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CONFLICTIVIDAD

EN EL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO

EN COLOMBIA


Créditos

Compiladora/Líder del equipo: Tatiana Roa Equipo de apoyo: Censat - Agua Viva: Tatiana Rodríguez, Edwin Hernando Castro, Luisa María Navas CINEP/PPP: Luis Guillermo Guerrero, Luz Ángela Herrera, Martha Cecilia García, Sergio Coronado, Carlos Garaviz, Alejandro Cadena CETEC: Alberto Rodríguez, Maribel Otero Synergia: Gloria Vela y Natalia Velásquez (en última fase) Octubre de 2012

CENSAT AGUA VIVA

CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, es una organización ambientalista comprometida con la búsqueda de alternativas teóricas, políticas, metodológicas y técnicas al desarrollo, y a los problemas relacionados con la salud, el trabajo y el medio ambiente. Aboga por la construcción de una sociedad ambiental alternativa. Desarrolla un trabajo de carácter nacional con una fuerte relación con procesos internacionales, por lo que hace parte de la red más extensa de grupos ecologistas de base en el mundo (Friends of The Earth International).

La Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica, CETEC, es una organización privada sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo principal participar en procesos de promoción social en los sectores menos favorecidos de la sociedad, activando mecanismos de auto-ayuda para propiciar su propio desarrollo. CETEC busca consolidar una estrategia de desarrollo social, económico y ambiental en comunidades de escasos recursos a través del apoyo y fortalecimiento de iniciativas concretas de carácter organizativo, técnico- productivo y empresarial.

El CINEP/PPP es una fundación sin ánimo de lucro que desde 1972 aborda una mirada crítica y alternativa de la realidad colombiana fundamentada en la producción sistemática de información, en la reflexión con rigor investigativo, en las propuestas de educación popular para el fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades y, en una acción de incidencia intencionada en lo público. En 2006 se fusionan el CINEP, el Programa por la Paz y el Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política potenciando el impacto de sus esfuerzos.

Synergia es una organización no gubernamental, que busca propiciar sinergias que posibiliten la definición de políticas, estrategias y prioridades de acción relacionadas con la cooperación al desarrollo. Trabaja con agencias de cooperación, instituciones, organizaciones de base y ONG que potencien, empoderen y cualifiquen las iniciativas de los grupos excluidos, para contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y a un desarrollo con equidad, justicia y paz.


Sobre CORDAID La Organización Católica para Ayuda de Emergencia y Cooperación al Desarrollo, CORDAID (por sus siglas en inglés) es una agencia de desarrollo holandesa que opera a nivel mundial. Luchamos contra la pobreza y la exclusión en los estados frágiles y las zonas de conflicto y la desigualdad extrema para lograr nuestra misión: la construcción y el fortalecimiento de las comunidades florecientes. Porque las comunidades fuertes y maduras tienen el poder de crear la comunalidad para dar cabida a la diversidad y hacer frente a la controversia. Con el fin de defender a las comunidades más pobres y marginadas del mundo, recaudamos fondos en los Países Bajos, así como a nivel internacional. Globalmente la visión sobre la Ayuda al Desarrollo está cambiando. Cordaid no ignora este desarrollo y también considera que la lucha contra la pobreza no ha terminado, con aún 1,2 millones de personas en todo el mundo viviendo en la pobreza. La pobreza extrema y la exclusión son problemas globales que requieren la cooperación mundial. Esta es la razón por la que Cordaid construye activamente una multifacética red internacional de actores relevantes. Lo hacemos no sólo como financiador estratégico de procesos de desarrollo, sino también como instrumento de aprendizaje, intercambio de conocimientos y de políticas que influyen en la organización. Con el respaldo de la confianza de las comunidades locales podemos unir a los cerrados micro-mundos de los conflictos armados y la pobreza que amenaza la vida con los mundos macro de conocimiento y poder. Nos esforzamos para optimizar procesos de múltiples interesados. En estos procesos, el interés de la comunidad local es el foco principal de Cordaid, pero aun así no se ignoran a los demás actores en el proceso. Desde nuestra función de apoyo estamos conectando a la gente para fortalecer el empoderamiento, la seguridad y las oportunidades para las comunidades locales y hacerlos florecer. Contamos con alianzas estratégicas en los Países Bajos. El apoyo del gobierno de Holanda, de nuestros 370,000 donantes privados, nuestros voluntarios e individuos socialmente comprometidos, nos ancla profundamente en la sociedad holandesa. Nosotros le damos sustancia al debate público sobre la pobreza, el desarrollo y la cooperación internacional, y activamente presionamos a las autoridades holandesas e internacionales. Junto con nuestra red de socios a nivel mundial de 890 organizaciones de desarrollo local, nos asociamos con un gran número de instituciones del conocimiento, agencias gubernamentales y empresas, no sólo en el Sur sino también en los Estados Unidos y en Europa. Cordaid está en las juntas directivas de varias de las principales organizaciones e instituciones, tales como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, CONCORD (Confederación Europea de ONG para la Ayuda y el Desarrollo). También participamos en la iniciativa Publish What You Pay. Como una organización católica de desarrollo, servimos en los consejos de Caritas Internationalis y CIDSE. El punto de partida son nuestros valores básicos propios.


