Revista Reforma Judicial Edicion 3 by Comisionado de Justicia

C/ Doctor Delgado esq. Moisés García, Casa de Las Raíces, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809.685.7338 | email: info@reforma-justicia.gob.do www.comisionadodejusticia.gob.do

Sumario 04 06 12 21

Reforma

Judicial

Exper tos plantean sanción contra el crimen organizado

Javier Zaragoza afirma Crimen Organizado amenaza democracia

Vinicio Castillo aboga por que se cree “nicho legal a prueba indiciaria” Crimen Organizado afecta crecimiento económico del país

COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

C/ Dr. Delgado No.252, esq. Moisés García, Casa de las Raíces, D.N., Rep. Dom. www.comisiondodejustica.gob.do Fotos: Tel.: 809.685-7338 Colaboradores: Depto. Logística CARMJ Milagros Pichardo Pío Víctor Rosario Lino Vásquez Sámuel Ana Lisbette Matos Comisionado de Justicia Articulistas: Adonis Martín Joselito Bautista Encarnacións Ricardo Rojas León Marien Montero Beard Ilonka Valentín Pérez Servio Tulio Castaños G. Erika Cabrera Directora Ejecutiva CARMJ Vaunghn González Dorka Lluberes Beatriz Arenas Montalvo Edgar Martínez Nelly Cedano Miguel Valerio Jiminián Domingo D’ Oleo Comunicaciones CARMJ Lisandro K. Ferreira H. Francisco Guillén Diseño y Diagramación Adol¿na Quiróz Coordinadoras: www.ideakreativa.com Enrique José Merette Bonnet Katherine Golez Tomás Vidal Carlos Jiménez Susana Blas Rodríguez David Cordero Corrección de Estilo Una publicación periódica del Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la JusImpresión Editor: ticia (CARMJ) . Prohibida su reproducción total o REFORMA JUDICIAL Diego Pesqueira Editora Corripio parcial, sin el previo consentimiento del CARMJ.

MENSAJE

del Comisionado lvasquez@reforma-justicia.gov.do

Crimen Organizado & Políticas Públicas de Prevención, Investigación y Sanción Como bien señalara el presidente constitucional de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reyna, el pasado 27 de febrero del corriente año 2010, con ocasión del Discurso de Rendición de Cuentas, en reunión conjunta de las cámaras legislativas: “El tercer elemento, como hemos indicado, que mayor preocupación suscita en estos momentos, en los distintos estratos de la sociedad dominicana, tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, la violencia y el crimen organizado”. La preocupación del Jefe de Estado no deja de ser un grito de la enorme ansiedad, intranquilidad y desasosiego por la que atraviesa la sociedad dominicana, la que con asombro advierte que es necesario dar respuestas efectivas a este flagelo que afecta, no solamente a la República Dominicana, sino a una buena parte de las naciones del mundo, es por ello, que continuar impulsando mecanismos adecuados para la prevención, persecución y sanción efectiva a la criminalidad es una meta de inquebrantable compromiso de todos los dominicanos y las dominicanas.

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

a promoción de políticas públicas, dirigida a prevenir, investigar, perseguir y sancionar las estructuras del crimen organizado para garantizar la eficacia del Sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana, es uno de los grandes retos de articulación sistemática a que está obligado el Estado Dominicano y la sociedad en su conjunto. Partiendo de la premisa anterior, es que el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), comprometido con su misión, ha creado un área de trabajo especializada en crimen organizado, impulsando un conjunto de acciones tendentes a reflexionar y sensibilizar sobre la necesidad del diseño de nuevas formas de control y sanción contra los delitos del crimen organizado, como es el caso del narcotráfico, el sicariato, lavado de activos, el terrorismo, trata y tráfico de personas, entre otras de sus manifestaciones.

Ese compromiso se reitera con el impulso de importantes instrumentos normativos que de cara a la adecuación constitucional están previstos en la nueva constitución normativa de la República Dominicana. Por ello, desde diferentes instancias del Estado Dominicano se comprometen profundos cambios dirigidos a enfrentar la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones. Partiendo de esto, el Ministerio Público organiza su ley orgánica comprometiendo el precepto constitucional que lo constituye en el órgano del sistema de justicia responsable de la política del Estado contra la criminalidad. En ese mismo sentido, la nueva Carta Magna dispone la creación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia, y en sintonía con este criterio, le confiere a las Fuerzas Armadas, como objetivo de alta prioridad, el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República Dominicana y de sus habitantes. De lo anterior, se desprende que para combatir la criminalidad transnacional y el narcotráfico, se necesita de una acción política y de una respuesta legal enérgica. En esa dirección, el Estado dominicano acciona, no solo para combatirlo con los instrumentos propios de las agencias de persecución, sino también, con la implementación de mecanismos innovadores que posibiliten resultados eficaces. Se hace necesaria también la adopción de un marco legal, como el establecido en la Constitución de la República, que viabilice la extinción del derecho de dominio sobre los bienes obtenidos, destinados o usados en actividades ilícitas y el crimen organizado. Finalmente, si la democracia es el espacio plural más propicio para el desarrollo de los pueblos y la convivencia civilizada, es un compromiso nacional continuar articulando mecanismos adecuados de persecución efectiva de la criminalidad, procurando sanciones firmes sin desmedro de las garantías del debido proceso, propias de un Estado Social y Democrático de Derecho. Muchas Gracias.

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EXPERTOS PLANTEAN

CRIMEN OR

En el marco del seminario internacional La prueba indiciaria en los delitos del crimen organizado Santo Domingo.- El comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, planteó la necesidad de fomentar acciones que permitan diseñar nuevas formas de control y sanción contra los delitos del crimen organizado, tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el sicariato y el terrorismo. El planteamiento de Vásquez Sámuel fue hecho, al pronunciar su discurso central en el desarrollo del seminario internacional La prueba indiciaria en los delitos del crimen organizado, celebrado en el Hotel Meliá, de esta capital, con la participación de destacadas personalidades

nacionales e internacionales, incluyendo al fiscal de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza.

vidad de normas jurídicas penales y a la pertinencia de la política criminal de los estados frente a este flagelo.

El comisionado de Justicia sostuvo que el citado seminario, auspiciado, además, por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), reitera el compromiso del CARMJ de impulsar temáticas contra el crimen organizado, en procura de promover políticas públicas, dirigidas a prevenir, investigar, perseguir y sancionar las estructuras del crimen organizado.

Manifestó que el seminario se denominó así, debido a que se tiene la seguridad de que, mediante la correcta aplicación de la prueba indiciaria, se puede controlar la criminalidad en una sociedad democrática, y aún más, se puede apostar desde una observación empírica y crítica a la eficacia de los sistemas de justicia.

Vásquez Sámuel explicó que en el marco del seminario se pasó balance a la efecti-

El evento, desarrollado los días 25 y 26 de marzo del presente año, se inició con las conferencias La prueba indiciaria, indirecta o circunstancial, en el delito de

César Pina Toribio, ministro de la Presidencia y presidente de la CONAEJ junto a Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, encabezan la mesa de honor. Les acompañan, Germán Miranda Villalona y Arístides Madera Arías.

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SANCIÓN CONTRA EL

GANIZADO lavado de activos, a cargo del el procurador adjunto de la Corte de Apelación elación del Distrito Nacional, doctor Germán mán Daniel Miranda Villalona, y La prueba a indiciaria desde la perspectiva del Juez, ez, dictada por la magistrada Esther Agelán elán Casasnovas. En tanto que, el 26 de marzo, o, el fiscal español, Javier Zaragoza, considerado onsiderado un experto internacional en n la lucha contra el narcotráfico, expuso o sobre sus experiencias contra el crimen n organizado y las herramientas necesarias arias para limitar el crecimiento de un mal social que cada día aumenta su organización y trayectoria. El acto de apertura estuvo presidido por el doctor César Pina Toribio, oribio, ministro de la Presidencia, y los procuradores generales adjuntos untos Ramón Arístides Madera y Miranranda Villalona. El acto de clausura contó con on la participación del magistraado procurador general de laa República, doctor Radhaméss Jiménez Peña, los expositores doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo, en materia de drogas, con la conferencia El crimen orgarganizado en la República Dominicana, nicana, y la licenciada Beatriz Arena Montalvo, talvo, asesora del departamento de Estado stado para Centroamérica y el Caribe en programas de lucha contra la criminalidad organizada, con el tema Los efectos socioeconómicos de la corrupción y el blanqueo de capitales.

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FISCAL ESPAÑOL DICE Crimen Oganizado amenaza Yo creo que combatir el terrorismo y el crimen organizado exige incorporar a nuestras legislaciones mecanismos o estrategias que garanticen resultados, respetando las constituciones de los países, y las normas procesales de los derechos ciudadanos

Javier A. Zaragoza, ¿scal de la Audiencia Nacional de España, encargado de casos de terrorismo y criminalidad grave, durante su exposición sobre el Crimen Organizado.

Santo Domingo.-Javier A. Zaragoza, fiscal de la Audiencia Nacional de España, encargado de casos de terrorismo y criminalidad grave, dijo que la delincuencia organizada, en sus diferentes formas, es junto al terrorismo, una de las amenazas más serias para la convivencia democrática. Añadió que este fenómeno es grave y preocupante, porque favorece de manera mediata otras formas de criminalidad, como la corrupción administrativa, política y económica. Manifestó que en cualquier sitio hay

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organizaciones criminales, por lo que se debe ser muy exigente con la acción política y las respuestas legales, porque son los dos parámetros que se deben seguir para hacer frente a la criminalidad y la delincuencia organizada, en forma enérgica, ética y rigurosa. Hay que ser eficaz en la persecución del crimen, respetando las garantías constitucionales del ciudadano y los principios penales básicos del sistema democrático.

el seminario internacional “La Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado”, celebrado en el Hotel Meliá, los días 24 y 25 de marzo, auspiciado por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), en el que participaron también el doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo, en materia de drogas, y Lino Vásquez Samuel, director del CONAEJ, con la presencia del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

Zaragoza hizo esta aseveración, en el marco de una conferencia dictada en

“Solo una acción política y respuesta legal enérgica y ética, evitará que lle-

democracia guemos a un Estado fallido”, dijo Javier A. Zagoza, porque es una situación que se ha producido en otros países. Como segunda reflexión, destacó que los estamentos jurídicos internacionales vigentes, y, en particular la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, imponen la necesidad de armonizar los ordenamientos penales de los estados, para conseguir un marco jurídico supranacional, uniforme y homogéneo que garantice niveles elevados de eficacia, que faciliten alto grado de cooperación judicial y policial.

“En este sentido, yo creo que es importante dotarse de normas que sean intuitivas y eficaces en la confiscación de bienes y un marco jurídico adecuado que asegure la protección de testigos y colaboradores en los procesos penales”, expresó. Sostuvo que la criminalidad moderna

“Solo una acción política y respuesta legal enérgica y ética, evitará que lleguemos a un Estado fallido”

“Sólo la cooperación llevada a sus últimas consecuencias, nos permitirá reducir o evitar esos indeseables ámbitos de impunidad en la actuación de las organizaciones criminales”, expuso.

no se combate como la criminalidad tradicional, y dijo que sólo con instrumentos y mecanismos innovadores, será posible enfrentar con eficacia esos males, para que no puedan regir nuestro sistema democrático.

Consideró que este fenómeno se reducirá en la medida de las respuestas que seamos capaces de dar (los Estados) contra el crimen organizado.

Aclaró, sin embargo, que hay que evitar excesos o abusos por los operadores jurídicos y policiales, idea que entiende debe quedar muy clara.

En ese sentido, propuso el establecimiento de amplias normas de atribuciones jurisdiccionales a los Estados que pasan por la aplicación de justicia universal, a su enjuiciamiento, persecución y su castigo, similar al tratamiento del genocidio, o crímenes contra la humanidad.

“Yo creo que combatir el terrorismo y el crimen organizado exige incorporar a nuestras legislaciones mecanismos o

estrategias que garanticen resultados, respetando las constituciones de los países, y las normas procesales de los derechos ciudadanos”, expuso. Durante el desarrollo de su exposición, el fiscal español, planteó la intromisión del mecanismo de la incomunicación de los detenidos y aseguramiento de pruebas en la fase de investigación, en caso de terrorismo y crimen organizado. Para Zaragoza, la incomunicación de los detenidos, no es violar sus derechos, sino una medida que pretende evitar la ocultación de pruebas, la comisión de nuevos delitos y la fuga de personas implicadas en la investigación, que consiste en que el abogado que asiste al detenido filtre informaciones que puedan entorpecer la investigación jurídica. Otro mecanismo sería la prueba preconstituida, realizada en la fase de investigación, para los casos donde haya riesgo de que la prueba no llegue al juicio oral, como son los casos de personas que declaran o atestiguan contra sus jefes o responsables, ya que corren el riesgo de que los maten o compren, en tal sentido la prueba asegura la aportación de esas personas, aunque haya muerto o se haya retractado de sus declaraciones.

Además, que la situación obliga a los estados a la ampliación de la inteligencia de los agentes encubiertos, potenciar las investigaciones financieras y patrimoniales sobre los entramados societarios y económicos de los grupos criminales, ya que son soportes de su crecimiento y su expansión.

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GOBIERNO DOMINICANO destina cuantiosa inversión contra organizado y narcotráÀco Países hermanos resaltan labor de autoridades dominicanas

l Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Leonel Fernández, ha realizado grandes esfuerzos para prevenir y combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y demás delitos conexos. Todas estas acciones han sido reconocidas por distintas naciones con las que el país mantiene estrecha relación, principalmente, los Estados Unidos.

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El Agregado de Defensa de la Embajada norteamericana en el país, Mark Bandik, aÀrmó en Washington, durante la celebración del Foro Ejecutivo Antiterrorismo, que las autoridades dominicanas marchan a ritmo acelerado hacia su transformación y profesionalización.

Este esfuerzo, que incluye programas de capacitación, reforzamiento de las zonas vulnerables, adquisición de equipos para detectar sustancias controladas en puertos y aeropuertos, y ocho aviones Súper Tucanos, ha rendido grandes frutos, en cuanto a la desarticulación de cárteles internacionales, a los que se les ha ocupado grandes cargamentos de drogas, y decomisado millones de dólares y armas de fuego.

el crimen

timado esfuerzos para gestionar los recursos que han permitido realizar decenas de seminarios, talleres, cursos y otras actividades, relacionados al combate eficaz del crimen organizado. Se recuerda que en julio del año 2008, el jefe de Estado encabezó la Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en el país, y donde asistió el fiscal general de España, Cándido Conde-Pumpido, entre otros magistrados de países hermanos.

MÉXICO El Gobierno de México agradeció al país, por los grandes esfuerzos desplegados para frenar a los delincuentes que pretenden utilizar territorios extranjeros, para evadir la persecución judicial. De manera específica, el procurador general de México, Arturo Chávez, expresó satisfacción por la captura en la República Dominicana del mexicano Salomón Tagle Dobin, prófugo de la justicia por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro.

ESTADOS UNIDOS En tanto que Cristopher Lambert, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos está satisfecho con

los avances alcanzados en los últimos meses por la República Dominicana en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En tanto que el Agregado de Defensa de la Embajada norteamericana en el país, Mark Bandik, afirmó en Washington, durante la celebración del Foro Ejecutivo Antiterrorismo, que las autoridades dominicanas marchan a ritmo acelerado hacía su transformación y profesionalización. Dijo que es evidente la mejoría exhibida por el cuerpo policial dominicano y el Ministerio Público, en cuanto a la prevención de hechos delictivos, la solución de casos y la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

ESPAÑA El fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Audiencia Nacional de España, doctor Javier Zaragoza, resaltó las labores de inteligencia y dedicación realizadas por el actual Gobierno dominicano para erradicar el crimen organizado, con la que se obtuvieron grandes puntos en su lucha contra el narcotráfico, uno de los flagelos que más atentan la estabilidad social de los pueblos.

