías e indicadores que revelen la realidad en áreas geográficas más específicas tanto urbanas como rurales, considerando que se trabaja con fuentes secundarias y estadísticas oficiales que tienen co­ berturas geográficas definidas.

El Índice de Reproducción Precaria (irp) es una respuesta a tales necesi­ dades. En este trabajo se revisan de forma breve su conceptualización, cons­ titución y aplicación en la ciudad mexicana de Zacatecas-Guadalupe, así

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como la argumentación para su reformulación. Su reiterada aplicación con datos de esa área urbana muestra los cambios que han experimentado los indicadores que lo componen y refleja la complejización del fenómeno y su necesaria reformulación como expresión de la realidad social.

Desigualdad y pobreza en México y Zacatecas

Distintos estudios confirman que la falta de igualdad en el ingreso y la per­ sistencia de la pobreza en la sociedad mexicana están enraizadas en la posi­ ción estructural de México dentro del sistema económico internacional y en las características específicas de reproducción del capital nacional (Damián y Boltvinik, 2003; Boltvinik y Damián, 2004, Campos, Huerta y Vélez, 2012; Cordera, Ramírez y Ziccardi, 2008).

De acuerdo con Cortés (2011), la desigualdad del ingreso de los hogares en México no sólo es alta sino persistente. El autor muestra la “lenta pero sistemática disminución de la desigualdad en México hasta comienzos de los años ochenta y la súbita elevación asociada a la aplicación de las medidas del Consenso de Washington a partir de finales de la misma década” (Cortés, 2011: 5). Esta elevación al parecer se ha hecho más lenta —sin que la ten­ dencia se revierta— ya que tanto los datos proporcionados por Cortés como los últimos registros publicados del Índice de Gini por el Banco Mundial (2013) muestran un nivel de desigualdad casi constante. La desigualdad en la distribución del ingreso, según Cortés, puede ser modificada actuando principalmente sobre las relaciones sociales no sólo a partir del crecimiento económico.

La pobreza es otro fenómeno persistente en la realidad mexicana. En la percepción dominante, la pobreza es una privación del bienestar originado sobre todo por la falta de ingresos para un consumo adecuado de satisfacto­ res varios. Según esta vertiente, el trasfondo de tal carencia de ingreso se da por la falta de desarrollo de los mercados y por la incapacidad de los sec­ tores pobres de la población de integrarse a éstos. La perspectiva de su multidimensionalidad (Boltvinik, 2003) ha sido ha sido adoptada por el Estado mexicano a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —en 2010 el número de pobres1 en México 1 Para el Estado mexicano, la población en pobreza multidimensional (económica, de dere­ chos sociales y territorial) es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y que presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. La pobreza multidimensional extrema dispone de un ingreso tan bajo que

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se eleva a 52 millones, cerca de 46.2 por ciento de la población del país, un número que, de acuerdo con esta fuente, aumentó en 3.2 millones en los últimos dos años (Coneval, 2011a) La pobreza extrema en México es sufrida por 11.7 millones de mexica­ nos, cantidad destacable a pesar de que el informe de Coneval afirma que las carencias sociales de vivienda, salud, educación y seguridad social han disminuido. Sin embargo, la atenuante de estas mejoras sociales es la dismi­ nución del ingreso real de la población mexicana y, por consiguiente, un acceso muy limitado a la alimentación adecuada. Aunque el gobierno mexicano atribuye esta disminución a la crisis económica internacional, deben consi­ derarse también las características de distribución primaria de la renta en México.

Según el Coneval, el estado de Zacatecas reproduce las características nacionales en cuanto a intensidad de la pobreza multidimensional. En 2010 en el estado podían contabilizarse cerca de 900 mil personas en pobreza (60.2 por ciento de la población total, 10 puntos más que en 2008) y 158 mil en pobreza extrema (10.4 por ciento poblacional). Las principales carencias sociales en Zacatecas fueron las relativas a seguridad social y servicios de salud, y una creciente carencia alimenticia. Además, se consideró que 67 por ciento de la población estatal obtenía un ingreso inferior a la línea de bie­ nestar (Coneval, 2011b).

Estas cifras reflejan cómo persiste la incapacidad estructural de la eco­ nomía zacatecana en términos productivos y en la creación de los empleos suficientes que demanda el crecimiento de su población. En Zacatecas existe tanto estrechez como precarización del mercado laboral. La desigualdad generada por los desequilibrios en la generación de riqueza y empleos se refleja en varios ámbitos. Por ejemplo, si se observa por regiones, el creci­ miento económico se concentra principalmente en el centro y en el centro norte de la entidad, concretamente en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe (González, 2007).

Desafortunadamente, el dimensionamiento del fenómeno de las condi­ ciones de pobreza de la población en México carece de estudios que vayan más allá de las referencias estatales y municipales y que se centren en las interconexiones sociales y económicas que pueden existir en regiones con­ cretas, tales como las conurbaciones o las contigüidades municipales.

Por otro lado, aunque los conceptos y metodologías relacionados con la medición de la pobreza en México son múltiples y provienen de distintas no puede adquirir los alimentos con los nutrientes necesarios para tener una vida sana y presenta al menos tres de las seis carencias sociales antes mencionadas (Coneval, 2011a).

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fuentes institucionales y académicas,2 la mayoría tiene el objeto principal de cuantificar la población en pobreza de un territorio determinado en uno de dos aspectos fundamentales: por sus restricciones en el ingreso o por la privación e incapacidad de satisfacción de necesidades fundamentales del ser humano (Boltvinik, 2003).

En general, ambos métodos son descriptivos y carecen de explicación acerca de las causas del ingreso restringido, de la incapacidad de acceder a empleos remunerados, al aprovechamiento de los mecanismos de exigen­ cia de derechos y al disfrute de recursos urbanos, así como de las estrategias que la población realiza para solventar estas carencias (González et al., 2007). Pero sobre todo estos métodos no encuadran la realidad de la pobre­ za (nacional, estatal o municipal) en relación al modelo de desarrollo social, político y económico del país y de la inserción de las regiones y localidades en él.

En 2007 (González et al., 2007), se propuso el concepto y estudio de la reproducción precaria como medio para identificar y analizar la incidencia en áreas geográficas y hogares de déficits de cobertura de satisfactores ma­ teriales y sociales, como resultado de la desigual integración de la población en la producción y distribución de bienes y servicios que ofrecen las ciuda­ des. Sin embargo, una profundización en las características y condiciones actuales del fenómeno hacen necesario su replanteamiento conceptual y operacional de forma tal que no se pierda de vista la vinculación del hecho dimensionado y los procesos que lo provocan. Como lo afirman Vega y Juárez (2011: 22), identificando el “sujeto, el contexto y el proceso” involucrados en la reproducción precaria.

Reproducción precaria y su construcción metodológica

La reproducción precaria se considera un fenómeno estructural en relación con el desarrollo socioeconómico, fundamentado en la lógica de la relación ca­ pital-trabajo. Su estudio se inserta en las preocupaciones acerca de la susten­ tabilidad social en el marco de las transformaciones estructurales de la ac­ tual dinámica capitalista que integra a la población de manera desigual en la producción y distribución de los beneficios materiales e inmateriales del 2 Entre otros: El cálculo de la pobreza multidimensional, la pobreza por ingresos y el índice de rezago social utilizados en distintos momentos por el Coneval, el índice de marginación del Consejo Nacional de Población (Conapo) o el Índice de Desarrollo Humano calculado en México por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (Conapo, 2006 y pnud, 2011).

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desarrollo, en específico dentro de la ciudades donde se da acceso diferen­ ciado o exclusión del aprovechamiento del consumo, disfrute de bienes y servicios, y de la participación en asuntos públicos.

Como toda realidad social, la reproducción precaria es un fenómeno cambiante que sigue a las condiciones materiales vigentes; por lo tanto, sus expresiones y mecanismos de observación deben ser también flexibles y adecuarse a la dinámica de la realidad. Aunque la reproducción social es per­ manente, la noción de precariedad no lo es y alude a las condiciones impe­ rantes en las distintas dimensiones en las que la reproducción social se manifiesta.

La reproducción precaria puede observarse en distintos planos: individual, familiar, comunitaria, etcétera. Como fenómeno concreto, la reproducción precaria familiar es el proceso en el cual los hogares cubren sus necesidades básicas —tanto de naturaleza biológica como social— con ingresos y recur­ sos escasos, inferiores a los que en un contexto espacial e histórico constitu­ yen el mínimo de satisfactores indispensable para vivir con dignidad y cer­ tidumbre, que les permitan la participación en la vida política y social y el disfrute de los satisfactores que proporciona la convivencia social. Este pro­ ceso es un modo de vida que implica, además de una situación de escasez material, aspectos diversos vinculados a la integración y participación social que se expresan en un aislamiento socioespacial.

Por observación empírica, se conoce que bajo este fenómeno se encuentra la población en hogares que presenta los siguientes “rasgos típicos: i) ingre­ sos derivados de actividades laborales, ii) alimentación como rubro domi­ nante en el gasto, iii) ingreso insuficientes, restricción en el gasto y uso regular del crédito, iv) ausencia de ahorro en líquido y propensión a “invertir” en vivienda, v) escasez de activos para hacer frente a variaciones drásticas en el patrón de ingresos y gastos, vi) vulnerabilidad habitacional y hacina­miento, vii) prioridad en el equipo doméstico con fines de esparcimiento, viii) rela­ ciones familiares y sociales conflictivas, y ix) pasividad en el ejercicio de sus derechos fundamentales” (González et al., 2007: 147).

La organización socioeconómica y política vigente bajo la dinámica ca­ pitalista integra a la población con dichos atributos de manera desigual en la producción y distribución de bienes y servicios que ofrecen las ciudades, al mismo tiempo que excluye total o parcialmente del aprovechamiento del consumo, disfrute de bienes y servicios, y de la participación de asuntos públicos.

González (2004 y 2009a), González y Acosta (2009), González y González (2007) y González et al. (2007) explican ampliamente la construcción del

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Índice de Reproducción Precaria (irp). El objetivo de dicho índice es medir, a través de grados de intensidad, el impacto global de las carencias de los pobladores urbanos más sensibles a las desigualdades sociales y económicas del entorno. La reproducción precaria se constituye bajo cuatro dimensio­ nes: condiciones de vivienda, ingresos monetarios, educación y segregación socioespacial.

De acuerdo con lo anterior, una familia (miembros que integran un hogar) que carece de las condiciones materiales socialmente mínimas en la vivienda y en el entorno en el que habita o que no tiene acceso a recursos o servicios públicos urbanos para satisfacer sus necesidades biológicas y sociales, evi­ dencia reproducción precaria; tambien ésta se manifiesta cuando los ingre­ sos monetarios resultan insuficientes para acceder al consumo de bienes y servicios indispensables para vivir en condiciones sociales dignas.

Los miembros de los hogares privados del servicio educativo se integran al cada vez más dinámico y menos regulado mercado de trabajo con una participación vulnerable, a expensas de ingresos magros. Además, esto les impide el disfrute de los bienes culturales y un mejor ejercicio de sus dere­ chos civiles y políticos, lo que da pie al mecanismo de la exclusión social (González, 2010).

Los pobladores urbanos con menores recursos monetarios, educativos y de hábitos de consumo acorde con ellos están obligados, estructuralmente, a situar su residencia en lugares con mayor aislamiento social y tienen me­ nores posibilidades de acceder y disfrutar los recursos que les ofrece la ciu­ dad. La segregación socioespacial urbana es resultado de las decisiones de localización (acceso a una vivienda, a un habitus3 de consumo) (Bourdieu, 1991, 2003a y 2003b y Alegría, 1994) y los pobladores en condiciones preca­ rias reproducen prácticas del grupo al que se sienten pertenecer (Bourdieu, 1991, 2003 y 2003b).

Las cuatro dimensiones explicadas arriba se hicieron operativas por medio de nueve indicadores (porcentaje de población analfabeta, de pobla­ ción de 15 años y más sin primaria completa, de ocupantes en vivienda par­ ticular sin disponibilidad de drenaje ni excusado, de ocupantes en vivienda particular sin disponibilidad de energía eléctrica, de ocupantes en vi­ vienda particular que carecen de agua entubada, de viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento, de ocupantes en vivienda particular con piso de tierra, de población ocupada que recibe hasta dos salarios mínimos 3 Reproducción de prácticas propias del segmento social de conocimiento al que se siente pertenecer (Alegría, 1994: 419).

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y de pobladores que presentan segregación socioespacial)4 y se resumienron a través del método de componentes principales, bajo la práctica del análisis factorial (para mayor precisión, véase González et al., 2007).

El resultante índice proviene de la relación de las proporciones de cada uno de los indicadores con su factor. A través de la densidad del irp se divi­ den los resultados con base en el rango de variación en cinco estratos (muy alta, alta, media, baja y muy alta reproducción precaria). La propuesta teó­ rica y metodológica del irp se aplicó en primera instancia para observar la incidencia y desarrollo del fenómeno citado en la ciudad de ZacatecasGuadalupe en el estado de Zacatecas. Índice de Reproducción Precaria (irp) en Zacatecas-Guadalupe (1990-2010)

Para el caso de la ciudad Zacatecas-Guadalupe, se hicieron los cálculos en el ámbito del Área Geoestadística Básica (Ageb) para el periodo de 20 años (1990-2010) con datos obtenidos desde los censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, de los conteos de Población 1995 y 2005 (inegi, 1992, 1996, 2000, 2008 y 2010). Las variables que no fueron encontradas en algunos de los censos fueron estimadas con base en la tasa de crecimiento geométrico (inegi, 1997: 10).

Con esta composición del irp, se percibe a través de las figuras 1, 2 y 3 un mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la ciudad Zacatecas-Guadalupe (czg) en la década de los noventa, dejando sólo pe­ queñas áreas urbanas con muy altos índices de reproducción precaria.

4 El índice de marginación social de Conapo incluye la dimensión de distribución de la población, argumentando que la población que vive en comunidades con menos de 5 mil habitantes tiene menor potencial para adquirir un nivel decoroso de vida. En las ciudades se accede a un mejor aprovechamiento de las condiciones materiales del bienestar (ConapoConagua, 1993: 26). Este planteamiento no es válido en el interior de las ciudades. Para ello se ha desarrollado un marco teórico que maneja cómo y en qué circunstancias el individuo y su comunidad se integran a la sociedad urbana. Por ello se considera que el concepto de segre­ gación socioespacial explica perfectamente esa disyuntiva (Alegría, 1994 y González, 2009b).

La segregación socioespacial es una de las formas en las que se integra un grupo social al resto de los suyos; esta dimensión depende del grado de conocimiento y recursos económicos o no económicos que adquiere la población al relacionarse con su entorno. Por lo tanto, si viven en aislamiento social, se impide el acceso a los recursos urbanos (culturales, laborales, financieros). Se manifiesta en la manera como se consume, con la finalidad de distinguirse en el campo simbólico respecto a los otros grupos sociales. La segregación es resultado de las decisiones de localización (acceso a la vivienda, a un habitus de consumo); así, cada grupo reproduce sus propias prácticas con respecto a aquél al que se siente pertenecer. Debido a ello, grupos sociales con gustos y comportamientos similares tienden a relacionarse y ubicarse cerca unos de los otros (Alegría, 1994).

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Figura 1 Graduación del índice de reproducción precaria en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 1990

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del XI Censo General de Población y Vivienda 1990, inegi.

Aparentemente, se percibe una disminución de población y ageb con muy altos y muy bajos. Es decir, se concentró la mayor parte de la pobla­ ción en condiciones de baja reproducción precaria al acaparar 91 por ciento de la población urbana zacatecana. Pero al analizar los factores determinan­ tes del índice, los indicadores demuestran que no hubo progreso en la dota­ ción de servicios públicos ni de las condiciones de la vivienda de los po­ bladores de la czg , y los indicadores de ingreso y aislamiento social acrecentaron su valor en 7.4 y 2.7 veces, respectivamente. “La restricción de ingresos y la incapacidad de acceder no sólo a servicios urbanos sino a la participación activa en decisiones de la comunidad se convirtieron en ele­ mentos esenciales para entender las condiciones de reproducción precaria” (González et al., 2007: 126) en la ciudad en los noventa.

Según los componentes del irp, las variables relacionadas con las condi­ ciones materiales de la vivienda y la educación lo explicaron menos; fueron las de aislamiento social e ingreso las que revelaron mejor la varianza de los datos, situación que llevó a concluir a González (2004 y 2009a), González y Acosta (2009), González y González (2007) y González et al. (2007) que el proceso de reproducción está asociado a factores estructurales de la orga­ nización socioeconómica imperante y que la relación capital-trabajo se deteriora con el paso del tiempo. El aumento de la población que vivió la ciudad a finales del siglo xx generó una demanda de servicios públicos ur­ banos (culturales, políticos, educativos y los relacionados con los servicios básicos e infraestructura) y de empleo que tornaron la integración social más compleja. irp

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Figura 2 Graduación del índice de reproducción precaria en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 1995

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del Conteo 95, inegi.

Como resultado de la respuesta pública a esas demandas, la czg prácti­ camente tuvo cobertura total en energía eléctrica, viviendas sin piso de tierra y dotación de agua potable. No obstante, hubo evidencia de muy alto grado de hacinamiento (cuatro personas por cuarto). Esto fue una primera mues­ tra de la incapacidad de los hogares para generarse por sí mismos mejores condiciones habitacionales.

Figura 3 Graduación del índice de reproducción precaria en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 2000

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del XI Censo General de Población y Vivienda 2000, inegi.

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Para 2005, la reproducción precaria expresada mediante el irp práctica­ mente desapareció. De la población de la czg, 99 por ciento se encontró en ageb consideradas de muy bajo grado (véase figura 4). A diferencia del año 2000, donde se esparcieron las condiciones de la reproducción precaria por toda la zona urbana, en el 2005 existió un mejoramiento de todos los indi­ cadores, sobre todo aquellos que se refieren al aislamiento social. La provi­ sión de recursos urbanos (servicios públicos básicos, sociales, culturales y políticos) provocó un mayor acercamiento social entre todos los grupos de ingreso de la ciudad. No obstante, el factor ingreso se convirtió en el deter­ minante de la composición del irp, al explicar 36 por ciento de la varianza.

Figura 4 Graduación del índice de reproducción precaria en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del II Conteo General de Población y Vivienda 2005, inegi.

En 2010, la tendencia continuó. La reproducción precaria en la czg prácticamente se concretó a muy pequeñas áreas y acaparó a menos de 0.1 por ciento de la población total de la ciudad (véase figura 5). Esto respon­ dió principalmente a la cobertura total de la provisión de servicios públicos básicos como dotación de agua entubada, energía eléctrica y cobertura edu­ cativa básica.

A diferencia de 2005 y en concordancia con el año 2000, las variables que enmarcaron las dimensiones de ingresos y aislamiento social volvieron a ser las explicativas del fenómeno con 49 por ciento de la varianza, situa­ ción que significa un mejoramiento de las condiciones de la vivienda pero un deterioro progresivo de las condiciones laborales al mermar sus ingresos.

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Es decir, nuevamente, la reproducción precaria está vinculada con el dete­ rioro de la relación capital-trabajo en beneficio de la maximización de ganan­ cias. La precarización del trabajo (magros ingresos, ausencia de prestaciones sociales, nulidad de los derechos laborales, etcétera) imposibilita a la mayo­ ría de los pobladores de la czg a vivir en condiciones de reproducción sufi­ cientes para una vida decorosa.

Figura 5 Graduación del índice de reproducción precaria en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del II Conteo General de Población y Vivienda 2010, inegi.

Por una parte, los resultados del irp en el lustro pasado advierten sobre sus limitaciones: el irp conjunta las realidades heterogéneas de los hogares en el interior de un ageb; por lo tanto, expresa la realidad de un área geo­ gráfica definida y no la variabiliad de condiciones de reproducción posibles en su interior. Habría que desarrollar indicadores más desagregados (por manzana, por ejemplo) con la información oficial disponible o bien, en lo posible, analizar la variación de los datos que conforman el irp en cada ageb. Por la observación hecha mediante una encuesta ex profeso (González et al., 2007) se conoce que, a pesar de que no existieron condiciones alar­ mantes de precariedad en el periodo analizado, sí hay áreas urbanas (frac­ ciones de ageb) en las que se concentraron personas que no sólo experimen­ taron una marcada situación carencial, sino que la han acentuado con el paso del tiempo.

Por otro lado, tambien ha de observarse que la reproducción precaria se vuelve más compleja: se cuenta con energía eléctrica, pero se carece de

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espacios en la vivienda para mantener la estabilidad emocional; se cuenta con educación básica, pero no se tiene empleo o, si se llega a tener, se reci­ ben ingresos insuficientes. “La dotación de servicios públicos ya no explica el grado de aislamiento social y económico” que vive la población zacatecana, “sino la ausencia de capacidades tanto económicas como sociales para poder disfrutar de los bienes y servicios que ofrece” la ciudad (González et al., 2007: 139), así como para experimentar movilidad social ascendente con la actividad económica y recursos propios del hogar, es decir, se acentúa la exclusión social.

Si se desea que el irp siga expresando las diferencias sociales en la ma­ nera en la que se obtienen los mínimos de bienestar, es necesario hacer adecuaciones a los indicadores que lo componen. Dada la imposibilidad de calcular el índice por manzana debido al limitado acceso a la información hasta esa desagregación de distintos indicadores, se ha optado por reformu­ lar el irp.

Replanteamiento del Índice de Reproducción Precaria (2005-2010)

Las deficiencias del irp aluden principalmente a la intensidad de ciertos fenómenos que refieren a razones estructurales de la sociedad capitalista y que muy lejanamente las bases de datos pueden cuantificar. No obstante, la restructuración productiva involucra a las personas y a sus familias a través de distintos flancos que refieren principalmente a la profundización del desempleo. Ya el irp hacía alusión a la abundancia de sobrepoblación, que lejos de ser un sobrante que pueda ser empleado al tiempo, es un fenómeno estructural, cambiante, que el sistema económico actual no requiere em­ plear y que no lo hará en el futuro, precisamente porque lo que se indica es la maximización de la ganancia por medio del ahorro del factor trabajo y su remuneración (González et al., 2007).

El despido masivo de los trabajadores en el sector industrial para ser sustituidos por otros más capacitados o por maquinaria incita a que tengan que buscar opciones en sectores menos remunerados y menos productivos.

El sector terciario se vuelve el lugar idóneo para acapararlos (Weller, 2000 y 2004), pero implica la reducción o nula existencia de ciertas prestaciones ligadas con la relación capital-trabajo. En países como México, la seguridad social, a pesar de ser un derecho social, no es una prestación universal. Por su ascendiencia bismarckiana, la seguridad social está ligada con las relacio­ nes laborales, por lo que al reducirse el número de personas empleadas en

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el sector ligadas a la relación capital-trabajo, como el sector industrial, la cobertura de seguridad social también se reduce (Guzmán, 2012).

Aunque la seguridad social y, en especial, el acceso a servicios de salud se convierten en elementos fundamentales para mejorar los estándares de vida de los pobladores mexicanos, la restructuración productiva ha incitado el fenómeno contrario a causa de la reducción de contratación de trabajado­ res basados en la relación capital-trabajo y de la reducción de percepciones económicas ligadas al salario. El trabajo a destajo, el autoempleo, el subem­ pleo, aunque pueden ser registrados ante el sistema de seguridad social actual, en la mayoría de los casos no se registran por el simple hecho de ser altamente costoso para los involucrados; los mismos trabajadores no desean mermar sus ingresos precarios con un servicio médico. Por lo tanto, las fa­ milias con indicadores amplios de reproducción precaria intensifican más su condición a raíz de no poseer seguridad social y en particular servicios de salud gratuitos.

La pasividad en el ejercicio de los derechos fundamentales se planteó desde el irp original; no obstante, sólo se midió por medio del aislamiento geográfico y funcional y el acceso reducido o nulo a los recursos que ofrece la ciudad (González et al., 2007). No es suficiente. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) de la Secretaría de Gobernación (Segob, 2005 y 2008) indicó que la mayor parte de los mexica­ nos se informa a través de la televisión (60 por ciento en 2005 para llegar a 87 por ciento de los encuestados en 2008). Este dato tiene implicaciones importantes en la forma y tipo de participación.

El control monopólico de los medios masivos de comunicación como la televisión conduce a cierto tipo de cultura política que induce a un compor­ tamiento cívico pasivo que reduce la ejecución de los derechos políticos y civiles únicamente al sufragio del voto (García et al., 2012, e Ibarra, 2009).

Las familias y personas que no se informan por diversos medios, más que los masivos (concretamente la televisión), sobre lo que pasa en su comunidad intensifican no sólo su pasividad hacia el ejercicio de sus derechos funda­ mentales, sino que reducen la posibilidad de superar la reproducción pre­ caria de su situación. Bajo esta hipótesis, el acceso y uso de mayor variedad de fuentes y medios de información incentivaría el ejercicio de los derechos y una mayor participación social y política.

Finalmente, el desempleo abierto, en la intensificación de la restructu­ ración productiva actual, sigue siendo un factor característico, a pesar de estar oculto por estrategias como el subempleo o el autoempleo. El desem­ pleo afecta a las familias, al igual que las otras estrategias de supervivencia

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(transferencias, subsidios, remesas), al reducir los ingresos percibidos para la satisfacción de las necesidades, y se convierte en un elemento de conflicto entre sus miembros por el dominio y poder de la organización familiar.

A inicios de la década de los setenta, los altos costos de producción ge­ nerados por el costo variable (pago de salarios y prestaciones a trabajado­ res), así como el aumento de costos de producción (materias primas o ins­ trumentos de trabajo), intensificaron la caída tendencial de la tasa de ganancia de los capitales en el ámbito mundial, situación que provocó una restructuración por medio de la introducción de nuevas tecnologías que expulsaban a los trabajadores y aumentaban la productividad.

Mientras a los trabajadores que requería los volvió polivalentes, más ex­ plotados y con menores ingresos y prestaciones sociales, a los trabajadores expulsados los arrojó hacia empleos menos remunerados y con bajos nive­ les de productividad. Las consecuencias inmediatas se reflejaron en bajos salarios, desempleo, aumento de la precarización, deterioro de las condicio­ nes de trabajo, pérdida de prestaciones y debilidad en la generación de empleo productivo (Guillén, 2007, y Huerta, 1991 y 2007), en detrimento de la reposición de la fuerza del trabajador y de su proceso de reproducción familiar y social (González et al., 2007).

Ante las deficiencias mostradas por el irp o, más concretamente, ante la progresiva complejidad de la reproducción precaria, se propone un Índice de Reproducción Precaria reformulado (irpr) que introduce nuevos elemen­ tos de análisis, además de los involucrados en el irp original. Dichos ele­ mentos se refieren a: i) la ausencia de derechohabiencia a seguridad social por parte de la familia: ii) capacidad de los miembros de la familia a infor­ marse a través de un medio de comunicación y iii) que algún miembro de la familia en edad de trabajar se encuentre en un estado de desempleo abierto.

El irpr comprende, además de las dimensiones de vivienda, educación, ingresos y aislamiento social, la de empleo y salud. Y se integraron tres nue­ vos indicadores:

Cuadro 1

Dimensiones socioeconómicas

Educación

Ingresos monetarios

Fenómeno estructural múl­ Vivienda tiple que valora las dimen­ sio­nes, formas e intensi­ dades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios

Concepto

El acceso a la educación define la forma como se integra al mer­ cado de trabajo cada vez más competitivo.

Índice de reproducción precaria reformulado (irpr)

Porcentaje de ocupantes en Intensidad global de repro­ viviendas sin agua entubada. ducción.

Porcentaje de ocupantes en vi­ viendas sin drenaje y excu­ sado.

Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra.

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica.

Porcentaje de ocupantes en viviendas con algún nivel de hacinamiento.

Indicador para medir la intensidad

Porcentaje de población anal­ fabeta.

Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria completa.

El ingreso permite acceder al Porcentaje de población ocu­ consumo de bienes y servicios pada con ingresos de hasta indispensables para vivir digna­ dos salarios mínimos. mente.

Su ausencia o restricción reduce la satisfacción de necesidades a niveles infrahumanos.

El acceso a una vivienda ade­ cuada a las necesidades de los hogares permite no sólo mejo­ rar sus condiciones básicas, sino una mejor integración de sus miembros a la sociedad por contar con un espacio íntimo estable.

Viviendas en estado deplorable de sus condiciones propicia, además de problemas de salud, deterioro de las relaciones fa­ miliares y sociales.

Fundamento argumentativo

Operacionalización del Índice de Reproducción Precaria reformulado (irpr)

Depende del grado del conoci­ miento y recursos económicos y no económicos que adquiere la población al relacionarse con su entorno.

Los grupos sociales tienden a relacionarse y ubicarse con sus similares en gustos y comporta­ mientos y a alejarse socialmen­ te de aquéllos con distintas con­ ductas y satisfacciones.

Segregación socioespacial

Fuente: Elaboración propia con base en González et al., 2007.

La carencia de seguridad social y, en especial, de derecho a servicios de salud impide el uso completo de las capacidades fí­ sicas de la población.

Los servicios de salud sólo se reducen a la cobertura de la población que cuenta con un empleo que lo fundamente.

Porcentaje de población que recibe hasta dos salarios mí­ nimos, que es considerada aislada del resto de los gru­ pos de ingreso.

Porcentaje de ocupantes de viviendas que se informan a través de la televisión.

Porcentaje de ocupantes en viviendas que no cuentan con derechohabiencia a se­ guridad social.

El poseer un empleo, además Porcentaje de ocupantes en de proveer ingresos para satis­ viviendas que se encuentran facer necesidades biológicas y en el desempleo abierto. sociales permite desarrollar ca­ pacidades que le permiten en­ frentar los conflictos econó­mi­cos, políticos, sociales y cul­turales que le origina la organi­zación socio­ económica vigente.

Su ausencia incrementa el aisla­ miento social y la precarización económica, e intensifica los conflictos familiares y sociales.

Salud

Empleo

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Reproducción precaria a inicios del siglo xxi

La medición del irpr para la czg en los años 2005 y 2010 presentó una ten­ dencia similar a la del irp: la disminución de la reproducción precaria. No obstante, la complejidad se profundiza. Primero, la cantidad de población insertada en este estado de subdesarrollo se incrementó. En 2005, 90 por ciento de la población de la ciudad se consideró de muy baja, en contraste de 99 por ciento del irp clásico (véase figura 6). La población considerada de muy alta y alta reproducción precaria subió a uno por cien, mientras que en el irp clásico no cubría ni el 0.1 por ciento. En 2010, los indicadores caen.

La población considerada en muy baja reproducción precaria representó 95 por ciento del total. Mientras el irp clásico reportó 99 por ciento del total (véase figura 7).

Segundo, las condiciones del desempleo, ausencia de la seguridad so­ cial, restricción de ingresos y ausencia de educación fueron los determinan­ tes del irpr. Sólo el desempleo explicó 37 por ciento de la varianza y entre los cuatro explicaron 74 por ciento en 2005. Y en 2010, descendió a 33 por ciento la explicación de la varianza por parte del desempleo y a 68 por ciento los cuatro indicadores.

Figura 6 Graduación del índice de reproducción precaria reformulado en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del II Conteo General de Población y Vivienda 2005, inegi.

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Figura 7 Graduación del índice de reproducción precaria reformulado en la ciudad Zacatecas-Guadalupe, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos por ageb del II Conteo General de Población y Vivienda 2010, inegi.

Al comenzar la primera década del siglo xxi, la reproducción precaria, a pesar de disminuir su incidencia en la czg, siguió siendo explicada por la dinámica de la sociedad capitalista basada en la disminución del trabajo sustentado en la estabilidad laboral. La precarización del trabajo apoyado en baja productividad, bajos ingresos y reducidas prestaciones sociales influ­ yó fuertemente en la dinámica de la estructura familiar de las personas y en su organización física y social.

La ausencia de un mercado de trabajo estable, con seguridad en el em­ pleo y ante el alejamiento de una institución pública que defienda sus inte­ reses (el Estado se dedica a actividades que regulan la eficiencia del sistema económico), los pobladores de la czg privatizaron los costos de un proceso de restructuración productiva al entorno familiar privado. Es en la microes­ fera privada familiar donde la dominación del capital sobre el trabajo hace estragos hacia un acceso limitado de los recursos educativos, culturales, económicos y políticos que ofrece la ciudad.

Aunque la magnitud del fenómeno ha decrecido, se profundizó y com­ plejizó, sin opciones de solucionarse. Por el contrario, la situación precaria se reprodujo al ritmo de la intensificación de las relaciones capitalistas en los distintos ámbitos de la esfera social. Se ha reducido en cuanto a mejora­ miento físico de las condiciones de la vivienda (mejor calidad en los mate­

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riales de construcción), en la dotación de ciertos servicios básicos (dotación de energía eléctrica, agua potable y drenaje) pero el fenómeno de la repro­ ducción precaria no sólo persiste sino que se ha complejizado cuando ahora los determinantes de su evolución se refieren a su situación económica y a la organización interna familiar respecto a la integración al mercado de trabajo.

Los ingresos magros de los jefes de familia, ante el aumento del empleo precario, ha forzado a integrarse al mercado laboral a otros miembros fami­ liares; sólo conjuntando sus ingresos individuales pueden satisfacer las ne­ cesidades más básicas.

Además, precisamente porque sólo de manera conjunta los ingresos de los miembros pueden funcionar, han adoptado formas no nucleares de orga­ nización familiar: la familia extensa. La familia nuclear (padres e hijos) ha disminuido en las zonas con muy alto grado de reproducción precaria a causa de no poder sustentarse económica y socialmente; para ello, han in­ tegrado a nuevos miembros familiares (abuelos, tíos, sobrinos, primos, etcé­ tera) para poder sufragar los embates macroeconómicos (González et al., 2007). Éste es el motivo por el cual los indicadores de hacinamiento se han incrementado desde 1990 en la czg.

Al exigir a los miembros familiares el buscar un ingreso adicional y dejar educación y cuidado de la familia a un lado, las relaciones en el interior del hogar se vuelven ríspidas y vulnerables a los cambios que surgen en la es­ tructura económica. Las discusiones por ausencia y escasez de recursos eco­ nómicos y la frustración por no obtener trabajos remunerados es síntoma del costo social del modelo de crecimiento económico actual.

Por último, el grado bajo de participación social y político en la czg corres­ ponde a una marcada insatisfacción hacia las autoridades como un reflejo de la extenuación del proceso de reproducción precaria. La población zaca­ tecana parece interiorizar sus problemas y desacuerdos en el seno familiar privado; las estrategias de supervivencia se traducen en tácticas privadas y dejan al Estado y a su sistema de organización política sin obligación de realizar acciones encaminadas a reivindicar su responsabilidad pública.

Conclusión

Las herramientas teórico metodológicas utilizadas en las ciencias sociales deben ser flexibles y adaptables a la realidad. La desigualdad y los fenóme­ nos relacionados con ella están entre los objetos de investigación más cam­ biantes, dinámicos y complejos. La reproducción precaria, como parte de estos fenómenos, tambien ha mutado, acentuándose en determinados gru­ pos sociales y haciéndose más compleja en lo general.

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El irp, cuya función es dimensionar la reproducción precaria en áreas ur­ banas, requiere de ajustes que la realidad va dictando siempre que se quiera que continúe cumpliendo con su objetivo. Para ello se plantea el irpr, que incluye ahora indicadores relacionados con el empleo, el acceso a la seguri­ dad social y a la información que incida en el inmovilismo. En el caso de la czg, con el irpr se muestra cómo la reestructuración productiva que ha inci­ dido en la precarización del trabajo continúa siendo el factor estructural de mayor potencia que disminuye las posibilidades de grupos sociales enteros para disfrutar de una vida considerada mínimamente digna.

Los cambios que se operan en las relaciones salariales son un eje central para entender gran parte de los cambios en la dinámica y estructura fami­ liares. Existen evidencias para afirmar que los hogares buscan resolver en lo privado el impacto de procesos macro, como el desplazamiento de la mano de obra de los procesos productivos en aras de la productividad, la restric­ ción salarial o la reducción de subsidios al consumo a través de políticas sociales generalizadas.

Aunque está garantizado el proceso de producción capitalista al reducir al mínimo los costos variables y sustentar la reproducción de la fuerza de tra­ bajo, parece que los principios básicos de una sustentabilidad social basada en la equidad y la justicia no se logran en una profundización de las condi­ ciones precarias de vida de la población zacatecana.

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Partido en dos: migraci贸n y desarrollo

Un precariado global migrante.

Fuerza de trabajo, ciudadanía y espacio para la sociedad civil Carl Ulrik Schierup Aleksandra Ålund*

Una creencia en el progreso espontáneo debe enceguecernos ante el papel del gobierno en la vida económica.

Este papel con frecuencia consiste en alterar la tasa de cambio, en acelerarlo o hacerlo más lento según sea el caso; si creemos que esa tasa es inalterable —o aun peor, si consideramos que es un sacrilegio interferir con ella— entonces, por supuesto, no queda espacio para la intervención.

Karl Polanyi, The Great Transformation, 1944 No hay nada que se parezca al goteo hacia abajo; una persona bien puede sentarse a esperar la caída desde el cielo del maná o del amasi, y a lo mejor le puede golpear la cabeza un pedazo de satélite.

Con o sin una cabeza, no importa, mientras puedan vender la pieza de metal que cayó del cielo, puedan ser parte del nuevo mundo feliz de la globalización.

Ari Sitas, The Mandela Decade, 2010 No queremos abolir la flexibilidad aunque pudiéramos.

Queremos imponerle una regulación social.

Alex Foti, sobre la Fundación P2P, 2012

Las décadas recientes han sido testigos de los sistemas de migración trans­ nacional remodelados o nuevos que surgen en todo el planeta. Las migra­ ciones inter e intrarregionales han sido impulsadas por los cambios políti­ cos y económicos en Europa del Este, el rápido crecimiento de las economías * Profesores del Institute for Research on Migration Ethnicity and Society (Remeso). Agra­ decimientos. Este artículo es parte de un programa de investigación a largo plazo intitulado “Migración, reestructuración del mercado de trabajo e inclusión social” (Migration, Labour Market Restructuring, and Social Inclusion) financiado por el Consejo Sueco para la Investi­ gación de la Vida Laboral y la Investigación Social (Swedish Council for Working Life and Social Research —fas—). Los argumentos centrales de este artículo se desarrollaron en relación con varios talleres y a través de la comunicación individual con los colegas de Remeso de la Univer­ sidad de Linköping, Universidad de Ciudad del Cabo, Universidad de Ankara, Universidad de la Ciudad de Dublín y Universidad de Nicosia en el contexto de los proyectos sueco-sudafricanos 81

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carl ulrik schierup, aleksandra Ålund

industriales y de servicios, como las de China y la India, y por los movimien­ tos de refugiados expulsados por los conflictos y los problemas climáticos.

La migración irregular a gran escala y los esquemas de migración temporal proveen mano de obra a las economías en la Unión Europea, América del Norte, los estados del golfo, el este y el sudeste de Asia, Rusia, y también en los Estados antes en vías de desarrollo, por ejemplo Turquía y Argentina, los cuales se han convertido en nodos de crecimiento en una economía global cambiante. Asimismo, en África están al ascenso las nuevas economías del crecimiento —como por ejemplo en Nigeria o Kenya— para las cuales los migrantes laborales transnacionales y los que han sido desplazados a la fuer­ za de zonas de emergencia compleja en el continente sirven como una re­ serva de mano de obra flexible, aunque poco controlada.

Estos desarrollos dependen de una movilidad sin precedentes del capi­ tal, de la transnacionalización de las empresas corporativas, la reestructura­ ción de las economías nacionales y regionales, la informalización de los mercados de trabajo y la fragmentación del proceso de trabajo. Aunque los trabajadores en cualquier lugar se ven influidos por estos procesos, los mi­ grantes y las minorías raciales con antecedentes migrantes constituyen una parte desproporcionadamente grande de esta creciente categoría social, cuyas oportunidades y experiencia en el mundo del trabajo están marcadas por la “precariedad” en términos de trabajo informal, reducción salarial, temporalidad, incertidumbre y riesgo pernicioso (véase, por ejemplo, Schierup, Hansen y Castles, 2006; Waite, 2008; Munck, Schierup y Delgado Wise, 2012).

Tal es la fuerza de trabajo flexibilizada del llamado “precariado”, “que puede contratarse según la demanda, que está disponible al momento y que se puede explotarse a voluntad y despedir al capricho” (Foti, 2005: s/p).

Para desarrollar una perspectiva de movimiento social en relación con esta fuerza de trabajo global precarizada, hay que considerar que estos procesos constituyen, a pesar de amplias diferencias en las situaciones locales, un desafío para los sindicatos y para los movimientos más amplios de justicia social y de los derechos humanos en todo el mundo, más allá de las concep­ ciones convencionales del norte y el sur, el oeste y el este. y sueco-turcos, financiados por el Consejo Sueco de Investigación y el Consejo de Investiga­ción de Sudáfrica (Swedish Research Council and the Research Council of South Africa). Estamos agradecidos, en particular, con Ronaldo Munck, Nicos Trimiklionitis, Gülay Toksöz, Ari Sitas, Seyhan Erdogdü, Anders Neergaard, Branka Likic-Brboric, Zoran Slavnic y Nedzad Mesic.

Traducción del inglés de Luis Rodolfo Morán Quiroz.

un precariado global migrante

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El neologismo político “precariado” —una mezcla de “precario” y “pro­ letariado”— fue acuñado por el movimiento de la alter-globalización y adop­ tado subsecuentemente por la ciencia social (Foti, 2005; Wacquant, 2007; Standing, 2011). Es un término que designa un cierto momento histórico. Está di­señado en esencia para captar el surgimiento del empleo dependiente (contingente), el riesgo social y las situaciones de vida fragmentada —sin seguridad, protección ni posibilidad de predicción— como una nueva norma global (Hall-Jones, 2009; Berlant, 2012); una condición de trabajo y de vida de un grupo social cada vez más amplio, promovida por la globalización neo­ liberal. Al mismo tiempo, los términos “precariado” y “precariedad” son operados y debatidos como emblemas de rebelión, asignados por sí o por otros, para cuestionar las premisas de ellos mismos.1 Los grupos en desventaja entre los migrantes transnacionales, los denizens y los “ciudadanos” denigrados con antecedentes migrantes, han sido designados como el núcleo de este precariado global (Standing, 2012 y 2011). Las políticas migratorias exclusivistas, junto con la “irregularización” de la ciudadanía (Nyers, 2010), han forjado globalmente una fuerza de trabajo fragmentada y dispensable en la industria, el entretenimiento, la hospitali­ dad, el trabajo de cuidado de otros, los servicios de limpieza y domésticos, sujetos a prolongados horarios de trabajo peligroso, exigente, denigrante y sucio con un permanente “temor al despido y, potencialmente, a la depor­ tación” (Kundnani, 2007: 62).

Estos trabajadores frecuentemente son excesivamente vulnerables y mu­ chos derechos laborales y humanos básicos simplemente no les son recono­ cidos. Se trata de una fuerza de trabajo precaria que tiene presencia global; segmentada y discriminada por adscripción de raza y etnicidad, y dividida por género en lo que respecta a su inserción en sectores específicos de los mercados de trabajo locales y nacionales (véase, por ejemplo, Toksöz y Ün­ lütürk Ulutas, 2012; Hondagneu-Sotelo, 1994; Lugones, 2003).

Esto incluye a los trabajaores migrantes indocumentados, a los solicitantes de asilo no reconocidos en los mercados de trabajo informales, a los traba­ jadores por contratos temporales, así como a muchos de los inmigrantes establecidos y a sus hijos, cuyos derechos y oportunidades sustanciales están lejos de corresponder con los derechos de ciudadanía que formalmente pueden poseer (Schierup, Hansen y Castle, 2006). Juntos forman una fuerza 1 Éste es el caso, en un primer momento, para los movimientos sociales en el sur de Europa.

Los mismos términos adquieren significancia posteriormente para la juventud en toda Europa, y, en 2011, con una difusión mundial a través del movimiento occupy. Actualmente se incorporan de manera amplia en los debates políticos y científicos sobre los movimientos a favor de la clase obrera, y también por los líderes de dichos movimientos.

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de trabajo global “flexible”, atravesada por divisiones étnicas y de género, un precariado migrante global para el cual los derechos humanos, en térmi­ nos de acceso a una ciudadanía incluyente, representan un tema crítico en cuanto a derechos laborales, condiciones de trabajo y términos de empleo.

La precarización es reforzada por medio de rigurosas medidas de seguridad y de criminalización, excluyendo a los solicitantes de asilo “hacia fuera de la sartén” de un falso proceso de asilo hacia “el interior del fuego” (Koser, 1998) de la “ilegalidad” y hacia los más precarios guetos ocupacionales de los mercados de trabajo informales.

El razonamiento que subyace a la designación de un precariado migrante como una categoría particular, compuesta, dentro de un precariado global emergente más amplio, se aboca a las consecuencias críticas de la articula­ ción del trabajo precario y del status precario de la ciudadanía (Goldring y Landholt, 2011) instituido, formal o informalmente, en regímenes de con­ trol fronterizo discriminatorios e inherentemente racializantes, en los regí­ menes de bienestar, la regulación del mercado de trabajo y la representación política. Sin embargo, sería incorrecto representar a esta multitud en des­ ventaja como víctimas pasivas. La investigación actual documenta una gama de luchas sociales de los migrantes y de las minorías étnicas, cuestionando las condiciones precarias, la exclusión de los derechos humanos y de ciuda­ danía, la criminalización del ser y la restricción de movimiento.

A menudo, éstas adoptan la forma de luchas sociales locales, que pue­ den no estar guiadas por un programa coherente (Milkman, 2011), sino más bien por las preocupaciones cotidianas de ganarse el pan (Chimienti, 2011; Webster y Joynt, 2011). No obstante, una gran cantidad de “actos de ciuda­ danía” aparentemente descoordinados (Isin, 2009), llevados a cabo por aquellos “sin derechos a tener derechos” (Arendt, 1958; Khosravi, 2011), pueden sembrar las semillas del cambio sistémico en la evolución de la ciu­ dadanía (cfr. Balibar, 2010). Vemos también, en forma paralela a las estrate­ gias informales de ganarse la vida a y las luchas localizadas, movimientos expresamente políticos, en los ámbitos global, regional, nacional y local, que generan estrategias y discursos contestatarios que enfatizan las demandas de derechos humanos universales: los reclamos morales-políticos a favor de un régimen de migración global justo que enmarque las fuerzas del mercado en instituciones internacionales protectoras.

Los movimientos sociales contemporáneos relacionados con la migra­ ción, los derechos laborales, los derechos de ciudadanía y humanos, las co­ laciones globales y regionales de organizaciones de migrantes, comunidades de fe, sindicatos y las organizaciones no gubernamentales (ong) de defensa

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de los migrantes se representan a sí mismas como incubadoras para la pro­ ducción de conocimiento alternativo y como plataformas políticas (pga, 2010; Fekete, 2009; Transnational Institute, 2010).2 Impulsan las demandas colectivas a favor de la deliberación en el contexto de un régimen incipiente de gobernanza sobre la migración (Betts, 2010); es decir, foros globales para el desarrollo y coordinación de políticas, incluyendo a Estados-nación y a organizaciones multilaterales financieras, comerciales, del mercado de tra­ bajo, de ayuda y de derechos humanos, así como a organizaciones globales especializadas en migración y asilo (Likic´ y Schierup, 2012).

Hay, entonces, indicaciones de que está en marcha un nuevo movimien­ to social global, que habla a favor o con el precariado migrante en términos de justicia social y de derechos humanos; es una parte importante del movi­ miento más amplio alter-globalista, que se desarrolla en conjunción con éste y al mismo tiempo cuestiona la globalización neoliberal (cfr. Walton y Udayagiri, 2003). Este movimiento se ha convertido, durante la primera década del siglo xxi, en una voz crítica y cada vez más articulada que cues­ tiona las fuerzas políticas económicas de la precarización. ¿Será capaz esta multitud, esta construcción popular de coaliciones o este movimiento compuesto, de articular un programa alternativo para la acción con un impacto tanto local como global en el contexto de un régimen global de gobernanza para la migración?3 Este conjunto de problemas se vincula, teóricamente, con el amplio debate contemporáneo en las ciencias sociales sobre la gran transformación, y en particular con la relevancia de su análisis del deterioro económico de la economía global y los grandes contra­ movimientos sociales de los años treinta para los estudios sobre la relación entre mercado, Estado y sociedad, bajo las condiciones de globalidad y crisis social de nuestros tiempos.

El propósito en este artículo es de carácter exploratorio o, más específi­ camente, se orienta a explorar aspectos de un “ejercicio de construcción de ontología [en proceso][…] en el cual se dota a las descripciones del mundo de vocabularios no familiares para inquietar los discursos que de otra for­ man corren el riesgo de sedimentarse en algo no-crítico” (Waite, 2009: 412, en relación con Gibson-Graham, 1996). Intentamos alcanzar este propósito respecto al concepto de “precariedad”, condensando la esencia de la me­ 2 Entre otras importantes organizaciones se encuentran Migrant Rights International, World Social Forum on Migrations, Peoples Global Action for Migration, Development and Human Rights, Respect (de los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes) y picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants).

3 Dicho por medio de la metáfora del antropólogo e historiador económico Karl Polanyi (1957 [1944]), puede ser visto como un “‘contramovimiento’ contemporáneo”.

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táfora de Polanyi del “doble movimiento” de “mercantilización” frente a la “autoprotección de la sociedad”. Esto implica, en términos de “precariedad”, más específicamente, “tanto una condición como un posible punto de reu­ nión de la resistencia” (Waite, 2009); como una “condición”, sirve para epi­ tomizar las desventajas de la tan alabada “flexibilidad” producida por una “economía política de la inseguridad”, desde mediados de los años setenta, después de la apuesta incondicional de la utopía neoliberal a favor del libre mercado (Bech, 2000, 4); como “resistencia”, es un punto de reunión para los movimientos a favor de la justicia social y la solidaridad que han generado estrategias y discursos contestatarios en nombre de “la ciudadanía universal”4 o de “los derechos humanos”, encapsulados más notablemente en el lema del Foro Social Mundial “Otro mundo es posible”.

Al perseguir una concepción aterrizada de esta doble significación de “precariedad”, se propone explorar qué valor crítico adicional puede traer consigo potencialmente el concepto de “precariedad” a los estudios de una economía política contemporánea cambiante de la migración. Se discuten las tendencias cambiantes en la migración global sobre el telón de fondo de los procesos de mercantilización y remercantilización y el surgimiento de un “Estado regulatorio” neoliberal, y se plantea la pregunta de si se ven tendencias hacia la convergencia entre “sur” y “norte”, “este” y “oeste”. Se concluye el artículo considerando algunos aspectos de la otra cara de la problemática de Polanyi; las perspectivas a favor de un contramovimiento contemporáneo a favor o con el precariado migrante. Pasando por una re­ visión de los actuales avances de investigación, se plantea la pregunta: ¿qué espacio hay para la sociedad civil en la gobernanza de la migración? Abor­ damos los potenciales de los movimientos sociales para el cuestionamiento de la precariedad entre los migrantes enajenados y las nuevas minorías ét­ nicas. Y se trae a colación las controversias y los dilemas que han de anali­ zarse en mayor detalle, que requieren mayor elaboración teórica y mayor investigación empírica.