Contenido

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Introducción Capítulo 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTADO EN EL SECTOR MINEROENERGÉTICO O DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE 1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo rural y la conservación ambiental. 1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y El Caribe 1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en Colombia 1.4 Colombia: territorio de transnacionales

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Capítulo 2. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO 2.1. Planeación 2.2. Ejecución 2.3. El documento Visión Colombia 2019 2.3.1. Metas generales del Plan 2019 2.3.2. Desarrollo industrial 2.3.3. Minas y energía 2.4. Contratación 2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a concesión 2.4.2. Contratación minera 2.5. Renta minero-energética 2.5.1. Régimen de regalías 2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías fluctuantes 2.5.3. 2010: reestructuración de regalías

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Capítulo 3. LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN MINERA 3.1. Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros 3.1.1. Solicitudes de exploración existentes a 2011 3.1.2. Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación a. Los distritos mineros b. Concesiones existentes a 2011 3.1.3. Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón a. Explotación y perspectivas del carbón b. Tendencias de la producción de oro

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Pág. 3.1.4. Descripción general de proyectos de carbón importantes a. Cerrejón b. Descanso Norte - Drummond 3.2. Casos emblemáticos de conflicto 3.2.1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales Energy (PRE) 3.2.2. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes 3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto 3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las luchas salariales 3.2.5. El caso Cerrejón 3.3. Impactos diferenciados 3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera a. Impactos ambientales b. Impactos económicos y sociales 3.3.2. Impactos de la etapa de explotación minera a. Impactos ambientales b. Impactos económicos y sociales 3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos 3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres Capítulo 4. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL Y CONFLICTOS 4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial 4.2. Dimensión territorial del conflicto, la economía y la construcción institucional 4.3. Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y carbón, 2000-2011 4.3.1. Algunos casos de luchas sociales relevantes 4.4. El boom minero frente a la política de tierras: articulación del extractivismo 4.5. Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en relación con el sector minero-energético 4.6. Caracterización de conflictos 4.6.1. En la exploración 4.6.2. En la explotación 4.7. Respuestas de las organizaciones 4.7.1. Minería artesanal vs. minería ilegal. 4.7.2. Pequeña minería vs. gran minería. 4.7.3. Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en territorios colectivos (indígenas y negros) 4.7.4. Megaminería que desaparece los pueblos. Caso Cerrejón en la Guajira. 4.7.5. Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la actividad minera

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Capítulo 5. REFLEXIONES FINALES

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Capítulo 6. RECOMENDACIONES

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Referencias bibliográficas

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ANEXOS. CASOS DE CONFLICTIVIDAD 1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales 2. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las luchas salariales 3. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes 4. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto 5. Caso Marmato

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Resumen El documento Conflictividad en el sector minero-energético colombiano tiene el propósito de entregar a Cordaid, elementos de análisis de una mirada estructural y amplia del fenómeno minero en el país, en correspondencia con su programa Transformación de Conflictos y con el interés de hacer una cooperación pertinente y efectiva. La elaboración del texto fue un esfuerzo colectivo de organizaciones y personas conocedoras del tema. En él se enfatizan los problemas estratégicos del fenómeno minero desde la perspectiva de los conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales, pues la minería actualiza el descontento social y armado que vive el país, así como la situación de vulnerabilidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que incrementa la usurpación y la competencia por el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra. La reconfiguración del territorio