Los gobiernos de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, México, Colombia y Haití, entre otros, han expresado satisfacción por la firmeza y determinación en que el Ministerio Público y las agencias dominicanas enfrentan el crimen organizado. Pero esta determinación para enfrentar la criminalidad ha contado en cada momento con la voluntad decidida del presidente Fernández, quien no ha esca-

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RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA AFIRMA:

CRIMEN ORGANI

Representa uno de los mayores para cualquier Estado

“Sin lugar a du udas que, del carácter transfronterrizo izo d de e lla ad delincuencia elincuencia organizada, resulta necesaria la implementación progresiva de políticas penales comunes a los Estados de la región”

l crimen organizado ha dejado de ser una cuestión referencial para convertirse en uno de los problemas más importantes en la definición de la política criminal del Estado, que debe ser enfrentado con mecanismos de cooperaciones ágiles y eficientes, advirtió el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

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Radhamés Jiménez Peña, procurador general de la República se dirige a los presentes.

Dijo, además, que para nadie es un secreto que ese flagelo es uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo en la región, con el agravante de tener una capacidad de camuflaje y transformación asombrosa. Jiménez Peña hizo la afirmación al pronunciar las palabras de bienvenidas en ocasión de la Jornada Nacional contra el Crimen Organizado, celebrado el pasado 29 de abril del presente año. Sostuvo que dadas las características actuales de los fenómenos delictivos, donde los grupos delincuenciales se caracterizan por las altas posibilidades de

insertarse en las actividades políticas y económicas de los Estados, muchas veces resultando desbordantes sus consecuencias negativas, “es que necesitamos afianzar y estrechar aún más los lazos de reciprocidad y cooperación a nivel regional”. “Si bien es cierto que combatir estos fenómenos no es tarea fácil, no es menos cierto que si no contamos con mecanismos de cooperación ágiles y eficientes, bajo el entendido de que el crimen organizado no respeta fronteras, es poco lo que podremos alcanzar”, precisó. Jiménez Peña recordó que el propio pa-

ZADO

problemas

norama actual muestra que la actividad criminal organizada tiene mayores repercusiones a nivel internacional, y gran poder de influencia y manipulación, por lo que entiende los esfuerzos deben ir dirigidos hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de cada uno de los actores Estatales, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para lo cual es esencial el establecimiento de mecanismos adecuados para ello. “Sin lugar a dudas que, del carácter transfronterizo de la delincuencia orga-

nizada, resulta necesaria la implementación progresiva de políticas penales comunes a los Estados de la región”, indicó. Explicó que en el caso particular de la República Dominicana las autoridades, en su conjunto, se han comprometido a mejorar significativamente los mecanismos de investigación en materia criminal, así como a crear aquellas estructuras que permitan un trabajo interdisciplinario, por medio del fortalecimiento de los equipos especializados de investigación, con miras a generar conocimientos intercambiables de la actividad criminal organizada. En tal sentido, dijo estar convencido de que actividades como la Jornada Nacional contra el Crimen Organizado contribuirán a concertar posiciones muy valiosas al respecto, como la necesidad de seguir avanzando en el proceso de elaboración del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instando a los demás Es-

tados, incluso, a concluir las negociaciones en relación al mismo. “Quiero dejar claro que esta ardua lucha es un aspecto fundamental para el desarrollo democrático y para la consolidación de la institucionalidad de nuestro país y la región, por lo que reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional en la investigación y procesamiento de este tipo de actos delictivos, en todos sus ámbitos”, precisó. Manifestó, además, que conscientes de la situación y de conocer el panorama de la realidad hemisférica, reafirma su interés en seguir aportando todo lo necesario para defender “estos foros tan importantes y eficaces para la promoción de la confianza, diálogo y cooperación, en cuanto a la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad”.

Parte del público que asistió al seminario.

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NOTICIAS

Vinicio Castillo aboga crear “ indiciaria”; CaliÀca crimen or narcotráÀco como males que

Santo Domingo.- El doctor Marino Vinicio Castillo definió el negocio de la droga, amparado en el crimen organizado, como un mal que abruma a todo el mundo, por los altos niveles de violencia que genera y las riquezas que proporcionan a sus patrocinadores, razón por la que entiende debe ser enfrentado, con firmeza y con la valoración de las denominadas pruebas indiciarias, en los procesos judiciales. Dijo que “en la República Dominicana, el crimen organizado representa el mayor conflicto que confrontan las autori-

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dades; y que, con sus actividades ligadas al narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, trastorna el proceso normal de la sociedad, en lo que respecta a sus metas de progreso y desarrollo”. A juicio del doctor Vinicio Castillo “ante la complejidad demostrada de obtener pruebas materiales y testimoniales en los delitos del crimen organizado, se requiere hacer una especie de ‘nicho legal’ a la prueba indiciaria, de modo que sea más amplio para que pueda tener eficacia y resultar más útil”.

Sostuvo que los jueces deben valorar, en su justa dimensión, las pruebas indiciarias, para que el combate del crimen organizado sea más efectivo, ya que en muchos casos los narcotraficantes, antes de ser detenidos, lanzan la droga al mar o simplemente la botan, lo que implica que el elemento de prueba desaparezca. “No es tan sencillo lograr una condena, durante un juicio, por lo que se deben tomar en cuenta todos los elementos”. Precisó que, en los casos de esta naturaleza, “es necesario demostrar que el detenido es un eslabón de la cadena del

NOTICIAS

nicho legal a prueba ganizado y el abruman al mundo crimen organizado que lleva droga a las calles, que al final mata a los jóvenes”.

mediante maniobras diversas conocidas como lavado de activos”.

Manifestó que, “en el negocio ilícito de la droga, hay muchos hechos conocidos que permiten intuir que el detenido está implicado en el crimen organizado; de ahí la importancia de que las pruebas indiciarias sean admitidas como válidas”.

Al hacer algunas reflexiones, Castillo, dijo que “en la actualidad, el ordenamiento jurídico penal organizado está confrontando una imposibilidad manifiesta y creciente, de llevar a cabo el juicio criminal de aquellos que incurran en la participación de la comercialización de la droga”.

Recomendó que el crimen organizado sea juzgado, mediante normas procesales especiales que hagan más efectiva la acción del Estado en estos casos, donde los indicios y presunciones tienen gran importancia; más aún, ante la ausencia de pruebas directas y sustentadas. “En el proceso penal, el eje fundamental de todas las operaciones es la prueba, por lo que su estudio es fascinante y complejo”, agregó. Al dictar la conferencia El crimen organizado en la República Dominicana, que se desarrolló dentro del marco del seminario internacional La prueba indiciaria en el crimen organizado, auspiciada por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), dijo que “el narcotráfico es un crimen con un alto grado de intelección y abstracción; que se origina en el cultivo de las plantas básicas; que pasa por el laboratorio, por el acarreo; y llega a los mercados de consumo, generando grandes riquezas que, de algún modo, tratan de alojarse en las esferas del comercio licito,

Precisó que el Código Procesal Penal es un exponente ‘distinguido’, de progreso jurídico, porque está alimentado, esencialmente, por el mantenimiento de las garantías que ofrecen a los derechos fundamentales del individuo cuya protección dimanan de la Constitución de la República, de los acuerdos internacionales, y de los fallos más importantes de

las cortes y tribunales del mundo. No obstante, entiende que el Código, aunque obedece a un diseño de clara vanguardia, está resultando insuficiente e infuncional para poder servir de plataforma al juzgamiento de los crímenes, constelados con la comercialización de la droga en todas sus fases.

SITUACIÓN COMPLEJA Lamentó que el crimen del narcotráfico, a pesar de ser el que más victimas produce o genera, a la hora del juzgamiento no tiene acusadores privados, dado que sus víctimas resultan ajenas e innominadas en el tiempo de averiguar los grados de participación de los imputados en cualquier operación de tráfico que haya podido ser traducida a la acción de la justicia. “El hecho es que no están presentes las victimas en una experiencia de juicio, entendiéndose que estas víctimas alcanzan unas dimensiones planetarias, y esto obliga a los estados y a que sus acusadores del área pública, alcancen una formación multidisciplinaria y recia, y que puedan contar con convicciones muy sensitivas y penetrantes, en cuanto a la gravedad de los hechos que estén para ser juzgados”, apuntó.

Marino Vinicio Castillo

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Esther Agelán Casasnovas

Jueza Casasnovas:

Aumento Narcotrá co un gran reto para el Estado dominicano a jueza Esther Agelán Casasnovas afirmó que, ante la realidad delictiva que vive el mundo, donde delitos como el narcotráfico y el lavado de activos proliferan, el derecho que regula la sociedad no puede aplicarse de forma automática o exegética.

Sostiene que se deben tomar en cuenta los valores justicia y equidad; la razonabilidad y la proporcionalidad como subprincipios de esta; esto es lo que convierte la justicia en justa, útil y racional. Sostuvo, además, que el aumento vertiginoso de este flagelo, constituye un gran reto para el Estado dominicano, que ha tenido que rediseñar su política criminal, en aras de su efectiva prevención, persecución y sanción. Al pronunciar una conferencia en el marco del Seminario In-

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ternacional sobre la Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado, Agelán Casasnovas estimó que estas ideas cobran mayor importancia, cuando se evalúa la aplicación del derecho en infracciones tan trascendentales como el narcotráfico y el lavado de activos ante el reconocimiento de que estos crímenes, desde el punto de vista de su repercusión, no solo afectan directamente el bien jurídico salud, parte esencial del resguardo al derecho a la vida, sino que lesionan enormemente la economía de los pueblos. Sostuvo que al sector Justicia como uno de los poderes del Estado, conformado por sus diferentes instituciones, y respetando la separación de funciones, le ha correspondido actualizarse dentro de su rol. No obstante, reconoció que, dentro de este proceso, el Ministerio Público ha llevado la mayor carga, ”pues ha tenido que

crear toda una estructura para enfrentar el crimen organizado en todas sus modalidades”. Como ejemplo de este diseño contra la criminalidad organizada se destaca: la creación de nuevos departamentos, como lo es la Unidad de Lavado de Activos, que realiza una extraordinaria labor en la persecución de este tipo penal, dijo. Por otra parte, Agelán Casasnovas manifestó que los organismos a cargo de la investigación han tenido que proveerse de las más avanzadas tecnologías para combatir este tipo de criminalidad. Observó que el Poder Judicial se ha encargado de la capacitación continua y actualizada de sus jueces penales, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, asumiendo con mucha capacidad una reforma procesal penal que constitucionaliza el proceso penal, en un momento histórico en el que es la misma sociedad, o una gran parte de ella, la que rechaza el garantismo procesal, y exige prisión preventiva indiscriminada y un rol menos activo de los jueces de garantía en el control de la acusación.

REFLEXIÓN La reflexión se enfoca, en este momento, en los modos en que el crimen organizado se manifiesta en una sociedad moderna, donde los medios tecnológicos permiten la ejecución de los crímenes de forma que puede ser calificada de sutil, indicó. Durante su exposición dejó claro que dependerá de una correcta recolección y preservación de los medios probatorios; del respeto a la cadena de custodia, y la más aceptada incorporación de los medios de prueba, a fin de convencer al juez de que situaciones, como uso de grandes cantidades de dinero sin vías bancarias, medios de vida y operaciones atípicas, hacen prueba de la culpabilidad de los encartados en tales ilícitos. La representante del Poder Judicial en-

tiende que, incorporada la prueba en el proceso, juega un rol estelar la figura del juzgador en su función de interpretación de estos hechos y la valoración de la prueba, utilizando la lógica, experiencia y conocimientos científicos y técnicos que le son aportados, análisis que deberá ser plasmado de forma racional en la correspondiente decisión. Es el juez quien debe aquilatarlas y otorgar su justo valor, de forma justificada, razonada y motivada en hecho y derecho, precisó. La Magistrada destacó que, sobre la base de los planteamientos realizados, el sistema procesal de corte acusatorio se presenta como valor agregado, sobre todo, tomando en cuenta la complejidad y diversidad en que se manifiestan estos ilícitos, los principios como instrumento de equidad y justeza en la interpretación de la norma procesal penal y valoración de pruebas. Volvemos, a partir de estas ideas, a la naturaleza de los crímenes bajo análisis pues, en la mayoría de los casos, no existen pruebas directas de los hechos; verbigracia, aquel testigo capaz de relatar lo captado a través de sus sentidos, tomando en consideración que complicidad, clandestinidad extrema y búsqueda de mecanismos sutiles es lo que, mayormente, caracteriza tanto a los autores intelectuales como materiales de estos hechos, precisó.

EVITAR IMPUNIDAD Agelán Casasnovas explicó que son los principios que rigen el actual sistema procesal los instrumentos base para evitar la impunidad. Entiende que el principal de ellos es el de libertad probatoria o no taxatividad, de las pruebas, consagrado en el Art. 170 del Código Procesal Penal, que establece […] Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados, mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa.

En otras palabras, el sistema procesal penal actual permite la utilización de cualquier medio de prueba para el establecimiento de los hechos, tomando en cuenta su pertinencia, relevancia, con la única limitante de que su obtención sea legal. Dijo que ante esta realidad, cobra fuerza la utilización de los medios de prueba, tanto directos como indirectos, en los casos de crimen organizado. Se destaca, en consecuencia, la utilización de la prueba indiciaria o circunstancial como prueba indirecta de los hechos, pero capaz de enervar el estado de inocencia de un encartado, como resultado de una adecuada incorporación y valoración a la luz de la sana crítica racional, afirmó. Sostuvo, además, que esta idea viene reforzada en que ha sido el propio legislador en materia de lavados de activos quien ha destacado la importancia de la prueba indiciaria en estos casos, al establecerla en el Artículo 4 de la Ley 72-02, que propone como ejemplos las actividades delictivas tipificadas en el artículo anterior, y los casos de incremento patrimonial derivados de actividades delictivas.

PRUEBA INDICIARIA La Magistrada precisó que la prueba indiciaria, por su naturaleza y características especiales, ha sido objeto de estudio de muchos juristas, como es el caso de Guillermo Brown, quien la define como “una circunstancia probada que permite llegar por vía racional al hecho a probar”. En tanto que Gustavo Vivas Ussher define indicios como “un hecho o circunstancia del cual se puede inferir la existencia de otro, mediante una operación lógica”. De la definición de estos autores se infiere que la complejidad de este tipo de prueba recae sobre la necesidad de realizar una operación lógica por vía de inferencia de circunstancia, agregó.

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COMISIONADO DE JUSTICIA Y LA CONAEJ AUSPICIAN DIÁLOGO MAGISTRAL

“Rol de la Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional”

General EN José Eugenio Matos de la Cruz

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Con el tema “Rol de la Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional”, el Comisionado de Justicia en apoyo a las iniciativas de la Unidad Anti-Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, inició el Primero de los Diálogos Magistrales que se realizaran durante este año 2010, en el marco en el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en todas sus manifestaciones.

La actividad celebrada en el auditórium de la Procuraduría General de la República, estuvo a cargo de destacados expositores, quienes presentaron a los participantes sus experiencias y estrategias en la lucha contra el flagelo de las drogas, corrupción, trata y tráfico de personas, lavado de activos, contrabando, sicariato y el crimen organizado. Destacaron, además, la importancia de las labores de inteligencia investigativa tanto pro-activa y reactiva, destinadas a anticipar los sucesos o hechos de carácter delictivo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Magistrado Procurador General de la República, Doctor Radhamés Jiménez Peña, quien presidió la Mesa Principal Entre los expositores se citan el General Miguel Ángel Cordero Mejía, E.N. (DEM) en representación del Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), mayor general Ramón Antonio Aquino García, E.N. ; el director del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general José Eugenio Matos De la Cruz, E.N.; el director del Servicio de Inteligencia Naval (M2), contraalmirante Gustavo Betánces Hernández y el General Juan Manuel Fructuoso Heredia, director de la Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional.

diversas estructuras criminales. “El flagelo del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo en sus diferentes vertientes, son uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, que han venido transformándose en la misma medida en que hemos ido evolucionando como sociedad, por lo que es esencial el establecimiento de mecanismos adecuados para contrarrestar su evolución”, sostuvo Vásquez Sámuel. Agregó que tal como dijo el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, en su discurso de Rendición de Cuentas, en la Reunión Conjunta de ambas Cámaras “es necesario procesar con nuevos mecanismos de investigación el elemento que mayor preocupación suscita, en estos momentos, en los

distintos estratos de la sociedad dominicana: el tráfico ilícito de drogas, la violencia y el crimen organizado. El evento contó, además, con la participación de Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador Adjunto de la Corte de Apelación, adscrito a la Unidad Anti-Lavado de Activos; Beatriz Arenas, Consultora del Departamento de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana; Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); el general Lidio Manzueta Muñoz, FAD; Heiromy Castro, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , coronel Arnaldo Sánchez Brugal, E.N. (MDE), oficial de cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana, entre otras personalidades.