Del “fordismo” al “neoliberalismo encarnado”

Como un concepto de la ciencia social, la “precariedad”, así como su derivado, “precariado”, está asociada con la representación que hace Pierre Bourdieu (1963) de una naciente clase trabajadora colonial en Argelia en los años cincuenta en términos de precarité. Bourdieu hacía referencia, más específi­ 4 El lema del Foro Social Mundial de las Migraciones de 2012 (World Social Forum on Migra­tions) en Manila (wsfm, 2012).

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camente, a la división racializada de clase que separaba a los trabajadores ca­ suales o contingentes (travailleurs intermittents) de los trabajadores con empleo permanente.

En los años ochenta, diferentes versiones lingüísticas y discursivas de precarité fueron trasladadas a un uso más amplio en los estudios de la ciencia social de la mano de obra informal y casual en Francia, Italia y España, y durante la primera década del siglo xxi —a pesar de la crítica de falta de claridad analítica (cfr. Barbier, 2004)—, en toda Europa y en el mundo. En inglés, las derivaciones como precariousness (precariedad), precarious employment (empleo precario) y precarious workers (trabajadores precarios) han co­ brado importancia durante la primera década del siglo en los estudios críticos sobre la migración y el trabajo (Anderson, 2010). El concepto de precarity (precariedad) —la transposición directa del término original de Bourdieu hacia el nuevo lenguaje hablado en el inglés europeo—, junto con precariat (precariado), están al alza como nuevos conceptos paradigmáticos.5 Un telón de fondo importante es que el paradigma de la “exclusión so­ cial” —que ha sido el dominante en la Unión Europea desde principios de los años noventa, y en algún momento de manera más amplia en todo el mundo— comienza a ser visto como no muy realista en sus encarnaciones discursivas e institucionales prevalecientes (Schierup, Krifors y Slavnic, 2013).

Esto sucede en el escenario de las actuales medidas neoliberales de auste­ ridad para la reestructuración de los mercados de trabajo y la ciudadanía, pri­vando a los ciudadanos de los derechos sociales, políticos y cívicos esenciales (Sassen, 2006), combinado con un creciente escepticismo en cuanto a las herramientas del poder e institucionales de “inclusión social” como antídoto de la “exclusión”. En síntesis, tiene que ver con una duda creciente respecto a los remedios institucionales para la cura de la “anomia social” que se le ha asignado a la guardia de un Estado de bienestar que todavía existe oficial­ mente, pero que de hecho se ha desdibujado cada vez más (véase, además, Schierup, Hansen y Castles, 2006).

Efectivamente, un área más amplia de investigación crítica de la precarie­ dad está surgiendo dentro de los estudios internacionales del trabajo, forta­ lecida por las perspectivas sobre la globalización.6 Un modo fordista de ad­ ministración de la fuerza de trabajo en la época de auge del Estado de 5 En especial, tras la publicación del libro de Guy Standing (2011), The Precariat, el cual provocó una amplia discusión en los blogs científicos y políticos, así como en revistas y diarios en todo el mundo.

6 Por ejemplo, Papadopoulos (2005), Waite (2008), Standing (2011), Evans (2000), Munck (2007), Phelan (2006), Waterman y Wills (2001), Wacquant (2007) y Webster (2008) y Barchiesi (2006, 2012a).

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bienestar moderno —al menos como norma social y apoyada por una elabo­ rada regulación positiva— incluía todo el ciclo de vida del trabajador (que englobaba los costos de educación, salud, pensión, así como cuidado en la edad avanzada y otros componentes de la reproducción social) en sus cálcu­ los empresariales a largo plazo. Tal fue el caso también para los sectores formales de menor magnitud en los Estados desarrollados y en desarrollo.

La administración neoliberal emergente de la fuerza de trabajo, en con­ traste, se ha caracterizado por un modo generalizado de sobreexplotación, ya que “al operar únicamente en el presente, explota simultáneamente el futuro” (Tsianos, 2007: 19; véase también Papadopoulos, 2005). Así, la precariedad indica una expansión generalizada, impulsada por el mercado, de las rela­ ciones inseguras de empleo, que se organizan más allá de los confines de los sistemas de bienestar, como los esquemas de pensiones, de seguro médico, beneficios de desempleo y permiso por maternidad. En una situación histó­ rica de transición, la precariedad se ve efectivamente —tanto en el “norte” como en el “sur”— matizada “por las diferencias cada vez mayores entre las normas oficiales” que continúan centrando la “inclusión social en torno a la ética del trabajo y la actividad económica y las realidades materiales, en donde los trabajos […] ya no llevan siquiera a la satisfacción de las necesida­ des y requerimientos básicos” (Barchiesi, 2012a, 230: cfr. Slavnic, 2010).

Además, la precariedad implica el imperativo de aumentar la movilidad forzada, regional, global y nacionalmente, y la flexibilidad de empleos, ocu­ paciones y sectores. “La experiencia encarnada de la precariedad es”, efec­ tivamente, “el intento de vivir con los incesantes imperativos neoliberales para transformar el ser”, escribe Tsianos (2007, 192). El trabajador moldeado por un “neoliberalismo encarnado” es sujeto a constantes exigencias de per­ sonificar “flexibilidad”, “disponibilidad”, “múltiples tareas”, “múltiples locali­ dades” y una “movilidad” comprimida en el tiempo y el espacio (Tsianos, 2007: 192), con los migrantes y los que establecen contactos entre diásporas (diasporic networkers) como encarnaciones quintaesenciales.

El trabajo precarizado es vulnerable, hiperactivo y sin descanso, está expuesto a una ansiedad constante y a un agotamiento afectivo debido a la “explotación emotiva, con la inteligencia emotiva como un elemento impor­ tante para el control de su capacidad de ser empleado y sus múltiples de­ pendencias” en situaciones sociales marcadas por la incertidumbre y el cambio, y asociadas con medios de vida estratégicos que acortan las separa­ ciones convencionales entre el trabajo y el empleo, la comunidad y las múl­ tiples redes sociales. Pero, en contraposición con el trabajador fordista, en­ cerrado en la fábrica con el temor constante de perder (principalmente) su

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contrato de por vida, el trabajador precarizado es, al mismo tiempo, un pícaro astuto “engañador, persistente, oportunista, imaginativo” que responde aun obligado “al imperativo de ser cínico, energético, atractivo, pragmático” (Tsianos, 1007: 192).

De la “exclusión social” a la “flexplotación”

El contexto más amplio de la precariedad es la actual financiarización del capitalismo mundial (Harvey, 2010) que opera en asociación con la cam­ biante organización de la producción de bienes y servicios y la desterritoria­ lización, así como con la división de los procesos de administración y trabajo que solían concentrarse en unidades localizadas de mayor tamaño y ser monitoreadas por los sindicatos. Con la precariedad llegan la reducción de los derechos laborales y la informalización, y la precarización del trabajo a través de contratos temporales, el envío de procesos de trabajo a otros luga­ res (offshoring), la maquila (sub-contracting), la renovación de una producción en talleres de alta explotación y el trabajo doméstico (Mitter, 1986; Schierup, 2007).

De tal forma, las prácticas corporativas de lo que merece llamarse “san­ grienta sub-contratación”,7 tras la crisis y la transición del fordismo indus­ trial de fines de los años setenta, han organizado mercados de fuerza de trabajo “en red” (Castells, 1996).8 Esto ha tenido como resultado la ruptura de los pactos establecidos entre el trabajo y el capital, y ha instituido nuevas formas de empleo flexible, casual y temporal que han estado marcadas por la impredicibilidad y el “riesgo tóxico” (Woolfson y Likic-Brboric, 2008). La actual feminización de la fuerza de trabajo ha adoptado, en gran medida, formas precarizadas (por ejemplo, Anderson, 2010). La transferencia inter­ nacional del cuidado de personas, identificada como una nueva división internacional del trabajo reproductivo (Parreñas, 2005), hace referencia a las relaciones de explotación entre las mujeres en el mercado global, que impli­ ca procesos multifacéticos e íntimos de precarización del trabajo, la ciudada­ nía y la vida cotidiana (Andall, 2000; Lutz, 2002).

Al igual que la exclusión social —un término político central para la administración que hace la Unión Europea (ue) de la fuerza de trabajo y el bienestar social, adoptado por la ciencia social y finalmente difundido 7 Schierup (2007: 54), en relación con la discusión de Liepitz (1987: 220) del “sangriento taylorismo” en la periferia capitalista de los años ochenta, aludiendo, a su vez, a la firmación de Carlos Marx de la “acumulación originaria” como el sangriento “estado prehistóco” del capitalismo.

8 The Informational City (Castells, 1996) constituye una gran obra que se prefiere a la Magnus Opus en tres tomos de Castells sobre el surgimiento de la sociedad en red.

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mundialmente—, el significado de la precariedad está, efectivamente, abier­ to al debate, en especial cuando su uso se expande hacia ámbitos científicos y políticos cada vez más amplios. En el discurso prevaleciente de políti­ cas en la ue, la “precariedad” puede significar nada más que los ‘factores asociados con mayores riesgos de exclusión social’ (Directory General for Employment, 2011).

No obstante, el contenido que conlleva la “precariedad” en una gama de estudios críticos contemporáneos no es el de “pobreza” como tal, ni el de “exclusión social”. No trata sobre anomias que hayan de curarse por medio de la ingeniería social, sino que hace referencia a la inseguridad y contin­ gencia de una “inclusión subordinada” (Mulinari y Neergaard, 2004) gene­ rada sistémicamente por los regímenes avanzados de administración de la fuerza de trabajo flexible con un impacto global.9 La “precariedad”, sinteti­ za Ricceri de manera sucinta, es un “elemento constitutivo del nuevo desor­ den global, para el cual es muy funcional” (Ricceri, 2011: 68).

Concebidos así, los procesos de precarización dependen de los nuevos modos de la llamada administración “flexible” de la fuerza de trabajo (p. ej., Bezuidenhout y Kenny, 2000; Standing, 2003 y 2011). Pero, en contraste con los discursos gerenciales que suenan positivos en torno a la “fuerza de trabajo flexible”, la precariedad tiene una connotación crítica que hace referencia a las condiciones de vida y de trabajo austeras bajo el neoliberalismo; trabajo y vida, no sólo “sin garantías”, sino “impredecibles” (Berlant, 2012). Denota una vida de trabajo cada vez más sujeta a la instrumentalización corporativa del riesgo, a la que, elocuentemente se le llama “flexplotación” (Bourdieu, 1999; cfr. Jessop, 2002). En efecto, la “precariedad” entra en juego para servir como una deconstrucción crítica del lenguaje de la “flexibilidad”.

Más específicamente, esto se refiere —como lo han traído a colación Bezuidenhout y Kenny (2000) en su reseña de la economía política de la flexibilidad en el debate laboral en Sudáfrica— a la manera en la que “los diseñadores de políticas y los intelectuales que movilizan intereses de clase y de fracciones de clase para dirigir políticas” cambian de posición adop­ tando el discurso de la flexibilidad y cómo esto, por medio de sus “permu­ taciones ha ingresado en la realidad social como una fuerza material que dirige la nueva redacción de una recién imaginada ‘legislación restrictiva de 9 Esta perspectiva, ciertamente, también es la que proponen ciertos discursos sobre la ex­ clusión social, más allá de una hegemonía integracionista generalizada. Un ejemplo es el trabajo de David Byrne (2005: 85), quien sostiene que la exclusión social es una forma contemporánea medular de explotación, y por ende la lucha para combatir la “exclusión social” no puede ser más que una lucha en contra de la explotación. La verdadera cuestión, argumenta, es cómo crear un orden social que excluya la exclusión.

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la fuerza de trabajo’”. O, como Bourdieu (1999: 84) lo expresa: “la inseguri­ dad no es el producto de una inevitabilidad económica, identificada con la tan anunciada ‘globalización’, sino de una voluntad política”. Es la creación de una economía política que conjunta las nuevas formas de administración de la fuerza de trabajo globalizada con una fragmentación, depreciación y profunda reconfiguración de los marcos establecidos de ciudadanía, y con la administración de la migración global como una herramienta privilegiada.

Un creciente corpus de investigación ha señalado a la migración como un importante elemento en este proceso más amplio de erosión de los dere­ chos sociales y laborales, que impulsa una amplia “re-mercantilización” de la fuerza de trabajo (p. ej. Schierup, Hansen y Castles, 2006; Bommes y Kolb, 2006: 109; Castles, 2011). En relación con esto, algunos estudios han señalado la proliferación de nuevos modos de mercados laborales “en ni­ cho” y en enclaves impulsados por las maneras en las que se instrumentaliza la migración transnacional, frecuentemente circular o irregular, en la regu­ lación y reconfiguración de las economías, los mercados laborales y las so­ ciedades contemporáneas en todo el planeta (p. ej. Veiga, 1999; Raes et al.

2002; Galabuzi, 2006; Bauder, 2006; Toksöz y Ünlütürk Ulutas, 2012). Este estado actual de la administración de la migración y de la fuerza de traba­ jo es sintetizado de manera sucinta por Bridget Anderson (2010: 300): Tan bien como un grifo que regula el flujo de la fuerza de trabajo, los con­ troles de la inmigración funcionan como un molde que ayuda a formar tipos de fuerza de trabajo con relaciones específicas con los patrones y con el mer­ cado de trabajo. En particular, la construcción de una incertidumbre institu­ cionalizada, junto con los procesos migratorios menos formalizados, ayudan a producir “trabajadores precarios” sobre los cuales los patrones y los usua­ rios de la fuerza de trabajo tienen mecanismos de control específicos.

Migración, regulación y modos cambiantes de administración de la fuerza de trabajo

El contexto mundial histórico más amplio para los florecientes procesos con­ temporáneos de flexplotación y precarización es la generación de una “po­ blación excedente” global, de varios millones de personas, durante las pasa­ das tres décadas y media. Esto es, más específicamente, un ejército de reserva de mano de obra globalmente móvil que se ha “liberado” para estar a disposición de las corporaciones transnacionales, subcontratistas y franqui­ cias por medio de programas de austeridad que retiran los pactos sociales de

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bienestar y de los Estados de desarrollo en los cinco continentes, el colapso del socialismo realmente existente en Europa del Este y la Unión Soviética, y la radical transformación de las economías y sociedades china e india (p. ej. Delgado Wise, 2012).

Por medio de la migración internacional, este ejército de reserva global de fuerza de trabajo provee flexiblemente una mano de obra abundante y barata a patrones privados y públicos en los centros de poder corporativo en todo el planeta. La problemática asociada con la desventaja, el riesgo, la inseguridad, la imprevisibilidad y la pobreza es, en consecuencia, trasladada más allá de la preocupación integracionista durkheimiana por la “cohesión social” en los discursos prevalecientes sobre la “exclusión-inclusión social” (Levitas, 1998) hacia el terreno marxista de la explotación, con la población excedente y el ejército industrial de reserva como vehículos disciplinarios para la regulación y la instigación de la “moralidad” (Schierup, Krifors y Slavnic, 2013; cfr. Harvey, 2010). En términos amplios, podemos hablar así de la precariedad y la precarización como formas novedosas “de mantener el ejército de reserva trabajando —maximizando así la actividad productiva y a la vez generando presión a la baja en los salarios” (Moase, 2012).

Concebir a los migrantes laborales en términos de un ejército de reserva de mano de obra no constituye como tal novedad alguna; más bien es un principio de un acercamiento histórico-estructural a la migración laboral en los años setenta en su confrontación con la ortodoxia neoclásica (p. ej.

Abreu, 2010); la investigación sobre los sistemas de “trabajadores huéspe­ des” del norte global (p. ej. Nikolinakos, 1973; Castles y Kosack, 1973; Schierup, Krifors y Slavnic, 2013), así como sobre los sistemas de fuerza de trabajo migrante colonial (Meillassoux, 1981 [1975]) y el apartheid sudafri­ cano (p. ej. Wolpe, 1972). Michael Piore (1979), entre otros, ha argumentado que la migración internacional es impulsada por la demanda de un ejército de reserva de fuerza de trabajo dispensable en las economías capitalistas avanzadas. Veía a la migración como una forma de proveer mano de obra, particularmente para el segmento secundario de los “mercados de trabajo duales”.

Existe una amplia literatura que demuestra que la teoría de la segmenta­ ción de Piore todavía es relevante y necesita desarrollarse y ampliarse. En Labor Movement. How Migration Regulates Labor Markets?, Harald Bauder (2006) se basa en Piore, pero va más allá, argumentando que existe una relación recí­ proca entre la segmentación del mercado de trabajo y la migración interna­ cional. En vez de ser simplemente un “ejército de reserva” que se recluta para ocupar espacios vacíos en mercados de trabajo duales, él aborda la

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migración —con referencia a la teoría neomarxista de la regulación— como un factor estratégico corporativo para configurar, regular y reestructurar los mercados laborales que están ubicados en nichos asimétricos.

Sobre la misma línea, Slavnic (2010) analiza la informalización del trabajo como un instrumento estratégico para la reestructuración, en conexión es­ trecha con la migración irregular como un instrumento regulatorio subrep­ ticio. Según este argumento, una mayor informalización, con la migración irregular como una de sus manifestaciones actuales más conspicuas, depende de una insidiosa discrepancia estructural entre los antiguos modos (fordistas y relacionados con el Estado de bienestar) de regulación y los nuevos regí­ menes (neoliberales) de acumulación.

Los marcos regulatorios nacionales establecidos se tornan políticamente inaceptables para los bloques de poder dominantes; se consideran inade­ cuados para integrar los modos cambiantes de acumulación neoliberal. Esto implica que todos los actores relevantes desarrollan sus propias estrategias para lidiar con las dificultades, yendo más allá de los marcos regulatorios existentes que habitualmente han definido las distinciones entre las activi­ dades económicas formales e informales.

Como tal, la informalización del trabajo, la proliferación de nichos gri­ ses de mercados de trabajo étnico y la migración irregular pueden verse como productos de las estrategias de evasión que administran una transi­ ción en la cual el régimen normativo y legal están fuera de sincronía con los nuevos modos de acumulación del capital y con las exigencias de podero­ sas coaliciones políticas por la “flexibilidad” en términos de reducción sala­ rial, disminución de los derechos laborales y sociales, empleo contingente y desindicalización.

En consecuencia, la expansión de la economía informal —concebida como “la producción y/o la distribución no regulada de bienes y servicios que de otro modo serían lícitos” (Castells y Portes, 1989)— está interrelacio­ nada íntimamente con la economía formal y con las estructuras de reestruc­ turación de los actores corporativos, tanto públicos como privados. La reduc­ ción de la escala corporativa, la producción externa y la maquila, junto con las estrategias impulsadas por el Estado para administrar las crisis, conlle­ van fuerzas dinámicas de informalización desde arriba (Slavnic, 2010). Esto incluye —por medio de mecanismos de producción externa, maquila y su­ puesto “autoempleo”— la configuración activa del empleo informal, las empresas informales y la construcción de actores marginados, quienes com­ parten una falta de reconocimiento y protección legales, una vulnerabilidad extrema y una dependencia respecto a los acuerdos institucionales que

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generan nuevas formas de una economía política informal (ilo, 2002). Sin embargo, a medida que estos actores marginados desarrollan estrategias de sustento más allá de los marcos regulatorios formales para lidiar con su propia situación vulnerable, contribuyen activa y creativamente a la repro­ ducción de la irregularidad por medio de una informalización desde abajo (Slavnic, 2010). Éstas son cuestiones importantes en el desarrollo de una perspectiva comparativa, respecto a los sistemas contemporáneos de migración en el norte y también en el sur. No obstante, es importante ver la informalización y el surgimiento de la migración irregular como tan sólo una faceta de la precariedad. Se necesita, por ende, analizar diferentes modos contemporá­ neos de administración de la migración en la perspectiva más amplia de los nuevos sistemas regulatorios formales emergentes.

La hegemonía neoliberal ciertamente implica abandonar o evadir las regulaciones y la intervención estatal protectora y redistributiva positiva que prevalecía en los Estados de bienestar del pasado, así como en los antiguos Estados de desarrollo, por ejemplo Argentina, México o Chile; por no ha­ blar de la planeación y redistribución burocrática en Europa del Este y en la Unión Soviética. Pero eso no significa que se disminuya la regulación como tal. Lo que con frecuencia es llamado coloquialmente “desregulación”, de hecho es una combinación de desregulación y re-regulación, es decir, el reemplazo sucesivo de antiguas reglas por nuevas (Slavnic, 2010). Además, esto no significa menos regulación, sino más bien más regulación (Slavnic, 2010 y p. ej. Standing, 2011).

Efectivamente, siguiendo a Majone (1997), lo que se ve es la emergencia de un Estado regulatorio que reemplaza al llamado Estado redistributivo “po­ sitivo”, es decir, un Estado que se caracteriza por capacidades regulatorias crecientemente negativas, regulaciones que reemplazan los impuestos y la redis­ tribución, y que eliminan efectivamente los obstáculos institucionales y sociales para la mercantilización o la re-mercantilización de la fuerza de trabajo, el dinero y la naturaleza (p. ej. Papadopoulos, 2005; Burawoy, 2006). Al mismo tiempo, la responsabilidad de la rerregulación está siendo delegada a los cuerpos ejecutivos, que son cada vez más independientes de las instituciones democráticas (Majone, 1997: 159; Sassen, 2006).

Al aplicar este argumento general al desarrollo de los sistemas contem­ poráneos de migración, planteamos la hipótesis de una tendencia global a largo plazo hacia el reemplazo de la migración irregular por migración administrada formalmente. Se ve al primero como un modo prevaleciente de precariedad y como un vehículo para la “flexibilización” en una situación

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posfordista de transición, y al segundo como una forma típica de precariza­ ción del migrante y como un modo esencial de flexibilización de la fuerza de trabajo generada por el Estado regulatorio neoliberal.

Se refiere a los esquemas formalizados y en su mayoría regulados rígida­ mente, de trabajadores migrantes temporales y circulares que en el presente se están instalando en toda la ue y tendencialmente en su vecindad (p. ej.

Turquía y otros países de acceso potencial) bajo la marca de la “migración administrada”. Se trata de una alternativa institucional a la irregularidad en masa que comienza a ganar peso político global en el tlcan, los estados del Golfo, Australia, Asia del este y sureste, y cada vez más en la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (Southern African Development Community, sadc).

Los gobiernos cumplen las demandas de los patrones por tener acceso a la mano de obra barata y “flexible”, y al mismo tiempo buscan apaciguar a los populistas que se oponen a la inmigración, por medio de estas nuevas prácticas de empleo que afirman evitar los “errores” de las anteriores políti­ cas de migración que permitían a los migrantes establecerse y lograr una incorporación gradual en el estatus de ciudadano. Estas prácticas se com­ plementan por esquemas selectivos para ciertas categorías de trabajadores migrantes dotados de recursos o profesionalmente especializados, que se juzgan valiosos para los propósitos del establecimiento permanente.

El crecimiento en el mundo entero de esquemas de migración temporal es uno de los temas más complejos para ser estudiado por la investigación sobre migración y uno de los desafíos actuales más serios para los sindicatos y las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes (p. ej. pga, 2010). Vistas en el contexto más amplio de la globalización neoliberal, la migración temporal y circular, junto con una gama de otros intentos con­ temporáneos por re-regular la migración, constituye una parte integrada de las prácticas neoliberales de re-regulación que impulsan la mercantilización o la re-mercantilización de la fuerza de trabajo. Se han venido desarrollando junto con la reestructuración de los mercados contemporáneos de fuerza de trabajo en su conjunto, y con la constitución y reproducción del Estado re­ gulador —conocido como el “Estado post-nacional del empleo” (workfare state) (Jessop, 2002) encarnado en las comunidades regionales, como la ue, tlcan y la sadc.

En contraste con los extensivos sistemas de “trabajadores huéspedes” de la posguerra en Europa central que dejaron notables resquicios legales-ins­ titucionales o aperturas informales para que los migrantes accedieran a la ciudadanía (p. ej. Guiraudon, 2000), los sistemas actuales de trabajadores tem­ porales tienden a ser monitoreados más rigurosamente (p. ej. Barrientos,

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2007), y con ello ser más efectivos en generar una especie de apartheid en las economías y sociedades. En estos sistemas, los migrantes se quedan aislados de los marcos “normales” de ciudadanía en los “países anfitriones” (Schierup y Ålund, 2011a).

Además, las políticas que combinan la administración de la migración y de la fuerza de trabajo con acuerdos de desarrollo entre los países receptores y de origen (p. ej. Triandafyllidou, 2013) pueden, por su diseño, contribuir a restringir los actos de ciudadanía e incorporación en los “países anfitrio­ nes” de trabajo y encadenarlos a un proceso de reproducción social en sus países de origen. Además, los trabajadores temporales son notablemente difíciles de organizar, ya sea por los sindicatos o por los movimientos de derechos civiles, debido a su expectativa de hacer una estancia corta y por estar ligados usualmente a un solo patrón.

Dado este telón de fondo, las estrategias prevalecientes de “migración administrada” están en posibilidad de generar aún más presión en otros tra­ bajadores situados entre los más vulnerables en el mercado laboral. A pesar de las políticas prevalecientes que gravitan hacia los esquemas formales de “migración administrada”, los trabajadores migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo repatriados pueden ubicarse entre los que todavía per­ tenecen a los “más requeridos” en las economías políticas de flexplotación, pero con su estatus devaluado, como los políticamente “menos deseados”, lo que se exacerba a través del vilipendio público y la competencia con los traba­ jadores temporales flexibles e institucionalmente limitados (p. ej. Schierup, Hansen y Castles, 2006).

Además, la flexplotación mediante esquemas de migración temporal puede funcionar para generar presión sobre los segmentos en desventaja entre los migrantes y minorías étnicas que gozan de ciudadanía (formal) plena, y lanzarlos hacia ámbitos clandestinos de los mercados de trabajo racial o étnicamente segmentados.

Hay, pues, razones para replantear al argumento de Mingione (1996) en el sentido de que diferentes modos de precarización nunca pueden en­ tenderse de forma aislada. Deben ser investigados en su mutua articulación dentro de un más amplio orden social cargado de conflictos, dentro del cual la competencia y las tensiones latentes entre diferentes grupos de trabajado­ res vulnerables pueden ser manipuladas sistemáticamente por los patrones y sus organizaciones, de modo que promuevan condiciones de trabajo pre­ carias y la denigración de la ciudadanía social (cfr. Fox Piven y Cloward, 1993).

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El nexo trabajo-ciudadanía

La teoría de regulación prevaleciente asume típicamente una perspectiva ma­ cro en cuanto a la manera en la que operan las economías, pero deja de lado las cuestiones pertinentes de la migración, la ciudadanía y las relaciones étnicas.10 A pesar de una atención académica creciente al tema, el desarrollo de una economía política comparativa que integre las teorías y los estudios de la ciudadanía, la etnicidad y la racialización con los estudios de la regulación del mercado de trabajo y de la política de ‘flexibilidad’ queda como tarea pendiente (Schierup, Hansen y Castles, 2006).

Lazaridis y Psimennos (2000) han hecho un comentario importante pa­ ra hacer avanzar una concepción teórica y analítica sintética. Al deliberar sobre la “flexibilización” traen a colación las múltiples conexiones entre, por un lado, “la desregulación y la pérdida de la capacidad de los trabajadores para intervenir en su espacio económico” y, por otro lado, “la flexibilización del lugar de trabajo y el empleo de trabajadores inmigrantes”. La función ge­ neral de la flexibilización, argumentan, es reducir los costos de producción, quebrantar la identidad colectiva de los trabajadores e incrementar la su­ pervisión de parte de los patrones (Lazaridis y Psimennos, 2000: 174).

No obstante, los trabajadores inmigrantes son particularmente “flexi­ bles” porque su precaria posición está asociada no únicamente con el proce­ so de desregulación del trabajo, sino con la más amplia economía política que conecta las técnicas de producción con las políticas de control de la fuerza de trabajo. De esta manera, la “dualidad de la flexibilidad” se extien­ de a áreas como los beneficios de bienestar, el estatus de ciudadanía, la par­ ticipación política y el sustento cotidiano de las comunidades de migrantes bajo condiciones de clandestinidad. Derivar conclusiones de lo anterior nos lleva a una definición y a una concepción de la “precariedad” que amplía las percepciones habituales de “precario” o “precarización” en términos de las condiciones asociadas y que han de explorarse dentro de los ámbitos de los mercados de trabajo y de la vida laboral.

Otra importante contribución fue la realizada por Bauder (2006). La ciu­ dadanía, la migración y la regulación de los mercados de trabajo son insepa­ rables, sostiene. Se operan múltiples grados de inclusión/exclusión dentro de los marcos de ciudadanía como un mecanismo legal, discursivo y político que clasifica a los trabajadores migrantes y a los “ciudadanos” étnicamente estigmatizados en diferentes categorías y grupos jerárquicamente organizados, distribuidos en segmentos de mercados de trabajo étnicamente divididos.

Véase, por ejemplo, la recepción crítica de la teoría de regulación de parte de Bauder (2006).

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Además, Castles (2011) argumenta que el estatus laboral y las condicio­ nes específicas del trabajo y la vida de los individuos parecen depender menos de su dotación de capital humano —uno de los axiomas centrales de la economía neoliberal— que del impacto discriminatorio de la etnia, el género y la clase para distribuir las posiciones. Esto se corresponde y es ins­ trumentalizado por las jerarquías nacional, regional y global emergentes de ciudadanía (Castles, 2011). Van Parijs (1992) llega a concluir que el estatus de ciudadanía ha ejercido una influencia cuantitativa más poderosa en la distribución del bienestar material que las habilidades.

Todo esto se aúna al desarrollo de políticas de inmigración orientadas a definiciones discursivas e institucionales cada vez más estrechas de naciona­ lidad y ciudadanía (Cohen, 2006) en donde las fronteras entre el ciudadano y el no ciudadano se hacen cada vez más borrosas y se ha designado crítica­ mente un “estado de excepción” como norma generalizada (Agamben, 2005). Desde otro ángulo, mientras que la irregularización de la ciudadanía antes pudo ser parte de una política de excepción, ahora es parte de la ope­ ración “normal” de la mayoría de los estados (Nyers, 2006). Una transferen­ cia concurrente de políticas y prácticas de control de la migración desde los guardias fronterizos hacia las agencias institucionales, situadas en los terri­ torios internos de los bloques políticos regionales (Jordan, Stråth y Trianda­ fyllidou, 2003) da un alcance más amplio a la bien utilizada frase de Policing the Crisis (“vigilando la crisis”, Hall et al., 1978).

Sin embargo, esto no resulta en fronteras herméticamente selladas co­ mo implicaría el significado convencional de la popular metáfora “Fortaleza Europa”, sino más bien en la articulación de medidas de seguridad, crimina­ lización y deportación —que infunden temor, sumisión e “invisibilidad”— con una “política imperceptible” que canaliza a los migrantes (irregulares) y a los refugiados a través de fronteras porosas hacia guetos de trabajo infor­ mal. Los migrantes laborales y los refugiados, a su vez, desarrollan sus pro­ pias estrategias para penetrar las fronteras permeables, aprovechando las comunidades de migrantes transnacionales y diásporas. Desde esta perspec­ tiva, los actuales regímenes de control de la migración en las comunidades regionales, como la ue, el tlcan, la sacd o el cis son elementos inseparables de la “informalización desde arriba” y también “desde abajo”.

En términos más generales, el resultado discursivo y político-institucional del remodelamiento de las políticas y las prácticas de la ciudadanía es una notable distinción entre lo que Nyers (2006) llama “el ciudadano esencial” y el sospechoso “ciudadano accidental” expuesto a supervisión y medidas de seguridad. Esto añade dimensiones a la condición vulnerable, no sólo de los

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migrantes laborales irregulares y a los solicitantes de asilo repatriados, sino también a los que podríamos llamar “el ciudadano no-sustancial” (Slavnic, 2011). Con ello nos referimos a los ciudadanos de antecedentes migrantes y a sus hijos, dotados de todos los derechos formales de ciudadanía, pero pri­ vados de las oportunidades sustanciales de ejercer estos derechos11 debido a la exposición a prácticas institucionales estigmatizantes y discriminatorias que se basan en los discursos de origen, etnicidad y “raza” (Wacquant, 2007; Schierup y Ålund, 2011b).

Tratando de transparentar la variable derivación, posición y estructura de oportunidad de una gama de grupos vulnerables de migrantes, Goldring y Landholt (2011) sugieren el concepto de status precario (sp). sp denota fu­ siones sintéticas de dos tendencias en la globalización contemporánea: la reestructuración de la economía y de los mercados de trabajo local y global, por un lado, y los marcos de ciudadanía que se encuentran cada vez más resquebrajados, por el otro. Esto hace posible analizar la producción de la precariedad en términos de las intersecciones de las situaciones precarias de trabajo (spt) y los status legales (o de ciudadanía) precarios (slp).

Aquí, spt denota situaciones de trabajo que están marcadas por un em­ pleo contingente y una estructuración desbalanceada de riesgo (cfr. Woolfson y Likic-Brboric, 2008) con dimensiones económicas, organizacionales y regu­ latorias. A su vez, slp capta “formas múltiples y variables de un status no completa […] definidas por la ausencia de derechos o merecimientos clave […] asociados con el status pleno o casi pleno de ciudadanía y de residencia permanente, incluyendo, por ejemplo, la falta de autorización laboral; la dependencia de un tercero para los derechos de residencia o empleo; acceso restringido o nulo a los servicios y protecciones de carácter público que es­ tán disponibles para los residentes permanentes (por ejemplo, educación, sindicalización, derechos en el lugar de trabajo), y la posibilidad de ser de­ portados” (Goldring y Landholt, 2011).

A la matriz de trabajo-ciudadanía de Goldring y Landholt, podríamos añadir raza, etnicidad, género y clase como dimensiones de la ubicación social, es decir, formas de posición (positionality) que pueden también privar a los inmigrantes y a su descendencia de las oportunidades sustanciales de ejercer sus derechos debido a la discriminación y a la exposición a una se­ gregación forzada en guetos urbanos y ocupacionales sitiados.12 Estos espa­ 11 Se refiere a la distinción entre la ciudadanía “formal” y “sustancial” (véase, por ejemplo, Castles, 1997 y Bertossi, 2003).

12 El término “gueto ocupacional’ fue desarrollado por Feuchtwang (1982). Lo hemos utili­ zado ampliamente en nuestra propia investigación (por ejemplo, Schierup, 1993; Schierup, Hansen y Castles, 2006).

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cios constituyen una “zona indefinida en la que reina el libre mercado”, ocultando a una multitud de “extranjeros eternos” expuestos a las fervientes fuerzas de la mercantilización y de la privación social (parafraseando a Baldwin-Edwards, 1999). ¿Una condición global común?

Una importante condición previa para plantear la hipótesis de un contra­ movimiento de alcance global, que cuestione la precariedad, sería la suposi­ ción de una condición neoliberal generalizada o compartida y las políticas concomitantes de fuerza de trabajo y de administración de la migración, más allá del norte y del sur.

En su uso actual, la “precariedad” se ha desarrollado principalmente —al igual que su predecesor conceptual, la “exclusión social”— por los cien­ tíficos sociales europeos, relacionándolo con los profundos cambios en la economía, la ciudadanía y la estructura de clase en los Estados de bienestar europeos (Tsianos y Papadopoulos, 2006; Standing, 2011), a los que conven­ cionalmente se hace referencia en términos de “fordismo”, y a partir de eso intentar generalizar el significado y las implicaciones del concepto. Esto se ha topado con las críticas que vienen del análisis de las condiciones históri­ cas en el Norte así como en el sur global. De tal modo, argumentan Neilson y Rositter (2008) “una profunda consideración política del concepto de pre­ cariedad requiere que veamos el fordismo como una excepción”, un breve “episodio” en la historia europea y occidental.

O, en las palabras de Foster (2011), lejos de ser un producto distintivo de la economía posfordista, “históricamente la precariedad podría ser más la regla, mientras que la promesa fordista de seguridad laboral relativa y de protección sindical es más la excepción”; una condición con la cual los pro­ letarios, vistos desde una perspectiva de longue durée sobre la historia del capitalismo, no han estado dotados. Otros asumen como verdadero el argu­ mento de que el trabajo y el sustento precarios han sido y continúan siendo la norma y la condición de la mayor parte de la población mundial; “en el sur global, en Europa del Este, así como para la mayor parte de las mujeres y los migrantes en el Norte” (Network, 2006) y aun con el sur global a la cabeza, en términos de “condición”, así como la punta de lanza de la “resistencia”, si­tuando los sustentos de la economía informal como clave (Keyworth, 2012).

Puede entonces intentarse globalizar la “precariedad” como concepto al recuperar (con Bourdieu) sus orígenes en el sur global y por implicación ver (con Bech, 2000) que el sur predice su futuro a las sociedades del norte que

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alguna vez fueron afluentes y relativamente seguras. Sin duda, hay notables similitudes entre procesos previos de informalización desde arriba y desde abajo conforme las condiciones de la dominación imperialista, analizada entonces en términos de “marginalidad” (Quijano Obregón, 1974). No obs­ tante, equiparar simplemente el significado contemporáneo de “precarie­ dad” con las condiciones coloniales o poscoloniales del pasado, o alter­ nativamente una réplica simple de la condición europea del pasado, sería anacrónico, y privaría al concepto de su potencial para la exploración de la convergencia y la divergencia dialécticamente vinculadas y encarnadas en unas condiciones particulares compartidas de la globalidad contemporánea.

En consecuencia, la “precariedad” no debería ser sobre una historia que simplemente se repite a sí misma en “un movimiento circular de domina­ ción y resistencia” (Barchiesi, 2012b). Herrman (2011: 34) sugiere que pue­ de hablarse de precariedad en términos globales de una forma contempo­ ránea específica del ejército de reserva de fuerza de trabajo, con cambios crecientes en el mercado de trabajo visualizados en términos del ‘individua­ lismo extremo de la economía clásica y su traducción a una cultura política libertaria […] puesta en operación y definida como una nueva norma prin­ cipal de todo el tejido social” (Herrman, 2011: 33); o —como lo ha sintetiza­ do Barchiesi (2011: 10) en su libro sobre la “liberación precaria” de Sudáfri­ ca poscolonial y postapartheid— con el nexo trabajo-ciudadanía “moviendo la fuerza impulsora de la emancipación del cambio estructural al ciudadano abstracto desracializado”. Esto implica un desarrollo convergente —aunque en una escala diferente y en formas particulares altamente variantes en el sur y en el norte, y en el este y el oeste— dada la suscripción de las alianzas políticas de clase globales y locales a una hegemonía neoliberal común.

Por lo tanto —aunque el predicamento histórico colonial y poscolonial junto con las condiciones actuales de dominación imperial siguen significan­ do un parteaguas crítico en cuanto al carácter de la economía, el Estado y la sociedad en el sur y en el norte (Burawoy y Von Holdt, 2012)—, encontra­ mos teóricamente sensato argumentar que la actual coyuntura plantea tanto una apertura como una necesidad de aproximarse al problema del “trabajo flexible” desde una perspectiva que incorpora comparación (McMichael, 1990: 671); es decir, ver instancias del proceso en el norte y en el sur como cada vez más comparables, desde su conexión por medio de los procesos globalizantes de precarización.13 13 Un importante coloquio, realizado en Johannesburgo (Burawoy y Von Holdt, 2012) sobre la relevancia del concepto de precariedad para los estudios sociales en el sur, señaló una notable necesidad de una comparación sistemática entre las condiciones en el norte y en el sur.

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Desde esta perspectiva, podemos proponer ubicar el grado al cual y las maneras en las cuales las trayectorias regionales particulares del neolibera­ lismo pueden a la vez estar configuradas por y configurar los procesos glo­ balizantes en un sistema internacional estructurado todavía por un dominio asimétrico, definido por líneas de clase, nación, raza y género que se inter­ sectan, y con la migración como una práctica mediadora y como una herra­ mienta regulatoria. Las divisiones desiguales de trabajo, riqueza y desarrollo continúan atravesando el mundo, globalmente al igual que dentro de las regiones. Al mismo tiempo, es necesario revisar las teorías de la economía política que se oponen críticamente a la ortodoxia económica neoclásica.

Algunas líneas generales para la transformación de la teoría crítica so­ bre la economía política global de la fuerza de trabajo migrante fueron su­ geridas por Portes y Walton (1991: 190) en Labor, Class and the International System: La formación de clases en el ámbito global […] significa que la fuerza de trabajo geográficamente dispersa no sólo es parte del mismo sistema de estrati­ficación, sino que cada vez más ocupa ubicaciones comunes dentro de ese sistema aparte de su residencia en el centro, en la semiperiferia o en la periferia. La fuerza de trabajo en el centro no está ubicada en una jerarquía enclaustrada en la cual gana la explotación periférica lo que pierde ante las clases superiores nacionales. Más bien, las jerarquías de centro y periferia se interpenetran compartiendo algunas posiciones y fortunas previstas (cada vez más) comunes.

Siguiendo líneas de razonamiento similares Tobias (2012) afirma, en una revisión de los regímenes de migración africanos contemporáneos, que la mayor parte de los estudios de refugiados y migrantes —que se basan en modelos económicos que enfatizan el desequilibrio de poder entre norte y sur (por ejemplo, la teoría de la dependencia, centro-periferia, la teoría del sistema mundial y los actuales estudios críticos de la globalización)— se con­ centran unilateralmente en el tratamiento desde el norte de los migrantes del sur. Sin embargo, dado el carácter particular del dominio de clase y la administración de la fuerza de trabajo en el neoliberalismo, y su actual im­ pacto global en las sociedades en el sur, así como en el norte, es urgente revaluar este “énfasis prevaleciente, casi exclusivo en muchos estudios de la globalización en las políticas deshumanizadoras y en la explotación de los migrantes del sur de parte de los Estados en el norte global, puesto que ese énfasis arriesga oscurecer el surgimiento de patrones más complejos de

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migración y de prácticas anti-migrantes en el mundo en desarrollo” (Tobias, 2012: 2).

Las políticas de migración y de asilo en el sur, argumenta Tobias —con referencia a los estados subsaharianos receptores de migrantes y refugiados y a las nuevas economías en crecimiento, como Ghana, Nigeria, Kenya, Botswana y Sudáfrica— emulan cada vez más los regímenes discriminatorios del norte, que apuntan a tratar a los trabajadores migrantes a los refugia­ dos que cruzan las fronteras como un ejército de reserva y fuerza de trabajo flexible, vulnerable, públicamente desdeñadas, pero económicamente esenciales.

De manera similar a las políticas y prácticas legales e institucionales por medio de las cuales los Estados de ingresos altos y medios en la ue y en otros lugares están “beneficiándose de la migración irregular al mismo tiempo que la denuncian”,14 el temor, la incertidumbre y la vulnerabilidad produci­ dos por una “inconsistencia estratégica”15 similar en las políticas y en las prácticas de los Estados que pertenecen a asociaciones regionales como los ecowas, la sacd y la nepad, relegan a los migrantes y a los refugiados a un estatus de ejército de reserva de fuerza de trabajo flexible para los nuevos tipos de mercados de trabajo con contratos de bajos salarios y breve dura­ ción en África (Tobias, 2012: 7). Esto conlleva modos diferenciales de pre­ cariedad delimitada por fronteras y conflictos racializados, “dejando a los refugiados y migrantes vulnerables ante la violencia, el hostigamiento y la explotación económica” (Tobias, 2012: cfr. Trimikliniotis, Gordon y Zondo, 2008; Desai y Walsh, 2010).

No es que sea novedad, como tal, la administración de la migración discriminatoria y racializada en regiones del sur global, y mucho menos en África. La administración de la fuerza de trabajo colonial, neocolonial y poscolonial del apartheid históricamente ha sido instrumental en la organi­ zación de los sistemas de migración interna e internacional, dirigidos a “vi­ gilar ocupaciones inestables y precarias y a negar derechos de ciudadanía a la clase trabajadora urbana” (Barchiesi y Bramble, 2003: 1). Era típico que esto se combinara con la apropiación de una renta gratuita con base en una continua reproducción parcial de la fuerza de trabajo migrante en las eco­ nomías de subsistencia del ámbito rural (Meillassoux, 1981 [1975]), con el sistema de fuerza de trabajo migrante de extenso monitoreo burocrático en el sur de África, sujeto al apartheid, como un caso ejemplar (Wolpe, 1972; Barchiesi, 2011).

Tobias (2012: 6), citando a Guilfoyle (2010: 1).

Tobias (2012: 7), citando a Betts (2010: 14).

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Pero los actuales regímenes de migración subsaharianos no replican sim­ plemente los sistemas coloniales. Son críticamente diferentes de los regíme­ nes de migración que emergieron después de la liberación nacional, los cuales eran comparativamente generosos, con principios establecidos en las convenciones y las prácticas gubernamentales de muchos Estados africa­ nos de los años sesenta y setenta. Lo que distingue a los actuales regímenes de migración regionales y locales en África y que los hace comparables con los que prevalecen en el norte es que, debido a la adopción por parte de las élites africanas contemporáneas y a la amplia puesta en práctica de políti­ cas neoliberales, las sociedades africanas se han sujetado a incentivos y cons­ treñimientos similares a los que operan en el norte (Tobias, 2012: 1).

Dependiendo de ello, las élites políticas y empresariales de África han instrumentalizado y han aprovechado las políticas nacionales y regionales de migración como herramientas para sus proyectos de clase, económicos y de carrera en sociedades sujetas a las políticas neoliberales de austeridad, privatización de los bienes públicos, reducción de la sindicalización, frag­ mentación social y creciente desigualdad. La conclusión que surge, sostiene Tobias (2012: 1), es que “en la medida en la que la globalización neoliberal continúa exacerbando la desigualdad dentro del mundo en desarrollo, las duras medidas que han adoptado los gobiernos de los países en desarrollo en contra de sus poblaciones de refugiados y migrantes probablemente se incrementen”.

Otros ejemplos de migración, reordenamiento neoliberal y precariza­ ción, tomados de otras economías políticas regionales en el mundo, podrían añadirse a la narrativa de Tobias sobre la actual transformación del África subsahariana. Un caso conspicuo, pero hasta el momento apenas investigado, es el de Rusia o, más específicamente, de los migrantes laborales provenien­ tes del sur en los territorios del norte de lo que era la Unión Soviética. Aquí, comprenden ellos un importante segmento de una fuerza de trabajo contin­ gente más amplia, marcada por diferentes formas de empleo precario carac­ terístico de la Rusia poscomunista (Bobkov, Chernykh y Aliev, 2011).

Varían los cálculos, pero es posible que el tamaño del ejército de reserva de “extranjeros” (antes se llamaban “conciudadanos” o “camaradas”), com­ puesto de migrantes provenientes de las repúblicas del sur de la Unión So­ viética, alcance el número de trabajadores migrantes irregulares de origen hispano en Estados Unidos o la cantidad total de trabajadores migrantes irregulares en toda la Unión Europea (Andrienko y Guriev, 2005; Bobkov, Chernykh y Aliev, 2011). Su estatus irregular puede concebirse en relación con la decisión de Rusia de emular las políticas de control de la migración de la

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Unión Europea (según Andrienko y Guriev, 2005), combinada con la de­ manda voraz de mano de obra precaria y barata en las economías metropo­ litanas dispersas.

Los migrantes se insertan por medio de prácticas clandestinas en un mercado de trabajo y una sociedad marcados por crecientes niveles de des­ igualdad generados por los negocios especulativos de inmisericordes oligár­ quicos, políticas neoliberales de austeridad, laissez-faire y corrupción del Estado. Böhm y Fernández (2005: 786) describen la vida de este nuevo precariado migrante proveniente del sur o el este en guetos ocupacionales de la metrópoli de Moscú en términos de “Vellkome tu hell” (bienvenidos al infierno): Moscú, la antigua capital del “segundo mundo” se ha convertido en uno de esos conglomerados urbanos en donde el “primer mundo” se encuentra con sus sucias partes bajas. Esta enorme ciudad tiene una de las más altas concentraciones de hoteles y vehículos de lujo del mundo. Quienes son ex­ tremadamente ricos, que han generado su riqueza a partir de los desechos de lo que fue el socialismo realmente existente y el surgimiento del capita­ lismo neoliberal realmente existente, confluyen con los migrantes prove­ nientes del interior de Rusia y de otras muchas repúblicas ex-soviéticas en un solo lugar. Por supuesto que esta “reunión” con frecuencia no es más que virtual, ya que los migrantes —que en su mayoría son ilegales— trabajan y viven en partes de la ciudad que nunca serán vistas por los ricos.

¿Un contramovimiento del precariado?

Con la llegada del tercer milenio, se han dado notables apariencias de crisis económica y social, reminiscencias de los años treinta del siglo xx, que han dejado su huella en términos de una reafirmación académica de la obra de Karl Polanyi.16 Así, la globalización de nuestra época ha sido teorizada como una tercera gran transformación (Burawoy, 2006: 356 y ss.; Munck, 2010). Con­ cebida así, representa una oleada hasta ahora sin precedentes de “mercanti­ lización” o “remercantilización” de la fuerza de trabajo impulsada por el propio mercado (p. ej. Pierson, 2001), acabando con los derechos laborales y sociales que habían ganado los movimientos sociales durante los siglos xix y xx (Harvey, 2005) y generando una secuela de precariedad de trabajo y de ciudadanía.

Véase, por ejemplo, la amplia reseña de Dale (2010).

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Esta reversión histórica, argumenta Saskia Sassen en Territory, Authority, and Rights (2006), tiene un alcance más amplio en términos de un debilita­ miento general de los derechos civiles, políticos y sociales de ciudadanía en consonancia con la transferencia de la autoridad a marcos regionales o glo­ bales de gobernanza que tienen el poder y los aparatos institucionales de los Estados-nacionales, cada vez más concentrado en una función ejecutiva. Esto ha sido seguido por, según teorizan algunos como Delanty (2000) y Holmes (2000), la fragmentación que dimana de las políticas de identidad, discursos populistas y “apartheidización” (Balibar, 2004; Galabuzi, 2006) con un efec­ to denigrante sobre el precariado migrante multifacético.