Reprimarización para alimentar un modelo de desarrollo

Las consecuencias no son de poca monta, pues en realidad se está dando una reconfiguración territorial provocada por el extractivismo y, específicamente por la minería, que en los últimos diez años está cobrando una relevancia inusitada, tanto en lo económico, como en lo político y social, lo que va en contravía de un desarrollo humano y sustentable. Se hace indispensable un análisis de los actores y los intereses que se mueven alrededor de la minería y de los territorios, así como el reconocimiento de los alcances y las formas de resistencia social al extractivismo.

Lo que ocurre en Colombia en cuanto a minería y energía hace parte de un modelo internacional que asigna a los países del llamado tercer mundo la misión de proveer materias primas, mientras que los otros se dedican a la producción, industrialización, investigación, creación de valor agregado y generación de nuevas tecnologías. Aunque a mediados del siglo XX en América Latina se hicieron esfuerzos por transformar este modelo, el neoliberalismo vivificó la reprimarización, que se acentuó en los últimos años con el marcado acento en la extracción de todos los bienes de la naturaleza.

Normativa en retroceso

Puede afirmarse que los resultados de la explotación de minerales están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones políticas, ambientales, sociales y económicas particulares en que intervienen en los procesos. Por eso el documento plantea interrogantes como ¿cuál es el impacto que la minería tiene en la economía colombiana, tanto en lo nacional como en lo regional?, ¿cómo se insertan los problemas regionales en las políticas macroeconómicas?, ¿qué relación hay entre el incremento de interés en los recursos minero-energéticos, la movilización social y la violación de DDHH y DIH?

Uno de los aspectos relevantes es la transformación normativa que, de manera paralela, han tenido los sectores mineroenergético y ambiental desde los años setenta, en aras de armonizarlos entre sí: en los años setenta y ochenta, con un espíritu progresista se buscaba compatibilizar la relación de producción con los ciclos de renovación de la naturaleza, para encontrar un modelo de desarrollo sostenible, lo cual se recogió en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), en la Constitución de 1991 (artículos 8, 79, 80, 332, 333, 334, entre otros), al tiempo que se establecieron en el mismo año de los contratos de asociación o joint-venture (Decreto ley 2310), mientras la Nación se comprometía y se hacía cada vez más participe de la explotación de sus bienes naturales.

Algunas ideas fuerza El documento de mapeo expone de manera general la problemática mencionada y propone, como reto posterior, trabajar una serie de hipótesis que necesitan ser exploradas con rigurosidad y de las cuales el texto da algunas pistas sin pretender agotar el tema. Esas hipótesis son:

Por el contrario, durante la primera década del siglo XXI la Nación se reestructuraron los modelos de contratación en minería (Ley 685 de 2001) y en hidrocarburos (Decreto 1760 de 2003), para eliminar la participación de la Nación en la explotación de sus minerales y abrir un espacio cada vez más amplio a la inversión transnacional en la materia (principalmente a través de mecanismos tributarios).

? Que la forma de inserción de las multinacionales mineras produce una reconfiguración territorial contraria y adversa a la vida de las comunidades y poblaciones locales en las que se insertan. Ello desencadena conflictos sociales y ambientales que van determinando decisiones en económicas e institucionales, específicamente a partir de las luchas sociales y los casos de violencia política;

Esa es la tendencia que se ha profundizado durante los dos períodos de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos, para atraer y complacer a la inversión privada transnacional a través de la flexibilización de la normativa ambiental y de contratación en el sector minero-energético. Además, se observa que las normas alimentan la desfiguración de la consulta previa a las comunidades étnicas1.

? Las expresiones de esas luchas tienen diversos alcances según las etapas de los proyectos, de la voluntad para actuar a favor de un desarrollo humano y sostenible y de las capacidades de la sociedad, las comunidades y los territorios en conjunto para incidir en lo nacional.