Con esta actividad, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia procura fortalecer las acciones de política criminal desarrollada por el Estado dominicano encaminada a frenar las diversas manifestaciones del crimen organizado. El Comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, en sus palabras de apertura dijo que gracias a las múltiples y oportunas labores de inteligencia, desarrolladas por las agencias anticrimen, en el país se han logrado desarticular General EN Miguel Angel Cordero Mejía.

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ENFRENTAR

CRIMEN ORGANIZADO ES PRIORIDAD PARA EL

GOBIERNO DOMINICANO Rutas que utiliza el narcotrá co.

ASHINGTON, Estados Unidos.-El gobierno dominicano presentó ante los Estados Unidos un informe detallado de las acciones y la gran inversión que ha realizado el presidente Leonel Fernández en los últimos años para contrarrestar y prevenir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos y demás delitos conexos.

El informe fue presentado por la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, doctora Mabel Féliz Báez, en el marco de la reunión “Alto Nivel Alianza Cooperación, en Materia de Seguridad CaribeEstados Unidos”, celebrada en esta ciudad. Féliz Báez resaltó que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, en procura de enfrentar los nuevos retos y amenazas que gravitan sobre la República Dominicana y la Región del Caribe, como el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el tráfico de personas, el lavado de activos, el desvío y tráfico de químicos y precursores y la inseguridad fronteriza, entre otros, ha implementado planes estratégicos y operacionales para contrarrestar y reducir a su mínima expresión dichas amenazas.

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Precisó que esos planes estratégicos y operacionales los ha hecho el Gobierno dominicano, en el entendido de que los esfuerzos del Caribe deben tender hacia un proceso de integración y de responsabilidad compartida, siendo estos principios esenciales para lograr la estabilidad en la región. Informó que República Dominicana cuenta con una plataforma tecnológica que permite el intercambio de infor-

maciones (señal radar, comunicaciones, imágenes), en tiempo real, con todos los países del área del Caribe, Centro, Sur y Norteamérica. Féliz Báez declaró, además, que se contempla la implementación de sistemas de vigilancia y seguridad en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, acompañados de los elementos operativos de implementación, tales como aviones, radares militares 3D, centro de mando,

“...el Gobierno Dominicano ha dado pasos signi cativos en la lucha contra el lavado de activos y el nanciamiento al terrorismo, con el liderazgo del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos”. control y comunicaciones, lanchas rápidas, equipamiento logístico del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza terrestre (CESFRONT) y vigilancia electrónica, junto al fortalecimiento de la red dorsal de comunicaciones, entre otros.

Mabel Féliz Báez, presidenta del Consejo Nacional de Drogas al momento de presentar el informe en nombre del Gobierno dominicano.

Dijo que existen cálculos estimados de que por la Región del Caribe circula entre el 16-20% de la droga proveniente de Suramérica con destino a Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, lo que evidencia la necesidad de establecer controles aéreos y marítimos que

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hagan más efectivas las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, precursores químicos, personas, armas ligeras y municiones, entre otras, por lo que la Iniciativa de Cooperación en Seguridad Caribe-Estados Unidos resultará en una respuesta acertada y confiable. Subrayó que el Gobierno del presidente Leonel Fernández ha realizado una significativa inversión para prevenir y enfrentar esas amenazas y cooperar con las demás naciones del Caribe en estos propósitos, con la compra de los Aviones Súper Tucano y su respectivo paquete logístico, US$93MM, en la compra y puesta en marcha de radares militares aéreos y centro de mando, control y comunicaciones US$34MM y equipamiento del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) €$9.4MM. Dijo que otros proyectos, como radares marítimos y vigilancia electrónica de frontera, están en fase de licitación y espera de fondos. Manifestó que República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ha reforzado la relación interinstitucional con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, otros ministerios y agencias, la Policía Nacional, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la prevención y persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Dijo que en ese tenor se han suscrito varios convenios regionales (bilaterales y multinacionales) y que otros se encuentran pendientes de suscripción, cuyo objetivo es el intercambio de información de inteligencia, acciones coordinadas e investigaciones conjuntas en contra del narcotráfico y el crimen transnacional organizado.

dad CARIBE-EE.UU que aquí tratamos, los postulados de su documento, marco de trabajo y los programas que el Gobierno de la República Dominicana ha venido desarrollando bajo la implementación de una política, que crea el Sistema Integrado de Seguridad de Fronteras e Integración Regional, no cabe dudas de la urgente y apremiante necesidad que existe de poner en marcha cuanto antes las iniciativas de solución, basadas en elementos vinculantes, comunes a nuestras naciones”, precisó Feliz Báez, al exponer en el encuentro.

“Esto ha venido a ser particularmente sensible, dado el preocupante incremento de la actividad del crimen organizado en esa zona que constituye una innegable frontera virtual de los Estados Unidos de Norteamérica” Dijo que el establecimiento de un Centro de Coordinación Regional AéreoMarítimo en el Caribe, la movilización de recursos, así como la identificación de prioridades estratégicas postuladas en el documento marco de trabajo sobre esta alianza, son, a su modo de ver, los tres aspectos básicos o punto de partida para el desarrollo de operaciones y pro-

cedimientos conjuntos efectivos entre los países participantes en el encuentro. Declaró que aunque son amplios los esfuerzos realizados en este orden, es fundamental la asistencia y cooperación internacional para que se pueda lograr una respuesta aceptable en el control y reducción de estas actividades criminales y evitar las consecuencias negativas que genera el consumo de drogas en nuestras poblaciones. Manifestó que el accionar de la República Dominicana se limita por la desactualización de sus equipos electrónicos de interceptación, equipos de comunicación y plataforma informática, hardware y software para el análisis de inteligencia, igualmente por la falta de medios de transporte terrestres, visores nocturnos (NVG), scanners para contenedores, equipajes y personas. Dijo que esas limitaciones se complementan con la falta de aeronaves y embarcaciones de interdicción con capacidad de llevar a cabo operaciones antidrogas nocturnas, agudizadas por el retiro, de manera unilateral, del apoyo aéreo y naval que ofrecían las unidades del CBP de Puerto Rico. “Esto ha venido a ser particularmente sensible, dado el preocupante incremento de la actividad del crimen organizado en esa zona que constituye una innegable frontera virtual de los Estados Unidos de Norteamérica”, observó.

Observó que, pese a los esfuerzos desplegados, el país, sigue confrontando el gravísimo riesgo de las trazas ilícitas de drogas, lo que implica la posibilidad de graves daños a la región. “En la Declaración de Principios de la Alianza de Cooperación sobre Seguri-

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Mabel Féliz Báez, presidenta del CND, Marino Vinicio Castillo, asesor del Gobierno en materia de Drogas, participan en la actividad junto la comitiva dominicana.

El crimen organizado afecta el crecimiento económico del país SUPERA CON CRECES EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE REPÚBLICA DOMINICANA El Comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, planteó la necesidad de fomentar acciones que permitan diseñar nuevas formas de control y sanción contra los delitos del crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, sicariato y el terrorismo. Destacó que el crimen organizado es un fenómeno sumamente sofisticado, que maneja millones de dólares en inversión, con estructuras muy complejas, de ramificaciones fuertes, consideradas industrias del crimen, que para combatirlas se debe de contar con mecanismos de cooperación agiles, eficientes y costosos, bajo el entendido de que la criminalidad organizada no respeta fronteras. Sostuvo que, a pesar de que faltan metas que alcanzar, no es menos cierto que en la República Dominicana muchos han sido los avances logrados, gracias a un sistema jurídico garante de los derechos fundamentales, que contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Dijo que la criminalidad organizada genera detrimentos en la calidad de vida de la sociedad en general, como pérdidas cuantiosas en cuanto al crecimiento económico de un país, pues afecta su producto interno bruto, debilitando directamente el turismo, la inversión en los presupuesto de salud, educación y el nivel de productividad De acuerdo a Vásquez Sámuel, otra vía de la cual la criminalidad implica costos socioeconómicos es en sus efectos so-

Lino Vásquez Sámuel responde pregunta a periodistas al término del seminario La Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado.

bre las inversiones y los negocios, que pueden ser particularmente altos para el desarrollo económico, a partir de la necesidad de desviar importantes recursos hacia medidas reactivas que combatan los delitos, desincentivando la inversión a gran escala. “Es necesario impulsar temáticas contra el crimen organizado, en procura de promover políticas públicas dirigidas a prevenir, investigar, perseguir y sancionar las estructuras del narcotráfico y la criminalidad organizada”, observó el funcionario de justicia. Sostuvo que en los actuales momentos la criminalidad y la violencia deben ser enfrentadas como flagelos que atentan

la estabilidad e impiden el desarrollo económico y social de los pueblos, difíciles de combatir sólo a través de medidas preventivas, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de sistemas de persecución. Los planteamientos de Vásquez Sámuel fueron dados a conocer al inicio del seminario internacional La Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado, denominado así, en el entendido de que se tiene la seguridad de que mediante la correcta aplicación de la misma se puede controlar la criminalidad en una sociedad democrática y aún más, se puede apostar desde una observación empírica y crítica a la eficacia de los sistemas de justicia.

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Celebra Foro Internacional

Países del área se unen en lucha contra el lavado de activos y el narcotrá co Nos sentimos honrados de que esta reunión de la GAFI tenga lugar aquí en nuestro país, porque sabemos que con la experiencia de nuestros países vecinos, unida a la nuestra, en materia del combate al crimen de lavado de activos, realizaremos debates provechosos para poder dar respuestas contundentes a este agelo”

El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque

El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, afirmó que el gobierno realiza grandes esfuerzos para enfrentar el lavado de activos y el narcotráfico en el país; para lo cual se ha esforzado en la adquisición de equipos y capacitación de los organismos encargados de combatir y prevenir el crimen organizado. El vicepresidente Alburquerque hizo la afirmación durante la apertura de la Reunión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI), celebrada en el país con el objetivo de combatir el crimen del lavado de activos, proveniente de acciones ilícitas. Aprovechó la apertura del foro internacional para llamar la atención de los delegados de más 30 países del Caribe y Centroamérica que asisten a la Plenaria del GAFI, a poner especial atención en la

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crisis financiera mundial que afectó a todos los países del globo, recientemente, tras afirmar que en ella se incubaron muchos de los casos de lavado de activos que hoy nos afectan.

contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de activos. Lo integran, además, Antigua, Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Islas Vírge-

“Nos sentimos honrados de que esta reunión de la GAFI tenga lugar aquí en nuestro país, porque sabemos que con la experiencia de nuestros países vecinos, unida a la nuestra, en materia del combate al crimen de lavado de activos, realizaremos debates provechosos para poder dar respuestas contundentes a este flagelo”, afirmó.

nes Británicas, islas Caimán, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, entre otros. En la actividad estuvieron también, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el ase-

El GAFI es una organización que fue creada en 1989 por el Grupo de los 7 países más industrializados del mundo (G-7), integrada por 35 estados de la Cuenca del Caribe y del mundo, entre los que está República Dominicana, y que han acordado poner en práctica

sor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, doctor Marino Vinicio Castillo; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas, entre otros.

Procurador Anti-lavado expone sobre lucha contra el crimen organizado MIRANDA VILLALONA DICTA CONFERENCIA EN STAND DEL COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Germán Miranda Villalona se dirige a los asistentes al stand del CARMJ.

Con el tema Rol de la Procuraduría General de la República en la lucha contra la criminalidad organizada, Germán Miranda Villalona, procurador adjunto de la Corte de Apelación, adscrito a la Unidad Anti-Lavado de Activos del Distrito Nacional, dictó una conferencia en el stand del Comisionado de Apoyo a Reforma y Modernización de la Justicia, como parte del programa de actividades que la institución desarrolló en la XIII Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010. En su comparecencia, Villalona presentó las experiencias y estrategias estatales en la lucha contra el flagelo de las drogas, corrupción, trata y tráfico de personas, lavado de activos, contrabando, sicariato y el crimen organizado.

Además, la importancia de las labores de inteligencia investigativa tanto proactiva y reactiva, destinadas a anticipar los sucesos o hechos de carácter delictivo. El jurista dijo que el flagelo del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo en sus diferentes vertientes, son uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, que han venido transformándose en la misma medida en que hemos ido evolucionando como sociedad, por lo que es esencial el establecimiento de mecanismos adecuados para contrarrestar su evolución. Dijo que, gracias a las múltiples y oportunas labores de inteligencia, desarrolladas

por las agencias anticrimen, en el país se han logrado desarticular diversas estructuras criminales. La iniciativa del CARMJ de desarrollar estos programas especializados se enmarca en las jornadas por el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones que viene desarrollando con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ). Con estas actividades, tanto el CARMJ y la CONAEJ procuran fortalecer las acciones de política criminal desarrolladas por el Estado dominicano, encaminadas a frenar las diversas manifestaciones del crimen organizado.

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Crimen Organizado: ASPECTOS PROCESALES El narcotráﬁco y el lavado de dinero son las principales amenazas a la estabilidad de nuestras instituciones y a la seguridad ciudadana. a República Dominicana ha sido sacudida en el último año y medio por las dimensiones que han adquirido el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero proveniente de esa criminal actividad. Como actividades transnacionales, ya no se está en presencia de delitos individuales o de pequeños grupos, sino de “negocios” o “empresas” de grupos jerárquicamente organizados.

RICARDO ROJAS LEÓN ricardorojasleon@hotmail.com

Asesor Ejecutivo de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana

Varios casos, de los más sonados, han puesto de relieve no sólo cuánto ha permeado el narcotráfico a los distintos sectores y estamentos del país, en especial a las agencias de persecución y a las Fuerzas Armadas, sino también la facilidad con la cual muchos de sus implicados recurren a la comisión de asesinatos y atentados contra la vida. Desde el punto de vista de la política criminal, el narcotráfico, la más abominable expresión del crimen organizado, plantea muchos desafíos al Estado dominicano, uno de los cuales consiste en preguntarnos hasta dónde la normativa procesal penal vigente en el país resulta adecuado para enfrentar esas poderosas actividades delictivas. Lo primero que debemos indicar es que el presidente Leonel Fernández le ha declarado una guerra sin cuartel al tráfico de estupefacientes y a sus delitos conexos. Y que el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, creó el Departamento de Narcotráfico y Crímenes Complejos, al frente del cual se encuentra el licenciado Frank Soto, un honrado, experimentado y eficiente Procurador General

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Adjunto; con lo cual, desde el punto de vista político, el Gobierno dominicano ha dado claras señales de su compromiso y decisión de combatir esos flagelos. Pero, ¿permite el Código Procesal Penal combatir el narcotráfico con la eficacia que el país requiere y la población reclama? Y, ¿Está nuestra normativa procesal a la altura de las legislaciones de otras naciones que sufren los embates del narcotráfico?