Sin duda, hay razones para establecer paralelos entre la crisis actual y la de los años treinta. No se requiere demasiada imaginación para reconocer las similitudes entre la calamidad histórica de la norma áurea fragmentada que precedió a la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, aquélla de la tasa fija de intercambio incorporada en la política económica de la Eurozona actual (Dale, 2010); un facsímil regional notablemente idéntico de la orto­ doxia economicista del pasado, diseñado para estabilizar la economía, pero en los hechos ha derruido las economías y los pueblos del sur y este de Europa; una economía política de desposesión que desemboca en el hostigamiento de los guardias neofascistas hacia los migrantes y minorías étnicas, una acumu­ lación polarizada de la riqueza que ha promovido el resurgimiento paralelo de nuevos movimientos multiculturales de desobediencia civil que se oponen a la financiarización de la economía, a la política de austeridad tecnocrática y a la creciente precarización del trabajo, la ciudadanía y la vida cotidiana.

Se trata de escenarios conspicuos en la raíz histórica de las dos guerras mun­ diales, pero con réplicas en todo el planeta.

No es de sorprender que, junto a los conceptos polanyianos de “mercan­ tilización” e “integración institucional”, la conocida metáfora de “contramo­ vimiento” se revive en la investigación sobre la precariedad en la actual coyun­ tura. Los sombríos escenarios distópicos se han planteado si, o en qué medida, el surgimiento de los movimientos populistas radicales de los nue­ vos tiempos, que aparecen con los vestuarios neoconservadores de la fe y la nostalgia por un pasado mejor, podrían compararse con el amplio “contra­ movimiento” que atravesó a Europa antes de la Segunda Guerra Mundial como reacciones totalitarias en contra del liberalismo, representadas por el nazismo y el fascismo (Schierup, 1999).

Otra representación, moderadamente utópica de la metáfora de Polanyi, ha pintado a una amplia “sociedad civil activista” del movimiento de la globa­ lización alternativa como el último resguardo en contra del “tsunami econó­

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mico” de los nuevos tiempos, que ha devastado la fuerza de trabajo humana, el dinero y la naturaleza a través de una mercantilización que hasta ahora jamás había tenido esa escala y ese alcance (Burawoy, 2006). Esto da sus­ tento al bien conocido lema de que el teatro de la historia se repite notoria­ mente a sí mismo, pero nunca con un reparto idéntico o vestido con los mismos ropajes.

Un nuevo escenario conlleva nuevos actores. El principal impulsor del “contramovimiento” orientado a la “reintegración” del mercado liberal tras la Segunda Guerra Mundial fue el Estado nacional de bienestar. Pero, aun­ que las teorías que guían la desregulación y la globalización desde co­ mienzos de los años ochenta pueden parecer descendientes directas de las ideas del laissez faire que guiaban a la globalización hace un siglo, el tipo de políticas sociales que surgieron de la gran depresión de los años treinta ha sido desacreditado en gran medida (Piore, 2008).

A medida que se prolonga la crisis, las voces de preocupación política se hacen escuchar desde diversos rumbos. Una advertencia temprana, lanzada paradójicamente por uno de los gerentes de la globalización arquetípicos de nuestra época, fue la de George Soros (Soros, 1997) The Capitalist Threat17 (La amenaza capitalista), en la que describe una financiarización sin freno de la economía mundial como un peligro más serio para los fundamentos de una sociedad democrática liberal abierta y para el capitalismo mismo, que lo que fue alguna vez el Estado socialista autoritario. “Así como la caída era inevitable, así también lo será que el péndulo se mueva en la otra dirección”, predijo una década después el ejecutivo de negocios sir Martin Sorrel, con referencia a un “contramovimiento” a partir de la actual crisis (Sorrel citado en Dale, 2010).

Sobre la misma línea, un reporte más reciente del Foro Económico Mun­ dial (2012) lamenta que las “semillas de la distopia” amenazan “poner en riesgo los contratos sociales entre los Estados y los ciudadanos”. Desde los cuarteles de las ong humanitarias, la Cruz Roja Internacional prevé que Europa debe prepararse para levantamientos populares entre sus crecientes masas de precariados empobrecidos; un contramovimiento social compara­ ble a la llamada “primavera árabe” que hizo temblar el norte de África (Nielsen, 2013). Y a partir de la declaración política de los delegados de la sociedad civil de todo el mundo, reunidos en la quinta cumbre anual de la Acción Global de los Pueblos a favor de la Migración, el Desarrollo y los Derechos Humanos (pga) en la Ciudad de México, se escucha un dictum que hace eco de La gran transformación: “somos seres humanos con derechos a movilidad, Véase también Soros, 1998.

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libertad de expresión, trabajo decente y protección social —no somos una mercancía” (pga, 2010).

La declaración de la pga citada fue dirigida al llamado “espacio común” —un lugar recurrente reservado para el diálogo entre la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones internacionales, inserto en la agenda más amplia de las cumbres anuales del Foro Global para las Migraciones y el Desarrollo, un foro impulsado por la onu que se dirige a facilitar las delibe­ raciones entre los gobiernos del mundo en cuanto a los estándares para la gobernanza sobre la migración—. Por un lado, esta cita parece probar la continuada relevancia de la cuestión planteada en La gran transformación en cuanto a la “sociedad” frente al mercado, acerca de la exigencia de un con­ tramovimiento que enfrenta una infinita mercantilización de la fuerza de trabajo, el dinero y la naturaleza.

Por el otro lado, el hecho mismo de que se plantea nuevamente con vi­ gor esta cuestión, en la política y en las ciencias sociales, parece probar —como argumenta Burawoy (2010)— que Polanyi se equivocó con respecto a su creencia en la espontánea “autodefensa de la sociedad” y más específi­ camente en su creencia en que la lección que enseña la gran crisis de los años treinta al mundo garantizaría que nada similar ocurriera nuevamente.

El “contramovimiento” aparece en La gran transformación de Polanyi como una reacción espontánea preordenada de la “sociedad”, pero La gran transformación carece de un análisis sólido de los imperativos de la acumulación de capital, las relaciones de poder, y el conflicto y explotación de clase (Bura­ woy, 2010), al igual que en lo referente a la organización y la base social de sus agentes reales (Webster et al., 2008).

Se trata de una crítica que parece aplicarse a parte importante del debate, tanto académico como político, acerca de la precariedad y su cuestiona­ miento hoy en día. Esto se aplica, por ejemplo, a las muy debatidas propues­ tas a favor de la institución de un salario universal de los ciudadanos para el precariado (Wacquant, 1996; Standing, 2011) que se basa en una concep­ ción supuestamente iluminada de la necesidad de defender la sociedad de la inminente amenaza que presenta esta nueva “peligrosa clase” entre aquellas élites políticas y corporaciones que han impulsado de manera sistemática la precariedad.18 No obstante, históricamente las reformas benevolentes en términos de extensión de los derechos de ciudadanía rara vez se han dado simplemente “desde arriba”, sin agencia de coaliciones intra y transclasistas de movi­ mientos populares. Por cierto, este tema es complejo. La investigación actual Véase, por ejemplo, la crítica del programa político de Standing por Barchiesi (2012b).

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ha enfatizado el riesgo —si es que siguen basando sus estrategias en suposi­ ciones conservadoras que pertenecen a una era fordista del pasado— de que las estrategias sindicales establecidas perderán inexorablemente al nuevo precariado (Choonara, 2011; Standing, 2011) y en particular a la gran di­ versidad de migrantes en situaciones de una compleja precariedad en tér­ minos de trabajo, ciudadanía y sustento cotidiano (Mulinari y Neergaard, 2005 y 2004; Trimikliniotis, Gordon y Zondo, 2008).

Otros estudios han problematizado la agencia de los llamados “nuevos movimientos sociales” que tienden a deslizarse desde el activismo crítico a favor de la transformación social hacia una versión neoliberal institucionali­ zada de una “sociedad civil”; es decir, los movimientos sociales que se funden en un turbulento mercado de ong, que compiten entre sí por subcontratar las funciones de servicios mercantilizadas, alguna vez propiedad sólida o gobernadas por un Estado redistributivo que ahora se encuentra en retirada (Kaldor, 2003; cfr. Ålund y Reichel, 2007).

No obstante, es importante investigar las contingencias para los escena­ rios prospectivos alternos; es decir, plantear la pregunta: ¿cuál es el espacio real para la sociedad civil en la gobernanza de la migración? Existe, más específi­ camente, una necesidad de desarrollar aún más la teoría y las perspectivas analíticas sobre los movimientos sociales y la elucidación de estructuras de oportunidad política, fuentes de legitimidad y acceso a alianzas verticales y horizontales bajo las condiciones variables de la globalización neoliberal (Tarrow, 2002; Laubenthal, 2007).

Algunas aproximaciones novedosas a la migración, la ciudadanía y los estudios del trabajo traen a la mente la parábola ilustradora de Berthold Brecht (2000): “se realizan levantamientos en callejones sin salida”, por me­ dio de un enfoque en un potencial transformador para “aterrizar la globali­ zación” (Webster, Lambert y Bezuidenhout, 2008) impulsado por el activis­ mo de la sociedad civil; desde abajo, aunque más allá de los confines de la informalización afirmativa del mercado desde abajo. Engin Isin (2009), entre otros, abre perspectivas para trascender un debate enfocado en los derechos formalizados, al afirmar que los migrantes irregulares en Francia —a través de los actos no autorizados de reclamo de la ciudadanía— representan “ciuda­ danos activistas”, una categoría diferente de aquella de “ciudadanos acti­ vos”, relacionada convencionalmente con un “estatus pasivo” de propiedad formal de la ciudadanía.

Los modos activistas de ciudadanía dan nuevo significado a la ciudadanía, cuestionando a ésta como “una categoría abstracta de gobierno” al añadir “actos que hacen ciudadanos”, con el potencial para transformar los modos

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de ser políticos (Isin, 2009: 382-383). Siguiendo líneas similares, varios es­ tudios sobre migrantes irregulares han planteado la cuestión de inconsisten­ cia entre las regulaciones formales del estatus de ciudadanía y las condicio­ nes de una “ciudadanía de facto” incluidas en la solidaridad de la comunidad y en estrategias concretas de subsistencia de los migrantes. Basok (2008), por ejemplo, ha ilustrado esto con la noción de “ciudadanía de las bases”, para referirse a los efectos de las estrategias de inclusión aterrizadas entre los actores de la sociedad civil en las Américas. De guisa similar, Webster y Joynt (2011) anuncian una necesidad de mayor atención de los sindicatos a la agencia de la comunidad informal en un estudio sobre las formas de subsis­ tencia entre un precariado migrante compuesto en Johannesburgo. Éstas y otras perspectivas similares de investigación enfatizan la impor­ tancia de los movimientos sociales y las ong para llevar el aprendizaje de la producción de conocimiento “de abajo hacia arriba” (Choundry y Kapoor, 2010) en las comunidades locales y en las redes informales de migrantes (e. g. Desai y Walsh, 2010; cfr. Motta, 2011). Llevan la investigación sobre los precarios contemporáneos, más allá de una representación, como una nueva “clase peligrosa”, emocional y políticamente lábil, a la que se pone como objetivo el ser incluida socialmente en sociedades liberales que su­ puestamente todavía existen, por medio de políticas paternalistas compen­ satorias (Standing, 2011). Enfatizan la importancia de un acercamiento dialéctico a la investigación sobre la agencia del nuevo “precariado”, más allá de la imagen popular de las víctimas vulnerables.

Los investigadores les dan crédito argumentando la necesaria reorienta­ ción de los sindicatos en la dirección de un “sindicalismo comunitario”, a partir de la trayectoria histórica y la experiencia política de la que supuesta­ mente debería aprender el sindicalismo convencional y supuestamente conservador del norte, para evitar engañar y perder nuevas categorías de trabajadores precarios y, en particular, una multiplicidad de nuevos migran­ tes y minorías étnicas, insertados de forma diferencial en los mercados de trabajo y en las sociedades neoliberales fracturadas (Munck, 2011).

Tal es, efectivamente, una visión de un contramovimiento global impul­ sado por un internacionalismo sindical reformado, sensible a una gran va­ riedad de estrategias de sustento cotidiano de los migrantes; “los otros que son parte de una red internacional de trabajadores” (networked international of labour’s others) (Waterman, 2007; véase también, Neilson y Rossiter, 2008); una visión de “globalización aterrizada” a través de “la vinculación de los temas del lugar de trabajo con la comunidad […] una fuente crítica de poder [que] lleva la participación más allá de la democracia representativa hacia

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nuevas formas de participación que engloben una sociedad civil activa” (Webster, Lambert y Bezuidenhout, 2008: 220).

Esta visión de una “vinculación en red entre lugares locales a lo ancho del es­ pacio geográfico en una lucha por construir poder por medio de la escala espacial” (Lambert, 2010; cfr. Castells, 1996)19 no ha pasado sin críticas.

Una visión de esperanza, pero idealista, que pierde de vista los imperativos de la acumulación de capital; “un manifiesto a favor de un nuevo mundo” que tiene “poco que ver con el trabajo en la era de la inseguridad”, disputa Burawoy (2010: 306) en un tono pesimista, y concluye que: al optimismo actual tiene que oponérsele un pesimismo sin concesiones, no un alarmismo sino un detallado análisis de la manera en la que el capitalis­ mo combina la mercantilización de la naturaleza, el dinero y el trabajo y con ello destruye la base misma sobre la cual podría construirse un “contramovi­ miento” (Burawoy, 2010: 312).

La globalización aterrizada, desde abajo, es sin duda una utopía, afirma Lambert (2010: 390), pero una visión de una utopía realizable —y el pesi­ mismo, sin concesiones, detendrá a cualquier lucha por construir un contra­ movimiento en sus inicios: es sólo el optimismo de la voluntad, una visión de una utopía realizable, un sentido de compromiso con valores sociales y humanos duraderos, lo que impulsa a la agencia humana generando movimientos sociales. La agencia puede parecer que se debilita por la mercantilización, pero […] esta nega­ ción de la humanidad básica carga la indignación moral, la que, bajo ciertas condiciones, produce movimientos.

Una panorámica de la actual investigación sobre la migración y la glo­ balización expone, por cierto, una pluralidad de discursos utópicos norma­ tivos moral-políticos, centrada en las promesas de los “derechos humanos” para los migrantes en términos de una universalización de la ciudadanía que libere a la política de la pertenencia que ha estado restringida largo tiempo a los confines del Estado nación. Yasemin Soysal (1994), por ejem­ plo, fue un pionero que adelantó que los reclamos persistentes a favor de la “membresía posnacional”, evocando así las convenciones internacionales de derechos humanos, pondría a disposición un nuevo potencial para que los grupos en acción y las organizaciones de migrantes transnacionalizaran sus Elaborado en detalle en Webster, Lambert y Bezuidenhout (2011).

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reclamos de derechos sociales, políticos y culturales. Perspectivas similares, desarrolladas a través de constructos teóricos como el “cosmopolitanismo” o la “ciudadanía transnacional”20 han reconfigurado y ampliado la idea de “pertenencia” en la globalidad contemporánea.

Los derechos humanos, afirma Samuel Moyn (2010: 1), surgen en nues­ tros tiempos como la “última utopía” —tras la implosión de las otras grandes narrativas, tanto las liberales como las socialistas— basada en la imagen de un lugar que todavía no existe y prometiendo “penetrar la impregnabilidad de las fronteras estatales, reemplazándolas lentamente con la autoridad de la ley internacional”.

De hecho, se han lanzado invitaciones de parte de una serie de declara­ ciones de la onu sobre derechos humanos para generar iniciativas a fin de oponerse a la precariedad de la vida, de la ciudadanía y del trabajo; todas ellas han conllevado valores indivisibles e igualitarios, y varias de ellas han ´ abordado particularmente los derechos de los migrantes (Likic-Brboric y Schierup, 2011).21 Éstas, al igual que ciertas declaraciones de base regional, enfatizan en su totalidad la necesidad de desarrollar normas y regulaciones transnacionales. No obstante, un régimen global emergente de gobernanza sobre la migración está marcado por la continuada rivalidad entre y dentro de las organizaciones multilaterales y los gobiernos, y plagada por una plé­ tora de convenciones y declaraciones de derechos humanos, que han dejado ´ op.cit.; Grugel, 2011: 54). de impactar en los contextos nacionales (Likic, Esta conspicua discrepancia entre retórica moral y práctica política apunta hacia un picante dilema para los movimientos de justicia social y solidaridad que usan de bandera los derechos humanos, y una necesidad consecuente de trascender el sentido común de un discurso moralizante inherentemente frac­ turado, un dilema formulado de manera tajante por Moyn (2010: 226-227): Si los “derechos humanos” representan una variedad explosiva de esquemas políticos rivales […] aun así se basan en la trascendencia moral de la política que su surgimiento original implicaba. Y así, puede ser que no sea demasiado tarde para preguntarse si el concepto de derechos humanos y el movimiento en torno a él, deberían restringirse a ofrecer limitaciones mínimas sobre la Véase, por ejemplo, Benhabib (2007), Delanty (2000) y Bauböck (1994).

Véase por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Acuerdo Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966), y el Acuerdo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), o la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de todos los Migrantes y Miembros de sus Familias de 1990 y la “agenda del trabajo decente” de la oit, con particular relevancia para el conjunto de problemas de la precariedad y los derechos de los migrantes.

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política responsable, no una nueva forma de política máximalista propia de ellos. Si los derechos humanos traen a la cabeza unos cuantos valores centra­ les que exigen protección, no pueden ser todas las cosas para todas las per­ sonas […] la última utopía no puede ser moral. Y de ese modo el si los derechos humanos merecen definir la utopía del futuro está todavía muy lejos de ser decidido.

¿Un callejón sin salida? Permítasenos replicar a esta parábola de oráculo que viene del pensamiento político de Brecht: “los levantamientos se dan en callejones sin salida. El futuro pertenece a quienes reconocen lo posible, antes de que se haga obvio”.22 El descontento de los dilemas agudos puede acarrear pesimismo o cinismo, pero también sacar lo que hay en lo que pa­ rece haber. ¿Cuál es entonces —en este ostensible callejón sin salida— el espacio para la sociedad civil? ¿Para llenar el concepto de los “derechos humanos” con reclamos y práctica política para el cambio profundamente transforma­ dor bajo condiciones de hegemonía neoliberal —alternativamente para trascender el discurso por completo—? ¿Para tejer redes de solidaridad entre una multiplicidad desunida de precarios en el planeta? ¿Para un contramo­ vimiento contemporáneo de otros alienados que se oponen a la precarie­ dad? ¿Es una recreación del guion de La gran transformación para la globalidad del siglo xxi efectivamente un ejercicio que valga la pena? ¿Y podría bene­ ficiar una comprensión más plena de la precariedad, sus insatisfacciones y su oposición? Éstos siguen siendo temas críticos para ser investigados, que exigen a la vez mayor desarrollo de la teoría y una investigación empírica a profundidad.

En esta empresa —como lo indica Ari Sitas (2010: 47) en su develamien­ to en The Mandela Decade—, fundir el pensamiento distópico con el utópico puede ser metodológicamente sensato. En la actual crisis no faltan las imagi­ naciones distópicas, desde cualquier perspectiva política existente. Pero éste puede ser un punto de partida esencial para cualquier análisis penetrante, ya que “el pensamiento distópico tiene tanto un centro analítico como uno moral […] Por un lado, magnifica las tendencias sociales y, por el otro, ad­ vierte acerca de resultados anti-sociales” (Sitas, 2010: 47).23 Pero las imagi­ naciones distópicas en grandes dosis pueden, al mismo tiempo —incluidos los defensores críticos de alternativas al actual orden de la globalización— llevar a un realismo desanimado o a un cinismo sardónico.

Traducción del alemán al inglés por el autor.

Con referencia a Kumar (1987).

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El “pensamiento utópico” puede, en contraste, ignorar voluntariamente las tendencias antitéticas “para elevar a la gente en la colina a fin de mirar cómo lo posible podría hacerse real”. Sin embargo, aunque intenta “preser­ var intacta una lógica de emancipación”, el pensamiento utópico puede, al mismo tiempo, magnificar las “amenazas al proyecto y la desintegración de los movimientos que lo han nutrido” (Sitas, 2010: 47).

La “precariedad” es —sintetizando las limitaciones al igual que los pros­ pectos de oposición— clave para investigar y cuestionar críticamente la distopía de la globalidad neoliberal del extremo individualismo libertario, la polarización social, el riesgo tóxico y la superexplotación, así como para explorar la sustentabilidad de las promesas utópicas para un mejor futuro.

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La vida está en otra parte.

Subsunción del trabajo migrante en el capitalismo corporativo Humberto Márquez Covarrubias* Raúl Delgado Wise**

Preludio

El discurso mitológico de las migraciones toma como punto de partida la de­ cisión de individuos interesados en maximizar su ingreso. La racionalidad instrumental de la migración se apoya en redes sociales que permiten la in­ serción a una fuente salarial en los lugares de destino, donde recibirán un ingreso que les permitirá subsistir y apoyar a los familiares en los lugares de origen. El contexto de las migraciones encuentra sus linderos en los terre­ nos de la subjetividad. En esa sintonía, el discurso del poder, modernizador y desarrollista, ascenderá a los migrantes proveedores a la categoría de agentes de desarrollo.

Desde una mirada crítica, las migraciones internacionales están inmer­ sas en dinámicas asimétricas entre mundos desarrollado y subdesarrollado donde se tejen redes globales de capital. El punto neurálgico de la relación conflictiva entre centros y periferias del sistema mundial capitalista radica en la transferencia centrípeta de excedente mediante mecanismos como el intercambio desigual, la deuda externa, las ganancias de las corporaciones transnacionales, los pactos financieros espurios, la renta tecnológica, entre otros. Más aún, la expoliación tiende a profundizarse con el extractivismo de las fuentes primordiales de riqueza, la naturaleza y el trabajo. A la usanza de prácticas neocoloniales, las corporaciones transnacionales extraen riqueza bruta del subsuelo (minerales, agua, petróleo y gas), de la litosfera (bienes * Docente-investigador y responsable del Programa de Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. ** Presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, coordinador de la Cátedra unesco sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos y docente-investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

125

126

humberto márquez c., raúl delgado w.

comunes y biodiversidad) y de la estratosfera (telecomunicaciones). Comu­ nidades autóctonas y pueblos mestizos son despojados de las bases materia­ les para la producción y la reproducción de la vida, en tanto que la migración forzada, la puesta en disposición de trabajo abundante y barato a favor del capital central, representa la sustracción del principal recurso, el trabajo vivo, que está compuesto de la corporalidad viviente y consciente, de la dig­ nidad y fuerza de trabajo de las personas. La migración internacional de las periferias al centro es una pérdida irremplazable de la principal fuerza pro­ ductiva y del recurso principal de una sociedad, la vida misma: despoja a las comunidades y pueblos no sólo de los cuerpos sino de la energía social para la generación de producto potencial, de excedente social, de riqueza.

La transferencia de excedente, derivada de las relaciones de poder y do­ minación asimétricas, y el extractivismo de recursos humanos y naturales significan el hundimiento definitivo de los países inmersos en el subdesarrollo y la dependencia. Progresivamente, el mundo periférico se desvaloriza y pierde la capacidad de gestionar el excedente producido y, en consecuencia, de organizar con autonomía ciclos de acumulación de capital, que eventual­ mente pudieran servir para redistribuir valor al conjunto social. En tales condiciones, el desarrollo humano, o algo que se le asemeje, es imposible.

El análisis nacionalista centrado en el origen étnico o nacional de los migrantes pierde de vista el papel conferido a la fuerza de trabajo migrante multinacional o incurre en un estéril divisionismo que se acentúa entre quienes exaltan el localismo o la oriundez, pese a que pretendan apegarse a una óptica “transnacional”. En cambio, nuestra perspectiva analítica toma al sistema mundial capitalista como el marco contextual y al sistema migra­ torio centro-periferia como la unidad de análisis. El sistema migratorio es un mercado laboral que articula las economías desarrolladas y subdesarro­ lladas, que aun pueden contener reminiscencias coloniales o neocoloniales, para abastecer de fuerza de trabajo abundante, desorganizada y barata a favor de las corporaciones, que operan en redes de capital diseminadas en ambos polos de la relación, lo cual refuerza los lazos de dominación y sub­ desarrollo. Los Estados nacionales cumplen un papel primordial como con­ tenedores de la fuerza de trabajo y referentes para la restricción de la libre circulación de personas, lo que permite mantener diferenciales salariales, con énfasis depresivo en las periferias, y generar un mercado laboral inse­ guro y precario.

El capitalismo corporativo abreva de caudales de trabajo vivo emanado de las economías subdesarrolladas, aunque también de zonas centrales con­ tiguas. Al amparo de la internacionalización del capital y el consecuente

la vida está en otra parte

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desplazamiento de eslabones productivos en diversas partes del mundo, la explotación del trabajo adquiere enormes beneficios de la diferenciación espacial y salarial existente en las demarcaciones otrora catalogadas como centrales y periféricas. En las periferias, las corporaciones transnacionales combinan una mayor composición orgánica de capital y trabajo barato para gestar ganancias extraordinarias y competir favorablemente con otros capi­ tales centrales y con los periféricos. Al mismo tiempo, grandes parcelas de la fuerza laboral periférica son atraídos a la economía central para que com­ plementen algunos huecos laborales que se abren con la estrategia de inter­ nacionalización y que suplementan la estrategia de combate contra el trabajo sindicalizado y seguro, a favor de la flexibilización y precarización laboral.

El sistema mundial prohíja una fuente multinacional de trabajo vivo, con distintos niveles de calificación, experiencia y cultura cuyo papel es contri­ buir a la generación de excedente operada por las grandes corporaciones capitalistas.

Vida expuesta, migración forzada

El desarrollo capitalista realmente existente no sólo despliega redes globa­ les de capital que buscan apoderarse de nuevas fuentes de generación y apropiación de riqueza, sino que también tejen relaciones sociales violentas y propician condiciones de vida inseguras para la mayoría de la población, la cual ha sido nombrada de diversas formas: precariado y Sur global, por ejemplo. Las dinámicas de acumulación prohíjan una cauda de sujetos so­ ciales despojados de medios de producción y subsistencia; pobres cuya patri­ monio se reduce, cada vez más, a la propia fuerza de trabajo para sobrevivir; y necesitados propensos a sujetarse a los patrones de consumo que dicta la lógica del capital. A menudo, la fuerza de trabajo liberada proviene de las filas del campesinado y el proletariado, debido a que las bases materiales de arraigo han sido pulverizadas, el soporte institucional, desmantelado y la red de protección social, desarticulada. Los sectores sociales adscritos a estas clases sociales se ven forzados a emigrar y se convierten en una fuerza labo­ ral disponible para el capital, tanto en las economías de enclave configura­ das en las periferias como en las economías de los países centrales.

Desde la óptica del capital, los migrantes forzosos conforman un caudal laboral abundante, desorganizado, flexible y barato; desde el punto de vista del trabajo vivo, la migración forzada expone la vida de quienes fueron des­ pojados, empobrecidos y necesitados, al reducirlos a una mera mercancía humana que busca insertarse en el mercado laboral afrontando riesgos,

128

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peligros, violencia e inseguridad. En el escenario del capitalismo neoliberal, la migración forzada se caracteriza por nueve tipos, según sus causas: 1) Desastres naturales. En principio, los cataclismos naturales —huracanes, inundaciones, sequías, erosiones, terremotos, deslaves, contaminación y epidemias— son problemas ambientales generados por las convulsiones de la naturaleza; empero, el mundo natural ha sido trastocado, por completo, por la acción humana, principalmente por las grandes corpo­ raciones capitalistas que depredan ecosistemas y contaminan el entorno con la consecuente afectación de los asentamientos humanos, la des­ trucción de la cultura material de los pueblos y el desplazamiento de conjuntos familiares. La vulnerabilidad de la población resulta de la precaria infraestructura urbana y rural, las casas inseguras, la debilidad de las instituciones y el interés de las corporaciones por aprovechar los desastres para apropiarse del cúmulo de bienes comunes (tierra, agua, biodiversidad) y bienes nacionales (infraestructura, petróleo, electrici­ dad, etcétera) cuando los grupos humanos son desplazados.

2) Conflictividad intersubjetiva. La tensión de los intereses antagónicos de los conjuntos familiares, comunidades, religiones y partidos políticos puede decantarse en la eclosión de violencia intersubjetiva que trastoca la pre­ caria cohesión social y la convivencia a fin de hacer prevalecer la volun­ tad política, ideológica y económica de los agrupamientos sociales que pretenden ejercer la dominación territorial. Los poderes fácticos o caci­ quiles pueden recurrir a la acción violenta directa u organizar grupos armados, paramilitares o guardias blancas, para hostilizar a los gru­ pos antagónicos. Cuando las instituciones estatales generan vacíos de poder, los conflictos pueden derivar en el amedrentamiento y amenaza de grupos humanos que se ven obligados a emigrar para buscar parade­ ros menos hostiles.

3) Trata y tráfico de personas. La condición humana reducida a mercancía de­ genera en fenómenos como la trata de personas, el trabajo forzoso y el tráfico de personas. La trata de personas constituye uno de los ejemplos más nocivos de violación de derechos humanos por grupos criminales que lucran con la prostitución y el trabajo forzado de personas vulne­ rables que viven amedrentadas, violentadas o drogadas. Asimismo, los traficantes de personas lucran con el trasiego de personas que cruzan la frontera entre países de manera indocumentada. Grandes contingentes de migrantes mexicanos, centroamericanos y de otras procedencias re­ curren a los “polleros” para realizar su travesía transmigratoria. A menudo,

la vida está en otra parte

129

los traficantes de personas están vinculados con el crimen organizado y son cómplices de la comisión de delitos como secuestro, violación, ex­ torsión, robo y asesinato.

4) Violencia criminal. La espiral de violencia desatada por la “guerra contra el narcotráfico”, estrategia sucedánea de la política de seguridad nacional estadounidense, militariza la vida cotidiana y catapulta a las bandas del crimen organizado, lo que redunda en una espiral de violencia, como extorsión, robo, secuestro y asesinato. La inseguridad humana constituye, entonces, un resorte de la migración forzada de personas y familias amenazadas o atemorizadas por las bandas criminales y por las fuerzas del orden público. Esta violencia involucra un complejo empresarial, estatal y criminal, un narcocapitalismo de alcance transnacional, que in­ cluye una red de negocios múltiple, como el tráfico de armas, personas, órganos y drogas, además de lavado de dinero. La disputa feroz por los territorios y la comisión de delitos rompen el tejido social, de por sí debilitado, y propician el desplazamiento de personas, una cifra que complementa los secuestros, extorsiones, asesinatos y desapariciones.

5) Despojo. Grandes corporaciones capitalistas, nacionales y transnacionales, se apropian de territorios, biodiversidad y recursos naturales para gene­ rar nuevos espacios de valorización. La acumulación por despojo des­ conecta a los trabajadores directos de los medios de producción y de subsistencia a favor de las corporaciones capitalistas que mercantilizan la tierra y la biodiversidad. Las personas excluidas del trabajo, la pro­ ducción y el consumo, incluso de la ciudadanía, no encuentran bases materiales para continuar en los lugares donde residen y trabajan; en­ tonces se ven compelidos a emigrar en busca de una fuente de ingresos en el medio urbano o en el extranjero, y a menudo caen en las redes del capital global al emplearse, por ejemplo, en maquiladoras y agroindus­ trias o en el trabajo doméstico y la construcción. La sociedad profunda, configurada por los pueblos originarios y la sociedad mestiza con fuerte raigambre campesina y popular, se fracturan. El sujeto despojado, ex­ cluido y pobre constituye la mayor parte de la migración indocumen­ tada que se moviliza en pos del capital, en su propio país o hacia los países desarrollados.

6) Proyectos de modernización. Los gobiernos neoliberales, interesados en ge­ nerar la infraestructura para los capitales monopolistas y en ensanchar los ámbitos de valorización de capital, sobrepasando los territorios y asentamientos humanos de los pueblos originarios y comunidades cam­ pesinas, realizan obras de infraestructura enmarcadas en el programa

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de modernización, como carreteras, presas, gasoductos, complejos in­ dustriales y hoteleros. El desplazamiento o desalojo de la población se ejerce en nombre de la generación de fuentes de empleo, crecimiento económico y desarrollo nacional, aunque suele incurrirse en esquemas público-privados cuyo esquema operativo comienza con el despojo de bienes comunes o nacionales para construir bienes públicos que termi­ narán siendo bienes privados, pues las grandes obras suelen privatizarse, amén de que se generan empresas contratistas organizados por los pro­ pios políticos y gobernantes para beneficiarse del presupuesto público y apropiarse de los nuevos espacios de valorización. Los pobladores, los campesinos y agricultores, son despojados y presionados a emigrar.

7) Economías de enclave. Los procesos de industrialización y urbanización vinculados con la formación de franjas maquiladoras y parques industria­ les de ensamble, que funcionan como terminales de la industria trans­ nacional, como las plantas de autopartes y electrónicos, promueven una intensa movilidad interna del trabajo en las economías subdesarrolla­ das, cuya inestabilidad deriva de la alta rotación de personal y de la in­ seguridad humana prevaleciente en esas demarcaciones industriales, que además suelen moverse hacia otros países o regiones donde existen bolsones de trabajo barato. La migración forzada no sólo se inscribe en la trayectoria periferia-centro o sur-norte, sino que también se mueve in­ cesantemente en los márgenes de las periferias, en el horizonte sur-sur.

8) Subsunción de trabajo calificado. El trabajo conceptual incluye una amplia gama de trabajadores de la ciencia y la tecnología que generan los cono­ cimientos y técnicas para implementar innovaciones y mejoras en el proceso productivo. También incluye a trabajadores de la cultura, la edu­ cación e intelectuales. Habitualmente, grandes parcelas de esa masa crí­ tica de trabajadores calificados no encuentra condiciones idóneas para ocuparse, desarrollar sus proyectos o recibir una remuneración digna en su país. Un sector creciente de estos trabajadores, además del personal técnico de ámbitos como medicina, ingeniería e informática, emigran al extranjero para encontrar mejores opciones educativas y ocupaciona­ les. A este flujo se están sumando jóvenes egresados de posgrado. Las economías centrales, como Estados Unidos, están promoviendo, delibe­ radamente, la atracción de trabajadores altamente calificados, lo cual refuerza esta peculiar modalidad de migración forzada y despoja, en cierto sentido, a las economías vulnerable de uno de sus principales re­ cursos, y lo hace sin que la formación académica haya significado nin­ gún costo para la principal economía del orbe.

la vida está en otra parte

131

9) Deportación y retorno. El reflujo de la migración forzada internacional toma la forma de “retorno” de migrantes a los lugares de origen. No se trata, sin embargo, de un retorno voluntario, sino que la fuerza motriz se encuentra en la política punitiva de los gobiernos centrales que crimi­ nalizan, detienen y deportan a inmigrantes como parte de una política que pretende depurar el mercado laboral, amedrentar a los colectivos laborales indocumentados y cancelar las vías de acceso a la ciudadanía plena. Además, el retorno “voluntario” de personas obedece a la situa­ ción generalizada de desempleo, agudizada por la crisis, y a la precari­ zación de las condiciones de vida familiar, al punto en que es insoste­ nible su estancia en ese país. Estos migrantes son los más vulnerables y menos preparados, amén de que son, al menos, dos veces expulsados de los lugares donde han residido y laborado. Es el peor de los casos, pues no sólo su condición humana ha sido reducida a la de mercancía humana, mera fuerza de trabajo, sino que también han sido reiteradamente ex­ pulsados o desechados.

La migración forzada puede analizarse según una variedad de causas económica, políticas, culturales, ambientales y subjetivas que pudieran apa­ recer inconexas, incidentales y pasajeras; sin embargo, las dinámicas estruc­ turales y estratégicas de acumulación de capital tienen una matriz violenta que genera una cultura material basada en el despojo, el extractivismo, la explotación y la diferenciación social. La emergencia de sujetos despojados, empobrecidos y necesitados desemboca en una movilidad humana que ex­ pone, de manera redoblada, la vida a diversas formas de vulnerabilidad, riesgo y peligro, en el origen, tránsito, destino y retorno. Los designios del capital degradan la condición humana.

Subsunción de la fuerza de trabajo migrante

Un sistema migratorio es un mercado laboral estructurado por una división territorial del trabajo entre regiones desarrolladas, detentadoras de una mayor densidad de capital orgánico, y subdesarrolladas, dotadas de fuerza de trabajo excedente. Perdida la soberanía laboral, la zona periférica sumi­ nistra fuerza de trabajo abundante, flexible y barata a los capitales centrales, que pueden estar asentados en el centro o en la periferia, bajo la modalidad de empresa transnacional.

El sistema migratorio México-Estados Unidos, inmerso en el bloque económico de América del Norte (Delgado Wise y Márquez, 2006), responde

132

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a la subsunción del trabajo por el capital transnacional y nacional, y se com­ plementa con el extractivismo de recursos naturales; ambos procesos acom­ pañan la transferencia de excedente a favor del centro económico gravita­ cional de la región. Estados Unidos, en su papel de principal potencia capitalista del orbe, desde la década de los setenta del siglo pasado desplie­ ga la estrategia productiva de la fábrica deslocalizada, mediante el desplaza­ miento de partes del proceso productivo hacia economías subdesarrolladas para aprovechar los manantiales de trabajo barato y, a contraflujo, atraer a su propio territorio caudales de trabajo de origen multinacional que fueron despojados de sus medios de trabajo y subsistencia, y que pasaron a formar parte del ejército mundial de reserva industrial. México descuella en este marco como la principal fuente de trabajo barato de las periferias, tanto por el asentamiento de fábricas ensambladoras como por la migración laboral compulsiva. En tal sentido, puede aducirse que la economía mexicana es una potencia exportadora de fuerza de trabajo barata (Márquez, 2007).

La precarización del trabajo en Estados Unidos —profundizada por la estrategia corporativa de remplazo de trabajadores, deterioro de salarios y prestaciones, inseguridad laboral y un clima antisindical— es una estrategia complementaria a la desindustrialización de la economía estadounidense ba­ sada en la relocalización de las fábricas en zonas del mundo con bajos sala­ rios. La relocalización teje redes globales de capital que conectan territorios periféricos, como el mexicano, donde se abandona cualquier proyecto de desarrollo nacional para implantar un modelo exportador de fuerza de tra­ bajo barato (Delgado Wise y Márquez, 2007).

Fuente de trabajo vivo

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno de larga data; se remonta a los tratados de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, y la venta de la Mesilla, en 1853, cuando México aún no lograba consolidarse como un Estado-nacional independiente y ya había perdido la mayor parte de su territorio nacional ante la embestida expansionista del vecino país del norte.

Sin embargo, el flujo migratorio tomó la forma de un exilio económico a partir de la imposición del modelo neoliberal, a principios de los ochenta del siglo xx, y se reforzó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), cuando se profundizó la acumulación por despojo. En la fi­ gura 1 pueden observarse los puntos de inflexión en la trayectoria ascen­ dente de la migración forzada mexicana.

133

la vida está en otra parte

Figura 1 Dinámica del sistema migratorio México-Estados Unidos, 1840-2011 Millones

Reestructuración neoliberal

12

12,400

9.5

10

6.7

8 6

.024

.042

.068

.078

.103

.222

.486

.641

.454

.576

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

2.2

.013

2

1850

4.5

4

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1840

0

Fuente: Passel y Cohen, 2011.

La fuerza de trabajo mexicana ha cubierto parte importante de los re­ querimientos laborales en territorio estadounidense, amén de la demanda de las corporaciones estadounidenses instaladas en México. Durante el tlcan, casi la quinta parte de los empleos que se han generado en Estados Unidos (18.1 millones) fue cubierta por mexicanos. En términos generales, los in­ migrantes de diversas nacionalidades ocuparon más de la mitad de los nuevos empleos (55.8 por ciento), la tercera parte la cual correspondió a mexica­ nos (3.3 millones) (véase cuadro 1). El empleo total en la economía estado­ unidense aumentó 15.1 por ciento, pero el de inmigrantes mexicanos lo hizo en 99 por ciento. Los estadounidenses de origen mexicano ocuparon 2.6 millones de los nuevos empleos (14.4 por ciento) y su participación la­ boral creció a una tasa de 3.4 por ciento anual, mientras que la de los mexi­ canos lo hizo en 4.1 por ciento. El empleo de los inmigrantes mexicanos se incrementó en la tasa anual más elevada (4.1 por ciento), casi más de 10 veces que el crecimiento de la población no inmigrante.

Incluso, en la crisis que estalló en 2007 la ocupación de inmigrantes mexicanos sirvió como amortiguador económico. Entre 2008 y 2011, el empleo global decreció en términos anuales –1.5 por ciento; sin embargo, los inmigrantes mexicanos redujeron su ocupación en una proporción lige­

Cuadro 1

120,383 107,416 3,409 104,007 12,967 3,350 9,617

Población ocupada Población ocupada nativa México-americana Otros nativos Población ocupada migrante Mexicana No mexicana

145,013 121,405 5,985 115,419 23,608 7,009 16,599

2008 138,523 115,443 6,021 109,422 23,080 6,666 16,414

2011 24,629 13,988 2,576 11,412 10,641 3,659 6,982

1.3 0.9 4.1 0.7 4.4 5.4 4.0

Tasa de crecimiento 1994-2008 100.0 56.8 10.5 46.3 43.2 14.9 28.3

% 1994-2008

Fuente: Estimación propia con base en U.S. Bureau of Labor Statistics, 1994, 2008 y 2011.

1994

Ocupados

Diferencia 1994-2008

18,140 8,026 2,611 5,415 10,113 3,316 6,798

Diferencia 1994-2011

0.8 0.4 3.4 0.3 3.4 4.1 3.2

Tasa de crecimiento 1994-2011

100.0 44.2 14.4 29.9 55.8 18.3 37.5

% 1994-2011

Población ocupada en Estados Unidos según condición migratoria, 1994-2011 (Miles de personas)

–1.5 –1.7 0.2 –1.8 –0.8 –1.7 –0.4

Tasa de crecimiento 2008-2011

la vida está en otra parte

135

ramente mayor (–1.7 por ciento) (véase cuadro 1). En este periodo, caracte­ rizado como de “migración cero” (Passel, Cohen y González, 2012), se com­ bina la desaceleración de la emigración y el aumento del retorno forzoso de mexicanos residentes en Estados Unidos por deportación o desempleo.

La fuerza de trabajo migrante, de origen multinacional, no sólo mexi­ cana, es subsumida y utilizada para abaratar los costos laborales, aumentar la productividad e incrementar las ganancias. En la manufactura, por ejemplo, se implementa una doble estratégica: a) el remplazo de trabajadores nativos por inmigrantes. En los periodos de 1994-2008 y 2008-2011, el personal nativo ocupado en ese sector disminuyó en alrededor de 4.3 millones y 1.5 millones, respectivamente, mientras que los migrantes ocupados aumenta­ ron en 411 mil y 262 mil, de los cuales poco más de 163 mil (40 por ciento) y 62 mil (24 por ciento) fueron mexicanos (véase cuadro 2); y b) los trabaja­ dores inmigrantes ocupados en la manufactura, sobre todo los mexicanos, perciben bajos salarios. En 2011, el salario manufacturero promedio anual de un inmigrante mexicano apenas era equivalente al salario promedio que un trabajador nativo percibía en ese sector 14 años atrás (1994). Más aún, en 17 años el salario manufacturero de los mexicanos sólo creció 6,028 dó­ lares, al pasar de 23,547 dólares en 1994 a 29,575 dólares en 2011, a precios constantes; en cambio, los salarios de los nativos, cuyo nivel es muy superior al de los mexicanos, creció 7,013 dólares, al pasar de 44,552 dólares en 1994 a 51,565 dólares en 2011, también a precios constantes (véase cuadro 2).

Contribución a la producción

El papel primordial conferido a la fuerza de trabajo migrante es generar excedente, plusvalor. En esa lógica, el desempeño laboral de los mexicanos en territorio estadounidense ha sido muy productivo. Durante el tlcan, la contribución al producto interno bruto (pib) de Estados Unidos se duplicó.

Entre 1994 y 2010, el pib estadounidense creció, en términos reales, 4.219 mil millones de dólares (mmd) (a precios de 2010); a este incremento los mexicanos aportaron 358 mmd, el 8 por ciento del incremento (véase figura 2). En 2010, el aporte directo al pib estadounidense fue de 586 mil millones de dólares —equivalente a 38 por ciento del pib mexicano— (véase tabla 3).

Si se descuenta el efecto de la crisis, entre 2000 y 2008, la contribución de los mexicanos al crecimiento del pib estadounidense ascendió a 11 por ciento (Canales, 2011).

Cuadro 2

19’758,086 $29,013 17’179,705 $29,688 463,048 $24,757 16’716,657 $29,824 2’578,381 $24,389 904,230 $15,691 1’674,151 $29,093

Manufactura Población ocupada Salario promedio anual (dólares) Población ocupada nativa Salario promedio anual (dólares) México-americana Salario promedio anual (dólares) Resto de nativos Salario promedio anual (dólares) Población ocupada migrante Salario promedio anual (dólares) Mexicana Salario promedio anual (dólares) No mexicana Salario promedio anual (dólares) 15’842,747 $47,316 12’853,157 $48,637 592,735 $35,335 12’260,422 $49,279 2’989,590 $41,555 1’067,445 $27,190 1’922,145 $49,655

2008 14’126,604 $49,789 11’286,063 $51,657 537,424 $40,458 10’748,639 $52,220 2’840,541 $42,351 966,346 $29,575 1’874,195 $49,028

2011 –1.6 –2.1 1.8 –2.2 1.1 1.2 1.0

–3’915,339 –4’326,548 129,687 –4’456,235 411,209 163,215 247,994

Tasa de crecimiento 1994-2008

–47,950

1994 $10,580 $10,770 87.0% 8.5% 4.6% 2.3%

–101,099

–149,049

–1’511,783

–55,311

–1’567,094

–1’716,143

Diferencia 2008-2011

–0.8

2008 $15,524 $16,874 81.1% 12.1% 6.7% 3.7%

–3.3

–1.7

–4.3

–3.2

–4.2

–3.7

Tasa de crecimiento 2008-2011

200,044

2011 $17,529 $18,084 79.9% 13.3% 6.8% 3.8%

62,116

262,160

–5’968,018

74,376

–5’893,642

–5’631,482

Diferencia 1994-2011

Fuente: Estimación propia con base en U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey (cps) March Supplement, 1994, 2008 y 2011.

Diferencia salarial del nativo vs migrante mexicano Diferencia salarial del migrante no mexicano vs mexicano Porcentaje de población ocupada nativa respecto al total de ocupados en manufactura Porcentaje de población ocupada migrante no mexicana respecto al total de ocupados en manufactura Porcentaje de población ocupada migrante mexicana respecto al total de ocupados en manufactura Porcentaje de población ocupada México-americana respecto al total de ocupados en manufactura

1994

Ocupados

Diferencia 1994-2008

Ocupados en Estados Unidos en la manufactura según condición migratoria, 1994-2011

137

la vida está en otra parte

Gráfica 1 Contribución de los migrantes mexicanos y méxico-americanos al pib, 1994-2010 (Millones de dólares a precios de 2010) pib

mexicanos en EU

pib

de los nativos de origen mexicano

pib

de la población de origen mexicano/pib Estados Unidos

700 600

6.9

500 400

5.7 5.1

294

200 100

5.0

298

497 567

473 403

301

8.1 607

578

5.8

364

300

7.4

7.9

423

8.3 626 586

572

9 8 7 6

515

5

333

4

247

3

228

2 1

0 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Regresión social: tributación con exclusión

El gobierno estadounidense considera que los inmigrantes son evasores fis­ cales. Sin embargo, los trabajadores foráneos contribuyen sustancialmente al erario y a la seguridad social, y pese a ello sufren exclusión social, espe­ cialmente los indocumentados.1 Los mexicanos residentes en Estados Uni­ dos aportaron al fisco 52.8 mil millones de dólares —mmd— en 2008, tanto en impuestos directos al trabajo (14.4 mmd) como en impuestos indirectos vía consumo (44.3 mmd).2 Esa contribución más que duplica las remesas captadas en México y equivale, irónicamente, al presupuesto de la Patrulla Fronteriza que, según el Department of Homeland Security, ese año ascen­ dió a 53 mmd.

Los migrantes mexicanos carecen de una amplia gama de servicios so­ ciales: la gran mayoría no tiene acceso a la seguridad social ni a programas 1 En 1990, los inmigrantes mexicanos indocumentado representaban 46.5; y en 2010, 58 por ciento (Passel y Cohn, 2010).

2 Los datos provienen de Current Population Survey (cps) y del esquema de impuestos aplicados bajo la U.S. Tax Law de los años 1992 a 2011.

pib

pib

13,682 515 410 137,428 131,208 6,220 3.76% 4.53% 125.45%

136,557 130,722 5,836 3.65% 4.27% 139.56%

2004

13,209 482 345

2003

3.85% 4.66% 65.05%

139,552 133,042 6,510

14,098 542 834

2005

3.92% 4.77% 86.61%

142,398 135,602 6,796

14,466 567 655

2006

14,472 572 1.034

2008

4.05% 4.98% 70.26%

3.95% 4.83% 55.30%

145,347 145,013 138,105 138,004 7,241 7,009

14,752 598 851

2007

3.83% 4.78% 39.77%

139,149 132,493 6,656

14,169 543 1.364

2009

4.03% 4.91% 37.84%

137,898 131,129 6,769

14,527 586 1.548

2010

3.88% 4.72% 62.54%

140,418 133,788 6,630

14,172 551 880

Promedio 2003-2010

Fuente: Estimación propia con base en U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey (cps) March Supplement, 1994, 2008 y 2011.

Estados Unidos mexicanos en Estados Unidos pib México Fuerza de trabajo en Estados Unidos (miles de personas) Total fuerza de trabajo (ft) Otros ocupados en Estados Unidos Migrantes mexicanos ocupados Importancia del pib de mexicanos en Estados Unidos Aporte mexicanos al pib Estados Unidos Aporte mexicanos a la ft en Estados Unidos pib migrantes como porcentaje del pib México

Indicadores del pib y fuerza de trabajo en Estados Unidos y México, 2003-2010 (miles de millones de dólares a precios de 2010)

Cuadro 3

la vida está en otra parte

139

de asistencia pública. El grueso de los mexicanos devenga los salarios más bajos y registra los mayores índices de pobreza. Según la Current Population Survey, 3.5 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos son pobres; de ellos, 1.4 millones de los ocupados son pobres y su descendencia observa proporciones similares: 28 por ciento de los 20 millones de los descendien­ tes de mexicanos (6.2 millones). El acceso a los servicios de salud es limi­ tado: más de 20 por ciento de mexicanos ocupados carece de seguro de salud, casi 80 por ciento carece de plan de pensión y 70 por ciento no tiene un seguro ofrecido por el empleador. Frente a otros grupos nacionales y a los estadounidenses de origen mexicano, los niveles educativos de los mexi­ canos siguen siendo bajos: seis de cada 10 cuentan con menos de 12 años de escolaridad.

