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Aprendizajes


Tabla de contenido Identificación de aprendizajes para la construcción integral de la paz en el Magdalena Medio 1.

Presentación general ............................................................... 6

2.

Descripción de la metodología aplicada .................................... 6

2.1. Objetivo propuesto .................................................................... 2.2. Marco teórico .................................................................... 6 2.2.1. El análisis relacional .............................................................. 2.2.2. “Aprender a aprender” como competencia pedagógica ......... 2.3. Didáctica de los talleres de retrospectiva histórica ................... 2.3.1. La construcción de la línea de la historia ............................... 2.3.2. El levantamiento del mapa de actores y relaciones ............... 2.3.3. Identificación de los aprendizajes .......................................... 3.

6 6 6 6 6 6 6

Procesos y organizaciones base

3.1. Criterios de selección ....................................... 6 3.2. Breve descripción de los procesos y organizaciones base ........ 6 3.2.1. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) ...... 6 3.2.2. Ciudadela Educativa de la Comuna 7 (Corcedic7) .............. 6 3.2.3. Espacio Humanitario de Micoahumado .................................. 6 3.2.4. Organización Femenina Popular (OFP) .............................. 6 4. 4.1.

Realización de los talleres

Resistencia campesina en defensa de sus territorios: el caso de la Acvc ................................................................... 6 4.1.1. El éxodo campesino ............................................................. 6 4.1.2. La lucha por la zona de reserva campesina ......................... 6 4.2. Sobrevivencia y construcción del sentido comunitario: el caso de Corcedic7 ............................................................. 6 4.2.1. La llegada de Meriléctrica en 1997 ......................................... 6 4.2.2. Masacre del 16 de mayo de 1998 ......................................... 6 4.2.3. Aplicación de la Ley 715 de 2001 ......................................... 6


Tabla de contenido

4.3.

Diálogo s regionales, una lección para la paz: el caso del desminado social y comunitario de Micoahumado .. 6 4.3.1. Breve contextualización de los hechos ............................... 6 4.3.2. Los antecedentes .................................................................... 6 4.3.3. Los problemas de la verificación ......................................... 6 4.4. La lucha constante por la dignidad de las mujeres: el caso de la OFP .................................................................... 6 4.4.1. Expansión regional de la organización ...................................... 6 4.4.2. La Masacre del 16 de mayo ..................................................... 6 4.4.3. La resistencia femenina .............................................................. 6 4.4.4. Amenazas persistentes .............................................................. 6 5. Mecanismos recurrentes en las relaciones 5.1. Formación de identidad política 5.2. Difusión/Apropiación social 5.3. Activación de vínculos previos 5.4. Afectación de intereses de la élite 6. Aprendizajes obtenidos Bibliografía


Identificación de aprendizajes para la construcción integral de la paz en el Magdalena Medio

1.

Presentación general

El presente documento es una contribución del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/Programa por la Paz) al proceso de construcción de la Escuela de Educación para el Desarrollo y la Paz en el Magdalena Medio. En él se trata de identificar las rutas de aprendizaje de las múltiples experiencias que se han presentado en esta región como respuesta a las condiciones de violencia, pobreza y exclusión que han vivido sus pobladores durante decenas de años. Rutas que son a la vez un valor acumulado, expresado en las luchas sociales de larga duración, en las experiencias de resistencia, en la articulación y en la salvaguarda del bagaje cultural. La región, como expresión de un complejo mundo de relaciones situadas, ha mostrado la conflictividad que presenta el cruce de visiones de paz y desarrollo en el territorio. Son conflictos de distinto orden, del conjunto de los procesos sociales que involucra a actores de la institucionalidad pública, la cooperación internacional, el sector económico, los sectores sociales de base, los actores armados ilegales, en una amalgama de relaciones y tensiones que en el transcurso de los años fueron configurando condiciones de violencia, pobreza y exclusión pero, a la vez, desatando alternativas y nuevas propuestas para la paz, el desarrollo y la democracia. La identificación de los aprendizajes en estos sentidos requirió ejercicios de restrospectiva histórica destinados a señalar los episodios más


significativos vividos por los pobladores e identificar en ellos los mecanismos transformadores aplicados con mayor regularidad. Para realizar tales ejercicios se exploraron las relaciones dadas entre los múltiples actores que estuvieron implicados en los episodios elegidos, haciendo visibles las variaciones que se fueron dando en tales relaciones y la manera cómo éstas fueron desatando nuevas situaciones del contexto. Este enfoque metodológico será presentado más ampliamente en el curso del presente documento. Para desarrollar el ejercicio se eligieron cuatro procesos regionales, calificados como significativos por las mismas organizaciones y entidades de la región. Ellos fueron: la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), la Ciudadela Educativa de la Comuna 7 (Corcedic7), el Espacio Humanitario de Micoahumado y la Organización Femenina Popular (OFP). Sobre cada uno de estos procesos se realizaron dos talleres de “retrospectiva histórica”, a través de los cuales se avanzó en la identificación de los aprendizajes sociales para la construcción de la paz, a partir de la propia experiencia y desde una perspectiva de integralidad. Una posterior lectura comparativa de cada caso permitió identificar las recurrencias y las coincidencias, que ofrecen una pista sobre los aprendizajes regionales. Se trata de una sugerencia para que, desde las distintas disciplinas y visiones de región, se profundice en el interrogante que guió el ejercicio: ¿cómo la región del Magdalena Medio ha aprendido lo que ha aprendido? Además de esta presentación, el documento contiene otros apartados. En seguida, la descripción de la metodología que se anunció, y que expone los fundamentos teóricos y la didáctica de los talleres; posteriormente, una presentación de los procesos regionales escogidos ante los talleristas, en la cual se dieron a conocer los criterios de la elección y se hizo su descripción, extraída de sus propios medios de difusión. Cumplidos estos preámbulos, el documento entra a desarrollar los resultados de cada uno de los talleres, relatando los episodios y describiendo en ellos las relaciones entre los actores, ejercicio que ofrece la ocasión para que en el siguiente punto se dé cuenta de la lectura transversal realizada, haciendo explícitos los mecanismos recurrentes en las relaciones sociales. Se trata de un conjunto de mecanismos, como la formación de identidad política, la atribución de similitud, la difusión, la activación


de vínculos previos, el infringimiento de intereses de la elite, entre otros que configuran los episodios analizados. Finalmente, se expondrán los aprendizajes sacados de las experiencias, expresados desde la perspectiva de las relaciones entre múltiples actores.

2.

Descripción de la metodología aplicada

El propósito de identificar lecciones para la paz a partir de las experiencias del Magdalena Medio condujo al diseño de una metodología que permitiera a los participantes de las organizaciones y comunidades invitadas reconstruir los relatos de la historia desde una nueva perspectiva: las relaciones con los actores involucrados en los episodios conflictivos, en los que se activaron mecanismos por parte de estas organizaciones y comunidades para hacer frente al impacto de la violencia y avanzar en sus objetivos relacionados con el desarrollo social. La metodología se enmarca en los planteamientos de la visión prospectiva, pero parte de un primer momento de ésta: el de hacer una revisión del pasado para identificar las experiencias vividas y contabilizar los activos organizativos que han de ser los valores y las capacidades para avanzar en la consecución de los objetivos en el futuro. Parte de las mejores fortalezas de las organizaciones proviene de sus propias experiencias vividas: ese modo como lograron, o intentaron al menos, resolver situaciones adversas. Hayan sido exitosos o fracasados tales intentos, ellos ofrecen lecciones para recoger, evaluar y aprovechar. El Magdalena Medio, como tantas otras comarcas del país, aloja un cúmulo de experiencias de las cuales se puede aprender. El propósito de esta metodología es facilitar la identificación de esos aprendizajes.

2.1.

Objetivo propuesto

El proyecto “Aprendizajes para la construcción integral de paz en el Magdalena Medio” se propuso identificar las prácticas sociales e históricas en los contextos conflictivos de la región, mediante un análisis comparativo que permitiera observar las formas como los pobladores han respondido a las situaciones de violencia o exclusión social. Este propósito contempló la elaboración de una base conceptual en torno a los aprendizajes de esa región en la construcción integral de la paz, que sirviera de insumo para el diseño y puesta en marcha de la Escuela de Educación para el Desarrollo y la Paz.

2.2.

Marco teórico

La metodología propuesta contempla dos bases teóricas; una pertenece al campo sociopolítico y la otra al campo pedagógico. Para el primer caso se trata del análisis relacional de los actores sociales, como una perspectiva para la explicación de los fenómenos sociales y políticos de


larga duración. Para el segundo caso se acoge el desarrollo conceptual en torno al constructivismo, en el cual la experiencia del aprendizaje contempla un nivel de conocimiento de un segundo nivel: el de hacer conciencia del modo como se aprende y aborda tal intención con el fin de desatar procesos de aprendizaje significativo; es lo que los pedagogos han denominado “aprender a aprender”. Una y otra perspectivas teóricas serán presentadas a continuación. Sabiendo que sus fundamentos son mucho más extensos y complejos, lo que aquí se hace es una breve descripción de sus elementos fundamentales.

2.2.1. El análisis relacional El enfoque teórico que subyace en el trabajo realizado explora en procura de una nueva perspectiva que ayude a explicar y entender los procesos de construcción de la paz; como ya se dijo, se trata del análisis relacional de los actores. En esta perspectiva se ven implicados tres elementos básicos: en primer lugar, que debe considerarse el carácter dinámico de los procesos sociales y no asumirlos como condiciones estables o permanentes; en segundo lugar, que tales procesos se configuran de forma diferencial en las distintas regiones y adquieren características propias que deben ser comprendidas a partir de sus propias dinámicas; y en tercer lugar, que tales procesos responden a una combinación de múltiples factores de orden político, económico y sociocultural que a la postre hacen de estos procesos expresiones complejas. Este enfoque del análisis relacional es propuesto por Charles Tilly, Sidney Tarrow y Doug McAdam y se caracteriza por otorgar un papel central a las relaciones que se establecen entre los diversos actores que participan en un determinado proceso social. En este caso se trata de prestar atención a los procesos de construcción o deconstrucción de posibilidades de relación entre los actores implicados en la intersección entre las dinámicas de la violencia y la construcción de paz. Para los autores partidarios del enfoque relacional la violencia corresponde a un tipo de interacción particular sujeto a ser transformado en la medida en que las formas de transacción entre personas y grupos sean, a su vez, modificadas. Para ellos, por ejemplo, “la violencia colectiva equivale a un tipo de conversación, por muy brutal o parcial que ésta pueda ser” (Tilly, 2007, 6. Énfasis añadido). Los “partidarios de la relación” consideran que lo seres humanos “[…] desarrollan su personalidad y sus prácticas a través de los intercambios con los demás humanos, y que los intercambios mismos siempre implican un grado de negociación y creatividad. En consecuencia, las ideas pasan a ser medios y productos del intercambio social, mientras que las motivaciones, los impulsos y las oportunidades solo operan dentro de una interacción social continuamente negociada […] Según este enfoque, la limitación de la violencia depende menos de la destrucción de las malas ideas, de la eliminación de las oportunidades o de la supresión de los impulsos que de la transformación de las relaciones entre personas y grupos” (Tilly, 2007, 5-6. Énfasis añadido).


En otras palabras, desde esta perspectiva, la transformación de situaciones de violencia se logra a través de la transformación de las relaciones entre las personas, entre los múltiples actores implicados. El foco puesto sobre las “interacciones sociales” y la manera como éstas pueden transformarse también se sustenta en la constatación de que, pese a que las regularidades que determinan las agresiones individuales contra personas u objetos pueden llegar a ser aplicables a interacciones colectivas y de mayor complejidad, “la violencia colectiva no es simplemente la agresión individual ampliada. Su carácter es significativamente afectado por vínculos, estructuras y procesos sociales” (Tilly, 2007, 4), elementos atravesados por interacciones individuales y grupales siempre dinámicas y sujetas a ser transformadas.

Una perspectiva semejante es aplicable a las relaciones cotidianas entre los individuos. Pero en este enfoque descansa también un supuesto mucho más amplio: el análisis de los fenómenos políticos y sociales en general y, para este caso, de los procesos de negociación o de construcción de paz en medio de disputas de poder de largo plazo, debe estar basado en interrogantes acerca de las transformaciones operadas en las relaciones entre los actores. Y, como se ha dicho, estos actores son todos aquellos implicados, tanto en el conflicto como en los procesos amplios de construcción de paz. Por tal razón, se trata de una visión más compleja e integral del análisis de los actores, en donde se deja de lado la visión de los actores en las líneas o trayectorias aisladas por las que transita cada uno. Para efectos de la comprensión de la paz, dicho supuesto tiene una consecuencia central: los conflictos, y tanto su origen como su desarrollo, dependen de formas de relación que garantizan la reproducción de las condiciones que los mantienen vivos; de la misma manera, su resolución no puede ser concebida como un conjunto de buenas voluntades (la voluntad de paz del gobierno, la voluntad de paz de la guerrilla, la participación de la sociedad civil, la participación de la comunidad internacional), sino, al contrario, como la transformación de esas formas de relación que alimentan el conflicto. De cierta manera, se trataría de centrar la atención, más en la transformación de las relaciones en medio de conflictos particulares, en los cuales, por ejemplo, la negociación es solo uno de los momentos, que en una línea que va del conflicto (al inicio del camino), pasa por la negociación (en el curso del camino) y llega a la paz (al final). Esto implica abandonar analíticamente la oposición purista entre paz y violencia, entre actores violentos y actores pacíficos y entre


acciones de paz y acciones de guerra. Si el objetivo es dar cuenta de la transformación de las relaciones, la paz y la violencia, estos elementos resultan ser momentos distintos de procesos sociales de más largo plazo y difícilmente reducibles a “paz” y “violencia”. Tres conceptos básicos hacen parte de este enfoque: episodio de contienda, mecanismo relacional y proceso. La cita siguiente resume la articulación de los tres elementos: “Por mecanismo entendemos una clase delimitada de acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos especificados de elementos, de maneras idénticas o muy similares en una variedad de situaciones […] Los procesos son secuencias regulares de tales mecanismos que producen transformaciones similares (generalmente más complejas y contingentes) de esos elementos […] Los episodios son corrientes continuadas de contienda que incluyen reivindicaciones colectivas relativas a los intereses de otras partes” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 26). Se trata de tres conceptos que hacen parte del desarrollo metodológico aplicado en este trabajo de retrospectiva histórica: toma como objetos del estudio los episodios (esas situaciones específicas de conflicto), se plantea cambios de las relaciones entre sus actores como forma de explicar los mecanismos, se interesa especialmente por los cambios de dichas relaciones (buscando dar cuenta de su carácter dinámico) y propone que la comparación de los mecanismos que operaron en los distintos episodios permita la comprensión de procesos estructurales de más largo plazo. La consecuencia práctica que se derivaría del enfoque hasta aquí descrito consiste en que un eventual proceso de intervención en las relaciones existentes entre los contendientes –que estratégica y hábilmente lograse modificar el tono de la relación en que éstos se vienen enfrentando– sería mucho más efectivo que “los intentos de modificar la conducta individual, de imponer mayores limitaciones a los impulsos o de eliminar las ideas nocivas” (Tilly, 2007, 9). En este orden de ideas, la creación de condiciones para la construcción integral de paz pasaría, en buena medida, por la intervención y el respectivo proceso de modificación de las relaciones y de las formas de interacción y negociación recurrentes entre los actores involucrados en el conflicto.

2.2.2. “Aprender a aprender” como competencia pedagógica Desde la perspectiva pedagógica, los procesos de aprendizaje que aquí interesa abordar son aquellos que se presentan en los distintos ámbitos de la vida social. Desde este punto de vista, la Escuela es uno de estos ámbitos donde se desarrolla el aprendizaje, y no el único. Del mismo modo, el conocimiento no se encuentra solo en los ámbitos formales de la academia, es un proceso más amplio de la construcción social que surge en una especie de combinación de contextos, entre los cuales aparece la academia, en interrelación con otros para la producción del conocimiento.


El constructivismo contiene buena parte de los elementos que sustentan y permiten la comprensión de esta perspectiva social del aprendizaje. En el ámbito de la educación, la teoría constructivista está representada por pedagogos como Piaget, Vygotski, Wallon y Ausubel, que son traídos al punto por sus planteamientos fundacionales de esta perspectiva. En este campo, el constructivismo1 se entiende como “la idea que mantiene que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos– no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano” (Carretero, 1993, 21). Aunque el constructivismo ha tenido cabida en otros campos de las ciencias humanas, como la filosofía, las artes, la sociología, la antropología, etc., en este momento interesa revisar los planteamientos desde el punto de vista de la pedagogía, a fin de sentar las bases que configuran, al menos inicialmente, esta propuesta de aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender, si bien ha tenido detractores,2 está siendo desarrollada ampliamente y con muchos matices por diferentes instituciones y maestros alrededor del mundo. Aunque las referencias que, por lo pronto, se han identificado están destinadas al “aula de clase”, en este trabajo se busca ubicar esta competencia, por decirlo de algún modo, en los extramuros de la escuela (la calle, la vereda). Como se dijo anteriormente, se entiende que la escuela también hace parte de la esfera de lo social, por lo que la aplicación que en este caso se busca se extiende a las organizaciones y comunidades urbanas y rurales. Ello implica reconsiderar los problemas del aprendizaje y el mismo objeto del aprendizaje. No se trata, entonces, solamente de contenidos curriculares sino más ampliamente de prácticas sociales; los problemas a resolver no son únicamente los del aprendizaje de tales currículos, sino además los dilemas sociales, relacionados con la política, la economía y la cultura. Por esta razón, para los casos que en este trabajo interesan, se harán adaptaciones3 del lenguaje y del nombramiento de los espacios, a unas instancias que correspondan más al ámbito de lo social.

1. 2. 3.

El texto que sigue de Carretero es citado con frecuencia por estudiosos de la educación de España y Argentina, cuyos artículos y ensayos se ubican con facilidad en la web. Ver, por ejemplo, la crítica expuesta por Hugo M. Castellano en su texto “Qué cosa es ‘aprender a aprender’”. Consultado en: http://contexto-educativo.com.ar/2005/3/nota-10.htm En el caso de las citas, los términos que sean inevitables y que no se ajusten al ámbito social irán entre paréntesis y en letra cursiva, y entre paréntesis y en letra normal las palabras incorporadas para la adaptación del lenguaje.