La parte más molesta de todo esto, es: Que los responsables, casi nunca son llamados para que respondan por sus acciones. Las perspectivas al interior de los países, son in uenciadas por sus culturas. A nuestro modo de ver, el CPP contiene disposiciones que permiten a las autoridades persecutoras y al Ministerio Público, disponer de plazos y prerrogativas que, adecuadamente utilizados, pueden hacer mucho más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

Específicamente, el CPP ha establecido lo que se denomina “Procedimiento para Asuntos Complejos”, el cual está contemplado entre los artículos que van del 369 al 373 del Código. El art. 369 del Código ha establecido los criterios de procedencia para declarar la complejidad de un caso penal. Esos criterios son la existencia de pluralidad de hechos delictivos, el elevado número de imputados o víctimas, o simplemente, que se trate de un caso de delincuencia organizada. Esa declaración debe ser solicitada por el titular del Ministerio Público del Juzgado de Primera Instancia de que se trate, y formularse antes de cualquier requerimiento conclusivo, es decir antes de que se solicite la apertura a juicio, un procedimiento penal abreviado o una suspensión condicional del procedimiento. El procedimiento para asuntos complejos -que debe ser autorizado por resolución motivada por el Juez de la Instrucción, y es apelable-, tiene un efecto importante en materia de plazos, pues amplia a cuatro años la duración del proceso, se extiende a un máximo de año y medio la prisión preventiva, ampliándose, del mismo modo, todos los plazos aplicables al procedimiento preparatorio. Otros plazos impactados por la declaración de complejidad de un caso de crimen organizado son los relativos a los de presentación de los recursos, que se duplican. Del mismo modo, se incrementan los plazos concedidos a los jueces para la motivación de sus sentencias. Ahora bien, una herramienta o prerro-

gativa importante que el procedimiento para asuntos complejos ofrece al Ministerio Público, es la posibilidad de solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad a favor de un imputado en un caso de crimen organizado. Esa modalidad de criterio de oportunidad implica la posibilidad de prescindir de la persecución penal siempre que el Ministerio Público reciba una “colaboración eficaz”, reciba “información esencial” para evitar la consumación de un hecho o que se concreten otros delitos conexos, o se reciba información que facilite probar la participación de otros imputados. Claro, el CPP establece como condición para aplicar un criterio de oportunidad en

esos supuestos, es que el delito de cuya persecución se prescinde resulte “considerablemente más leve” (sic), que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita. Dentro del procedimiento para asuntos complejos existen también otros dos institutos que sirven para la lucha contra la criminalidad organizada. Nos referimos a la posibilidad de que el Juez de Instrucción, en casos de pluralidad de victimas o de numerosos testigos, se autorice al Ministerio Público a realizar los interrogatorios, y del mismo modo, que se autorice, por un plazo de hasta seis meses, la reserva de la identidad de algunos investigadores. Otra ventaja de este tipo de procedimiento, es que el Procurador General de la República pueda contratar uno o dos abogados para que actúen como acusadores adjuntos. Como se ve, nuestra normativa procesal penal contiene previsiones que permiten al Ministerio Público dirigir las investigaciones contra la delincuencia organizada con mayores niveles de eficiencia.

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El Crimen Organizado Y SUS VÍCTIMAS

El crimen organizado puede tener varias incidencias en el ámbito social, económico y político de un determinado Estado por lo que todos eventualmente podríamos convertirnos en víctimas. n estos días observamos las situaciones de violencia ocasionadas en la isla de Jamaica producto de la solicitud de extradición del narcotraficante Christopher Dudu Coke a los Estados Unidos de Norteamérica en el que se enfrentaron fuerzas del orden y miembros de bandas delictivas organizadas. En este país los actos violentos cobraron la vida de más de 39 ciudadanos, la mayoría no tenía vínculo con el crimen organizado sin que fueran moradores del vecindario en el que operaba la organización de Coke. Sin embargo, dicha situación no es nueva en el crimen organizado, sino, que es una reedición de la lucha que libró Pablo Escobar en Colombia con el gobierno de Gaviria, en el cual murieron centenares de personas inocentes, convirtiéndose ellas y sus familias, en víctimas directas de las secuelas del crimen organizado.

MIGUEL VALERIO miguelvalerio20@gmail.com

Consultor del Proyecto de Victimología del Comisionado de Justicia

La presente reflexión trata sobre las secuelas del crimen organizado en la población, que es víctima en su totalidad, y las políticas públicas necesarias para evitar las mismas. Principalmente, al tener la opinión de que el crimen organizado tiene su sustento principal en estructuras mafiosas que operan desde instituciones de los Estados que permiten su expansión y que posteriormente hacen incontrolables sus actuaciones convirtiéndose toda la población en víctimas eventuales del mismo. Iniciemos por definir grupo delictivo organizado. El artículo 2, literal a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre del año 2000, mediante Resolución A/RES/55/25, conocida popularmente como Convención de Palermo, establece que: “Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas

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que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados, con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Adicionalmente, el literal b) del mismo artículo establece que: “Por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o una pena más grave. Debemos resaltar, pese a no ser el objeto del presente análisis, que esta definición sobre delito grave la compartimos parcialmente por considerarla muy amplia y poderse cometer arbitrariedades en su aplicación. Una vez definida la delincuencia organizada es importante verificar que las víctimas de dichas actividades delictivas podemos ser todos, por tanto, estaríamos hablando de víctimas eventuales o potenciales. El crimen organizado puede tener varias incidencias en el ámbito social, económico y político de un determinado estado por lo que todos eventualmente podríamos convertirnos en víctimas. En el ámbito social uno de los puntos importantes a resaltar son las inversiones realizadas por narcotraficantes y lavadores de activos en comunidades o grupos poblacionales determinados de escasos recursos. En el caso de Dudu y Escobar eran famosas y conocidas por las autoridades sus aportaciones a la comunidad y aceptadas como normales su participación en la solución de problemas sociales. Esto distorsiona la escala de valores de la sociedad y crea una percepción de aceptación social de la forma de vida y participación de dichos delincuentes. Provocando daños irreparables a la sociedad y haciendo inclusive que jóvenes menores de edad se in-

serten en las pandillas como una forma de ganarse la vida, son emblemáticas en la región la participación de menores en las maras. Ello hace aumentar los índices de delincuencia y crear una sensación de inseguridad, convirtiéndonos en víctimas potenciales de actuaciones delictivas. En segundo lugar, en el aspecto económico la inserción de dinero ilícito en el circuito económico, la alteración del funcionamiento del sistema financiero hace provocar desbalances en la economía que pueden terminar en inflación y devaluaciones sucesivas de las monedas afectando a víctimas en masa. Ello se pudo comprobar en los casos de fraudes bancarios del año 2003. En los cuales todos fuimos víctimas directas de las secuelas de los delitos, convirtiendo en pobres de la noche a la mañana a millares de personas fruto de la inflación y devaluación desmedida de la moneda por las actividades delictivas comprobadas por el órgano judicial. Otro punto importante de la delincuencia organizada y sus efectos es la producida en el sistema político, principalmente, instituciones y representantes ante los poderes del Estado. En este aspecto podemos observar la participación de agentes activos de los cuerpos del orden en el Narcotráfico y lavado de activos como ocurrió presuntamente en los casos Figueroa Agosto y Paya. Así también la financiación de campañas políticas. Este efecto es el más pernicioso de la delincuencia organizada pues en un Estado corrupto la credibilidad en el sistema político decrece y la percepción de inseguridad se incrementa por entrar en descrédito las personas llamadas a representarnos en los distintos poderes del Estado y los miembros de la fuerza del orden que ejercen la política criminal. Ante tal situación se pueden producir en un futuro la conversión de las víctimas (sociedad general) en cómplices de la delincuencia organizada, al ocultarlos

y protegerlos contra la persecución estatal por los programas de asistencia social patrocinados por narcotraficantes y derivarse en enfrentamientos con los cuerpos del orden convirtiéndose en conflictos de índole político. Al empoderarse los delincuentes y entender que el aparato estatal se encuentra comprometido en sus actividades delincuenciales retando el aparato coercitivo constantemente y provocando estallidos sociales ante eventuales persecuciones como sucedió en Jamaica, provocando víctimas inocentes que no tenían ningún punto de conexión con bandas organizadas.

“...En un Estado corrupto la credibilidad en el sistema político decrece y la percepción de inseguridad se incrementa por entrar en descrédito las personas llamadas a representarnos en los distintos poderes del Estado...” Estas secuelas del crimen organizado en el ámbito social, económico y político nos hacen concluir, prima facie, que todos somos víctimas de dicha delincuencia en la que también participan políticos y militares. Ello puede derivar en consecuencias desastrosas para la estabilidad nacional. Adicionalmente, otro de los efectos de esta clase de víctimas es el aislamiento social, la confusión entre víctimas no inocentes, e inocentes como ocurrió en el caso de la panadería La Francesa, en donde un sereno y un mensajero también fueron heridos. Como bien afirma el profesor Antonio García-Pablos De Molina en su Tratado

de Criminología, página 150, al referirse a las víctimas de terrorismo, que también dicho delito se considera criminalidad organizada: “La víctima padece igualmente el aislamiento social (los medios de comunicación sólo se acuerdan de la víctima cuando es noticia) e incluso el impacto humillante de un lenguaje tergiversado o manipulador que, con poca sensatez, distingue entre víctimas inocentes (crímenes no discriminatorios) y no inocentes (crímenes selectivos). La situación descrita se hace extensible, además, a los familiares y allegados de las víctimas, y a los de las víctimas potenciales (Síndrome del Norte).” En fin, urge en el Estado dominicano la concretización de una política criminal que cumpla con el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional que transcribimos a modo de conclusión: 1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 2. Cada Estado parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución. 3. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menoscabe los derechos de defensa. Ello podría evitar estallidos sociales ante un auge desmedido de la criminalidad organizada, de la cual como establecimos en el presente artículo, todos podemos ser eventualmente víctimas.

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DELINCUENCIA TRANSNACIONAL:

Abordaje para combatirla Un aspecto importantísimo para atacar la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías. asi todos los autores sostienen que la persecución contra la delincuencia transnacional supone un abordaje estratégico que desborda las capacidades ordinarias de las institucionales del sistema penal. Esto significa que, en cierta medida, las armas con que suelen contar las agencias de policía y el Ministerio Público son inoperantes frente a fenómenos criminales con conexiones transnacionales.

SERVIO TULIO CASTAÑOS castaños@ njus.org.do

Vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

El crimen transnacional es organizado, porque opera en estructuras que tienen actores y roles diferenciados; tienden a ser difusos, porque no afectan a grandes colectivos; requieren de planificación, estrategias y organización que sólo pueden realizar personas con entrenamiento social sofisticado, y suelen causar enormes daños financieros y materiales que superan, con creces, los de crímenes comunes. Muchos son una modalidad de crímenes de “cuello blanco”, y otros no necesariamente responden a un ánimo de lucro, como ocurre con el terrorismo. Un elemento que los hace aún más peligrosos es que sus estructuras criminales suelen infiltrar las agencias de seguridad de los estados soberanos, para costearse protección e impunidad. El crimen trasnacional opera en la forma de un mercado ilícito, paralelo al mercado legal de las economías capitalistas. Esto significa que, en la misma medida que el capital económico se abre espacio en la sociedad global, en esa misma medida, pero en sentido diametralmente opuesto, el crimen transnacional se globaliza. Esto significa que así como los estados suelen aunar esfuerzos para aprovechar las ventajas

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de la sociedad globalizada (en la forma de los acuerdos de libre comercio), se impone abordar, con sentido verdaderamente global, el crimen transnacional como presupone la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Eso pone de relieve la importancia de la cooperación judicial y la persecución penal estratégica. La cooperación judicial internacional es uno de los mecanismos más eficaces para atacar las dimensiones globales del crimen transnacional, al permitir a los estados aunar esfuerzos y compartir información relevante en el curso de los procesos. Esa in-

El crimen trasnacional opera en la forma de un mercado ilícito, paralelo al mercado legal de las economías capitalistas. Esto signi ca que, en la misma medida que el capital económico se abre espacio en la sociedad global, en esa misma medida, pero en sentido diametralmente opuesto, el crimen transnacional se globaliza.

formación es determinante para poder desmontar las estructuras criminales y desarticular las conexiones locales que tiene el crimen organizado. La persecución penal estratégica supone asumir los crímenes transnacionales como mercados y, por tanto, permite atacar las estructuras porque abandona la lógica de los casos particulares. La persecución penal estratégica es una herramienta poderosa para desarticular mercados criminales, y utiliza un fuerte componente de inteligencia criminal que es completado con información suministrada por la cooperación judicial internacional. Un aspecto importantísimo para atacar la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías. Mientras la delincuencia siga mejor equipada que los investigadores, es muy poco lo que lograremos avanzar para desmontar las estructuras criminales. Esto significa que el Estado debe priorizar la entrega de recursos suficientes para el funcionamiento de las agencias encargadas de perseguir el crimen. Eso implica también dotarse de un personal técnico capacitado y bien remunerado, para que no pueda ser fácilmente seducido por las redes criminales. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Estado debe aplicar todo el peso de la ley contra la delincuencia transnacional, caiga quien caiga. De ahí que suponga desmantelar las conexiones locales que tienen múltiples organizaciones criminales y someter a la justicia a sus represen-

tantes. Pero también actuar contra las estructuras de protección que operan desde las agencias de seguridad y policía, con fuerte apoyo político. Si no se desmontan las estructuras criminales, de nada servirá actuar contra personas individuales. A diferencia de un juego de ajedrez donde todo culmina con la “muerte del rey”, en la delincuencia transnacional es muy difícil propinar un “jaque mate” sin destruir la estructura, porque si uno mata al rey, suele ocurrir que aparezcan otros miembros de la red que se hacen cargo del reino. Pero, a pesar de los peligros que supone la delincuencia transnacional, desde FINJUS cuestionamos que para su persecución los estados soberanos terminen renegando de los principios del Estado de Derecho. La lucha contra la delincuencia transnacional, sustentada en construcciones políticocriminales de “tolerancia cero” o “mano dura”, oculta un verdadero sesgo populista tras la terminología bélica. Se trata, sin duda,

de una verdadera política demagógica que no conoce límites, no sólo legales y racionales, sino hasta materiales y físicos, y por eso desborda las capacidades de las agencias del sistema penal, mediante una legislación inflada y fraccionariamente difuminada en innumerables instrumentos legales, mediatizando la técnica de la codificación, legislación que, por su total imposibilidad de cumplimiento efectivo, asume fines meramente simbólicos; concomitantemente, en el procedimiento se instala una ideología de emergencia permanente, que habilita reglas de actuación mucho menos rigurosas en detrimento del debido proceso, y se termina en una dicotomía de trato entre ciudadanos y enemigos. No es admisible la lógica de la guerra para combatir el crimen. No es admisible la tesis del profesor Günter Jakobs que degrada a los delincuentes en enemigos y legitima el uso de la coacción directa, para neutralizarlos a espaldas de los procedimientos penales propios de un Estado de Derecho. Entendemos que lo importante es ir abonando en el camino de prevenir y sancionar adecuadamente los casos vinculados al crimen organizado que tanto atormentan y preocupan a la sociedad dominicana en la actualidad, sin abandonar los principios de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Parafraseando a Lord Hofman, uno de los miembros de la Cámara de Lores de Inglaterra, que vetó en el 2001, la Ley Antiterrorista, sometida por el entonces primer ministro Tony Blair: […] la verdadera amenaza para la vida de la Nación y el sentido de la gente que vive con sus leyes fundamentales y valores políticos, no viene del terrorismo o, en el caso que nos ocupa, del crimen organizado, sino de leyes o decisiones políticas que pretendan desmontar el Estado de Derecho, para supuestamente garantizar la seguridad pública.

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Extraordinario apoyo brindado por

MÁS DE CINCO M

STAND DEL CO

on motivo de la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia obsequió más de siete mil ejemplares de diversas obras y de la nueva Constitución a las personas que visitaron su stand y publicaron dos interesantes obras La Cadena de Custodia como Garantía de Legalidad Probatoria en el Código Procesal Penal de la RD y la Exclusión Probatoria de las Actas en el Proceso Penal Dominicano, de la autoría de José Miguel Minier Almonte y Yaskara Vargas Flores, respectivamente.