Transferencia de trabajo vivo

La subsunción de la fuerza de trabajo migrante significa, de entrada, una transferencia de recursos implícitos en el fondo de vida invertido por las familias e instituciones para la formación de ciudadanos que teóricamente conformarían la energía social necesaria para generar excedente económico en su país como supuesto para la organización de ciclos de acumulación y distribución social de la riqueza. Sin embargo, al estar cerrados los canales de inserción laboral en su propio país, la inversión familiar y social en ali­ mentación, educación, salud, vivienda y demás rubros que satisfacen las ne­ cesidades básicas son absorbidos por la economía estadounidense, al ahorrarse prácticamente la totalidad de los costos de formación de la fuerza de trabajo que termina por engullir. La contabilidad de lo apropiado y ahorrado es más favorable todavía para la economía receptora si consideramos que los costos de producción de fuerza laboral son muy superiores en Estados Uni­ dos. Pero no sólo ahorran los costos de formación sino que se apropian del trabajo vivo de las periferias, en el periodo de mayor productividad de los migrantes, con distintos grados de calificación laboral.

Al considerar el nivel escolar de los inmigrantes mexicanos al arribar por primera vez a Estados Unidos y el costo educativo implícito, estimamos que, entre 1994 y 2008, México transfirió una cuantía de 83 mil millones de dólares (a precios de 2008). Si la escolaridad que portaban los mexicanos se hubiera alcanzado en las escuelas públicas de Estados Unidos, el costo edu­ cativo habría sido de 613 mil millones de dólares, a precios constantes de 2008, en el mismo periodo. Para tener una referencia, las remesas canaliza­ das a México —que suelen ser consideradas como una pérdida de recursos

140

humberto márquez c., raúl delgado w.

para Estados Unidos— apenas habrían alcanzado 30 por ciento del recurso educativo transferido a Estados Unidos por vía de la exportación de fuerza de trabajo (véase figura 3).

Figura 3 Costo de educación y reproducción social de inmigrantes mexicanos quienes entraron a Estados Unidos entre 1994 y 2008 (billones de dólares de 2008) 302.1

156.2

Education and social reproducction cost

Remittances sent to Mexico

Fuente: Estimaciones basadas en Current Population Survey, 1994-2008 y Coneval, 2008.

Además de que la migración forzada significa la transferencia de trabajo vivo, encarna la cesión de recursos invertidos en la reproducción de los mi­ grantes, es decir, los esfuerzos familiares e institucionales para cubrir las necesidades básicas y la formación de las personas antes de emigrar. El tra­ bajo reproductivo abarca desde lo más elemental para la supervivencia y cuidado de los cuerpos (alimentación, salud, vivienda y convivencia) hasta la formación como ciudadanos (educación, cultura, política, recreación y de­ porte). Las remesas salariales se inmiscuyen, directamente, en la formación de una nueva fuerza de trabajo migrante, pues los dependientes económi­ cos (por ejemplo, los hijos) tienen una gran propensión a emigrar. Desde una valoración puramente económica, México transfirió a Estados Unidos, entre 1994 y 2008, una cuantía estimada de 257 mil millones de dólares, a precios de 2008, si tomamos como referente el costo de la canasta básica registrada por el Coneval (2008). Esta forma de transferencia supera 1.4 veces la cantidad total de remesas recibidas durante ese periodo, es decir, los

la vida está en otra parte

141

salarios devengados bajo la forma de salarios son inferiores al gasto alimen­ tario requerido por la fuerza laboral que emigró en ese lapso.

Asimismo, el gasto educativo canalizado para la formación de la fuerza de trabajo migrante —que incluye la inversión social y escolar— suma 340 mil millones de dólares, equivalente a 1.8 veces las remesas captadas en México entre 1994 y 2008. Esta estimación es, ciertamente, muy baja, pues valora los servicios educativos proporcionados en México, no en Estados Unidos. A precios de Estados Unidos, la transferencia del gasto educativo salta a 7.4 veces, 83 mil millones de dólares para 1994-2008.

El cálculo de la transferencia de la migración comienza con el inmigran­ te que ya está en Estados Unidos. Es decir, los costos educativos y de repro­ ducción socioeconómica efectuados en México no forman parte del cálculo.

Si se incluyesen y las transferencias de México a Estados Unidos fuesen parte de un cálculo ajustado al valor equivalente al poder adquisitivo en dólares, sería más que evidente que la sociedad mexicana subsidia a la economía es­ tadounidense a través de la migración laboral. Esto representa una modali­ dad de intercambio desigual entre ambos países que no es ni ha sido reco­ nocida en los estudios sobre migración y desarrollo ni muchos menos en el debate político sobre la migración.

Reproducción transnacional precaria

México es el principal receptor de remesas en América Latina y el tercero en el mundo. En 2007 se alcanzó el máximo nivel de captación (26 mmd) y en los años posteriores se registró un descenso con relativo estancamiento (véase figura 4). Si bien a nivel macro las remesas superan los ingresos de la Inversión Extranjera Directa (ied) (16 mmd, según ProMéxico) y duplican al sector asegurador (factura 11 mmd), el efecto real es a nivel microsocial, en el ámbito familiar: en promedio, los mexicanos envían 303 dólares al mes, poco más de 60 dólares a la semana. Los estados del país que más re­ ciben son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Puebla.

La mayor parte de las remesas consiste en recursos dinerarios que los trabajadores migrantes envían a sus dependientes económicos, es decir, se trata de remesas salariales (Márquez, 2006). La reproducción social de las familias migrantes está inmersa en un ámbito de precariedad. El carácter de supuesto sobresalario, de palanca del desarrollo, se desfigura cuando corro­ boramos que, pese a los diferenciales salariales entre origen y destino, las remesas no pueden cumplir un papel superlativo al de todo salario, la sub­ sistencia. El impacto económico que se le atribuye a las remesas es desmesu­

142

humberto márquez c., raúl delgado w.

rado: el crecimiento del pib por efectos multiplicadores de las remesas es de 0.47 por ciento, la elasticidad del pib respecto a las remesas es 0.036, el im­ pacto de las remesas en la reducción de la pobreza es de 1.3 puntos porcen­ tuales, el impacto de las remesas en reducción de la desigualdad (Gini) es de 1.3 por ciento, la elasticidad de la pobreza respecto de las remesas es de 0.221 y la elasticidad de la desigualdad (Gini) respecto de las remesas es de 0.221 (Canales, 2011).

Figura 4

22,803

22,446 2012

2010

2011

21,306

21,304

2009

26,059 2007

25,145

25,567 21,688 2006

18,332

2008

2005

2004

9,814 2003

2002

6,573

8,895 2001

5,910

2000

5,627

1999

3,673 1995

1998

3,475 1994

4,865

3,333 1993

4,224

3,070 1992

1997

2,660 1991

1996

2,494 1990

15,139

Remesas recibidas por México, 1990-2012 (Millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Estimaciones basadas en Banco de México.

Bancarización de remesas, negocio transnacional

Desde la visión neoliberal, bajo el paraguas de un “desarrollo incluyente” los gobiernos emprenden el “combate a la pobreza”. La idea es que los pobres, en este caso los migrantes y sus familias, utilicen recursos propios —reme­ sas— para solventar el consumo y superar la situación de pobreza. Haciendo abstracción de las causas de la migración forzada, el discurso apologético de la migración promulga la noción de que las remesas detonan el desarrollo con el efecto multiplicador, la inversión productiva y la estabilidad macro­

la vida está en otra parte

143

económica. El problema de las políticas públicas consiste, entonces, en cómo canalizar los recursos de los migrantes en proyectos de desarrollo.

La transferencia de recursos salariales de los migrantes a sus dependien­ tes económicos constituye un jugoso nicho de mercado para las corporacio­ nes financieras. Como la mayoría de los mexicanos residentes en Estados Unidos carecen de servicios financieros, envían dinero a su familiares a tra­ vés de las empresas transnacionales “remesadoras”, principalmente Western Union y Money Gram, que cobran altas comisiones por cada envío (alrede­ dor de 10 dólares) y manipulan a su favor el tipo de cambio. En 2011, la transnacional Western Union transfirió más de 80 mil millones de dólares.

El nicho de negocios de las transferencias salariales se ha acrecentado a favor de las corporaciones. En México, un conglomerado de empresas (Elektra, Famsa, Coopel) ha diseñado la “nueva banca de los pobres”, que implementa esquemas microcrediticios para “bancarizar” a los pobres, entre ellos a los dependientes de las remesas. Las remesas se vuelcan a la esfera del consumo inmediato de bienes-salario, como enseres domésticos, ropa o calzado. A esta avalancha se suman los bancos comerciales, cajas de ahorro y préstamo y las cadenas comerciales. El objetivo es abrir un espacio de va­ lorización mediante la “bancarización” de las remesas y la conformación de una clientela cautiva entre los dependientes de las remesas que son engan­ chados a patrones de consumo apalancados con créditos.

“Buenas prácticas”, responsabilizar a los excluidos de su propio desarrollo

Otro afluente del discurso dominante, que ha concentrado mayor atención y promoción, es el supuesto desarrollo comunitario detonado por las remesas participativas (Márquez, 2006), recursos enviados por organizaciones de oriundos a fin de mezclarlos en programas público-privados para la realiza­ ción de obra pública en localidades de origen.3 Pese a que moviliza magros recursos, semejantes a 1 por ciento de las remesas familiares, el Programa 3×1 se ha considerado un “caso de éxito” para detonar el desarrollo local.

3 Las organizaciones de migrantes denominadas asociaciones de oriundos son las que se en­ cargan de recabar recursos mediante la realización de bailes, kermeses, fiestas, rifas o colectas, estos recursos sirven para financiar al club y para enviar recursos a las arcas del Programa 3×1, que se complementan con aportaciones iguales de los tres niveles de gobiernos. Los recursos se canalizan de manera focalizada para realizar obras que suelen ser responsabilidad de los gobiernos municipales, como pavimentación de calles, agua potable y alcantarillado, remo­ zamiento de escuelas, entre otras; pero también rehabilitación de templos religiosos y lienzos charros. En menor medida se canalizan recursos públicos para financiar proyectos privados de inversión.

144

humberto márquez c., raúl delgado w.

El esquema de coinversión emerge en el marco del neocorporativismo, que le sucede al pacto populista desmembrado por el neoliberalismo, mediante el cual los gobiernos insertan a las organizaciones y comunidades en las políticas públicas que propalan la especie de que los pobres y excluidos deben asumir la responsabilidad de su propio desarrollo activando sus re­ cursos, como las remesas, sin esperar el paternalismo gubernamental, si acaso la coadyuvancia público-privada (Márquez, 2010). Los gobiernos lo­ gran instrumentalizar las remesas no sólo para suplementar los programas de desarrollo social, en un marco de austeridad presupuestal, sino princi­ palmente para configurar la gobernanza neoliberal entre los excluidos del sistema.

Los gobiernos neoliberales “seducen a la diáspora” con fines de legi­ timación política: escogen a determinados líderes migrantes para que se inserten en la administración pública para el desempeño de funciones como la dirección del Instituto Estatal de Migración, en un típico procedimiento de cooptación, o para que participen en los comicios locales para contender por puestos como diputado local o presidente municipal, siempre bajo el con­ trol corporativo de los partidos políticos, que en conjunto forman una coa­ lición política que defiende el modelo económico neoliberal que ha despo­ jado y expulsado a los migrantes de sus lugares de origen.

El análisis fetichista también considera que los migrantes son comuni­ dades autónomas que se transfiguran en agentes del desarrollo, pues sus recursos, las remesas, constituyen las palancas del desarrollo, y los líderes migrantes son sujetos políticos afines a los programas de gobierno, en tanto que las organizaciones son instancias de legitimación política para los go­ bernantes en turno.

Colofón

Sin la desmesura del discurso apologista, es digno reconocer que los recur­ sos salariales remitidos por los migrantes contribuyen a sostener a los de­ pendientes económicos —niños, mujeres y ancianos, principalmente— y también a formar nueva fuerza de trabajo proclive a emigrar. Asimismo, que las remesas participativas coadyuvan, en pequeña escala, a apuntalar el pro­ grama de obra pública en el ámbito municipal. Las remesas salariales y participativas entrañan una relación de solidaridad entre iguales, en el inte­ rior de los conjuntos familiares y de las comunidades, que tienen como premisa la subsistencia y la convivencialidad. Sin embargo, el contexto es­ tructural es más problemático, pues en las zonas de alta migración hunde

la vida está en otra parte

145

sus raíces una crisis civilizatoria que trastoca el sistema de reproducción de la vida humana en condiciones dignas.

El despojo de tierras, la degradación ambiental, la violencia criminal, la conflictividad social, el desempleo y la precariedad laboral son algunos de los ingredientes de la descomposición social que precipitan las migraciones forzadas, y sólo la ideología neoliberal puede postular la idea de que las remesas salariales y participativas detonarán el desarrollo en esas demar­ caciones. En un contexto de descomposición socioeconómica, los costos so­ ciales de las migraciones los asumen, directamente, los migrantes forzosos —y con ellos sus familias y comunidades— que primero son despojados de medios de producción y subsistencia, luego arrojados al mercado laboral precario y excluyente, posteriormente subsumidos por el capital corporativo en condiciones de superexplotación y luego son señalados como responsa­ bles para detonar el desarrollo de sus lugares de origen, donde priva la descomposición socioeconómica.

Es un craso error teórico suponer que los migrantes son “agentes del desarrollo” en el sentido propalado por los ideólogos neoliberales, porque incluso termina por achacárseles una responsabilidad que escapa no sólo a sus capacidades y posibilidades, sino a su responsabilidad política: en un con­ texto económico-político dominado por las corporaciones transnacionales extractivistas, depredadoras y superexplotadoras, los sujetos despojados, empobrecidos y necesitados son señalados para que reconstruyan el tejido social, económico y político que ha sido devastado por los agentes del capital.

En cambio, es de la mayor trascendencia ubicar a los migrantes forzosos como víctimas del modelo económico-político depredador y expoliador, como suje­ tos sociales provenientes de los sectores subalternos, que padecieron la frac­ tura del tejido socioproductivo, y que se ven compelidos a insertarse en una relación salarial inestable y precarizada, y que aun así son capaces de enta­ blar relaciones de solidaridad, cooperación y convivencialidad entre iguales, con lo cual reproducen, dentro de sus posibilidades, los ámbitos de comuni­ dad, de raigambre campesina y proletaria, con el objetivo primordial de garantizar la subsistencia y reproducción de la vida familiar. En el ámbito de la división internacional del trabajo, estas relaciones son de superviven­ cia y convivencialidad. Todavía no son expresiones de resistencia o transfor­ mación social, pero tampoco son agentes emisores de la modernización ni de una supuesta filantropía transnacional. Sin embargo, también es impor­ tante reconocer el momento político latente de rearticulación de los traba­ jadores migrantes y sus descendientes que luchan por defender sus derechos laborales, sociales y políticos, y que se resisten ante los embates punitivos que

146

humberto márquez c., raúl delgado w.

los criminalizan y deportan. Está en curso un intento de configurar grandes alianzas de clase entre migrantes, campesinos, sindicatos, académicos y defensores de derechos humanos, que convergen en foros y movilizaciones.

Pensar el desarrollo en el contexto de la migración forzada, inmersa en una crisis civilizatoria de mayores proporciones, significa cuestionar a fondo el actual modelo de capitalismo salvaje y proponer otras pautas para la digna reproducción de la vida humana, como la justicia social, la democracia, la autonomía y la solidaridad. Los migrantes son trabajadores que, siendo pre­ viamente despojados y excluidos, terminan por contribuir a la generación de excedente económico, sin ser recompensados en términos proporciona­ les a su aporte. Por lo contrario, los migrantes son criminalizados, discrimi­ nados, deportados, secuestrados, violentados, asesinados, excluidos y des­ pojados. En esas condiciones, el desarrollo no puede pensarse dentro de los márgenes del desarrollismo, la modernización y el neoliberalismo, donde se justifica el despojo y el empobrecimiento en nombre del progreso y la modernidad, y donde los pobres y los migrantes son responsabilizados de su propio desarrollo. El desarrollo de las clases sociales subalternas es impro­ bable cuando sólo se promueve, como mecanismo de inclusión, la forma­ ción de nuevos concurrentes del mercado —por ejemplo, los consumidores apuntalados por remesas—. Ahora se precisan nuevas formas de pensar el desarrollo en aras de una transformación social sustantiva. Con ese propó­ sito, emergen nociones relevantes como el vivir bien, la transmodernidad, la economía política de la vida, la economía para la vida o la economía solida­ ria. El diálogo intercultural apenas comienza.

Fuentes consultadas

Canales, Alejandro (2011), “Hacia una visión comprehensiva del nexo entre migración, desarrollo y derechos humanos”, Migración y Desarrollo, vol. 9, núm. 16, p. 64.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2008), Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008, México, Coneval.

Delgado Wise, Raúl y Humberto Márquez (2006), “El sistema migratorio México-Estados Unidos: dilemas de la integración regional, el desarrollo y la migración”, Migración y Desarrollo, núm. 7, pp. 38-62.

(2007), “The Theory and Practice of the Dialectical Relationship between Development and Migration”, Migración y Desarrollo, núm. 9, pp. 5-24.

la vida está en otra parte

147

Márquez, Humberto (2006), “El desarrollo participativo transnacional ba­ sado en las organizaciones de migrantes”, Problemas del Desarrollo, vol. 37, núm. 144, pp. 121-144.

(2007), “Migración y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas”, Región y Sociedad, vol. 19, núm. 39, pp. 3-29.

(2010), “Responsabilizar a los migrantes del desarrollo: lecciones del laboratorio social zacatecano”, Economía, Sociedad y Territorio, vol. x, núm. 32, pp. 99-141.

Passel, Jeffrey y D’Vera Cohen (2010), Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, Washington, Pew Hipanic Center/ Pew Research Center. y Ana Gonzalez (2012), “Net Migration from Mexico Falls to Zeroand Perhaps Less”, 23 de abril, disponible en http://www.pewhispanic. org/2012/04/23/net-migration-from-mexico-falls-to-zero-and-perhaps-less/ U.S. Bureau of Labor Statistics (1994), Current Populations Survey (cps), su­ plemento de marzo, disponible en http://www.census.gov/cps/ (2008), Current Populations Survey (cps), suplemento de marzo, dis­ ponible en http://www.census.gov/cps/ (2011), Current Populations Survey (cps), suplemento de maro, dispo­ nible en http://www.census.gov.cps/

México. Avances y retos en la construcción de una política de desarrollo y migración con enfoque de derechos humanos Rodolfo García Zamora

Migración, remesas y desarrollo

En el contexto actual mexicano, caracterizado por una profunda crisis econó­ mica, social y de inseguridad, es apremiante reorientar el modelo económi­ co y la gestión gubernamental para recuperar la paz, la cohesión social y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas. El empleo y la seguridad humana (ingreso, salud, alimentación, educación, cultura) deben ser el eje. El Estado mexicano debe ser refundado para que recupere la función de garante de los recursos y patrimonio de la nación, promueva el desarrollo económico y social, además de que se comprometa a erradicar pobreza, inequidad, corrupción e impunidad institucional, y fa­ vorezca la democracia, la transparencia y el rendimiento de cuentas (García, 2012a).

El reto para México, como para los demás países latinoamericanos de alta emigración, radica en construir verdaderas políticas de Estado sobre desarrollo y migración, integrales y de largo plazo que, al construir nuevos proyectos de desarrollo económico nacional, fortalezcan el mercado interno y los sectores productivos y regiones, además de que consoliden la capaci­ dad de generar empleos decorosos y bienestar para toda la población, para que esto haga viable que todos puedan ejercer su derecho a no emigrar, es decir, que a mediano plazo la emigración sea una opción más para vivir mejor y no una necesidad, como sucede hasta ahora (García, 2010).

Desde los años ochenta del siglo anterior, de manera proporcional a la profundidad de las crisis económicas de México, la emigración a Estados * Director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

149

150

rodolfo garcía zamora

Unidos crece de forma constante hasta 2006. El crecimiento constante de la emigración mexicana a Estados Unidos, en los últimos años, se explica en gran medida por las reiteradas crisis económicas de México y por una larga etapa de crecimiento económico en aquel país, que durante cuatro décadas funcionó como “válvula de escape” para los problemas estructurales de em­ pleo, ingreso y bienestar de los mexicanos (García, 2009).

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), cada año emigraron 575 mil mexicanos, más de 3 millones en total, provocando, entre otros efectos, que por lo menos 600 municipios del país, los de mayor tradición migratoria, registraran despoblamiento, es decir, tasas negativas de crecimiento demo­ gráfico. Asimismo, en ese periodo aumentó el número de mujeres, hasta alcanzar 45 por ciento, que abandonaron el país para buscar el sueño americano (Zúñiga, 2006).

La tendencia creciente de la emigración a Estados Unidos se mantuvo durante el primer año del gobierno de Felipe Calderón. Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2007, 679,611 mexicanos se establecieron en Estados Unidos (Garduño, 2008). Estas tendencias son ra­ tificadas por el Banco Mundial (Milenio, 2008), que informa que en los últi­ mos años han salido del país 644,361 mexicanos en promedio cada año. Así, México ha expulsado 10 por ciento de su población.

Sin embargo, en el verano de 2011, diversas publicaciones sobre migra­ ción internacional de México a Estados Unidos dan cuenta de un quiebre histórico en las tendencias migratorias entre ambos países, inédito en los últimos 40 años, en términos de una reducción sustancial de esa migración.

De acuerdo con las cifras del Pew Hispanic Center, menos de 100 mil mi­ grantes indocumentados se trasladaron a Estados Unidos en 2010, mucho menos de los 525 mil connacionales que cada año se establecieron en Esta­ dos Unidos entre 2000 y 2004. Esto resalta cómo, tras una caída continua de los flujos migratorios en los últimos dos años, la población indocumentada en Estados Unidos se ha estancado en 11.2 millones. Esta cifra supone una caída de un millón en relación con 2007, cuando la inmigración indocu­ mentada alcanzó el techo de 12 millones. El impacto de la crisis económica y un control más estricto de la frontera se perfilan como las causas principa­ les de ese descenso. Pese a ello, la población indocumentada representa el triple de lo que se calculaba en 1990 y, entre ella, la de origen mexicano si­ gue siendo la más numerosa, con poco más de 6.5 millones de inmigrantes.

Esta nueva tendencia propició un debate sobre el carácter coyuntural o permanente de lo que se conoce como “migración cero”. Lo relevante es la enorme fragilidad de México, que se ve afectado, gravemente, por la crisis

méxico. avances y retos

151

económica del país vecino, circunstancia que pone en cusetión tres décadas de reformas estructurales que no han podido erradicar las causas de la mi­ gración ni la enorme dependencia del ciclo económico de Estados Unidos.

Este país deja de funcionar como la “válvula de seguridad” de México y plantea la necesidad de reorientar el modelo de país hacia el empleo, el ingreso y bienestar de su población (García, 2012b).

En este nuevo contexto migratorio de México a Estados Unidos, Arroyo, Berumen y Rodríguez (2010: 43) plantean el desafío del gobierno y la socie­ dad mexicana para buscar un desarrollo endógeno: la política debe generar las condiciones para que no haya otra generación de mexicanos mirando hacia el Norte como única alternativa de movilidad social […] Deberán instrumentarse políticas de desarrollo local y regional enfocadas a reducir los impactos socioeconómicos negativos del menor flujo de remesas y de la reducción del número de migrantes, en especial la pre­ sión que ejercerán sobre los mercados laborales aquellos que regresen y los jóvenes mexicanos que se incorporen a la fuerza laboral sin la opción de migrar hacia Estados Unidos, al menos no en las condiciones relativamente favorables del pasado.

Agustín Escobar (2008) plantea tres objetivos que deberían tener las políticas relacionadas con el desarrollo y la migración en el país en los si­ guientes años: 1. Ofrecer incentivos reales para el regreso (empleo, ingreso, vivienda, educación).

2. Facilitar el acceso de los mexicanos a todo el conjunto de bienes patri­ moniales básicos (trabajo, educación, salud, apoyo a la vejez, etcétera).

3. Disponer de instrumentos de acuerdo con el tamaño de las tareas por realizar. No puede convertirse a millones de emigrantes en agentes del desarrollo en sus pueblos y regiones con base en programas buenos pero simbólicos e insignificantes. Se requiere que el gobierno destine los re­ cursos fiscales y una política económica que permita el crecimiento eco­ nómico necesario, para lo cual hay que aprovechar programas públicos orientados hacia los estados como el Ramo 33 y los de desarrollo rural de Sagarpa pero con un enfoque de empleo y desarrollo regional.

Por su parte, Francisco Alba (2010: 536) sostiene que en una perspectiva de mediano plazo, debe reflexionarse sobre la conveniencia de incluir entre los objetivos de política económica y social retener y ocupar productivamente

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a la población en su territorio. Esto significa poner las migraciones en el centro de la economía y la política, es decir, “migratizar” la política interna.

Esta migratización de las políticas económicas y sociales se concibe como una estrategia de desarrollo que permita modificar la continuidad de un patrón migratorio que es difícil de calificar como históricamente exitoso y decorosamente aceptable.

Incidencia de las organizaciones de migrantes en los ámbitos internacional y nacional

México, pese a la larga historia de la emigración internacional a Estados Unidos, inicia la formulación de programas y políticas para los migrantes en el exterior a finales de los años ochenta del siglo anterior, por presión de los migrantes organizados. Entre los programas y acciones más importantes se encuentran los siguientes (García, 2011): Consejo Nacional para las Comu­ nidades en el Exterior, Programa Paisano, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Programa de Transferencia de Remesas de Bansefi, Programa 3×1, Consejo para la Promoción de Negocios con las Comunidades Mexicanas e Hispanas, Programa Binacional de Educación Migrante; Programa Binacio­ nal de Salud (Vete sano, regresa sano); Seguro de Salud Popular para Fami­ lias Migrantes, Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte y Programa de Trabajadores Temporales (H2a y H2b), Coordinación Nacio­ nal de Oficinas de Atención al Migrante (Conofam), Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Comisión de Migración en la Coordinación Nacional de Gobernadores (Conago), Red de Talentos Mexicanos, y Programa 1×1 Productivos para Migrantes.

En las iniciativas anteriores resalta el carácter reactivo ante las denun­ cias y propuestas de los migrantes, la parcialidad y falta de articulación con políticas de desarrollo regional y local, la ausencia de un enfoque de empleo y arraigo en las comunidades y regiones de origen de los migrantes mexica­ nos. Resulta evidente que no se están diseñando políticas de migración y desarrollo coherentes y debidamente contextualizadas que pudieran inscri­ birse en un modelo alternativo de desarrollo y en un nuevo esquema de in­ tegración económica regional capaz de reducir las asimetrías socioeconómi­ cas México-Estados Unidos y reducir la dinámica migratoria prevaleciente en la actualidad (García, 2009).

Con la crisis económica mundial de 2007-2011, creció la necesidad de diseñar políticas públicas proactivas que permitan salir del estancamiento, y articular adecuadamente planes y programas de desarrollo con los respectivos

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países sobre migración, para revertir los impactos de esa crisis y construir bases sólidas del desarrollo regional. En los últimos 10 años, en diferentes foros nacionales y mundiales se ha debatido sobre el nexo migración y desa­ rrollo, llegando al consenso de que se requieren políticas públicas de desa­ rrollo para que los impactos positivos de la migración puedan tener un efecto relevante sobre el desarrollo económico y social de los países y regio­ nes de origen de los migrantes.

En los foros mundiales previos a la crisis económica mundial, las orga­ nizaciones de migrantes han demandado, reiteradamente, que se les reco­ nozca como un nuevo actor del desarrollo transnacional, solicitud que se ratificó en los foros globales de migración y desarrollo realizados en Bru­ selas, Manila, Atenas y Puerto Vallarta en 2007, 2008, 2009 y 2010, respecti­ vamente. El desafío planteado es cómo construir esas nuevas políticas públicas de desarrollo y migración entre todos los actores transnacionales, incluidas, por supuesto, las organizaciones de migrantes. En el caso específico de México, el reto es poder incidir en el diseño y ejercicio presupuestal federal de los ramos 26, 28 y 33, en los que se consideran las principales transferencias financieras del gobierno federal a los estados y municipios (García, 2012a).

En los últimos 10 años, las organizaciones de migrantes mexicanos han iniciado un proceso de fortalecimiento institucional, de colaboración entre ellas y de definición de una estrategia de alianzas con otros actores sociales que coinciden con su objetivo de promover un nuevo tipo de políticas públi­ cas sobre desarrollo y migración. Este proceso se explica tanto por la madu­ ración de algunas de las organizaciones de migrantes, luego de lustros finan­ ciando cientos de proyectos sociales y estableciendo diálogos y negociaciones con los tres niveles de gobierno, organismos internacionales, institucio­ nes educativas y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, la situación de atraso estructural de las comunidades de origen y el impacto que éstas han recibido por el modelo económico aperturista y privatizador estableci­ do en México desde 1982 y los efectos de la crisis económica en Estados Unidos han mostrado la necesidad de construir colectivamente una agenda conjunta y una estrategia de alianzas que tenga como marco una visión ho­ lística de migración, desarrollo humano sustentable y derechos humanos, que requiere de la formulación de nuevas políticas públicas.

Debido a su trayectoria histórica, las federaciones de migrantes de Za­ catecas y Michoacán han tenido una mayor presencia en el diseño de nue­ vas políticas y programas gubernamentales, y más participación en los grandes foros mundiales sobre migración y desarrollo, amén de que en los últimos años están actuando con la sociedad civil organizada de México

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en la propuesta de la nueva Ley de Migración y la inclusión del tema de migración, desarrollo y derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Pasaremos a revisar la trayectoria y aportes de ambas organizaciones, sin pretender caer en la confusión de que sean los migrantes los responsables del desarrollo de sus comunidades y regiones de origen. No podemos pedir a los migrantes lo que el país no ha sido capaz de lograr: desarrollo econó­ mico y bienestar. Pero si ellos están interesados en colaborar en ese objetivo, deben hacerse las políticas adecuadas de desarrollo económico nacional, desarrollo regional y local, fortalecimiento municipal y, en especial, respal­ dar todas las acciones que ayuden al fortalecimiento de las comunidades de origen y de destino para que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.

Zacatecas: lecciones y desafíos de la migración internacional

El estado de Zacatecas, con más de cien años de historia migratoria a Estados Unidos, presenta hoy una de las experiencias más importantes en México sobre los impactos de este fenómeno y los efectos de las remesas en la es­ tructura económica, social y política. Esa larga tradición explica la existencia de la más importante organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, más de 200 clubes de zacatecanos que, con un profundo sentido solidario, han financiado con remesas colectivas en el Programa 3×1 más de 1,500 proyectos sociales en sus comunidades de origen de 1993 (bajo la modalidad 2×1) a 2004, una vez establecido como programa nacional.

Ellos, las comunidades de procedencia, la sociedad zacatecana y el go­ bierno estatal se enfrentan al desafío de transitar de una fase de múltiples acciones filantrópicas a una etapa de desarrollo local y regional transnacio­ nal, en la cual las comunidades de origen y sus clubes puedan asumir un papel de apoyo importante en las tareas fundamentales del Estado mexica­ no de promoción del desarrollo económico regional, siempre que sean ca­ paces de lograr un cambio cualitativo en su organización y capacitación con una visión estratégica de desarrollo transnacional. Las instituciones educa­ tivas y organismos no gubernamentales e internacionales pueden jugar un papel relevante de colaboración y acompañamiento institucional en ese proceso de cambio cualitativo y en la estrategia misma de desarrollo (García, 2005).

La debilidad económica estructural de Zacatecas (el pib estatal no rebasa 1 por ciento a nivel nacional en las últimas cuatro décadas), la mayor tasa de

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intensidad migratoria (700 mil migrantes en Estados Unidos respecto a 1.4 millones de zacatecanos en la entidad), el mayor porcentaje de hogares re­ ceptores de remesas del país y uno de los mayores niveles de despoblamien­ to nacional en las comunidades de origen (60 por ciento de los municipios en 2005), explican cómo la migración internacional en esta entidad juega un papel muy importante en la reproducción económica y social, y en espe­ cial el protagonismo relativo de las organizaciones migrantes en sus relacio­ nes con los gobiernos estatal y federal para promover acciones a favor de las comunidades de origen.

Algunas iniciativas y acciones importantes son la creación del Programa 2×1 de remesas colectivas en 1992; el establecimiento de la Oficina de Atención a los Migrantes en 1992; la transformación del Programa 2×1 a 3×1 en 1999; la incidencia en el establecimiento del Programa 3×1 a nivel federal en 2002; el establecimiento de los diputados migrantes en 2004; la formación de la Cámara Binacional de Empresarios Migrantes Zacateca­ nos en Illinois en 2005; la incidencia para establecer el Programa 1×1 Pro­ ductivo en 2009; la incidencia para establecer el Programa 2×1 Productivo en Zacatecas en 2010; la formación de la Cámara Binacional de Empre­ sarios Zacatecanos en el Sur de California en 2010; la promoción del Pro­ grama 3×1 en El Salvador, Ecuador, Filipinas, Somalia y Haití, y la partici­ pación en todos los foros globales y sociales sobre migración y desarrollo de 2006 a la fecha.

Estas acciones y avances se logran mediante el crecimiento de los clubes migrantes en Estados Unidos y su conformación en federaciones, dentro de las cuales las del sur de California e Illinois son las pioneras y, a su vez, men­ toras de las de Texas, Colorado, norte de California y Las Vegas. Esta estruc­ tura organizativa les ha permitido participar en un proceso de aprendizaje transnacional de cabildeo en los ámbitos municipal, estatal, federal y mun­ dial. En los primeros niveles, para negociar los diferentes programas 3×1, modificar las reglas de operación, incluir nuevas áreas de financiamiento, como becas y proyectos productivos; y en el ámbito mundial, en los diversos foros sobre migración y desarrollo, en los cuales han estado presentes las federaciones del sur de California e Illinois, al debatir y hacer propuestas para el diseño de nuevas políticas públicas sobre migración y desarrollo desde Bruselas en 2006 hasta las Islas Mauricio en 2012, pasando por Fili­ pinas, Atenas y México en los años previos.

Ante la organización transnacional antes descrita, y por su aprendizaje y protagonismo como un emergente actor social del desarrollo, en 2007 planteábamos que el desafío más grande a que se enfrenta el gobierno de

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Zacatecas es establecer, por vez primera, una política de Estado sobre de­ sarrollo regional y migración que integre a todos los actores sociales, en es­ pecial a las comunidades de origen y a sus organizaciones de migrantes (García, 2007) Declarativamente, los planes estatales de desarrollo de 1999-2004 y 2005-2010 de los gobiernos de Ricardo Monreal y Amalia García aspiraban a desarrollar una política de Estado sobre migración y desarrollo, situando a Zacatecas a la vanguardia del país en el diseño y ejecución de programas y proyectos de desarrollo integral de largo plazo, con la participación efec­ tiva de la comunidad migrante, y al plantear la planeación democrática del desarrollo regional y local, transparencia, cambio institucional y rendimien­ to de cuentas, entre otros aspectos.

Desafortunadamente, los objetivos de esos planes no se cumplieron, y en general gobernaron de forma tradicional, pragmática, con equipos de gobierno técnicamente muy débiles, sin formación ni experiencia para la construcción de la nueva institucionalidad del desarrollo en el estado. Ambos gobernantes, como el actual, Miguel Alonso, se dedicaron a administrar los programas federales, con grandes gastos publicitarios en la imagen per­ sonal pero al margen de la planeación, del cambio institucional, de la parti­ cipación de todos los actores económicos y sociales en la acción guberna­ mental.

En esencia, se mantiene el atraso económico estructural, se profundiza la crisis rural, la terciarización, el despoblamiento, envejecimiento y femini­ zación de las comunidades de origen de los migrantes y la concentración de 60 por ciento del pib estatal en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Asimismo, se carece de bases endógenas del desarrollo económico estatal, no existe una estrategia de construcción de la nueva institucionali­ dad del desarrollo y la entidad continúa, como hace cien años, exportando minerales y fuerza de trabajo.

Zacatecas se ha convertido en un importante laboratorio social mundial de la migración internacional, mostrando sus aportes y límites. La migración temporalmente atenúa las contradicciones estructurales de atraso, margina­ ción y desempleo, pero, a pesar de más de 50 años de una enorme migración internacional y muchas remesas familiares, no produce desarrollo, profun­ diza el desarrollo del subdesarrollo. Vuelve altamente dependientes y vulnera­ bles de las remesas a las regiones y a las familias, como lo muestran los im­ pactos de la crisis en Estados Unidos 2008-2013, cuando Zacatecas percibe más de 100 millones de dólares anuales; propicia la irresponsabilidad de los gobiernos que se desentienden de su obligación de promover el desarrollo

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económico y social, de promover políticas públicas de desarrollo con enfo­ que de derechos, y la migración, como toda actividad extractivista, atenta contra el recurso más valioso, la población (García, 2012a: 270).

Pese al divorcio entre los planteamientos de los planes estatales de desarrollo en Zacatecas 1999-2010 y la práctica gubernamental, varios de sus objetivos siguen vigentes, como los siguientes: • El Estado tiene que ser el promotor del desarrollo económico regional y sectorial, fortaleciendo en primer lugar la estructura productiva regio­ nal y la generación de empleos permanentes y bien remunerados.

• Urge un cambio institucional que posibilite superar la simple adminis­ tración de los programas federales, y haga viable la construcción de la nueva institucionalidad del desarrollo en las diferentes regiones y secto­ res económicos del estado.

Lo anterior requiere que la planeación deje de ser un discurso y se con­ vierta en práctica permanente de toda la administración estatal y municipal, con personal técnicamente capacitado y con la experiencia para poder crear, por vez primera, una política de Estado sobre desarrollo y migración.

Sólo así podrá funcionar el Comité para la Planeación del Desarrollo de Zacatecas (Copladez), los Comités para la Planeación del Desarrollo Regio­ nal (Coplader) y el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (Coplademun), que hasta ahora sólo existen en el papel y en el discurso.

Todas las instituciones de educación superior deben participar en un verdadero Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que sirva como soporte científico del desarrollo económico y social del estado. El sector empresarial y la Cámara Binacional de Empresarios Migrantes deberán participar per­ manentemente en la planeación, ejecución y evaluación de los diferentes planes y programas de gobierno.

Las organizaciones de migrantes serán muy importantes en el diseño de las políticas sociales de educación, salud, cultura, alimentación, retorno y reinserción con enfoque transnacional. Zacatecas tiene la posibilidad de se­ guir siendo vanguardia del Programa 3×1 si lo articula con una estrategia de desarrollo regional y local transnacional. Los migrantes y sus organiza­ ciones deben ser el eje para diseñar programas específicos de inversión migrante que responda a sus diferentes perfiles, recursos, experiencias, motivaciones, etcétera. Además, es necesario superar el diseño vertical de programas de inversión para ellos, hasta ahora con poco éxito.

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Michoacán: avances y retos en las políticas migratorias

El estado de Michoacán, ubicado en la región histórica de la migración in­ ternacional a Estados Unidos en el centro-occidente de México, como otros estados tiene más de cien años de experiencia migratoria. López (2005) señala que en las últimas décadas del siglo anterior, el flujo migratorio in­ ternacional asume un gran dinamismo cuantitativo y cambios significativos en el patrón migratorio tradicional hacia un nuevo patrón caracterizado por la emigración permanente y de toda la familia, derivado, entre otras cosas, de los impactos de la Reforma Migratoria en Estados Unidos de 1986 (irca), la recurrencia de las crisis económicas y las sólidas redes sociales construidas por décadas en ese país.

Por su parte, Rodríguez (2003) destaca los siguientes rasgos de la migra­ ción michoacana: a) entre 1990 y 2000, poco más de 370 mil michoacanos emigraron hacia Estados Unidos, cifra equivalente a 9.4 por ciento de la población del estado en 2000; b) por el número de hogares que aportaron por lo menos un migrante entre 1990 y 2000, se muestra como la entidad que registra la segunda mayor tasa de intensidad migratoria del país, des­ pués de Zacatecas, y c) a lo largo de los años noventa, 15 por ciento de los hogares michoacanos aportaron cuando menos un migrante.

Michoacán es la única entidad federativa del país en la que la totalidad de sus municipios registra porcentajes de hogares con migrantes. De acuerdo al Conapo (2002), de los 113 municipios de la entidad, 25 por ciento son clasificados como de muy alta intensidad migratoria; 38 por ciento de alta intensidad y 30 por ciento en nivel medio. Respecto al origen de esa gran emigración internacional, regionalmente su mayor flujo se da de las zonas limítrofes con los estados de Jalisco y Guanajuato; de esa parte surge 49.7 por ciento de los migrantes michoacanos en Estados Unidos y concentra más de 40 por ciento de los hogares con al menos un migrante en el periodo 1995-2000.

El impacto económico más evidente de esta gran emigración son los flujos de remesas que, según Conapo, en 2000 son recibidas por 11.3 por ciento de los hogares estatales. Más de 100 mil hogares reciben remesas; en promedio representan 56.2 por ciento del ingreso monetario de los hogares receptores. En uno de cada tres hogares, las remesas constituyen la única fuente de ingresos. En más de una tercera parte de los municipios que inte­ gran la entidad, hay un alto porcentaje de hogares receptores de remesas, cuya única fuente de ingresos es ese flujo de divisas; seis de cada 10 hogares presentan tal situación (García, 2009: 205).

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En los ámbitos social y político, los impactos de la emigración michoa­ cana se manifiestan en una importante red de organizaciones transnacio­ nales de migrantes en Estados Unidos, cuyas federaciones más fuertes se ubican en Chicago y Los Ángeles, California; ellas reproducen en gran me­ dida la génesis de los clubes zacatecanos que en los años sesenta del siglo ante­ rior surgen como organizaciones filantrópicas de protección y ayuda mutua, que luego transitan espontáneamente al apoyo solidario de proyectos sociales en las comunidades de origen y, finalmente, en los noventa, comienzan pau­ latinamente a participar en el Programa 3×1; a partir de 2003, crece su participación y son pioneros en la promoción de proyectos productivos de migrantes hacia el campo (invernaderos).

Durante la primera década del siglo xxi, crece la capacidad de inciden­ cia con los gobiernos municipales, estatal y federal, en particular con la Se­ cretaría de Desarrollo Social, responsable del Programa 3×1. Esto explica los avances que se dan en los programas estatales y los cambios en la Cons­ titución estatal para responder a las demandas y propuestas de los migran­ tes, como los siguientes: 1) el establecimiento de la Coordinación de Aten­ ción a Migrantes, que transita a la modalidad de Oficina y, finalmente, a la de Secretaría de Atención a los Migrantes de Michoacán (2002-2010); 2) la creación de la Casa Michoacán en Chicago y el apoyo a diversas activida­ des de promoción, organización y capacitación de la Federación Michoacana en aquella ciudad; 3) el apoyo y respaldo al Programa 3×1, con énfasis en proyectos productivos para las familias migrantes en el campo; 4) la inci­ dencia para cambiar las Reglas de Operación del Programa 3×1 en el ámbito nacional con mayor participación migrante y transparencia en su ejercicio; 5) el establecimiento de los Comités de Desarrollo Comunitario (Codecos); 6) el establecimiento de los Centros de Atención Municipal ( cam) para migrantes y sus familias; y 7) cambios en la Constitución estatal para permi­ tir la elección de diputados y alcaldes migrantes, así como la votación para elegir al gobernador.

Pese a los importantes avances en acciones y programas a favor de los migrantes michoacanos, como la creación de la Secretaría de Atención al Migrante, persiste una ruptura entre las dependencias que son responsables de la política económica, los responsables de la política social y aquellas que atienden a los migrantes. No se ha logrado integrar una visión a partir de la cual el migrante se incorpore como un sujeto actuante en el proceso de de­ sarrollo, como lo han demandado reiteradamente los líderes migrantes mi­ choacanos en México y el mundo; persiste la idea sectorizada de que hay que atender a los migrantes como un sector diferente mediante acciones

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reactivas y asistencialistas, y no se ha tenido la voluntad política de construir verdaderas políticas públicas de desarrollo, migración y derechos humanos, integrales y de largo plazo.

Ante esta limitación, y aprovechando los avances que han tenido las ad­ ministraciones estatales desde 2002 y hasta 2013, una propuesta de desarrollo local con enfoque trasnacional para Michoacán implica generar una nueva visión de las políticas gubernamentales de desarrollo, migración y derechos humanos, integral y de largo plazo, así como integrar a los migrantes, sus fa­ milias, comunidades y municipios para avanzar en verdaderas políticas pú­ blicas sobre desarrollo local y migración con la participación de todos los sectores económicos y sociales.

Es de suma importancia colocar el desarrollo y la migración como ejes transversales de toda la administración estatal, y establecer una colabora­ ción permanente entre las dependencias estatales, los municipios y las comu­ nidades locales y extranjeras —comunidades transnacionales— para el dise­ ño y aplicación de las nuevas políticas, programas y proyectos de desarrollo local con enfoque transnacional; de esta forma, se debe integrar de manera coherente a la Secretaría del Migrante a los programas de desarrollo local y regional con las secretarías de Economía, Social y Desarrollo Rural para articular adecuadamente una estrategia de desarrollo económico regional, migración, sustentabilidad y gestión del territorio.

Asimismo, es necesario reorientar la aplicación en el estado de los ramos 26, 28 y 33 del presupuesto federal hacia el desarrollo regional y el empleo, y aprovechar la estructura de los Codecos y los cam como soporte de una estrategia de desarrollo local con enfoque transnacional, articulándolos con las organizaciones migrantes, instituciones educativas, sector privado y de­ más organizaciones de la sociedad civil.

Con todo lo anterior podrá diseñarse una estrategia de fortalecimiento de liderazgos comunitarios para el desarrollo local con enfoque territorial y transnacional en las regiones de mayor intensidad migratoria de Michoacán y con sus comunidades organizadas en estados, aprovechando la plataforma cibernética de la universidad virtual y el apoyo de todas las instituciones edu­ cativas, dependencias estatales, federales y organismos internacionales como unesco, fao, iaf, iad, bid y otros.

Debe privilegiarse en las convocatorias del Cocyt de Michoacán el apoyo a los recursos humanos, tesis e investigaciones que fortalezcan el desarrollo local con enfoque transnacional, como en lo referente a las microfinanzas populares con enfoque transnacional; incubadoras de empresas para los migrantes y sus familias; diplomados de formación microempresarial para

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los migrantes y sus familias; proyectos de economía popular y solidaria con enfoque transnacional; y construcción de redes de talento transnacional para el desarrollo local.

En lo que respecta a los programas, es necesario fortalecer y aprovechar el Programa Binacional de Educación, fortalecer y aprovechar el Programa Binacional de Salud y diseñar un programa de apoyo para la reinserción integral del migrante y sus familias con enfoque de derechos humanos en el estado.

Las nuevas políticas migratorias y la sociedad civil transnacional

Como resultado del incremento sustancial de la transmigración de centroa­ mericanos y de otros países por México rumbo a Estados Unidos, y de la creciente violencia y violación de sus derechos por todo tipo de instituciones de seguridad pública y por organizaciones criminales, se vio la necesidad, en 2010, de crear una nueva Ley de Migración, ya que la anterior dependía de la Ley de Población y se remontaba a los años setenta del siglo anterior.

Así, se inicia un proceso lento y tortuoso de discusión con las dependen­ cias de la Secretaría de Gobernación, responsables de elaborar la propuesta de la nueva ley, quienes reiteradamente insisten en un enfoque de seguridad nacional y de criminalización de los migrantes. La participación de las orga­ nizaciones de la sociedad civil de México, como el inedin, Sin Fronteras, Imumi, Sipam, Fundar, Iniciativa Ciudadana, Incide Social, la Red Mexica­ na de Organizaciones y Líderes Migrantes, nalacc y otras, obligó a incorpo­ rar un enfoque de derechos humanos en la nueva ley para promover una cambio de fondo en el Instituto Nacional de Migración, responsable del go­ bierno mexicano para el tema de transmigrantes, y acusado de múltiples violaciones y corrupción en todo el país.

El proceso de la nueva ley se prolongó más de dos años, ya que todo se refería al reglamento correspondiente y debido a que el gobierno con apatía le llevó más de un año aprobarla. La nueva ley y su reglamento siguen te­ niendo un enfoque de seguridad nacional y, pese a incluir declaraciones generales sobre el respeto a las personas migrantes y sus familias, incluidos, un enfoque de derechos humanos y control social y cambios en el Inami y demás dependencias oficiales vinculadas con los transmigrantes, gracias a las propuestas y presión de las organizaciones de la sociedad civil transnacional señaladas, prevalece en la práctica una gran discrecionalidad en la aplica­ ción de la ley por parte de los funcionarios públicos; prevalece la designación

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de altos funcionarios para el tema migratorio sin preparación, ni experien­ cia alguna; la violencia y la corrupción en el Inami y diversos cuerpos de seguridad en el país, que siguen viendo a los migrantes no como seres huma­ nos, sino como mercancías explotables y fuente de extorsión permanente.

Es importante destacar que en el esfuerzo anterior de la sociedad civil por incluir una visión de derechos humanos en la nueva Ley de Migración, la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes en Estados Unidos tuvo una participación muy importante, dentro de la cual destacan, entre otras, las organizaciones de Zacatecas, Michoacán, Durango, Yucatán y Oaxaca.

Dicha red expresa un proceso de maduración institucional y de alianzas de las organizaciones migrantes con diversas organizaciones sociales de México y Estados Unidos. Es así como el 15 de marzo de 2011, mediante alianzas y apoyos con ong e instituciones académicas y fundaciones internacionales, se realizó en la Ciudad de México el Foro México, donde se dio a conocer la Agenda Migrante con cuatro puntos centrales (García, 2012a: 228): 1) derechos políticos plenos en México para todos los migrantes y sus familias; 2) refor­ ma migratoria en México y cese de las deportaciones de Estados Unidos; 3) diseño de una política de Estado sobre desarrollo y migración en México; y 4) fortalecimiento institucional de clubes y comunidades transnacionales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Colectivo pnd Migración y sus propuestas

Como resultado de la participación de las ong en el diseño de la nueva Ley de Migración y su reglamento durante 2010-2012, diversas organizaciones de México y Estados Unidos, señaladas previamente, incluidos diversos inves­ tigadores con años de trabajo en el tema de migración, desarrollo, derechos humanos y políticas públicas, cuando se inicia el proceso de discusión para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, perciben la necesidad y opor­ tunidad de participar en ese proceso y hacer llegar en los diferentes foros de consulta una propuesta integral de política de Estado sobre desarrollo, mi­ gración y derechos humanos.