Para entrar en materia, veamos lo que se ha denominado como aprender a aprender. Varios pedagogos que han trabajado en el tema, particularmente los españoles, recurren a la definición que emplea la Comisión Europea, como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender a aprender significa que los (estudiantes) (personas) se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza” (cfr. Martin, Elena. Variaciones añadidas). Con esto, y siguiendo el texto de Elena Martin, es importante considerar aquí los principios metodológicos que ella presenta para apoyar los procesos de aprender a aprender:

Primero: La importancia que tiene explorar las concepciones que (estudiantes y docentes) (las distintas personas) tienen sobre el aprendizaje. Segundo: Enseñar al (alumnado) a regular sus propios procesos de aprendizaje. De otra forma, cómo planificamos o cómo sabemos si nuestros resultados son los correctos. Tercero: Ayudar a los (alumnos) (personas) a que realicen atribuciones adecuadas de sus éxitos o fracasos, para prestar atención a la dimensión emocional […] Cuarto: La escritura epistémica. Son muchos los estudios que ponen de manifiesto la gran capacidad del lenguaje para hacer explicitas ideas y conocimientos que tenemos pero que no sabemos que tenemos o que se “aclaran” al expresarlas (Refiriendo a Olson, 1998; Vygostki, 1977 y 1979). Quinto: El trabajo colaborativo constituye asimismo uno de los pilares de aprender a aprender. Trabajar con otros ayuda a tomar conciencia de los propios procesos cognitivos y emocionales. Cada uno de estos principios metodológicos representa un aporte al ejercicio hecho en los talleres de retrospectiva histórica que se realizaron en el Magdalena Medio; en principio, planteaban interrogantes que


apoyaron el proceso y ayudaron a explicitar elementos de valor para identificar las lecciones dejadas por la experiencia a través de los años. Así, la pregunta por el aprendizaje condujo a entablar discusiones en torno a qué es aprender, cuál es el objetivo del aprendizaje, cuál es el lugar del aprendizaje, quién es el sujeto del aprendizaje. En el caso de las organizaciones, llevó a profundizar en aspectos como definir cuál es el aprendizaje que importa, cuál es el aprendizaje pertinente, cuál puede ser su utilidad para avanzar en el futuro. El asunto, aparentemente trivial, ganaba importancia ante los pobladores, líderes y miembros de las organizaciones con quienes se trabajó, ya que invitaba a valorar la experiencia, las vivencias tenidas, las acciones realizadas, los logros alcanzados. Darse cuenta de que cada uno tenía valor en la historia relatada y que los acumulados, los conocimientos adquiridos, surgían como aportes del proceso colectivo vivido durante largos años. Del mismo modo, con ello, caer en la cuenta de que las vivencias, la experiencia, pueden ser un escenario de conocimiento valioso para las mismas organizaciones, de tal manera que, en aras del aprendizaje, resultaría necesario determinar momentos de reflexión, de planeación, de aprovechamiento de la experiencia misma; revisar los resultados exitosos o los intentos fallidos, y extraer las lecciones necesarias para corregir estrategias o metodologías de trabajo. Este aspecto, como se menciona en los elementos enumerados, resulta esencial para conceder atribuciones favorables a los éxitos y fracasos, pues una visión negativa de los mismos puede hacer mella en la motivación de los grupos, en la cohesión de sus miembros y en las relaciones con sus líderes. Los aspectos emocionales, como se verá en el desarrollo de los talleres, tienen su lugar y su rol cuando se trata de definir relaciones y estrategias de acción. Otro de los elementos que aportó este conjunto de principios metodológicos fue el modo de expresión de los aprendizajes obtenidos a lo largo de la historia relatada. En este caso el relato desempeñó un papel esencial en la elaboración de los aprendizajes. Sin lugar a dudas, se trata de procesos de constante creación y recreación de los relatos, en donde la repetición, conducida positivamente, ayuda a descubrir nuevos matices, nuevos momentos, nuevos elementos o detalles de importancia que no habían sido contemplados. En este caso no se trata de una simple descripción de los hechos, sino de un relato intencionado de los mismos que, bajo el enfoque relacional aplicado aquí, ayude a entretejer acontecimientos, sucesos y comportamientos que den cuenta o ayuden a explicar de qué manera ocurrieron las situaciones vividas. No se trataba de simplemente repetir la historia, sino de volver a ver la historia con otros ojos: los de aprender. En la práctica, si bien el acceso a la escritura es una tarea por realizar, fue la oralidad la que ayudó a recuperar la historia: esa oralidad que tiene lugar en la memoria del tiempo vivido por estas organizaciones y que se transmite de generación en generación, es oralidad existente. Este tipo de conocimiento solo es posible en la colectividad; la transmisión


de los aprendizajes ocurre en los momentos de encuentro, en la práctica cotidiana, en las acciones realizadas por el grupo o por la comunidad; allí se discute cómo hacerlo, qué atender, cómo abordar, cómo resolver. Unos y otros se complementan: se transmiten detalles, se ajustan los recuerdos, se intercambian lecciones, visiones, percepciones, que juntas suman experiencia, conocimiento. En esos momentos surgen las preguntas, los problemas a resolver, etc. Es, como ya se dijo, conocimiento colectivo. Mario Carretero, según Ragni (ver Ragni, Marcela), evalúa el aporte de este “pequeño maestro” (refiriéndose a Vigotsky) y plantea que el aprendizaje se produce en un contexto microsocial e interactivo, donde la mirada del otro se constituye en hacedor de nosotros mismos, y sin el cual no se puede entender la adquisición del conocimiento. “Interacción social, internalización de conductas, mediación a través de signos y evolución de los procesos conforman la teoría, con lo cual se define el concepto de desarrollo en los sujetos, método típico vigotskiano, lo que demuestra que el alumno aprende más eficazmente cuando lo hace con sus pares, en forma cooperativa” (Ragni, Marcela). Estos elementos hacen referencia de nuevo a la línea constructivista de los procesos de aprendizaje. En ella se plantea la perspectiva del aprendizaje significativo, que consiste básicamente en la atribución de significados al conocimiento adquirido: aún más, le atribuye significado al proceso mismo de construcción del conocimiento, al considerar que construir el conocimiento, y que el mismo conocimiento adquirido, tienen sentido. Es lo que, en parte, conduce a querer aprender a aprender; esto es, querer acceder al conocimiento, querer aprender el modo como se aprende y, definitivamente, saber qué hacer con esas dos cosas: con el conocimiento y con el modo que se tiene de aprenderlo. Siguiendo los planteamientos de los constructivistas, David Ausubel (New York, 1918), psicólogo y pedagogo estadounidense, seguidor de Piaget, mantiene la postura y reconoce que el conocimiento previo del alumno será la base sobre los conocimientos nuevos. Sostuvo que para que el aprendizaje sea efectivo, debe ser necesario que la información (entregada) (construida) sea significativa (aprendizaje significativo) para el que estudia (aprende); por tanto, será la comprensión de los contenidos, lo que garantizará que se produzca el aprendizaje (Ragni, Marcela). Desde la perspectiva que aquí se ha venido reseñando, se trata, a través de los procesos de aprendizaje en los contextos sociales, de innovar las prácticas y replantear los propósitos del aprendizaje y la importancia de reconstruir o hacer conscientes los modos como se aprende en la experiencia y de la experiencia.


Desde el enfoque constructivista, como se ha dicho arriba, tales procesos se presentan de forma contextualizada, situada, en entornos sociales específicos. En este enfoque, como lo señala Díaz Barriga, la idea central se resume en la siguiente frase: “Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados” (ver Díaz Barriga, Frida). La herramienta, o al menos una de las herramientas empleadas para desatar tales procesos de aprendizaje contextualizado, consiste en interrogarse sobre el contexto mismo. En otras palabras, se trata de problematizar el contexto, la situación; esto es, desatar preguntas que conduzcan a buscar explicaciones del mismo, ojalá nuevas explicaciones, nuevas percepciones, nuevas respuestas. Reiterando lo anterior, el relato, juega como un medio para profundizar en ese sentido. Es, de nuevo, una construcción colectiva. López Pérez, citado por Ragni, afirma: “El conocimiento es una construcción y como tal refleja principalmente los problemas que los seres humanos enfrentan en el curso de su experiencia. No se origina en la simple actividad de los sentidos, ni comienza en una simple acumulación de datos, sino con algún problema. El conocimiento expresa orientaciones y posee por tanto un importante valor de uso, puesto que está en conexión con las distintas maneras de actuar y de cumplir objetivos. Más aún, tiene poderosas implicancias en la experiencia social, debido a que determina formas de vivir, convivir, relacionarse, y de colaboración” (López Pérez, 2008). En últimas, para finalizar este punto, los contextos sociales, y en particular los conflictivos, como los reseñados en los casos del Magdalena Medio, son escenarios privilegiados para la elaboración de procesos de aprendizaje; se trata –tal es el propósito de este trabajo– de la búsqueda de alternativas a la violencia, a la exclusión social, a la pobreza. La región del Magdalena Medio contiene una amplia riqueza de aprendizajes, sobre los cuales se trata de avanzar en su definición y, más especialmente, de plantear procesos para escudriñar el objetivo: ¿cómo la región ha aprendido lo que ha aprendido? Al fin y al cabo, “El aprendizaje es la búsqueda de una respuesta para una pregunta que nos interesa” (Claxton, 1984, 215).

2.3. Didáctica de los talleres de retrospectiva histórica El diseño de la herramienta didáctica para la realización de los talleres de retrospectiva histórica que realizó el Equipo Iniciativas de Paz (EIP) se orientó a dar respuesta a la pregunta ya propuesta: ¿cómo la región del Magdalena Medio ha aprendido lo que ha aprendido? Lo aprendido se define en términos de métodos, de procedimientos, y para el aprendizaje reafirma, más que los “qué”, los “cómo”. En este sentido, el interrogante no se orienta a identificar contenidos de tales aprendizajes, sino procedimientos; en otras palabras, el modo como se han hecho las cosas. Los talleres se realizaron en tres momentos. El primero consistió en la construcción de la línea de la historia, en donde se fueron anotando los hitos relevantes de la historia de la comunidad o la organización, identificando


en ellos los contextos conflictivos, los actores, las acciones realizadas, entre otros elementos. El segundo momento se concentró en el análisis de los actores involucrados en los principales momentos de la historia, plasmándolos en lo que se denominó el mapa de actores y relaciones, que consistió básicamente en un diagrama de círculos concéntricos diferenciados por sectores de procedencia (semejando un “radar”); con ello se apuntó a identificar las variaciones que se presentaron en las relaciones entre los actores, partiendo de los hechos concretos que hicieron que las relaciones, efectivamente, cambiaran. Finalmente, el tercer momento apuntó a extraer y poner en limpio las lecciones identificadas durante la realización del ejercicio. Los talleres y las reflexiones fueron enriquecidos con entrevistas a los líderes y miembros de las organizaciones y con la consulta de fuentes complementarias. Para más ilustración de la didáctica y el aprovechamiento de estas herramientas, los tres momentos se describirán a continuación con mayor detalle.

2.3.1. La construcción de la línea de la historia El primer momento del taller de retrospectiva histórica se desarrolló de la siguiente manera: se dibujó una línea horizontal sobre papel pegado en la pared. En la margen izquierda se trazó una segunda línea, esta vez vertical, sobre la cual se distribuyeron tres niveles –alto, medio y bajo– para calificar la intensidad del conflicto a lo largo del periodo que se determinara. A cada participante se le entregaron dos o tres fichas (bibliográficas), todas de un mismo color (blanco), sobre las cuales se les pidió que pensaran y anotaran, según su consideración, cuáles creían que eran los momentos o hechos (hitos) más importantes de la historia de la organización, de la comunidad o de la región; que le pusieran un nombre y anotaran la fecha lo más precisa posible. De este modo, los participantes establecieron periodos que se remontaron hasta quince y veinte años. Sobre la línea del tiempo se marcaron entonces los decenios o los quinquenios corridos desde la fecha más antigua hasta la actualidad. En este momento se dio una instrucción para hacer el ejercicio un tanto más complejo: anotar en las fichas blancas los hechos del ámbito regional, y en fichas azules o rosadas, respectivamente, aquellos que pertenecieran al ámbito nacional o internacional. Los hitos fueron definidos como eventos históricos, largos o cortos, que marcaron o determinaron giros importantes en la trayectoria de la organización, de la comunidad o de la región. Como tales, involucran múltiples actores de diversos sectores. Son, por supuesto, momentos en los que la organización tuvo algún papel o se vio afectada positiva o negativamente. La mayor parte de los hitos referenciados en los talleres fueron de hecho conflictivos; se relataron momentos y hechos de violencia o de confrontación política, como sucedió, por ejemplo, con el ingreso del paramilitarismo a la región, la implementación del Plan Colombia, el arribo de las multinacionales mineras, entre otros momentos. Una vez que los participantes anotaron los hitos en las fichas, se les pidió que fueran pasando uno a uno para ubicar el hito a la altura que correspondiera en la línea histórica. A la vez, se les solicitó que consideraran


si en ese momento la intensidad del conflicto era alta, media o baja. Para este caso, la definición de lo que se entendía por conflicto se discutía con el grupo. La mayor parte de los hitos relatados se enmarcaban en el conflicto armado, pero hubo casos de referencia a conflictos sociales en el seno de la comunidad. A su vez, la consideración del nivel de intensidad del conflicto fue motivo de discusión en el grupo de los participantes, con lo cual se enriquecieron los relatos y se precisaron los hechos. De ese modo las personas fueron pasando y relatando las historias, las cuales, con la participación del grupo, se fueron llenando de detalles, de nuevas facetas, de explicaciones, de detalles olvidados o no conocidos, etc. El ejercicio resulta enriquecedor para los grupos. Normalmente los líderes han contado muchas veces la historia, e incluso han construido una “historia oficial” propia. A través del ejercicio se buscó que se profundizara, que se recobraran sentidos, que el relato se enriqueciera con otras perspectivas. Se trataba de hacer una reconstrucción, obtener una nueva mirada sobre los hechos. A lo largo del ejercicio se fueron acumulando las fichas, se fueron identificando hitos que se repetían y que por lo mismo eran significativos para la organización o para la comunidad. A medida que se marcaban los niveles de intensidad del conflicto, se fueron delineando curvas históricas, llenas de relatos y de información de los contextos, que al final originaban una línea oscilante que daba cuenta de los hechos, del tipo de conflictos vividos y de los momentos de mayor o menor tensión. El acumulado de hechos, de acontecimientos, permitió identificar episodios completos y complejos y precisar además las conexiones o las rupturas entre ellos. Al final, con igual forma participativa, se seleccionaban dos o tres episodios completos para ser profundizados. La tendencia fue a elegir los más complejos, e incluso los más conflictivos, justo para reflexionar en ellos sobre las prácticas, las acciones realizadas, las relaciones establecidas, etc. Estos episodios complejos se convertían en escenarios propicios para identificar los aprendizajes para la construcción de paz.

2.3.2. El levantamiento del mapa de actores y relaciones Para el segundo momento se partió de los episodios seleccionados por los participantes. En este caso se distribuyeron para trabajar en grupos. El criterio para elegir el episodio a ser trabajado fue el de que la persona hubiera participado en los hechos, que hubiera desempeñado algún papel relevante, que tuviera conocimiento de las situaciones y los pormenores de lo sucedido. No todos los participantes habían vivido los momentos relatados; algunos eran personas nuevas en las organizaciones o que


no se habían involucrado del todo; otros, por el contrario, habían estado de lleno en las situaciones e incluso liderando los procesos. Eso sirvió indirectamente para que se transmitiera conocimiento y memoria histórica entre las generaciones de participantes. El objetivo de este segundo momento fue identificar los mecanismos recurrentes de relación entre actores sociales a partir de los episodios identificados en el primer taller. Por eso el foco se puso sobre los actores involucrados. Para ello se recurrió a preguntas como las que siguen: • • • • •

¿Qué personas concretas fueron las que se relacionaron? ¿Cuáles fueron las características de esa relación? ¿Qué hechos o situaciones específicos hicieron que las relaciones entre los actores se establecieran o cambiaran? ¿Qué incidió para que las relaciones se presentaran de determinada manera, más conflictivas, más colaborativas, etc.? ¿Qué percepciones se tenían entre uno u otro actor y cómo fueron cambiando esas percepciones?

La clave para profundizar e identificar los mecanismos que operaron estaba en los hechos concretos, en las situaciones dadas, algunas de ellas públicas o publicadas, otras aún no tan explícitas o que no habían sido consideradas importantes. Son los hechos los que determinan que las relaciones entre las personas o los actores, en general, varíen, se sostengan, se rompan, se fortalezcan, etc. Un gesto, una palabra impertinente, una señal equívoca, un desaire, una desaprobación pública, un chisme, una información obtenida, etc., puede incidir definitivamente en las relaciones entre actores. Esto es válido tanto para la esfera pública como la privada. De este modo, la invitación a los participantes fue a narrar todos aquellos “pormenores” sabidos pero que no habían sido incorporados a los relatos, o que no se habían considerado relevantes o no pertenecían a aquella “historia oficial” propia que había sido establecida por años. Es la recurrencia en ese modo de hacer las cosas, de ocurrir las cosas, lo que configura un mecanismo; por ejemplo, el de la formación de identidad, el de la asimilación con los aliados o con los adversarios, el de informar, el de la aprobación o la desaprobación, entre muchas posibilidades más. Este tipo de prácticas o estrategias, unas más conscientes que otras, unas más planeadas, otras espontáneas o imprevistas, utilizadas con recurrencia, es el que configura mecanismos. Ello, como se ha dicho, crea situaciones nuevas, cambia el rumbo de los acontecimientos, determina un contexto, un conflicto, una confrontación. Los participantes, con la ayuda de preguntas e indagaciones, buscaron identificar, entonces, qué fue lo que hizo que esos episodios sobre los que se trabajaba se presentaran de ese modo, cómo sucedieron las cosas, cómo se encadenaron los hechos; es decir, cómo fue posible que los distintos


actores se comportaran de una u otra manera para desatar las situaciones dadas. Por ejemplo, por qué el paramilitarismo se concentró en algunos sectores sociales, por qué en ciertas oportunidades la insurgencia armada colaboró y en otras quiso obstaculizar los procesos de la comunidad, por qué el gobierno en algunos casos respaldó las decisiones y en otras se hizo el ausente, etc.

Esta vez el ejercicio consistió en describir a los actores involucrados en las fichas (bibliográficas). Para cada episodio se entregaban fichas de un color determinado, de tal modo que cada uno pudiera diferenciarse del resto de episodios que se estaban trabajando. La herramienta utilizada fue un mapa de actores y relaciones. El mapa constaba de círculos concéntricos, divididos por líneas rectas que partían desde el centro y marcaban secciones iguales. Cada sección representaba un sector, en donde se ubicaban los actores diferenciadamente: los actores del Estado, la sociedad civil, los grupos armados ilegales, los actores internacionales y, en un quinto campo, aquellos otros que no se ubicaran en los anteriores. Los círculos concéntricos fueron cuatro, de tal modo que el mapa contemplaba tres niveles para ubicar a los actores: el círculo del centro representaba la organización o comunidad de referencia; a partir de allí aparecían los niveles cercano-intermedio-lejano, que correspondían al segundo, tercero y cuarto círculos. En cada uno de estos niveles los actores se clasificaron en dos grandes categorías –quienes actuaron como adversarios y quienes lo hicieron como aliados–, que se diferenciaron escribiendo los actores sobre las fichas con dos colores distintos. La cercanía o lejanía de los actores se determinaba sobre la base de que estos actores hubieran afectado o se hubieran relacionado más directa o indirectamente con la organización o la comunidad, si habían incidido más directamente en sus decisiones o actuado directamente sobre sus miembros, indistintamente de que fueran aliados o adversarios. Por ejemplo, en general, los paramilitares, que actuaron como adversarios, fueron ubicados en el primer nivel de cercanía, por cuanto ellos afectaron directamente a la organización y a la comunidad y tuvieron un contacto directo a través de la violencia. También la Iglesia de la región, que actuó como aliada, se ubicó en este mismo círculo, ya que el acompañamiento que prestaron fue directo. Algunas entidades del gobierno nacional, por ejemplo, que no estuvieron presentes en esos episodios pero que incidían indirectamente en el desarrollo de los acontecimientos –y se sabía que era así por la emisión de alguna legislación, por la presencia ocasional de algún delegado, etc.– fueron ubicadas en el nivel más lejano.


Una vez los grupos hubieron trabajado los distintos episodios e identificado y anotado los actores en las fichas, fueron presentando los relatos de los hechos concretos que determinaron las relaciones, y a medida que lo hacían fueron ubicándolos en el mapa, que se había dibujado en el piso del salón. Fue posible también trazar líneas entre los actores, que describían las relaciones entre ellos y no solamente respecto a la comunidad u organización, lo que enriquecía aún más el ejercicio. En este momento es importante observar que las relaciones fueron cambiando con el tiempo; a ello contribuía que los episodios correspondieran a momentos distintos de la historia, lo que dejaba ver que en un momento las relaciones eran de una forma y que con el paso de los hechos habían cambiado, se habían mantenido o habían aparecido nuevos actores en la escena. A la vez, se hacía énfasis en el papel cumplido por la organización o la comunidad con la cual se estaba trabajando, qué hechos había provocado o cuáles características había determinado un comportamiento de los actores respecto a ella u otros actores en juego. Por ejemplo, el hecho de estar ubicados en zonas de confrontación militar –que a la vez fueron identificadas con uno u otro bando– hacía que alguno de los actores se estableciera como adversario.

2.3.3. Identificando los aprendizajes El tercer momento de la metodología se concentró en recoger los mecanismos que operaron en ese juego de relaciones entre los múltiples actores de un episodio. Esos mecanismos se identificaron y se hicieron explícitos, se analizó si habían sido recurrentes en los distintos episodios trabajados y se valoraron como práctica social asimilada o no por el grupo, si se aplicaba intencionalmente o surgía de forma imprevista. Por ejemplo, recurrir a estrategias de difusión de la experiencia, darla a conocer y presentar sus fines organizativos fue algo puesto en práctica por los procesos, lo que contribuyó a consolidar redes de aliados en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Con esto, y con los resultados obtenidos de los distintos procesos, en la región del Magdalena Medio pudieron identificarse mecanismos recurrentes, así como el modo como esos mecanismos operaron, crearon situaciones y establecieron relaciones, siempre de forma distinta, pues, como advierten McAdam, Tarroy y Tilly, se trata de “mecanismos explicatorios que operan ampliamente y que se combinan de modos diversos y, por lo tanto, producen resultados distintos en un escenario u otro” (2005, 15). Los más relevantes de estos mecanismos se describen en el apartado No. 5 de este documento, como una forma de explicar los procesos vividos en la región y observar que ellos se configuran como lecciones para la construcción de la paz, en la medida en que este tipo de prácticas sociales, de formas de operar de los actores, es lo que contribuye a determinar situaciones más favorables para la convivencia y la resolución no violenta de los conflictos. Son condiciones altamente complejas, pero constituyen una variante que es necesario explorar para conocer más a fondo las causas de los conflictos y por esa vía encontrar nuevas alternativas para transformarlos positivamente.


3.

Procesos y organizaciones base

En este tercer apartado se presentarán los procesos (organizaciones y comunidades) seguidos con quienes se desarrollaron los talleres de retrospectiva histórica. Para ello se desarrollarán dos puntos complementarios de la metodología descrita: en primer lugar, los criterios de selección, y en segundo lugar una breve descripción de los cuatro procesos en que se trabajó.

3.1. Criterios de selección Lo que se buscó a partir de la selección de los procesos fue llevar a cabo un análisis comparativo que permitiera identificar las formas como se ha aprendido a aprender en la construcción de paz en el Magdalena Medio. En este sentido, la selección de los procesos respondía o apuntaba a garantizar la diversidad de actores, acciones, coberturas, objetivos, impactos, etc. Para ello se establecieron los siguientes cuatro criterios de selección: • • • •

Procesos de cobertura regional, subregional o local, particu larmente significativos en momentos (hitos) relevantes para el Magdalena Medio. Procesos que hayan involucrado una diversidad amplia de actores sociales, políticos, económicos, etc.: Iglesia, poblado res, ONG, Estado, agencias de cooperación interna cional, cuerpos armados, etc. Procesos cuyas historias hayan provocado impactos, diferen ciados según los objetivos de cada uno de ellos y el mayor o menor logro de los objetivos. Procesos con esas mismas coberturas territoriales que estén relacionados con aspectos sociopolíticos, económicos o culturales que hayan requerido prácticas pedagógicas.