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asistentes a XIII Feria del Libro

IL VISITARON

MISIONADO

Los constitucionalistas Rafael Luciano Pichardo, José Nassef Perdomo, Gregorio Montero, Cristóbal Rodríguez y Josué Fíallo, tuvieron a su cargo exponer sobre temas de interés, relacionados con el Derecho Constitucional y el Tribunal Constitucional, creado por la nueva Carta Magna. Destacándose también, María Hernández, Aracelis Peralta, Gregorio Marte, Beatriz Arenas, German Daniel Miranda Villalona, Alba de Moya, Francisco Pérez Lora y Francisco Antonio Peña, entre otros, quienes expusieron con un extraordinario apoyo por parte de los visitantes y participantes a las diferentes charlas, conferencias y conversatorios programados para el evento cultural. Las actividades se iniciaron con la inauguración del stand del CARMJ, que funcionó de manera conjunta con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), y simultáneamente con las demás actividades coordinadas para la festividad del libro. Con los temas Nuevas Normativas Constitucional; Los Derechos del Consumidor en la nueva Constitución; La lucha de la Criminalidad Organizada; Hacia un Derecho de Familia y de Infancia Constitucionalizada; Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano; Derecho Constitucional, Familia y Derechos Humanos, el comisionado de Justicia garantizó que la agenda pautada fuera evento jurídico-cultural destinado a fortalecer los conocimientos de todos los actores del sistema judicial nacional, apoyados en el marco de la proclamación de la nueva Constitución de la República Dominicana.

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Niños asistentes al stand del Comisionado de Justicia en la Feria del Libro 2010

Profesionales del derecho se documentan durante sus visitas al stand del CARMJ

Niños participan del programa de actividades del CARMJ

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Siguiendo con su programación se desarrollaron actividades relativas a la niñez, adolescencia y familia, tales como conversatorios, charlas, tertulias y debates que versaron sobre: Los derechos, deberes y buen trato a NNA; Violencia en los/as adolescentes: Mitos y Realidades; La justicia penal juvenil; ¿Urge la modificación del Código del Menor? o hay que buscar otras alternativas; El rol de la familia, sociedad, Estado en el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana; Los derechos de los NNA y la Familia en el marco de la nueva Constitución, a cargo de jueces, Ministerio Público y Defensores Públicos de NNA, abogados/ as, psicólogos/as, sociólogos/as y representantes de Ongs de NNA. En ésta décima tercera edición de la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010, la estructura del stand estuvo dedicada a la Reforma Constitucional de la República Dominicana, lo que motivo un gran flujo de visitantes en procura de la nueva Constitución.

Visitas Visitas Visitas PERSONALIDADES EN STAND DE LA FERIA DEL LIBRO

El magistrado procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña y el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel.

El ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, la encargada de RR.HH. del CARMJ, Jessica Fernández y Edgar Martínez, encargado de plani cación.

Wilson Gómez, vicepresidente del Instituto Duartiano, recibe de manos de Domingo D’Oleo publicaciones del CARMJ.

Gabriel Read, rector de la Universidad Interamericana, recibe de Susana Blas la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria.

El director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera y la presentadora de TV, Laura Castellanos, visitan el stand del Comisionado de Justicia.

Miguel Angel Prestol, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad O&M recibe de Roberto Eugenio, publicaciones del CARMJ.

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Ponen en circulación: La Exclusión Probatoria de las Actas en el Proceso Penal Dominicano El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) puso en circulación el libro La exclusión probatoria de las actas en el proceso penal dominicano, de la auto-

ría de la licenciada Yáskara Vargas Flores. La actividad, desarrollada en el Museo de Historia Natural, de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, formó parte de la agenda llevada a cabo por el CARMJ, en coordinación con la Comisión Nacional de Ejecución

de l a Reforma Pr o cesal Penal (CONAEJ), en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010. El comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, expresó que con este tipo de iniciativas se apoyan las

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propuestas normativas, fortaleciendo la divulgación de la doctrina jurídica de autores dominicanos. Vásquez Sámuel resaltó que tanto el CARMJ como la CONAEJ son instituciones comprometidas con el fortalecimiento y la divulgación de la doctrina jurídica, por lo que pone a disposición de la comunidad jurídica, en particular, y la sociedad, en general, esta obra de novedoso contenido. “Es una obra en la que los lectores y estudiosos del derecho podrán encontrar los principios que regulan el régimen probatorio en el proceso penal; formalidades en el régimen probatorio; las formas procesales; actividad procesal defectuosa; prueba documental; requisitos de admisibilidad; las actas y el principio de oralidad, entre otros conceptos y herramientas elementales para la litigación estratégica en materia penal”, afirmó Vásquez Sámuel. La Mesa de Honor estuvo compuesta, además de la licenciada Vargas Flores y el comisionado de Justicia, por el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, de San Francisco de Macorís, y prologuista de la obra; y el licenciado Julio Miguel Castaños Guzmán, director del departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

CARMJ puso en circulacion libro La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, dentro de su programa de actividades en la FIL, puso en circulación la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria, de la autoría del licenciado José Miguel Minier Almonte. En la obra, el autor recrea y aborda el tema desde un punto de vista doctrinal y jurisprudencial, lo que hace de forma rigurosa y por med i o de una investigación de campo, hecha en todo el país, poniendo al descubierto falencias y distorsiones presentes en el manejo de los medios de prueba en la República Dominicana.

para cualquier esfuerzo legislativo que busque el mejoramiento de la aplicación de la norma procesal vigente.

En la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria, el autor pone en práctica los diferentes pasos del método científico para llegar a conclusiones con suficientes evidencias empíricas. Se convierte en un modelo, digno de ser seguido en el campo de la investigación jurídica- destacó Vásquez Sámuel. La actividad formó parte del calendario desarrollado por el CARMJ dentro de la programación de la XIII Feria Internacional del Libro, Santo Domingo, 2010. La obra fue puesta en circulación en un solemne acto llevado a cabo en el auditorio del Museo de Arte Moderno.

Al presentar la obra, el comisionado de Justicia dijo que la lectura de este libro es una referencia doctrinal obligada para los actores y operadores del sistema de justicia penal, como también

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SEMINARIOS

Imparten seminario Violencia en los adolescentes: mitos y realidades En el mismo se presentó un análisis crítico de programas de tolerancia cero, diseñado para adolescentes. El Comisionado de Justicia en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA), inició el seminario Violencia en los adolescentes: mitos y realidades, con el objetivo de presentar una visión alternativa a los estereotipos existentes sobre violencia en adolescentes. En el seminario se introdujo una visión alternativa a los mitos que se observan en los medios de comunicación, donde se asocian a jóvenes de mediana edad como miembros de pandillas, agrupados a delitos. En él participaron jóvenes de los barrios Capotillo y Guachapita, y también representantes de ONG que trabajan con adolescentes y académicos que expusieron el problema, en un marco teórico, y generó interesantes debates entre sus participantes.

Juan Medina, vicedecano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

Los resultados de este foro arrojaron una mayor información sobre problemas inherentes a la introducción al análisis de la propuesta de la Ley Anti-pandillas, y de la Reforma de la Ley 136-03, de endurecimiento penal. El seminario Violencia en los adolescentes: mitos y realidades se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, integrado por operadores del sistema NNA, abogados, psicólogos, sociólogos, ONGs de NNA, profesores universitarios, personal educativo y estudiantes, entre otros. Entre los temas que se van a debatidos se citan, Marco Socio-Cultural de los jó-

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venes adolescentes en los barrios y del joven que se inserta en redes delictivas; activismo y liderazgo comunitario entre Jóvenes de los barrios; y análisis de los medios de comunicación en relación con los estereotipos alrededor de la violencia en adolescentes, entre otros.

El panel estavo integrado por destacadas figuras públicas, entre ellas: el doctor Ricardo Nieves, Marienella Belliard, Ramón Martínez Portorreal, general Leonardo Burgos, Estibaliz Ladrón y la doctora Yolanda Martín, quien tuvo a su cargo el cierre del evento.

SEMINARIOS

Comisionado de Justicia y Despacho Primera Dama Auspician seminario Intervención con niños, niñas y adolescentes, víctimas de desastres: Experiencia Haití El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y el Despacho de la Primera Dama (Depridam) realizaron el seminario: Intervención con niños, niñas y adolescentes víctimas, de desastres: Experiencia Haití, con el objetivo de analizar la situación del pueblo haitiano, víctima del sismo que azotó Puerto Príncipe, el pasado 12 de enero del 2010. En la actividad, celebrada en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, explicó que el seminario tiene entre sus metas analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes, víctimas del sismo en Haití, las técnicas de intervención psicológica y acciones posibles para ayudar a los mismos, y las lecciones aprendidas aplicables, eventualmente, a la realidad dominicana. La actividad fue dirigida a los actores del sector Justicia, profesores, psicólogos,

Angel Luis Álvarez, de CONANI, Lino Vásquez Sámuel, Angela Caba, de UNICEF y María Dolores Luna, del Despacho de la Primera Dama.

orientadores, periodistas, profesionales, estudiantes, directores regionales del Ministerio de Educación y de centros educativos universitarios, líderes comunitarios, ayuntamientos, Defensa Civil, socorristas, bomberos, militares, organismos internacionales y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana.

En el marco de la actividad, se procuró además, analizar las lecciones aprendidas aplicables eventualmente a la realidad dominicana, la situación de los niños y adolescentes victimas, del sismo en Haití y los efectos traumáticos del desastre, y fomentar solidaridad con las víctimas del sismo y con el pueblo haitiano. El seminario Intervención con niños, niñas y adolescentes, víctimas de desastres: Experiencia Haití también estudió el estrés postraumático, las técnicas de intervención psicológica con niños, niñas y adolescentes, victimas de los desastres e identificó acciones posibles para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. Entre los expositores estuvieron los psicólogos Héctor Rodríguez, Ángel Luis Álvarez, del CONANI, y Ángela Caba, de UNICEF.

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Primera Dama visita instala Banco de Alimentos de Como embajadora extraordinaria de la FAO, la doctora Margarita Cedeño de acciones que buscan disminuir el hambre en el mundo

La Primera Dama acompañada por José Antonio Busto Villa y Pilar del Portillo.

La Primera Dama recibe explicaciones de José Antonio Busto Villa.

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Madrid, España.- La embajadora extraordinaria ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), doctora Margarita Cedeño de Fernández, se reunió con el presidente del Patronato del Banco de Alimentos de Madrid, José Antonio Busto Villa, y con la directora de relaciones interinstitucionales, Pilar del Portillo, quienes le mostraron el funcionamiento de esta institución benéfica, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es obtener alimentos de todas clases para distribuirlos de manera gratuita entre instituciones benéficas legalmente constituidas.

ciones del Madrid Fernández promueve La Primera Dama recorrió las instalaciones de la entidad benéfica y conoció la forma como se almacenan los alimentos que se reciben, y el método que utilizan para que lleguen a comedores de indigentes; comedores para infantes y adolescentes; hogares de acogida; de madres gestantes, centros de ayuda a drogadictos; enfermos de SIDA; familias de inmigrantes; conventos; cárceles; y otras instituciones que necesitan la ayuda. Como embajadora extraordinaria de la FAO el interés de la doctora Cedeño de Fernández es establecer una institución con características similares en la República Dominicana, y firmar un acuerdo de colaboración que le permita contar

con la asesoría de los ejecutivos de la entidad. El Banco de Alimentos de Madrid, recibe provisiones de empresas dispuestas a entregar de manera gratuita los excedentes que producen, y que de alguna manera serán destruidos, pero que cumplen con todos los estándares de calidad. Esto así tomando en cuenta que las compañías lanzan al mercado más productos que los que esperan vender. De igual forma se abastece de fuentes individuales, como hoteles, tiendas, y de personas que, en algún momento ,tienen excedentes de alimentos y les interesa donar. Para recibir los alimentos, el Banco tiene una serie de requerimientos que deben ser cumplidos, entre los que se encuentran: que no estén caducados; que no hayan superado la fecha de consumo; y que estén debidamente etiquetados. El año pasado más de 300 empresas del sector alimentación y agroalimentario donaron al Banco de Alimentos de

Madrid alimentos para ser distribuidos a las entidades beneficiarias y más de 100 centros educativos, igual número de empresas y otras instituciones se organizaron en el proyecto “Operación Kilo”, cuyo objetivo es obtener alimentos y sensibilizar acerca del problema del hambre en la sociedad en la que vivimos. Como embajadora extraordinaria de la FAO, la doctora Cedeño de Fernández ha desarrollado una intensa jornada a favor de disminuir el hambre en el mundo y de promover la seguridad alimentaria, a través de los programas y proyectos que ejecuta desde su Despacho. En ese orden, la doctora Cedeño de Fernández desarrolla acciones que fomentan la producción y la productividad, el uso de la tecnología de la información y la comunicación, el micro emprendimiento, la educación, la nutrición en salud, el establecimiento de guías alimentarias, las cuales repercuten en esta gran necesidad y el derecho de todos y todas a una correcta alimentación.

Margarita Cedeño de Fernández conversa con Pilar del Portillo.

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KIRSYS

FERNÁNDEZ

Rechaza aumentar penas a menores de edad Dice país violaría Convención de los Derechos del Niño

“Muchas personas entienden que los menores de edad no van a cometer hechos delictivos, si la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave, por lo que se tiene la creencia que existe una relación directa entre cantidad y gravedad de la pena, por un lado, y no inclinación hacia el delito, por el otro” a intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores, como si fueran adultos, es una flagrante violación a la letra y al espíritu de los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, de 1991, la cual exige a los estados signatarios contar con un sistema de justicia especializado, flexible y diverso para las personas menores de 18 años, advirtió la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la

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Adolescencia (CONANI), Kirsys Fernández de Valenzuela. “No estoy de acuerdo con el aumento de la pena a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, ya que la República Dominicana, luego de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1991, reorienta las políticas nacionales hacia la construcción de un sistema de protección de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, precisó la funcionaria. Explicó que para hacer frente a este compromiso, en 1994 la República Dominicana promulgó la Ley 14-94, la cual introdujo importantes cambios, aunque admitió que en la misma se dejaron de contemplar algunos aspectos que hicieron difícil la total y eficiente aplicación de esta, y se dio paso a la Ley 136-03. Fernández de Valenzuela fue categórica al afirmar que medidas como el aumento de las penas, no solucionarán el problema de violencia que quiere enfrentar el país. Explicó que la violencia y la criminalidad están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y la falta de oportunidades. “Es de suma importancia que las políticas públicas sociales resuelvan las causas que originan estos actos delictivos y atacar de esta forma la raíz del problema de violencia que vive tanto la República Dominicana como muchos otros países”, agregó. Lamentó que una de las respuestas que se suele encontrar con mayor frecuencia para combatir la criminalidad en general, es la de aumentar y fortalecer la dureza de las penas previstas en el Código Penal y leyes especiales, con la esperanza de que constituyan una forma de desestimular la conducta inclinada al delito. “Muchas personas entienden que los menores de edad no van a cometer hechos delictivos, si la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave, por lo que se tiene la creencia que existe una

relación directa entre cantidad y gravedad de la pena por un lado y no inclinación hacia el delito por el otro”, sostuvo. Empero, la directora del CONANI enfatizó en que en realidad no existe una relación directa entre gravedad de la sanción y desestímulo del hecho.

No estoy de acuerdo con el aumento de la pena a los adolescentes en con icto con la Ley Penal, ya que la República Dominicana, luego de la rati cación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1991, reorienta las políticas nacionales hacia la construcción de un sistema de protección de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. “En las escasas investigaciones sobre la dimensión cuantitativa de este problema, se comprueba la ínfima proporción de crímenes y delitos cometidos por adolescentes en comparación con las tasas generales de criminalidad cometidas por los adultos”, precisó. Fernández de Valenzuela explicó que la Ley 136-03, que instituye el “Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes”, establece en el Titulo II de su Libro Tercero, todas las disposiciones relativas al tema de la Justicia Penal de la Persona Adolescente. El mismo tiene como objetivo, de acuerdo al Artículo 222, que una vez establecida la responsabilidad penal, se apliquen las medidas socio-educativas o las san-

ciones correspondientes, se promueva la educación, la atención integral y la inserción de la persona adolescente en la familia y en la sociedad. Estimó que luego de resumir los importantes avances que en esta materia ha tenido el país, “se hace necesario señalar que cualquier modificación, que trate de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal para adolescentes, se opone a los principios que establece la Convención de los Derechos del Niño”. Sostuvo que los adolescentes son personas en desarrollo que no han tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que viven, y en este sentido, lo que verdaderamente caracteriza al derecho penal para adolescente es la finalidad educativa y sancionadora, recurriendo a la privación de libertad como último recurso y buscando siempre la reinserción social de los mismos.