Derivado de lo anterior, se logra constituir el Colectivo pnd-Migración con ong de todo el país y de Estados Unidos, el cual toma forma los días 16 y 17 de febrero en la Ciudad de México, luego de dos meses de consultas, entrevistas y trabajos internos de debate y formulación de propuestas, que finalmente se articulan en la “Agenda Estratégica Transnacional de Migra­ ción para el Plan Nacional de Migración de Desarrollo 2013-2018”.

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El Colectivo pnd-Migración (2013) es un grupo amplio y plural confor­ mado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de migra­ ción desde los enfoques de derechos humanos, género, desarrollo sustenta­ ble e interculturalidad. Su objetivo es la inclusión del tema migratorio de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de los mecanismos de participación que sean incluyentes, transparentes y de­ mocráticos, y por medio de una agenda estratégica transnacional de migra­ ción que recoge la experiencia y el trabajo de las 83 organizaciones que participan en el colectivo.

Los integrantes del colectivo se caracterizan, entre otros rasgos, por el enfoque integral de derechos de la migración, con la intención de mejorar el bienestar de la población migrante, solicitantes de asilo, refugiados y sus familias en las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno. Buscan promover la participación democrática en la formulación del pnd y colaborar en la construcción de una política de Estado que ubique como tema transver­ sal la migración desde el enfoque de derechos humanos, género, desarrollo sustentable e interculturalidad. Plantean la necesidad de reconocer que las causas estructurales de la migración son de carácter económico y social, por lo cual se requieren nuevas políticas públicas de desarrollo, inclusión, equi­ dad e igualdad, las que deben partir de un diálogo amplio y participativo con la sociedad civil, la población migrante y sus familias, y sobre las cuales el Estado mexicano debe promover una transparencia y rendimiento de cuentas permanente.

Para el colectivo, la política migratoria se refiere a un conjunto coordi­ nado de acciones que garantice el bienestar de las personas migrantes, in­ cluido el libre ejercicio de sus derechos, a efecto de que puedan migrar o permanecer en sus lugares de origen, en un ambiente libre de violencias garantizado por el Estado mexicano. La política debe ser multidimensional e intersectorial en su implementación, y orientada por objetivo, metas e indicadores claros. Deben considerarse e incluirse a la población de origen, retorno, destino y tránsito; a la diáspora y a las personas solicitantes del re­ conocimiento de su situación como refugiadas; también tienen que incorpo­ rarse esquemas que faciliten el acceso de las personas migrantes, incluidas las que retornan, a la vida social del país, y mecanismos que garanticen la protección de sus derechos.

En cuanto al diagnóstico, el Colectivo pnd-Migración plantea tres causas estructurales del fenómeno migratorio: 1) la fragilidad económica y social de las comunidades de origen, derivada de un modelo económico depreda­ dor que aniquila las bases económicas y sociales de arraigo, la vida comuni­

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taria y el medio ambiente; 2) la discriminación y rechazo de diversos secto­ res de la sociedad hacia los migrantes y los defensores de ellos y los derechos humanos; 3) la violencia creciente hacia las personas migrantes y sus fami­ lias tanto por parte de las corporaciones oficiales de seguridad como por parte de las organizaciones criminales que han encontrado en ellos un nuevo sector para ejercer la violencia y extraer dinero por ese medio.

Aunado a lo anterior se suma la vulnerabilidad de las personas migran­ tes y sus familias en las diferentes etapas de la migración, asociada a diversos problemas coyunturales en el entorno laboral, económico, social, cultural y político. Estos problemas incluyen la falta de oportunidades en comunida­ des transnacionales, de origen y retorno; la falta de apoyos estratégicos y fomento para impulsar el desarrollo, la solidaridad, el crecimiento sustenta­ ble y el bienestar de las personas migrantes y sus familias; y la ausencia de mecanismos para recomponer el tejido social, impulsar la reinserción de las personas migrantes retornadas y atender de forma integral a las familias de personas migrantes en sus comunidades de origen.

Asimismo, se suman las limitadas condiciones de acceso a la justicia para víctimas migrantes y sus familias, y la ausencia de información básica sobre los fenómenos de violencia e incidencia delictiva que afectan a los migran­ tes; el aumento en la violencia, feminicidio, trata de mujeres, niñas y niños migrantes en un entorno crecientemente controlado por las organizacio­ nes criminales; la ausencia de mecanismos de protección y obstáculos al acceso a servicios de atención a personas migrantes víctimas de la violencia.

También es muy clara la omisión de las autoridades en relación con su responsabilidad en el superior interés del niño y sus obligaciones de protec­ ción a la niñez migrante, incluidos a niñas y niños migrantes detenidos en tránsito, por la falta de alternativas de cuidado y atención, y la ausencia de mecanismos de apoyo para la reinserción y educación de la niñez retornada, así como por la violación de derechos laborales en los esquemas de trabajo temporal; y omisión e incapacidad regulatoria del Estado, tanto para la mi­ gración interna como internacional.

Respecto al diseño institucional de políticas y del marco normativo, hay tres problemas que impiden al Estado mexicano entender la migración y el desarrollo desde una perspectiva integral de derechos: la ausencia de meca­ nismos de coordinación intersectorial que permitan una articulación efec­ tiva de las instancias a cargo de la gestión pública del fenómeno migratorio; la impunidad e ineficacia derivada de la falta de mecanismos de rendición de cuentas en los órdenes federal, estatal y local, y de las omisiones y actos de autoridad violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes; y

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la complicidad de las autoridades en todos los niveles y órdenes de gobierno en el abuso y desaparición de personas migrantes, particularmente en el ámbito estatal.

Los objetivos principales de la Agenda Transnacional antes señalada son los siguientes: 1. Articular una visión integral y multidimensional de la relación entre migración, desarrollo y seguridad humana con los mecanismos que in­ tegren la migración de forma transversal en los lineamiento del pnd.

2. Incorporar explícitamente el fenómeno de la migración, la vinculación entre migración y desarrollo, y las funciones y obligaciones de la admi­ nistración pública federal para garantizar derechos en un sistema nacional de rendición de cuentas, con sustento en indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a información en materia migratoria, mecanismos de control eficaz y sanciones claras.

3. Crear una estructura de coordinación interinstitucional y entre los órde­ nes de gobierno en materia migratoria, en el que participen la ciuda­ danía, organizaciones de la sociedad civil y académicas.

4. Crear una estrategia nacional para la protección, promoción y plena realización de los derechos de las personas migrantes y sus familias. La estrategia debe incluir acciones para sensibilizar a las autoridades en los tres órdenes de gobierno sobre sus obligaciones en relación con los de­ rechos de las personas migrantes; y establecer mecanismos de coordina­ ción adecuados. Debe ampliar las condiciones de acceso a la justicia, con­ siderar explícitamente el derecho a la identidad, salud y educación, y establecer acciones para combatir la impunidad y fomentar una cultura de respeto a los derechos de las personas migrantes.

5. Considerar explícita la migración en los programas de desarrollo sus­ tentable con base en la noción de bienestar, que finca las estrategias de combate a la pobreza en los principios de inclusión e igualdad, y se orien­ ta a la plena realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

6. Aumentar la representación y representatividad de las comunidades de personas migrantes en los mecanismos de gestión y coordinación de política migratoria integral.

El Colectivo pnd-Migración tuvo la capacidad de participar con pro­ puestas en todos los foros de consulta que sobre el pnd promovió el gobierno mexicano de marzo a mayo de 2013 y donde se incluyó el tema migratorio

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en sus diferentes vertientes. De hecho, en el primer foro de consulta realiza­ do en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 11 de marzo de 2013, se le entregó al presidente de la República la propuesta integral del colectivo sobre nuevas políticas públicas sobre migración, desarrollo y derechos hu­ manos. El mismo titular de la Secretaría de Hacienda (dependencia respon­ sable del diseño del pnd) y su equipo recibieron dicha propuesta.

Si estas propuestas no se incluyen en la versión final del Plan o se limi­ tan a ubicarla marginalmente sólo en el Programa Nacional de Migración, que por ley debe formular la nueva Unidad de Planeación de la Secretaría de Gobernación, sin retomar la transversalidad e integridad como política de Estado sobre migración y desarrollo con enfoque de derechos, querrá decir que la problemática migratoria no es relevante en la agenda nacional, ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Se seguirá, como en los últimos 40 años, con la misma actitud rentista de simplemente aprovechar el esfuerzo, el trabajo y las remesas migrantes (los más de 22 mil millones de dólares de remesas), respondiendo con pequeños programas asistenciales y una gran cantidad de retorica en los discursos oficiales.

Sin embargo, el esfuerzo realizado por la sociedad civil transnacional en la lucha por un nuevo marco normativo de la Ley de Migración y su reglamento con enfoque de derechos humanos y la propuesta de la Agenda Transnacio­ nal no ha sido estéril; se ha construido una amplia alianza de organizaciones sociales en México y Estados Unidos con una agenda compartida que tiene visión estratégica de desarrollo, migración y auténtica gobernanza transna­ cional con enfoque de derechos, control social y rendimiento de cuentas. El que esta estrategia se incorpore gradualmente al diseño de las nuevas polí­ ticas públicas con creciente participación de la sociedad civil mexicana en los próximos años dependerá de su fortalecimiento, de su participación y de las comunidades transnacionales de ambos países en alianza con los demás sectores que luchan por recuperar el empleo, el ingreso, el bienestar y la seguridad humana como prioridades nacionales.

Conclusiones

Todos los esfuerzos que se han realizado y relatado en este texto hacia el diseño de nuevas políticas sobre desarrollo y migración, y pese a que, por ejemplo, en el caso de la propuesta hecha por el colectivo pnd-Migración sólo se incluyeron 500 palabras marginales en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no han sido estériles, ya que existen por lo menos tres productos importantes: una amplia alianza de redes de organizaciones sociales trans­

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nacionales, una agenda compartida con visión estratégica e integral de desarrollo, migración y derechos humanos, y un proceso de creciente apren­ dizaje, colaboración y apoyo transnacional entre las organizaciones sociales, las comunidades de origen y destino, y múltiples aliados.

Cada día son más estos múltiples aliados de que se habla en el párrafo anterior, pues somos más los interesados en conocer para incidir en estos temas, y somos más los que nos damos cuenta de que hay mucho por hacer sobre migración y desarrollo en México; la presión que puede ejercerse va dando pequeños frutos que pueden incidir en la toma de decisiones a en el ámbito gubernamental, como se muestra en el caso de las organizaciones de migrantes al moldear un cambio en la normativa del programa 3×1 y nue­ vas vertientes sociales y productivas; pero primordialmente tiene un impacto en todos los niveles al tener repercusiones en la forma en la que se trata el tema socialmente y como es reconocido mundialmente.

El tema migratorio mexicano ya no se ve como un fenómeno aislado, sino que se busca aprender de otras experiencias para que las alternativas sean más ricas, los foros nacionales e internacionales sirven como escenario para compartir y crear alternativas que se van enriqueciendo con cada reu­ nión, y para el caso mexicano el avance ha sido significativo al lograr juntar en una misma iniciativa a más de 80 asociaciones, ong, grupos académicos y representantes de migrantes.

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Dimensión humana de la migración internacional de Zacatecas* Miguel Moctezuma Longoria Óscar Pérez Veyna**

Introducción

Los costos sociales que trae consigo la migración no son claramente tangi­ bles, salvo en su versión cuantitativa. Cuando se observan con técnicas cua­ litativas, se perfilan los efectos emocionales y subjetivos que vive el núcleo familiar del migrante. De esta manera, se puede avanzar en el terreno com­ prensivo y recoger aquello que se percibe y se vive como significado, toman­ do en cuenta que la conciencia y su percepción son parte de lo que constru­ ye el ser humano.

Problemas como los que aquí se plantean llevan a hacer un uso de la teoría en el sentido de trazar una estrategia metodológica que se deje ilumi­ nar por los agentes investigados hasta sugerir la necesidad de cuestionar las verdades ya consagradas. Sin duda, el mejor método de trabajo en este terreno es la interdisciplina y la convergencia metodológica (Vasilachis de Gialdino, 1993), no sólo porque lleva a abrir a un mismo momento varios ángulos de análisis, sino también porque plantea problematizar los aportes de aquellos enfoques teóricos, mismos que, sin rechazo a priori, son tan sólo una parte de las herramientas que el investigador requiere para construir su mirada. * Resultados del Proyecto de Investigación “Los costos socioeconómicos de la migración internacional de Zacatecas”, Proderic, Gobierno del Estado de Zacatecas, 2008. Se agradece la participación como encuestadores a los estudiantes de las Unidades Académicas de Economía, Derecho y Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas: Grecia Murillo Esparza, Miguel Moctezuma Barraza, Martha Paulina Hernández Bustos, Alba Sofía Escalante, Omar Eduardo González Macías, Jaime Escobedo, Víctor Armando Rodríguez Escobar, Ana Gabriela Dávila, Diana Yonuén López Fernández y María del Socorro Hernández Barajas. ** Docentes investigadores de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Univer­ sidad Autónoma de Zacatecas.

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No está por demás señalar la necesidad de recoger la información direc­ tamente de los sujetos investigados y tratarlos con respeto, como lo señala la teoría de la estructuración, considerando seriamente su competencia para elaborar una primera hermenéutica que debe ser problematizada y trans­ formada hasta producir una segunda hermenéutica (Giddens, 2001: 177).

Esta asunción está lejos de aquellas propuestas que sin mucha discusión se colocan simplemente ante la necesidad de “dar voz a los sin voz”, o de reco­ ger la opinión de los actores como “información”. Por el contrario, la segunda hermenéutica es considerada como método para “corregir y mejorar las nociones que los actores mismos emplean para interpretar sus propias ac­ ciones y la acción de los otros”, las cuales no van más allá “del sector particu­ lar de la sociedad en la que participan” (Giddens, 2001: 158).

Asimismo, concentrar la atención en los costos sociales de la migración no debiera de verse como una crítica a la perspectiva estructural, sino como un cuestionamiento a la renuncia de aquellos sustratos que anidan en la conciencia y que en el terreno de las prácticas y motivaciones hacen posible el cambio, en el sentido de la búsqueda permanente de distintas opciones de vida.

Lo anterior plantea la necesidad de elaborar conceptos mediadores en­ tre lo macro y lo micro, o entre lo estructural y lo estructurante, lo social y lo simbólico, por señalar sólo algunos de los aspectos que más se traen a colación en estos asuntos. Todo esto lleva asimismo a apoyarse en los con­ ceptos sociales de la seguridad humana y la sustentabilidad de las poblaciones.

Desde el punto de vista de la seguridad humana, cuando la migración internacional se convierte en una relación estructural entre el origen y el destino, ha de interpretarse como uno de los medios de que disponen los pobres para expresar la necesidad de cambiar las condiciones que producen y reproducen esa migración (Ilanud, 2002: 97-110). Por otro, cuando la mi­ gración involucra a dos países, ha de ser abordada como parte de un proble­ ma transnacional.

Por lo pronto, este documento se aventura a escudriñar los resultados que arroja el trabajo de campo y a cuestionarse aquello que se mira como el costo humano que “se paga” por la separación familiar, la necesidad de re­ frendar los afectos, el dolor que se vive con la ausencia de uno de los miem­ bros del hogar como resultado de la migración internacional, las insegurida­ des e incluso la emergencia de síntomas emocionales que afectan la salud de los migrantes y sus familiares más cercanos. Vista así la migración no es sus­ tentable, aunque la reproducción social y familiar no desaparece. En las lí­ neas que siguen, se ha tratado de recoger aquellos resultados cuantificables

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y no cuantificables que las esposas y/o familiares más cercanos dicen vivir con la migración internacional en el contexto de Zacatecas.

Diseño de los instrumentos de investigación

Se elaboró un cuestionario para una encuesta representativa, mediante el método de muestreo aleatorio simple. La muestra abarcó el estado de Zaca­ tecas y contó con un grado de representación de 95 por ciento, y un nivel de confianza de +– 5 por ciento. Se eligieron comunidades con el mayor nú­ mero de habitantes del municipio seleccionado, con la excepción de las ca­ beceras municipales, considerando que aquéllas reunían los requisitos de aproximarse a lo rural y al mismo tiempo a lo urbano. Una vez resuelto lo anterior, se calculó estadísticamente el tamaño de la muestra correspon­ diente por comunidad, tomando en cuenta el número de hogares y el peso que en cada comunidad representó la intensidad migratoria. De esta manera, se arrojó una muestra de 358 hogares migrantes. Cabe señalar que el hogar migrante se define como aquel en donde habita bajo el mismo techo una fa­ milia o más, con miembros que comparten gastos, y con al menos un miem­ bro que desde cinco años atrás reside en Estados Unidos, se mantiene en el flujo migratorio y/o fue y regresó al hogar.

El cuestionario se diseñó tomando en consideración las siguientes varia­ bles: población, actividades productivas, vida comunitaria, familia e indivi­ duo. Posteriormente, se convocó a una experta en el campo para que, en un taller organizado ex profeso, se revisaran con el equipo de investigadores la propuesta técnica de muestreo, la unidad de análisis y las variables por considerar.

Complementariamente al diseño de la encuesta, se previó la aplicación de entrevistas a hogares clave. Un hogar es clave cuando, como resultado de la información recogida por la encuesta, uno o más de sus miembros han sido impactados fuertemente como resultado de la ausencia de padre, ma­ dre y/o hijos; donde la esposa o el hogar entero han entrado en una fase de inestabilidad; o donde uno de los miembros de la familia ha fallecido en el intento de cruzar la frontera. No se aplicaron cuestionarios a los hogares clave; más bien, se diseñó un temario in situ, tomando en cuenta las carac­ terísticas encontradas, de tal manera que pudo problematizarse la infor­ mación desprendida de la encuesta. Con este segundo instrumento, no existe el problema de la representatividad; se buscó la compresión en el sentido weberiano de la verstehen, a través de la inmersión comprehensiva en el mundo de vida de los agentes.

Zacatecas Apozol Apulco Atolinga Benito Juárez Cuauhtémoc Chalchihuites T. García de la C. Gral. Fco. R. Murguía Joaquín Amaro Pánfilo Natera Huanusco Jalpa Jerez Jiménez del Teúl Juan Aldama Juchipila Luis Moya Mezquital del Oro Momax

Entidad federativa/municipio 306,882 1,838 1,030 902 1,005 2,285 2,678 937 5,463 563 4,653 1,253 5,328 13,970 1,043 4,275 3,121 2,458 698 787

Total de hogares

Cuadro 1

13.03 19.15 21.07 21.40 12.34 18.62 28.01 24.76 47.72 34.99 18.22 31.68 19.05 17.82 17.07 24.89 26.53 17.01 20.49 23.76

% hogares que reciben remesas 352 217 193 124 197 750 232 2,607 197 848 397 1,015 2,490 178 1064 828 418 143 187

Total de hogares que reciben remesas en el municipio 4 2 2 2 2 9 3 30 2 10 5 12 29 2 12 10 5 2 2

Núm. de hogares donde se aplicó el cuestionario

Indicadores y selección de la muestra

3.66330 1.40339 2.39223 1.62741 1.06382 3.34452 2.42162 3.85892 3.45557 2.34126 2.60989 1.47875 1.60378 1.05079 2.52107 2.47497 1.48877 2.19915 2.22747

Índice de intensidad migratoria

Muy alto Alto Muy alto Alto Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto Alto Alto Muy alto Muy alto Alto Muy alto Muy alto

Grado de intensidad migratoria

2,418 1,406 7,346 2,938 7,917 14,487 13,214 4,344 13,848 332 3,763 2,369 2,162 2,220 5,497 7,415 1,613 3,140 2,530 3,381 7,347 163,974

23.86 24.82 30.07 15.72 12.64 18.66 24.60 18.74 18.66 40.66 28.30 22.63 27.10 17.34 15.88 16.94 16.63 16.91 20.67 18.04 15.75 20.98

577 349 2,209 462 1,001 1,254 3,250 814 1,199 135 1,065 536 586 385 873 1,256 107 217 523 610 1,157 31,002

7 4 25 5 12 14 37 9 14 2 12 6 7 4 10 14 2 2 6 7 13 358

2.21904 1.78078 2.58853 1.77308 2.08792 0.85890 2.65166 1.05650 0.88188 3.07303 2.17726 2.34760 2.36336 2.02913 1.54132 1.10750 0.90521 0.83371 2.12425 2.55688 1.41224

Muy alto Alto Muy alto Alto Muy alto Alto Muy alto Alto Alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto Alto Alto Alto Muy alto Muy alto Alto

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), basados en la muestra del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Monte Escobedo Moyahua Nochistlán Noria de Ángeles Ojocaliente Pinos Río Grande Sain Alto Sombrerete Susticacán Tabasco Tepechitlán Tepetongo Teul de G. Ortega Tlaltenango Valparaíso Vetagrande Villa García Villa Glez. Ortega Villa Hidalgo Villanueva Total de hogares

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Entonces, en este estudio se utilizaron la encuesta y la entrevista como dos instrumentos de investigación complementarios, los cuales permitieron elaborar una mirada convergente y ayudaron a reconocer los impactos sociales de la migración desde los acercamientos cualitativos y cuantitativos.

Obviamente, su interpretación depende del dominio y competencia de am­ bos en el campo de la teoría y la investigación.

Los costos de la migración

Para el desarrollo de este apartado, y guiados por el modelo de la seguridad humana en su sentido amplio,1 el análisis distinguirá entre los costos socia­ les y humanos que ocasiona la emigración de cualquiera de los progenitores o jefes de hogares, en tanto que la segunda parte se concentrará en evaluar esos efectos cuando el migrante es uno de los descendientes. Se trata, por lo tanto, de una mirada generacional y, hasta donde es posible, de género.

Cabe hacer mención que esta distinción fue originalmente prevista en el cuestionario que se aplicó y, en efecto, en los hogares migrantes se vive de distinta manera la migración, considerando el género y las generaciones.

Migrantes jefes de hogares

Para los jefes de hogares, la migración internacional se asocia al rol social de ser proveedores. En cambio, para los hijos, cuando han llegado a la edad de migrar, la migración se asocia a percepciones variadas, tales como ganar en autonomía y seguridad, apoyar a la familia, construir una casa para for­ mar una familia, etcétera.

Los migrantes reconocen que enviar remesas a la familia “es una obliga­ ción”. En ese sentido, se acepta que el jefe del hogar y los hijos solteros tie­ nen responsabilidades hacia la familia. Cuando los migrantes forman un nuevo hogar, aunque se conserva el deber de auxiliar a los padres, aquella responsabilidad disminuye en tanto aumentan las obligaciones con el cón­ yuge y los hijos. Sin embargo, si algún familiar sufre algún padecimiento de salud, más si es agudo, entonces los deberes obligan a todos por igual a en­ frentar la situación.

1 “El concepto ‘amplio’ de seguridad humana, bosquejado por primera vez en el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sos­ tiene que la seguridad humana se apoya sobre dos pilares: la libertad ante la necesidad y la libertad ante el miedo. La perspectiva más generalizada de la seguridad humana incluye seguridad alimenticia, viviendas adecuadas, seguridad contra la pobreza y, a veces contra ‘amena­ zas a la dignidad humana’” (Banco Mundial, 2008: pp. 1-2).

dimensión humana de la migración

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Ser “jefe” de familia pasa por la afirmación de ser proveedor, cuestión que indica que la centralidad de los compromisos inmediatos se dirige hacia el hogar y que cuando la situación lo requiere, las responsabilidades se ex­ tienden a la familia en sentido más amplio. Éstas son construcciones simbó­ licas entre migrantes y no migrantes sedimentadas y asumidas en la con­ ciencia que requieren refrendarse como parte de la unidad familiar. Se trata de constructos sociales asimilados en el contexto y que forman parte del significado que se tiene del hogar.

Estos deberes asumidos no son iguales si el migrante es jefe de hogar o hijo, y aunque los resultados de la investigación están centrados en el impac­ to que ello tiene en el hogar en el ámbito de costos humanos, en donde la situación así lo amerita la información se complementa a través de resulta­ dos de otras investigaciones, lo cual le da certeza.

Perfil de los migrantes

El promedio de edad de los migrantes jefes de hogares es de 45 años. Un dato interesante es que cuando migraron por primera vez tenían en promedio 22.5 años, y alrededor de 57 por ciento eran solteros, casi todos varones.

Esto implica que tienen en promedio 22.5 años como migrantes internacio­ nales; por lo tanto, se trata de migrantes que se acercan a la edad de jubila­ ción y de un posible retorno, resultado del retiro de la carrera migratoria.

De los migrantes encuestados, 56.5 por ciento migraron antes de for­ mar un hogar, y aunque esta cifra es alta, no es tanto si se considera la edad a la que los jóvenes se involucran en la migración internacional hoy en día; frecuentemente son solteros con menos de 20 años de edad, como se verá más adelante en el apartado sobre migrantes hijos de hogares. Eso significa que los costos sociales y emocionales de la migración también se han modi­ ficado, ya que no es lo mismo migrar como jefe y proveedor del hogar que hacerlo como hijo o dependiente económico. Asimismo, hay que considerar si el migrante es casado o no, lo que arroja relaciones distintas.

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Cuadro 2 Edad de la primera migración y estado civil Grupos 18-29 años 30-39 años 40-49 años 50 y más Totales

Solteros

%

Casados

%

Separados

%

Total

%

19 19 23 19 70

64.3 59.4 65.7 44.2 56.5

14 13 11 24 52

28.6 40.6 31.4 55.8 41.9

1 0 1 0 2

7.1 0.0 2.9 0.0 1.6

14 32 35 43 124

11.3 25.8 28.2 34.7 100.00

Fuente: Elaboración propia.

El abandono de las actividades productivas

A principios de la década de 1980, la población ubicada en la zona produc­ tora de frijol, actividad en la que Zacatecas ocupa el primer lugar nacional, aún no se involucraba en la migración internacional. En efecto, los principales municipios productores de esa leguminosa (Sombrerete, Sain Alto, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande) todavía mostraban un crecimiento de­ mográfico positivo. A partir de 1995, esta tendencia demográfica se trans­ formó en despoblamiento. Se trata, por lo tanto, de una zona identificada temporalmente como de migración intermedia, con una tasa de migración intensa. Por supuesto, estas tendencias se relacionan con el desmantela­ miento de las actividades agropecuarias, lo cual se ha venido profundizando desde la instauración en 1982 del modelo neoliberal.

Sin profundizar demasiado en este asunto, cabe preguntarse cómo es que la migración y sus repercusiones en el despoblamiento que experimenta Zacatecas han estado influyendo en el abandono de esta actividad econó­ mica, o bien, qué estrategias se han adoptado por la población para resolver esta problemática.

Según el cuadro 3, en los hogares que cuentan con al menos un jefe de hogar migrante, 44 por ciento de ellos jamás vuelven a ocuparse en la misma actividad. La observación directa conduce a reconocer que esa característica está asociada con el establecimiento del migrante en Estados Unidos. Asi­ mismo, 13 por ciento de los casos reducen sus actividades productivas y 40 por ciento las conservan. Dicho en otras palabras: el abandono de las activi­ dades productivas se relaciona con el patrón migratorio del migrante esta­ blecido, en donde el migrante se queda a residir en el país de destino. Un costo social de esto lo constituye el fuerte despoblamiento que caracteriza a la entidad, el cual se manifiesta entre 1990 y 2005 en una tasa de crecimiento

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dimensión humana de la migración

promedio anual acumulado de 0.5 por ciento, el crecimiento poblacional más bajo del país considerando este largo periodo (Moctezuma, 2009).

Por otro lado, se trata de una estructura productiva que no genera un proceso de acumulación capaz de absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo que produce la reproducción de la población. Es importante no per­ der de vista también la profunda crisis que vive el campo zacatecano, lo que hace improductiva la agricultura de granos y la explotación extensiva de ganado en la que se especializa Zacatecas.

Cuadro 3 Migración e impacto en las actividades productivas Grupos de Edades 18-29 30-39 40-49 50 y más Sumas

No aplica

Se mantuvo

Se redujo

Se abandonó

Total

3 2 0 2 7 (5.6%)

4 12 14 17 47 (37.9)

2 6 3 5 16 (12.9%)

5 12 18 19 54 (44.5)

14 32 35 43 124

Fuente: Elaboración propia.

A primera vista, el resultado esperado conduce al desmantelamiento de las actividades productivas en el campo; sin embargo, como eso no sucede siempre, es necesario, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, buscar alguna explicación plausible.2 En efecto, existe en la encuesta un indicador que sugiere que el abandono efectivo de las actividades productivas es reduci­ do y esto se debe a que más de la mitad de los migrantes, aunque no regre­ san a sus antiguas actividades, éstas se cubren en cerca de 70 por ciento por los miembros del hogar que se quedaron, o por otros familiares y parientes cercanos. De esto se infiere que, por lo menos en el campesinado zacatecano, las actividades productivas se desempeñan en un tipo de unidad doméstica (Almeida Salles, 1988) muy extendida y que forma parte de las peculiarida­ des sociales dominantes de la entidad.

Más aún, en la mayoría de los casos, la unidad doméstica es una carac­ terística ya existente antes de la migración, y en algunos casos, ésta se de­ sarrolla como su producto, como sucede cuando los miembros de los hogares, 2 Se reconoce que la migración ha provocado en la agricultura el abandono de parcelas, y aunque esto es correcto, el peso de ese proceso hay que buscarlo asimismo en la baja rentabilidad de los productos agrícolas en los que Zacatecas se ha especializado: frijol, maíz, chile, ajo, gua­ yaba, durazno, etcétera.

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con la migración del jefe de familia, se van a vivir a la casa de los suegros o de los padres de uno de ellos (Medellín, 2012). Justo esta característica so­ cial es la que permite enfrentar las necesidades de mano de obra a través de un sistema de alianzas en donde su centro sigue siendo el reemplazo productivo familiar y generacional (Arizpe, 1980). Esta hipótesis se ve reforzada por los resultados que arroja el trabajo de campo en el sentido de que las activida­ des productivas se favorecen en 75.2 por ciento por el financiamiento de los migrantes, además de que 70 por ciento de los hogares encuestados dije­ ron que sus viviendas han recibido alguna inversión en su construcción o en la adquisición de electrodomésticos e instalación de teléfono.

Dicho en términos de costos estrictamente económicos: la migración pre­ senta una funcionalidad complementaria, primero, porque la mano de obra que emigra es suplida por aquella que se mantiene arraigada y, segundo, porque una parte de las remesas se utilizan según las necesidades para sub­ sidiar las actividades de subsistencia, económicamente “no rentables”. Se trata de una situación dual, en donde la pérdida de población se compensa con el subsidio que la entidad recibe en forma de remesas. Sobre este tópico y en el ámbito macrosocial se ha comprobado que las economías de Michoa­ cán y Zacatecas son las que mayores recursos reciben en forma de remesas en relación con su pib.

En 2003, las remesas de esas entidades representaban 10.77 y 8.12 por ciento del pib, respectivamente; y en 2007 su proporción fue de 12.92 y 13.41 por ciento, respectivamente (Moctezuma, 2009). O sea, conjuntamen­ te con el ingreso que recibe la entidad zacatecana por esa fuente, también se ha producido una alta dependencia económica respecto de las remesas, cu­ yo registro más alto en 2007 fue 687.1 millones de dólares (casi 2 millones de dólares por día), cifra que en 2009 se redujo en 115.5 millones de dólares en relación con 2007, lo que da cuenta de la vulnerabilidad de la entidad (Banco de México, 2013).

Costos humanos

El migrante laboral no sólo es fuerza de trabajo; también es un ser humano.

Cuando parte a otras latitudes, carga con su subjetividad: creencias, hábitos, responsabilidades, preocupaciones, etcétera. Pero esto mismo sucede con las esposas y madres que se quedan en la comunidad de origen, cuyo dilema es similar a la pérdida de un ser querido (González Calvo, 2006).

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El sentimiento de soledad

Existe una diferencia entre la soledad y el abandono familiar. La soledad puede confundirse con el abandono y, sin embargo, es posible que sea sólo una percepción, aunque también puede transformarse en abandono, como sucede con aquellos migrantes que forman otros hogares en su lugar de destino. Considerando esas diferencias, 44.8 por ciento de las esposas indi­ can que el abandono es el sentimiento que más viven cuando el esposo migra a Estados Unidos ¿Por qué? En la vida promedio de las parejas, el hogar supone que sus miembros viven bajo un mismo techo, conviven y enfrentan juntos la vida (Tuirán, 2001). Con la migración esa imagen armoniosa se altera radicalmente, ya que implica la separación y al mismo tiempo la ne­ cesidad del refrendo permanente de las relaciones en la distancia. Esto con­ lleva sus dificultades, de ahí que el sentimiento de soledad no esté ausente.

Cuando se vuelve permanente, esta manera de reproducir la vida en el hogar da origen al hogar transnacional (Moctezuma, 2001). Se trata de una separación que, aunque difícil, entre sus miembros es negociada en la dis­ tancia. Otras veces se acompaña de sentimientos de culpa, aunque esto pa­ rece ser la excepción entre las parejas, no así respecto de los hijos. En la encuesta que se aplicó para esta categoría de migrantes, solo 1.6 por ciento dijo asociar este sentimiento a la culpabilidad entre los cónyuges.

Las respuestas también indican que con el paso del tiempo se aprende a vivir en la distancia, incluso que el retorno genera dislocaciones de una vida acoplada a la imagen del hogar transnacional. Por lo tanto, mientras una parte de las esposas viven atormentadas por sentimientos de soledad, otra parte acepta esa situación como una condición que con el paso del tiempo se aprende a vivir. Sobre esta línea, 32.8 por ciento de los encuesta­ dos expresó sentirse libre de los sentimientos de soledad. Pero, en este caso, la tendencia indica que los hogares migrantes que se han acostumbrado a vivir en la distancia se encuentran en la fase de maduración; es decir, han vivido por muchos años esta experiencia. De alguna manera, este resultado también se asocia al involucramiento de la mujer en responsabilidades y decisiones que no siempre son aceptadas socialmente, de ahí que, por otro lado, el retorno del migrante se vea como una alteración de esa situación.

Complementariamente, tal y como la investigación se diseñó, se hicie­ ron algunas entrevistas a hijos e hijas de migrantes que han vivido la ausen­ cia del padre contra su voluntad: Recuerdo que cuando mi padre iba a venir, todas las tardes esperaba la lle­ gada del camión del rancho. Miraba que las personas bajaban de una en

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una hasta la última. Me regresaba triste a la casa porque bajaban todos y él no llegaba. Era sólo una niña, pero para mí era muy importante subirme a sus brazos y besarlo [al llegar a esta parte la entrevistada no pudo contener el llanto]. Así pasé toda la primaria y la secundaria que es cuando se necesita más apoyo. Mi madre tenía miedo que yo tuviera novio. Gracias a su esfuer­ zo pude estudiar. A veces siento que hubiera preferido que siempre estuvie­ ra con nosotros. Este es un sentimiento sobre el que aún tengo dudas y no sé qué sería mejor. El día de mi examen profesional me acordé mucho de él, me habló para felicitarme y después de eso estuve llorando; sólo yo sé lo que significa un padre, por eso no entiendo a quienes huyen de ellos… usted no sabe cuánto hubiera dado porque estuviera presente en mi examen (Monserrat García Valdez, entrevista, julio de 2008).

Este testimonio de una hija de un migrante que desde la infancia ha vi­ vido la ausencia de la figura paterna muestra la difícil situación con lo que los hijos perciben la migración de sus padres, la que ciertamente les provee de recursos, como en este caso le permitió a una hija estudiar, y, sin embargo, el balance lleva a reconocer que se vivió un vacío afectivo, cuyo refrendo en la distancia no compensa las necesidades que se tienen de ello.

Igual que en el caso de las esposas, estas entrevistas y otras que también se hicieron dan cuenta de cómo esta situación es compensada con los afectos de los abuelos y de los tíos; sin embargo, éste no es un curso normal en el sentido del hogar inmediato. De cualquier forma que ese resultado se haya obtenido, indica que la investigación debe pasar del hogar a la familia en sentido amplio. Esta parte casi en su totalidad aún sigue estando entre los vacíos en la literatura especializada, la cual debe de incorporar la migración de la madre que deja a los hijos con sus familiares (Medellín, 2012).

El estrés e insomnio

Profundizando más en este asunto, se trató de indagar sobre algunos pade­ cimientos que alteran la salud y desajustan la vida emocional entre los miembros del hogar. Dos de los trastornos más frecuentes fueron el estrés y el insomnio. De las esposas, 20.8 por ciento indican que la migración de sus cónyuges les causa trastornos de estrés, los cuales, sumados al insomnio, llegan a 57.3 por ciento, mostrando una correlación fuerte entre estas dos variables. Sobre este asunto, por otros estudios se sabe que se trata de mani­ festaciones emocionales ligadas a situaciones diversas, tales como: a) no recibir periódicamente remesas, b) recibir remesas en cantidades bajas y

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oscilantes, c) no recibir directamente las remesas sino a través de terceros, d) vivir en casa de los suegros y estar sometida a vigilancia constante, e) man­ tener contacto telefónico ocasional, f) no poder visitar a la pareja por falta de documentos, etcétera (Moctezuma, 2001).

Un caso ilustrativo es el de una esposa muy joven que sufrió desgarra­ doramente las partidas sistemáticas de su esposo, quien emigró por primera vez cuando su segundo hijo tenía sólo ocho meses de edad (Yolanda Barraza, en­ trevista, Sain Alto, Zacatecas, enero 16 de 1997). Antes de la primera partida, aduce que “vivía contando los días” en que se acercaba la fecha de emigra­ ción. Lloraba a diario y él la consolaba y le hacía ver la necesidad de ir a Estados Unidos. Señala que “nunca supuso que viviría esta situación hasta que un amigo invitó a su esposo” a buscar suerte en el país del norte.

Durante esa experiencia, cada vez que su compañero se tardaba en es­ cribirle y en enviarle dinero, pensaba que era inminente el abandono o que él encontraría en el extranjero una nueva pareja. Ella dice: “en el tiempo que él se fue, yo me la pasaba pensando que él debía de venirse”. Éste es un sentimiento que en las subsecuentes partidas la siguió invadiendo al grado de enfermar. Por supuesto, con las sucesivas experiencias, esta joven esposa fue acostumbrándose, al grado de sentir que sus separaciones habían dejado de ser desgarradoras. Este drama cambió drásticamente, pues en uno de los retornos, el esposo partió a Estados Unidos con toda su familia (Moctezuma, 2001).

Recibir periódicamente remesas y no mantener una comunicación fre­ cuente genera dudas de la fidelidad del cónyuge. Igualmente, recibir remesas a través de terceros produce molestias y subordinación que hacen ver que el migrante aún depende de los padres o, en el peor de los casos, que envía remesas a ellos como medio indirecto de control de la esposa. Asimismo, no poder retornar por falta de documentos lleva a situaciones limitantes, como, por ejemplo, cuando se produce una emergencia familiar que requiere tomar decisiones como pareja.

Por otra parte, según los resultados de la encuesta, cuando los migrantes establecieron una relación pasajera y/o permanente con otra pareja en Esta­ dos Unidos, sus esposas desarrollaron sentimientos de abandono. Pero tam­ bién hubo un caso asintomático, y aunque no fue posible profundizar en ello, lo más seguro es que en esta pareja ya existía una ruptura que no se había materializado, pero que guiaba ese comportamiento extraño.

Igual que en la situación anterior, una proporción no despreciable de esposas se han acostumbrado a convivir con la migración como algo propio e inevitable en la entidad. De hecho, alrededor de 30 por ciento de las esposas

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contestó la encuesta en este sentido. En 74.4 por ciento de los casos, con la experiencia las relaciones con el esposo se mantienen y reafirman sin dificultad.

La conclusión que se extrae de esta primera parte es que los sentimien­ tos de soledad, abandono, estrés e insomnio, aunque están presentes entre las esposas de los migrantes y probablemente también entre los hijos, no siempre es así. De alguna manera, estas manifestaciones se amortiguan cuando las relaciones de confianza se mantienen y cuando se refrendan per­ manentemente los afectos. Un aspecto que resalta y que arrojó el trabajo de campo es que la parentela que se extiende más allá del hogar nuclear sirve para amortiguar los efectos devastadores de esta situación. Sin embargo, este resultado deberá enriquecerse incorporando esas mismas manifestacio­ nes desde el lado del migrante, ya que los efectos de estos desajustes son mutuos, pero en este caso son menos conocidos.

La primera vez que me fui, mi bebé estaba como de ocho meses; cuando vine, el niño ya estaba de tres años. Me perdí de sus primeros pasos, de em­ pezar a hablar y es como le digo, son cosas que no se recuperan. Les digo que de lo hecho ya ni llorar es bueno [lamentarse], mejor tratar los siguien­ tes días de vivirlos bien, porque lamentarse no tiene caso. No me arrepiento de nada, además, ¿qué caso tendría que me arrepintiera? ¿De qué me servi­ ría estar viviendo de arrepentimiento? Mejor trato de vivir el tiempo con ellos lo mejor posible (Policarpio Ruiz, entrevista, Col. Pozo Colorado, Noria de Ángeles, Zacatecas, en Medellín, 2012: 180).

Como puede desprenderse de esta entrevista, Policarpio sabe que per­ dió momentos importantes con sus hijos y que no es posible recuperarlos.

También reconoce que prefiere dejar las cosas tal y como están; es decir, trata de cerrar la herida, de olvidar. Este caso ilustra que, con frecuencia, los migrantes tratan de no evaluar si en sus vidas valió la pena la emigración.

Migrantes hijos

Los hijos son una generación de migrantes distinta en su comportamiento respecto de los padres. Cuando los padres han sido migrantes permanentes, les toca vivir a los hijos de cerca la migración en el hogar. Quizá igual que con sus padres, la migración dentro del hogar se transforma en un patrón de referencia (Massey y García-España, 1987), en el que se tienen ciertas ventajas considerando que los padres sirven de apoyo para el arribo al lugar

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de destino. Por otra parte, cuando nuevos jóvenes se incorporan al flujo mi­gra­ torio sin tener antecedentes en el hogar, aunque la migración no se vive de igual manera que en el caso anterior, en las comunidades con tradición mi­ gratoria existe el estímulo a ella a través de los contactos personales con los migrantes en sus retornos y en el establecimiento de las redes sociales.

En cuanto a los costos humanos para los migrantes jóvenes, la situación indica que, en los primeros años, éstos son elevados cuando se es niño o dema­ siado joven. Asimismo, esta situación se hace más compleja cuando recién se ha casado y ha tenido que emigrar sin la esposa. Hay algunos casos de des­ equilibrio emocional entre jóvenes migrantes que así lo indican, y aunque la locura es un caso extremo, ella da cuenta de procesos que de alguna forma indican una misma trayectoria por donde transita el migrante.

Durand (1994: 311-315) da cuenta de haber encontrado a jóvenes que durante la década de los noventa retornaron con trastornos mentales de Es­ tados Unidos. Existe un caso de un migrante zacatecano que perdió la razón cuando estaba en Oakland y que su hermana lo hizo llevar a Los Ángeles para cuidarlo. Ella recuerda que su hermano recibía cartas de su esposa que por su contenido le hicieron un daño irreparable, hasta deteriorar su salud.

Probablemente también se debía a la soledad, ya que entonces los migrantes de la comunidad de origen aún no tenían como destino la ciudad de Oakland, como ahora lo tienen.

Perfil de los migrantes hijos

Una de las asociaciones estadísticas más frecuentes entre padres migrantes e hijos migrantes es que se trata de hogares que pasan por una trayectoria de vida similar que los lleva a compartir la experiencia de la migración (Massey y García-España, 1987). Por esta vía se produce y reproduce la mi­ gración familiar. En Zacatecas, las cosas no se limitan a ello; por el contra­ rio, en los últimos años ha crecido preocupantemente el número de hogares migrantes. En efecto, según la encuesta que se comenta, 67 por ciento de los migrantes en la categoría de jefes de hogares tuvieron al menos un hijo in­ volucrado en la migración internacional; el resto eran jefes de hogares jóve­ nes o con hijos que aún no cumplen la edad en la que se da la migración inicial; así, la extensión de la migración se da en el seno de los hogares como remplazo generacional de padres a hijos (Arizpe, 1980). Por otro lado, 32 por ciento de los migrantes que ocupan el lugar de hijos en los hogares en­ cuestados pertenecen a “nuevos” hogares; es decir, por lo menos existe una tercera parte de hogares que antes no se habían involucrado en la migración,

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lo cual indica que el fenómeno se ha extendido durante los últimos años.

Esto, por supuesto, coincide con el fuerte proceso de despoblamiento que hasta 2005 acusó la entidad; es decir, cuando en una comunidad la migra­ ción se ha extendido lo suficientemente, nuevos hogares se involucran en esta experiencia a través de sus redes sociales (Massey y García-España, 1987).

Cuadro 4 Jefes e hijos de hogares migrantes Jefes de hogares migrantes Grupos de edad 00-17 18-29 30-39 40-49 50 y + Total

Hijos migrantes

Sumas

%

Sumas

%

10 14 32 35 43 124

10.0 11.3 25.8 28.2 34.7 100.00

12 49 27 16 15 99

12.0 49.5 27.3 16.2 15.1 100.00

Fuente: Elaboración propia.

Entre los migrantes que ocupan la categoría de hijos en el hogar, 50 por ciento de ellos tienen menos de 30 años, siendo 31.1 el promedio de edad actual, mientras que en los migrantes jefes de hogares el promedio fue de 45 años. Es decir, el promedio de edades de los hijos migrantes indica que los hay de todas las edades: mientras en algunos hogares los hijos apenas inician la migración, en otros la migración es ya parte de su dinámica.

En relación con la primera migración de los hijos, el promedio de eda­ des se redujo considerablemente en relación con los padres. En efecto, mientras que a los 29 años apenas había emigrado 11.5 por ciento de los jefes de hogar, en el caso de los migrantes hijos, a esa misma edad ya había emigrado más de 50 por ciento. Esto significa que, de una generación a otra, la edad de la primera migración se ha reducido drásticamente. Enton­ ces, si el promedio de edad de la primera migración fue de 20.3 años, signi­ fica que la mayoría de los migrantes hijos tiene solo 11 años involucrado en el flujo migratorio; por lo tanto, este reducido segmento de migrantes está muy lejos de convertirse en migrantes retornados y jubilados. Por otra parte, esta situación se alteró radicalmente con la crisis económica que vive la economía estadounidense a partir de 2008.

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Cuadro 5 Jefes e hijos de hogares de primera migración Jefes de hogares.

Primera migración Grupos de edad 00-17 18-29 30-39 40-49 50 y + Total

Hijos migrantes.

Primera migración

Sumas

%

Acumulados

Sumas

%

Acumulados

0 14 32 35 41 122

0 11.5 26.2 28.7 33.6 100.0

0 11.5 37.7 66.4 100.0

2 49 27 16 5 99

2.0 49.5 27.3 16.2 5.1 100.0

2.0 51.5 78.8 95.0 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la última migración de los hijos, la edad promedio es apenas de 26.6 años, lo cual se corresponde con el hecho de que varios mi­ grantes dijeron tener sólo una migración y no dos, por lo que la edad tiende a estar muy próxima respecto de las edades de la primera migración.

Costos económicos

Se reportó que 35.4 por ciento de los migrantes hijos abandonaron las acti­ vidades productivas que desempeñaban antes de emigrar. Esta proporción es menor en 9.1 puntos porcentuales respecto de los jefes migrantes, lo que sugiere que la antigüedad en la carrera migratoria juega un papel decisivo en esta característica (véase cuadro 6).

Cuadro 6 Abandono de las actividades productivas por la migración Grupos de edades 00-17 18-29 30-39 40-49 50 y más Sumas

No aplica

Se mantuvo

Se redujo

Se abandonó

Total

0 7 3 1 1 12 (12.1)

12 12 15 19 11 39 (39.4)

10 16 15 12 13 13 (13.1)

10 24 14 14 13 35 (35.4)

12 49 27 16 15 99 (100)

Fuente: Elaboración propia.

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Igualmente, se confirmó que la migración de los hijos produce entre el resto de los miembros del hogar una redistribución de las actividades pro­ ductivas en 68.7 por ciento de los casos. Además, sus actividades son supli­ das en 13.1 por ciento por otros familiares. Estas dos proporciones suman 81.8 por ciento del total, lo que confirma nuevamente el mantenimiento de las relaciones sociales como característica de lo que antes se enunció como la existencia de unidades domésticas como rasgo de la economía y la sociedad zacatecanas. Igualmente, se constató que en 9.1 por ciento de los casos, se recurre al trabajo asalariado, en tanto que la proporción restante se explica por combinaciones de estos resultados.

Según los resultados, las remesas que enviaron los migrantes hijos a sus hogares favorecieron el mejoramiento de sus viviendas, la adquisición de aparatos electrodomésticos y la instalación de teléfono en 64.6 por ciento de los casos, en tanto que 13.1 por ciento invirtió en la compra de tractores, el mejoramiento del ganado y la compra de terrenos. Sin esa fuente externa de recursos, es muy probable que esas inversiones no se hubieran realizado.

Estos resultados confirman que en 53.5 por ciento de los hogares mejoró la producción y que en 37.4 por ciento se conservó sin cambio. Por lo tanto, como esta proporción es muy alta, probablemente indica que se ha consoli­ dado el binomio migración-actividades productivas, lo que da cuenta de un financiamiento “externo”, y de una dependencia extrema de esta fuente de recursos. Dicho en otras palabras: la “rentabilidad” de las actividades pro­ ductivas no necesariamente se explica en sí misma; por el contrario, es ne­ cesario considerar en ello el financiamiento que aportan los migrantes.

Asimismo, es conveniente considerar que los recursos de la migración son susceptibles de mejorar las condiciones productivas, por lo menos en algu­ nos casos.

En cuanto al envío-recepción de remesas, se detectó que 4.1 por ciento de la población encuestada no las envía y 40.4 por ciento lo hacía esporádi­ camente. La última proporción indica que para junio de 2008, cuando se aplicó la encuesta, ya se captaba la reducción de las remesas como resultado de la crisis en Estados Unidos, como así se consigna por los receptores. Otro estudio indica que, cuando los migrantes dejan de enviar remesas, es por­ que se han roto las relaciones familiares (Medellín, 2012) y que eso está re­ lacionado con el desinterés por mantener las relaciones de comunicación.

Al respecto, 11.1 por ciento de los hijos migrantes de esta encuesta mantuvo escasa comunicación telefónica con sus madres y hubo un caso de un mi­ grante desaparecido.

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Probablemente los porcentajes de envío esporádico de remesas están relacionados con la crisis de la economía estadounidense. Mientras que en 2009 Zacatecas recibió 680 millones de dólares por concepto de remesas familiares, en 2008 las mismas se redujeron a 590 millones de dólares.

Sentimientos de las madres

Los sentimientos de inseguridad que perciben las madres respecto de los hijos migrantes se producen en proporciones relativamente bajas: sólo se presentaron en 14.1 por ciento de los casos. Los hijos no parecen jugar un rol en la seguridad de los hogares, como sucede en el caso de los cónyuges.