3.2. Breve descripción de los procesos y organizaciones base A continuación hacemos una breve presentación de los procesos regionales con base en los cuales se realizaron los talleres. Se trata de una selección de procesos que son reconocidos en el ámbito regional, nacional e internacional gracias al impacto y proyección del trabajo que realizan. No obstante su importancia, es necesario indicar que en la región existen otras experiencias significativas, dignas de conocer y de las cuales todavía se puede aprender mucho. El ejercicio aquí hecho con estas cuatro experiencias es una puesta en juego de una metodología cuyo interés se centra en mostrar una manera de acercarse a las experiencias e identificar los aprendizajes, que puede ser replicable en la región y otras regiones del país. Las presentaciones de cada uno de los procesos han sido extractadas de diversas fuentes de internet o de sus propias fuentes de información.


3.2.1. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc)4 La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra es una organización de carácter regional que integra los propósitos de la comunidad a través de Juntas de Acción Comunal, cooperativas, comités de pescadores y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra. Es una organización social campesina no gubernamental que desarrolla un trabajo organizativo, político y social en el sector rural de ocho municipios del Magdalena Medio colombiano. Está compuesta por 120 juntas veredales de Acción Comunal de los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia), Cantagallo y San Pablo (Bolívar), y del corregimiento Ciénaga del Opón, perteneciente al municipio de Barrancabermeja (Santander). La Acvc es una organización de campesinos desplazados durante décadas a estos territorios de colonización, producto de la violencia del paramilitarismo de Estado. El campesinado de la Acvc se ha organizado para resistir social y políticamente, desde una posición civil, los permanentes embates de los partidarios de un modelo de desarrollo autoritario y excluyente. Es un proyecto que ha asesinado, expropiado violentamente y desplazado a decenas de miles de campesinos y pobladores urbanos del Magdalena Medio. En la actualidad la organización desarrolla su labor en los siguientes campos: atención al desplazamiento interno del campesinado, defensa integral de los derechos humanos, implementación de proyectos productivos de seguridad alimentaria, planificación del desarrollo local y regional, sustitución de cultivos de coca, capacitación y fomento de los procesos organizativos campesinos. Entre los objetivos de la Acvc están: trabajar por que se resuelvan los desequilibrios sociales existentes, como una de las bases para el logro de la paz y de una auténtica reforma agraria que resuelva las necesidades de tierra, créditos, asistencia técnica, obras de beneficio social e impulso a la agroindustria sobre la base del bien común, la seguridad social, la vivienda rural, el desarrollo planificado de la economía agropecuaria, la participación comunitaria en las decisiones que rijan el destino del campo; evaluar, junto con las directivas de las entidades prestadoras de servicios en el campo, las labores desarrolladas por éstas; luchar por el derecho a una vida digna y la defensa de los derechos humanos; procurar la conservación de los recursos naturales de la zona y la creación de una conciencia colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio general; trabajar por fortalecer la unidad y la solidaridad de las organizaciones campesinas entre sí y de éstas con organizaciones de trabajadores populares y estudiantiles; promover procesos de legalización y adquisición de predios rurales de acuerdo con los parámetros de la Ley 160 de 1994, de reforma agraria, y demás disposiciones legales del sector campesino.


3.2.2. Ciudadela Educativa de la Comuna 7 (Corcedic7)5 La Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7 de Barrancabermeja constituye una experiencia organizativa de gran valor civil para que sus pobladores –en medio de las formas y maneras como se ha manifestado el conflicto social, político, armado y económico que se ha vivido en la localidad, la ciudad, la región y el país– logren posicionarse como actores en un escenario de paz, con una propuesta educativa que incida en el desarrollo integral, la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos. La Ciudadela ha logrado además posicionar los siguientes referentes: La educación como eje central que prepara a la comunidad para el desarrollo y la paz; la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la confianza en la institucionalidad pública y privada, que reflejen ambientes de gobernabilidad y gobernanza, y el impulso de iniciativas ambientales y productivas como expresiones significativas de un modelo de desarrollo sostenible. La Ciudadela Educativa se ha propuesto conformar un sujeto social y político que a través de una red de organizaciones logre avanzar en la gestión e implementación de políticas públicas, formuladas en un plan integral de desarrollo de la Comuna 7 de Barrancabermeja, con la participación de Juntas de Acción Comunal, ediles, jóvenes, madres cabeza de familia, maestros de la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, las Madres Comunitarias, el Consejo Comunal de Salud, la Asociación de Padres de Familia, el Grupo de Teatro Ciudadela Educativa, el Club Deportivo Sur Sur, el grupo Adultos Mayores y las iglesias (católica y cristiana evangélica).

3.2.3. Espacio humanitario de Micoahumado6 A partir del año 1999 los pobladores de Micoahumado sufrieron una serie de incursiones de grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en abierta campaña militar por hacerse al control de la región, que por décadas había estado bajo el dominio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); esta confrontación dejó como saldo cientos de muertos, desplazamientos masivos y la destrucción de bienes. Un aspecto que hizo más compleja la situación fue la desconfianza social que existía frente a las Fuerzas Armadas del Estado, que al parecer apoyaban militarmente a las AUC y cometían crímenes en contra de la población. El proceso constituyente

4. 5. 6.

http://www.nodo50.org/tortuga/Que-es-la-Asociacion-Campesina-del http://www.etpbarranca.org/ciudadelaeducativa/ http://www.irenees.net/fr/fiches/experience/fiche-experience-745.html


del pequeño poblado se liga a esa historia de confrontación armada: la historia de la “Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado” empezó un 4 de diciembre de 2002, un día después de que grupos de paramilitares incursionaron en el sitio, en un acto que afectó principalmente a la población civil. Los hostigamientos de ese diciembre duraron varios días. Las AUC y el ELN dejaron campos minados, bloquearon las vías, restringieron el acceso de la población a los alimentos y las medicinas, utilizaron las viviendas de los pobladores para atrincherarse y suspendieron el servicio de agua potable. Esta situación puso a los habitantes del corregimiento ante un dilema de vida o muerte: unirse a uno de los grupos y rechazar al otro, lo cual los incluiría directamente en la confrontación, u oponerse a los dos bandos, lo que seguramente significaría tener que desplazarse. Pero la comunidad optó por una tercera alternativa: declararse en “desobediencia civil”, es decir, en la condición de pobladores legales frente a la ilegalidad, que reclamaban al Estado por su ausencia y a la vez presentaban una propuesta de paz, convivencia y seguridad. Así nació la iniciativa de la comunidad de iniciar un proceso de soberanía popular y autonomía civil, que utilizaba el diálogo como única estrategia para resolver los conflictos. De este modo los habitantes de Micoahumado dieron un salto muy importante en su camino de compromiso contra la guerra y por la paz: la mayoría de la gente se declaró en resistencia civil. Con ese cometido se crearon resistencias frente al desplazamiento forzado, se buscaron mecanismos para hacer posible una salida dialogada de la confrontación entre las AUC y el ELN y se establecieron restricciones a las operaciones ilegales del Ejército oficial. Con ello, y después de soportar los horrores de la guerra durante toda la navidad y el Año Nuevo, lograron finalmente que los paramilitares se retiraran de Micoahumado y continuaron adelantando diálogos con el ELN, diálogos que en particular derivaron en desminados (retiro de minas antipersonal) hechos unilateralmente por parte de la guerrilla. Estos desminados fueron verificados tanto por el gobierno colombiano como por diversas entidades internacionales, que reconocieron el hecho como “desminado humanitario”, que cumplía con todos los parámetros internacionales establecidos, garantizaba


la seguridad de la población civil y se apoyaba en los principios de la Convención de Ottawa.

3.2.4. Organización Femenina Popular (OFP)7 La OFP es un proceso de organización, formación y movilización popular de mujeres de base, defensoras de los derechos humanos integrales, que se asumen como sujetos políticos de derecho y construyen proyectos de vida digna a partir de la resistencia frente a todas las formas de violencia (económica, social, cultural, civil y política). Las mujeres de la OFP se proponen la defensa de la vida y los derechos humanos integrales, reivindican y vindican los derechos de la mujer para que, como sujeto político, eleve su conciencia de género y de clase, transforme su realidad social y reconstruya el orden social a partir de sus propias acciones cotidianas, civilistas y autónomas. Su misión es el desarrollo integral de la mujer, así como la construcción de poder popular mediante la organización y el movimiento social regional y nacional, para defender la vida digna y los derechos humanos integrales de las mujeres y sus pueblos. Los valores que las inspiran son la justicia, el amor, la equidad, la solidaridad, la sororidad, la ternura, la dignidad, el respeto humano La visión de la OFP afirma que después de cincuenta años de proceso organizativo (1972-2022) varias generaciones de mujeres, en distintos puntos cardinales del país, empezando por el Magdalena Medio, habrán reconstruido un tejido social desgarrado por la injusticia y la guerra. A través de la resistencia activa como una opción de vida, día tras día, las mujeres de la OFP mantendrán la organización como medio para el disfrute de los derechos integrales de la mujer y de sociedades más felices, justas y en equidad social económica, cultural y política. Los principios que guían a esta organización de mujeres son:

Civilidad: defiende la civilidad como estatus político que les permita construir propuestas de vida para todas y todos, en las cuales las normas que nos rijan sean inspiradas en modelos democráticos y no dictatoriales y militaristas. Autonomía: es el fundamento de su ética política como organización

de base de mujeres. No aceptan ningún tipo de presión por parte del Estado ni de actores armados ilegales, y tampoco se subordinan al poder. Defienden su autonomía como mujeres que son sujetos de derecho.

7.

http://www.ofp.org.co/


4.

Realización de los talleres

A partir de este apartado se entrará al desarrollo de la metodología aplicada. En este primer momento se relatarán los episodios elegidos por los participantes; se trata de un relato lo más completo posible de los hechos sucedidos y las situaciones que se presentaron, relacionando en ellos a los actores involucrados y tratando de dar cuenta de la complejidad y el sentido de estos momentos en el conjunto de la historia de las organizaciones y comunidades. Los apartados siguientes avanzarán sobre el análisis de los mecanismos recurrentes en estos hechos y en la identificación de los aprendizajes.

4.1.

Resistencia campesina en defensa de sus territorios: El caso de la Acvc

La sostenibilidad de los procesos sociales se mide en logros concretos, que han costado años de trabajo y requerido el valor de los líderes por mantener visiones políticas de largo aliento. La Acvc recibió el Premio Nacional de Paz 2010,8 uno de los tantos reconocimientos de su labor desde 1996, año de su inicio. Algunos de sus líderes y campesinos participaron en los talleres de retrospectiva histórica que se realizaron en Barrancabermeja y en ellos destacaron dos grandes episodios de la Acvc. Uno de ellos se refiere al éxodo campesino de 1998, que enmarcó la creación de la organización, y el segundo fue el proceso de negociaciones con el gobierno nacional para la creación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC). Uno y otro hecho dan cuenta de la confluencia de procesos sociales de largo plazo en medio de los hostigamientos de la violencia y de los proyectos mineros que se establecieron en la región, situaciones que se evidenciaron en momentos concretos como los que aquí se reseñan.

4.1.1. El éxodo campesino Al contrario de un episodio aislado, el éxodo campesino de 1998 es el resultado de un largo periodo de movilizaciones que se realizaron en el Magdalena Medio, en las que participaron comunidades del valle del Cimitarra como de otros municipios de la región. Incluso los paros cocaleros del sur del país ocurridos durante 1996 y que se replicaron también en el sur de Bolívar, animaron la participación del campesinado del Cimitarra, que tuvo la intención de visibilizar sus propias demandas ante las autoridades regionales y nacionales. De hecho, hacia finales de ese mismo año, entre septiembre y octubre, se realizó la “Marcha de los parques” hacia Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar). Esta movilización da como resultado un acuerdo con el gobierno de Ernesto Samper (19941998) y la conformación de una comisión de seguimiento. El acuerdo ocurre en el marco de las figuras de ZRC establecidas por esa administración.9 La comisión no funcionó como estaba previsto y los acuerdos nunca fueron cumplidos por el gobierno, lo cual desató una serie de acciones de exigencia de cumplimiento y protestas ante la indiferencia estatal,


como la toma de la catedral de Cartagena en 1997.10 En medio de este proceso las comunidades campesinas fueron fortaleciendo sus estructuras organizativas, a la par que planteando mecanismos de presión de mayores dimensiones. Tal es el marco donde se impulsa el éxodo del 98, a la vez que el surgimiento de la Acvc. El éxodo campesino tuvo lugar entre julio y octubre de 1998. El nombre de éxodo que adoptó la gran marcha fue literal: alrededor de diez mil o más campesinos de la región fueron colmando plazas urbanas de San Pablo (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia), e incluso llegaron hasta la capital del país, Bogotá. A este punto de la lucha campesina –acumulada en años–, ya eran varios los motivos que se agitaban: a la exigencia hecha al gobierno nacional de cumplir con los acuerdos pactados en 1996 se sumaba ahora la ola de violencia que venía arreciando con la incursión paramilitar y la arremetida de las empresas multinacionales que apetecían el oro de la región (particularmente la Anglogold Ashanti). Tal como lo afirmaron los participantes en el taller, “no son simples coincidencias”. El éxodo se presenta justo en un momento de cambio de gobierno. Andrés Pastrana Arango (1998-2002) asumió la Presidencia en agosto, cuando la movilización estaba en pleno desarrollo. Los medios de comunicación habían desplegado la noticia y mostrado sus dimensiones, las Fuerzas Militares sostenían su tensa presencia, los grupos paramilitares observaban los rostros con atención y la institucionalidad pública dudaba entre atender la situación o continuar indiferente. Por su parte, la comunidad internacional mantenía la vigilancia, mientras las organizaciones sociales prestaban su apoyo y asesoría. Una mezcla de algarabía, sudor, afanes, miedos, explicaciones, improperios, mensajes, solicitudes iban y venían de boca en boca, por las columnas de la prensa y las pantallas de la televisión. En medio de la agitación, el Presidente decidió venir a Barranca y sentarse a negociar con los líderes campesinos durante tres horas, el domingo 4 de octubre de 1998.11

8.

Noticia publicada el 25 de noviembre de 2010 en: http://www.vanguardia.com/santander/ barrancabermeja/83609-acvc-recibio-el-premio-nacional-de-paz-2010 9. Figura jurídica sancionada en la Ley 160 de 1994. 10. Ver en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1861 11. “Si no nos cumplen, volveremos”. Noticia publicada el 5 de octubre de 1998 en: http:// www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-776325


Entre otros asuntos, el pacto firmado incluyó la puesta en marcha de obras de infraestructura en las zonas de origen de los campesinos desplazados, vigilando que los recursos no cayeran en manos de paramilitares; la destitución de militares involucrados en la violación de derechos humanos; el combate al paramilitarismo; el alejamiento de las bases militares y policiales de la población civil, dados los riesgos que corría; la conformación de una comisión especial entre la Procuraduría y la Fiscalía, con sede en Barrancabermeja, para hacer seguimiento constante a la situación. El acuerdo incluyó, además, subsidios a las familias, realización de un foro sobre justicia penal militar y capacitación de la justicia regional. Pero el punto central, el que concentró la atención de la Acvc, fue la conformación de la ZRC, cuyo intento se había frustrado un par de años atrás por el incumplimiento que la administración Samper había hecho de los acuerdos pactados con los campesinos. Con la firma del pacto los desplazados desmotaron las improvisadas viviendas y regresaron a sus veredas. Quedó por delante velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno Pastrana. De esa manera, con procedimientos legales ante Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), la Acvc inició la creación de la ZRC. El propósito estuvo a punto de lograrse cuatro años más tarde con la emisión de la Resolución 028 del 10 de diciembre de 2002, pero su aprobación por parte de la junta directiva del Incora nunca llegó a concretarse debido a presiones de actores con intereses contrarios a la ZRC y asociados a grandes proyectos agroindustriales y mineros en la región. El resultado fue la suspensión de la resolución que creaba la ZRC, mediante la expedición de la Resolución 046 del 10 de abril de 2003.12

4.1.2. La lucha por la zona de reserva campesina El 16 de febrero de 2011 la prensa colombiana publicó, bajo el titular “Gobierno reactiva simbólica Zona de Reserva Campesina (ZRC), la siguiente noticia, que anunciaba un nuevo aire de optimismo entre las organizaciones campesinas y, al parecer, una apertura a este tipo de propuestas por parte del nuevo gobierno nacional: “Desde la posesión de Juan Manuel Santos hace seis meses, el actual Gobierno ha querido dejar en claro que pretende darle un vuelco a la política agraria del país. Para lograr ese objetivo se ha propuesto devolverles a sus legítimos dueños dos millones de hectáreas arrebatadas por los grupos al margen de la Ley y reactivar las denominadas Zonas de Reserva Campesina. En la puesta en marcha de esta política, el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, le vuelve a dar vida jurídica a esta hora a la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, que cubre territorio de los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (Bolívar), con una extensión de 184.000 hectáreas y 8.935 familias beneficiadas”.13


Hablaría bien del gobierno el cumplimiento de lo anunciado con su política agraria, mas el propósito de este documento no es celebrar por anticipado el anuncio de una promesa que ha estado postergada por década y media. Lo que importa resaltar aquí es la persistencia de la lucha campesina, la visión de largo plazo y la tenacidad de sus líderes para sostener la causa en medio de la persecución política y a costa de la vida y la libertad de muchos de ellos. Los momentos de esa lucha han sido largos y difíciles. En lo más inmediato, desde el año 1996, cuando tuvieron lugar los acuerdos con el gobierno Samper, pasando por las negociaciones con Pastrana en 1998 y los intentos por concretar la creación de la ZRC durante los cuatro años que siguieron, intentos que a la postre fueron coartados por los intereses de elites económicas regionales, la acción paramilitar, la presión de las Fuerzas Militares y las negativas de la institucionalidad pública durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010). A lo largo de todos estos años el territorio de influencia de la Acvc, y que conformaría la ZRC, ha estado sometido a diversas formas de restricción: permanentes fumigaciones aéreas a la sombra de la lucha contra cultivos de uso ilícito e imposición de bloqueos económicos y sanitarios por los paramilitares, con la aparente complicidad del Ejército y la Policía de la jurisdicción; a partir de 2006 se contabilizaron catorce casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, reportadas por el Ejército como bajas en combate (“falsos positivos”).14 A ello se suma el exilio de algunos líderes de la ZRC y los procesos judiciales y órdenes de captura que han tenido que afrontar varios de sus miembros. En el año 2005 la persecución política se intensificó con la aplicación de la “Doctrina de la acción integral” emprendida por la Segunda División del Ejército Nacional, cuya misión era “acabar con el brazo político de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el Magdalena Medio”: “La misión la inició formalmente el coronel (Alberto Enrique Castillo Urquijo) el 24 de abril de 2005, día en que fue detenido ilegalmente, sin orden de captura, por el Batallón Nueva Granada el ex presidente de la ACVC, Álvaro Manzano, quien después de varias semanas de cautiverio ilegal, bajo fuertes interrogatorios y presiones psicológicas, fue conminado a firmar documentos de reinserción”.15

12. 13.

Información complementada en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1861 Noticia publicada el 16 de febrero de 2011 en: http://www.elespectador.com/noticias/na cional/articulo-251328-gobierno-reactiva-simbolica-zona-de-reserva-campesina-zrc

14.

Nota publicada el 2 de febrero de 2008 en: http://www.peaceobservatory.org/es/12162/

15.

Nota publicada el 10 de enero de 2008 en: http://www.prensarural.org/spip/spip.

capturados-otros-dos-dirigentes-de-la-acvc php?article958


La lectura de ciertos pasajes de la recopilación de los hechos posteriores da la impresión de estar ante un diario de terror: • • • •

Sábado 29 de septiembre de 2007: encarcelados cuatro dirigentes de la Acvc (Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martí nez y Evaristo Mena), sindicados de rebelión. Este mismo día, hacia las 4 p. m., agentes del DAS y cerca de 50 soldados allanan la oficina regional de la Acvc en el edifico La Tora, de Barrancabermeja. Viernes 28 de diciembre de 2007: asesinado el campesino Par menio Manuel Hernández Anaya, reportado como guerrillero dado de baja en combate. Sábado 19 de enero de 2008: capturados Miguel González Huepa y Ramiro Ortega, dirigentes de la Acvc, por militares pertenecientes al Batallón Calibío.