1. Varias leyes y proyectos relacionados con actividades extractivas han sido derogados o suspendidos por la falta de aplicación de consulta previa, como fue el caso de la Ley 1382 de 2010.

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Resumen Para desarrollar esas ideas, el documento entrega un marco de análisis político, económico, legal e institucional del modelo extractivista en Colombia; expone la situación minera actual en el país en términos territoriales para entender los por qué de la conflictividad socioambiental que desata esa actividad, incluyendo para ello la revisión de cinco casos de conflictos territoriales y las respuestas sociales que se dan en cada uno (Puerto Gaitán (Meta), por explotación del petróleo; Segovia (Antioquia), Marmato (Caldas), páramo de Santurbán (Santander) y Suárez (Cauca), por explotación de oro). Finalmente, se presentan una reflexiones y recomendaciones estratégicas de incidencia dirigidas a Cordaid.

autoridad ambiental para asegurar el cumplimiento de las normas de regulación, e incluso con las capacidades del Estado para autorizar actividades extractivas. Por ejemplo, la legislación vigente eliminó la licencia ambiental en la fase exploratoria (para minería) y en las actividades de sísmica (para petróleo); y durante el gobierno de Uribe, el área titulada para exploración minera creció de manera exponencial al pasar de 1,1 millones de hectáreas en 2001 a 8,4 millones de hectáreas a diciembre de 2010 (Rudas, 2011:3; Andrade, 2011:1), casi el doble de las utilizadas en agricultura (4.9 millones de hectáreas). Según el economista Guillermo Rudas, entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889 títulos (casi 157 por año), mientras que para el período 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados (casi 984 anuales). A mayo de 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, lo que, como indica Rudas, independientemente de los resultados representa un importante crecimiento del interés por adelantar actividades mineras en Colombia.

Crecimiento económico basado en el sector minero-energético El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 da la mayor prioridad al sector minero-energético, asignándole a esa locomotora de desarrollo2 el 44% de la inversión o rubro de crecimiento y competitividad. Esto supera con creces lo estipulado para vivienda (24.92%) y dobla o triplica a los sectores de infraestructura de transporte (15,92%), agricultura (2.2%) e innovación (0.10%).

Las metas para el 2019 son duplicar la explotación de carbón, multiplicar por cuatro la de oro y triplicar el área de contratos mineros. Por eso muchos sectores de la sociedad denuncian las implicaciones de esa política minera, pues se entiende que promoverá disputas por los territorios, causará nuevas olas de desplazamiento, nuevos conflictos y más violencia.

El énfasis en el sector minero-energético no es sólo cuestión de la última década y el gobierno lo reconoce: “la economía colombiana ha sido poco innovadora: la canasta de exportaciones de hoy no es muy diferente a la que teníamos hace dos décadas, con la diferencia de que nuestra dependencia de los recursos minero-energéticos es cada vez mayor” (DNP 2010, 12). Los sectores agropecuario e industrial, que participaban con el 43.3% del PIB en 1991, actualmente apenas alcanzan un 21.6%.

Un país dependiente del extractivismo

Crece el sector minero-energético en detrimento del sector ambiental

El PND reconoce que la economía colombiana no se ha industrializado y que, por el contrario, continúa dependiendo de la extracción de bienes primarios, a pesar de lo cual no habla sobre la forma en que la locomotora minero-energética evitará que continúe el proceso de reprimarización (González J. I., 2010), ni tampoco propone cómo encadenar la actividad extractiva a la creación de valor agregado. Tal vez la mayor dificultad radique en la coordinación de la locomotora mineroenergética con la del desarrollo rural y el ordenamiento territorial en general4, pues las zonas de titulación minera riñen con las prioridades agrícolas y ambientales5.

La magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería, así como los beneficios tributarios que recibe esa actividad, reflejan privilegios que contrastan con el comportamiento de la

Múltiples estudios plantean que basar las economía basadas en la explotación de recursos naturales no necesariamente conduce al crecimiento económico ni al bienestar o que incluso, por el contrario,

En contraste, el sector minero viene creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior al 11% (Sarmiento, 2011b, 21), mientras que el Estado se limita al papel de facilitador y fiscalizador, que debe incentivar en forma eficaz y contundente la inversión privada en el desarrollo de los proyectos mineros3, tareas que le asigna por el Código de Minas.