En cambio, los desequilibrios más altos de las madres, cuando tenían un hijo migrante, fueron el estrés y el insomnio, mismos que se presentaron en 65.5 por ciento.

Estas dos manifestaciones dan cuenta de una situación devastadora, en términos morales y psicológicos, del costo que una madre enfrenta cuando sus hijos emigran y se desprenden del hogar. Además, señalan que no se re­ signan a vivir la migración como algo no problemático, como a veces se deduce de lo que se da en llamar la cultura de la migración internacional.

Por el contrario, los testimonios en este caso fueron muy elocuentes: el dolor no es comparable en intensidad cuando el migrante es el cónyuge. Esta si­ tuación fue muy clara cuando la madre expresó sentirse culpable por la emigración del hijo o los hijos. En algunos casos se dijo que la migración se produjo por no poder darles alternativas o porque los hijos no vieron futuro en el hogar, aspectos que al relatarlos les causaban un gran dolor (Antonio Gómez, entrevista, junio de 2008).

Asimismo, cuando se levantaba esta encuesta, en Sain Alto, Zacatecas, se vivía entre las madres un drama límite de miedo respecto de los hijos mi­ grantes, debido a que el trabajo de campo se llevó a cabo una semana des­ pués de la muerte de Lorenzo Cruz, quien murió resultado de un accidente en Estados Unidos y fue trasladado a su hogar para sepultarlo en el panteón municipal. En esta comunidad, así como en otras, las experiencias de los conocidos se comparten como parte de una misma cultura.

Otra investigación in situ sobre la separación de los hijos, pero en este caso cuando los padres han emigrado y los hijos se han quedado en la comu­ nidad con algún familiar, da cuenta de los esfuerzos que los padres hacen a fin de conseguir que sus hijos puedan reunirse con ellos, aun a costa de correr múltiples riesgos y peligros que los asechan al cruzar la frontera, como resul­ tado de su vulnerabilidad por ser menores (Hernández Barajas, 2009).

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Comprender esta situación no ha sido fácil; su racionalidad no se guía por la seguridad sino por la imagen que se busca tener de un hogar en donde sus miembros convivan e interactúen en el mismo espacio. Por eso se insiste en la reunificación y, por lo tanto, en cruzar la frontera, asumiendo que esto tiene sus peligros (José Íñiguez y Eva Amador, entrevistas, Huegolita, Apulco, Zacatecas, en Medellín, 2012).

Al ilustrar esta situación se ha comenzado a hablar del “síndrome de Ulises” para referirse a los sentimientos que experimenta el hombre al emi­ grar y que se convierten en trastornos emocionales. Asimismo, se habla del “síndrome de Penélope” para dar cuenta de cómo la mujer vive este proceso cuando se queda en la comunidad. Para este caso, se asume el dislocamiento de la seguridad humana en los hogares, en el sentido de perder la integri­ dad y no poder desenvolverse y vivir bajo relaciones afectivas.

El síndrome de Ulises es un conjunto de manifestaciones emocionales que experimenta el inmigrante cuando se encuentra lejos de su familia en un país extraño, completamente solo, en ausencia de redes sociales que lo apoyen, con permanente inseguridad laboral, perseguido y rechazado por el Estado y, en el peor de los casos, por los grupos radicales de la sociedad receptora. Es decir, se trata de respuestas emocionales ante una situación adversa y real, de máxima tensión, que disloca la vida entera de las perso­ nas. Estas manifestaciones indican que el migrante vive añorando sus rela­ ciones íntimas, recordando el terruño, y que al mismo tiempo siente las presiones por adaptarse al nuevo contexto. Ese tipo de sensaciones son respuestas comunes bajo condiciones adversas; no sentirlas sería un signo de sospecha.

Complementariamente, el síndrome de Penélope es una denominación ingeniosa que recogió Gustavo López (2006) de La Odisea de Homero, que cuenta que Penélope es la esposa de Odiseo, rey de Ítaca, quien se fue a combatir a la Guerra de Troya. Penélope espera a su esposo resistiendo la seducción de los hombres a la que se ve sometida, quienes se aprovechan de ello por su soledad. Su situación de inseguridad es tal que ante el acoso de sus pretendientes se enclaustra en su casa durante 20 años. Para distraer­ se y olvidarse de la soledad y el acoso, teje un sudario por el día y lo deshace por la noche como forma de asegurar su fidelidad a Odiseo, hasta que final­ mente él regresa.

Desde el modelo patriarcal, Ulises es la expresión del sacrificio del va­ rón que está obligado a cumplir con sus deberes ante la sociedad, mientras

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que Penélope es la imagen de la mujer fiel y abnegada que espera con estoi­ cismo el retorno de su esposo.3 Una mirada síntesis

En el proceso descrito, escudriñando en la cuantificación de los costos eco­ nómicos, el resultado apunta hacia la complementariedad de los ingresos de los hogares y al financiamiento de las actividades productivas locales, lo que visto en el contexto estatal se corresponde con el alto peso que tienen las remesas en el pib local de 2007, el más alto en el país. Involucrarse en la comprensión de esta relación llevó a considerar la pervivencia de un rasgo co­ mún de las sociedades campesinas y poblaciones rurales, que consiste en el reconocimiento de la unidad doméstica, en donde las familias se asocian para enfrentar las actividades productivas. Este concepto, en tanto categoría intermedia respecto de la dimensión micro (hogar) y la dimensión macro (relaciones sociales), contiene la fuerza para penetrar en la comprensión de los costos sociales e investigar un recurso que se tiene a mano y que sirve para enfrentar las situaciones de dislocamiento que enfrentan las familias migrantes durante el proceso de separación de sus miembros.

Asimismo, vale la pena prefigurar la senda obligada que en adelante hemos de emprender en el desarrollo de esta dimensión: es conveniente transitar de los costos humanos que enfrenta de manera directa el hogar migrante e involucrar a la parentela; es decir, a la familia en sentido amplio. Se trata de un análisis que permitirá acercarse al concepto de unidad doméstica, entendido como la estructura familiar y no familiar que permite afrontar las situaciones por las que atraviesan los hogares, cuyas relaciones no son consanguíneas, sino sociales y económicas. Recuérdese que en el contexto campesino o rural es frecuente que la familia abarque la parentela, de ahí que en el trabajo de campo sea común encontrar un hogar con más de una familia, y si eso es así, entonces los costos humanos de la migración deben considerar este rasgo suyo.

De la misma manera, si la dinámica del hogar en no pocos casos es parte de la unidad doméstica, esta segunda estructura es a su vez parte del accio­ 3 Dice la canción que un caminante dijo a Penélope: “Adiós, amor mío, no me llores, volveré an­ tes que de los sauces caigan las hojas…” Después de mucho esperar, la letra sigue: “Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope”. Finalmente, el amante vuelve, pero ya no es el mismo, ha cambiado tanto que Penélope no lo reconoce. Es decir, el resultado termina siendo la pérdida de la integridad de la pareja (Joan Manuel Serrat, “Penélope”). Si esta representación artística se generaliza para un determinado contexto, en­ tonces podemos decir que, bajo esas condiciones, se disloca la seguridad humana.

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nar de las redes sociales. En el fondo, se trata de la relacionalidad de con­ ceptos que permitirán no sólo rediseñar las estrategias de investigación sobre los hogares migrantes, sino que también conducirán a identificar aquellos recursos y estrategias de solución al dolor humano que lleva consigo la mi­ gración internacional y que están en manos de las comunidades.

Fuentes consultadas

Almeida Salles, Vania (1988), “Mujer y grupo doméstico campesino: notas de trabajo”, en Josefina Aranda (comp.), Las mujeres en el campo, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez.

Arizpe, Lourdes (1980), “La migración por relevos y la reproducción social del campesinado”, Cuadernos del ces, núm. 28, México, El Colegio de México.

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Banco Mundial (2008), “Mini-atlas de seguridad humana”, Proyecto del Informe sobre Seguridad Humana, Bogotá, Banco Mundial/Aypol Ediciones.

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Yolanda Barraza, Sain Alto, Zacatecas, enero 16 de 1997.

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Lucina Barraza, Rosemead, California, abril 13 de 1997.

Antonio Gómez, junio de 2008.

Extractivismo, despojo y degradaci贸n ambiental

Nuevo extractivismo: ¿modelo para América Latina o imperialismo del siglo xxi?* Henry Veltmeyer** Traducción del inglés de Édgar Záyago Lau

En un libro de reciente publicación, Estudio de la extracción de recursos natu­ rales en países con recursos abundantes, el exdirector de Investigación sobre Desarro­llo del Banco Mundial (bm), Paul Collier, y el director del Centro de Análisis de Economías Ricas en Recursos Naturales de Oxford, Anthony Venables, concluyen contundentemente que “el pillaje, más que la prosperi­ dad, se ha convertido en la norma en toda la industria [extractiva]” (2011).

Una verdad indiscutible al seguir las actividades del capital extractivo en el circuito global. Empero, en lugar de vincular este problema a sus causas es­ tructurales —las cuales el que suscribe avanza: imperialismo y capitalismo—, los autores reducen la problemática a un asunto de “distorsión y dependen­ cia en la toma de decisiones en varios de los países [subdesarrollados]”. Con estos argumentos, los autores defienden la agenda posneoliberal que busca lograr mejores indicadores sociales mediante una mejor gobernanza. Collier y Venables van más allá y defienden la explotación de recursos naturales en países subdesarrollados, siempre y cuando se da: “bajo la implementación de principios que eviten la distorsión y la dependencia”. Esta lógica respon­ sabiliza, erróneamente, al proceso de toma de decisiones y a la buena gober­ nanza, mientras que ignora por completo el papel de la dinámica imperialista y del capital como causa misma de la distorsión y la dependencia.

En este capítulo avanzamos un análisis marxista sobre el desarrollo capi­ talista con un enfoque en el imperialismo, entendiendo a éste como un pro­ yecto geopolítico que promueven los Estados del norte o núcleos del capital * El autor agradece la traducción del inglés por parte de Édgar Záyago Lau y el apoyo del Promep mediante la Red Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana. ** Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Uni­ versidad Autónoma de Zacatecas.

195

196

henry veltmeyer

en su propio beneficio. En estos términos y basándonos en la literatura so­ bre el nuevo extractivismo en la era posneoliberal, argumentamos que el análisis de izquierda está nublado con pensamientos idealistas en lugar de seguir un examen estructural y científico riguroso. Proponemos que el nue­ vo extractivismo y el nuevo desarrollismo son mejor entendidos mediante la lente del análisis de clase y la noción del “nuevo imperialismo”.

Avanzamos el argumento secuencialmente. Primero, revisamos la historia del desarrollo en las últimas dos décadas para ilustrar el desmoronamiento del neoliberalismo y el surgimiento de un nuevo consenso de desarrollo. En esta sección argumentamos que el declive del neoliberalismo ha fomentado el surgimiento del Estado posneoliberal, que se concentra en el manejo ge­ rencial de la economía y en el avance de una política de extracción de recur­ sos naturales (nuevo extractivismo). Replicamos, no obstante, que el Estado posneoliberal, construido con un giro hacia la izquierda nacionalista en búsqueda de un desarrollo más inclusivo, representa en realidad un “nuevo imperialismo”, más que un desarrollismo renovado y estructural.

En segundo lugar, revisamos la dinámica de la inversión extranjera di­ recta (ied) en América Latina, en condiciones del ascenso de China en la economía mundial y de la expansión del mercado con base en la demanda de materias primas (hidrocarburos, minerales industriales, etcétera).

En tercer término, exploramos la economía política de este desarrollo en los términos de una estrategia imperialista de explotación de recursos naturales, y las consecuencias que ésta genera: el pillaje de los recursos fi­ nancieros y naturales, la destrucción del medio ambiente y del sustento, y el hábitat de las comunidades locales. En este apartado sugerimos que las po­ líticas del Estado posneoliberal, en la misma manera que aquéllas del Esta­ do neoliberal, defienden el capital global y actúan en su favor en el conflicto con las comunidades.

Políticas sobre los recursos naturales en un régimen posneoliberal

El surgimiento de regímenes protosocialistas o populistas radicales —la “marea roja” en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y la “marea rosa” de regíme­ nes de centro-izquierda de matiz nacionalista y neoliberales pragmáticos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay— ha multiplicado el interés por estudiar las plataformas posneoliberales del consenso pos-Washington (cpw) (Burdick et al., 2009; Grugel y Riggirozzi, 2009; Infante y Sunkel, 2009, y Silva, 2009).

nuevo extractivismo

197

Sin embargo, el análisis de Fernando Leiva sobre las contradicciones del desarrollo posneoliberal y el propio sobre las contradicciones de desarrollo nacional basado en el capital extractivista y rentista sugieren que este “pro­ gresivismo” es más una ilusión que realidad. Venezuela es el único caso de Estado y régimen que pudiera ser denominado como posneoliberal en un sentido verdaderamente progresista y antiimperialista. Ni Bolivia ni Ecua­ dor, y menos Brasil, Chile y Argentina, los ejemplos más usados para iden­ tificar el régimen posneoliberal, han podido o deseado escapar de la telara­ ña formada por el capital global en forma de ied y del proyecto geopolítico imperial.

La diferencia entre los regímenes neoliberales y los regímenes posneoli­ berales es que estos últimos han asignado un papel más activo al Estado con el objeto de regular el mercado en función del interés público y de distribuir los ingresos para reducir, a niveles menos comprometidos, las exacerbadas pobreza e inequidad —una política compartida por los teóricos, ideólogos y arquitectos del Consenso de Washington (ahora Consenso de Davos).1 Más allá de lo anterior, las instituciones del sector privado, sobre todo corpora­ ciones transnacionales garantes del capital globalizante, aún dominan la economía nacional. La única excepción sería Venezuela, donde los sectores estratégicos han sido nacionalizados y el gobierno persigue un camino que va más allá del neoliberalismo y del capitalismo.

Las plataformas posneoliberales fueron la esencia del consenso del G20 en el año 2000 y el espíritu de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Nuevo Milenio que tomó lugar después. Ambas reuniones acordaron fin­ car el crecimiento económico vía la estabilidad macroeconómica y la expor­ tación de recursos naturales (nuevo extractivismo), regular el capital acorde con los intereses nacionales (buena gobernanza) y reducir la incidencia de la pobreza a partir de programas de desarrollo inclusivos, así como restringir la transferencia de capital (Infante y Sunkel, 2009).

Lo anterior fue una reacción a la pérdida de fe en el libre mercado ca­ pitalista, la cual decayó en 1989, cuando la mayoría de las agencias del de­ sarrollo de las Naciones Unidas y el bm reconocieron que la desregulación del mercado había llegado muy lejos. La exacerbada inequidad, el incre­ mento de la pobreza y el modesto crecimiento económico amplificaron la desconfianza. Dani Rodrik, crítico del neoliberalismo, expuso la necesidad de “traer de vuelta al Estado” para resolver los problemas que la desregulación había traído (Rodrik, 1999). Esto implicó una hibridación entre el neolibe­ Véase la revista The Economist en su edición temática (22 de enero de 2011) sobre la rela­ ción de crecimiento económico y la desigualdad social.

1

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henry veltmeyer

ralismo y el estructuralismo social (neoestructuralismo). Se trata, pues, de impulsar una nueva cara del desarrollo, lo que los teóricos y los arquitectos del cpw denominan nuevo desarrollismo (Bresser-Pereira, 2007) o desarrollo inclusivo (Infante y Sunkel, 2009). Y, en este contexto, la relación capitalEstado frente a la administración de recursos naturales, es decir, la propuesta de nuevo extractivismo (Gudynas, 2011) se reduce a una mejor negociación del Estado con el capital trasnacional y nacional.

Varios ejemplos saltan a la luz. A pesar de la retórica nacionalista y po­ pulista del gobierno de Bolivia (en cuanto a que los recursos y la riqueza pertenecen al pueblo, a la gente y a los pobres), la relación con el capital no ha cambiado sustancialmente. La situación del sector petrolero y del gas natural, los cuales Evo Morales designó como propiedad del pueblo, no es consecuente con la retórica. Un hecho contundente contradice el discurso: la propiedad y el derecho de explotación permanece bajo el control de unas 29 corporaciones trasnacionales (Petras y Veltmeyer, 2009). En algunos sec­ tores extractivos, como el de acero y el de litio, el gobierno de Bolivia ha mantenido la propiedad de los recursos, pero no ha logrado impulsar un cambio estructural —para que las materias primas sean procesadas en Boli­ via—, lo que mantiene una plataforma exportadora sin encadenamiento productivo nacional.2 Se trata, pues, de una apuesta obsoleta e incapaz de atraer capital para impulsar una industria extractiva doméstica. Los esfuer­ zos del sector se reducen a la búsqueda de un mejor contrato con el capital, mejores rentas (regalías y impuestos), en un sector cuya demanda crece global­ mente y que, pese a las tasas impositivas, representa un cúmulo de ganancia extraordinaria para las compañías extranjeras.3 No todos los casos concuer­ dan con la retórica populista y nacionalista. Mutún, por ejemplo, es la región con mayor reservas de acero, lo que atrajo el interés de Jindal, gigante hindú de la industria extractiva. La compañía se comprometió con el gobierno a 2 El gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo especifica un “plan” encaminado a la in­ dustrialización de recursos como el hierro, los hidrocarburos y el litio. Ha delineado, además, una estrategia de nacionalización de las empresas en los sectores estratégicos de producción.

Sin embargo, mientras el gobierno mantiene esta estrategia, en esencia el modelo extractivista no cambia. Por el contrario, esta política sigue sirviendo al capital global en su estrategia de acumulación.

3 El lucro exacerbado puede ilustrarse por la compañía canadiense Gold Corp en el Valle de Huasco, en Argentina. En 2011, la compañía anticipó una extracción de entre 6 y 8 millones de onzas de oro, a un costo de 340.80 dólares y a un precio en el mercado de 1,652 dólares. Lo que facilitó el lucro fue un acuerdo con los presidentes de Chile y Argentina (véase Bonnassa, 2011), que se ubica como uno de los que menos pagan impuestos en el mundo; además de que para lavar los minerales se usa agua de los glaciares del Valle de Huasco, sin costo alguno para las empresas (Bonassa, 2011).

nuevo extractivismo

199

procesar el hierro en Bolivia y a invertir en la industria boliviana, pero a siete años del acuerdo firmado no hay señal alguna de tal inversión.

Bolivia y Ecuador comparten esta simpatía con el capital, pues son Esta­ dos dependientes y subordinados a éste. Se argumenta que Brasil, en particular, pero también Chile y Argentina son experiencias diferentes. Presu­ miblemente, dichas naciones han podido constituir nuevas políticas para regular el capital y el manejo de los recursos naturales basados en la acción de empresas paraestatales en el sector. Estas naciones representan, quizá, un actuar más efectivo de regímenes posneoliberales.

Ante estos hechos, no obstante, vemos la necesidad de seguir un análisis más crítico. El sector extractivista maneja los destinos del sector económico y, consecuentemente, determina la orientación del desarrollo en estas nacio­ nes. Los gobiernos realizan grandes concesiones de tierra y territorio a las trasnacionales y, a pesar de tener marcos regulatorios, éstos no controlan las actividades extractivas de las empresas. En este punto podemos tomar el caso de Perú, que se muestra como un espacio estratégico para la extracción mineral y la expansión mundial de la industria.4 El presidente Ollanta Humala llegó al poder en junio de 2011. Prome­ tió apoyo a las comunidades pobres y resguardar la población contra las actividades de las mineras trasnacionales. Con el eslogan “agua antes que oro”, las comunidades indígenas en Perú se han opuesto a la expansión de las operaciones mineras de la Newmont Mining Corporation, de la compa­ ñía peruana Buenaventura y de la corporación financiera internacional del bm. Pero Humala, pasados los tres meses en el poder, envió 3 mil tropas a la zona de conflicto y dejo en claro que, a pesar de que el gobierno prometió revisar los planes de expansión, el país no podía detener el proyecto de 4,800 millones de dólares. Esto no es una situación inusual o un desarrollo político anómalo.

En la región existen varios ejemplos del mismo comportamiento. En cada caso —ya sean los regímenes posneoliberales de Brasil, Chile, Perú o el neoliberal de México— el desarrollo nacional de un país es desdeñado a favor de la satisfacción de las compañías mineras y otras trasnacionales, así como de los Estados imperiales que las respaldan. Estas corporaciones ope­ ran bajo la “regulación” de los Estados posneoliberales, ya que reciben licen­ cia para explorar y extraer recursos naturales bajo un marco legal que, presumiblemente, protege el medio ambiente y las comunidades locales.

4 En 1990, el gobierno de Perú regresó 2 millones de hectáreas al capital trasnacional para explorar depósitos minerales. Para 2010, las concesiones mineras significaron 221 millones de hectáreas (Fernan, 2011: 9). Estas concesiones han resultado en un enorme daño al ambiente y a las formas de vida de las comunidades afectadas por tales operaciones.

200

henry veltmeyer

Esto, en realidad, es una utopía. El objetivo del gobierno al otorgar estas licencias, con la venia de estudios ambientales o de impacto social, es encon­ trar caminos para avanzar los proyectos y, de alguna manera, eludir los conflictos sociales o ambientales que éstos invariablemente generan. El in­ terés del Estado neoliberal o posneoliberal, en maximizar la capacidad de extracción de las compañías extranjeras es evidente y también su intención de colocarse del lado del capital en contra de la población y las comunidades afectadas por estas operaciones.

Inversión extranjera en América Latina: ¿aprovechamiento de recursos naturales o explotación imperialista y despojo?

El primer gran flujo de capital en América Latina arribó en los años setenta pero en forma de préstamos avanzados por la banca internacional. Para li­ berar a las fuerzas de “libertad económica” —flujo libre de capital—, los agentes imperiales ubicados en Washington (bm, fmi y Departamento del Tesoro estadounidense) impusieron un programa de reformas macroeconó­ micas, aprovechando la coyuntura de la crisis de la deuda de estos países.

Tal programa incluyó reformas estructurales como privatización de empresas, desregulación de mercados y liberalización comercial y financiera (Petras y Veltmeyer, 2001; Veltmeyer y Petras, 2000). Lo anterior eliminó las barreras al capital y promovió el flujo de ied a América Latina, lo cual se hizo eviden­ te a finales de los noventa. El cuadro 1 ilustra algo de las dinámicas de este flujo. A finales de 1970, el grueso del flujo era dominado por los préstamos bancarios internacionales; no obstante, en 1980 América Latina vivió una absoluta descapitalización en las economías más grandes de la región, pero esto cambió en los noventa con un mayor flujo de capital global en forma de ied.

El cuadro 1 también muestra una rápida expansión de ied al principio de 1990, aunque esto se explica a partir de la venta de activos de las empre­ sas paraestatales. Asimismo, ilustra otras dinámicas de la explotación im­ perial, como es la salida masiva de capital extraído en la forma de pagos de préstamos a bancos extranjeros, la repatriación de ganancia de ied y las ga­ nancias de inversión de capital especulativo. Las operaciones de capital y explotación de los recursos naturales resultaron, en 1990, en una transfe­ rencia neta de 100 mil millones de dólares desde América Latina a los cen­ tros de acumulación de capital. Esto no incluye el pillaje de recursos natura­ les y tampoco la transferencia oculta de capital (industria maquiladora), el

172.5

6.0

75.0

ip

420.0

453.0

356.5

96.5

Fuente: imf (2000); World Bank (2002); oecd (2002).

354.0

Saldo

66.0

Ganancia ied

Pagos de deuda

357.0

Flujos netos

822.5

111.5

76.0

Otra

547.5 268.5

157.0

Privados

274.6

1990-1994

ied

200.0

Coop int’l

1985-1989

227.3

100.8

26.5

261.4

63.2

36.1

106.8

206.1

55.3

1995

136.6

106.6

30.0

307.8

126.2

49.2

130.8

276.6

31.2

1996

144.7

112.9

31.8

343.8

98.1

30.2

172.5

300.8

43.0

1997

153.9

118.7

35.2

337.7

–10.7

15.6

178.3

283.2

54.5

1998

Flujos financieros de largo plazo, 1985-2001 (En mil millones de us$)

Cuadro 1

162.2

121.9

40.3

270.5

25.5

34.5

184.4

224.4

46.1

1999

172.1

126.7

45.4

263.7

8.2

50.9

166.7

225.8

37.9

2000

177.5

122.2

55.3

196.2

–26.7

18.5

168.2

160.0

36.2

2001

202

henry veltmeyer

comercio intrafirma y la transferencia neta de plusvalía mediante el meca­ nismo de intercambio desigual (Delgado Wise, 2010). La década de los no­ venta bien pudiera describirse como los “años dorados del imperialismo estadounidense”.

Los años noventa atestiguaron un incremento en la inversión extranjera hacia los países subdesarrollados o, como los banqueros inversionistas los denominan, “mercados emergentes”. Pero en América Latina, una parte sustancial de estas inversiones eran improductivas, dado que se usaban pri­ mordialmente para adquirir activos de las empresas paraestatales que ya generaban ganancias. Este esquema neoliberal tenía como objetivo privati­ zar las empresas públicas y todos aquellos bienes vinculados, sin una trans­ ferencia de capital o tecnología. Un arreglo muy conveniente para el gran capital. El ajuste estructural también privatizó activos mayores del sector servicios, especialmente bancos. El resultado fue la desnacionalización de sectores estratégicos de las economías nacionales. En México, por ejemplo, todos los grandes bancos, excepto uno (Banorte), pasaron a manos de inver­ sionistas extranjeros, quienes compraron los activos y pasivos de los bancos a un costo estimado de 45 mil millones de dólares.

La ied presumiblemente más productiva se destinó principalmente a tres sectores: 1) manufacturas 2) extracción de recursos naturales —explo­ ración para la producción de petróleo, gas y minerales— y, 3) sector servi­ cios. El cambio más importante en la distribución sectorial de la ied en las últimas dos décadas ha sido el incremento en el sector de servicios, acompa­ ñado de un pequeño declive en los sectores de recursos naturales y manu­ facturas. Sin embargo, en el contexto de cambio de la economía global y la creciente demanda por materias primas, mismo que llevó al boom del mer­ cado o a un incremento exponencial del precio de petróleo, la ied en la industria extractiva de los países ricos en recursos ha crecido en los últimos años. 5 A pesar del declive en los flujos de ied hacia América Latina entre 2006 y 2008, y como resultado de la crisis financiera global, la inversión extranjera en el sector minero ha sido próspera. Según Arrellano (2010), por ejemplo, en 2007 los recursos naturales representaba sólo 15 por ciento de los flujos de ied hacia América Latina pero en 2008, cuando detonó la crisis financiera mundial, esta relación se duplicó (30 por ciento). Al mismo tiempo, el por­ 5 El alza de precios de los productos mineros en la primera década del nuevo milenio detonó el flujo de inversión global a este sector; especialmente en acero, gas natural y petróleo.

De hecho, estos recursos congregan la mayor parte de la ied en África y América Latina. El incremento de precios ha propiciado varias megafusiones en la industria extractiva, lo que ha resultado en una mayor concentración de mercado (unctad, 2011: 126).

nuevo extractivismo

203

centaje de la ied destinada al sector manufacturero en la región fue reducido de 35 a 22 por ciento. En Chile y Colombia, los altos niveles de ied en 2005 se mantuvieron en 2006: 1,250 millones de dólares y 2 mil millones de dólares, respectivamente, mientras que en Perú la inversión llegó a 1,600 millones (Proinversión, 2007).

En Bolivia, a pesar de incertidumbres creadas por una política de “na­ cionalización” del régimen, la mayor parte de las compañías mineras ex­ tranjeras han continuado sus operaciones a la alza. En 2010, las exportacio­ nes mineras de Bolivia excedieron los 2,400 millones de dólares, 23 por ciento más que el año anterior, pero, según varios analistas, como Raúl Prada (2013), los grandes beneficiarios de este crecimiento exportador fue­ ron las multinacionales y en menor grado los mineros medios burgueses del sector cooperativo. El gobierno, por su parte, logró capturar una pequeña porción de las ganancias.6 Mientras tanto, las demandas de las comunidades locales y las organizaciones del sector popular han sido completamente ignoradas por parte del gobierno. Los principales beneficiarios del creci­ miento del mercado de materias primas y del nuevo extractivismo son las corporaciones trasnacionales que dominan el petróleo y la minería no sólo en Bolivia sino en toda la región.

En años recientes, el grueso de la ied en el sector primario se ha dirigido a la minería y la exploración petrolera. Vale apuntar, sin embargo, que las estimaciones de flujo de capital no están desagregadas por sector. Los eco­ nomistas de la unctad (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comer­ cio y el Desarrollo) (2011: 50-54) sugieren que ambos sectores han atraído importantes volúmenes de inversión extranjera, como consecuencia de las fusiones y adquisiciones (fya). De hecho, dos de las cinco fya más importan­ tes que tomaron lugar en 2006 se hicieron en el sector minero.

Los datos más recientes ilustran que México y Brasil, con flujos de capi­ tal de 19 mil millones de dólares cada uno, fueron los mayores receptores de ied en América Latina (unctad, 2011: 54). La exploración, la producción y la extracción de petróleo, gas y minerales representan el grueso de esta ied.

En Ecuador y Perú, la ied vinculada a la minería representó el mayor flujo de capital extranjero. Este último país es sede de uno de los proyectos más ambiciosos del sector minero en el mundo (unctad, 2011: tabla iv.5). En 2009, América Latina recibió 26 por ciento del capital minero invertido

6 A pesar de la nacionalización de los recursos naturales del país, el Estado sólo captó 9.7 por ciento del valor total en dólares.

204

henry veltmeyer

en el globo.7 De acuerdo con el Grupo Economista de Metales (gem), el 2010 representó una bonanza para los mercados. En este año, los precios de las materias primas se incrementaron y se vieron acompañados de un alza de 40 por ciento en las inversiones en el sector. Esto originó una dura batalla entre los gobiernos de estos países para captar el mayor capital posible.8 En el contexto de una creciente demanda de productos agrícolas y fores­ tales, y de la sed de combustibles fósiles y otras fuentes de energía, así como minerales por parte de China y los bric, el patrón de flujo de la ied ha cam­ biado. Ésta se ha incrementado para la adquisición de tierra (agricultura), la producción de biocombustibles y la extracción de minerales (Bebbington et al., 2009). El cuadro 2 ilustra un cambio importante en la composición de la ied. Un incremento de flujos de ied hacia los países subdesarrollados; ésta ha pasado del sector de la manufactura hacia el sector servicios y hacia las industrias vinculadas con el sector extractivo. El alza de este último se expli­ ca por la explotación de los combustibles (gas y petróleo) y los minerales metálicos.

Las estadísticas agregadas no ilustran concretamente lo que sucede en el sector. Principalmente porque no hay datos estadísticos confiables y representativos,9 y porque el patrón de flujos de inversión no muestra varia­ ciones significativas en el ámbito regional, sub-regional y del país en su conjunto.

7 En el contexto de esta inversión, la región permanece como la mayor fuente de metales: acero (24 por ciento), cobre (21 por ciento), oro (18 por ciento), niquel (17 por ciento), zinc (21 por ciento), bauxita y plata (27 por ciento) (Journal of Developing Societies, 2012). Del 2000 al 2004, el petróleo representó 83.4 por ciento del total de las exportaciones venezolanas; el co­ bre, 45 por ciento para Chile; el níquel, 33 por ciento para Cuba; y oro, cobre y zinc, 33 por ciento para Perú. La extracción de petróleo, gas y minerales, junto con la producción agrícola, juega un papel importante en las exportaciones de la región. De 2008 a 2009, las exportaciones de materias primas representaron 38.8 por ciento del total en América Latina (Campodónico, 2008; cepal, 2010; unctad, 2007: 87).

8 En Ecuador, por ejemplo, el presidente Correa, un economista entrenado en Estados Unidos, anunció un plan para firmar tres contratos con empresas canadienses; Kinross, International Minerals y iamgold. Dichos contratos ayudarán a diversificar la economía (para no depender del petróleo y así ampliar la oferta económica). En 2012, Correa fue más lejos y reconoció “la necesidad de la minería en una vida moderna”; además, denotó la intención de su gobierno de deshacerse de las marchas organizadas por indígenas y de empujar hacia delante la gran minería (Reuters, 23 de marzo de 2012).

9 No hay datos comprensivos sobre la ied en la industria extractiva (véase unctad, 2011: book IV.1), lo que hace muy complicado comparar países y regiones. Por ejemplo, de acuerdo con la unctad, sólo 22 países reportan datos sobre el origen de los fondos de ied en este sector, y la participación de compañías trasnacionales no se refleja en las estadísticas oficiales. Ade­ más, las fusiones y adquisiciones (unctad, 2011: 99) llevan el flujo a países sede de las trasna­ cionales pero donde poco o nada de los procesos extractivos toman lugar.

205

nuevo extractivismo

Cuadro 2 Flujo de ied, promedios anuales, por sector y región, países desarrollados (pd) y subdesarrollados (psd), 1990-2009 (Mil millones de dólares) 1990

2009

pd

psd

pd

Extracción de recursos

157.3

24.5

873.5

318.0

Manufacturas

687.8

167.7

3,695.8

1,181.4

Servicios

835.3

179.6

8,100.8

3,020.0

Fuente: unctad, World Investment Report-Web table 24. World Inward dustry, Developing Countries, 1990 y 2009.

psd

fdi

Stock, by Sector and In­

Venas abiertas de América Latina: inversión extranjera, minería y saqueo de recursos

El incremento del flujo de ied hacia América del Sur en el nuevo milenio en condiciones de una reprimarización de las exportaciones (Cypher, 2010) fue dinamizado por dos factores: los precios de materias primas, que permane­ cieron altos en la mayor parte del periodo,10 y el crecimiento económico sólido de América del Sur, que fomentó la inversión en los mercados. De hecho, la ied en el sector de la producción de recursos naturales, como una proporción del total, está muy por encima de la manufactura.

Los cuatro países sudamericanos receptores de la ied que promueven la explotación de los recursos naturales (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) representan 89 por ciento del total en la región sudamericana. Y la minería fue, dentro del sector extractivo, la que absorbió el grueso de la ied. En 2009, América Latina captó 26 por ciento de las inversiones globales en explora­ ción mineral (Sena-Fobomade, 2011). Junto con la expansión de proyectos de gas y petróleo, la explotación mineral constituye la principal fuente de ingreso para la mayoría de los países en esta parte del mundo.

Al hacer un análisis de flujos de inversión extranjera en el total de Amé­ rica Latina, nos damos cuenta de que Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México recibieron 80 por ciento del total de la ied, aunque Brasil fue recep­ 10 El índice para todas las mercancías de materias primas (commodities) pasó de 66 en 2002 a 160 en 2008, cuando las economías desarrolladas entraron en crisis (Cypher, 2013). De allí el índice cayó a 115 en 2009 antes de recuperarse, llegando en 2011 a su punto más alto (United Nations 2013, tabla 1.1).

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tor de la mayor parte. Los flujos de ied para este país alcanzaron un máximo de 45 mil millones de dólares en 2008, 30 por ciento por encima del récord de 2007. México es el segundo receptor más importante de ied en la región, a pesar del impacto de la crisis financiera de 2008, que resultó en una caída en los flujos de ied de 20 por ciento. Mucho de esto es atribuible a la dismi­ nución de la ied en el sector servicios y en el sector manufacturero, siendo que los flujos de ied se expandieron en el sector extractivista, en particular en la industria minera de Argentina, Chile y Colombia, y, en años recientes, en Perú y México.

Hay un hecho que vale comentar: el grueso de la ied hacia América del Sur se destinó al sector de la explotación de los recursos naturales; en con­ traste, la ied que buscó eficiencia y oportunidades de mercado se concentró en México y los países caribeños (unctad, 2007: 122-123). El caso de Bolivia, cuyo régimen aprobó una ley que popularizó la propiedad de los recur­ sos naturales y colocó al Estado al resguardo y control de la explotación de los mismos, exportó hasta 90 por ciento en minerales propiedad del sector privado, principalmente extranjero.11 No obstante, tanto en los países de Sudamérica, que supieron sacar pro­ vecho de la creciente demanda por materias primas (fuentes de energía, minerales, metales y productos agroalimenticios), como en México y los países de Centroamérica, la extracción de recursos naturales y la gran mine­ ría asumió un papel predominante en la estrategia de desarrollo nacional.

En todos los casos, menos Venezuela, esta estrategia dependía en atraer la ied. Esto era presentado por el bm y las agencias de cooperación Internacio­ nal como la fuerza motora en el esquema de “crecimiento inclusivo” (World Bank, 2005).

Los gobiernos actuales, tanto posneoliberales (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú) como neoliberales (Colombia, México), han concesionado a las empresas transnacionales extractivistas gran parte de su territorio nacio­ nal para la exploración y la extracción de sus recursos. Los mismos gobiernos no han dado importancia a los impactos negativos sobre comunidades lo­ cales y, en la gran mayoría de los casos, a la mínima repartición del valor del producto en la economía nacional. En los casos de México y Colombia estas concesiones llegan hasta 23 por ciento y más de 40 por ciento del territorio 11 Empresas de Estado y capitalistas de España, Estados Unidos de América, Brasil, Francia, Rusia, China, Japón, Corea del Sur y Canadá tienen un interés en explorar y explotar los recursos minerales de los países; pero el presidente Morales ha revelado que ninguna de éstas tiene interés en procesar las materias primas en Bolivia, y que dejan en claro que prefieren exportarlos sin cambio alguno (Sena-Fobomade, 2011).

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nacional, con regalías e impuestos que no llegan a 2 por ciento del valor exportado.12 En Argentina, Brasil, Chile y Perú no es muy diferente. Tampoco lo es en Bolivia y Ecuador, cuyos gobiernos avanzaron una reforma constitucional que asigna la propiedad de los recursos naturales, incluidos tierra y agua y recursos de subsuelo, al pueblo. Independientemente de la orientación del régimen político y económico, neoliberal, posneoliberal o con reformas populares en la propiedad de los recursos, el resultado es el mismo: las na­ ciones subdesarrolladas de América Latina reciben una parte insignificante de las ganancias extraordinarias cosechadas por las transnacionales. ¿Cuál es la razón para que los Estados, independientemente de su orientación política, tengan una relación con el capital extractivista que re­ sulta, en el mejor de los casos, en un saqueo de recursos con poca recompen­ sa para los dueños de los recursos? La respuesta es clara: coincidencia de intereses económicos. Se busca incrementar las ganancias extraordinarias por parte del capital extractivista trasnacional y obtener más recursos fisca­ les para el Estado.

El nuevo extractivismo como modelo económico

La literatura sobre el capital extractivista y sus repercusiones negativas en el ambiente, en las comunidades y en su capacidad productiva es amplia (Auty, 1993; Gylfeson, 2004; Haber y Menaldo, 2012; Sachs y Warner, 2001). Además está el hecho lógico e innegable: cualquier modelo de desarrollo que impli­ que una dependencia a la importación de capital (ied) es incierto. Este tipo de capitalismo implica una alta vulnerabilidad para los Estados receptores, quienes están localizados en la periferia del sistema y no pueden controlar al capital extractivo. Según algunos analistas, estas condiciones explican por qué países ricos en recursos naturales tienen un pobre desarrollo económico —lo que se conoce como la “maldición de recursos”— (Auty, 2001; Sachs y Warner, 2001).

12 En América Latina, tradicionalmente el Estado ha tenido poca capacidad para crear una estructura fiscal robusta y confiable, particularmente en la industria extractivista y en la agroindustria. En algunas países, de hecho, no hay un régimen de impuestos para la renta de tierra y subsuelo y, cuando lo hay, tiene un valor meramente simbólico. Por ejemplo, hasta el siglo xxi, Chile no imponía ni tenía un régimen de regalías e impuestos en el sector clave de la producción de cobre. Y Perú solo inició en 2004 una política de “regalías” en el sector dominante en la economía —la industria minera—. En México, la tasa de impuestos en la gran minería representa apenas 1.2 por ciento del valor del producto extraído para venderlo en el mercado mundial (Bárcenas, 2012).

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Los países que promueven el desarrollo mediante la extracción de recur­ sos naturales y la exportación de materias primas están sujetos a los impac­ tos de la alta volatilidad de los precios. Además, estos esquemas se traducen en el largo plazo en un deterioro en los términos de intercambio.13 A esto se le conoce como la “enfermedad holandesa”. Hay otros impactos negati­ vos para la economía nacional, como la acumulación de saldos negativos de exportación, una desigualdad social exacerbada, creciente inequidad y corrupción sistémica (Gylfeson, 2004).

Pese a estos problemas estructurales, el medioambientalista uruguayo Eduardo Gudynas (2011) argumenta que no todo es motivo de preocupa­ ción, pues el extractivismo puede llegar a ser “progresista”. Bolivia, según Gudynas, es un ejemplo de desarrollo poscapitalista y un modelo de cómo vivir en armonía con la naturaleza y en solidaridad social, al mismo tiempo que se promueve la nacionalización de los recursos naturales para el bienes­ tar popular, indígena, comunitario y local.

Este análisis refleja los resultados de la retórica nacionalista y populista más que la práctica. Habrá que apuntar que Evo Morales, sobre todo en su segundo mandato, orienta una política de transformación social para que los bolivianos puedan “vivir bien” o al menos mejor (en términos conven­ cionales).14 Según Evo Morales, su programa político (Movimiento hacia el Socialismo) se inspira en el comunalismo y no en el capitalismo (ni socialis­ mo como lo entendemos).15 No obstante, hay poca evidencia de un cambio estructural real en la economía política o en la política económica que se traduzca en una mejor distribución de la riqueza e ingreso nacional. Bolivia tiene varios ejemplos de nacionalización de empresas extractivas, pero también los hay en Argen­ tina, Brasil y Chile; y, de hecho, en estos últimos las empresas más grandes 13 Según un estudio de pnud (undp, 2011: 59), para el periodo de 1995-2009 existía una correlación de 87 por ciento entre la tasa de crecimiento económica anual y el cambio en los precios para las mercancías de materias primas, y “la volatilidad en los precios [común en este sector] creció significativamente (175 por ciento) de una década (1990-2000) a otra (20002009).

14 El presidente Evo Morales, en su informe de su gestión 2012, delineó el modelo que utilizará el régimen para orientar su política en 2013 en términos de 13 “pilares”, incluidos 1) erradicación de la pobreza extrema (según las metas del nuevo milenio), 2) socialización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien, 3) soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, 4) soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin someterse a la dictadura del mercado capitalista, 5) soberanía sobre recursos naturales con nacionalización y equilibrio con la madre tierra.

15 Al respeto de esta cuestión, el ideólogo y teórico principal del régimen, el vicepresidente Alfaro Linera, comenzó la conmemoración del tercer aniversario del “Estado plurinacional” con un discurso que ratificó la tesis lanzada hace unos años, del capitalismo andino amazónico, suplida por la propuesta del socialismo comunitario.

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del sector son paraestatales. Empero, ningún país de éstos se llega a la esca­ la de nacionalización que tiene Venezuela. En este territorio la política de nacionalización ha resultado en un grado de socialización de los medios de producción y en un reparto más equitativo del producto social, además de avanzar varios frentes en la lucha contra la pobreza.

El análisis de la política de desarrollo nacional en América Latina nos permite constatar que en el “nuevo extractivismo” están en juego tres mode­ los económicos.

El primer modelo se impulsó desde el Consenso de Washington (ahora Consenso de Davos), en el cual la fuerza detrás del desarrollo (crecimiento económico por acumulación de capital) era el libre mercado y la empresa privada (principalmente transnacionales). Este modelo impulsa una agenda para lograr un “crecimiento inclusivo” mediante transferencias de ied en gran escala. La ied se orienta a la acumulación de tierra productiva (acapa­ ramiento, como se conoce en los Estudios Agrarios Críticos) y en la extracción de los recursos de la tierra (World Bank, 2005, 2010, 2011).

La industria extractivista es el motor más confiable para el crecimiento inclusivo, según este modelo, y la ied el mejor combustible y el sector pri­ vado el mejor conductor para beneficiar a los países abundantes en recursos naturales (Canada, House of Commons, 2012).16 Para impulsar las fuerzas productivas del modelo de crecimiento inclusivo, los países con abundancia en recursos naturales han construido un marco político e institucional pro­ tagonizado por el sector privado, así como un foro internacional para con­ certar una serie de políticas que faciliten el proceso.17 Sin duda reconocemos este proceso como imperialismo. Hablamos de un proyecto con el objetivo único de hegemonizar el capital. Un imperialis­ mo extractivista para ser preciso. El modelo, además, se nutre de las plata­ formas neoliberales que ofrecen al capital certidumbre legal sobre la propie­ dad privada y sus inversiones, libertad incondicional en sus operaciones extractivistas (legitimada en el exterior e institucionalizada con la licencia 16 Esto tiene una relevancia especial para América Latina. De acuerdo con el bm (WeberFahr, 2002), de todos los países en vía de desarrollo, “sólo la República Democrática del Congo, Indonesia y Mongolia pueden competir con Brasil, Chile y Perú en poder cosechar beneficios financieros de la explotación de sus riqueza y mineral” (Royalty debates revisit Latin American States, Reuters, 30 de agosto de 2011, disponible en http://www.minesandcommunities.org).

17 El Foro (The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, ifmmmsd), que funciona con el auspicio de las Naciones Unidas, incorpora a 45 países con una abundancia de recursos naturales. Incluye a Rusia, India y Surdáfrica, nueve paí­ ses de América Latina y 23 de África, dos países de Asia y sólo dos países en el norte, incluido Canadá, que domina la economía global del sector de la minería en la industria extractivista, con más de 60 por ciento del capital invertido en el sector.

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social que adquieren las empresas) y la garantía de poder repatriar sus utili­ dades y ganancias. Este régimen tiene su mejor prototipo en México, donde 23 por ciento del territorio nacional está concesionado al capital extractivis­ ta transnacional, mayormente canadiense, con amplia libertad económica y garantía de mayores ingresos. La condición de ventaja para el capital tras­ nacional extractivista en México se traduce en la tasa de impuestos y regalías más baja de toda América Latina. Esto llama la atención dado que en esta región el capital ha podido operar con impunidad y sin control.18 El segundo modelo se inspiró en el cpw, el cual tenía una agenda para establecer un mejor balance entre mercado y Estado. El objetivo es regular el capital y el sector privado para lograr un desarrollo más inclusivo y sus­ tentable. El modelo fue diseñado por los teóricos del bm con la idea de tener un “marco comprensivo para el desarrollo”. Este marco mantiene una polí­ tica social focalizada en la pobreza y una estrategia orientada a la reducción de la misma, lo que conocemos como el nuevo desarrollismo. El nuevo de­ sarrollismo es uno de los dos pilares de los regímenes posneoliberales en América Latina. El otro pilar es el extractivismo como plataforma y esquema para que el capital avance. Tanto el primer modelo como el segundo reivin­ dican el mismo interés de la clase burguesa trasnacional: avanzar el capital indefinidamente.

El tercer modelo no está plasmado en la realidad con una morfología definida —sólo existe como una visión e idea, quizá reflejada en los movi­ mientos sociales—. Esto lo podemos reconocer como un “consenso radical”, el cual busca no sólo ir más allá del neoliberalismo sino abandonar el capi­ talismo (sistema) por completo. Esto implica procurar un cambio o una transformación social y no únicamente una reforma institucional. Hay varios caminos en este modelo e incluyen una reversión de la política de privatización —la nacionalización del patrimonio nacional y las empre­ sas—, la socialización de la producción y el consumo, y la participación más justa y equitativa del producto social. Hoy en día este modelo sirve de guía de la política económica del gobierno de Venezuela y, hasta cierto punto, de Bolivia y Ecuador. En estos últimos, sin embargo, hay una marcada circuns­ 18 El auditor federal de México, en su informe de febrero de 2012, explicó que “el monto de los impuestos tasados [en México] son simbólicos y contrastan con el volumen de extracción de los recursos minerales no renovables, puesto que el valor de éstos supera el de la concesión que ha otorgado el Estado, de acuerdo con las cifras 2005-2010. El valor de la extracción fue de 552 mil millones de pesos (46 mil millones de dólares) y los impuestos cobrados sumaron 6,500 millo­ nes de pesos (543.4 millones de dólares), algo así como 1.2 por ciento del primero (Bárcenas, 2012: 31).

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cripción al capital, que obliga a los gobiernos de estos países a aceptar una relación de dependencia difícil de disolver.19 Perú, por su parte, con Ollanta Humala en la presidencia ha pasado de un régimen netamente neoliberal (Alain García) —al igual que el de Uribe en Colombia y que en México (desde Miguel de la Madrid)— a un régimen de corte nacionalista y populista como en Bolivia y Ecuador. En su campaña electoral, Humala prometió actuar para proteger a las comunidades de la explotación y las operaciones nocivas del capital extractivista. Pero al llegar al poder abandonó de inmediato a “los afectados” y tomó el lado del capital (la inversión extranjera y las compañías mineras) con el objetivo de asegurar más concesiones.

La prioridad del gobierno es impulsar el crecimiento económico del país a cualquier costo, incluso mediante el apalancamiento del capital ex­ tractivista. De hecho, Humala lo ha declarado públicamente, al igual que su homólogo ecuatoriano Rafael Correa. En 2012 Correa instigó una acción colectiva junto con los presidentes de Perú y Colombia en contra de los “medioambientalistas radicales” y otros que se oponían a la industria extrac­ tiva. La suerte y el futuro del país, explicó, depende de la explotación de su patrimonio en condiciones aceptables y negociadas con las transnacionales y los Estados detrás de ellas (Fraser, 2012).20 No importa si se trata de un régimen neoliberal, posneoliberal, protoso­ cialista; todos se han disciplinado al extractivismo. Estos regímenes, ade­ más, han aceptado implementar la práctica de “responsabilidad social” mediante la simulación de consultas populares, estudios pseudocientíficos de impactos ambientales y una política limitada de compensación. Todo a favor del gran capital extractivista trasnacional.

Conclusión

El neoliberalismo ha tenido una vida corta en América Latina, pero ha de­ jado un legado destructivo en el desarrollo nacional. Fue instalado como 19 El argumento de la izquierda en América Latina es que el gobierno tiene que hacer caso omiso de las super ganancias de las transnacionales en el sector extractivista. Esto es un costo inevitable, pero por lo menos el Estado debe exigir una mayor participación en estos ingresos para tener mayores recursos fiscales, que el gobierno puede redistribuir. El problema con este supuesto es que no existe una fundamentación empírico consistente. Por ejemplo, Cypher (2010), con datos de cepal, muestra que la clase trabajadora en el sector popular no recibió absolutamente nada del auge de exportaciones e ingresos fiscales en los años 2003-2009.