La intensidad de la persecución política a la que han estado sometidos los campesinos se revela en el hecho de que la Acvc ha sido una de las pocas organizaciones sociales colombianas en las cuales la totalidad de miembros de la Junta Directiva ha estado en la cárcel. Organismos militares y de policía y parte de la institucionalidad pública nacional y regional se han aferrado a la idea de que los campesinos de la Acvc son guerrilleros y componen un ala política de las Farc en el Magdalena Medio.16 Tal asimilación ha conducido a la ejecución de homicidios, persecuciones, detenciones y hostigamientos cometidos contra los miembros de esa organización. La situación obligó a la Acvc a adoptar estrategias encaminadas a la protección de las personas, la defensa de los derechos fundamentales y la difusión inmediata de los hechos violentos en el ámbito nacional e internacional. En ese sentido, se ha procurado establecer alianzas con organizaciones y entidades nacionales e internacionales, diseñado estrategias comunicativas y fortalecido la estructura organizativa.17 En el fondo, el motor de la acción es la defensa del territorio, las apuestas por el desarrollo integral y el cumplimiento de los derechos a una vida digna y en paz. Una de las acciones concretas fue la creación en 2006

“En el expediente (de la Fiscalía) existen cuatro líneas claras de sindicaciones que se expresan en boca de 18 informantes (desertores de la guerrilla, campesinos habitantes de la región “reinsertados” e informantes a sueldo) y de informes de inteligencia del DAS y de la Policía (El Ejército se ha cuidado de aparecer en el expediente como fuente de los informes de inteligencia): 1. La Acvc es un aparato político de las Farc. 2. La Acvc calumnia y denigra del Ejército por orden de las Farc. 3. La Acvc obtiene ingresos por compra y venta de pasta de coca y 4. La Acvc financia a las Farc a través de los proyectos de cooperación del Pdpmm y del Laboratorio de Paz de la Unión Europea”. Ver nota publicada el 2 de julio de 2009 por Coordinación Nacional Popular de Colombia (Conap) en: http:// conap.wordpress.com/2009/07/02/informe-de-la-acvc-sobre-la-violacion-de-derechos-humanos-yde-infracciones-al-derecho-internacional-humanitario-en-el-valle-del-rio-cimitarra-2004-2008/ 17. Ver en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1861 16.


del Campamento de Refugio Humanitario, para efectos de protección de la población desplazada por los operativos de la Fuerza Pública desarrollados en la zona. Se trataba de una medida transitoria, pero que con el paso del tiempo fue extendiéndose en el tiempo y aplicándose en otros lugares de la zona. Además de articular cerca de 120 Juntas de Acción Comunal veredales, varias cooperativas productivas, comités de pescadores y mineros y colectivos de mujeres y jóvenes de la zona, la Acvc cuenta en su estructura organizativa con una junta directiva de la que desde 2006 hace parte un delegado de la Unión Europea, un equipo de campo a cargo de las tres seccionales, un equipo técnico, conformado por profesionales voluntarios para el apoyo de proyectos productivos, de salud y educación, y un equipo de comunicaciones. La estrategia comunicativa es parte fundamental del proceso. La organización cuenta con la revista La Marcha y la Agencia Prensa Rural (www.prensarural.org). A través del equipo de comunicación, la Acvc hace parte del Comité Promotor Internacional del Canal Alba TV e integra la red Alba TV Colombia y la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (Ccma). Ampliando esta estrategia de articulación, la Acvc participa en distintas redes e instancias de coordinación en el ámbito regional, entre las que se cuenta el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (Ettdh), de Barrancabermeja, al lado de otras organizaciones e instituciones sociales, como la Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja, la Organización Femenina Popular, el Comité Regional para los Derechos Humanos (Credhos), la Asociación Regional Victimas de la Violencia en el Magdalena Medio (Asorvim), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de desplazados asentados en el municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) y la Unión Sindical Obrera (USO). Su red de aliados y colaboradores se amplía a instituciones de educación superior, como la Universidad de la Paz, la Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Universitaria del Área Andina. En el ámbito internacional, la organización ha mantenido relaciones con organizaciones de acompañamiento internacional como las Brigadas Internacionales de Paz, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz y el Observatorio Internacional de Paz. A la par, se han establecido relaciones con ONG, parlamentarios y movimientos políticos. Este cuerpo de alianzas logrado por la Acvc a través de los años no ha tenido otro propósito que proteger la vida y el territorio. La lucha por la tierra y por la creación de la ZRC ha creado un amplio radio de solidaridad


con el proceso de los campesinos del Valle del Río Cimitarra. En el umbral de este logro, tras 16 años de lucha, y si el actual gobierno de Santos (2010-2014) cumple lo prometido, como se registra en la noticia que encabeza este apartado, se marcará un momento clave del proceso. Aún está el devenir de la historia y están por verse los acontecimientos que se desaten en el futuro.

4.2. Sobrevivencia y construcción del sentido comunitario: El caso de Corcedic7 Un grupo de madres comunitarias, padres de familia, directivos y profesores de la ciudadela participaron en los talleres de retrospectiva histórica, que identificaron lecciones aprendidas para la construcción integral de la paz. Tres grandes episodios fueron reseñados y profundizados en el ejercicio: el primero, la instalación de la empresa Meriléctrica S. A. en el año 1997, que marcó una etapa fundamental del conflicto armado en la comuna; el segundo, la masacre del 16 de mayo de 1998, que fue un hecho ampliamente documentado y se constituyó en fecha emblemática de las víctimas de la región; finalmente, la serie de acontecimientos sucedidos en torno a la adopción de la Ley 715 de 2001 en las instituciones educativas, que exigía la realización de concursos para la elección de directivas y docentes. Al igual que en el caso anterior, a continuación se desarrollarán los acontecimientos con el fin de identificar en ellos los aprendizajes adquiridos. No se trata de repetir la historia, sino de volver a leer la historia con un criterio distinto, intencionado: el de extraer lecciones. De ahí la selección de ciertos momentos significativos, con los cuales se pretende identificar lo que la experiencia misma ha enseñado. Los tres episodios reseñados se refieren a otros tantos momentos de la historia de la Comuna 7, ocurridos en un lapso relativamente corto –cinco años– y que, sin embargo, concentran eventos decisivos que definieron los conflictos de la zona: los relativos a la confrontación armada y los de la esfera social. Ambos se fueron configurando de forma distinta, aunque en ocasiones, al observar las líneas de tiempo, los hechos que los precedieron y los desatados presentaron algunos entrecruzamientos. Estos cruces también ofrecen lecciones para aprender. Antes de abordar cada uno de los episodios, los participantes en el taller de retrospectiva anotaron varios antecedentes históricos de la Comuna 7 de Barrancabermeja, ya que los hechos sucedidos durante el periodo de cinco años trabajado en el taller se desataron a partir de la disputa por el control territorial entre diversos actores armados, en medio de la cual persistió la acción local de los pobladores encaminada a realizar sus proyectos de desarrollo y paz. Desde comienzos de los años 80 la presencia de la guerrilla en la comuna se va haciendo cada vez más fuerte y acudiendo a la violencia para consolidar su dominio territorial. En este sector de Barrancabermeja se fueron instalando las guerrillas del ELN, el Ejército Popular de Liberación


(EPL) y las Farc. A lo largo de la década el cruce de estos tres grupos se tradujo en una intensificación de la violencia, inspirada en el propósito de alcanzar el control territorial predominante, un proceso que se fue acrecentado y extendiendo durante la mayor parte de la década de los años 90. Simultáneamente, los procesos organizativos de los pobladores locales venían en crecimiento, con una amalgama de motivaciones, unas políticas y partidistas y otras comunales y eclesiales. En buena parte, durante el transcurso de estos años, las guerrillas hicieron parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC), en una doble connotación; por un lado, la inserción natural de las guerrillas entre los sectores sociales y, por otro, el incremento del control guerrillero sobre el territorio. Entre tanto, la proliferación de las empresas multinacionales en el municipio –que incluso en su momento edificaron instalaciones en la comuna–, se sumó a la combinación de factores que tornaron más denso el conflicto armado y la violencia general. Para mediados de la década de los 90 la disputa armada era tal, que en esta zona de la ciudad se contabilizaron hasta catorce muertos por día. Entre ellos, líderes locales localizados en la intersección del territorio en pugna por el dominio de las organizaciones sociales existentes. A esta altura de la guerra entre guerrillas, las Farc fueron marcando su predominio territorial frente a los otros dos grupos, situación que llevó prácticamente a la extinción del EPL en esta parte del país, aunque tuvo menos impactos sobre el ELN. En una suerte de circunstancias, la mitad de los años 90 fue a su vez un momento de quiebre en el proceso de la Comuna 7. Algunos proyectos organizativos fueron encontrando fisuras para escapar al dominio de los grupos armados. En 1995 se conforma el equipo gestor del Proyecto de Ciudadela Educativa, cuyo germen provenía de finales de los años 80, con el propósito de gestionar la creación de un colegio de bachillerato para la zona (Pabón et al., 2005). El equipo gestor lo conformaron en buena parte presidentes de JAC y habitantes de la comuna, que contaron con el apoyo del recién iniciado Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en cabeza del padre Francisco de Roux, del Cinep y de la Diócesis de la iglesia católica de Barrancabermeja. Dado el contexto, los líderes de la organización tuvieron que conversar y negociar la viabilidad de la propuesta con las guerrillas. De hecho, desde años anteriores se habían establecido relaciones que daban por sentado el requisito de tales conversaciones para sacar adelante una propuesta de paz en la zona. Hubo diferencias y oposiciones, a tal punto que, con el paso del tiempo, se suscitaron disparidades entre los líderes y las pretensiones de las guerrillas aún dominantes. Ello daba pie para que éstas percibieran el riesgo de perder control sobre los sectores sociales, por lo que las amenazas sobre los líderes no se hicieron esperar; entre 1995 y 1998, varios integrantes de la organización fueron blanco de múltiples señalamientos y hubo otros que resultaron muertos a manos de las guerrillas. Es necesario anticipar aquí que el apoyo dado por Meriléctrica a la propuesta de crear un colegio de secundaria enfatizó la percepción negativa de las guerrillas en relación con los promotores del proyecto. En


la esfera social, inclusive, el Equipo Gestor despertó recelos entre grupos de pobladores, algunos de los cuales se opusieron a la idea y señalaron que los líderes solo querían aprovecharse de los recursos financieros, con lo cual buscaban desprestigiar el proceso. A partir de 1998 la violencia de la zona se transforma nuevamente, con el ingreso del paramilitarismo. La masacre del 16 de mayo de ese año es el hecho que marca la nueva etapa. En el contexto de la Comuna 7, la presencia de los paramilitares se cruzó con la situación de guerra entre las guerrillas y la emergencia de nuevos liderazgos sociales. Miembros del EPL que sobrevivieron a la ofensiva de las Farc pasaron a integrar grupos paramilitares que actuaron en la región, en una especie de venganza entre ejércitos en guerra. La acción se encarnizó contra los guerrilleros armados y todos aquellos considerados como bases de apoyo, que, como se muestra en esta reseña, podrían constituir gran parte de la población, dados los nexos preestablecidos. El asalto del paramilitarismo ocasionó el repliegue y la partida casi inmediata del ELN y las Farc de la Comuna 7, pero a su vez un largo periodo de zozobra entre la población civil; los paramilitares categorizaron como guerrilleros prácticamente a la totalidad de sus pobladores, a quienes desaparecían, mataban individualmente y masacraban. Una de las participantes en el taller lo señala de manera categórica: “mataban por matar”. Solo a partir de 2006, tras la entrada en vigencia la Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de los paramilitares, la situación de violencia ha disminuido un poco, aunque no de forma importante. Los participantes fueron reiterativos en afirmar que en la actualidad el conflicto en la zona puede ser considerado como un “león dormido, aún latente”; es decir, que si ya no tiene lugar como en los años noventa, persiste allí la presencia de grupos armados ilegales, como, por ejemplo, Los Rastrojos, que para ellos siguen siendo paramilitares y no reconocen el calificativo de bandas emergentes o criminales, como ahora se les ha dado en llamar. Pese a las diferencias temporales que tuvo la presencia de los grupos ilegales, ella significó la consolidación de una zona casi independiente de la ciudad, donde el control político, militar, social y económico dependía únicamente de los actores ilegales. Los asistentes al taller recordaron que a la Comuna 7 solo podían entrar los pobladores de la zona y los actores armados ilegales, y con cierta dificultad la Policía y las Fuerzas Armadas del Estado. En otras palabras, un orden establecido por la ilegalidad, una forma de Estado capturado fuera de la institucionalidad oficial. Esta breve contextualización ofrece la base para comprender la relevancia de los episodios que se reseñan a continuación. Por eso el relato de los acontecimientos será más breve y señala específicamente el papel cumplido por los distintos actores involucrados.


4.2.1. La llegada de Meriléctrica en 1997 Respondiendo a intereses de la industria de generación de energía eléctrica y el transporte de gas, se inician los procedimientos para la construcción de una planta generadora en Barrancabermeja. Las conversaciones de los industriales con las empresas de apoyo y los primeros acercamientos a la comunidad afectada ocurren en 1996 y las obras se inician en 1997 y culminan el siguiente año.18 El terreno escogido para las nuevas instalaciones se ubicó en el oriente de la ciudad, aledaño a la Comuna 7 y de propiedad del Ministerio de Defensa. Los terrenos ofrecían relativas condiciones de seguridad para el desarrollo de la obra, pues se trataba de un sector con fuerte control del ELN y las Farc. Las labores de ingeniería estuvieron a cargo de la empresa contratista Tipiel, que a su vez contrató a profesionales de la Westinghouse. La presencia extrajera exigía reforzar las condiciones de seguridad para su operación, por lo cual se optó por la construcción de búnkeres, al estilo militar. Las obras se iniciaron y el despliegue de helicópteros y fuerzas de seguridad, a la vez que de personal extranjero, dio la apariencia de ser aquello una base militar anclada en el corazón del área de control guerrillero. Se desataron entonces ataques guerrilleros, se incrementaron los enfrentamientos y a la vez el riesgo al que estaba, de hecho, sometida la comunidad. Ante tal situación, los líderes comunales actuaron al unísono con el fin de disminuir la confrontación, acelerar acuerdos con la nueva empresa y aprovechar la oportunidad para gestionar su proyecto de construir un colegio de bachillerato en la zona. Con tal propósito se conformó una comisión de garantes encargada de presentar alternativas y encontrar opciones diferentes de la bélica. De esta comisión hicieron parte el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm), Credhos, la Defensoría Regional del Pueblo, la USO, la Diócesis de Barrancabermeja y los líderes comunales (cfr. Molina, 2008, 259-270). Se trataba de un respaldo institucional y organizativo importante para la gestión que adelantaba la comunidad. Entre los acuerdos alcanzados con la empresa está el de que el presupuesto de seguridad del personal técnico se destinaría a la construcción del colegio, a modo de inversión social, y que la comunidad se comprometería a apoyar la construcción de la planta y garantizar condiciones de seguridad mediante conversaciones con las guerrillas. A la vez, ya con el apoyo de la empresa, se iniciarían gestiones ante el Ministerio de Defensa para lograr la cesión de los terrenos para la construcción de la planta física del centro educativo. En acción paralela, se trataba se alcanzar por esta vía lo que en años anteriores no se había conseguido de parte del Estado, en términos de inversión o contraprestación social por regalías de la explotación petrolera.

18.

Ver notas relacionadas en: http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/ medellin/2008/COLINVERSIONES.pdf


A lo largo de los meses que transcurrieron en esa situación, se vivía una especie de competencia por ganar la voluntad de la comunidad: por un lado, la guerrilla, y por el otro la empresa. Pero los líderes sociales hicieron sus propios movimientos en busca del beneficio del proyecto comunitario, por lo cual, de alguna forma, su tendencia fue a colaborar con la empresa, que de hecho ofrecía los recursos. Movimientos como éste por parte de los líderes comunales despertaron recelos en los mandos de la insurgencia y reafirmaron su sensación de pérdida de terreno frente a los sectores sociales, por lo cual se intensificaron las recriminaciones mediante actos de violencia y amenazas. La intención de los líderes comunales no era confrontar a las guerrillas sino aprovechar la oportunidad para lograr el cometido del proyecto que se habían propuesto. En el transcurso de los sucesos, en 1997 la Comuna 7 recibe la visita del ministro de Defensa de entonces, Gilberto Echeverry Mejía.19 El acto fue prácticamente gestionado por la comunidad, que buscaba ganar el reconocimiento del proceso y garantizar avances significativos del proyecto. El resultado se obtuvo al año siguiente con el anuncio de la donación de predios para la construcción del proyecto educativo comunal. La promesa se concretó en 1999 mediante el Acuerdo 058 del Ministerio de Defensa, el cual traspasó a la Alcaldía de Barrancabermeja un área aproximada de 196 hectáreas destinadas al proyecto de la Comuna 7. Con ello se dio inicio a las obras civiles. Es importante reseñar las formas de relación que fueron estableciéndose entre los líderes comunitarios y otros actores a lo largo del proceso de negociaciones con Meriléctrica, e incluso destacar variaciones en las relaciones entre los actores a medida que fueron sucediendo los hechos. Unas se fueron estableciendo en torno a la cooperación y otras viraron a la confrontación. Los participantes en los talleres de retrospectiva histórica dieron relevancia a este episodio, por su incidencia en las relaciones entre actores, pues lo caracterizan como un momento de intensificación del conflicto armado. De esa manera se afianzaron nexos con entidades de relevancia regional, como la Diócesis de Barrancabermeja y el Pdpmm, que apoyaron al Equipo Gestor de la Ciudadela Educativa y acompañaron permanentemente a la comunidad. Estas entidades contemplaban en sus propósitos el de adelantar acciones de respaldo a la Comuna 7, dada su condición de marginalidad social, y en apoyo a los procesos organizativos que desde años atrás se venían impulsando. Organizaciones como la USO y Credhos estuvieron al lado del proceso, ofreciendo su garantía, protección y respaldo. Propósitos como la defensa de los derechos laborales y los derechos humanos habían establecido procesos de apoyo a las comunidades de base, lo que conducía a que estas organizaciones desempeñaran papeles de garantía como el que cumplieron en el proceso de negociación con Meriléctrica.

19.

Gilberto Echeverry Mejía fue secuestrado en abril de 2002 junto con Guillermo Gaviria,

gobernador de Antioquia, de quien era asesor de paz, y fue asesinado por las Farc durante una operación militar de rescate realizada en mayo de 2003 en Urrao (Antioquia).


Una atención particular merecen las relaciones con las JAC del sector. Como se mencionó en líneas anteriores, insurgentes del ELN, las Farc y, en su momento, el EPL, hacían parte de estas juntas, en buena medida ejerciendo control social en la zona, pero, en la práctica, participando en las decisiones y el impulso de proyectos. Como lo afirmaron los asistentes al taller, “había guerrilleros que hacían parte de las JAC, con un tipo de vínculo de vigilancia, pero también de colaboración, pues reconocían el proceso y hacían sus aportes”, a tal punto que existía para entonces una clara identificación en los fines a ser alcanzados, en términos de derechos y desarrollo para la comunidad, pero a la vez claras diferencias en los medios para lograrlo, como lo precisaron los participantes. Para los años 1996 y 1997 esas relaciones habían sufrido cierto deterioro, particularmente con el Equipo Gestor, que había sido conformado en 1995 y del que hicieron parte algunos líderes de JAC. Las guerrillas habían percibido cierta competencia por el control social, aparecida a raíz del surgimiento de estos nuevos liderazgos y escenarios sociales apoyados por la Iglesia católica. Con mayor razón cuando tales liderazgos se negaban a responder a los requerimientos de las guerrillas. Y más aún cuando los líderes de la comuna respondían positivamente a los ofrecimientos de apoyo de la empresa recién creada. Tales tensiones fueron objeto de repetidas conversaciones y negociaciones con las guerrillas, para garantizar el respecto a los líderes sociales y el reconocimiento de las intensiones de beneficio para la comunidad. Fue una situación difícil para el Equipo Gestor, pero que finalmente pudo superarse y llegar incluso hasta el establecimiento de una especie de mediación de los líderes sociales frente a la guerrilla para disminuir la confrontación contra la empresa y favorecer la seguridad durante la construcción de la planta. Hay que decir que las relaciones con Tipiel y Meriléctrica se establecieron desde el comienzo en un sentido cooperativo, y que estos actores ofrecieron los medios y los recursos para apoyar la gestión comunitaria. Por su parte, la comunidad percibió en ello una oportunidad para el logro de sus propósitos, como se dijo en líneas previas. La intersección de los intereses en la inversión de recursos en proyectos comunitarios facilitó las relaciones entre estos dos actores. Uno salió ganando legitimidad social, y el otro sacando adelante su proyecto.

4.2.2. Masacre del 16 de mayo de 1998 La Alcaldía de Barrancabermeja expidió un decreto que declaraba el 16 de mayo como fecha de conmemoración de las víctimas de uno de los sucesos más dolorosos de la región. La matanza del 16 de mayo de 1998 marcó el asalto del paramilitarismo a Barrancabermeja y un momento particular para las comunas del sector oriental de la ciudad. Junto a este hecho existen en la ciudad otros episodios semejantes: por ejemplo, los asesinatos cometidos por los paramilitares entre el 1º y el 2 de agosto de 1998 y los del 28 de febrero de 1999. Los participantes en los talleres de retrospectiva histórica se referían a 1998 como un “año realmente negro”.


