diálogo
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abril - mayo 2011
Viene de la página 5
Lemuel Soto, alcalde de Arecibo
Este contrato de publicidad ha sido duramente criticado pues la propaganda –que incluye página de Internet, billboards, anuncios de televisión, radio y medios impresos y pegatinas en pompas de gasolina– se ha activado a pesar de que el proyecto aún no cuenta con todos los permisos de construcción. “Antes que se designara el decreto de emergencia energética, ya desde el 2009 Ballori y Farré estaba encaminado a hacer un estudio a lo largo de la alineación de las poblaciones afectadas y qué asuntos les preocupan para hacer un plan de comunicaciones. De ahí que lleguen al nombre de Vía Verde. En las encuestas encontraron que los asuntos ambientales en esta zona son importantes”, explicó Massol Deyá.
¿QUÉ SE ARRIESGA?
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A diferencia de las agencias estatales, las federales no han sido afectadas por el decreto de emergencia. Esto le ha permitido a estas últimas examinar uno de los proyectos energéticos propuestos con detenimiento y sobrepasar sus repercusiones. Tanto el Servicio de Pesca y Vida Silvestre como la Agencia para la Protección Ambiental expresaron reservas ante el Cuerpo de Ingenieros en torno al impacto ambiental del gasoducto. En sendas cartas, ambas agencias recomendaron que no se otorgaran los permisos al proyecto. Según reportaron los medios locales, el director de la EPA en el Caribe escribió en un documento con fecha de 21 de diciembre de 2010 que Vía Verde no cumple con la Ley federal de Agua Limpia, causando un posible impacto a la zona kárstica, una importante formación geológica compuesta por una cadena de mogotes que suple más del 25 por ciento de la demanda de agua en Puerto Rico. Asimismo, la EPA encontró que el proyecto del gasoducto no provee suficiente mitigación para compensar daños al ambiente. Igualmente, Edwin Muñiz, director regional del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, expresó preocupación por los recursos acuáticos. Otras entidades también han divulgado sus inquietudes en torno al impacto que tendría este proyecto sobre los ecosistemas de la Isla. Un grupo de científicos de Casa Pueblo descubrió que “el impacto directo forestal
equivale a desaparecer dos veces el Bosque del Pueblo” en Adjuntas. Algunas de las áreas forestales a ser impactadas, según el análisis de septiembre de 2010, son el Bosque La Olimpia y el Bosque del Pueblo de Adjuntas, el Bosque de Río Abajo, el Bosque de Vega, entre otros. Igualmente, se verán afectados varios cuerpos de agua como el Río de la Plata, el Río Bayamón, el Río Grande de Arecibo y el Río Tanamá. La organización también comentó que la trayectoria del tubo incluye 106 kilómetros de la zona del Karso. Por otro lado, se han presentado serios cuestionamientos sobre la seguridad de un gasoducto como éste. En el 2010 hubo más de una decena de accidentes en este tipo de estructura mundialmente. Entre éstos, se destaca la explosión en San Bruno, California que causó cuatro muertes. Un estudio del arquitecto Patrick Urbain, presentado en una de las vistas públicas del gasoducto, reveló que hay 25,877 viviendas en el perímetro de la ruta, lo cual se traduce a 82,806 personas que están ubicadas en un área de alto riesgo. Por otro lado, el proyecto [del gasoducto] será uno costoso, $450 millones, según estimados oficiales. A esto se le suman $80 millones de dólares anuales por 20 años de renta por el equipo e instalaciones para recibir el gas, así como la construcción de una terminal de gas en el norte por $750 millones. El total final sería de $2.8 billones de dólares. “El precio va a aumentar el renglón más importante que es la deuda pública, que es lo que nos tiene esclavos: repartir la deuda entre todos los abonados. Si los abonados deciden no gastar tanta energía, como quiera tendrán que pagarla”, expresó Massol Deyá.