IMPUTABILIDAD En relación con la edad de imputabilidad, la Convención da a los países libertad para establecer una edad mínima, la cual en el país es de 13 años, con la que se mostró de acuerdo, tras precisar que “no debe modificarse, ya que no podemos buscar respuestas a problemas de carácter social a través del derecho penal y particularmente endureciendo las sanciones a personas menores de edad”. Dijo que en casi todos los países de Centroamérica y el Caribe se ha comprobado que los factores que facilitan que los menores delincan son la poca educación y la falta de medios y oportunidades para subsistir.

LOGROS El haber impulsado el proceso de implementación de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de NNA en RD) logrando avances significativos.

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CAMRJ y CONAEJ realizan lanzamiento de la Mesa de Trabajo para la elaboración de nueva legislación penitenciaria Lino Vásquez Sámuel

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) realizó el lanzamiento de la Mesa de Trabajo en la que expertos aportaran sus conocimientos y experiencias para la elaboración de una nueva legislación penitenciaria adecuada en la República Dominicana. El acto de apertura se llevó a cabo en el Auditorio de la Procuraduría General de

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la República, con la asistencia del ministro de la Presidencia, César Pina Toribio; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y autoridades encargadas del nuevo modelo penitenciario. La Mesa de Trabajo tiene como principal meta contribuir con el fortalecimiento de las instituciones del sector Justicia

creando así una normativa acorde con los cambios generados en el sistema penitenciario En el marco de la actividad, el doctor Pina Toribio hizo la presentación de la obra Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe, de la cual es coautor, obra que se puso a circular entre los allí presentes.

Público asistente a la actividad.

Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria.

El lanzamiento de la Mesa de Trabajo para una nueva legislación penitenciaria cuenta, además, con la colaboración de la Dirección General de Prisiones, Comisión de Justicia del Senado, Comisión de Reforma Penitenciaria de la Cámara de Diputados, Patronato Nacional Penitenciario y la Casa del Redentor. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, quien re-

saltó los grandes avances alcanzados en el país en materia penitenciaria, con la incorporación al nuevo modelo de gestión penitenciaria de 13 centros de corrección y rehabilitación que han sido declarados como centros de excelencia, para América Latina y el Mundo, por la organización de las Naciones Unidas (ONU). “Es por todos los logros alcanzados por el Nuevo Modelo Penitenciario que el Comisionado de Justicia impulsa la articulación de una Mesa de Trabajo, integrada por representantes de los tres

poderes del Estado, la Sociedad Civil y la Iglesia, como espacio de reflexión y de construcción normativa de los cambios de éste referente modelo de gestión penitenciaria”, precisó Vásquez Sámuel Por su parte, el magistrado procurador Jiménez Peña pronunció las palabras centrales, y destacó que en los últimos años el país ha avanzado más que en toda su historia, en materia penitenciaria; también resaltó la humanización en que hoy viven los internos del Nuevo Modelo Penitenciario.

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César Pina Toribio ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) se dirige a los asistentes.

Ponen a circular Libro “Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe” El ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), César Pina Toribio, presentó la obra “Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe”, en el marco del lanzamiento de la Mesa de Trabajo para la Elaboración de una Nueva Legislación Penitenciaria. Al hacer referencia a los aportes de la publicación, el coautor de la misma, Pina Toribio, destacó que no se trata de una simple suma de ponencias, sino que recoge un marco teórico y estratégico, para poner en marcha todos los proyectos aplicados desde hace unos diez años en el país, lo que ha generado una verdadera revolución en el sistema penitenciario.

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“El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario es una realidad que ha colocado el país como referente para todo el mundo por los resultados positivos, incluyendo la baja tasa de reincidencia”, precisó. En el acto realizado en el auditorio de la Procuraduría General de la República, el funcionario explicó que la obra es el fruto del Foro Consultivo de Expertos Penitenciarios, donde se conocieron cuatro esquemas esenciales, tales como la realidad del sistema peniten-

ciario de la región, el componente necesario para la reforma penitenciaria regional, la responsabilidad de los estados en el tema, y la normativa jurídica. Pina Toribio explicó que lo importante del libro es que recoge las realidades de los distintos sistemas penitenciarios y las responsabilidades de los distintos estados. Destacó la conferencia dictada por el venezolano, Elio Gómez Grillo, quien expuso sobre la evolución histórica de las cárceles, y la del argentino Pablo Vega, que tocó el tema del sistema penal, “se trata de un esfuerzo conjunto para mejorar el sistema penitenciario y la forma de vida de las personas privadas de su libertad”. Resaltó que la calidad y experiencia de cada uno de los expositores permitió que se haya construido una metodología, que permita que en la actualidad mantenga su vigencia y sirva de guía en términos estratégicos.

APOYO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En el prólogo del citado libro, Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia

dijo apoyar los esfuerzos que impulsa la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) en la estructuración de una reforma penitenciaria, sin parches, inspirada en el nuevo modelo penitenciario, planteado por el presidente Leonel Fernández. Vásquez Sámuel expresó que el CARMJ, con el apoyo de la CONAEJ, pone al servicio de los penitenciaristas nacionales e internacionales, abogados, jueces, comunicadores y a la comunidad en sentido general, las conclusiones del referido cónclave, con la misión de fortalecer el compromiso público de que una segunda oportunidad para los condenados, es un tema de seguridad y democracia. Estuvieron presentes en la actividad, los señores Francisco Domínguez Brito, senador y ex procurador; el doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, director de Prisiones; Roberto Santana, director del Modelo de Gestión y de la Escuela Nacional Penitenciaria, respectivamente; Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de las Casas del Redentor, el diputado Radhamés Vásquez, presidente de la Comisión Penitenciaria de la Cámara de Diputados, y el magistrado Saulo Alexis Ysabel Díaz, juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, entre otras personalidades.

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Lino Vásquez Sámuel, padre Ramón Alonzo, Alejandro Moscoso Segarra y Manuel Ramón Peña Conce.

Nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho de la República Dominicana Presidida por el doctor Manuel Ramón Peña Conce, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo En un solemne acto, efectuado en la Universidad Católica Santo Domingo, fueron juramentados los nuevos integrantes de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho de la República Dominicana, quienes se comprometieron a unificar el currículo en asignaturas- especializadas, elevando así la calidad en la formación de los estudiantes de derecho, y de proponer reformas para regular el ejercicio de la carrera. Al hacer su juramento, la nueva directiva que preside el doctor Manuel Ramón Peña Conce, garantizó que la Mesa de Decanos mantendrá una activa labor. Su

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Manuel Ramón Peña Conce, director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos.

campo de acción estará básicamente dirigido al fortalecimiento del cuerpo docente en la unificación de un novedoso plan de estudios. “Al iniciar este nuevo periodo, La Mesa Nacional, tendrá como principal finalidad contribuir al mejoramiento del sistema de enseñanza del Derecho, en el entendido de que esto es una condición para restaurar la calidad y el prestigio del ejercicio de la abogacía en el país”, sostuvo Peña Conce. De su lado, el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, responsable de dar las palabras de apertura, expresó que La Mesa Nacional ha sido planteada, como forma de impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad profesional y humana de los abogados y estudiantes de Derecho en el país. Sostuvo que urge trabajar en el establecimiento de una oferta curricular unificada, respetando la filosofía particular de cada universidad; crear unos estándares de exigencia, rigor, coherencia y sistemas mínimos en los estudios de la carrera de Derecho que contribuyan a mejorar la formación integral de aquellos que aspiran a ejercer la abogacía. En tanto, el magistrado fiscal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso Segarra, pasado director de la Mesa, exhortó a la nueva directa a no escatimar esfuerzos en la capacitación y fortaleci-

miento profesional de los egresados de la Facultad de Derecho, “Es necesario fortalecer el nivel curricular de los estudiantes de derecho; es preciso que la ciudadanía pueda seguir confiando en los abogados del país, pues de lo contrario, el sistema pierde legitimidad”- expresó Segarra.

MESA DE DECANOS -La Mesa de Decanos de Derecho fue incorporada el 10 de agosto pasado, mediante Resolución Número 43, con la misión de contribuir al mejoramiento del sistema de enseñanza del derecho. Su objetivo general es trabajar para el establecimiento de una oferta curricular unificada que, respetando la filosofía particular de cada universidad, deberán acoger las facultades y escuelas de Derecho de todo el país, con el propósito de crear unos estándares de exigencia, rigor, coherencia y sistematicidad mínimos en los estudios de la carrera de derecho que contribuyan a mejorar la formación integral de aquellos que aspiran a ejercer la abogacía. Los objetivos específicos son: a) elevar el nivel de conciencia nacional sobre la necesidad de mejorar la oferta de los estudios de derecho en las universidades del país; b) llevar a cabo las coordinaciones requeridas, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y con las demás

universidades, para impulsar las acciones necesarias, con miras a lograr la estandarización de la oferta curricular; c) procurar contribuir al mejoramiento de la formación de los profesores y abogados en ejercicio, tomando en cuenta la influencia de la internacionalización que acusa la práctica del derecho en nuestra sociedad; y Plantear que, para que el sistema de justicia pueda cumplir con sus propósitos, sea necesario que sus elementos constitutivos estén a la altura de sus necesidades. Para cumplir con sus objetivos, la Mesa de Decanos se propone: a) Definir una estrategia nacional de sensibilización sobre la necesidad de llevar a cabo una concienzuda revisión de la oferta curricular para las facultades y escuelas de derecho del país; b) Promover la realización de talleres, cursos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales sobre distintos temas de interés para el perfeccionamiento del ejercicio y la práctica del derecho; c)

Propiciar el intercambio de experiencias entre las distintas facultades y escuelas de derecho; y

Auspiciar la publicación de estudios e investigaciones especializadas, actividades para capacitar sobre recursos humanos, entre otros aspectos importantes.

Manuel Ramón Peña Conce, Rina de los Santos, José Pérez Gómez, Miguel A. Prestol, Juan Medina, Manuel Ramírez Susaña y Roger Espaillat, miembros de la nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos.

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En ocasión de las Fiestas Patrias

Comisionado de Justicia deposita ofrenda oral ante el Altar de la Patria l Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia depositó una ofrenda floral ante el Altar de la Patria, en honor a los padres fundadores de la República, para conmemorar, de esta forma, el Mes de la Patria.

El doctor Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, resaltó los importantes aportes de los patricios y héroes de la Independencia Nacional, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. En esta ocasión, rendimos tributo a los Padres de la Patria, para mantener vivos sus ideales y sentido patrio. Hombres heroicos que, gracias a sus aportes, hoy podemos ondear nuestra bandera tricolor como símbolo de independencia y libertad.

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A rma que este es el mejor tributo que los dominicanos pueden ofrecer a los héroes de nuestra dominicanidad Manifestó que, por el arrojo y sacrificio de los patricios, los dominicanos disfrutamos de independencia y soberanía, y nos encaminamos, cada día, a vivir en una mejor nación, en el marco legal de los reglamentos de una nueva Constitución que incorpora el Estado de Dere-

Lino Vásquez Sámuel y Wison Gómez al depositar la ofrenda oral.

cho, social y democrático, como norma de convivencia humana. En el acto solemne, muestra de dominicanidad, el doctor Lino Vásquez Sámuel expresó que una vez más el Comisionado de Justicia, se une al pueblo y concurre a ese Baluarte, cuna de la República, para reafirmar su compromiso de continuar los esfuerzos que ha venido haciendo, conjuntamente con el Instituto Duartiano, en interés de proyectar la vida de nuestros prohombres, el ejemplo de Juan Pablo Duarte, los valores de la dominicanidad, y el uso correcto de los símbolos patrios. “Esta ofrenda en este sagrado recinto patrio constituye un vivo homena-

je a Duarte y a sus discípulos Sánchez y Mella, y con ellos a todos los buenos dominicanos que luc han, con arrojo y determinación, en aras de conseguir y sostener la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro país”, dijo Vásquez Sámuel. En el acto estuvo presente el doctor Wilson Gómez Ramírez, vicepresidente del Instituto Duartiano, quien saludó la iniciativa del comisionado de Justicia, además de los coordinadores, gerentes, encargados y empleados, en general, de la institución de Justicia, quienes desfilaron, con orgullo patrio, el estandarte tricolor hasta el mausoleo de los héroes de la Independencia Nacional.

Empleados del CARMJ des lan hacia el Altar de la Patria.

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Lino Vásquez Sámuel y Marcos Villamán rman convenio de cooperación interinstitucional.

Firmas de acuerdos cumplen con objetivos del Comisionado de Justicia Consciente de que ninguna institución se desarrolla sola y de espalda a los nuevos tiempos, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) ha firmado, a la fecha, múltiples acuerdos de cooperación desde su creación. En el marco de esta política, el CARMJ firmó acuerdos interinstitucionales con el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la seccional de Santiago del Colegio de Abogados, la Universidad Castilla La Mancha, España (UCLM) y el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI). El comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, destacó que con la firma de

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acuerdos se expanden, los conocimientos de CARMJ y, a la vez, se captan otros para beneficios de todo el sector Justicia.

CARMJ-CONARE Mediante la firma de este acuerdo interinstitucional, el CARMJ y CONARE coordinan acciones para la distribución de la nueva Carta Magna en jornadas nacionales de capacitación en distintos puntos del país, y a la diáspora dominicana, radicada en el exterior. El CARMJ y el CONARE establecieron coordinar con otras instituciones, para lograr el desarrollo efectivo de las acciones planteadas en el marco de este convenio, y pactaron gestionar con el

Ministerio de Educación la inclusión del eje temático constitucional en los currículos escolares, con el propósito de impulsar una cultura ciudadana de respeto a los postulados establecidos en la nueva Constitución. El acuerdo firmado por los doctores Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, y Marcos Villamán, director ejecutivo del CONARE, surgió del interés de profundizar lazos de cooperación que permitan coordinar esfuerzos, unificar criterios, impulsar acciones y establecer intercambios científicos y relaciones de colaboración, en torno a los aspectos relativos al nuevo marco constitucional. Tras la firma, Vásquez Sámuel sostuvo

que el CARMJ es una institución destinada a impulsar y facilitar un proceso efectivo de transformación del sistema de justicia, como impulso al Estado de Derecho, social y democrático, de la República Dominicana, “motorizando iniciativas, tendentes a diseñar y ejecutar proyectos específicos que favorezcan a la comunidad jurídica, a nivel nacional, y el proceso de modernización que garantice un sistema de administración de justicia eficaz y eficiente”. De su lado, Villamán dijo que el CONARE es una institución que tiene como propósito construir conjuntamente con los diversos actores políticos y sociales, procesos estratégicos de reforma y modernización del Estado, “orientados a consolidar la institucionalidad democrática, la participación de la ciudadanía y un desarrollo equitativo e incluyente.” En el acto, estuvieron presentes, además, los doctores Manuel Ramón Peña Conce, director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos de Facultades y escuelas de Derecho, de la República Dominicana; Luis Vílchez Marranzini, presidente del Colegio de Notarios; y José Ceballos, de Participación Ciudadana, entre otros.

Acordaron, además, trabajar de manera conjunta en la coordinación de eventos relativos al desarrollo del texto de la nueva Constitución y de la estructuración del proceso de capacitación a nivel nacional De manera específica, el CARMJ y el CONARE se comprometieron a reproducir el nuevo texto constitucional y a contratar los servicios de expertos, en materia constitucional, como expositores magistrales de las distintas jornadas de capacitación que se habrán de desarrollar por todo el territorio nacional.