2. El PND 2010–2014 habla de las 5 locomotoras de la prosperidad democrática: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación, y a ellas les asigna el 87,14% de la inversión nacional para el cuatrienio. El porcentaje restante de dicho rubro corresponde a la innovación para la prosperidad (4.22%) y a competitividad y crecimiento de la productividad (8.64%). El gobierno estima que en 4 años las locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7% anuel (en 2010, el crecimiento fue de 4.2%), reducirán la pobreza en cerca de 1,2 % al año (actualmente en 46%), la indigencia en 1% (actualmente en 18%), y disminuirán la tasa de desempleo en 2,6% (12% en 2010) (Sarmiento, 2011a: 23). 3. Esa postura se reitera en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario" (PND, 2011: 16). 4. “Poco se ha hecho para regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agro-combustibles; para organizar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas; para desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería” (Rudas, 2011: 2) 5. En 2010 había títulos mineros en 122 mil hectáreas de páramos, cerca del 6,3% del área del total, especialmente en Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Cerca de 1 millón 300 mil de las 51,5 millones de hectáreas de reservas forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959, se encuentran con títulos mineros. Hay que tener en cuenta que la ley prohíbe todo tipo de minería en los páramos, pero deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva forestal y en territorios colectivos (Andrade, 2011 y Calle, 2011).

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Resumen depender de bienes primarios tiene efectos adversos en el bienestar económico y las instituciones de un país, pues cada vez se reduce la calidad de la inversión y los servicios públicos lo que limita el potencial de crecimiento.

colombianas cuenta con capital extranjero. Dentro de ese espectro hay que destacar que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica mientras que hoy existen más de 1.500 empresas mineras de ese país en el mundo, haciendo de esa actividad el enlace más importante entre Canadá y América Latina8.

En el mismo sentido, los sectores con mayor productividad, el minero y el financiero, no son precisamente los que más generan trabajo (inquietud de la que tampoco se ocupa el PND). Las investigaciones señalan que mientras el PIB minero crece un 68.2% entre 2002 y 2008, el número de trabajadores en el sector desciende de 276.100 a 149.100.

Reformas institucionales, normativas y de contratación Desde los años noventa la inversión extranjera impulsó sustanciales reformas a la legislación para eliminar prácticamente todas las condiciones y gravámenes por cumplir por parte de dicho capital para su ingreso, permanencia y salida del país, situación que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio. Entre esas medidas se cuentan: la abolición de la regulación y control estatal del capital extranjero (Ley 9 de 1991); reformas laborales que flexibilizaron la contratación (Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002); la autorización de capitales privados en la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios (Leyes 100 de 1993 y 142 de 1994); la apertura de la biodiversidad y el territorio a los intereses de las transnacionales (Ley Forestal 1021 de 2006 y Código Minero Ley 685 de 2001).

Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el primer semestre de 2010, los países de la región recibieron 53.751 millones de dólares en IED, mientras que en el mismo período de 2011 la cifra fue de 82.652 millones de dólares por ese concepto, es decir, aumentó un 54% (CEPAL, mayo 2011). Según la Comisión, el incremento en esa cifra hay que entenderlo en el marco de la crisis internacional de la deuda, el dilema fiscal de Estados Unidos y la volatilidad financiera global y atribuye el incremento de los flujos a la "estabilidad y dinamismo económico de la mayoría de los países" de la región y a "los altos precios de las materias primas, que continúan incentivando la inversión en minería e hidrocarburos".

Reformas en el sector energético En el sector de hidrocarburos la Ley 790 de 2002 confirió poderes especiales al ejecutivo para reestructurar la administración pública en el país, que escindió de Ecopetrol las funciones administrativas de los contratos y de las regalías de hidrocarburos en Colombia y creó, para asumirlas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH9 (Decreto 1760 de 2003). Con esas disposiciones se transitó de un régimen de contratos por asociación, que rigieron en Colombia desde 1974, al de contratos de concesión moderna, que pueden adjudicar el 100% de la operación al capital privado transnacional, incluso a perpetuidad, es decir, hasta el agotamiento comercial del pozo.