El ingreso paramilitar a Barrancabermeja por la Comuna 7 se explica en gran parte por la presencia de guerrilla en ese sector. Como se anotó anteriormente, se trataba de un territorio fuera del control de las instituciones estatales, donde prácticamente no operaba ni el Ejército ni la Policía. El paramilitarismo vino a romper la hegemonía guerrillera y a ganar a cualquier costo el control del territorio. Como dice el refrán popular, aprovecharon que “en juego largo hay desquite”. Al momento de su incursión los paramilitares contaron con una ventaja táctica: muchos de los ex guerrilleros del extinto EPL, que habían recibido fuerte golpe de las Farc durante su ingreso a la zona en los años 80, se incorporaron al paramilitarismo. Esos mismos ex guerrilleros, está vez con insignias paramilitares, se dieron a la tarea de señalar uno a uno a los “faracos” y los ‘elenos’ que conocían muy bien, a colaboradores y a todo aquel que en su momento, según ellos, hacía parte de las organizaciones de base de las guerrillas en la Comuna 7. Éstos, señalados a dedo y condenados, más todos aquellos que el encarnizamiento de la muerte decidió llevar a la fosa o a la incertidumbre de su paradero, todos aquellos que por azar o mala suerte se cruzaban en el camino, perecían bajo el arma caprichosa de los paramilitares. “Mataban por matar”, como ya lo habían señalado los participantes en el taller. Se trata de un episodio representativo de la violencia colombiana, documentado y relatado por quienes fueron testigos de los hechos, por defensores de derechos humanos y por muchas organizaciones y entidades nacionales e internacionales. El relato del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo afirma: “El 16 de mayo de 1998, alrededor de las 9:00 y 9:30 de la noche, 2 camiones y una camioneta pick up, que transportaban a aproximadamente 40 hombres pertenecientes a estructuras paramilitares, quienes utilizaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas de fuego de corto y largo alcance, así como armas blancas de diversa categoría, entraron en la parte sureste del municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, pasando por el retén militar conocido como “La Ye”. Los camiones siguieron su camino hacia el noroeste, por la ruta que marca el perímetro sur de la ciudad. Se detuvieron primero en el bar “La Tora”, en donde retuvieron a dos personas, obligándolas a subir a uno de los vehículos en los que se movilizaban, luego de maltratarlos. Posteriormente se dirigieron al barrio Campestre, en donde se trasladaron hasta el burdel “El Quinto Patio”, para indagar por el paradero de determinadas personas, con resultados negativos. A una distancia aproximada de cincuenta metros del establecimiento “El Quinto Patio” secuestraron a un mayor adulto en su vivienda, constriñéndolo a seguir con ellos. Acto seguido, el mismo grupo armado siguió con destino a la cancha de fútbol situada en la intersección de los barrios María Eugenia, El Camping y Divino Niño, en donde se realizaba un bazar popular. Procedieron a retener a varias personas, a quienes forzaron a abordar los vehículos en los que se transportaban.


Luego de ello se dirigieron al barrio 9 de Abril, lugar en donde retuvieron a dos personas más, quienes transitaban en una motocicleta. A continuación penetraron a un billar donde se encontraban tres de sus clientes, a quienes igualmente obligaron a abordar uno de los vehículos, y se los llevaron a la fuerza. A la salida del establecimiento se dedicaron a recorrer otros lugares de la vecindad. Allí asesinaron a un ciudadano y retuvieron a dos más. Por último, el grupo armado se dirigió al barrio La Esperanza por la vía “Pozo Siete”, en donde se encuentra una base militar identificada con ese mismo nombre, en donde asesinaron a una persona y retuvieron a otra. Los victimarios abandonaron la ciudad de Barrancabermeja hacia las 10:30 de la noche y en su recorrido, a la altura de la vereda “Patio Bonito”, vía Barrancabermeja-Bucaramanga, en el kilómetro 16, además de dejar abandonada una camioneta que habían hurtado, asesinaron a los detenidos Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Jesús Arguello, José Javier Jaramillo y Diomidio Hernández. El 24 de agosto de 1998, el comandante de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), Camilo Aurelio Morantes, confirmó que las demás personas retenidas fueron asesinadas entre ocho y quince días después de la incursión, sin embargo, los cadáveres no se han podido recuperar y, por lo tanto, las víctimas continúan desaparecidas. Estos graves acontecimientos condujeron al desplazamiento forzado de las familias de varias personas desaparecidas y asesinadas”.20 Más que de una posible venganza –que solo era uno de esos impulsos ocultos en las vísceras de los guerreros–, el interés estratégico apuntaba a ejercer el control territorial en un bastión importante de la política y la economía local. Se trataba de dar un golpe a los sectores y movimientos tradicionales de izquierda, romper su hegemonía, establecer nuevos órdenes sociales y políticos en la ciudad y en la región. El conflicto se recrudece contra la población civil, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, las organizaciones sociales y todo aquello que simbolizara voces contestatarias o contrarias a los intereses del orden paramilitar “de derecha”, como lo calificaban los participantes de los talleres. A partir de ahí se trataba de reordenar la composición social, establecer economías ilegales para el sostenimiento de los mandos medios y sus tropas, ejercer el control electoral y acceder a cargos públicos para hacerse a recursos más cuantiosos de la región, como las regalías. El esquema se reprodujo rápidamente en la Comuna 7 y simultáneamente en la región y en otras comarcas del país. De los logros que el paramilitarismo tuvo en Colombia puede dar cuenta lo que hoy se conoce como la “parapolítica”, que maneja las estructuras del narcotráfico o controla algunos sectores formales de la economía, cosas que hasta el momento del relato barranqueño apenas podrían ser los asomos de sus alcances.

20.

Ver el relato compilado en: http://www.colectivodeabogados.org/Masacre-de-16-de-Mayo


Hasta aquí, los dos episodios acabados de reseñar señalan un continuum histórico de la confrontación armada por el control territorial de la parte oriental de Barrancabermeja. En medio de la confrontación y la violencia es importante no perder de vista el proceso organizativo en torno al proyecto de la Ciudadela Educativa, que sostenía su propósito. El acompañamiento que se había logrado operó como escudo efectivo; entidades de alto reconocimiento regional, como la Diócesis y el Pdpmm, a las que se sumaba el respaldo que ofrecía la misma Meriléctrica, daban legitimidad al proceso y a sus líderes. Se había creado un campo de protección que favorecía el trabajo comunitario, aunque eso no significó que sus actores hubiesen quedado protegidos de las amenazas o los riesgos de muerte. En medio de la violencia, el proyecto de Ciudadela Educativa continuó su curso. Las obras físicas culminaron y el esquema educativo se puso en marcha con una amplia participación comunitaria. Entidades como el Pdpmm, la Escuela Normal y el Cinep brindaron acompañamiento y asesoría pedagógica al proyecto. En medio de este proceso en marcha aparece el tercer episodio reseñado por los participantes en los talleres de retrospectiva histórica: la adopción por la comunidad de la Ley 715.21 El nuevo momento se establece en el campo de los conflictos sociales, ese campo determinado por las relaciones entabladas entre actores sociales a consecuencia de hechos, acontecimientos o situaciones emergentes y por la incidencia, a la vez, de factores externos o ajenos a los procesos y que hacen variar las relaciones previamente establecidas.

4.2.3. Aplicación de la Ley 715 de 2001 Antes de entrar a reseñar este episodio conviene retornar a la historia de constitución del proyecto educativo de la Comuna 7 (Corcedic7), a fin de ubicar el momento de aplicación en esta comunidad educativa de la Ley 715 en el proceso de construcción de la propuesta y de las repercusiones que ella tuvo. Los mismos participantes de los talleres presentaron a grandes rasgos el proceso. Recordaron cómo, en medio de los hostigamientos y la violencia del año 1998, un grupo representativo de dirigentes comunitarios decidió trabajar por la creación de un colegio de bachillerato, que se requería en la zona para responder a la demanda pedagógica de los jóvenes y como una alternativa para el desarrollo y la paz de la comunidad. Por esta vía se pretendía responder a la situación de violencia que se estaba viviendo. Para ello el grupo de líderes se conformó en lo que denominaron el Equipo Gestor. El equipo contó con el acompañamiento de entidades como el Pdpmm, Pastoral Social, Fe y

21.

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros”. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86098.html


Alegría, Ecopetrol, ISA, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Embajada del Japón, además del apoyo que ya se había conseguido por parte de las empresas Meriléctrica y Tipiel, como se anotó atrás. Como lo relataron los participantes, se trata de un proceso social de ocho años, iniciado en 1998 y culminado el 10 de octubre de 2005, cuando el conjunto de organizaciones sociales de la zona y las instituciones educativas integrantes del proyecto se constituyen como una organización de segundo nivel denominada “Corporación Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7 de Barrancabermeja” (Corcedic7), organización a través de la cual gestionan y manejan los recursos, las relaciones y los proyectos que impulsan. Por el hecho de presentarse como una alternativa a la violencia y brindar a la juventud opciones de vida distintas de las provenientes de los grupos armados, los integrantes del proyecto fueron amenazados, obligados a desplazarse y en algunos casos asesinados, como atestiguaron los participantes de los talleres. No obstante esa situación, que todavía hoy persiste, el proyecto se ha sostenido y logrado brindar a la comunidad una educación de calidad; como la calificó uno de los participantes, ha sido “una educación de ricos para pobres”. El proceso no solo ha incidido en la formación de niños y jóvenes sino que además ha fortalecido la formación de los adultos, al transformar, por ejemplo, las concepciones respecto del lugar de la mujer en la sociedad y del papel que allí tiene la educación. En el transcurso del año 2002, durante el proceso de aplicación de la Ley –emitida apenas a finales del año anterior–, emerge una situación no prevista por los líderes del Equipo Gestor ni por los asesores del proceso provenientes del Pdpmm y el Cinep: se trata de la confluencia de, por lo menos, dos procesos internos, que en su vértice originan una serie de conflictos entre los líderes. De un lado aparece el proceso social impulsado en esta comuna por el Equipo Gestor, que desde cuatro años atrás venía promoviendo una propuesta educativa integral que, además de los aspectos pedagógicos en sí mismos, contemplaba emprendimientos de producción y de orden social. En la segunda tendencia aparecía el proceso o el conjunto de procesos educativos preexistentes en las distintas escuelas del sector, procesos en los que operaban maestros, directivas, funcionarios públicos y padres de familia en aquello que es el devenir cotidiano de un centro educativo formal, con sus múltiples matices de tensiones personales y laborales. La entrada en vigencia de la Ley 715 hace que la coincidencia de estos dos procesos se acelere y, por supuesto, que los conflictos se acentúen o que emerjan nuevos conflictos. Buena parte del artículo noveno de la Ley pasó a ser el promotora de las principales divergencias entre los distintos actores de la comunidad:

“Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un

conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la


media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes. Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional. Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales”. De este modo, los establecimientos de enseñanza preescolar y primaria y los colegios de educación media debían replantear su estructura administrativa y asociarse para “ofrecer el ciclo de educación básica completa”, como lo determinaba la Ley. Eso, por supuesto, tensionó las relaciones entre los actores, pues con la disposición entraban en disputa los recursos disponibles, como lo evidenciaron los participantes en los talleres de retrospectiva histórica, donde se oyeron advertencias como esta: “Se veía que con ello se perderían las autonomías de las escuelas, especialmente del manejo de los recursos”. Una condición que no incentivaba en principio la búsqueda de articulaciones o, al menos, no todas necesariamente con el proceso adelantando por el Equipo Gestor. Directivas de escuelas como Jorge Eliécer Gaitán y Nueva Granada se esforzaron por convertirse en “colegios completos” (como se les denominaba a propósito de la Ley), al igual que lo hacía Fe y Alegría. Vale recordar que Fe y Alegría estuvo siempre apoyando el proceso comunitario y las propuestas del Equipo Gestor, pero en este caso, dada la competencia establecida, Fe y Alegría parecía, a los ojos de este grupo de líderes y maestros, estar más inclinada a promover el colegio en el marco de la educación formal. De ahí que el Equipo Gestor percibiera en estas tensiones una gran dificultad para avanzar en un proceso más integral y colectivo, tal como lo había promovido a lo largo de los años anteriores. En la propuesta parecía primar el interés por captar los recursos dispuestos y hacerse al aval oficial; era una inclinación hacia lo institucional más que hacia lo comunitario. Por su parte, la Alcaldía de Barrancabermeja, por conducto de los funcionarios de la Secretaría de Educación, había definido una zonificación educativa de la ciudad y reestructurado el esquema de oferta escolar. En otras palabras, se había designado a qué colegios de secundaria se debían anexar las escuelas de primaria de la Comuna 7; que fue a colegios aledaños a la Comuna, ya que en ella no existían colegios de secundaria. Con la zonificación propuesta por la administración municipal se fragmentaba la comunidad: unas escuelas iban al establecimiento John F. Kennedy, otras al Camilo Torres y otras a El Castillo, ubicados en las comunas 4, 5 y 6. Para el Equipo Gestor fue muy difícil entender


lo que pasaba, pues prácticamente desaparecería el trabajo de los años anteriores. La restructuración educativa fue marchando muy rápido, en cuestión de meses.

La emisión de la Ley 715 provocó una aceleración del proceso de articulación de las escuelas de primaria y del propósito de erigir un colegio de bachillerato, pero desconociendo el proceso que se adelantaba en la comunidad. Es sabido que por parte del Equipo Gestor estaba en marcha la construcción del colegio de bachillerato en la comuna, para lo que se contaba con el respaldo de Fe y Alegría. Pero incluso este propósito se vio entorpecido en el marco de la Ley, pues surgieron prevenciones por parte del Equipo Gestor, como se dijo atrás. La nueva legislación parecía conducir a la pérdida del propósito inicial de ejecutar un gran proyecto comunitario con el conjunto de las escuelas de la comuna, que no solo apuntara a la educación formal sino también a procesos de educación de adultos, a fortalecer el entorno social e impulsar proyectos productivos. El asunto desató todo un trabajo de difusión de información entre la comunidad y de conversaciones entre docentes y directivas con el propósito de buscar la unificación del sector en torno a la educación. La tarea no fue fácil, ya que los profesores temían perder su trabajo, algunos rectores ponían en juego sus intereses personales, la comunidad desconfiaba de que el proyecto comunitario fuera a salir favorecido, etc. Pero en la misma intersección de los diversos conflictos había un punto común: el propósito de acceder y ofrecer educación secundaria. El Equipo Gestor inició una campaña de difusión sobre la Ley 71 y dio a conocer su contenido, sus ventajas y sus limitaciones, tanto a directivas y profesores como a los líderes de la comunidad. De este proceso, que exigió encuentros y conversaciones, surgieron diálogos, negociaciones, acuerdos entre las directivas de las escuelas y con la comunidad respecto a las maneras de llevar a cabo la reforma educativa y sostener la integralidad de la propuesta comunitaria.


El quiebre de la “arremetida” de la Ley, como la llamaron los participantes del taller, llegó con la conformación del Consejo Educativo Comunal. De este cuerpo hicieron parte los rectores de las escuelas del sector, miembros de las Juntas y del Pdpmm y líderes del Equipo Gestor. El espacio se convirtió en un lugar de interlocución de las escuelas de la zona con la Alcaldía. La Alcaldía había conocido la propuesta de la comuna y por esa razón planteó la idea de que las escuelas se articularan en torno al colegio Nueva Granada, que hacía parte de la comuna, y que allí se desarrollara la “oferta completa” de educación. Pero los docentes y líderes comunales propusieron a la administración municipal una nueva fórmula para adelantar la reestructuración educativa de la comuna. Se trataba de la articulación de seis escuelas de primaria y de la creación de un nuevo colegio de bachillerato, tal como se venía gestionando desde hacía cuatro años. En principio, el equipo de técnicos de la Alcaldía no vio con buenos ojos la propuesta, pues dudaban de su sostenibilidad y de la aceptación por parte de los padres de familia, quienes, según ellos, preferirían para sus hijos e hijas “instituciones reconocidas y con trayectoria”. A la postre, el amplio proceso comunitario y de acuerdos entre las directivas de los colegios, que con anticipación había ganado voluntades para la propuesta integral de educación, sirvió de soporte y argumento para recibir el aval de la Alcaldía. El respaldo de Fe y Alegría, no obstante las dificultades, se sumaba a la credibilidad de la comunidad y de las autoridades. Dado este paso, y al aplicar la letra menuda de la Ley, la comunidad educativa tuvo que enfrentarse a un nuevo hecho, del que también se derivan lecciones. Respecto a las competencias de las entidades territoriales, particularmente los municipios, y en relación con la administración de las instituciones educativas y el nombramiento de personal, el numeral 7.3 del artículo 7 ordenaba: “Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial, y trasladará docentes entre instituciones educativas (…)”. Esto significaba que el rector, los docentes y el personal administrativo serían nombrados por concurso. En un principio esto no fue un problema, hasta cuando, mediante este mecanismo, en la nueva institución educativa de la comunidad fue designado un rector que no había hecho parte del proceso, que no conocía a la comunidad y que no era del todo afín a los propósitos y a las metodologías en curso. Inicialmente “este rector no fue aceptado por los docentes”, por lo que surgieron tensiones y dificultades en el manejo del naciente colegio y se creó “una situación de incertidumbre, por los temores de cómo se iba a manejar el colegio, por lo que iba a pasar”. En un momento “se logró que Soledad (Soledad Quintero, quien se perfilaba como rectora del colegio) quedara como coordinadora”. De ese modo, al contar con alguien de confianza en las directivas, disminuía el bache creado: “la decisión de los docentes fue consolidar el equipo y no dejar solo al rector elegido”, pues ello ayudaría a sostener el proceso.


La propuesta educativa se ha consolidado con el transcurso de los años, no obstante la permanencia de roces internos en la comunidad y la persistencia de la inseguridad a causa de la presencia de actores armados en el entorno, esta vez principalmente de bandas criminales, ‘bacrim’, “como se ha dado en llamar a los paramilitares”. Con el paso de los años los maestros se han cualificado y llegado a ocupar cargos de dirección por la vía del concurso. De hecho, Soledad Quintero fue rectora del Colegio y Secretaria de Educación Municipal en el periodo administrativo 20082011.

4.3. Diálogos regionales, una lección para la paz: El caso del desminado social y comunitario de Micoahumado En los talleres de retrospectiva histórica que se realizaron en Micoahumado (sur de Bolívar) participaron líderes comunitarios de las distintas veredas. Ellos tuvieron el propósito de identificar las lecciones aprendidas para el logro de la paz; que los líderes explicitaran tales lecciones, que a la vez eran aprendizajes regionales logrados a través de la experiencia de resistencia y construcción de paz de comunidades campesinas, y que, a su vez, tales lecciones ofrecieran sugerencias para una paz negociada en el ámbito nacional. El Equipo Iniciativas de Paz del Cinep, responsable de los talleres efectuados, abordó la reflexión sobre la experiencia de Micoahumado para dos ejercicios que adelantaba de forma simultánea: por una parte, el apoyo a la creación de la Escuela de Educación para la Paz en el Magdalena Medio, en el marco de la cual se hace esta publicación, y, por otra, la investigación de casos de negociación nacional y regional del conflicto armado adelantados en el país. Para tal efecto, los líderes comunitarios participaron en el Seminario Paz, realizado en Bogotá en noviembre de 2010, en donde compartieron experiencias con casos semejantes ocurridos en Medellín y Chocó y con ex comisionados de paz y delegados gubernamentales en procesos de diálogo y negociación nacionales, concretamente en episodios como los del Caguán y el M-19. Tal investigación ha sido publicada por el Cinep. De la reseña que se presenta a continuación se destacan dos mecanismos priorizados por los líderes participantes en los talleres: la conformación de la comisión de diálogo para efectos del desminado humanitario y la conformación de la Asamblea Constituyente local, que ofrece a la comunidad un terreno para la acción y la participación. Todo ello, como será relatado, en medio de los hostigamientos de los grupos paramilitares y en ocasiones del Ejército nacional, así como de la presencia histórica en ese territorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el marco de los objetivos de esta investigación y del enfoque centrado en las relaciones entre los actores, este apartado se dedica a la descripción del proceso de diálogo entre los pobladores de Micoahumado, corregimiento de Morales situado en el sur del departamento de Bolívar, y


el frente Solano Sepúlveda, del ELN, en torno a la necesidad de desminado del territorio. Para ello se dará cuenta de los antecedentes del diálogo, particularmente de las relaciones previas entre guerrilla, pobladores y paramilitares, para luego describir el episodio del desminado como tal y terminar con los problemas de la verificación y la posición del Estado en todo el proceso, no sin antes recoger, para finalizar, algunos elementos de reflexión.

4.3.1. Breve contextualización de los hechos22 El 28 de diciembre de 2005, el Comité Central del ELN, por conducto del Frente Luis Solano Sepúlveda, anuncia que ha decidido aceptar unilateralmente la solicitud de los pobladores para desminar la carretera principal que lleva del casco urbano del municipio de Morales al corregimiento de Micoahumado, en el sur de Bolívar, la vía que conduce de allí a las veredas La Caoba y La Guácima y algunos caminos y trochas secundarios. Desde el 20 de enero de ese año, dicen los pobladores, se garantiza el tránsito por el territorio. Con esta noticia, el corregimiento inicia un nuevo momento en su historia: “El 28 de enero convocamos una Asamblea, invitamos a representantes del Estado, de medios de comunicación de Ecuador y de Associated Press (AP), de ONG que hacían presencia en la región, de la Iglesia católica, el Geneva Call, entre otros. Todos llegaron, menos los del Estado. La carretera estaba perdida por la maleza, pero un grupito de nosotros nos fuimos en un carro a hacer la verificación nosotros mismos. Al final, la verificación se hizo y salió la noticia al aire” (Entrevista No. 1). El proceso de desminado de Micoahumado y la creación de la Asamblea Popular Constituyente del municipio se han convertido en una de las experiencias locales de construcción de paz más reconocidas y emblemáticas del país. Sin embargo, el interés particular por volver a este caso ha sido el de indagar por el significado que tiene para la comprensión de las dinámicas locales del conflicto armado y los dilemas que éstas presentan para procesos de negociación regionales y, sobre todo, nacionales. En el marco de las estrategias de control territorial y disputas militares, las minas antipersona han sido una de las herramientas más utilizadas por las guerrillas colombianas. El corregimiento de Micoahumado se ubica

22.