CARMJ-UCLM Y COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO Con la firma de este importante acuerdo, el CARMJ en coordinación con la seccional de Santiago del Colegio de Abogados y la Universidad Castilla-La Mancha, España (UCLM), se comprometieron a colaborar en la organización e impartición de programas, cursos, diplomados, especialidades, entre otras actividades educativas. Con la firma del convenio se facilita la cooperación interinstitucional en los

campos de la investigación, incrementando e institucionalizando las relaciones científicas, técnicas y cultural entre las instituciones firmantes. Además, los firmantes Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia; José Miguel Minier, del Colegio de Abogado, y Marcos Masso Garrote, de la UCLM, se comprometieron a planificar, coordinar y llevar a cabo actividades conjuntas tales como seminarios, conferencias, talleres, publicaciones, entre otras acciones, dirigidas a una mayor divulgación de sus objetivos. El acuerdo establece, de manera específica, que el Comisionado de Justicia, el Colegio Dominicano de Abogados, de la seccional de Santiago, y la UCLM, tendrán a su cargo, entre otras cosas, la publicación, admisión, selección de alumnos del programa, y la expedición del título; todas estas acciones se realizarán, teniendo siempre en cuenta las normativas de las respectivas instituciones. “La cooperación técnica será asumida en las modalidades de intercambio de información, documentos y experiencias, proyectos de investigación jurídica,

El convenio interinstitucional comprometió a ambas instituciones a facilitarse información, sobre el conjunto de actividades que realizan en los diversos campos de interés común. A la elaboración de un anteproyecto de ley de procedimiento constitucional, partiendo de una propuesta diseñada por el Comisionado de Justicia, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y los insumos recabados por la Mesa Nacional de decanos y directores de facultades y escuelas de Derecho, de la República Dominicana, en su propuesta de Reforma Constitucional Integral en el sistema de justicia, que se enriquecerá a través de los diferentes intercambios nacionales e internacionales que tendrán la misión de desarrollarla.

Marcos Massó Garrote y Lino Vásquez Sámuel al momento de la rma.

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Lino Vásquez Sámuel y Genara Tiburcio al momento de la rma.

intercambio de especialistas en el área de cooperación, programación y realización de diplomados, postgrados, maestrías, conferencias, seminarios y talleres, otorgamiento de becas y cursos de adiestramiento, y realización de cursos y programas de visitas y pasantías, entre otras”, sostuvo Vásquez Sámuel. Las instituciones firmantes designarán a uno o varios encargados de la elaboración y vigilancia del efectivo cumplimiento de las diversas actividades comprendidas en el programa de ejecución que fueren necesarias, para ejecutar los acuerdos específicos y planes de trabajo pertinente a dicho programa. En tanto que el funcionamiento de las modalidades de cooperación definida en el Convenio, y los términos, condiciones y procedimientos de ejecución de cada proyecto, tendrá vigencia indefinida, a partir de su firma; pero las partes podrán dar término al mismo, mediante comunicación escrita por correo certifi-

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cado, con acuse de recibo a la otra parte, con un plazo anticipado de 60 días.

CARMJ- CODOPSI Tras la firma de este acuerdo, el CARMJ y CODOPSI aunaron esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas, con el objetivo de contribuir a enfrentar la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y garantizar los derechos de los mismos y el acceso pleno de estas dimensiones sectoriales de la sociedad hacia los canales de la administración de justicia. En ese sentido, promueven la realización de eventos tales como: congresos, diplomados, seminarios, talleres, conversatorios, charlas, entre otros eventos, y también acciones que tiendan a gestionar los recursos humanos, técnicos y económicos a su alcance, a los fines de apoyar y fortalecer programas educativos y de capacitación en garantía de los derechos de la niñez, adolescentes y la familia.

De igual forma, el acuerdo suscrito entre el comisionado de Justicia, Vásquez Sámuel y la licenciada Genara Tiburcio, presidenta de CODOPSI, comprometió a ambas instituciones, a participar solidariamente en actividades y espacios creados para la adecuación, así como proyectos y trabajos, enfocados a la capacitación de los internos de los centros de Corrección y Rehabilitación y su reeducación y reintegración en la sociedad. Acordaron designar a una persona como enlace representante de cada institución que garantice la continuidad y el seguimiento oportuno del presente Convenio, y su evaluación cada tres (3) meses. De manera particular, el CODOPSI se comprometió a prestar asesoría, participar y apoyar con facilitadores en congresos, diplomados, seminarios, talleres, conversatorios, charlas, en cualquiera de las áreas que el CARMJ lo requiriere.

Estudian implementar brazaletes electrónicos en el país RECIBEN ASESORÍA DE REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE PORTUGAL Y BRASIL Santo Domingo.- El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia recibió una comitiva de los gobiernos de Portugal y Brasil, en busca de conocer e intercambiar conocimientos sobre la implementación del sistema de pulseras electrónicas en el país. La comitiva fue recibida por el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, el fiscal de la provincia Santo Domingo, magistrado Perfecto Acosta y los licenciados Marién Montero y Roberto Santana, directora ejecutiva del CARMJ y director general de la Escuela Nacional Penitenciaria, respectivamente, quienes recibieron asesoría en torno al uso de brazaletes o localizadores electrónicos, aplicados a los imputados que se encuentren cumpliendo medidas de coerción. La información, dada a conocer por el

comisionado de Justicia, indica que los representantes internacionales observarán el sistema penitenciario dominicano para estudiar las posibilidades de traer y aplicar sus experiencias con el uso de pulseras electrónicas. Posteriormente, una delegación criolla se trasladará a Portugal para conocer cómo funciona en el terreno, cual tecnología usa, y cómo opera su personal. “Nosotros aspiramos a que nos sirva para unirla con otras experiencias que ya hemos tenido con el sistema de justicia de Puerto Rico y con un plan piloto que se ejecutó en el 2007, aquí en República Dominicana, dijo Vásquez Sámuel. Asimismo, señaló que uniendo todas esas experiencias será implementado en el país ese sistema, de acuerdo con las posibilidades y con la base legal que tiene el país.

Los brazaletes electrónicos son unos dispositivos parecidos a un reloj, que se coloca en la muñeca o en un pie del imputado y emite una señal de radiofrecuencia que es recibida por un receptor. Si es para prisión domiciliaria, el aparato es instalado en la casa del interno, el cual va conectado a la línea telefónica y por ahí se conecta a la empresa o institución que monitorea al preso, por medio de Internet. Este aparato indica, varias veces al día, que todo está en orden, y si hay alguna anomalía. En representación de Portugal estuvieron Luis Sisourio Courfo y Nuno Caiado, por Brasil, Alexandre Cabana y Wagner A. Da Silva, quienes ofrecieron sus explicaciones, en la sede del CARMJ, sobre el sistema penitenciario en sus países, y las ventajas y los costos de la medida correccional que esperan implementar en la República Dominicana.

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El Comisionado de Justicia dona libros a scalías del país y a la Defensa Pública CON MIRAS A INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y FORTALECER EL SISTEMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia entrega libros al scal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.

Santo Domingo.- El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) dota de una colección de libros especializados a las bibliotecas de las fiscalías del Distrito Nacional; Provincia Santo Domingo y Oficina Nacional de la Defensa Pública, con la finalidad de expandir y difundir los avances doctrinarios que recogen las reformas normativas del sistema judicial en Iberoamérica. El donativo consistió en una variedad de textos, entre los que se citan: El De-

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recho Penal de la Empresa, La prueba en materia criminal, imputación objetiva, valoración de la prueba, Política Criminal en América Latina; y Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional. Las entregas, enmarcadas en el programa Dona Libertad, que el CARMJ desarrolla por todas las bibliotecas de los inaugurados recintos del nuevo modelo penitenciario, fueron realizadas por el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, quien destacó que con las mismas, la entidad ratifica su com-

promiso de fortalecer la divulgación de la doctrina jurídica y difundir los avances, reformas y normativas del sistema judicial de la República Dominicana. Lino Vásquez dijo que, con la entrega de estos libros, el CARMJ contribuye con su misión de impulsar un sistema de justicia eficaz y eficiente en la búsqueda de informaciones y enriquecimiento formativo de todos los actores del sistema judicial. Destacó que, con estas acciones, se

Laura Hernández, directora de la Defensa Pública recibe de Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, la donación de libros.

“contribuye a la búsqueda de informaciones y enriquecimiento formativo del personal de las fiscalías y la Defensa Pública, en el contenido de los diferentes proyectos que las entidades pongan en práctica.

instructivas para un mejor desempeño de sus funciones a las personas adscritas a esas instituciones.

Los donativos se realizaron en los despachos de las instituciones beneficiadas en presencia de empleados y funcionarios.

Por su parte, Moscoso Segarra, agradeció el obsequio del CARMJ, pues les dota de libros especializados en derecho penal y procesal penal que les permitirán reforzar la capacitación de los actores del sistema, para contribuir al proceso de avance de las instituciones públicas, edificando así una mejor nación. Laura Hernández, al agradecer el donativo, manifestó que el mismo fortalece y dota de una doctrina especializada en Derecho, a su personal, lo que contribuirá a que los defensores públicos, al momento de elaborar sus estrategias de defensa, cuenten con herramientas necesarias para garantizar, con mayor eficacia, la defensa de los derechos fundamentales de sus defendidos. En tanto, el procurador fiscal, doctor Perfecto Acosta, resaltó la importancia del aporte recibido por el Comisionado de Justicia, ya que le ofrece herramientas

Perfecto Acosta y Lino Vásquez Sámuel cortan la cinta para dejar inaugurada una de las bibliotecas donadas por el Comisionado a las scalias.

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PRESIDENTE DE LA SUPREMA PONE EN CIRCULACIÓN

Código de Comportamiento Ético y Cultura del Capital Humano del Poder Judicial Con la finalidad de fortalecer los principios éticos y dejar claras las prohibiciones a que están expuestos los miembros del sistema de justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia puso en circulación el Código de Comportamiento Ético y Cultura del Capital Humano del Poder Judicial, como parte del Sistema de Integridad Institucional (SII) del Poder Judicial. La puesta en circulacion contó con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representada por su director, señor Richard Goughnour. El doctor Jorge Subero Isa citó que “El código de comportamiento ético representa la columna vertebral de la cultura de los servidores judiciales, y en él se establecen las políticas, los principios éticos y las prohibiciones que rigen a estos, en tanto que la cultura de capital humano consigna el conjunto de normas que regulan los derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades puestas a cargo de los integrantes del Poder Judicial, y de los que aspiran a formar parte del mismo. Consideró que el sistema de Integridad Institucional es un programa en desarrollo que tiene como fin garantizar el cumplimiento de la misión institucional, el fortalecimiento, la renovación y la efectividad. Durante su alocución expresó que la administración de justicia no depende sólo del Poder Judicial, sino de un sistema que implica a muchas instituciones, y el comportamiento de gobernantes y gobernados, jueces, imputados y/o

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Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

imputables y, por lo tanto, se hace necesario establecer normas para su mejor desenvolvimiento. El Magistrado observó que este sistema viene a promover políticas de honestidad y moral pública, independientemente de la normativa que, en el marco del Derecho, regulan el ámbito sancionador. “Se trata, pues, de un sistema en el que se formulan parámetros y postulados que constituyen aspectos de singular valor en el desempeño de la administración de justicia y su desarrollo institucional”, expresó

FUERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA El doctor Subero Isa destacó que el aspecto fundamental de la persona es la integridad, relativo a la ética, y, en materia de economía, hay un gran movimiento donde se habla de la ética en la economía, del empresariado, de la ética en el funcionario público, denotando

la idea de que hay un código, con reglamentaciones, escritas o no, que realmente norman la forma de actuar en una sociedad en momentos determinados. “Usted puede ser un buen funcionario, un buen empleado, pero si carece de ética, entendemos que esto último arrastra necesariamente al primero, por eso nosotros destacamos que el aspecto ético es primordial en el desempeño”, consideró el presidente de la Suprema Corte. Conceptualizó que “en la medida en que seamos transparentes y rindamos cuentas a quienes nos eligen, a quienes les debemos la posición, sería, real y efectivamente, un mejor país. Lo contrario a la transparencia es la opacidad, que nos impide poder ver hacia adentro; con la transparencia, lo que queremos es que se vea hacia adentro”, dijo el doctor Subero Isa.

En Universidad Castilla-La Mancha, España

Juristas Dominicanos participan en curso de especialidad en Derecho Constitucional Santo Domingo.- Una delegación de operadores jurídicos y miembros del sistema de justicia, integrada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luciano Pichardo y el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, viajará a España para participar en un curso de especialidad en Derecho Constitucional, que se celebrará en el campus de Albacete, de la Universidad Castilla la Mancha (UCLM), España, del 5 al 16 de julio, como parte de un acuerdo interinstitucional suscrito entre el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y esa casa de altos estudios. Campus Albacete de la UCLM

La especialidad internacional tiene como objetivos, la formación de profesionales del Derecho en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, sus garantías y el control de la constitucionalidad, en la comprensión de los principios esenciales de las noveles instituciones democráticas en la República Dominicana y su relevancia dentro de la sociedad. Además, formar a los participantes en el dominio de las técnicas de interpretación constitucional y su posición e importancia en la práctica del Derecho; en la teoría y en la Jurisprudencia Constitucional actual y comparada. Está dirigido a jueces, fiscales, defensores públicos, militares, policías, académicos, operadores jurídicos, abogados y demás actores del sistema de justica.

Los docentes, connotados profesores de la Facultad de Derecho de la UCLM, entre ellos el profesor Marcos Masso Garrote, miembro de la Primera Comisión para la Visión y Análisis Comparativo de las Reformas Constitucionales en Iberoamérica, señalaron que el curso será impartido en 100 horas académicas presenciales; 50 de tutorías y otras 100 de trabajos de investigación. Entre los juristas que viajarán a España, a participar de la especialidad académica, figuran Pedro Domínguez Brito, fiscal nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Moisés Ferrer, procurador adjunto, director de PGASE; Manuel de Jesús Pérez Sanchez, director de prisiones; Perfecto Acosta, fiscal de la provincia Santo Domingo; Manuel Peña

Conce, director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos, entre otros. La visita de la delegación dominicana al campus de Albacete es fruto del acuerdo firmado entre el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; el Colegio de Abogados, seccional de Santiago; y la UCLM, mediante el cual se comprometen a colaborar en la organización e impartición de programas, cursos, diplomados, especialidades, entre otras actividades educativas. Estos programas de formación forman parte de las iniciativas que desarrolla el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), en coordinación con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).

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Comisionado de Justicia capacita o ciales y alistados PN en manejo y presentación de pruebas El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), en coordinación con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), capacitó a decenas de oficiales superiores y subalternos de la Policía en materia de levantamiento de pruebas en las escenas de algún crimen o delito, quienes participaron en el curso-taller: la Investigación y Custodia de la Prueba en el Proceso Penal Dominicano.

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La actividad educativa, realizada con el objetivo de fortalecer a los miembros de la Policía Nacional con las herramientas y conocimientos legales necesarios para aplicar con eficacia los juicios teórico-prácticos al momento de hacer una investigación, levantar pruebas y documentarla, en los procesos de investigación de un hecho, ya sea en materia de crímenes o delitos, fue desarrollada y clausurada con éxito, como parte de las iniciativas del CARMJ en materia de capacitación.

La temática diseñada para la ejecución del curso-taller consistió en garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, evitando que los procesos sean declarados nulos o inadmisibles, por motivo de actuaciones irregulares dentro de la investigación. Entre los temas impartidos se citan: La exclusión probatoria de las actas incorporables al juicio por medio de la lectura en el proceso penal dominicano; Protección de la escena del crimen, Com-

petencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional. El personal docente estuvo compuesto por los doctores Abelardo Arévalo, Asesor Policial de la Embajada de los Estados Unidos; David la Hoz, catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); la licenciada Yáskara Vargas Flores, abogada en materia penal y el General de Brigada (r) Simón E. Báez Guerrero, P.N. entre otros. En la actividad desarrollada en el Instituto Policial de estudios superiores (IPES), recibieron sus diplomas de participación unos 200 miembros activos de la uniformada policial.

Joselito Bautista entrega certi cado a uno de los participantes.

