las veredas a los centros urbanos. Precisamente el recurso del bloqueo de vías7 se convirtió en un repertorio simbólico de las dificultades para establecer líneas de comunicación con el Estado central. A estos motivos se sumaron los históricos incumplimientos de acuerdos previos, la presencia militar, el interés de multinacionales mineras en la región y las afectaciones humanitarias por causa del conflicto armado. Como primera reacción el gobierno nacional aseguró que la protesta estaba infiltrada por las Farc y condicionó la negociación con los campesinos al levantamiento de los bloqueos. El 27 de junio se instaló la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) para las 10 propuestas –seis de los campesinos y cuatro del Gobierno– por el desarrollo rural de la región, pero las acusaciones de infiltración guerrillera no cesaron y deslegitimaron la solicitud de aprobación de la ZRC. Con la propuesta de creación de un laboratorio de paz en la región se consolidó la mesa de negociación y se puso fin a los bloqueos el 2 de agosto. El mapa de las luchas agrarias permite ver que los problemas del campo se presentan a lo largo del país y congregan tanto a las tradicionales zonas de inversión agrícola –como la cafetera y ganadera–, como a las periferias, ahora objeto de interés por la posibilidad de explotación minera o de inserción de grandes proyectos agrícolas de monocultivos.
7 A finales de noviembre, el Ministerio de Defensa presentó en el Congreso el proyecto de ley para endurecer las sanciones penales a quienes participen en este tipo
de protesta. El proyecto criminaliza la protesta social al poner en el mismo nivel los bloqueos de vías, la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la minería ilegal (El Nuevo Siglo, 26 de noviembre de 2013, 14A).
Informe Especial CINEP/ Programa por la Paz. Luchas sociales en Colombia 2013. Abril de 2014
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