El texto de los numerales que siguen a continuación (4.3.1. /4.3.2. /4.3.3.) sobre el caso de Micoahumado (editado y ajustado a las necesidades del presente documento) fue escrito por Vladimir Caraballo Acuña en el marco de la investigación sobre lecciones para la paz en Colombia realizada por el Equipo Iniciativas de Paz del Cinep y publicada por esta misma institución en 2011 bajo el título “Lecciones para la paz negociada. Retrospectiva histórica en Colombia”. 23. Para el desarrollo del conflicto armado en el sur de Bolívar, y particularmente del paramilitarismo, ver: Gutiérrez, 2003.


en una de las zonas de disputa más importantes del país: la serranía de San Lucas. La explicación reside en el hecho de que la zona es una de las cunas del ELN, que la construcción de la Carretera Troncal del Magdalena Medio implicó la puesta a disposición de recursos poco accesibles anteriormente y que, en los últimos años, se ha presentado una disputa alrededor de las exploraciones y explotaciones de oro en ese territorio. Por eso mismo el sur bolivarense ha estado en el centro de las acciones paramilitares, estatales y guerrilleras, y en este contexto adquiere relevancia la existencia de extensos territorios minados, como estrategia de guerra. A pesar de que las minas han sido utilizadas desde décadas anteriores, fue particularmente el incremento de la presencia de los paramilitares y del Ejército en el territorio el factor que llevó a una intensificación y cualificación del uso de las minas por parte de la guerrilla, a los impactos humanitarios descargados por estos artefactos y a la consecuente exigencia de los pobladores de que se desminaran las carreteras.

4.3.2. Los antecedentes El desminado acatado por el ELN en 2005 fue posible por la articulación de varios actores y circunstancias, particularmente a partir del cuarto ingreso de los paramilitares a la zona. El 13 de noviembre de 1998 tales agrupaciones efectúan la primera incursión en el corregimiento de Micoahumado, como señal de la consolidación de su presencia en los alrededores, incluida la cabecera municipal, Morales. Ante esta arremetida, la mayoría de familias y líderes comunitarios deciden desplazarse, suponiendo que serían juzgados a causa de la presencia histórica de la guerrilla en su territorio. La disputa por el control de la zona continuó, y tras dos incursiones más, el 2 de diciembre de 2002, fecha emblemática para los pobladores del corregimiento, el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas realiza su cuarta incursión, esta vez con cerca de 600 hombres armados que dan inicio a la que los pobladores califican como la etapa más ardua del conflicto, debido a los permanentes combates y las amenazas a la población, tanto de parte de los paramilitares como del Ejército.23

Ante el nuevo hecho, el 14 de diciembre de ese año los pobladores y un grupo de representantes de la Iglesia Católica local deciden reunirse en el campo de fútbol del corregimiento y tomar una decisión. Tras la pregunta hecha por el padre Joaquín Mayorga, de Magangué, sobre qué decisión tomar –quedarse o huir–, la gran mayoría de la población levantó la mano a favor de permanecer en el territorio y de crear una comisión


de diálogo para hablar con los paramilitares y con la guerrilla. En ese momento los líderes históricos del corregimiento habían abandonado la región, por temor a represalias de los paramilitares. Se decidió entonces que la comisión estuviera compuesta por habitantes y acompañantes “no quemados” por sus actividades políticas, aunque con dotes de liderazgo: representantes de las iglesias Cuadrangular y Pentecostal, el sacerdote jesuita Francisco de Roux y Águeda Plata, miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el padre Joaquín Mayorga, Carlos Iván Lopera, de Redepaz, y 17 personas de la comunidad. Para ese momento los paramilitares estaban atrincherados en el corregimiento (escuela, campo de fútbol, viviendas, etc.) y la guerrilla había minado la bocatoma del servicio de agua y presionaba a favor de la partida de la comunidad, para enfrentarse con los paramilitares sin la presencia de la población. Los pobladores decidieron entonces iniciar los acercamientos, primero con la guerrilla y luego con los paramilitares: “La comunidad decide hablar con la guerrilla que está en el pueblo y ellos nos apoyan para poder subir a la montaña. Tras dos días de camino, nos reunimos allá el 17 de diciembre del 2002 con la guerrilla a escondidas de los paramilitares. En La Guásima nos dijeron: nosotros desminamos la bocatoma del agua, les dejamos entrar alimentos, pero con una condición: que los paras se tienen que salir del casco urbano. Entonces nosotros decidimos hablar con los paras, la misma comisión que habló con la guerrilla. Los paras deciden aceptar, aunque dicen que ellos salen del todo cuando les entreguemos a los líderes; sin embargo, deciden irse para el cerro del lado y ahí inician los combates entre ellos, que nos tuvieron, 24 y 31 de diciembre encerrados en nuestras casas, sin siquiera poder sacar la cabeza. El 16 enero a las 3:00 a. m. inicia el último combate, una de las épocas más duras para todos; el 17 los paramilitares se van con apenas 150, después de que habían llegado 600. Por aquí mismo pasaban los heridos vueltos una nada en burros, y para los niños eso era horrible. Después de eso ya no volvieron a entrar” (Entrevista No. 1) Con el final de los combates y tras el desminado de la bocatoma, el ELN regresa a hacer presencia en el corregimiento, pero, a pesar de los agradecimientos de los pobladores por el desminado de la bocatoma, éstos informan a los guerrilleros que están en capacidad de organizarse autónomamente. Ante la solicitud, y por la madurez que el ELN reconocía en la población, esa agrupación decide disminuir la vigilancia que mantenía sobre la población (control de visitas, organización de la vida cotidiana, orientación política, entre otros) y respetar la decisión de los pobladores. De ahí que la seguridad obtenida por la comunidad tras haber llevado a cabo los diálogos con guerrillas y paramilitares, la presencia de “amigos” cercanos al proceso y el respeto ganado frente al ELN se hayan convertido en campo fértil para el trabajo autónomo y, sobre todo, para que el 14 de marzo de 2003 –dos meses después de los enfrentamientos– se hubiese escogido un delegado por cada vereda del corregimiento, hasta sumar un total de 100 personas, que fundarían la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado.


La Asamblea se convertiría en el principal núcleo organizativo y regulador de la comunidad de Micoahumado y sería la encargada de continuar con el proceso de diálogo con los actores armados, particularmente alrededor del tema del desminado con el ELN: “por un territorio para la vida, sin coca, sin operativos, sin campamentos y sin minas, con autonomía y libertad”, fue la consigna de los pobladores durante el proceso de diálogo. Las primeras gestiones al respecto se vieron marcadas por las permanentes agresiones del Ejército tras la salida de los paramilitares. Así lo cuentan los pobladores: “El Ejército entró el 22 de enero del 2003, tras la retirada de los paras unos días antes. Luego regresan en mayo de 2003 al mando del Sargento Vargas y ahí sí entraron muy agresivos y tratando a todos de guerrilleros, tanto que encarcelaron a Isidro, de Fedeagromisbol, acusándolo de vínculos con la guerrilla. Cogían a la gente y la amenazaban en el pueblo mismo por llevar camisetas de Redepaz y el nombre del proceso de Micoahumado; nos decían que nos quitáramos esas camisetas guerrilleras. La intención de ellos era ganar personas para una red de informantes pero no pudieron porque nosotros enfrentamos la situación gracias a instituciones amigas y defensoras de derechos humanos y que nos contaban de nuestros derechos en medio de un escenario de conflicto armado [Derecho Internacional Humanitario]: el padre Joaquín [Mayorga], la Defensoría del Pueblo, el Padre Pacho [de Roux], etc. Entonces definimos decirle al Ejército que podía entrar y transitar pero no atrincherarse en las casas, porque los combates eran muy fuertes y culpaban al pueblo de informarle a la guerrilla. Luego, solamente decirles que el DIH no permitía eso, con eso era suficiente. A finales de 2003 fuimos a Bogotá a hablar con el Vicepresidente, con Naciones Unidas y el Comisionado de Paz para contarles de las amenazas del Ejército. Al otro día sacaron al batallón que hacía presencia y lo mandaron para otro lado. Ese batallón era terrible: ellos se dieron cuenta que Isidro y yo salimos a Bogotá y se estacionaron cinco días en Moralito con el fin de matarnos. La gente nos avisó y llegamos en helicóptero desde Barranca gracias a la Defensoría, porque si no, nos hubieran matado. Cuando llegamos de regreso, el comando del Ejército que mandaron era más amable, aunque, igual, desde el comienzo les dejamos las cosas claras” (Entrevista No. 1). Gracias al viaje de los actores comunitarios y sus acompañantes se puso sobre la mesa la situación de las minas del ELN y se inició el contacto con el gobierno para el desminado. Con el ELN los diálogos se entablaron con la mediación de la Iglesia católica local, particularmente el padre Francisco de Roux. Los pobladores insistían en que necesitaban la carretera limpia de artefactos bélicos para poder sacar sus productos, pues, dado el minado de la misma, tardaban entre cuatro y seis horas para trasladarse de una vereda a otra. Los momentos de encuentro entre la Comisión y la guerrilla eran dispuestos por los ‘elenos’, quienes, de un día para otro, enviaban a alguien a avisar de la disponibilidad, tras lo cual los pobladores


se encargaban de hacer el llamado a Francisco de Roux o a Joaquín Mayorga para que participaran en la comisión. En estas condiciones se realizaron muchos encuentros y casi siempre la posición del ELN era la misma: “Eso es lo que nos protege y no podemos quitarlo de ahí”. Acercamientos de este tenor ocurrieron a lo largo de meses, hasta que el ELN decidió desminar el territorio con el apoyo del Llamamiento de Ginebra (Geneva Call). Las razones para el cambio de posición de la guerrilla parecen referirse al compromiso de la comunidad de Micoahumado de garantizar, por sus propios medios, el sostenimiento de la población como actor neutral dentro del conflicto. A pesar de ello, las referencias que los pobladores hacen a los detalles de los diálogos suelen estar cubiertas por la prevención, característica de los acercamientos entre población civil y guerrilla desautorizados por el Estado, razón por la cual sus desarrollos más particulares difícilmente pueden ser aprehendidos si se es un actor externo. Y justamente esa desautorización de parte del Estado se convirtió en uno de los elementos más importantes de la última etapa del proceso: la verificación del desminado.

4.3.3. Los problemas de la verificación Uno de los elementos más importantes del proceso de negociación del desminado fue el papel cumplido por el Estado, particularmente en el momento de la verificación. Como se reseñó arriba, desde el inicio los pobladores buscaron la resonancia de sus solicitudes ante la Vicepresidencia de la república, y fue el Observatorio de Minas la instancia encargada de hacer acompañamiento a todo el proceso de desminado una vez gestionado por los actores locales. Tanto la Vicepresidencia como los pobladores coinciden en que el papel de la primera fue fundamental durante todo el proceso, pues su acompañamiento siempre fue amigable y de suma utilidad en asuntos como la información sobre procesos de desminado en otros territorios del país. Sin embargo, la verificación del desminado fue la fase del proceso que se vio truncada por desacuerdos entre pobladores, actores locales y Estado y, como se verá más adelante, por los dilemas del papel de este último cuando se cruzaron las dinámicas regionales y nacionales de conflicto y de la negociación. Por ello, ante la pregunta sobre si habían avalado o no el desminado, la entonces directora del Observatorio respondió: “Si avalar significa acompañar el proceso de desminado, apoyar a la comunidad, etc., lo avalamos. Pero, frente a la certificación: a) El Estado no tenía cómo garantizar la seguridad de los enviados por Geneva Call que venían a desminar; b) el Estado tenía los equipos y el personal para hacerlo y no había por qué invertir recursos en alguien que viniera de fuera, como el Geneva; c) No había garantías de que no iban a volver a minar porque no se trataba de un proceso real. Nosotros pedimos los buenos oficios del Centro Internacional de Desminado (CID), ente reconocido mundialmente, pero no quisieron aceptarlo. El ELN nos dijo


que ellos limpiaban pero que no pasaran militares […] pero la posición del Estado es que no puede haber ningún lugar vedado para sus fuerzas, así que no tenía sentido que fueran ellos mismos quienes limpiaran el terreno; de hecho, una vez desminado el territorio, el Ejército comenzó a utilizar la carretera nuevamente, ante lo cual el ELN amenazó con volver a minar (Entrevista No. 2) El desminado de Micoahumado, entonces, fue efectuado con el acompañamiento del Observatorio de Minas como entidad estatal, pero sin su certificación administrativa. Por eso los pobladores del corregimiento insisten permanentemente en dos aclaraciones que van más allá de lo nominal: los diálogos siempre fueron “diálogos sociales y pastorales” (es decir, de la sociedad con la mediación de la Iglesia), y el desminado no fue un desminado humanitario sino “social y comunitario”, pues nunca fue oficialmente autorizado por el Estado como institución. Dos aspectos centrales sobresalen en este caso. En primer lugar, la importancia que los vínculos previos, los lenguajes y significados compartidos, las confianzas y la convivencia histórica entre pobladores y actores armados tuvieron para el desarrollo de la negociación. En segundo lugar, los dilemas a los que se vio enfrentado el Estado como institución, al verse incluido en un escenario local en el que su legitimidad como negociador se veía seriamente cuestionada –contrario a lo que ocurría con los actores locales no estatales–, y en el que, además, se hacía evidente la dificultad de cruzar acuerdos locales coordinados por actores no estatales, con acuerdos nacionales orientados principalmente por el Estado como institución aparentemente unificada. Finalmente, el resultado de estos dilemas fue un proceso de desminado unilateral exitoso, el fortalecimiento de la comunidad (con la fundación de la Asamblea Popular Constituyente), la visibilización de las problemáticas de Micoahumado y la no certificación del proceso por parte del Estado central.

4.4.

La lucha constante por la dignidad de las mujeres: El caso de la OFP

Los talleres de retrospectiva histórica adelantados con la Organización Femenina Popular (OFP) llevaron a la identificación de un conjunto de episodios significativos para la organización, algunos de ellos distanciados en el tiempo y otros sobrepuestos cronológicamente. Cuatro temas recogen este conjunto de episodios. Dos de ellos están asociados al periodo de crecimiento regional de la organización, que va entre mediados de los años 90 y comienzos del decenio siguiente; un segundo asunto hace referencia a los hechos ocurridos en torno a la masacre del 16 de mayo de 1998, presentados en páginas anteriores en el caso de la Ciudadela Educativa; un tercer grupo se relaciona con el proceso de resistencia de la OFP, que ejemplifica de forma concreta las acciones realizadas frente a los actores armados a comienzos de la década de 2000; finalmente, el


cuarto tema se refiere a las amenazas paramilitares hechas en noviembre de 2007 contra Yolanda Becerra, directora de la OFP, que ocasionaron su abandono de la ciudad. Estos episodios fueron reseñados por las mujeres que participaron en los talleres y aquí son sintetizados para efectos de presentar los mecanismos que operaron en el establecimiento de las relaciones de la organización con otros actores del Magdalena Medio.

4.4.1. Expansión regional de la organización Durante la etapa de crecimiento regional que se inicia en el año 1995 la OFP logró una importante presencia en la mayor parte de los municipios del valle medio del río Magdalena. En esos años las estrategias de acción aplicadas al trabajo en pro de los derechos de las mujeres, además del logro de los propósitos directos, favorecieron el alcance de otros aspectos, que a la postre resultaron claves en la actividad regional de la organización. Durante esos años de ampliación la OFP llegó a cada municipio con el propósito de ofrecer a las mujeres una diversidad de cursos (por ejemplo, diseño de ropa interior y arte de la belleza) encaminados a que ellas aprendieran un oficio que les ayudara a ser independientes y a realizarse como mujeres. A su vez, en las zonas más populares establecieron los comedores y las ollas comunitarias. De ese modo, además del trabajo de la organización en los distintos municipios, la OFP fue dándose a conocer y ganando rápidamente nuevas integrantes. Este primer relato de la ampliación de la OFP es reforzado con un segundo acto semejante: se trata de la llegada de la organización a la Comuna 4 de Barrancabermeja, a la par de la fundación de la Casa de la Mujer (año no determinado). Durante este periodo, a partir de las actividades de la Casa de la Mujer y como respuesta a las necesidades más acuciantes de la comunidad que la OFP había venido identificado, impulsaron el programa de renovación de viviendas y contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres del sector. La magnitud y la efectividad de esta acción favorecieron la presencia de la organización en la comuna. Los dos episodios resultan fundamentales en la historia de la OFP, ya que representaron un viraje en la percepción que las comunidades, las mujeres en general, el resto de organizaciones sociales y la institucionalidad tenían de estas líderes femeninas. El contexto de conflicto y la presencia tradicional de la guerrilla en algunas zonas de labor de la organización llevaron a que la comunidad y otros actores sociales relacionaran a la OFP con la insurgencia armada. En palabras expresadas por ellas mismas durante los talleres, “La gente se había hecho a la idea de que éramos guerrilleras porque defendíamos los derechos y porque íbamos a una zona de influencia guerrillera (del puente para allá). En la Comuna 4, en La Planada del Cerro, cuando llega la OFP tenía fuerza esa idea de que quienes iban eran de la guerrilla”.


Los trabajos que la OFP realizaba y las relaciones que se establecieron con las mujeres y las comunidades, y que llevaron a que la organización se diera a conocer, favorecieron el cambio en la percepción que la comunidad tenía de las mujeres de la OFP: dejaron de ser las guerrilleras para convertirse en mujeres que los apoyaban. Los resultados, como ellas lo reseñaron, no son otros que el hecho de que las mujeres de La Planada tengan hoy sus casas y que la Casa de la Mujer se haya convertido en un centro de apoyo, atención y asesoría jurídica a las mujeres.

4.4.2. La masacre del 16 de mayo Si bien el tipo de percepciones arriba mencionadas fueron variando positivamente durante los años de trabajo en el entorno comunitario, no ocurrió lo mismo frente a los grupos paramilitares que incursionaron en la región. La masacre del 16 de mayo de 1998, además de la tragedia que encarnó para la Comuna 7 de Barrancabermeja, puso en evidencia el riesgo que corrían las dirigentes de la OFP en el desempeño de su trabajo con los sectores populares. La violencia que se desató en la ciudad a partir de ese episodio cobró años más tarde la vida de líderes de la organización como Diofanol Sierra, profesor de danzas y tocador de tamboras (8 de abril de 2002), Esperanza Amarís (16 de octubre de 2003) y Yamile Agudelo (desaparecida el 21 de marzo y cuyo cadáver fue encontrado el 22 de marzo de 2006), quienes “fueron sacados por la fuerza de sus hogares y acribillados cruelmente, sin compasión, por los paramilitares”. Varias personas más cercanas a la OFP corrieron igual suerte.

El papel que la OFP cumplió frente a la masacre y el posterior periodo de violencia, al denunciar los hechos, exigir justicia, señalar a los responsables, etc., determinó sus relaciones frente a otros actores. Por una parte, los grupos paramilitares tensaron las posiciones de amenaza y establecieron identificaciones directas de la OFP con la guerrilla, hasta el punto de perseguir y amenazar a sus líderes e integrantes acusándolas de comunistas y guerrilleras (ver adelante el caso de Yolanda Becerra). A su vez, las concepciones de desconfianza hacia las Fuerzas Militares se incrementaron, pues la organización recibió señales amenazantes provenientes de este cuerpo estatal, que, al igual que los paramilitares, las identificaban con los grupos insurgentes. Por otra parte, la posición de defensa de la vida asumida por la OFP estableció relaciones de


solidaridad y alianza con otras organizaciones. Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su siglas en inglés), por ejemplo, redobló la protección de la organización barranqueña ante el inminente riesgo; se estrecharon las relaciones con la Iglesia local y con grupos de religiosas, como las Juanistas, que acompañaron a la organización y a sus procesos con la comunidad; la solidaridad y respaldo de las Juntas de Acción Comunal y en general de las comunidades de la región se puso en primer lugar durante ese momento, a la par con organizaciones defensoras de los derechos humanos y redes de mujeres del ámbito nacional. La intensificación de la violencia en la región y las amenazas contra la OFP enmarcan otros dos episodios importantes de la organización, que hacen parte de las acciones de resistencia emprendidas por este grupo de mujeres.

4.4.3. La resistencia femenina El primero de estos dos episodios de resistencia se presentó con ocasión de las marchas desplegadas contra el despeje de territorios como requisito para entablar diálogos de paz con el ELN. Esta guerrilla había hecho la propuesta al Gobierno Nacional (en ese entonces encabezado por Andrés Pastrana Arango, 1998-2002), a lo cual los grupos paramilitares reaccionaron con una serie de marchas de rechazo a la idea organizadas en la región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar durante los primeros meses del año 2000. Con ocasión de la marcha de Puerto Wilches (Santander) los paramilitares acudieron a la sede de la OFP para pedir en préstamo ollas de cocina, solicitud que fue rechazada por esa organización con el argumento de que “las ollas son políticas”, en el sentido de ser un símbolo de resistencia de las mujeres, como lo explicaron en los talleres. La negativa a prestar las ollas representó en ese momento la determinación de “no colaborar en ningún sentido con los actores armados”. El episodio provocó advertencias de los paramilitares y presiones para que la organización femenina saliera de la zona. Posteriormente la organización afianzó el sentido político de las ollas y las incorporó a sus símbolos de demanda y defensa de los derechos integrales de las mujeres. El segundo episodio de resistencia lo constituyó la reconstrucción de la sede de la OFP en el barrio La Paz, ubicado al norte de Barrancabermeja. Una noche de abril del año 2001 un grupo de paramilitares, bajo el mando de alias el ‘Gato’, derrumbó la estructura de la casa de la organización y se la llevó en camiones, dejando el lote vacío. Al día siguiente las mujeres, atónitas frente al lote desocupado pero con la solidaridad de la comunidad, organizaron la marcha del ladrillo para reconstruir la sede, lo cual logró con éxito al cabo de un año. La casa derribada era una construcción de madera, por lo cual su destrucción no fue difícil. Las mujeres habían comprado el lote para poner en funcionamiento un comedor comunitario, realizar reuniones y cursos de capacitación y organizar brigadas de salud. Por ese mismo tiempo los grupos paramilitares habían hostigado en repetidas ocasiones las sedes que la OFP tenía en Barrancabermeja y otros municipios de la región, amenazando con tomarse los lugares y hacer uso de ellos para sus propósitos, a lo que las mujeres se habían opuesto con valor y recurrido a


la protección de las autoridades. Ese fue el caso de la sede de La Paz, en donde los paramilitares habían ingresado y tomado bajo su poder la casa, pero las mujeres de la OFP fueron hasta el lugar acompañadas de muchas organizaciones populares y exigieron la devolución del inmueble, hasta obligar a salir a los invasores. Por esta razón, en horas de la noche, los paramilitares, que “quedaron ardidos” por lo acontecido, según la versión de las mujeres, regresaron para destruir la sede. Por estos hechos, años más tarde el ‘Gato’ fue condenado a ocho años de prisión, y por cargos de homicidio a cuarenta años.