El teniente coronel PN Víctor Lozada, entrega certi ado de participación.

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El ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio y Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, presiden la mesa de honor.

Seminario de capacitación a o ciales de las Fuerzas Armadas sobre Aspectos generales de la nueva Constitución El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), continuando con sus programas de capacitación, auspició el Seminario-Taller Aspectos generales de la nueva Constitución, relacionados con las Fuerzas Armadas, dirigido a oficiales superiores y subalternos del Ministerio de las Fuerzas Armadas. El acto de apertura se realizó, el miércoles 17 de marzo, en el Salón General de División José Antonio Salcedo, del Centro de Operaciones Conjuntas, de las Fuerzas Arma-

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Lino Vásquez Sámuel se dirige a los presentes

das, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El Seminario se desarrolló, con el objetivo de dar a conocer a los participantes los aspectos principales de la nueva Constitución, relacionados con las Fuerzas Armadas, y de transferir a los oficiales superiores una metodología de multiplicación de los mismos; todo eso, orientado a que se comprenda el proceso interno en curso de reforma normativa, adecuación y armonización del código de justicia militar de la nueva Carta Magna

general Pedro Rafael Peña Antonio, ejemplares de la nueva Constitución de la República Dominicana, para que sean distribuidos entre miembros de esa institución castrense. El ministro de las Fuerzas Armadas dominicanas, agradeció el gesto de colaboración del comisionado de Justicia, resaltando que la nueva Constitución de la República

reafirma y legitima al organismo que representa, como garante de la soberanía de la Nación dominicana El licenciado Eduardo Jorge Prats, destacado jurista y especialista en Derecho Constitucional, dictó una conferencia magistral, en la que explicó que, a diferencia de las constituciones de otros países, la Reforma Constitucional dominicana consagra

nuevos derechos fundamentales, garantías constitucional y políticas para el desarrollo, y, de manera muy puntual, abordó los temas sobre la misión y el carácter de las Fuerzas Armadas; la carrera militar; competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario; el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional; y el carácter defensivo de los cuerpos de seguridad pública.

En el marco del acto de inauguración, el doctor Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, explicó el alcance de la nueva Constitución, la que incorpora el Estado de Derecho, social y democrático como norma de convivencia humana. Al término de sus palabras de apertura, Vásquez Sámuel entregó al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente

Eduardo Jorge Prats dicta su conferencia.

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El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, el gobernador de la provincia Peravia, Bienvenido Montero y Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, cortan la cinta para dejar inaugurado el CCR Baní-Mujeres.

Inauguran moderno Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres Instalan biblioteca donada por el CARMJ Baní.- Con una inversión superior a los 12.9 millones de pesos en infraestructura, y 2.3 millones en equipamiento, quedó inaugurado el moderno Centro de Corrección Baní-Mujeres, el cual pertenece al Nuevo Modelo Penitenciario dominicano. El moderno centro cumple con los más altos estándares de calidad humana requeridos a nivel internacional por las diversas instituciones que agrupan los derechos humanos. Cuenta. Con una moderna biblioteca donada por el Comisinado de Justicia, centro de Internét, área para niños (para las visitas de los hijos de las internas), un pequeño colmado, salón de belleza, área de clases, patio de recreación, varios baños, cómodos dormitorios, área de esparción con televisión, entre otras condiciones. Al bendecir la obra monseñor Freddy de Jesús Bretón, valoró el empeño de la Procuraduría por adecentar el sistema

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El doctor Vásquez Samuel pronuncia el discurso de apertura.

penitenciario dominicano, al tiempo de hacer un llamado al procurador general para que agilice los esfuerzos a fin de que la cárcel pública de Baní (hombres), sea colocada en el mapa de las que serán remodeladas e incluidas en el moderno sistema penitenciario.

Por su parte, el presidente del patronato de nacional del nuevo sistema penitenciario, Luisín Mejía, dijo que hay grupos en el país que se oponen a la implementación de este moderno sistema, a los que llamó inhumanos. De igual forma, criticó a las autoridades y personas

Radhamés Jiménez Peña, Fray Arístides Jiménez Richardson, monseñor Freddy de Jesús Bretón, Roberto Santana, y parcialmente oculto, Luisín Mejía.

que se han pronunciado en contra de que en sus provincias se instalen estos centros de corrección y rehabilitación, alegando que la delincuencia aumentaría, cosa esta que negó rotundamente. Criticó también a los que no hacen esfuerzos porque programas como este no avancen porque no generan “votos”. Destacó el reconocimiento de la comunidad mundial al sistema penitenciario dominicano el cual dijo se encuentra dentro de los primeros cinco lugares del mundo, y número uno en America Latina.

nos de seis meses ya está alfabetizado. Pidió a todos los presentes estar atentos al desarrollo de este y los demás centros del país recordó que en noventa días inaugurará otro moderno centro en San Pedro de Macorís. El patronato de este centro aquí en Baní lo componen Pedro Carlo Guerrero, Sol María, Wilson Márquez, José Dicen, Gustavo Pimentel, Magnolia Sánchez, José Miguel Germán entre otros.

La actividad finalizó con la presentación de un grupo de internas de najayo mujeres, las cuales presentaron una pequeña obra de teatro en la que resaltaron los valores patrios, destacando la capacidad adquirida en los centros de corrección y rehabilitación. Este es el centro número trece en el país del nuevo sistema penitenciario inaugurado desde el 2004, y el número tres especializado en mujeres en el país.

Por su parte, al dirigirse a los presentes, el procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, invitó a la sociedad civil integrarse al mantenimiento y vigilancia de este centro. Destacó el bajo índice de reincidencia de las personas egresadas del Nuevo Modelo Penitenciario dominicano, el cual dijo es ejemplo en este hemisferio. Propuso a monseñor Freddy de Jesús Bretón, para que dirija el patronato de este centro, a nivel regional. Planteó que en estos centros todo el mundo estudia aunque el que llega analfabeto, en me-

Adonis Martín, una agente VTP y Lino Vásquez Sámuel.

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EL LADO OSCURO DE

la globalización:

Mercado negro… dinero criminal…. La economía clandestina no saca a la gente de la pobreza. Puede que, en el comercio del mercado negro, no se hale del gatillo... pero están matando de otro modo.

n los años 90s, se llevaron a cabo dos revoluciones importantes: La Revolución de la Política, y la Revolución de la Tecnología.

BEATRIZ ARENAS MONTALVO beamtaty@hotmail.com

Consultora del Departamento de Estado para Centro América y el Caribe de la Agencia de Asuntos Antidrogas(NAS), de la Embajada de EE.UU en República Dominicana

La Revolución Política derrumbó las fronteras: El mercado libre tenía un reino libre, los negocios legales ahora, podrían mover el trabajo, el dinero y los productos con una facilidad sin precedentes y, la economía global creció. •

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Los delincuentes aprovecharon esto y las redes criminales se adaptaron rápidamente. La Tecnología hizo más pequeño al mundo. La Internet le permitió a los traficantes, poner sus redes en el Ciberespacio. Conseguir, armas, riñones, mercenarios, toda clase de productos prohibidos. Lo más importante es que la banca electrónica, permite a los criminales mover sus ganancias y hacer pagos con tan sólo ir a un cajero electrónico. Cuando están frente a un cajero, están frente a una frontera.

El mundo entero está viviendo una invasión de dineros ocultos sin controles, que están ejerciendo gran presión frente a las economías y los estados. Este dinero ha generado daños profundos

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a todos los sectores, públicos y privados, en sus diferentes instancias, y lo peor de todo es que cada día este dinero es más atractivo para la población, por el desconocimiento de sus efectos nocivos, de tal forma que su crecimiento es incontrolable, hasta tal punto que los gobiernos intentan detenerlo, pero las fortunas son muy grandes y están mezcladas. Este mercado ilegal de armas, drogas, personas, falsificaciones/piratería, que genera dinero sucio….está cambiando al mundo.

La parte más molesta de todo esto es que los responsables, casi nunca son llamados, para que respondan por sus acciones. Las perspectivas al interior de los países, son inÁuenciadas por sus culturas.

A los gobiernos, les está resultando imposible luchar contra esa clase de actividades ilegales, porque las cifras son enormes, están en todos lados, están bien comunicados, tienen sus redes propias. Estas redes criminales pueden falsificar desde una simple navaja, hasta una pieza de un avión. Ya hemos tenido de cerca casos de falsificación de medicamentos, que es un acto tan criminal como disparar con un arma, puede considerarse un acto terrorista, es mortal. La dificultad para detener este mercado es que es global y multinacional.

La avaricia de la población es lo que impulsa el comercio ilegal. Las grandes acumulaciones de estos dineros sucios, son el poder real, están socavando a gobiernos enteros, están controlando votos, están controlando sistemas políticos. Puede herir, lisiar, e incluso…asesinar. La economía clandestina no saca a la gente de la pobreza. Puede que, en el comercio del mercado negro, no se hale del gatillo….pero están matando de otro modo. El comercio ilegal está creciendo a una velocidad impresionante, y lo vemos de una forma inofensiva; pero con él, viene una ola mundial de crimen. Este mercado es manejado por personas muy profesionales que se protegen, entre ellos mismos; fomentan la corrupción, con dividendos y sobornos. Las aduanas es un ejemplo palpable de un sector incontrolable, por su envergadura, donde las mafias hacen su gran debut, dominan el manejo de la salida y llegada de muchas de estas mercancía corrompen, sobornan por los grandes intereses, entre otras acciones. El soborno es el motor del comercio ilegal, en todo el mundo.

Hay redes ocultas en todo el mundo, manejando el comercio ilegal paralelo, con mercancías falsificadas:

Este mercado ilegal de armas, drogas, personas, falsi caciones/piratería, que genera dinero sucio….está cambiando al mundo.

Esta Industria es enorme, emplea mucha gente, alimenta muchas familias. Estas redes están vinculadas con las agencias gubernamentales, que cualquier acción drástica para eliminarla, desestabilizaría a cualquier gobierno que lo intente.

Cuando el comercio ilegal crece desenfrenadamente, las redes asumen el poder y dominan la ciudad. Las grandes amenazas las tienen los países en sus fronteras, en puertos sin controles, aduanas muy grandes, poca capacidad operativa para la revisión, supervisión, controles de calidad, corrupción, territorios libres. El crecimiento de la banca electrónica ha hecho más fácil el lavado de dinero. Los bienes raíces son la forma más popular de lavar grandes cantidades de dinero. Los proyectos de la construcción indican con su tamaño, la cantidad de dinero que desean lavar. Existe una creciente criminalización de la política, donde los criminales están entrando en la política y los políticos se están volviendo criminales. La parte más molesta de todo esto, es que los responsables, casi nunca son llamados para que respondan por sus acciones. Las perspectivas al interior de los países, son influenciadas por sus culturas. Fuente: Documental: Ilícito: Dinero, Drogas, Corrupción, de National Geographic.

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Crimen Organizado comercio internacional y pobreza mundial Un aspecto importantísimo para atacar la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías. e acuerdo con una entrevista realizada por Mario Campos, referida por el escritor Juan Manuel Ramírez Velasco, en su trabajo titulado Pobreza: origen de la delincuencia, un indicio que apunta hacia el crimen organizado, y que fue publicado el 26 de julio de 2009, en la página de Internet suite101.net, el periodista Raymundo Riva Palacio señala que el crimen organizado representa una alternativa sumamente importante para personas en condiciones de pobreza, dado las cantidades de dinero que se les ofrecen por la realización de actividades relacionadas no sólo con el crimen organizado, sino con el comercio, con la condición de cumplir con ciertos lineamientos.

VAUGHN GONZALEZ vaughngonzález@hotmail.com

Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional

En ese sentido, ha sido leyendo y analizando de manera comprensiva el artículo titulado Comercio internacional y pobreza mundial, publicado por Alieto Guadagni y Jorge Kaufmann en la revista de la CEPAL, correspondiente al Número 84, del mes de diciembre del año 2004, que he observado la existencia de una estrecha relación entre la criminalidad organizada, los niveles de pobreza a escala mundial y los aranceles aduaneros a los productos agrícolas que establecen los países desarrollados. Así, los señores Guadagni y Kaufmann indican que, según datos del Banco Mundial, en el período comprendido entre el 19902001, la pobreza aumentó de 2, 689 a 2,733 millones de personas. En ese mismo período, la población pobre de África aumentó de 233 a 321 millones; según las proyecciones para el año 2005, la tasa de pobreza extrema sería de 13,3% en África, 9,3% en Asia, 7.5% en América Latina y 1,4% en Europa

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Oriental. Según el Word Bank Institute, tres de cada cuatro pobres viven en áreas rurales; el 63% de la población, y el 73% de los pobres viven en áreas rurales; en los países menos desarrollados, la tasa de pobreza de los hogares rurales alcanza a casi el 82%: en África; al sur del Sahara, el 48% de la población vive con menos de un dólar al día; el 77%, con menos de dos dólares; y según el Banco Mundial, la participación rural en el número global de pobres no bajará del 50% antes del 2035. En cuanto concierne a los aranceles aduaneros y relacionándolos con los datos y cifras señalados, los cuales hacen referencia a la pobreza a escala global, nos dicen los autores, antes mencionados, que las impor-

Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas alimentarias, los países en desarrollo pierden 40,000 millones de dólares al año, por menores exportaciones, debido al proteccionismo agrícola de los países desarrollados.

taciones agrícolas que aplica la Unión Europea alcanzan en promedio a 20% y a 9%; en el caso de Estados Unidos es de 8,9%, y en la Unión Europea es de 7,9%. Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas alimentarias, los países en desarrollo pierden 40,000 millones de dólares al año, por menores exportaciones, debido al proteccionismo agrícola de los países desarrollados. Los países en desarrollo pierden ingresos netos de alrededor de 24,000 millones de dólares al año, por el proteccionismo agrícola de los países industrializados; América Latina tiene una pérdida anual de ingresos estimada en 8,300 millones de dólares, debido al proteccionismo agrícola de los países desarrollados; los bienes agrícolas provenientes de América Latina, que acceden a los mercados de los países industrializados, pagan un arancel de 20, 4%, mientras que, las exportaciones de bienes no agrícolas de los países industrializados entran a América Latina con un arancel de 8.5%; el subsidio anual, por vaca, alcanza a casi 1,000 dólares en Japón, es decir que la Unión Europea le concede a cada vaca 2,67 dólares al día, y Japón 11,86. Además, explican los articulistas, que los países industrializados aplican recíprocamente aranceles del 1% sobre sus importaciones de manufacturas; pero gravan en 5% las provenientes

“...entre el 1990-2001, la pobreza aumentó de 2, 689 a 2,733 millones de personas. En ese mismo período, la población pobre de África aumentó de 233 a 321 millones; según las proyecciones para el año 2005...” de Asia Oriental; en 6%, a las de Medio Oriente, y en 8%, a las del sur de Asia; solamente un cuarto de cada dólar, de apoyo al productor llega al bolsillo

de los agricultores. Las medidas proteccionistas afectan grandemente los principales productos agrícolas, a nivel mundial, tales como el algodón, cuyos aranceles perjudican a los 11 millones de productores de África Occidental; el azúcar, cuya protección por la Unión Europea, Japón y Estados Unidos asciende a 6,400 millones de dólares, que equivalen al valor de las exportaciones totales de los países en desarrollo; el trigo, cuyos aranceles son altos; el maní, cuya liberalización proteccionista conllevaría beneficios a países como Gambia, Malawi, Nigeria, Senegal y Sudáfrica; el arroz, cuya desprotección beneficiaría a los productores de Camboya, China y Vietnam, así como también a otros países pobres. Sin lugar a dudas, los datos y cifras que aportan Guadagni y Kaufmann nos indican muy claramente que los aranceles agrícolas de los países industrializados inciden grandemente en la pobreza y, por consiguiente, en los niveles de criminalidad organizada a nivel planetario. De modo y manera, pués, debido a la importancia de tales datos, podemos afirmar con vehemencia que hay una estrecha vinculación entre crimen organizado, comercio internacional y pobreza mundial.

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