En Uruguay, se mueven dos tipos de interpretaciones de laicismo: el liberal, que mantiene neutralidad en las cuestiones religiosas y filosóficas, y el tutorial, de orientación antirreligiosa consecuente y militante. En la práctica, ambas posiciones se hallan entremezcladas. control de la natalidad, dos hechos que la dirigencia católica romana denunció vigorosamente. De una población confesada como católica romana desde la época de la Colonia, en el censo de 1908 declaró esta pertenencia el 44% mientras que los “liberales” llegaron al 40%. Tercera oleada La tercera etapa laicista se afinca alrededor de 1900, pero se había iniciado ya durante el desarrollo de la segunda. Es importante lo que resalta Julio Santa Ana al insistir en el desarrollo del laicismo en Uruguay como “un proceso continuo”, que tuvo lugar “en las conciencias de las minorías ilustradas” y “que ganó a los sectores medios” que prevalecieron en la orientación del movimiento laicista. Santa Ana resume la modernización del país como resultado “de una serie de acontecimientos sociales, económicos, políticos, culturales, que comenzaron a amalgamarse durante los años del gobierno militar autoritario del Coronel Latorre (l876 - 1880) y culminaron durante la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911 -1915) y los quince años que lo siguieron”. Durante ese período, en 1879, se produce la reforma de la educación, promovida por José Pedro Varela, quien propuso la escuela gratuita, obligatoria y laica. Varela, que murió joven, a los 34 años, consiguió que los niños en edad escolar siguieran los programas escolares costeados por la administración estatal que cobraba el “Impuesto de Educación Primaria”, aplicado a todos. En esta etapa no se logró la educación laica, pero sí, en la segunda década de 1900. Para la ICR, el tema de la educación es uno de los más irritantes. Para defender su poder, utiliza los argumentos conocidos, cuya afirmación central es la de que los padres tienen el derecho de escoger la clase de educación que desean para sus hijos, en caso de que sean menores de edad. La dirigencia eclesial católica romana lo promociona como uno de los principales y más trascendentales de entre los derechos humanos. En Uruguay, citan el Artículo 68 de la Constitución Nacional donde se declara que “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.” Por cierto, la jerarquía eclesial parte de su propia interpretación, al referirse a que la libertad religiosa inclu-
S i g n o s
d e
V i d a
ye la enseñanza de la religión y la moral en el sistema público de educación, y que debe haber libertad para establecer instituciones educativas privadas de enseñanza con financiación desde el Estado. En Uruguay, se mueven dos tipos de interpretaciones de laicismo: el liberal, que mantiene neutralidad en las cuestiones religiosas y filosóficas, y el tutorial, de orientación antirreligiosa consecuente y militante. En la práctica, ambas posiciones se hallan entremezcladas. La Iglesia Católica Romana argumenta que la educación busca el desarrollo integral de la persona y que ello es imposible de alcanzar si se ignora la dimensión religiosa del ser humano “que forma parte de su esencia”. Al mismo tiempo, rechaza la propuesta laicista de que si los padres lo desean, la escuela laica puede ser complementada con una educación religiosa aparte, por ejemplo, mediante la catequesis parroquial, e insiste en la enseñanza religiosa en el ámbito de la educación pública. En cuanto a cuestiones más prácticas, relacionadas con el ejercicio del Estado en la educación, la ICR aduce que la regulación en la educación privada es exageradamente estatista, pues determina los contenidos de la educación privada “hasta en sus más mínimos detalles” como, dicen, ocurre en los planes de estudio y programas de las diversas materias y que, además, los maestros y maestras que trabajan en la educación privada provienen mayoritariamente del instituto de formación docente del Estado. La Iglesia Católica Romana ejerce presión sobre los funcionarios estatales por mecanismos pocos conocidos, o por lo menos, que no son públicos. Esa realidad se plasma en situaciones aparentemente inesperadas. Se pueden citar tres muy conocidas por su debate público: Una, en la visita de Juan Pablo II, en 1987, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado. En esa ocasión, el Papa celebró una misa en Tres Cruces, uno de los lugares centrales de Montevideo, para lo cual se levantó una cruz, símbolo eje del cristianismo, que no se retiró al finalizar la ceremonia y cuya presencia permanente fue aprobada al año siguiente. La otra, en ocasión del fallecimiento de Juan Pablo II, en 2005. En esa oportunidad, el presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, logró aprobar que se trasladase una estatua del Papa, que estaba en un recinto privado, a los pies de la mencionada Cruz. En esa ocasión, la Federación de Iglesias Evangélicas de Uruguay protestó y levantó una polémica pública que duró varios meses, por considerar que ese hecho lesionaba la postura laicista.
D I C I E MB R E 2 0 0 8 • 1 7