4.4.4. Amenazas persistentes El conjunto de episodios hasta aquí reseñados da cuenta de la forma como se fue configurando una situación de confrontación con los paramilitares que operaban en la región del Magdalena Medio, hecho que desató nuevas acciones violentas del paramilitarismo, que atentó incluso contra la vida y la dignidad de las mujeres de la OFP y de sus colaboradores. Todavía a mediados del año 2007 la OFP seguía recibiendo amenazas y declaratorias de objetivo militar provenientes de organizaciones paramilitares como ‘Águilas Negras’. Este tipo de advertencias se convirtieron en actos de intimidación y violación de domicilio, como pasó en el caso del ingreso violento de hombres encapuchados al apartamento de Yolanda Becerra, el 4 de noviembre de 2007. En la mañana de ese día, antes de penetrar en el apartamento de Yolanda, al parecer hubo un intento similar en la residencia de Jacqueline Rojas, otra dirigente de la OFP. Dos mujeres de la OFP habían pasado la noche en el apartamento de Yolanda, tras una jornada de trabajo. Hacia las 7:30 de la mañana ellas salieron y pocos minutos después golpearon a la puerta. Yolanda abrió, creyendo que se trataba de sus compañeras, que por algún motivo se habrían devuelto, cuando dos hombres encapuchados y armados empujaron la puerta y se abalanzaron a golpes contra ella. La pusieron contra la pared y uno de los encapuchados la encañonó mientras le gritaban insultos y la amenazaban de muerte, a ella y a su familia, si no abandonaba la ciudad en las siguientes 48 horas. Los hombres permanecieron por un lapso de quince minutos mientras destruían, revolcaban y esculcaban las pertenencias de la líder, e incluso intentaban llevarse su computador personal. El hecho activó las alarmas de las organizaciones nacionales e internacionales, que denunciaron los hechos y exigieron al gobierno colombiano su esclarecimiento. La noticia corrió velozmente por las redes de comunicación sociales y virtuales. Por esos días de noviembre Yolanda estaba preparando su viaje para recibir el premio internacional Per Angel 2007, otorgado por el gobierno de Suecia como reconocimiento a la labor de esta esclarecida defensora de los derechos humanos. En declaraciones a la prensa, ella afirmó: “Este premio es un blindaje, una protección política. Es también una ayuda a todas las organizaciones y mujeres del país, las organizaciones y movimientos sociales que pasan estas situaciones”.24


Al mismo tiempo que las amenazas continuaban, los reconocimientos internacionales a los servicios de esta mujer muestran el grado de solidaridad de las organizaciones humanitarias y su acompañamiento constante al proceso de la OFP. El 27 de marzo de 2009 Yolanda recibió en Boston (Estados Unidos) el Premio Ginetta Sagan 2009 por la defensa de los derechos de la mujer y la niñez. En esa ocasión ella siguió declarando el temor por su vida: “El premio es una forma de proteger mi vida y creo que ha llegado en el mejor momento, porque en la actualidad tengo muchas preocupaciones por mi vida y por mi misión; por las últimas amenazas, por las versiones libres de los paramilitares, donde éstas no han sido para decir la verdad para aplicar justicia favoreciendo a las victimas sino para victimizar a las víctimas”. 25

5. Mecanismos recurrentes en las relaciones Hasta aquí se han reseñado los principales episodios trabajados con las organizaciones durante los talleres de retrospectiva histórica. El común denominador de ellos es la subsistencia de eventos que han implicado un relativo nivel de contienda política. En términos del marco teórico que preside este ejercicio histórico, la “contienda política” es “episódica […] tiene lugar en público, supone interacción entre quienes reivindican y otros, la reconocen esos otros como algo que tiene efectos sobre sus intereses y hace intervenir al gobierno como mediador, objetivo o reivindicador” (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005: 6). En este documento se han expuesto diez episodios que hacen parte del conjunto de momentos y expresiones del proceso social que por décadas se ha desarrollado en el Magdalena Medio colombiano, episodios que fueron vividos en concreto por cuatro organizaciones emblemáticas de la región. En cada uno de ellos se dio cuenta de las interacciones conflictivas, en unos casos cooperativas, en otros entre pobladores de las comunidades o las organizaciones, todos ellos actores de poder, como los grupos armados al margen de la ley o los representantes del gobierno, y agentes de incidencia como la Iglesia, la cooperación internacional y las empresas. Los relatos recogidos en este documento exhiben la disputa por los recursos que han sostenido estos distintos actores, disputa que descansa en el conflicto armado soportado por la región.

24.

Noticia publicada el 5 de noviembre de 2007 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3803829 25. Noticia publicada el 27 de marzo de 2009 en: http://www.eltiempo.com/blogs/se_busca_esposa_latina/2009/03/yolanda-becerra-colombiana-gan-1.php


Si bien fueron momentos diversos ocurridos en tiempos distintos, en esos conflictos operaron mecanismos que de una u otra forma establecieron las relaciones entre los actores implicados y configuraron situaciones de la contienda política para cada caso. A continuación se analizarán cuatro mecanismos principales, quizá los más recurrentes y comunes a los distintos episodios reseñados, a la par de otros que se fueron combinando para conformar los procesos y episodios vividos. El propósito es que de ello se deriven lecciones para abordar el estudio de los conflictos; se trata de una perspectiva novedosa que invita a prestar atención a las relaciones entre actores, que es lo que en últimas determina que las situaciones y los contextos de los territorios se presenten de una u otra forma y afecten la seguridad, el bienestar y la vida de personas y comunidades enteras. Como afirma Norbert Ropers, “El objetivo clave de la intervención en conflictos no debe ser fomentar un resultado determinado (por ejemplo, un acuerdo de paz o bases de respaldo para la paz sólida), sino modificar los patrones de interacción de las partes implicadas. Sólo dichos cambios en los patrones interactivos pueden asegurar que el cambio social se vuelva sostenible” (2008, disponible en www.berghof-handbook.net).

5.1.

Formación de identidad política

Uno de los mecanismos centrales de la acción colectiva es este de la formación de identidad política. MacAdam, Tarrow y Tilly consideran que “en el curso de la contienda política, los actores pasan a la acción en nombre de unas identidades” (2005: 151). La formación de nuevas identidades o el afianzamiento de identidades previamente existentes incentivan la acción colectiva de los actores. De este modo la acción colectiva es el producto de relaciones establecidas entre actores sociales a partir de las identidades establecidas. La identidad es uno de los principales activadores de la acción. En ese sentido, las identidades y las relaciones son un continuo de permanente transformación de la interacción entre actores. La formación de identidad política “implica cambios en la conciencia de las personas implicadas, tanto como en la de las demás partes, respecto a tales identidades, pero también implica alteraciones en las conexiones entre las personas y los grupos afectados” (2005: 30). Tal marco de análisis afirma que la identidad política y “las identidades son políticas en la medida en que implican relaciones con los gobiernos” (2005: 148). En el caso de esta recopilación de los episodios significativos del Magdalena Medio se ha ampliado el concepto de lo político, en el sentido de que la contienda política no opera exclusivamente en relación con un ente oficial de gobierno, sino además con actores privados que ejercen formas de gobierno o controles territoriales, como sucede en el caso colombiano con los grupos armados ilegales (guerrillas y paramilitares). De este modo, en los procesos políticos se amplía el margen de los contendores, que no son exclusivamente agentes del gobierno oficial.


En los distintos episodios que fueron reseñados se advirtieron procesos de formación de identidad política por parte de los diversos actores del Magdalena Medio; identidades que surgieron y afectaron las relaciones entre unos y otros, determinando situaciones de violencia o posibilidades de paz. Se trata, en general, de un mecanismo recurrente en los distintos casos estudiados y de gran relevancia a la hora de abordar la reflexión sobre pistas o lecciones para avanzar en la construcción integral de paz. Las cuestiones que surgen son: ¿cómo este mecanismo operó en uno y otro caso?, ¿qué tipo de procesos o situaciones desató? Como característica común de los casos estudiados, la formación de identidad política responde a procesos sociales, complejos y de largo plazo, que con el paso del tiempo operaron definitivamente en los episodios de contienda descritos anteriormente. Por tal razón es necesario considerar el contexto de tales procesos de formación de identidades en la región. El momento histórico en el que se encuadran los cuatro casos estudiados corresponde al ingreso del paramilitarismo a la región. Este suceso hizo que las categorías sociales preexistentes en los distintos sectores sociales demarcaran el conflicto como una disputa, además de territorial, políticamente identitaria. Por ejemplo, sectores sociales regionales y nacionales fueron haciéndose a la idea de que buena parte de los territorios en los que se ubicaban las organizaciones referenciadas eran, para ese momento, territorios dominados por formaciones insurgentes y que por esa razón, según tal identidad previamente conformada, sus habitantes eran miembros o colaboradores de tales agrupaciones. Ese era el caso de la Comuna 7 de Barrancabermeja, que tenía presencia del ELN, las Farc y el EPL; en el caso de Micoahumado, asentado en la serranía de San Lucas, se trataba de una zona dominada históricamente por el ELN, y el valle del río Cimitarra contaba con una larga presencia de las Farc. Tales identificaciones, fundamentadas o no, resultaron fatídicas para la población civil en las condiciones de violencia que predominaban de la región. El “proyecto” paramilitar y el de quienes lo apoyaron en las esferas económicas, políticas, jurídicas e institucionales, consistía en arrebatar tales escenarios del control insurgente y ganar la hegemonía militar y política. Junto a ello es necesario resaltar, desde esta perspectiva, la relevancia de los actores externos, que, como puede observarse, asumen un papel esencial en los procesos de formación de identidad política. Es importante hacer mención de un mecanismo paralelo al de formación de identidad política: el de atribución de similitud y creación de categorías. Eso fue justamente lo sucedido en estos casos: a causa de los distintos factores puestos en juego, los actores externos asimilaron las referidas organizaciones sociales a los grupos insurgentes. En ese sentido, por el hecho de encontrarse en el mismo territorio y expresar demandas


sociales que los actores externos calificaban como “de izquierda”, fueron clasificadas en la categoría de “guerrilleros”, “insurgentes” o “comunistas”. Con base en tal identificación fue como operaron los grupos paramilitares contra la población de estos territorios, para ganar el control y erradicar la presencia de la “subversión”. En términos teóricos, y para complementar los ejemplos anotados, MacAdam, Tarrow y Tilly definen la atribución de similitud como “la identificación mutua de actores de diferentes enclaves como suficientemente similares entre sí para justificar la acción conjunta” (2005: 368). De esa manera, los actores externos llegaron a asimilar a las agrupaciones campesinas con las formaciones guerrilleras, con lo cual, de hecho, justificaban las operaciones violentas contra esas organizaciones sociales. Tales autores explican que “una categoría social consiste en un conjunto de enclaves (identidades) que comparten un límite que los distingue a todos ellos de, [sic] y los relaciona a todos ellos con, al menos otro conjunto de enclaves (identidades) que queda palpablemente excluido por dicho límite” (2005: 158). En el contexto general, los paramilitares fueron identificados como sectores de derecha, mientras que los sectores populares eran estimados como de izquierda. Dos sectores estimados en el marco político como contrarios ideológicamente, y, en el marco de la guerra, como enemigos. Los contextos son mucho más complejos que esto, por supuesto, pero aquí se trata de presentar ejemplos para explicar en qué consisten tales procesos de formación de identidad política y cómo ello operó decididamente en la contienda soportada por las organizaciones sociales en los episodios que aquí se han reseñado. Se ha señalado cuan determinantes son los actores externos en la creación de tales identidades. Ello para destacar que la formación de identidad, como se dijo al comienzo de este apartado, es un proceso de la interacción de los actores y no simplemente una definición que se hace a voluntad en el seno de los núcleos sociales, como son, por ejemplo, una comunidad, una red, una organización. El trabajo en el afianzamiento de identidades sociales y culturales es fundamental en los procesos de formación de identidad política, pero no es suficiente si no contempla estos factores relacionales. Es claro que dentro de los grupos también se vivieron procesos de formación de identidad en todos estos sentidos. Esos procesos jugaron a favor de la organización, al haber contribuido a la cohesión social de sus miembros, a su decisión de participar en las acciones de la contienda política, como marchas, concentraciones, actos de resistencia, negociaciones, expedición de comunicados, etc. Tales eventos de movilización, al igual que la identidad que crea el hecho de convivir en el mismo marco topográfico o tener vecindad, por ejemplo, hacen parte del conjunto largo y complejo de la formación de identidad de las organizaciones.


5.2.

Difusión/apropiación social

Un segundo par de mecanismos relacionales se refiere a la difusión y la apropiación social. Si bien se trata de mecanismos distintos, ellos operan de forma interactiva, al igual que los anteriormente descritos. A su vez, ambos contribuyen a los procesos de formación de identidad, como evidencia de la complejidad con que funcionan estos procesos. En este análisis se ha decidido considerar diferencialmente la difusión y la apropiación social, pues se trata de dos mecanismos a los que las organizaciones recurrieron conscientemente para avanzar en la satisfacción de sus propósitos. Para contribuir a la comprensión es importante presentar las definiciones de estos dos mecanismos, expuestas por los autores referenciados. En el nivel más general, como ellos mismos lo exponen, “la difusión incluye cualquier transferencia de información a través de cualquiera de las líneas de comunicación existentes” (2005: 75). Por su parte, la apropiación social consiste en que actores particulares se apropian del espacio social y las identidades colectivas existentes para ponerlos al servicio de interpretaciones propias previamente establecidas (cfr. 2005: 111). En los episodios reseñados se evidenció un proceso de apropiación de múltiples vías, en el cual la difusión tuvo un papel vinculante entre los actores sociales. En el caso de Corcedic7, por ejemplo, la difusión fue fundamental durante el proceso de asimilación de la Ley 715. En medio de la confusión que se produjo entre los maestros y los funcionarios de la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, y del desconocimiento de la comunidad en general, que previamente se había involucrado y construido el proyecto educativo común, los líderes actuaron acertadamente al promover escenarios de información y discusión de los contenidos de la nueva ley. Con este mecanismo pusieron a dialogar a los distintos actores interesados (maestros, funcionarios, comunidad, entidades de apoyo), conocieron sus preocupaciones y discutieron los intereses en juego, los obstáculos y las limitaciones de todo tipo. En estos espacios los líderes consiguieron en buena medida que se aclararan dudas y se desvanecieran temores infundados, y avanzaron en la tarea de procurar condiciones para una implementación más favorable de la legislación. Las dudas y los temores habían originado conflictos en el nivel social y político, que a su vez fueron disueltos a través de la difusión, tanto de la legislación como de los intereses organizativos. En este caso la apropiación operó por múltiples vías, pues los líderes asimilaron las preocupaciones de los maestros, los maestros comprendieron las necesidades de la comunidad y las entidades de apoyo, como la Iglesia y el Pdpmm, afianzaron el respaldo al proceso. De este modo, los líderes promotores del proyecto se apropiaron de tales demandas y conformaron un conjunto de presión frente a la institucionalidad para lograr que los funcionarios públicos corrigieran decisiones previamente tomadas respecto a la aplicación de la Ley en la Comuna.


Situaciones semejantes se vivieron durante el periodo de expansión de la OFP. Basta recordar cómo las mujeres de la organización se orientaron a los sectores populares a fin de brindarles apoyo y formación política. Las directoras de la OFP ofrecieron a las mujeres cursos prácticos de capacitación laboral en los barrios y en distintas poblaciones de la región. De ese modo se dieron a conocer como colectivo y ganaron una identidad propia como organización que apoyaba a las mujeres pobres y trabajaba por la solución de sus necesidades. Por esta vía se fueron difundiendo los fines de la OFP y se brindó formación en derechos humanos y en derechos de género a las mujeres de los sectores populares. La asociación como tal conoció de cerca la situación de las mujeres, insertó en sus discursos y propósitos tales necesidades y empezó a trabajar por su solución. Por su lado, las mujeres beneficiarias se fueron incorporando a la entidad, hasta el punto de sentirse en propiedad de los mismos objetivos y sumarse a la lucha por los derechos de las mujeres. Se fue conformando entonces una amplia masa crítica capaz de demandar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones sociales.

En casos como éste es interesante observar que la apropiación social toma formas diversas y se realiza de forma positiva en múltiples vías: inicialmente la organización conoce y se apropia de demandas de la base, hace suyos, como se dijo, los requerimientos de derechos básicos de las mujeres de los barrios de la ciudad y los sectores rurales; a su vez, estas mujeres de la base realizan un proceso de conocimiento del discurso de los derechos humanos y se suman a la organización destinada a alcanzar su cumplimiento, a concretar su realización. Todo ello sucede en medio de procesos de conocimiento mutuo, de creación de confianza, de solidaridad en hechos concretos de la vida cotidiana de las mujeres, de constantes encuentros en los talleres de formación política, etc. La difusión y la apropiación social ocurren a la par que la relación entre las secciones de mujeres –las que eran miembros de la OFP y las que en un principio no lo eran– se establecen de manera completamente horizontal: todas son personas iguales en derechos y en dignidad. El proceso experimentado por la Acvc y la experiencia de los pobladores de Micoahumado ejemplifican la aplicación de este tipo de mecanismos en una esfera, ya no local, sino de carácter nacional e internacional. En procura de la extracción de lecciones, es importante considerar ciertas prácticas observadas también en los casos de la OFP y la Corcedic7.


La difusión operó para transmitir a la comunidad nacional e internacional la situación vivida, y por esa vía ganar aliados y protectores. Los campesinos de la Acvc, para mostrar la estigmatización y la represión a las que estaban siendo sometidos; los pobladores de Micoahumado, dando a conocer y buscando protección frente al asedio de los actores militares en contienda. Esas organizaciones sociales se esforzaron en darse a conocer en escenarios de escala nacional e internacional, en los que expusieron sus preocupaciones y la forma como la población estaba siendo afectada por la violencia. Fueron experiencias reconocidas y relacionadas en la lista de casos que demandaban la atención general a causa de las infracciones a los derechos humanos y al DIH. En general, las cuatro experiencias reseñadas en este trabajo cuentan a la fecha con amplio reconocimiento nacional e internacional. Las organizaciones recurrieron inicialmente a las redes establecidas regionalmente y a los nexos que éstas ofrecían con los ámbitos nacional e internacional. Asociaciones sectoriales, ONG, Iglesia, sindicatos, institucionalidad pública de protección de derechos humanos, entre otros actores, actuaron como mediadores y a través de ellos se accedió y se dio a conocer la situación ante organismos nacionales e internacionales. Y por estos mismos canales, en doble vía, las entidades nacionales e internacionales se apersonaron de tales demandas y se comprometieron a tramitarlas ante la institucionalidad pública nacional y multilateral. La preexistencia de redes sociales de defensa de los derechos humanos facilitó la fluidez en el trámite de las demandas de las organizaciones locales. Estos canales de difusión normalmente conducen y apropian los requerimientos en materia de defensa y exigibilidad de los derechos. Hoy día no se puede desconocer la capacidad de incidencia de estos canales y la densidad de las redes existente a escala nacional e internacional. Hacer parte de esta red, como lo han comprendido las organizaciones del Magdalena Medio, resulta fundamental en contextos de violencia como los que se soportan en Colombia.

5.3.