Colombia recibió inversiones por US$7.008 millones, 91% más que en el primer semestre de 2010. Dentro de ese total, las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 63% (US$4.471 millones) en el primer semestre de 2010 a 64% en el mismo periodo de 2011. En millones de dólares, el sector petrolero pasó de US$1.326 millones a US$2.826, mientras que el de minas y canteras tuvo US$1.645 en 2011, en comparación con los US$980 de 20106. Sin embargo, es preocupante que la concentración de la IED en el sector minero-energético vaya en detrimento de otros sectores de la economía como la industria manufacturera que, según el Banco de la República, mostró una caída en la IED, pues pasó de US$236 millones en el segundo trimestre de 2010 a US$87 millones en 2011 (Colprensa, 2011). En porcentaje, el sector industrial sólo creció un 2% frente al 7,4% del mismo período de 2010 (Acosta: 2011)7. En el informe del Banco también se nota que otro sector afectado es la agricultura, que en todo 2011 creció a una tasa de apenas 3,5%.

Reformas en el sector minero La privatización del sector minero está aún más avanzada que la de los hidrocarburos. A comienzos de los noventa se liquidó la empresa nacional Minercol y se dejó como modelo exclusivo para esa actividad la contratación por concesión. El Ministerio de Minas y Energía regula la actividad minera y desde el año 2004 nombró al Ingeominas como autoridad minera, lo que funcionó apenas hasta hace pocos meses, cuando se escindió ese Instituto en el Servicio Geológico Nacional y la Agencia Nacional Minera,

Hoy operan alrededor de 800 compañías transnacionales en el país y más de la mitad de las 100 principales empresas

6. Informe semestral de Proexport, sobre la base de las cifras del Banco de la República. Se puede consultar en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20 Inversion%20I%20SEM%202011.pdf. 7. Acosta, Amylkar, “La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba”, agosto de 2011 en Razón Pública, publicación digital en http://www.razonpublica.com/index.php/econom-ysociedad-temas-29/2283-la-economia-en-el-primer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html 8. Studnicki-Gizbert, David, en http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminan-america-latina, recuperado: 26 de octubre de 2011. 9. Recientemente, un escándalo de corrupción ha sacudido a la ANH por los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la Nación, que incluso desencadenó la renuncia de quien fuera su director durante ocho años, Armando Zamora, por presuntas inconsistencias en el manejo de 1,24 billones de pesos.

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Resumen con el argumento de acelerar el otorgamiento de títulos mineros. La actividad se rige por el Código de Minas (Ley 685 de 2001), que reglamenta las relaciones entre los particulares y el Estado para el desarrollo de las diferentes etapas de la minería: prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los minerales.

como única alternativa concentrarse en la extracción de materias primas y afirmar que, ya que el potencial de los recursos minero energéticos en Colombia es gigantesco, el país debe “posicionarse como un clúster regional energético”12. Metas que ignoran las prioridades nacionales Sobre este punto se pone como meta aumentar la capacidad de generación de electricidad, sin detenerse en el problema del agua y la importancia de este recurso en Colombia para la generación de electricidad a bajo costo y sin la intermediación de energías primarias en termoeléctricas. Además, el dominio de los ríos permite que una élite tenga el control del agua y reordene el territorio en función de sus intereses, restringiendo y condicionando el acceso de otros grupos sociales. Preocupa que varios los más importantes proyectos hidroeléctricos están en manos privadas de capital internacional (El Quimbo) y otros están en manos de empresas mixtas que se muestran como nacionales (EPM o Isagén en el que alrededor del 30% de su capital es privado).

La exigencia de requisitos diferenciados dentro de esas categorías ha sido una fuente de conflictos10, pues la prospección es una actividad tan libre que no se necesita ningún tipo de declaración, seguimiento ni retribución de parte del interesado; la exploración requiere un título que es otorgado sin restricción ambiental y con el único prerrequisito de que no se superponga a otro solicitado anteriormente; de modo que la licencia ambiental solamente aplica para permitir la explotación. Así, las comunidades carecen de herramientas legales para oponerse a los trabajos de cualquier empresa o particular que quiere buscar minerales en sus territorios (con excepción de las comunidades étnicas que cuentan, por lo menos, con el derecho a la consulta previa). Con esa ausencia de control y de participación estatal, es contradictorio que la actividad minera se considere "en todas sus ramas y fases" de utilidad pública e interés social (artículo 13 del Código de Minas), figura que permite las expropiaciones y acrecienta la conflictividad entre minería, ordenamiento territorial, agricultura, etc.