20 Correa en este contexto habló de la “minería buena” (lo que ayude al país y lo “necesario para escapar de la pobreza”) y la ‘minería mala”. La solución, según Correa, es no oponerse a la minería en sí (bajo cualquier condición), sino oponerse a la minería mala; como argumenta: “no podemos ser mendigos y estar sentados en bolsas de oro”.

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modelo económico en los años ochenta mediante políticas que nutrieron las fuerzas de libertad económica (capital, libre mercado, empresa privada).

Este modelo, no obstante, tuvo que enfrentar condiciones y fuerzas de resis­ tencia, pero logró implementar varios mecanismos para hacer avanzar el desarrollo capitalista. Un nuevo consenso para ello se concertó en torno a tres pilares: 1) una política económica y social focalizada en la reducción de la pobreza y encaminada a un desarrollo más inclusivo y sostenible, 2) un Estado abierto y amistoso con el capital, pero interactivo para promover un desarrollo inclusivo, 3) un nuevo extractivismo, que implica impulsar la ied para comercializar los recursos naturales y su exportación, aprovechan­ do las condiciones favorables en el mercado mundial (alta demanda y altos precios).

En la experiencia de los gobiernos nacionales de América Latina y ante los vaivenes de la industria extractiva, podemos identificar elementos de tres modelos. Uno tiene su base en el Estado y la política neoliberal —el Con­ senso de Washington y las políticas capitalistas de libre mercado—. Este modelo tiene pocos partidarios (México, Colombia) y aparentemente pocas prospectivas futuras. El segundo se encuentra al otro extremo del espectro político. Es un proyecto que diseña al socialismo del siglo xxi mediante la reposición de privatizaciones, la socialización de la producción, el activismo del Estado y el mayor aseguramiento de los frutos de la industria extractivista.

Este modelo es guía del Estado Bolivariano de Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez.

Las contradicciones, tensiones y obstáculos en el proceso de desarrollo vinculado a los recursos naturales es un proceso amplio que no se exploró exhaustivamente en estas páginas (pero véase a Gaudichad, 2012). La polí­ tica que combina la nacionalización con un desarrollo comunitario tiene eco en la experiencia venezolana, pero al parecer en ningún otro país. El go­ bierno de Bolivia mantiene un proyecto que está en proceso de construir una plataforma de características similares. Vale señalar que hay pocas ex­ pectativas de su éxito, pues se encuentra demasiado subsumido al capital, lo que lo obliga a depender de la ied a fin de explotar sus recursos naturales para posteriormente tratar de negociar en condiciones desfavorables.

El modelo con más tolerancia y aceptación es el del Estado posneolibe­ ral, pero también hay avances de los regímenes neoliberales pragmáticos en Sudamérica —principalmente en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador—. Lo irónico y el hecho de gran paradoja es que la clase política de centro-izquierda es el agente más eficaz del capital ex­ tractivista en América Lati1na. Los regímenes posneoliberales de la región

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proveen una base más segura para el capital extractivista que sus predeceso­ res neoliberales.

Se concluye que este modelo de crecimiento económico no es sostenible por dos razones. Primero, el nuevo desarrollismo tiene límites estructurales para reducir la pobreza. La asistencia económica para promover la inclusión social tiene barreras que son intrínsecas al sistema de acumulación de capi­ tal. No tuvimos tiempo de investigar esto a profundidad (véase Veltmeyer y Tetreault, 2013, para mayor análisis). En segundo lugar, el nuevo desarro­ llismo/extractivismo es un modelo basado en la extracción de recursos natu­ rales y en la reprimarización de las exportaciones, lo cual en sí representa una regresión histórico-estructural grave, además de ser insustentable en el largo plazo. Este modelo, además, funciona en dependencia de la ied, lo cual tiene implicaciones en la explotación y en el proceso de extracción, entre el capital global y el Estado, y en la turbia relación de poder entre el Estado imperial y el Estado latinoamericano. El nuevo extractivismo repre­ senta una nueva forma de imperialismo sin beneficio social, sin redistribu­ ción del ingreso, sin atender la pobreza e inequidad de la mayoría en Amé­ rica Latina.

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Los conflictos socioambientales en torno a la minería en México Darcy Tetreault*

Introducción

Se han codiciado los recursos minerales mexicanos desde la época de la Conquista. Cuando salió Hernán Cortés para conquistar territorio azteca en 1519, su misión era “rescatar el oro” de los nativos. Al llegar a Tenochtitlán (Ciudad de México), le dijo al rey azteca Moctezuma que los españoles su­ frían de una enfermedad del corazón peculiar que sólo podía ser curada por el oro. En cierto sentido esto era verdad: los conquistadores, así como los nobles y banqueros que los financiaban, estaban enfermos de avaricia. El oro que adquirían, sin embargo, sólo exacerbó esta enfermedad, llevando a una serie de atrocidades cometidas en contra de la población indígena.

Después de confiscar el oro azteca, los conquistadores empezaron a ex­ plorar Nueva España en búsqueda de depósitos de minerales preciosos y no tardaron mucho en encontrarlos, la mayoría en forma de plata. Se fundó la primera mina de plata en Taxco, en México central, sólo dos años después de la caída de Tenochtitlán. Algunas décadas después, se descubrieron depó­ sitos ricos hacia el norte, en Zacatecas (1546), Guanajuato (1550), Real de Monte (1552) y Pachuca (1552), entre otros sitios. Desde entonces, la minería ha formado una parte importante de la economía del país.

Hoy en día, México es el primer productor de plata en el mundo, el dé­ cimo en oro y cobre, y se ubica entre los primeros 10 en plomo, fluorita, bis­ muto y varios otros minerales. En 2011, el sector minero mexicano generó 22,526 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto sector más impor­ tante como generador de divisas, después de la industria automotriz, el * Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Univer­ sidad Autónoma de Zacatecas.

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petróleo y las remesas (Camimex, 2012). El crecimiento en este sector du­ rante los últimos 15 años ha sido espectacular, en el contexto de reformas neoliberales orientadas a atraer la inversión extranjera directa y animado por un alza en los precios de los minerales. Durante este periodo, el gobier­ no mexicano ha repartido centenares de concesiones mineras a empresas extranjeras, principalmente canadienses. Con tecnologías de vanguardia, altamente eficientes en términos económicos y sumamente destructivas en términos ecológicos, desde el año 2000 estas empresas han podido extraer del país casi el doble de la cantidad de oro y la mitad de la plata de la que se extrajo durante todo el periodo de los 300 años de la Conquista y la épo­ ca colonial (Fernández, 2011). También se están extrayendo otros minerales a un ritmo acelerado.

Esta situación ha dado lugar a una serie de conflictos de alto perfil donde se enfrentan grupos organizados de pobladores locales y sus aliados a em­ presas transnacionales respaldadas por el gobierno federal. En este artículo, se delinean las causas estructurales de estos conflictos y se describen el sur­ gimiento y la coordinación de los movimientos de resistencia. Se argumenta que las condiciones internacionales, caracterizadas por la inestabilidad fi­ nanciera y una demanda creciente de metales, explica únicamente parte de la historia. Los asuntos distributivos están en el meollo de la problemática.

Las reformas neoliberales han facilitado lo que David Harvey llama la “acumulación por desposesión”, en dos niveles: primero, al transferir recur­ sos públicos en forma de derechos minerales y empresas mineras estatales al sector privado; y, segundo, al desposeer a agricultores de pequeña escala y comunidades indígenas de tierras y recursos hídricos para permitir a las empresas mineras realizar sus actividades. Los movimientos de resistencia que han surgido para enfrentar esta desposesión giran en torno a estos asuntos ecológico-distributivos. Como tal, pueden ser vistos como parte del movimiento por la justicia ambiental, correspondiendo al prototipo deno­ minado por Joan Martínez Alier “el ecologismo de los pobres”. Desde esta perspectiva, grupos marginados afectados de manera negativa por las acti­ vidades mineras buscan mantener los recursos naturales fuera de la esfera del sistema capitalista para poder proteger sus medios de vida, salud, sitios sagrados e identidad cultural. Al final de este ensayo, se reflexiona brevemente sobre las implicaciones teóricas de la resistencia a la minería en México.

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El contexto de la minería en México

En los últimos años, se han analizado conflictos en torno a la minería como parte de una discusión más amplia sobre las tendencias recientes de las in­ dustrias extractivas en América Latina (véase, por ejemplo, Cypher, 2010; Delgado, 2012; Gudynas, 2010). Desde la llegada del nuevo milenio, la región ha visto un repunte en la producción de bienes primarios, lo que algunos autores han llamado la “reprimarización” de las economías de América La­ tina, con referencia implícita al papel que jugaron estos países en la econo­ mía internacional antes de que tuviera lugar una industrialización acelerada en la segunda mitad del siglo xx.

Desde esta perspectiva, los ajustes estructurales durante las décadas de los ochenta y noventa prepararon el terreno para la dominación extranjera de la extracción de recursos en toda la región, con muchas excepciones y matices, por ejemplo, aquéllos donde gobiernos han mantenido o recobrado el control de sectores estratégicos a través de empresas estatales (Petrobras en Brasil, Codelco en Chile, pdvsa en Venezuela, Pemex en México). Más aún, donde han accedido al poder gobiernos progresistas, el Estado ha aplicado mayores controles regulatorios, impuestos y regalías a empresas extranjeras.

Un ejemplo claro de esto es el sector minero de Bolivia. Ésta es la esencia del llamado “nuevo extractivismo” (Gudynas, 2010). Como sugiere Veltme­ yer (2012), al final de cuentas se trata de un nuevo acuerdo entre el Estado y el capital, más favorable para el primero, con la afirmación de que los in­ gresos públicos derivados de la explotación de recursos naturales se usarán para el desarrollo social. El sector minero mexicano es una excepción en tanto que el gobierno federal ha buscado atraer inversión extranjera directa (ied) a través de la desregulación y de exenciones de impuestos.

Como varios autores han señalado (Cypher, 2010; Delgado, 2012; Velt­ meyer, 2012), el auge en bienes primarios en América Latina ha sido impul­ sado por el aumento en la demanda de metales, petróleo y productos agrícolas en el ámbito mundial. El consumismo de los estratos sociales altos y medios en todo el mundo, en particular en el Norte global, estimulan esta demanda.

Desde otro ángulo, China, y en menor medida India, con alrededor de un tercio de la población mundial y con economías que experimentan un de­ sarrollo rápido de su infraestructura, han ejercido una presión creciente sobre los suministros globales de materiales y energía. Igualmente, en el contexto de la última crisis financiera y económica, el precio del oro y de otros metales preciosos se ha disparado conforme especuladores buscan un refugio para su capital monetario.

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En estas circunstancias, empresas mineras tanto estatales como transna­ cionales privadas han gozado de ganancias extraordinarias. De acuerdo con Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (claes), la minería es el sector con la tasa promedio de ren­ tabilidad más alta del mundo, ubicada en 37 por ciento (citado en Cisnero, 2011). En un sistema económico global orientado a la maximización de las ganancias, esto ha impulsado niveles de inversión en la exploración minera sin precedentes: 23.42 mil millones de dólares en todo el mundo en 2012, una cuarta parte de la cual se dirigió a América Latina; y dentro de la región, México es el primer receptor de ied para la exploración minera (meg, 2013).

En este sentido, es importante subrayar el papel de las empresas mineras canadienses, las cuales representan cerca de 40 por ciento del gasto en la exploración minera en todo el mundo, con 1,062 proyectos en Sudamérica y 618 en México (Mining Association of Canada, 2011). Asimismo, de las 288 empresas mineras extranjeras que operan en México, 208 son cana­ dienses. Están encabezadas por empresas como Goldcorp, New Gold, Alamos Gold, Endeavour Silver, First Majestic Silver y Fortuna Silver Mines. También hay tres empresas mineras mexicanas gigantescas que lograron expandirse fuertemente y consolidar sus activos hacia finales de los ochenta y principios de los noventa, durante la privatización en remate de empresas del sector público y de las reservas minerales nacionales: Minera Frisco, Industrias Peñoles y Grupo México. No causa sorpresa el hecho de que los dueños de estas empresas son, respectivamente, Carlos Slim (el hombre más rico del mundo), Alberto Bailleres (el segundo más rico en México) y Germán Larrea (el tercero más rico en México).

Los desarrollos tecnológicos en la industria minera han facilitado la exploración y han hecho económicamente factible la explotación de reser­ vas minerales anteriormente inaccesibles. De hecho, en México y en otras partes de América Latina las empresas mineras están volviendo a zonas que se habían agotado por métodos mineros convencionales desde mediados del siglo xx o antes, para poder explotar yacimientos de baja ley con tecno­ logías de vanguardia, incluida la minería a cielo abierto,1 la hidrometalurgia, la pirometalurgia y la electrometalurgia. Estas tecnologías también han abierto nuevas fronteras en zonas donde las actividades mineras han sido insignificantes históricamente, en especial en el sur de México, donde se concentra la población indígena.

1 En 1944, la primera mina a cielo abierto de gran escala fue desarrollada en Cananea, Sonora. Para finales del siglo, se calcula que había 1,846 grandes minas a cielo abierto en el país (Jiménez et al., 2006: 12).

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Los proyectos mineros modernos de gran escala conllevan múltiples consecuencias ambientales y sociales. La minería a cielo abierto destruye por completo la tierra que contiene los minerales, dejando tras de sí cráte­ res enormes y cerros de escombros contaminados que emiten tóxicos al ambiente. Aparte de las consideraciones estéticas, esto implica la pérdida de hábitat para la fauna silvestre y, todavía más importante para el análisis, priva a comunidades locales de utilizar las mismas tierras para la agricultura, la actividad forestal u otros propósitos. Más aún, se usan explosivos podero­ sos en la minería a cielo abierto, lo que significa que las comunidades ubica­ das cerca de sitios mineros no sólo tienen que soportar mucho ruido, sino que los edificios también pueden sufrir daños estructurales. Éstos son sólo algunos de los problemas que enfrentan agricultores nahuas que viven en las cercanías de la mina de Peña Colorada en la Sierra de Manantlán en Jalisco, así como los habitantes del Cerro de San Pedro, ubicado justo a un lado de la mina de New Gold en San Luis Potosí, sólo por dar dos ejemplos.

La lixiviación, o sea, el proceso químico a través del cual se separan los minerales del residuo mineral, presenta otros problemas, tanto para la mine­ ría a cielo abierto como para la subterránea. Los procesos modernos de lixi­ viación emplean grandes cantidades de agua, frecuentemente privando a co­ munidades locales del agua que necesitan para realizar actividades agrícolas de pequeña escala. Tal es el caso de Mazapil, Zacatecas, donde Goldcorp abrió la mina de oro más grande de México en 2010. Una preocupación aún más seria es la contaminación, que es el resultado casi inevitable de la apli­ cación de químicos altamente tóxicos durante el proceso de lixiviación, in­ cluido el cianuro en el caso del oro. Finalmente, la fundición y refinación de metales consume grandes cantidades de energía y es una fuente significativa de contaminación del aire. Mientras la mayoría de las empresas mineras en México presumen algún tipo de certificación de gestión ambiental, la realidad es que las operaciones mineras contemporáneas causan destrucción ambien­ tal masiva. En este tenor, la Comisión para la Cooperación Ambiental (cca) reporta que la minería es responsable de 63 por ciento de todas las emisio­ nes tóxicas al suelo en el continente norteamericano (cca, 2011: 14).

Las personas más afectadas por esta destrucción ambiental son aquellas que viven en comunidades ubicadas cerca de los sitios de minería. En México, estas comunidades tienden a ser pobladas por familias rurales pobres con es­ trategias económicas diversificadas que incluyen la agricultura y ganadería de pequeña escala, así como la migración laboral temporal y permanente (para algunos miembros de la familia). Cada vez más se está afectando a comunidades indígenas, conforme las operaciones mineras se expanden

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hacia las zonas relativamente aisladas que estos grupos han ocupado desde la Conquista, las llamadas “regiones de refugio” (Aguirre, 1991). Es en estas comunidades donde han sido más fuertes los movimientos de resistencia locales, y a su vez donde la represión ha sido más brutal.

Reformas neoliberales en el sector minero mexicano

Durante siglos, extranjeros han explotado los minerales mexicanos: prime­ ro los españoles, luego —después de la Independencia— el capital inglés, el francés y especialmente el estadounidense. Esta tendencia se aceleró duran­ te la dictadura de Porfirio Díaz (1877-1911), cuando se abrió el sector mine­ ro y otros sectores a la inversión y saqueo extranjeros. En la víspera de la Revolución, operaban en el país más de mil empresas mineras, casi 70 por ciento de las cuales eran estadounidenses (Urías, 1980: 953).

La Constitución de 1917, considerada como una de las más progresistas de su época, incluía medidas diseñadas para establecer el control nacional sobre el sector minero. El artículo 27 de la Constitución declaró que las re­ servas mineras pertenecían a la nación y que sólo podían ser explotadas por mexicanos (individuos o empresas) a través de concesiones otorgadas por el gobierno federal. En el mismo espíritu, se aprobó la Ley de Industrias Mi­ neras en 1926, con el objetivo de aumentar para el Estado una mayor pro­ porción de la plusvalia generada en este sector. Estas medidas, sin embargo, enfrentaron una oposición fuerte, así como la evasión de impuestos por parte de las empresas mineras extranjeras y, al final de cuentas, resultaron inútiles. Para 1930, al principio de la Gran Depresión, se realizaron modifi­ caciones a la ley minera mexicana para dar gusto al capital extranjero, que controlaba 85 por ciento de las minas del país (Sariego et al., 1988: 954).

No fue sino hasta 1961 cuando en realidad se restringió el dominio ex­ tranjero del sector minero a través de la proclamación de la Ley de Mexica­ nización de la Minería. El propósito de esta ley era imponer control federal sobre el sector y proporcionar al capital nacional acceso privilegiado a las reservas mineras. Su cláusula más importante declaró que todas las empre­ sas mineras que operaban en México tenían que tener por lo menos 51 por ciento de capital mexicano. También limitaba el periodo de las concesiones a 25 años. De esta manera, para finales de la década de los setenta, el capital extranjero sólo representaba 36.7 por ciento de las inversiones mineras.

Lo restante provenía de capital mexicano privado (48.2 por ciento) y del sector público (15.1 por ciento) (Sariego et al., 1988: 256). Vale la pena men­

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cionar que fue durante este periodo cuando se establecieron las tres grandes empresas mineras mexicanas arriba mencionadas.

En 1975, se realizaron nuevas modificaciones a la ley minera para pro­ mover mayor participación del Estado en el sector. De esta manera, para 1983 empresas públicas controlaban cerca de 40 por ciento de la producción minera en el país (Delgado y Del Pozo, 2002: 26). Esto fue la culminación del “proceso de mexicanización”. Los principales beneficiarios eran un puñado de empresarios y banqueros mexicanos adinerados, capaces de lograr el control estratégico de las reservas y de la infraestructura mineras, ya sea directamente o al manejar préstamos para empresas públicas altamente endeudadas (Delgado y Del Pozo, 2002: 26).

La crisis de la deuda de 1982 marcó un cambio decisivo, de una estrate­ gia de desarrollo nacional de industrialización por sustitución de importacio­ nes, con una fuerte intervención del Estado en la economía, a una estrategia neoliberal de desarrollo orientado al mercado, con base en los principios de libre comercio, privatización y desregulación. Delgado y Del Pozo (2002) identifican dos fases durante esta transición, mismas que ayudaron a forta­ lecer y consolidar la posición de las empresas mineras mexicanas de gran escala, antes de que se abriera el sector a la inversión extranjera directa. La primera, de 1982 a 1988, es caracterizada por la implementación de incen­ tivos y exenciones fiscales (que aún siguen vigentes); y la segunda, de 1988 a 1996, cuando son vendidas las reservas minerales y empresas mineras públicas, con poca transparencia y a precios muy por debajo de su valor de mercado.

La liberalización del sector minero empezó en 1990, con la promulga­ ción de una nueva ley minera que permitía mayor participación extranjera en la exploración y explotación de los minerales. En 1992, se realizaron más modificaciones para permitir 100 por ciento de propiedad extranjera bajo el disfraz de “sociedades mexicanas”, las cuales podían y todavía pueden realizarse al cumplir con el requisito simple de tener una dirección postal en territorio mexicano. Al mismo tiempo, se extendieron los periodos de las concesiones de 25 a 50 años y se redujeron considerablemente los impues­ tos en el sector minero para atraer ied. Estos cambios, sin embargo, no te­ nían tanta fuerza hasta que fueron complementados por la Ley de Inversión Extranjera en 1996, la cual dejaba la puerta completamente abierta a la in­ versión extranjera, dando a las empresas forasteras todos los derechos y privilegios que gozaban sus contrapartes mexicanas. Finalmente, en 1999, se realizaron algunas modificaciones a la ley minera para poder simplificar los procedimientos administrativos.

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Sin ninguna restricción real sobre el capital extranjero, con un régimen tributario increíblemente bajo, sin regalías, con trámites administrativos simplificados y leyes ambientales que no se hacen cumplir en la práctica, México se ha convertido en el destino número uno en América Latina para la ied en minería. En 2005, el sector atrajo 256 millones de dólares en ied; en 2011 atrajo más del doble: 559 millones de dólares, equivalente a 11.2 por ciento del total de inversiones mineras en México ese mismo año (se, 2012: 22). Debido a que las empresas mexicanas siguen controlando las re­ servas estratégicas de la nación en carbón y cobre, el capital extranjero en general va tras los metales preciosos, como oro y plata. Al mismo tiempo, como las tecnologías mineras modernas permiten la extracción de varios tipos de minerales de la misma mina, también están produciendo zinc, plomo, cobre y otros metales.

Durante los primeros cinco años de la presidencia de Felipe Calderón, se duplicó con creces el número de concesiones otorgadas a empresas mine­ ras extranjeras, de 390 en 2006 a 803 en 2011. Casi 80 por ciento de estas concesiones representan proyectos mineros que aún están en fase de explo­ ración, lo que significa que está por venir la mayoría de la destrucción am­ biental y el conflicto social. También cabe destacar que 62 por ciento de es­ tos proyectos están asociados con metales preciosos, con aplicaciones industriales limitadas (se, 2012: 20-21). En otras palabras, se está destru­ yendo el medio ambiente mexicano y sacrificándose la salud y el sustento de los pobres rurales principalmente para producir joyería y artículos de adorno para los ricos y para proporcionar un refugio seguro para el capital especulativo.

Durante la primera década del nuevo milenio, el gobierno federal —bajo el control del derechista Partido Acción Nacional (pan)— entregó más de 56 millones de hectáreas en concesiones mineras a empresas privadas, equiva­ lente a más de una cuarta parte del territorio nacional (López y Eslava, 2011: 28). El artículo 6 de la ley minera mexicana declara que las actividades mi­ neras “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Esto da al gobierno federal el derecho de expropiar terrenos de agricultores y ganaderos de pequeña escala, así como expropiar sitios sagra­ dos de grupos indígenas, para promover operaciones mineras privadas. Áreas protegidas, como reservas naturales, tampoco representan un obstáculo para las empresas mineras, tal como demuestran los casos de Wirikuta y del Cerro de San Pedro, presentados líneas abajo.

Se otorgan las concesiones mineras para un periodo de 50 años y son renovables al final de ese periodo. A pesar de que se han simplificado los

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trámites administrativos, o quizá debido a esto, existe un “total desorden, negligencia y omisión en el manejo de estas concesiones”, de acuerdo con un reporte preparado en 2011 por La Familia Pasta de Conchos, una organi­ zación no gubernamental (ong). Este desorden administrativo también ha sido observado y documentado por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010,2 que se dio a conocer a principios de 2012. Entre otros puntos, la Auditoría Superior de la Federación señala una serie de irregularidades en la lista de 20,958 concesiones mineras activas de la Dirección General de Minas (dgm);3 por ejemplo, duplicaciones, errores en los nombres de las empresas mineras, errores en las superficies, cuotas sin pagar y, lo más grave, casi la mitad de las concesiones que aparecen en dicha lista corresponden a empresas mineras que ni siquiera están registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, en 2010 se entregó por parte de las empresas mineras únicamente 31.9 por ciento de los reportes anuales obli­ gatorios, y la dgm no sancionó a aquellas que no los entregaron con las mul­ tas estipula­das por ley.

Adicionalmente, el Auditor Superior observó que el costo de una conce­ sión minera en México es “simbólico” y ni siquiera cubre los costos adminis­ trativos relevantes. De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2010, el gobierno federal recaudó 6.54 mil millones de pesos de empresas mineras, que repre­ senta sólo 1.2 por ciento del valor de la producción minera en ese mismo periodo: 552.4 mil millones de pesos. De hecho, a diferencia de otros países latinoamericanos, que obligan a las empresas mineras a pagar cierto porcen­ taje de sus ingresos al Estado en forma de regalías, en México estas empre­ sas tienen que pagar solamente una pequeña cuota por el derecho a explo­ rar y extraer minerales: desde cinco pesos por hectárea durante los primeros dos años hasta 115 pesos por hectárea después de 10 años.

Otra característica potencialmente atractiva para las empresas mineras interesadas en explotar las reservas minerales mexicanas es la falta de apli­ cación de las leyes ambientales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (leepa) declara que las empresas mineras deben presentar una evaluación de impacto ambiental antes de emprender sus actividades, y conseguir la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, esto es solamente una for­ malidad. En la práctica, se esquivan las preocupaciones ambientales así como 2 Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Econo­ mico/2010_0809_a.pdf 3 La Dirección General de Minas es una dependencia de la se cuya razón de ser es proporcio­ nar supervisión administrativa al sector minero.

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la oposición local cuando sobresalen las ganancias corporativas. Esto se de­ muestra en el caso de New Gold, cuyas actividades mineras en el Cerro de San Pedro se han realizado sin la autorización legal de la Semarnat y desa­ fiando órdenes judiciales de desistir de sacar minerales.

Para ser equilibrados, es importante mencionar que, en México, la ex­ tracción minera proporciona empleo a casi 100 mil personas y que en pro­ medio estos empleos pagan 331.4 pesos/día, que es 34 por ciento más alto que el promedio nacional para el empleo en el sector formal (se, 2012: 25).

Por otra parte, estos empleos sólo representan 0.20 por ciento de la pobla­ ción económicamente activa y el 0.66 de los empleos en el sector formal.

Además, si bien el salario promedio en el sector minero mexicano está por encima del promedio nacional, sólo representa menos de 8 por ciento del salario promedio en el sector minero canadiense. Hay que tener en mente también que estos trabajos son extremadamente peligrosos. Esto se destacó en 2006, cuando murieron 65 mineros en un accidente en Pasta de Con­ chos, una mina operada por Grupo México, y la más grande en el país.

Desde entonces, la cuenta de los fallecidos ha superado los 100 (Osorio, 2011).

Parte del problema es que no se hacen cumplir las leyes relacionadas con las normas de seguridad. Javier Lozano, el secretario del Trabajo duran­ te la presidencia de Calderón, admite que existe un déficit en el número de inspectores en los sitios de trabajo: sólo 376 en todo el país, responsables de visitar más de 827 mil sitios (citado en García, 2011). Esta negligencia de parte del gobierno da la oportunidad a las empresas mineras de minimizar los costos relacionados con las medidas de seguridad. Sobre este punto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) señala que las activi­ dades mineras en el norte del país “se realizan de manera ilegal, esto es, sin contar con los permisos correspondientes ni las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores mine­ ros” (cndh, 2011: 139).

La investigación de la cndh se llevó a cabo en respuesta a quejas formales registradas por mineros del estado de Coahuila. Sin embargo, éste no repre­ senta en ningún sentido un caso aislado; durante años, mineros de todo el país se han quejado de condiciones de trabajo inseguras, sin lograr ningún resultado. En lugar de imponer controles más estrictos para las empresas mineras, el gobierno federal del pan lanzó un ataque a gran escala contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. El líder del sindicato, Napo­ león Gómez, tuvo que huir del país en 2006 para evitar ser arrestado por cargos a todas luces falsos de lavado de dinero. Irónicamente, ha buscado

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asilo político en Canadá, mientras espera decisiones jurídicas sobre su caso.

Para mediados de 2012, todas las órdenes de aprehensión en su contra ha­ bían sido canceladas.

Durante su ausencia, el 6 de junio de 2010 huelguistas en la mina de cobre en Cananea, Sonora, fueron desalojados de manera brutal. El dueño nominal de esta mina es Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México.

Cananea es importante simbólicamente, no sólo porque es allí donde se han delineado las últimas líneas de batalla entre trabajadores sindicalizados y el capital minero, sino también porque es el lugar donde se llevó a cabo una de las primeras grandes huelgas en la historia de México. En 1906, salieron a huelga más de dos mil mineros que trabajaban para la Cananea Consoli­ dated Copper Company, de capital estadounidense, para demandar salarios más altos. Ellos también fueron reprimidos con violencia, con consecuencias mucho más sangrientas que el desalojo reciente, aumentando las tensiones entre clases sociales en los años previos a la Revolución de 1910.

El panorama de la resistencia

Mientras los conflictos laborales en el sector minero tienen una historia larga en México, son relativamente nuevos los conflictos socioambientales que se dan en torno a la defensa del territorio y los medios de vida rurales. Si bien existen muchos antecedentes,4 éstos han proliferado en las últimas dos déca­ das bajo las condiciones estructurales esbozadas arriba, que dan a las em­ presas mineras privadas el poder de saquear los recursos minerales del país a un ritmo sin precedentes. Estas empresas emplean tecnologías de van­ guardia que permiten procesar a bajo costo millones de toneladas de mine­ rales de baja ley. Esto se hace al externalizar los costos ambientales en forma de destrucción masiva de tierras, contaminación tóxica y altos niveles de consumo de agua y energía.

4 Por supuesto, existen muchos antecedentes históricos que guardan alguna similitud con los actuales conflictos socioambientales en México, en tanto involucraban la defensa de territo­ rio y medios de vida. Para empezar, a lo largo del periodo colonial, grupos indígenas luchaban por proteger sus territorios de incursiones europeas, con actos incontables de hostilidad en contra de los asentamientos mineros (véase Carbajal, 2002). Además, como señalan Sariego et al.

(1988: 120), antes de la Revolución: “La relación entre hacendados y empresarios mineros no fue siempre fácil. Los primeros vieron peligrar sus propiedades y su estatus social ligado al dominio de la tierra cuando los segundos recibieron amplias concesiones y ofrecieron un mejor salario y un trabajo más libre a la mano de obra del campo. Por esto interpusieron en ocasiones deman­ das judiciales para anular las concesiones de tierras y fundos otorgados a las empresas mine­ ras”. Finalmente, Panico y Garibay (2010) proporcionan un ejemplo de un conflicto socioam­ biental en 1927, entre ejidatarios y la Mazapil Copper Company, en el estado de Zacatecas, en donde se derramó la presa de jales de la empresa después de lluvias fuertes, contaminando con cianuro y cal los campos de los ejidatarios.

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La gente que sufre el mayor peso de estos costos “externos” son los agri­ cultores y ganaderos que viven cerca de las minas. Estas personas son despo­ seídas de sus medios de producción, así como del territorio que sostiene sus actividades culturales, espirituales y de ocio, y son sujetas a contaminación perjudicial para su salud. Como observa Claudio Garibay (2010: 134): “A diferencia de aquella antigua minería subterránea que se integraba como una actividad más al espacio social local, la nueva minería, por su naturaleza tecnológica, su imperativo económico y su poder político, apunta a la exclu­ sión social y a la radical destrucción del paisaje cultural preexistente”.

Tal es la situación que actualmente enfrentan centenares de comunida­ des rurales en el país, dando lugar a conflictos internos, negociación, adap­ tación y, en algunos casos, resistencia al estilo David contra Goliat, que en­ cara a pobres rurales contra corporaciones transnacionales poderosas.

Algunos de estos conflictos han recibido atención nacional e internacional debido a los esfuerzos valientes de activistas locales y a sus aliados de la so­ ciedad civil. Los ejemplos incluyen: 1) La mina San Xavier en San Luis Potosí, ubicada a sólo 18 kilómetros de la capital del estado del mismo nombre, en un municipio llamado Cerro de San Pedro, donde se realizaron actividades de minería subterránea en la época colonial. En 1995, una subsidiaria de la empresa canadiense New Gold empezó a explorar la zona, detectando depósitos de oro y plata susceptibles de minería a cielo abierto y lixiviación con cianuro.

La Semarnat y la se otorgaron permisos para las actividades mineras, sin ningún conocimiento de estos planes en el ámbito local y a pesar del hecho de que esta misma zona había sido declarada área natural prote­ gida por el gobierno de San Luis Potosí en 1993. Cuando se hicieron públicos los planes de New Gold en 1998, fueron rechazados de inme­ diato por la mayoría de la población local, preparando el terreno para el conflicto actual. El movimiento de resistencia une a diversas asociacio­ nes de la sociedad civil en una organización coordinadora denominada el Frente Amplio Opositor. A través de acciones legales, esta orga­niza­ ción ha ganado órdenes judiciales para revocar el permiso otorgado por la Semarnat para la Manifestación de Impacto Ambiental de New Gold.

No obstante, con el apoyo de ciertos actores gubernamentales, New Gold ha logrado seguir con sus operaciones en forma ilegal. Al mismo tiempo, activistas locales han recibido amenazas de muerte y han sufrido agresiones físi­cas e intentos de homicidio.

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2) San José del Progreso, una comunidad zapoteca ubicada en el Valle de Ocotlán en el estado de Oaxaca, donde se extrae plata y oro por parte de la minera Cuzcutlán, una subsidiaria de Fortuna Silver Mines (76 por ciento) y Continuum Resources Ltd. (24 por ciento), ambas de Canadá.

Tan pronto como iniciaron las actividades de perforación en 2006, se manifestó un movimiento de resistencia. Formalmente dirigido local­ mente por la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán (cdrnmt), este movimiento denuncia la manera no transparente en la que se otorgaron las concesio­ nes de Fortuna Silver Mines y expresa preocupaciones por la destruc­ ción ambiental. En 2009, aproximadamente 300 activistas comunitarios bloquearon el acceso a sitios de actividad minera, sólo para ser desalo­ jados por policías federales y estatales, con el resultado de más de 20 detenciones. Desde entonces, ha habido numerosas violaciones de dere­ chos humanos perpetradas en contra de quienes participan en el movi­ miento de resistencia, incluidas acusaciones falsas, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, palizas y dos asesinatos. El 18 de enero de 2012, fue balaceado tres veces y falleció Bernardo Méndez Vásquez mien­ tras intentaba pacíficamente detener un bulldozer para que no desviara agua del pozo de la comunidad hacia la empresa minera; luego, sólo dos meses después, el 15 de marzo, Bernardo Vásquez Sánchez, el líder del cdrnmt, fue emboscado y asesinado.

3) Las operaciones mineras de Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Esta em­ presa canadiense adquirió una docena de concesiones mineras en el estado de Chiapas entre 2004 y 2008, 10 de las cuales se encuentran en el municipio de Chicomuselo. En 2008, habitantes de dos ejidos en el mismo municipio (Grecia y Nueva Morelia) empezaron a organizar la re­ sistencia, a la luz de las promesas rotas de la empresa de realizar pro­ yectos de desarrollo comunitario y debido a las preocupaciones por los daños ambientales masivos causados por su mina de barita a cielo abierto.

El 27 de noviembre de 2009, el líder del Frente Cívico de Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, fue ase­sinado, lo que llamó la atención interna­ cional sobre las tácticas administrativas de Blackfire, que incluyen ignorar leyes ambientales y sobornar a autori­dades locales. Esto impulsó a la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural, del gobier­ no estatal, a cerrar la mina en forma temporal, citando problemas am­ bientales asociados con los caminos de acceso. En marzo de 2010, un grupo de ong presentó evidencias ante la Real Policía Montada de Canadá (Royal Canadian Mounted Police, rcmp) de que Blackfire estaba pagando

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al presidente municipal de Chicomuselo para mantener bajo control a los manifestantes. Más de un año después, la rcmp allanó las oficinas centrales de la empresa en Calgary, pero desde entonces ha guardado si­ lencio sobre el asunto.

4) Peñasquito, la mina de oro más grande de México, cuyo dueño y opera­ dor es la empresa canadiense Goldcorp. Peñasquito se localiza en un valle semidesértico del estado de Zacatecas, en el municipio de Mazapil.

La construcción de este complejo industrial arrancó en 2007; la extrac­ ción y procesamiento de los minerales empezó tres años después. Los métodos de minería a cielo abierto y lixiviación con cianuro permiten a Goldcorp extraer simultáneamente oro, plata, plomo y zinc. Estos mis­ mos métodos implican la destrucción de casi cuatro mil hectáreas de tierra que solía sostener agricultura y ganadería de pequeña escala en los ejidos de Cedros y Mazapil. Otros agricultores de la zona se ven afec­ tados por la extracción de grandes volúmenes de agua de los acuíferos regionales para propósitos mineros. Antes de que se iniciaran operacio­ nes, Goldcorp firmó un contrato con agricultores de la comunidad cer­ cana de El Vergel para perforar siete pozos, pero para 2009 estaba ope­ rando hasta 30, bajando los niveles del agua por debajo del alcance de los pozos menos profundos usados para riego por los agricultores. Éstos y otros problemas ambientales han provocado quejas y demandas de los agricultores afectados, muchos de los cuales expresan frustración y desi­ lusión con Goldcorp. La empresa ofreció 50 mil pesos a cada uno de los casi 400 ejidatarios del ejido Cedros para “rentar” sus tierras durante 30 años, dando la impresión de que aún serían aprovechables de allí en ade­ lante, y prometió empleos, financiamiento para pequeños negocios, infra­ estructura social y proyectos de desarrollo comunitario en general. Sin embargo, estas promesas se han cumplido sólo parcialmente y cuando mucho los recursos dirigidos para residentes locales sólo representarán cerca de 0.031 por ciento de las ganancias totales esperadas de la empre­ sa de esta mina (Garibay, 2010: 155).

5) La mina a cielo abierto de Peña Colorada en la Sierra de Manantlán, en una zona en disputa por los estados de Colima y Jalisco, donde se ubi­ can los yacimientos de mineral de hierro más grandes del país. El Consor­ cio Minero Benito Juárez Peña Colorada empezó como empresa públicaprivada a finales de los sesenta y se privatizó completamente en 1991 como parte del proceso neoliberal antes descrito. Pertenece actualmen­ te a Mittal Steel (cuyo accionista principal es Lakshmi Mittal, el vigési­ mo primero de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo con la

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revista Forbes) y a la empresa Hylsa Ternium, de capital argentino e italiano.

Los agricultores nahuas que viven en la región empezaron a montar una resistencia organizada a partir de finales de la década de los setenta, no sólo en contra de las actividades mineras, sino también contra la tala industrial de los bosques. En esa misma época, se descubrió que la Sierra de Manantlán era una de las regiones de mayor diversidad biológica en el mundo. A través de una alianza entre activistas locales y conservacio­ nistas universitarios, se creó una reserva de la biósfera en la zona en 1987, poniendo fin a la tala comercial de los bosques, pero no a la mi­ nería. Desde entonces, activistas locales han recurrido a una variedad de tácticas (acciones legales, protestas, bloqueos de caminos de acceso, deten­ ción de maquinaría, etcétera) para prevenir la expansión de las actividades mineras y exigir una indemnización por la destrucción ambiental masiva que ya había ocurrido. A pesar de la explotación lucrativa de los recur­ sos naturales que se ha realizado en la Sierra de Manantlán por parte de empresas privadas y públicas desde hace décadas, la población local sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema. Más aún, los activistas han sufrido cons­tantes violaciones de sus derechos humanos, incluidas deten­ ciones arbitrarias, palizas, amenazas y asesinatos. El 31 de diciembre de 2004, fue balaceado y matado Nazario Aldama Villa, y el 20 de abril de 2007, Aristeo Flores Rolón fue asesinado de la misma manera. Ambos eran miembros prominentes del Consejo de Mayores, el principal grupo que se opone a las actividades mineras de Peña Colorada.

6) Wirikuta, tierra sagrada del pueblo indígena Wixarika (huichol), donde First Majestic Silver, con sede en Canadá, planea reabrir y expandir minas de plata abandonadas. Ubicado en el estado de San Luis Potosí, Wirikuta es uno de los desiertos con mayor riqueza y diversidad biológica del mundo. En 1994, fue decretado Sitio de Patrimonio Histórico, Cultural y Zona sujeta a Conservación Ecológica; en el año 2000, se expandió el área protegida a 140 mil hectáreas; y, en el 2001, fue declarado Sitio Sagrado Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). Además, en 2008 el presi­ dente Felipe Calderón firmó el Pacto de Hauxa Manaka, diseñado para respetar y proteger los sitios sagrados del pueblo huichol. Las concesio­ nes mineras otorgadas a First Majestic Silver por parte de la Secretaría de Economía violan estos acuerdos descaradamente. Estas concesiones corresponden a tierras que se ubican principalmente dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, cuyo plan de manejo prohíbe explícita­ mente cualquier tipo de actividad minera. El 23 de septiembre de 2010,

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los líderes tradicionales de la nación Wixarika firmaron una declaración oficial para exigir, “la cancelación inmediata” de todas las concesiones mineras en sus tierras sagradas, y dejaron en claro que harían “uso de todos los recursos necesarios para detener este devastador proyecto mi­ nero”. Diversas organizaciones de la sociedad civil se han unido para apoyar esta resistencia y junto con representantes de la nación Wixarika han conformado el Frente Tamatzima Huaha. A través de varias formas de protesta pacífica, desde 2010 este movimiento ha atraído atención internacional. En un esfuerzo por esquivar una cobertura mediática ne­ gativa y por desactivar el movimiento, el 24 de mayo de 2012 First Ma­ jestic Silver y sus aliados en el gobierno federal anunciaron que abando­ narían los planes para la minería en Wirikuta y que crearían una “reserva minera nacional” en la zona. Sin embargo, rápidamente se vol­ vió evidente que esto no era más que una artimaña, ya que la reserva propuesta cubre mayormente una parte de Wirikuta que no contiene yacimientos minerales significativos, con la excepción de 761 hectáreas cerca de El Cerro Quemado, un sitio ceremonial importante. Siguen en pie los planes para explotar los minerales en otras partes del desierto y continúa la resistencia.

En estos y muchos otros casos, las empresas mineras han recurrido a engaños, coerción y sobornos para lograr su entrada a comunidades y des­ pojarlas de sus recursos. Hay promesas de empleo, prosperidad económica y proyectos de desarrollo social, pero no hay mención de los costos ambien­ tales5. De esta manera, a veces las empresas mineras logran ponerse de acuerdo con los líderes locales para firmar un contrato para “rentar” las tierras antes de emprender trabajos mayores, así evitando la ruta política­ mente costosa de expropiar terrenos.

Al final de cuentas, como la minería requiere de trabajadores técnica­ mente cualificados, se ofrecen muy pocos empleos a los residentes locales, quienes por lo general son contratados sólo a corto plazo para ayudar a construir instalaciones y son pagados con sueldos relativamente bajos. Asi­ mismo, con frecuencia los proyectos de desarrollo social nunca se hacen realidad. No obstante, al dividir a la comunidad y cooptara líderes locales, el capital minero puede evitar frecuentemente confrontaciones directas con una resistencia organizada. Y donde surgen estas confrontaciones, el Estado y las fuerzas paramilitares invariablemente prestan su ayuda para ejercer varias formas de represión, como se ilustra en los casos arriba presentados.

5 Véase Garibay (2010) para un análisis detallado de las tácticas empleadas por parte de las empresas mineras para “capturar” las comunidades rurales de México.

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A pesar de todo esto, en México los movimientos de resistencia siguen ganando fuerza conforme activistas locales construyen alianzas estratégicas con elementos progresistas de la sociedad civil en los ámbitos regional, na­ cional e internacional. En este sentido, surgieron en 2008 dos redes nacio­ nales: la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa). La última reúne no sólo a vícti­ mas de la destrucción por minaría, sino a una variedad de grupos afectados adversamente por diversas formas de degradación ambiental y desposesión de los recursos naturales. Estas redes proveen un espacio para que los parti­ cipantes intercambien información, compartan experiencias, fortalezcan alianzas, coordinen estrategias y articulen demandas colectivas.

Se realizan reuniones en comunidades afectadas por daños ambientales en todo el país en donde han surgidos movimientos locales de resistencia que reúnen a cientos de representantes de docenas de organizaciones de base, ong y centros de investigación. Estos eventos, que reciben amplia co­ bertura mediática y mucha atención en medios sociales, han ayudado a sensibilizar a la población en cuanto a los riesgos asociados con la megami­ nería en México. También ayudan a ejercer presión sobre el gobierno fede­ ral para responder a las demandas de los movimientos, que incluyen una moratoria sobre la minería a cielo abierto y una serie de reformas constitu­ ciones y legales para poner fin a las prácticas mineras rapaces que privatizan las ganancias y socializan los costos (Rema, 2009).

Además, las redes nacionales en México están vinculadas con redes simi­ lares en otros países latinoamericanos, así como con organizaciones interna­ cionales como la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-desc), Mining Watch Canada y el Observatorio de Conflic­ tos Mineros de América Latina (ocmal). En el ámbito internacional, estas organizaciones funcionan de manera similar, en el sentido de que ayudan a sensibilizar al público en cuanto a las prácticas mineras depredadoras y las violaciones a los derechos humanos, presionando a los gobiernos a ceder ante las demandas de los movimientos de resistencia.

Implicaciones teóricas y reflexiones finales

Tal como han sugerido varios autores (Garibay, 2010; Gordon y Webber, 2008; Navarro y Pineda, 2009), las prácticas mineras en México y en otras partes de América Latina tipifican lo que David Harvey llama “acumulación por des­ posesión”. Desde esta perspectiva, el trasfondo estructural de los conflictos descritos anteriormente emana de las políticas neoliberales que dan acceso

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al capital minero transnacional a los recursos minerales del país de manera casi gratuita, permitiendo a las empresas emplear tecnologías ambiental­ mente destructivas que socavan la base que sostiene los medios de vida y culturas rurales. En un plano más amplio, la ola de privatización y desregu­ lación que se impuso al sector durante la década de los noventa despojó al pueblo mexicano de su patrimonio nacional en forma de los derechos e in­ fraestructura mineros, poniéndolo en manos de empresas privadas.

Como explica Harvey (2004), la acumulación por desposesión es similar al proceso de “acumulación original” o “acumulación privada” descrito por Marx en El Capital. Incluye, entre otros procesos, “la mercantilización y pri­ vatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colec­ tiva, estatal— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del dere­ cho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de acti­ vos, incluyendo los recursos naturales” (Harvey, 2004: 113).

Mientras Marx notaba estos procesos únicamente durante las etapas iniciales del capitalismo, Harvey, siguiendo a Rosa Luxemburgo, argumenta que pueden ser observados a lo largo de la historia del capitalismo. También sugiere que han sido particularmente significativos durante los últimos 30 años, en el contexto de los ajustes estructurales impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De hecho, su descripción de estos procesos corresponde con la restructuración neoliberal del sector mi­ nero mexicano.

Desde esta perspectiva teórica, existen dos procesos de acumulación capitalista orgánicamente entrelazados y dialécticamente relacionados que funcionan de manera simultánea en cualquier momento dado: la produc­ ción expandida, con base en la explotación de la fuerza de trabajo y realizada, por lo menos formalmente, bajo condiciones de “paz, propiedad e igual­ dad”; y la acumulación por desposesión, en donde “aparecen sin disimulo […] la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña” (Luxemburgo citado en Harvey, 2004: 111-112).

El primero es un aspecto interno del sistema capitalista, que da lugar a “crisis de sobreacumulación”, esto es, a situaciones en las cuales se acumula capital excedente a tal grado que una parte importante queda sin ser apro­ vechado y sin ninguna aplicación redituable a la vista. El segundo es una respuesta y solución temporal a una crisis de sobreacumulación, en tanto proporciona una salida para la inversión lucrativa de capital al alimentarse

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de factores de producción que están fuera de la esfera de la lógica capitalista estricta, incluido, por ejemplo, la tierra y los recursos naturales usados para la agricultura de subsistencia y los bienes públicos en forma de reservas mi­ nerales. Tal como observa Harvey, la acumulación por desposesión es espe­ cialmente brutal en la periferia de la economía global e invariablemente es respaldada y promovida por el Estado.

Las reformas estructurales neoliberales, según Harvey, se realizaron bajo los auspicios de Estados Unidos, como una serie de maniobras diseñadas para mantener su posición hegemónica en el ámbito económico internacio­ nal. En otras palabras, eran parte de un proyecto encabezado por ese país para reestructurar la economía global en respuesta a la crisis de sobreacu­ mulación de la década de los setenta en adelante, a través de arreglos espa­ ciales y temporales que favorecían los intereses de las corporaciones multi­ nacionales, especialmente aquéllas con sede en dicho país.

Liberar los recursos minerales y tierras en México es sólo uno de esos arreglos. Los programas de privatización, vinculados con la desregulación de la inversión extranjera directa, funcionan para liberar al mercado mate­ riales e infraestructura a bajo costo, que aprovecha el capital en un esfuerzo por aumentar sus tasas de ganancia en actividades productivas. Más aún, en un sistema internacional caracterizado por el libre flujo de capital, las crisis periódicas dan como resultado la devaluación masiva de los activos, y la especulación se convierte en una palanca principal para efectuar la acumu­ lación por desposesión.

Harvey proporciona múltiples ejemplos de cómo las políticas neolibera­ les han facilitado la acumulación por desposesión. Aquí el punto es que esta teoría de crisis provee una explicación coherente de los procesos anterior­ mente descritos. Así, los movimientos de resistencia que han surgido en México y en otros lugares pueden entenderse en parte como esfuerzos por mantener los recursos naturales fuera de la órbita del modo de producción capitalista. Localmente, existen movimientos encabezados por campesi­ nos pobres, o por lo menos relativamente pobres, y por grupos indígenas cuyos medios de vida, salud y paisajes culturales se ven amenazados por los megaproyectos mineros. Nuevamente, ellos son los que soportan los costos “externos” de la minería, mientras los beneficios se concentran en manos de los accionistas principales.

Como tal, los movimientos de resistencia a la minería reflejan lo que Joan Martínez Alier llama el “ecologismo de los pobres”, el cual “dimana de los conflictos distributivos sobre el uso de los recursos ecológicos reque­ ridos para el sustento” (Martínez, 1997: 23), en contraste con el ambienta­

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lismo posmaterialista del norte, tipificado por grandes ong como World Wildlife Fund, Sierra Club y Friends of the Earth, cuyas preocupaciones es­ tán en gran medida centradas en la conservación de especies exóticas y la naturaleza prístina, así como por temas globales como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

El ecologismo de los pobres se manifiesta en luchas por el acceso a re­ cursos naturales, prototípicamente entre productores de subsistencia o de pequeña escala y empresas de gran escala, respaldados por el Estado. Bus­ can conservar el medio ambiente, no tanto por motivos estéticos o por pre­ ocupaciones por la supervivencia de otras especies, sino como medio para proteger su sustento. Los ejemplos clásicos de estas luchas incluyen el movi­ miento Chipko en India y el movimiento de los seringueiros de Brasil. Co­ mo señala Martínez Alier, la historia está llena de ejemplos semejantes. Más aún, estas luchas parecen estar en aumento en la época actual. Cuando menos, éste es el caso en México.