Activación de vínculos previos

La difusión y la apropiación social en múltiples vías, como se expuso en el punto anterior, se relacionan ampliamente con un tercer mecanismo: la activación de vínculos previos. En este caso es importante distinguir los dos momentos implicados en este último mecanismo: el de la configuración o establecimiento de los vínculos y el de la activación de tales vínculos en la contienda política. En no pocos casos se trata, bien de vínculos consolidados históricamente, bien de lazos establecidos a partir de situaciones particulares más inmediatas. Es importante aclarar que tales ligazones se crean de manera positiva o negativa, bien sea para el establecimiento de relaciones cooperativas o pacíficas, o de relaciones conflictivas. En uno y otro caso los vínculos ocupan un lugar central a la hora del estallido de conflictos políticos. McAdam ha enfatizado en la relevancia de este mecanismo en las explicaciones sobre la vinculación de los individuos a la acción colectiva, sea ésta contenciosa o no lo sea. Para él,


“No es que los vínculos previos o las estructuras organizativas garanticen las protesta, sino más bien, aquellas interacciones personales que ocurren y son exitosas en construir significados e identidades compartidas que legitiman la emergencia de la acción colectiva” (McAdam, 2003: 290) (Traducción y énfasis añadido del EIP). Estos vínculos, pues, se establecen a partir de identidades y significados comunes previamente constituidos. La cuestión aquí es cómo tales lazos enmarcan la contienda política; cómo operó este tipo de mecanismos en los casos que aquí se han reseñado. Sin pretender agotar las posibilidades de acción que muestra esta forma de relaciones, se propondrán algunos ejemplos con el ánimo de suscitar la reflexión. En este contexto, el caso del desminado social y comunitario de Micoahumado tipifica la activación de los vínculos previos establecidos para el momento de las negociaciones con el ELN; en ello jugaron los lenguajes, los significados compartidos, las confianzas establecidas y en buena parte la convivencia dada. El papel que desempeñaron los distintos actores participantes muestra la relevancia de las relaciones previamente establecidas. Se trata de un mecanismo que operó en los relacionamientos de la comunidad de este corregimiento con los distintos actores, pero que para cada caso dio origen a distintas formas de relación con unos y otros: con el ELN, la Iglesia regional, el gobierno nacional, las Fuerzas Militares, los paramilitares y las ONG. En el caso del ELN, por ejemplo, los comandantes guerrilleros y demás miembros conocían a los líderes comunitarios, a las familias, a los niños en las calles de la población. Con frecuencia la guerrilla venía al casco urbano del corregimiento y dialogaba con los dirigentes y con la gente del común. Incluso la guerrilla había adelantado obras de infraestructura y había expresado el respeto a los procesos sociales que adelantaba la comunidad y la intención de no atentar contra la vida de sus miembros. Esta interacción, aprobada o no por ellos mismos o por actores externos, creó un margen de confianza y credibilidad, esencial a la hora de las negociaciones para el desminado. La guerrilla le cumpliría a la comunidad y la comunidad sabía que la guerrilla lo llevaría efectivamente a cabo. La Iglesia regional, en el caso del Pdpmm y la parroquia, venía adelantando procesos de acompañamiento y formación en la comunidad. Allí mismo se habían establecido lenguajes, puntos de referencia comunes, expresiones de confianza mutua, etc. Por eso era de suyo que la Iglesia respaldara y actuara como testigo de este momento de la negociación con la guerrilla. En el mismo marco de significados construidos –respecto de la vida, fortalecimiento de la comunidad, trabajo por la paz, etc.–, organizaciones como Redepaz y el Llamamiento de Ginebra (Geneva Call) se aproximaron a brindar el apoyo al proceso y a fortalecer nuevas estrategias de consolidación, como fue el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente. El escenario discursivo creado con base en la perspectiva de la comunidad creó un clima de confianza entre estos


actores. Expresiones como “la gente que nos viene a apoyar”, “la gente que nos respalda”, etc. dan cuenta de la posibilidad de establecer vínculos por la vía de terceros ya consolidados, formas éstas que hacen posible la creación de redes y alianzas que se proyectan más allá de los límites territoriales de la zona.

De modo semejante, aunque en procesos distintos, se habían establecido relaciones con actores de marcos simbólicos comunes en los demás casos reseñados en este trabajo, en calidad de elaboración de discursos compartidos, propósitos comunes, sentidos semejantes, etc. Como se observó en apartados anteriores, los procesos de formación de identidad constituyen un factor central en la creación de vínculos entre los actores sociales y al mismo tiempo son un elemento constitutivo de alianzas sociales. El caso de la Comuna 7 de Barrancabermeja, por ejemplo, muestra la relevancia de los vínculos previos al momento de resolver situaciones de conflicto; además de la relación establecida con el Pdpmm y otros actores de la Iglesia local, los líderes comunitarios tuvieron la posibilidad de hablar y negociar con miembros de la insurgencia, y a través de este medio aclarar situaciones, explicar los propósitos de los proyectos, etc., todo ello como resultado de las relaciones establecidas (hayan sido éstas conflictivas o no), en medio de la presencia cotidiana de la insurgencia en el sector. Hasta aquí hemos mostrado los procesos de configuración de relaciones previas; ahora interesa contemplar su activación en momentos de contienda política. Ese factor lo expresan más exactamente las relaciones con los adversarios políticos, como las que a su modo se presentaron en cada caso entre las organizaciones sociales y las entidades del gobierno nacional, las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Al igual que en los procesos de configuración descritos arriba, respecto de estos últimos actores, para unos se presentaron formas de relación colaborativas, y para otros formas extremadamente conflictivas. Respecto de las autoridades nacionales, por ejemplo, si bien en la contienda social ellas han actuado de ordinario como adversarios, en el caso de Micoahumado, particularmente por conducto del Observatorio de Minas, se obtuvo una colaboración, no obstante que en el transcurso de las negociaciones el gobierno central se opuso al proceso del desminado y nunca lo aprobó.


En el caso de la Comuna 7, como se ha establecido en apartados anteriores, el gobierno nacional cumplió un papel colaborativo al aprobar recursos pecuniarios y facilitar trámites administrativos, como lo hizo el Ministerio de Defensa. Estas son apenas referencias que se hacen para dar cuenta de la variación de las relaciones y del modo como el tipo de mecanismos que aquí se describen cuenta a la hora de definir las situaciones. En ese sentido, vínculos establecidos –históricamente o por condiciones inmediatas– inciden positiva o negativamente en la obtención de los propósitos sociales. No ocurrió lo mismo con actores como los paramilitares o las Fuerzas Armadas, de quienes se percibe una versión negativa de las relaciones creadas en los casos reseñados. Por supuesto que, como se dijo atrás, los contextos conflictivos en los que se desarrollaron estos casos tuvieron como principales adversarios a los actores de la violencia, entre los que se cuentan esos dos. Lo que interesa observar aquí es la contienda política, como momento de surgimiento de los vínculos establecidos, en el sentido de conformar entre los actores una masa crítica de resistencia social de multiniveles. En estos contextos de violencia el común denominador de los casos descritos son los procesos de resistencia. Se trataba de una resistencia a la actuación violenta de los factores armados. Los diversos actos de resistencia, como las marchas, los bloqueos de vías públicas, la negativa a colaborar, la denuncia, etc., siempre en contra de los actores de violencia, dieron cuenta de la capacidad que tenían organizaciones como la Acvc, la OFP, Corcedic7 y la Comunidad de Micoahumado de aprovechar los vínculos previamente establecidos con actores locales, regionales, nacionales e internacionales para atraer su solidaridad, colaboración, respaldo e incluso protección. El ingreso del paramilitarismo al Magdalena Medio y los constantes operativos contrainsurgentes de la fuerza pública conformaron momentos de contienda extremadamente violentos, pero, a su vez, desataron manifestaciones de solidaridad con las comunidades locales por parte de actores de múltiples niveles, como la Iglesia, los defensores de derechos humanos, las entidades de cooperación internacional, los gobiernos de otros países, etc. De ese modo, los procesos de resistencia cobran una dimensión importante en el análisis de las redes sociales. No son fenómenos locales aislados sino, por el contrario, un entramado de relaciones entre actores de diferentes niveles territoriales. Tal estructura social aporta mayor dinamismo y potencialidad a los actores sociales locales a la hora de resistir la acción de adversarios que atentan contra su integridad personal, su cultura, su modo de vida y sus objetivos como individuos y colectivos humanos.

5.4.

Afectación de intereses de la elite

Precisamente estos procesos de resistencia campesina y social demarcan las relaciones conflictivas con actores de poder, sean ellos armados o civiles. El último periodo del conflicto colombiano ha consistido en buena parte en la pugna por los recursos disponibles, principalmente


los económicos. Las pretensiones de control militar, social y político de las regiones, especialmente aquellas que han sido catalogadas como estratégicas, son impulsadas por la existencia en esos territorios de recursos económicos o por las ventajas que ellos ofrecen para el acceso a los mismos. Esta disputa se ha entablado entre facciones de poder, en las cuales las poblaciones pobres, marginadas, excluidas, han padecido los efectos de la acción violenta y se han convertido ellas mismas en parte de los recursos en disputa. Por esta razón, los procesos de resistencia de las organizaciones y comunidades reseñadas en este trabajo diseñan un escenario relevante de la contienda política que ha configurado el conflicto armado colombiano. En este sentido –el del papel de la resistencia popular en el contexto del conflicto– es como pretendemos resaltar la función política y social de tales procesos. La explicación que presentan MacAdam, Tarrow y Tilly en sus análisis de las revoluciones de Centroamérica ayuda a enmarcar este nivel de la contienda, cuando los pobladores locales se enfrentan a fuerzas de poder en zonas de alta conflictividad: Hay una implicación clara: las graves disparidades entre clases, junto a la explotación económica, es posible que ayuden a desencadenar situaciones revolucionarias, pero no son suficientes por sí mismas para producir resultados revolucionarios. Para que eso ocurra, los intereses materiales/políticos de segmentos de la coalición dominante del régimen tienen que verse seriamente comprometidos (2005: 220-221). Los procesos de resistencia de la Acvc, los de las mujeres de la OFP, los sostenidos por las comunidades de Micoahumado y la Comuna 7 muestran los distintos niveles y formas como estos actores disputaron con los factores de poder, cuando estaban de por medio los recursos tras los cuales llegaban las elites. Si la resistencia civil constituyó el modo de acción común a estos actores, el recurso general y común de la disputa fue “el territorio”. El territorio representa un escenario de combinación de recursos en disputa: recursos tácticos en el marco de la guerra, recursos políticos como capacidad de incidencia y control social, y recursos económicos. Los intereses cobran un nivel de representación real, un recurso específico, y como tal se ubican en escenarios reales, en donde el juego de las relaciones permite mayor o menor acceso a ellos. Tales intereses, como ya se ha manifestado, operan en múltiples niveles y vinculan las dinámicas locales, nacionales y globales. En ese sentido, y con relación a los episodios reseñados en este trabajo, la región del Magdalena Medio enmarcaba territorialmente los intereses de elites de poder; intereses que respondían a lógicas macroeconómicas y de poder político nacional; intereses que fueron puestos en riesgo por parte de actores emergentes o que adquirieron relevancia en el intento de tales elites de conservar los recursos existentes o acceder a ellos. Llámense la guerrilla, el Ejército, los paramilitares, los partidos políticos, los empresarios nacionales y multinacionales, todos entraron en la


esfera de una contienda que combinó estrategias militares, políticas, económicas, sociales y culturales. El Magdalena Medio, al igual que otras tantas comarcas del país, se convirtió en zona de interés en un momento en el que las elites requirieron sus recursos más inmediatamente. Ello implica que los distintos episodios reseñados sean considerados, no de forma aislada, sino como momentos de un proceso más amplio: el de la disputa del poder regional. Episodios como la consolidación de fuerzas insurgentes, el ingreso del paramilitarismo, la aparición de proyectos macroeconómicos, la explotación minero-energética, la movilización social, la resistencia civil, entre otros que hacen parte de una larga situación de violencia y marginalidad, se configuran como tales momentos de la contienda política en la región.

Al recoger los distintos episodios reseñados se conforma un proceso de conjunto durante la segunda mitad de los años 90 y los primeros del nuevo milenio, un periodo coincidente con el despliegue del proyecto paramilitar en Colombia, tras del cual se desarrollaron estrategias de guerra orientadas a disputar el control territorial que poseía la insurgencia desde un par de décadas atrás. Como es sabido por la historiografía de la guerra, no solo se trataba de disputar el control social y político, sino además de despejar territorios enteros para dar vía libre a megaproyectos asociados a la agroindustria, la minería y la infraestructura económica. Ello significó el despojo de extensas áreas de tierra a campesinos colonos asentados por décadas en la región del valle medio del río Magdalena y la ocupación de la administración pública y de entes económicos privados locales con el propósito de garantizar el control de los recursos a disposición de tales megaproyectos. En estos casos, la afectación de intereses de la elite se presenta en los procesos de resistencia de las comunidades. En ese sentido, las comunidades se convirtieron en un obstáculo para las pretensiones de control territorial de los actores armados. Obstáculo para las guerrillas, como fue el caso de la Comuna 7, al demarcar un propósito distinto e incluso contrario a los pretendidos por el ELN o las Farc en la comunidad. Basta recordar que la comunidad se desalineó de la guerrilla para poder dar vía al proyecto del colegio de bachillerato, respaldado por el sector minero-energético recién arribado a la región. O el caso de la OFP, que


en repetidas ocasiones hizo conocer su no colaboración con ningún actor armado, pues esta expresión de autonomía desafiaba los intereses de uno y otro bando. Era un obstáculo para los paramilitares, porque la presencia de los sectores sociales no entrañaba respaldo alguno al proyecto de aquéllos; como se explicó anteriormente, para tales agrupaciones se trataba de actores identificados con el adversario militar y político, por lo que debían ser expulsados o eliminados. Al mismo tiempo, en el caso de los campesinos de la Acvc y de Micoahumado, por el hecho de ser propietarios de tierras asentados en zonas provistas de recursos mineros, se convirtieron en objetivos directos de la violencia. En todos los casos, las acciones de resistencia, con la complejidad de redes y alianzas de múltiples niveles que ellas implicaban, pusieron en riesgo el acceso a los recursos identificados. Así, defender el territorio, defender la autonomía, defender los planes de vida propios, los modelos de desarrollo campesino, etc., eran factores que se erguían como talanqueras al libre desarrollo del proyecto que el paramilitarismo representaba. Ello hizo que la violencia contra estos sectores sociales se acentuara aún más. Por esta razón, la resistencia civil representa no solo una expresión de la revolución social, a través de la cual se buscaba el cumplimiento de los derechos, sino una manera de hacer la paz, por cuanto tal resistencia, en el marco de la violencia, ha disputado a las elites los recursos y los intereses que han desatado y alimentado la guerra.

6.

Aprendizajes obtenidos

En su trayectoria social y política el Magdalena Medio se destaca por una apreciable riqueza de procesos de construcción de desarrollo y paz, en medio de las particularidades de su contexto. La región no es un abstracto conceptual sino, por el contrario, un cúmulo de relaciones entre sus pobladores y con actores externos. La riqueza de la región está encarnada en sus pobladores, en sus organizaciones y experiencias. Este cúmulo de relaciones, de experiencias, de alternativas de paz y desarrollo ha configurado su respectivo aprendizaje; la región ha aprendido y lo ha hecho en medio de un contexto de pobreza, violencia y exclusión, en el que se han involucrado múltiples actores externos. La pretensión de este trabajo fue recoger una buena parte de estos aprendizajes y hacer evidente que ellos traducen procesos sociales de largo plazo. ¿Cómo ha sido posible que comunidades y organizaciones como las reseñadas aquí logren aprender lo que han aprendido en medio de contextos adversos? ¿Cómo han resuelto los conflictos a los que se ven enfrentadas? A este respecto, fueron varios los elementos anotados a lo largo del documento, que aquí se presentarán de forma sintética y a manera de lección aprendida: La perspectiva de análisis propuesta en los talleres de retrospectiva histórica


llevó a identificar un campo específico de tales aprendizajes: el de los procesos de configuración de las relaciones y el modo como éstas determinaron las situaciones vividas. En concreto, estas situaciones fueron momentos que contribuyeron a la construcción de la paz, y en la complejidad del contexto regional tal construcción adquiere condiciones de integralidad, al abordar aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Es así como los mecanismos de relación identificados entre actores sociales dieron cuenta de diferentes formas de abordaje de los conflictos, de la violencia, de la búsqueda de alternativas económicas, de la creación de escenarios de participación, de la construcción de identidades sociales, etc.

En este sentido adquiere vital importancia avanzar en la comprensión de las relaciones sociales en distintos niveles y de sus implicaciones en las trayectorias sociales conflictivas. Se trata de relaciones variables en el tiempo y configuradas por múltiples factores. Son los acontecimientos concretos, los hechos específicos, las señales, las palabras, los gestos, los que hacen que esas relaciones varíen, progresiva o abruptamente. En otras palabras, las relaciones entre los actores cambian en un sentido diacrónico, pues la sucesión de los acontecimientos determina las formas de relación a lo largo de periodos históricos; por eso es fundamental comprender las relaciones entre actores sociales de forma diferencial, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En estos procesos de configuración de relaciones entre actores sociales uno de los mecanismos centrales es la formación de identidad. En apartados anteriores se dio cuenta del papel que en ello cumplen los agentes externos, que hacen que la formación de identidad no dependa solamente de factores internos a las organizaciones y comunidades. Se trata de una conformación compleja, en la que se ponen en juego acciones voluntarias y conscientes del propósito de hacerlo, como pueden ser charlas, símbolos creados, lenguajes comunes, pero en las que intervienen también factores que escapan del “control” de los líderes, como interpretaciones externas, malos entendidos, inconformidades, etc. En el caso de la formación de identidad política –dada su relevancia para la consolidación de procesos de resistencia civil en contextos conflictivos–, los casos estudiados dieron cuenta de los riesgos de crear ambigüedades o emitir falsos mensajes frente a los adversarios o posibles aliados. Para contrarrestar el trance, la misma experiencia muestra estrategias que pueden ayudar a presentar ante el propio grupo y los agentes externos una identidad lo menos equívoca posible; por ejemplo, enviando señales o


mensajes claros de cuáles son las ideas defendidas, cuáles los propósitos perseguidos; dando a conocer sus propias posiciones y haciendo explícitas las posiciones frente a los aliados y adversarios, particularmente los actores de la guerra. Estas acciones, que han sido puestas en práctica por buena parte de las organizaciones de la paz, las ONG y otros sectores sociales, han sido fundamentales para marcar las diferencias identitarias frente a los actores armados, tornando aún más sólidos los procesos de resistencia civil; las iniciativas han sido claras en decir cuál es su lugar y cómo se comportan frente a los actores de la guerra. Ello es, por supuesto, una contribución a la paz y a la protección de la vida de los miembros de las organizaciones y comunidades. En contextos complejos y violentos como el vivido en Colombia, la contienda política hace que se amplíe el margen de los adversarios políticos; como se explicó atrás, el adversario ya no solo es el gobierno, en sus distintos niveles, sino también actores armados que ejercen violencia y otras formas de poder. A la vez, la gama de aliados se amplía y gana mayor amplitud en la esfera regional, nacional e internacional. En el caso del Magdalena Medio, en tanto que contexto violento, se ha visto el modo como el abanico de actores se diversificó en un periodo relativamente corto. Esta característica amplía los riesgos, a la vez que las oportunidades: más adversarios y más aliados en juego. Por esta razón, una buena estrategia, como la utilizada por las iniciativas aquí reseñadas, es darse a conocer, mostrar la experiencia, hacer que se conozcan los líderes, con el propósito de ganar la voluntad de los actores externos, de llamar la atención sobre la situación, de crear círculos de protección. Ello mismo, en sentido positivo, contribuye a concertar alianzas para reforzar las acciones en pro de objetivos de más largo plazo, relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida, la formación cultural, las perspectivas de desarrollo. En ese sentido, los casos reseñados dieron amplia cuenta de la importancia de las redes sociales multiniveles. Por supuesto, no es una tarea fácil, pero es necesaria. Se trata de la creación de vínculos de largo plazo que, en su momento, son claves para resolver situaciones de riesgo y alcanzar propósitos establecidos por la organización. Las organizaciones pueden iniciarse, por ejemplo, participando en escenarios locales donde actúan otros movimientos o instituciones afines a los asuntos de interés; conociendo y accediendo a espacios o redes de un nivel superior, como las regionales; participando, a partir de allí, en escenarios o eventos nacionales e incluso avanzando hacia espacios internacionales. Eso es posible estableciendo contactos y relaciones, dándose a conocer. La tarea es ir ampliando el círculo de las relaciones y sosteniendo las ya establecidas, como círculos concéntricos de relación adonde llegan actores provenientes de distintos sectores: academia, ONG, gobierno, cooperación internacional, etc.


En los casos reseñados, este tipo de procesos fueron claramente identificados. Las organizaciones establecieron estrategias de difusión de sus objetivos y modos de acción. Al hacerlo con claridad en el ámbito local, la difusión operó como un mecanismo para dirimir conflictos, algunas veces surgidos incluso de malentendidos o por la falta de conocimiento de la gente. Por eso una buena estrategia de difusión puede causar efectos positivos en múltiples vías y entre los diversos actores involucrados. Estos mecanismos ayudan a la vez a ganar aliados, acompañantes e incluso nuevos miembros de la organización. Y, lo más importante, contribuye a crear o fortalecer una identidad social más amplia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Finalmente, la ampliación de los círculos de relación no es simplemente una estrategia comunicativa o de difusión de identidad sino que además presenta dos aspectos relevantes: por un lado, buscar una comprensión más amplia de los conflictos locales y de sus nexos con los conflictos presentes en el ámbito nacional y el global. Se trata de tener una mayor claridad de las causas estructurales más amplias de los conflictos que se viven en la vereda, en el municipio, en la región. En otras palabras, ¿cómo se explica la situación que se vive en la localidad, de qué manera comprender los propósitos de actores emergentes como, por ejemplo, los agentes de la violencia o las empresas multinacionales? Por otro lado, la ampliación de los círculos contribuye también a ampliar la lucha social de las comunidades, por más carácter local que ella presente; conocer qué representa y en qué contribuye a los procesos sociales más amplios que hacen curso en la esfera nacional e internacional. En otras palabras, sentirse partícipe de procesos más complejos, que no son acciones aisladas: por el contrario, se pertenece a un acumulado histórico y de mayor magnitud geográfica. En el país y en el mundo son muchas las comunidades y las experiencias de resistencia civil que contribuyen a salvar vidas en medio de la violencia, a salvar culturas, modos de existencia, etc. En el caso colombiano, estos procesos, sumados a iniciativas culturales, políticas, económicas, contribuyen a superar la violencia y a avanzar en las concepciones para la construcción integral de la paz.


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