DERECHOS HUMANOS
o bien al apoyo económico (alrededor de mil 300 pesos mensuales) que les brinda la ACNUR para alimentación y pago de renta. Ante el acoso de los grupos criminales (sobre todo en la frontera sur) o porque se desesperan de no poder resolver su situación, muchas piden que se transfiera su caso a otra ciudad, o bien desisten del proceso emprendiendo su camino rumbo a Estados Unidos en busca de oportunidades. A quienes se les otorga el refugio u obtienen la visa que avala su estancia regular en México, los documentos no reconocen su expresión de género, señala Irazú Gómez Vargas, responsable de la Coordinación de Incidencia y Vinculación de Sin Fronteras, IAP, organización civil que brinda asesoría jurídica y psicológica a refugiados en nuestro país. El que su documento contenga nombre e identidad de hombre es un factor de rechazo sistemático para acceder a los servicios de salud, a oportunidades laborales, conseguir el alquiler de una vivienda o continuar sus estudios. Ello incluso en la capital del país, donde a pesar de que existe un procedimiento administrativo para simplificar el trámite de cambio de sexo en el acta de nacimiento, es inaccesible para personas refugiadas o con estancia regular, al estar destinado solo a aquellas con nacionalidad mexicana.
El diagnóstico “¡Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión!”, elaborado por Sin Fronteras, detectó que las reglas de operación de los programas sociales en la Ciudad de México no son totalmente inclusivas, pues solo tres por ciento de ellos acepta documentos migratorios como papeles de identidad, impidiéndoles el acceso. Estos problemas sistemáticos han llevado a Stephanie Nicole a voltear a Estados Unidos y buscar ahí no el sueño americano, sino un medio de supervivencia. Forma parte de la primera Caravana TransGay Migrante, que partió en julio pasado de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Nogales, Sonora, con el propósito de solicitar asilo a las autoridades migratorias en Tucson, Arizona. Se trata de un grupo de personas LGBTI centroamericanas que esperan se les conceda el recurso, apelando a que su vida está en peligro. Y es que en México, la población trans no encuentra las condiciones que les garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y menos aún las migrantes transgénero que se encuentran en nuestro territorio, a pesar de los múltiples tratados internacionales que se han firmado al respecto. Por ello es preponderante que desde todas las esferas públicas se analice esta nueva realidad. Y el trabajo que se ha
realizado desde la perspectiva académica y de los derechos humanos contribuye a entender y atender el fenómeno a partir de diversas perspectivas. “La contribución que hacen las ciencias sociales permite que se atienda el nuevo contexto migratorio, por ejemplo, con la transformación en la atención primaria, como son los albergues, que fueron fundados en momentos en que México era solo un país de tránsito y ahora es considerado un destino, incluso para la población LGBTI”, consideró la investigadora social Ailsa Winton. Pero también suma a las decisiones que se toman a nivel gubernamental, a fin de que las políticas públicas consideren el conocimiento que se ha generado, los diagnósticos y las propuestas viables que contribuyen a cambiar la situación. Para Miguel Lucero es prioritario poner énfasis en la necesidad de que los países expulsores de migrantes reconozcan las condiciones estructurales, políticas y sociales de este fenómeno, buscando aminorar la problemática y, particularmente, los índices de violencia. En lo que respecta al gobierno mexicano, tras los focos de alerta que encendió la política migratoria de Donald Trump, debe centrar la mirada no solo en su capacidad para recibir a los connacionales retornados —destaca Irazú Gómez—, sino generar estrategias de atención a los centroamericanos que siguen entrando a nuestro territorio en busca de protección internacional. Y si se piensa de manera integral en la población migrante transgénero, es importante que las autoridades tejan alianzas con organizaciones de la sociedad civil que dan atención a personas LGBTI para sacarlas de la invisibilidad, en la que son objeto de violencia. Por ahora, a sus 19 años, Stephanie Nicole centra su esperanza en el país de las barras y las estrellas, “pensando de manera positiva” que pronto podrá vivir libremente y, por qué no, hacer realidad el sueño de convertirse en actriz.
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OCTUBRE 2017