Ciertas facciones de la resistencia a la imposición de los proyectos mine­ ros, igual como otras expresiones del ecologismo de los pobres, “tratan de sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil, de la valoración crematística (reducción del valor a costos y beneficios monetarios) para mantenerlos o devolverlos a la oikonomia (en el sentido con que Aristóteles usó la palabra, parecido a ecología humana, opuesto a crematística)” (Martínez, 2009).

En esencia, esto es lo que Karl Polanyi definió como “la economía moral”, en la cual los factores económicos están incrustados en un conjunto comple­ jo de consideraciones sociales, ambientales, éticas y espirituales.

Se destaca en movimientos de resistencia dirigidos por grupos indíge­ nas, como en el caso de Wirikuta. En éste y en otros conflictos, la lógica capi­ talista de minimizar costos y maximizar ganancias es inconmensurable con la valoración de los grupos afectados. Aquí yace la dimensión cultural de los conflictos socioambientales, recalcada por el antropólogo colombiano Arturo Escobar, quien argumenta en forma convincente que “las luchas por la dife­ rencia cultural, identidades étnicas y autonomía local sobre el territorio y los recursos están contribuyendo a redefinir la agenda del conflicto ambiental más allá de los campos económico y social” (Escobar, 2006: 9).

Mientras los significados culturales contrastantes asignados a la natura­ leza son más prominentes en conflictos que involucran a grupos indígenas, en ningún sentido se limitan a estos. En el caso de Peñasquito, por ejemplo, Panico y Garibay (2010) apuntan hacia paradigmas ambientales divergentes: el de los campesinos mestizos de Mazapil, con énfasis en el enraizamiento social, económico y cultural de la comunidad a la tierra; el otro, expuesto

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por Goldcorp, sustituye esta conectividad por relaciones laborales capitalis­ tas que implican la “desterritorialización” y la movilidad laboral.

Todo esto sugiere que los movimientos de resistencia analizados anterior­ mente son en cierta medida anticapitalistas, antiimperialista y contrahege­ mónicos. De hecho, esta caracterización es expresada explícitamente por algunos de los representantes de las redes mencionadas (Rema y anaa).

Pero esto no quiere decir que todas las formas de la resistencia a la minería proponga una redefinición del modelo de desarrollo dominante; algunos elementos simplemente están buscando una rebanada más grande del pastel, tanto en el ámbito local (mayor compensación monetaria e inversión en desarrollo comunitario) como en el nacional (mayores impuestos y regalías para las empresas mineras) (Svampa, 2012).

Más aún, si bien estos movimientos son anticapitalistas, esto no implica necesariamente que busquen conservar relaciones sociales y de producción anacrónicas. Como han argumentado Leff (1996), Toledo (2000) y otros, los movimientos campesinos e indígenas en México están en la punta de lanza de la búsqueda de una modernidad alternativa, una que implica mayor par­ ticipación en la toma de decisiones, control local sobre los recursos naturales locales y cálculos económicos que están “incrustados” en una racionalidad que enfatiza la importancia de los factores ambientales, sociales y culturales.

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Incidencia social de las tecnologĂ­as avanzadas

Pertinencia social de la nanotecnología en México Édgar Záyago Lau*

Introducción

La pertinencia social, en principio, involucra una serie de condiciones, de­ rivadas de cambios histórico-estructurales, que se ven reflejadas cuantitativa y cualitativamente en la vida del grueso de la población. Esto implica anali­ zar profundamente aquellas relaciones sociales que motivan los problemas de pobreza, hambre y migración, más que esconder sus orígenes al reducir la polémica a la falta de “innovación”, “competitividad” o “crecimiento eco­ nómico”. La postura neutra aboga por cambios en política pública, peque­ ños ajustes que no modifiquen el status quo o que no alteren la hegemonía de los grupos que controlan el poder y la toma de decisiones.

Las relaciones sociales de ninguna manera son neutras; por el contrario, reflejan el interés de ciertas clases sociales en contra de otras con menor reconocimiento social. Dentro de esta postura neutral, se advierte que la tecnología debe usarse para resolver problemas sociales que, finalmente, son producto de las estructuras de la sociedad. Se argumenta que los proble­ mas de pobreza, inequidad y hambre pueden resolverse mediante el uso de tecnologías que, al ponerse en el mercado, liberarán a la sociedad de tales cargas. Esto es una aproximación equivocada. Las tecnologías reflejan el interés de las clases sociales que las impulsan y no es posible desarticular dicha relación bajo las relaciones sociales hegemónicas. No es objetivo de este capítulo explorar teóricamente las raíces de la problemática estructural * Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Posdoctorante en el Centro de Nanotecnología y Sociedad de la Uni­ versidad de California, Santa Bárbara (cns-ucsb). El autor agradece el financiamiento otorgado por el Conacyt (179518) y el apoyo del Promep mediante la creación de la Red Desarrollo, Sus­ tentabilidad y Seguridad Humana.

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de la pertinencia social de la tecnología capitalista, en este caso de la nano­ tecnología (nt). No obstante, se describen los cambios institucionales que, bajo esta lógica neutral, han orientado la investigación científica, e impacta­ do la trayectoria de desarrollo de la nt en México.

En la primera sección se subraya la evolución del paradigma del trián­ gulo de Sabato hasta llegar a lo que hoy se conoce como la triple hélice, actualmente, un paradigma dominante en la política pública de Ciencia y Tecnología (cyt) en México y en el mundo. En la segunda parte, se exploran los cambios institucionales en México que facilitaron la adopción de un mo­ delo de empuje a la ciencia (Sabato), un modelo supeditado al mercado (triple hélice). En la tercera sección de este capítulo se hace un recuento de la forma que ha tomado la política pública para impulsar la nt, es decir, la organización de clusters especializados. En la cuarta sección se confrontan estos desarrollos con la pertinencia social de los mismos. cyt:

de Sabato a la triple hélice

En América Latina, la institucionalización de la cyt comenzó en los años cincuenta con el objetivo de generar conocimiento que coadyuvara al de­ sarrollo económico nacional. Lo anterior incentivó la adopción de varias medidas; entre otras, la priorización de objetivos científicos y tecnológicos, la profesionalización de la ciencia y la vinculación de la cyt con las cadenas productivas. El enfoque tenía una orientación regionalista y, desde 1960 hasta mediados de los noventa, la política científica y tecnológica se nutrió del pensamiento latinoamericano.

En estos años América Latina enfrentaba importantes retos socioeconó­ micos. Las principales preocupaciones eran varias: estrechez del mercado laboral formal, atraso de la plataforma industrial, pobreza e inequidad. Las posibles soluciones a estos retos provinieron de dos alternativas socio-eco­ nómicas contrastantes. Ambas incorporaban la cyt en su análisis. Por un lado, se sugirió que las relaciones sociales de producción y la lucha de clases eran elementos clave para entender la dependencia y el atraso productivo de América Latina; y la idea de crear tecnologías endógenas fuera de la rela­ ción capital-trabajo era central para superar tal circunstancia (Frank, 1972; Dos Santos, 1971; Marini, 1974).

Por otro, estaba el planteamiento menos radical que proponía el involu­ cramiento del Estado para facilitar la interacción entre los principales acto­ res promotores de la cyt (instituciones productoras de conocimiento, em­ presas y gobierno) para fomentar el crecimiento de las economías estancadas

pertinencia social de la nanotecnología en méxico

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(Sabato, 1975; Sabato y Mackenzie, 1982). Pese a las diferencias en cuanto a método, ambas visiones compartían un objetivo: desarrollar cyt indepen­ diente, productiva y endógena. Empero, la agenda de las instituciones inter­ nacionales, que impulsaban una visión de desarrollo acorde con los intereses de Washington, terminó por dominar el escenario latinoamericano. La visión radical, estructural y crítica terminó por diluirse poco a poco ante la genera­ lización de la otra alternativa. La postura menos radical se tomó como ban­ dera para impulsar la cyt, y promovió un modelo que se conoció como el triángulo de Sabato.

En el triángulo de Sabato, lo que mueve al sistema es la innovación; ésta implica adaptar conocimiento autogenerado o proveniente del exterior para construir o mejorar un proceso productivo. Una vez que el conocimiento se generaliza, la productividad en su conjunto aumenta (Sabato, 1975: 4). Sin embargo, la adaptación y la generación de conocimiento no ocurren de ma­ nera espontánea. Por el contrario, la innovación necesita de incentivos y está sujeta a coyunturas determinadas; por ejemplo, la guerra —simulada o real—, nuevas necesidades del mercado, escasez de materias primas, dispo­ nibilidad de mano de obra e inversión. Al mismo tiempo, en esta época se construyó una plataforma para acelerar la industrialización de América Latina, la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (isi). El modelo isi fincaba su éxito en la activa participación del Estado en tres ámbitos 1) po­ lítica industrial activa (subsidios y promoción de sustitutos productivos na­ cionales), 2) proteccionismo al comercio exterior y 3) política cambiaria fija.

El modelo isi y el triángulo de Sabato se complementaban y reforzaban mutuamente.

El triángulo de Sabato se integró a partir de tres vértices y cada uno partía de la participación activa del Estado (Sabato, 1975). En primer lugar, el Estado se hizo cargo de planificar y orientar los incentivos fiscales, así como de los cambios administrativos y legales para promover la cyt. En varios casos, el Estado participó como productor mediante la creación de empresas paraes­ tatales y estimuló el conocimiento en las universidades públicas por medio del financiamiento. En segundo término, el complejo productivo se organizó en un conglomerado donde participaban todos los sectores productivos —públicos y privados— para satisfacer la demanda de bienes y servicios lo­ cales. El objetivo era crear cadenas productivas con enlaces hacia enfrente y hacia atrás para dinamizar la economía en su conjunto. La infraestructura científico-tecnológica, que conformó el tercer vértice del triángulo, estaba en­ cargada de generar conocimiento constantemente y representaba la inte­gración de todo el triángulo; es decir, vinculaba el sistema educativo, los

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laboratorios de investigación, los mecanismos jurídico-administrativos y el aparato de producción con los recursos económicos y financieros (Sabato, 1975).

Varios procesos coadyuvaron a poner fin al modelo isi. No es objetivo aquí desarrollar un análisis exhaustivo de los factores que lo ocasionaron; más bien, se hace mención de algunas coyunturas que colocan en perspectiva el análisis histórico. A partir de los años ochenta, la presión del sector social y del aparato productivo en América Latina operó para motivar cambios en la política económica del desarrollo. La región experimentó un bombardeo po­ lítico e ideológico para alinearse con el modelo de desarrollo hegemónico.

La plataforma de cyt empezó a cuestionarse al no brindar los resultados que había prometido. Para algunos (Katz, 2004; Cimoli et al., 2006), la pla­ taforma isi fracasó por el deficiente papel del Estado en el ejercicio del poder, la poca inversión en educación y cyt, y la falta de competencia interna y externa.

En consecuencia, los márgenes de la política pública en materia de cyt se acotaron acordes con una “nueva” plataforma de desarrollo, cuyos man­ damientos giraban en torno a una política de ajuste estructural impuesta por el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi). Tal polí­ tica proponía privatizar los activos públicos, liberalizar el mercado interno, ajustar el tipo de cambio a uno flexible e incentivar la competencia con el exterior. Presumiblemente, una economía abierta incorporaría las mejores prácticas productivas y adoptaría las mejores tecnologías, ya que la presión de la competencia exterior terminaría forzando a las empresas domésticas a adoptar tales medidas. Lo anterior tuvo dos consecuencias inmediatas en la plataforma de política pública del desarrollo en la región: 1) el retiro del Estado de las funciones reguladoras y productivas (paraestatales) y 2) la in­ serción de la economía nacional a los circuitos globales, teniendo como bandera la liberalización y la competitividad (Vacarezza, 1998).

La mayoría de países en América Latina adoptaron este modelo de desarrollo.

El caso mexicano sobresale por la profundidad en la adopción de estos cam­ bios. El nivel de desregularización financiera (apertura total), la privatización de casi todas las empresas paraestatales (en 88 por ciento) y la firma de tratados de libre comercio (con todas las regiones y continentes) avanzaron en México como en ningún otro país (Petras y Veltmeyer, 2003).

A pesar de los cambios motivados por las políticas de ajuste estructural, el conocimiento endógeno y su articulación con el sector productivo siguió siendo prioridad. Empero, el ordenamiento del cómo se innovaba y quién participaba en el proceso cambió sustancialmente. Varias instituciones inter­ nacionales (por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

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Económico —ocde— y el bm) presionaron para que los países subdesarrolla­ dos incrementaran la participación de empresas privadas en la investigación científica. En estos años surge el concepto de Sistema Nacional de Innovación (sni) que termina por influir las políticas de cyt (Freeman, 1995; Lundvall, 1992). A la noción de cyt se le agrega el concepto de innovación (i) como componente necesario para promover el crecimiento económico, transfor­ mándose en lo que hoy conocemos como Ciencia, Tecnología e Innovación (ctei). Actualmente, la ctei es el lenguaje al que se conecta cuando se hace referencia al modelo de la triple hélice (Foladori y Zayago, 2012).

El sni pretende ser una política integral enfocada al desarrollo de la innovación en el interior de los países y funciona como enclave en el modelo de la triple hélice. Freeman define el sni como “la red de instituciones en el sector público y privado en la que sus actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías” (Freeman, 1987: 1).

Para Nelson (1988, 1993), el sni se articula a partir de la interacción entre empresas e instituciones privadas de investigación con universidades, labo­ ratorios, organizaciones públicas y agencias militares. En 1997, la ocde pu­ blicó el documento intitulado: Sistemas Nacionales de Innovación; éste tenía como objetivo identificar los vínculos y la interacción entre los actores del sni para generar nuevo conocimiento (ocde, 1997: 3). El documento de la ocde presenta una tipología de modalidades de generación de conocimiento dependiendo de los vínculos entre empresas, entre empresas y universida­ des o centros de investigación, y por tipo de flujo de información. El cono­ cimiento, no obstante, debe mover la política de cyt y coordinarse con las cadenas productivas.

El sni está ligado de manera secuencial al concepto de economía del co­ nocimiento. Primero Drucker (1969) y luego Porter (1990) pusieron énfasis en la generación de conocimiento para crear ventajas competitivas en la econo­ mía. El bm afirmó que los países que innovan rápidamente son aquellos que apuestan por el desarrollo de nuevas tecnologías, aquellas que requieren de conocimiento más sofisticado (bm, 2007). La ocde (1997), Etzkowitz y Ley­ desdorff (2001) y el bm en 2000 concluyeron que el conocimiento conductor de las innovaciones resultaba de la interacción entre empresas, gobierno y universidad. Esto es el núcleo analítico de la plataforma que se conoce como la triple hélice.

El conocimiento en esta plataforma se vincula con la educación formal, pero también con el avance de mecanismos legales de apoyo (por ejemplo, patentes, leyes de fomento para la colaboración entre empresas y universi­ dades) o con procesos de flujo de información. El destino final del nuevo

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conocimiento generado son las empresas, que habrán de adaptarlo para ganar espacios en el mercado. El nuevo conocimiento es el trasmisor de una ventaja comercial, mercantil, competitiva y garante de ganancia. Por consi­ guiente, varios gobiernos e instituciones internacionales promueven inicia­ tivas conducentes a transformar las economías basadas en manufacturas para ser economías basadas en mente-facturas. En la economía del conoci­ miento, las universidades son clave: Como la innovación trata de conocimiento y el conocimiento es producto, esencialmente, de las universidades, hay que organizar estrategias en torno a la universidad como principal actor; esto es la tesis de la triple hélice. Las estrategias de la Triple Hélice son especialmente importantes para los paí­ ses menos desarrollados y en particular a los países de América Latina, con escasas actividades de investigación y desarrollo (iyd) organizadas por las empresas y la mayoría concentradas en las universidades y los institutos de investigación. El modelo de la Triple Hélice en los países subdesarrollados coloca a las universidades como el principal actor en la creación y difusión del conocimiento (Ezkowitz y Carvalho, 2004: 198).

La universidad en los países subdesarrollados concentra la generación de conocimiento, puesto que el sector privado en estos países tiene poca participación o interés. Lo anterior ha sido un problema histórico, el común denominador en el grueso de la iyd de América Latina, pues ésta es realizada primordialmente por las universidades públicas. En México, por ejemplo, cerca de 60 por ciento del gasto en iyd es financiado por el gobierno (siicyt, 2011).

En el modelo de la triple hélice, todos los actores deben tomar la inicia­ tiva en la innovación, en contraste con lo que sucedía en el triángulo de Sabato, donde el impulso provenía del gobierno.

En contraste con el triángulo de Sabato, en el cual el ímpetu de la innovación provenía del gobierno, en el modelo de la triple hélice la iniciativa proviene de cada actor individual o en colaboración con uno u otros actores. En con­ secuencia, industria y academia se espera que tomen el papel de liderazgo así como el gobierno (Ezkowitz y Carvahlo, 2004: 165).

El concepto de la triple hélice es una evolución del triangulo de Sabato, y el primero no puede entenderse sin el antecedente teórico y práctico del segundo. No obstante, existen similitudes importantes y algunas diferencias que vale la pena puntualizar.

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Cuadro 1 Triángulo de Sabato y triple hélice Modelo

Triángulo de Sabato

¿Qué es la innovación? El acto de insertar la cyt en la es­ tructura de producción; esto es un proceso social y político. El Estado debe inducir este proceso.

Papel de universidades Genera investigación y conoci­ y centros de investi­ miento que puede ser aplicado en la producción; avanzan el conoci­ gación miento científico mediante la cien­ cia básica.

Papel de la industria Demandante de tecnología. La apli­ cación de nuevas tecnologías es pos­ terior al proceso de investigación realizado en la infraestructura cien­ tífico-tecnológica. La industria puede o no adoptar un desarrollo científico.

Papel del gobierno Diseño de política pública en cyt y otorgador de financiamiento. Con­ sumidor de tecnología mediante las paraestatales.

Vínculos entre actores Acciones independientes coordina­ das por el gobierno.

Triple hélice La innovación surge mediante la conformación de redes y acuerdos entre las tres palas de la hélice (gobierno, empresas, universida­ des) y no de forma separada. La empresa determina ex ante las ne­ cesidades de innovación.

La universidad asume un papel activo en la estructura de innova­ ción (spin-offs). El concepto de universidad-empresarial emerge (la investigación es aplicada vis a vis tecnología).

Las empresas son capaces de gene­ rar conocimiento mediante alian­ zas con las universidades (genera­ ción de patentes). Esto promueve el surgimiento de empresas de alta tecnología.

Crear política pública en materia de innovación. Facilitar insumos para los otros actores. Defensor de la propiedad intelectual.

Organizaciones híbridas; universi­ dades que crean empresas y em­ presas que crean universidades, al mismo tiempo que generan o apli­ can tecnología. Facilitación de in­ teracción mediante estructuras es­ peciales como incubadoras, parques industriales o clústers.

La innovación en el triángulo de Sabato estaba acompañada de un pro­ ceso político y social. El Estado tenía a su cargo diseñar la política pública e implementarla sin que otros actores participasen. Se trata de una aproxima­ ción de diseño vertical, que se adopta de arriba abajo. En contraste, en la triple hélice la innovación surge de los acuerdos tomados por las redes que conforman las universidades, las empresas y los gobiernos, siempre y cuan­ do cumplan con las demandas del sector privado. En el triángulo de Sabato se promueve un modelo lineal de innovación, donde las universidades y

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centros de investigación ofrecen cyt que pudiera ser o no absorbida por las empresas; en cambio, en la triple hélice es la empresa la que demanda un tipo determinado de investigación a condición de ser adoptada.

A pesar de las diferencias en la forma de organizar la innovación, ambos modelos comparten el objetivo final: crear conocimiento para incrementar la competitividad de las empresas. Aunque en el triángulo de Sabato las em­ presas pueden ser públicas o privadas y en la triple hélice, privadas. El de­ sarrollo tecnológico en el triángulo de Sabato está marcado por el avance de la ciencia (science push), mientras que en la triple hélice el ritmo de la cyt lo marca el mercado (market pull) (Foladori y Záyago, 2012). Esta última ló­ gica es la que moldea su desarrollo en México. en México: institucionalización de la mano del mercado1

cyt

Institucionalización de la

cyt

en México

En 1935 se dieron los primeros pasos para implementar una plataforma de cyt en México. El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) impulsó una política con una visión nacionalista enfocada en las necesidades socioeconó­ micas del país. La política económica del desarrollo estaba vinculada con la salud, el empleo y el bienestar de la población, y fomentaba tecnologías nacionales vía la estrategia isi (Casas, 2005). El modelo isi consolidó el sec­ tor manufacturero básico en México (Aboites y Soria, 1998; Katz, 1994) y fortaleció las industrias electrodomésticas, automovilísticas, química y de petróleo que vigorizaron el mercado interno (Rocha y López, 2003). La cyt se apegaba a los principios del triángulo de Sabato; se buscaba impulsar el conocimiento con una visión científica y social, antes que ser puramente mercantilista.

Esto tuvo un cambio radical a principios de los ochenta. La crisis econó­ mica de 1982 (crisis de la deuda) marcó un cambio en la política de desarrollo dirigida por el Estado. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) determinó que la cyt debería regirse por mecanismos de mer­ cado, es decir, adecuarse a las demandas de éste y orientarse a las priorida­ des productivas de las empresas. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la apertura económica, la desregulación fi­ nanciera, la privatización masiva de empresas paraestatales y la firma del Esta sección es un resumen actualizado de Foladori y Záyago (2012).

1

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Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan) dieron fin al modelo isi. Cambios normativos acompañaron esta visión. En 1991, se im­ plementó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para proteger procesos, productos y desarrollos de empresas nacionales y extran­ jeras en territorio nacional y se creó el Programa de Ciencia y Moderniza­ ción Tecnológica para coadyuvar en la generación de actividades tecnológi­ cas y promover la competitividad de las empresas privadas.

En 1994, México entró a la ocde y solicitó a dicho organismo una evalua­ ción sobre el sistema científico-tecnológico. Dicha organización recomendó varias acciones para crear una industria tecnológicamente competitiva, entre ellas: creación de una institución que controlara toda la cyt, elaboración de su política vinculada a las demandas de la empresa, búsqueda de financia­ miento externo y reestructuración del Conacyt (ocde, 1994).

Para acomodar la política de cyt a las recomendaciones de la ocde, México solicitó, en 1997, 700 millones de dólares al bm. Estos fondos fueron utilizados para financiar la investigación científica y tecnológica, vincular la universidad con la empresa, reestructurar los centros públicos de investiga­ ción y mejorar la tecnología del sector privado (bm, 1998). Durante el man­ dato presidencial de Vicente Fox (2000-2006), las demás recomendaciones normativas de la ocde fueron cumplidas, excepto lo que tiene que ver con el financiamiento público a la iyd, que no ha alcanzado todavía 0.5 por ciento, aun cuando ésta sea al menos uno por ciento del Producto Interno Bruto (pib).

El papel del tlcan fue importante en el cambio del modelo de cyt mexicano. En este acuerdo comercial no existe un criterio específico sobre cyt, pero sí sobre la inversión y la transferencia de tecnología. En materia de inversiones, por ejemplo, el acuerdo impide establecer cualquier tipo de requisito de desempeño (performance requirements) a las inversiones de los otros países (Davis, 1994). La empresa extranjera puede instalarse en el país sin tener un requisito tecnológico mínimo, una obligación para capacitar mano de obra o un compromiso de transferencia tecnológica. De hecho, cabe la posibilidad de que empresas se instalen en el país receptor sin contar con el mayor avance tecnológico del momento, yendo en contra de la idea de la apertura como mejora de la productividad.

Este tipo de apertura incondicional es impulsado, generalmente, por los países tecnológicamente más avanzados, pues consideran que no se verán afectados por la competencia, dado que éstos son principales inversores en el extranjero (Dunning y Lundan, 2008). Difícilmente un país subdesarrollado puede beneficiarse de acuerdos de esta naturaleza; sin embargo, México pacta este tipo de política y acuerdos sin tener un control gubernamental, ya que

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va en contra de los principios de liberalización. En este marco se creó, en 2003, un programa de incentivos fiscales a las compañías que invirtieran en cyt (Parada, 2009). Lo anterior intensificó la tendencia al modelo cientí­ fico y tecnológico definido por el mercado y se apuntaló la plataforma de la triple hélice para promover ctei del país.

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (pecyt 20022012) consolidó un modelo donde la empresa es la que demanda un tipo determinado de investigación a las instituciones científicas. La orientación es explícita. La gran mayoría de los programas de apoyo financiero a la in­ vestigación se vuelcan directamente a las empresas o bien a sociedades entre académicos y empresas privadas. Coherentemente, el concepto de competi­ tividad pasa a ser la bandera de toda la normativa en cyt desde el arranque del siglo xxi en adelante. En el 2009 se modificó la Ley de Ciencia y Tecno­ logía, acentuando la tendencia a la privatización de la generación del conoci­ miento científico. Bajo esta modificación, los Centros Públicos de Investiga­ ción (cpi), entidades paraestatales de la administración pública, podrán y deberán promover spin off privados: la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consor­ cios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas em­ presas de base tecnológicas, y redes regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos de innovaciones rea­ lizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos (lcyt, 2009: 28).

Además, se facilita la transferencia de conocimiento científico y tecnoló­ gico a las empresas, al otorgar hasta 70 por ciento de las regalías por derecho de propiedad intelectual a los investigadores que desarrollen aplicaciones comerciales. El objetivo es incentivar al científico a convertirse en empre­ sario. En enero de 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (lapp) (dof, 2012). Esta ley legaliza los Proyectos de Prestación de Servicios e incluye el apoyo a proyectos de investigación aplicada o de innovación tecnológica. Conceptúa la generación del conocimiento como actividad competitiva y vinculada con la empresa privada. Adicionalmente, profundi­ za la tendencia de la producción científica y tecnológica hacia el mercado y dificulta revertirla, porque los contratos que regula son de mediano y largo plazos (25 a 40 años), y su pago tiene prioridad sobre cualquier otro gasto (Laurell, 2011). Esta visión, utilitaria y mecánica, subordinó el papel del avance de la cyt a los intereses del sector privado, además de truncar a las

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ciencias sociales y humanidades. Lo anterior, por ejemplo, se reflejó en los programas públicos financiados por el Conacyt. Del total de 40 programas que fomentaban la ctei en 2010, 33 estaban dirigidos explícitamente al sector empresarial y sólo siete a las ciencias sociales y humanidades (fccyt, 2010: 17).

La tendencia no va a ser revertida en el futuro próximo. De hecho, la generación actual de científicos y gobernantes en México, así como la polí­ tica pública en cyt, ha sido cautivada con la retórica de la triple hélice. Al conocerse la victoria de Enrique Peña Nieto como presidente de México, un grupo de representantes del sector empresarial, de instituciones educativas y del gobierno se reunió para organizar un documento intitulado Hacia una agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación (hancti). En éste se enume­ ran las prioridades y los compromisos sociales de la ciencia mexicana. Al principio se lee: México no es ajeno a ello, enfrenta grandes y complejos desafíos […] por lo que se requiere diseñar políticas públicas con una visión de futuro y de sus­ tentabilidad que permitan su solución. Para ello habrá que tomar decisiones mejor informadas, que son aquéllas basadas en el conocimiento más sólido.

Aquel que se genera a través de la ciencia, la tecnología y la innovación […] es claro que la inversión en ctei es, en realidad, una inversión para fomen­ tar la competitividad y la creación de empleos de calidad (hancti, 2012: 2).

El Pacto por México es un compromiso político entre los poderes forma­ les que establece una serie de acuerdos para mejorar la condición política, económica y social de México. Este documento, firmado por las principales fuerzas políticas del país, reafirma la convicción de impulsar la cyt bajo este modelo. El objetivo es impulsar la economía del conocimiento en el país, para lo cual se comprometen tres acciones: invertir uno por ciento del pib en cyt, definir prioridades nacionales y regionales en la materia e incrementar el número de investigadores para registrar más patentes.

Política en cyt frente a la

nt

No existe un plan nacional o iniciativa nacional que dirija el desarrollo de la nt en México. La nt es mencionada por primera vez en el pecyt 2001-2006.

Se hace explícito su impulso como un área estratégica de los materiales avanzados, así como el sector energético, y se destaca la relevancia de esta tecnología en el desarrollo nacional. El pecyt 2001-2006 establece que

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ca­tálisis, polímeros, materiales nanoestructurados, películas delgadas, semi­ conductores, metalurgia, biomateriales, materiales ópticos, cerámicos avan­ zados y simulación y modulación de procesos son áreas nanotecnológicas de interés para el país.

El pecyt 2001-2006 también señala la necesidad de contar con un Pro­ grama Nacional de nt y de sostener una red de intercambio científico en el área (Conacyt, 2002). El pecyt 2008-2012 vuelve a colocar a las nt como una de las nueve áreas científico-técnicas prioritarias. Pese lo anterior, ninguno de los dos programas especiales instrumenta financiamiento específico y tampoco estrategias por seguir. Para finales de 2010 la implementación de la política de nt en México toma cuerpo en la creación de tres desarrollos: una red nacional de investigación, dos laboratorios nacionales y parques industriales o clústers especializados en nt.2 Estos clústers, que agrupan a empresarios, gobierno y universidades, son proyectos bandera en el impul­ so de la nt en México.

Los clústers nanotecnológicos de México3

La política en cyt se subsume a la lógica de la triple hélice y, aunque no hay una política pública específica en nt, ésta se adecua a dicha lógica, la de vincular los tres actores responsables de la innovación (empresas, gobierno y universidades). Un convenio entre la Secretaría de Economía y el Conacyt, con apoyo de Nacional Financiera, firmado en 2009, destinó 149 millones de dólares para la creación de 13 parques tecnológicos, aumentando signi­ ficativamente el número que ya estaba en funcionamiento o construcción (Cruz, 2009). Varios de estos parques pretendían impulsar la nt; unos pro­ yectos quedaron en el olvido y otros pocos tomaron el liderazgo.

El Silicon Border Development Science Park, localizado en la frontera entre Mexicali y San Diego, se ostentó como el primer parque de alta tec­ nología en América especializado en nanocomponentes (Siliconborder, s/f).

En este parque participarían universidades, empresas —principalmente trasnacionales— y la oficina de desarrollo económico del gobierno de Baja California. La empresa Q Cells de Alemania sería la primera en instalarse y 2 En noviembre de 2012 se organizó una reunión que publicó el documento Lineamientos para regulaciones sobre nts para impulsar la competitividad y proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de los consumidores. En él se marca un avance en materia regulatoria, particularmente sobre el impacto que las nanopartículas puedan tener en la salud y el medio ambiente. No obstante, su lógica sinérgica mantiene como meta el incremento de la competitividad. Una meta que, en muchos casos, difícilmente converge con un bienestar social mejorado de la mayoría.

3 Esta sección es un resumen actualizado de Zayago (2011).

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aportaría una inversión de 3,500 millones de dólares. Con el pretexto de la crisis económica mundial, aunado a problemas legales con los terrenos, la empresa alemana canceló su arribo a México (Haro y Cruz, 2012). El go­ bierno de Baja California oficializó la suspensión del programa, lo que sig­ nificó la interrupción de lo que pudo ser la inversión más grande en la his­ toria del estado (Delgado, 2012). Éste fue un proyecto que significó un gasto importante.

Un desarrollo que, aunque no está configurado como clúster, tiene rele­ vancia es el Laboratorio Binacional de Sustentabilidad (bnsl), ya que copa­ trocina investigaciones en Micro y nt. Está ubicado en la frontera del estado de Chihuahua y Nuevo México, en territorio de Nuevo México pero a esca­ sos kilómetros de la ciudad de El Paso y Ciudad Juárez. El bnsl recibió apor­ tes iniciales de 400 mil dólares del u.s. Economic Development Administra­ tion of the Department of Commerce y otro monto igual del Conacyt de México, y con 100 mil dólares por parte del Departamento de Desarrollo Económico de Nuevo México (snl, 2005; Acosta, 2006). En la página del bnsl, se establece que uno de sus clientes es el “Paso del Norte mems Packa­ ging Cluster”, del cual participan universidades de Nuevo México, Texas, Chihuahua y Nuevo León, así como los Laboratorios Militares Sandía.

Otro parque importante está ubicado en Puebla, donde se construyó el Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica (lnn). La compañía trasnacional Motorola donó al lnn una línea de producción de dispositivos y circuitos integrados, y se espera que éste manufacture semiconductores, sensores y sistemas nano/micro electromecánicos ( mems / nems ) para las empresas (inaoe, s/f). Adicionalmente, la Secretaría de Economía federal y la Secreta­ ría de Desarrollo Económico del gobierno de Puebla han donado 15 y cinco millones de dólares, respectivamente, para complementar lo donado por Motorola. El laboratorio participa además en proyectos conjuntos con ibm e Intel, también del sector de electrónica y comunicaciones, la Secretaría de Salud y la Red Nacional de mems, así como el Centro Nacional de Microelec­ trónica en Barcelona, España.

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (piit), localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está construido sobre una superfi­ cie de 175 acres y cuenta con una inversión de 100 millones de dólares para infraestructura y 150 millones de dólares para equipo; además, tiene dos incubadoras especializadas en tecnologías emergentes: una para biotecno­ logía y otra para nt. También es sede del Cluster de nt de Nuevo León (cnnl), el cual es proyecto insignia en el piit. El cnnl tiene como objetivos desarrollar recursos humanos especializados, crear nuevos negocios con

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aplicaciones en nt, atraer financiamiento e impulsar la productividad y competitividad regionales (González, 2010).

El cnnl abrió sus puertas en junio de 2008 con 16 miembros institucio­ nales; para 2010 suman 28 miembros instalados. El cnnl concentra actores de gobierno, sector académico y empresarial. Gobierno federal está presen­ te con el Conacyt y sus programas de financiamiento; el gobierno de Nuevo León, con el Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica (i2t2) y la Secretaría de Desarrollo Económico. El sector académico tiene presencia con el cimav4 que coordina el clúster; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universi­ dad de Monterrey, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Ins­ tituto Politécnico Nacional; varios subcentros de los Centros Públicos de Investigación-Conacyt, como el Centro de Investigaciones en Química Apli­ cada, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; y universidades extran­ jeras como las universidades Estatal de Arizona, Texas-Austin y Texas.

También hay 18 empresas: Proleg (ge), Nanomateriales, Whirlpool, Co­ paMex, Vitro, Cydsa, Sigma, Cemex, Iza VentureCapital, Lamosa, Viakable, Univex, Grupo Simplex, Industrias Vago, Verzatec y Owens Corning (clus­ ternano.org, 2010). El cnnl planea tener, en 2015, cien empresas en nt que compitan en el ámbito global (González, 2010). Nacional Financiera declaró recientemente que asignará 186 millones de dólares para apoyar las indus­ trias aeroespacial, biotecnología y nt del parque (Lara, 2012); esto, sin duda, reforzará el ritmo de crecimiento del cnnl. Hay 42 empresas nanotec­ nológicas en el estado de Nuevo León, de las cuales 26 se encuentran en el cnnl, distribuidas en 10 sectores económicos (véase gráfica 1).

El sector químico es el que agrupa más empresas (17 por ciento) con su correspondiente subdivisión: caucho (17 por ciento), construcción (14 por ciento); automóviles, hierro y acero y eléctrico (10 por ciento, cada una), electrodomésticos y alimentos y bebidas (7 por ciento, cada una), textiles y materiales dentales (4 por ciento, cada una). Si se clasifica según el número de empresas en cada sector, el sector químico y del caucho tienen cinco em­ presas; construcción, cuatro; hierro y acero, automóvil y eléctrico, tres cada una; alimentos y bebidas y electrodomésticos, dos cada una; material dental y textiles, una cada una. Para determinar la nacionalidad de cada empresa, se revisó la ubicación de su sede principal. Hay 19 empresas de Nuevo León, cuatro de Estados Unidos, una de Argentina, una del Estado de México y una de Tamaulipas.

El cimav instaló, en 2009, una subsede del NaNoTeCH en el cnnl.

4

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pertinencia social de la nanotecnología en méxico

Gráfica 1 Empresas haciendo iyd en nt en cnni (junio, 2012)

Construcción 14%

Automóviles 10%

Electrónicos 10%

Alimentos y bebidas 7%

Acero y metal 10%

Línea blanca 7%

Materiales dentales 4%

Hule y plástico 17%

Químicos 17%

Textiles 4%

El cnnl es el proyecto bandera del gobierno mexicano para el desarrollo de la nt. Su organización se basa en el modelo de la triple hélice, y se ha consolidado como su punto nacional de contacto. En este arreglo, la iyd se ajusta a las necesidades de la empresa, un proceso ex ante a la innovación. En otras palabras, las empresas determinan la trayectoria de lo que debe inves­ tigarse, cómo debe insertarse en la producción y qué segmentos de mercado cubrirá. Esto significa que las necesidades por cubrir son mediadas por el mercado, las ventas y, consecuentemente, por la ganancia esperada.

Pertinencia social de la

nt

en México

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2007-2012 establece que la cadena de educación y cyt debe de promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En el eje 2, economía competitiva y generadora de empleos, se establece que: El desarrollo científico, la adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades modernas. Las empresas innovan para mantener su posición competitiva y para evitar perder participación en el mercado a manos de otros competidores. En México, el sector ciencia y tec­ nología está integrado por las instituciones del sector público, las institucio­

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nes de educación superior que forman posgraduados y realizan investiga­ ción, y las empresas que invierten en desarrollo tecnológico e innovación (pnd, 2007: 119).

La mejora de las condiciones materiales de la sociedad, mediante la son responsabilidad de los tres actores protagonistas en la triple hélice.

México es signatario de este modelo y ha impulsado el desarrollo de la nt acordemente. Las tres palas de la hélice condicionan el desarrollo conforme una lógica de producción subsumida a las relaciones de producción privada y capitalista; y, ante esta situación, vale la pena analizar sus implicaciones.

Los empresarios representan la pertinencia económica del modelo de la triple hélice. El avance de la nt en México está delimitado por la participa­ ción y orientación de la empresa. El objetivo es trasladar su poder tecnoló­ gico al servicio de las empresas para que éstas desarrollen ventajas comer­ ciales en el mercado global. Cuestiones como eficiencia, competitividad, crecimiento y rentabilidad moldean su trayectoria de desarrollo en el país.

Otra pala está integrada por las universidades o centros de investigación, los que se encargan de la pertinencia técnica del modelo. No obstante, la nece­ sidad técnica no está en función de las necesidades sociales o de la pertinen­ cia de desarrollo, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la inequidad, sino más bien de las necesidades de competitividad o ventaja económica que exijan las empresas. La tercera pala, el gobierno, está presente en el sistema para administrar, financiar y defender la propiedad privada de la innovación, así como para facilitar su apropiación por la empresa. Optimar la calidad de vida de la mayoría de los miembros de una sociedad es una meta indiscutible del desarrollo, pero no queda claro cómo el modelo de la triple hélice y, en este caso, la forma que moldea el desarrollo de la nt ser­ virá para este propósito.

Otra duda deriva del hecho de presionar al investigador para convertir­ se en emprendedor, empresario, hombre de negocios. La lapp fomenta tal esquema, además de que acentúa el interés del científico por encontrar una ganancia en el desarrollo de la ciencia, en este caso nanociencia. Con esta motivación ¿cuál será el interés del científico en encontrar soluciones técni­ cas a problemas del desarrollo nacional? Otra cuestión que impulsa esta si­ tuación es el mandato, cada vez más prominente, del Conacyt por financiar proyectos a condición de tener un empresario como socio.

México es la décima primera economía de acuerdo con la Paridad de Poder de Compra (ppc) (bm, 2012). Al mismo tiempo, acorde con el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval, ctei,

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2012), la pobreza se ha incrementado dramáticamente en México; ésta pasó de afectar a 44.5 por ciento de la población en 2008 a 46.2 por ciento en 2010. Lo anterior significa que 48 millones de mexicanos vivieron en pobre­ za en 2008 y la cifra aumentó a 52 millones en 2010.

De Japón a China, de la Unión Europea a Estados Unidos, de Brasil a México, todos los países justifican el financiamiento de la nt con el argu­ mento de incrementar la competitividad. Se busca usar su potencial y su promesa de convertirse en la siguiente revolución industrial a favor de las economías nacionales. El éxito de la economía global basa su éxito en la innovación, lo que pone a países con recursos limitados en posición de des­ ventaja. La inversión en tecnología parece más una necesidad que una op­ ción en este contexto.

Si la inequidad y la pobreza es un problema histórico-estructural en México ¿conviene, entonces, impulsar nuevas tecnologías a favor de las prioridades de los más ricos? Whirlpool, CopaMex, Vitro, Cydsa, Sigma, Cemex, Iza VentureCapital, Lamosa, Viakable y demás compañías dominan la prioridad de iyd de la nt en el cnnl, así como otras empresas lo hacen en el Distrito Federal o Puebla. ¿Qué tiene que ver el aumento de la competiti­ vidad de las empresas basada en nuevas tecnologías con la disminución de la pobreza?

El argumento central es que nuevas tecnologías permiten liberar fuerza de trabajo para ser ocupada productivamente en otros sectores. Presumible­ mente, nuevos sectores se desarrollan, dado que nuevas empresas resultan de estas tecnologías. A esto se le conoce como la teoría de la compensación.

Puede ser que en algunos sectores, regiones o países (principalmente de­ sarrollados, donde se controlan las innovaciones), esto sea posible. No obstante, cuando se analiza al sistema global el problema del desempleo tecnológico es una realidad social que se traduce en beneficio para unas clases y deterioro para otras. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit), el desempleo ha aumentado a razón de 400 millones de personas en total para finales de 2012 y las causas recaen, entre otras, en las nuevas tecnolo­ gías (El Universal, 2012; oit, 2012).

Conclusiones

En América Latina se implementaron dos modelos para desarrollar la cyt, el triángulo de Sabato y la triple hélice. El primero fomentó un proceso li­ neal en la generación de ciencia básica y llegó a implementarse en México con relativo éxito. Esta plataforma se empató con los lineamientos y prioridades

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del modelo isi, es decir, impulsar el capitalismo de Estado y fortalecer la plataforma industrial nacional. Coyunturas geoeconómicas e intereses polí­ ticos aceleraron el desmantelamiento de la plataforma isi y del triángulo de Sabato para la cyt en toda América Latina.

La llegada de un nuevo modelo, abierto, desregulador y privatizador, motivó cambios en la política pública científica y tecnológica del país, y a partir de los años ochenta México empezó a subordinar el desarrollo de la cyt a las necesidades impuestas por el sector privado. Esto implicó que se pasara de un modelo que impulsaba la generación de conocimiento cientí­ fico a un modelo condicionante, el cual demanda una aplicación tecnológi­ ca específica para ser comercializada antes de que ésta se desarrolle. El cambio de plataforma se ejecutó en concordancia con los lineamientos de organizaciones internacionales como el bm y el fmi.

El cambio de modelo afectó la plataforma científica y tecnológica de México. Más aún, la generación de conocimiento se empezó a evaluar a partir de su utilidad productiva-mercantil y no a partir de su pertinencia social. Actualmente esto se profundiza, evidente en los objetivos del grueso de los programas de cyt del país. Si no hay certidumbre de que el conoci­ miento generado o el tema investigado generará dividendos (vis a vis sector privado, cabeza de la triple hélice), la pertinencia o, incluso, la calidad cien­ tífica se cuestiona. Cada vez más universidades y centros de investigación interpretan la utilidad social del conocimiento científico en torno a la per­ meabilidad de éste en el sector privado.

La política pública en nt, si bien no explícita, se basa en el modelo de la triple hélice, y en éste empresarios, gobierno y universidades interactúan para trasladar la potencia de esta tecnología a un incremento de la compe­ titividad. Las redes de investigación y los parques industriales o clústers de nt del país reflejan los ideales de este modelo. No obstante, existen al me­ nos tres aspectos ignorados en el conjunto de la dinámica socioeconómica del país que afectan directamente los esfuerzos de la nt en su configuración actual.

El primero de ellos es obvio: no hay iniciativa o plan de nt. ¿Cómo puede determinarse qué sectores industriales desarrollar, qué mercados nanotec­ nológicos cubrir y cómo hacerlo sin organizar los esfuerzos productivos?

Brasil, China, Estados Unidos, Costa Rica, Unión Europea, Japón, Corea del Sur y demás mantienen planes o iniciativas de política pública que orientan al sector de nt de acuerdo con sus capacidades y potencialidades de mercado. Esto no se hace en México. Hay una duplicación de esfuerzos y de actividades entre los varios centros de investigación en la materia. El

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desorden en la política pública que permea a varios ámbitos de la vida na­ cional también afecta a la nanotecnología.

El segundo gran problema es el insuficiente financiamiento. El atraso en inversión en cyt, en formación de recursos de alto nivel y en infraestruc­ tura científica de México es histórico. Recientemente, el presidente Peña Nieto declaró la necesidad de direccionar 1 por ciento del pib a cyt. Habrá que esperar si esto se lleva a cabo, pues ha habido declaraciones al respecto anteriormente pero sin aterrizarse en un presupuesto ordenado. La inver­ sión, sin embargo, no lo es todo; quizá es igual de importante, o más, saber para qué se invierte y a quiénes beneficia. Esto último es clave y tiene impli­ caciones directas en la sustentabilidad social de todo conocimiento.

En tercer término está la generación de recursos humanos de alto nivel para satisfacer la demanda del sector. La nt es una tecnología que trascien­ de los límites de las disciplinas científicas. Debe tenerse conocimiento sobre física, química, materiales, óptica y otras áreas para saber aprovechar su potencial a nivel molecular. México forma cerca de tres mil doctores al año (considerando todas las áreas del conocimiento), mientras que Brasil prepa­ ra 11 mil y Estados Unidos 50 mil en el mismo periodo (Drucker, 2012). A esto se acumula el déficit en infraestructura científica, que ocasiona que los pocos que logran hacer investigaciones de alto nivel u obtener un grado académico fuera del país, sobre todo en las ciencias naturales e ingenierías, se inserten en el desempleo al no tener lugar donde aplicar lo aprendido.

En consecuencia, por ejemplo, hay más doctores mexicanos en Estados Uni­ dos que en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, 20 mil contra 16 mil (Melesio, 2011).

Adicionalmente, debe pensarse la sustentabilidad social de la nt. Si se supone que hay el financiamiento suficiente, un plan y recursos humanos adecuados para impulsar la nt en México, todavía habría que analizar qué clase social o grupo saldría beneficiado. La sustentabilidad social de una tecnología es viable cuando ésta se generaliza en el aparato productivo en el contexto de una relación social determinada. La estructura social, mediante la inversión, propiedad, orientación y definición de prioridades, moldea el desarrollo de la tecnología y no a la inversa.

En este sentido, el modelo de la triple hélice, en el cual la nt se circuns­ cribe, impulsa el control de ciertos grupos sobre los nuevos desarrollos tec­ nológicos y la generación de conocimiento. De ahí que se ponga en duda la pertinencia social de un modelo de desarrollo de cyt que se confina a per­ seguir la ganancia y competitividad en beneficio de unos. Lo anterior se amplifica cuando actores sociales con reivindicaciones sociales vinculadas a

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la condición de subdesarrollo (por ejemplo con la pobreza e inequidad), obreros, pobres, marginados, consumidores, no participan en el modelo de la triple hélice. El que no participa no es escuchado y sus necesidades, con­ secuentemente, son ignoradas. Esto oscurece la pertinencia social o el po­ tencial beneficio que la nt pudiera tener para toda la población.

La participación democrática en la definición de las prioridades de nue­ vas tecnologías es un aspecto ausente en la triple hélice. Los principales actores son empresas, gobierno e instituciones educativas, y son las primeras las que juegan un papel guía en el proceso. Si en verdad quiere colocarse el poder tecnológico al servicio de la mayoría de los mexicanos, ¿por qué dejar afuera a sectores tan importantes como los sindicatos, los consumidores y la sociedad civil? Temas bandera de estos grupos como los riesgos laborales a la salud, cuestiones legales, políticas y sociales también brillan por su ausen­ cia en la agenda mexicana de desarrollo de nt. Queda por ver si en un fu­ turo estos grupos podrán participar en definir las prioridades del desarrollo de nuevas tecnologías en el país y así insertar el tema de equidad social para maximizar el efecto positivo de la cyt.

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Índice

Presentación Guadalupe Margarita González Hernández.............................................................. 5

¿Hacia la sustentabilidad social?

Las antinomias del desarrollo social sustentable en la periferia Carlos Mallorquin............................................................................................... 11 Expoliación de la vida: sometimiento del trabajo y violencia letal Humberto Márquez Covarrubias............................................................................. 35 Cuestionando la sustentabilidad social: reproducción precaria y su replanteamiento metodológico Guadalupe Margarita González Hernández José Roberto González Hernández........................................................................... 55

Partido en dos: migración y desarrollo Un precariado global migrante Fuerza de trabajo, ciudadanía y espacio para la sociedad civil Carl Ulrik Schierup Aleksandra Ålund................................................................................................ 81

La vida está en otra parte.

Subsunción del trabajo migrante en el capitalismo corporativo Humberto Márquez Covarrubias Raúl Delgado Wise.............................................................................................. 125

México. Avances y retos en la construcción de una política de desarrollo y migración con enfoque de derechos humanos Rodolfo García Zamora........................................................................................ 149 Dimensión humana de la migración internacional de Zacatecas Miguel Moctezuma Longoria Oscar Pérez Veyna................................................................................................ 169

Extractivismo, despojo y degradación ambiental Nuevo extractivismo: ¿Modelo para América Latina o imperialismo del siglo xxi?

Henry Veltmeyer Traducción del inglés de Édgar Záyago Lau ............................................................. 195

Los conflictos socioambientales en torno a la minería en México Darcy Tetreault................................................................................................... 217

Incidencia social de las tecnologías avanzadas Pertinencia social de la nanotecnología en México Édgar Záyago Lau.............................................................................................. 243

Senderos de la insustentabilidad. Degradación humana y ambiental en el capitalismo neoliberal, se terminó en la Ciudad de México durante el mes de junio del año 2014. La edición impresa sobre papel de fabricación ecológica con bulk a 80 gramos, estuvo al cuidado de la oficina litotipográfica de la casa editora.

ISBN 978-607-401-826-4

Senderos de la insustentabilidad

ISBN 607-401-826-X

sociolog铆a

Universidad Aut贸noma de Zacatecas

Universidad Aut贸noma de Zacatecas