¿BASURA ENERGÉTICA? Otro de los proyectos amparados bajo la declaración de estado de emergencia es la planta incineradora que se propone construir la compañía Energy Answers en el municipio de Arecibo. La DIA de la planta incineradora fue aprobada por el Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada de la JCA bajo el decreto de emergencia energética en menos de 24 horas. Para que se construya la planta incineradora, Energy Answers tiene que atravesar los procesos de permisología de ADS, AEE, la Compañía de Fomento Industrial, Fortaleza, JP, JCA y EPA. El incinerador ha sido aprobado por todas estas entidades excepto la EPA, que está realizando un análisis sobre la calidad de aire en esa zona. El costo de la planta sería de $500 millones de dólares. De ese monto, un 28 por ciento provendría de los fondos federales del American Recovery & Reinvestment Act (ARRA) bajo créditos para proyectos de energía renovable. El presidente de Energy Answers, Patrick F. Mahoney, indicó a Caribbean Business que el proyecto será financiado por Energy Investors Fund, una empresa en conjunto, con inversionistas extranjeros y el Banco Popular. Energy Answers cobraría por el depósito de basura, vendería el material reciclable, metales pesados y la electricidad que produzca. No Uno de los proyectos incurriría en gastos de electricidad energéticos propuestos pues la planta provee su energía. impactará directamente áreas forestales y recursos Aunque el proyecto se ha acuáticos.
presentado como una alternativa de energía, la cantidad que generaría es demasiado limitada para designarla como una fuente energética para el consumo de todo Puerto Rico. “La basura no es una fuente renovable. Puede ser visto como una fuente alterna energética y en bien pequeña escala. El waste to energy es una estrategia para reducir basura, no producir energía”, sostuvo Rodríguez. No obstante, la autoridades gubernamentales tienen mucho interés en que el proyecto se concretice. El alcalde de Arecibo, Lemuel Soto, comentó a Diálogo que dicha planta incineradora Foto por Janice Mejías es una iniciativa impulsada por La Fortaleza. “Esta planta viene planchá desde el Gobierno Central”, aseguró el funcionario que mantiene una disputa con el Gobernador por la ruta que tomará el gasoducto. El interés que ha generado la planta se debe en gran medida a su capacidad de transformar basura en energía. El proceso comienza en la caldera donde se incinera la basura; el aire caliente de la caldera de combustión pasa por un condensador, el agua activa una turbina de vapor que genera electricidad. Alexis Molinares, representante de Energy Answers ante la comunidad, explicó que la planta generaría 80 megavatios diarios de energía. La facilidad se quedaría con 10 megavatios, los 70 megavatios sobrantes se venderán a la AEE. “Ya tenemos un acuerdo con AEE para inyectar al grid [parrilla de alto voltaje] energía barata; el precio, a diferencia del barril de petróleo, no va a variar. No habrá un ajuste sorpresa por esta operación porque los combustibles fósiles están a merced del mercado”, confirmó Molinares, quien también dijo que no se tenía el precio de venta establecido. Sin embargo, el director de proyecto, Mark Green, explicó a Caribbean Business que vendería a 10 centavos el kilovatio, y que este precio estaría sujeto a inflación. Esto significa que la AEE tendría que pagar aprox imadamente $ 2, 555 m i l lones anuales a Energ y Answers por la compra de energía. En vista de que los dos proyectos energét icos que ampara la nueva definición de “estado de emergencia” imponen mayor carga económica a la AEE y Alexis Molinares, enlace de Energy Answers con la comunidad que tradicionalmente dicha corporación gubernamental transfiere sus gastos a sus abonados, tal vez será necesario extender nuevamente el citado concepto. Esta vez para impulsar que el mismo pueda aplicarse al bolsillo de todos los puertorriqueños. Nota: Diálogo intentó conversar con el Gobernador y con funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica para conocer su posición con respecto a este tema pero hasta el momento del cierre de esta edición nuestras cartas y llamadas no habían sido atendidas.