En cuanto a hidrocarburos se plantea “continuar con la vinculación de capital privado a los proyectos de inversión de Ecopetrol; y en gas natural, consolidar la política de libertad de exportaciones”13. En el sector de la minería se plantea que “Colombia deberá mantenerse durante los próximos años entre los cinco países de Latinoamérica destino de las inversiones del mundo y duplicar la producción”14.

Política pública en el sector minero-energético En Colombia la distinción entre política de Estado y política de gobierno11 fue irrelevante durante todo el siglo XX. Apenas en 2002 se estructuró la primera propuesta de política de Estado a 20 años, recogida en el documento Visión Colombia 2019, que contempla un apartado sobre el sector minero-energético y establece los derroteros sobre los cuales han actuado los gobiernos desde su proposición, en términos institucionales, de planeación y ejecución de políticas públicas del sector.

En síntesis, la política minero-energética en Colombia ha girado en torno a la transformación de los regímenes de contratación, en los que se establece como modelo único el contrato de concesión y el decrecimiento de la participación nacional en la renta del extractivismo. La locomotora legislativa no se detiene El gobierno continúa sacudiendo la institucionalidad minera en aspectos como:

Aunque el Plan 2019 pretende convertirse en una política de Estado, sigue sin hacer parte de una planeación estratégica consultada con el conjunto de la sociedad y que atienda las necesidades e intereses nacionales. Es decir, la principal limitación de ese tardío esfuerzo por construir derroteros de largo aliento, es que se pretende superar la ausencia de planeación previa convirtiendo en política de largo plazo el desorden fruto de dos siglos sin planeación. Por ejemplo, acierta al comprender que el crecimiento económico depende del desarrollo productivo del sector real de la economía, es decir, la industria, pero no es claro con respecto a la forma en la que se alcanzaría un nivel competitivo en ese sector sino que, se contradice al proponer

? En 2010 se aprobó una reforma al Código de Minas (Ley 1382).

A pesar de que funcionarios del Ministerio de Ambiente lograron allí hacer explícita la restricción ambiental de la minería en páramos, Parques Naturales o humedales Ramsar, su propósito era profundizar las prerrogativas para el capital privado de carácter transnacional y poner aún más talanqueras a la formalización de los mineros artesanales, pequeños y medianos. La Corte Constitucional declaró inexequible dicha reforma por no haber cumplido con los requisitos de consulta previa a

10. En el texto extenso de este documento de conflictividad en el sector minero-energético, se presenta un cuadro detallado sobre los requisitos y características de cada etapa de la actividad minera. 11. Se entiende como política de gobierno la planeación que determinada administración desarrolla para el ejercicio de su periodo; se entiende como política de Estado, la planeación estratégica de largo plazo que responde más a un proyecto nacional que al proyecto de un gobierno específico, y que por tanto desborda los periodos de gobierno. 12. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40. 13. Ibídem. 14. Ibídem.

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Resumen comunidades étnicas15 y por eso el gobierno prepara nuevamente, de manera unilateral, la reforma al Código.

La reforma al régimen de regalías El régimen de regalías, regido por la Ley 141 de 1994, establecía que los recursos serían administrados por el Fondo Nacional de Regalías y se destinarían al fortalecimiento del sector minero, a la preservación del ambiente y a proyectos de inversión, en ese orden de prioridad16. Ese sistema se modificó sustancialmente por la Ley 756 de 200217 y, recientemente, por el Acto Legislativo 013 de 2010, que cambió sustancialmente el procedimiento de cobro de las regalías (no el concepto ni el monto) y los parámetros de su destinación y distribución. Se modificaron dos artículos de la Constitución para construir un esquema de administración de las regalías centralizado en lo territorial, aunque más desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas asignaciones específicas.

? El artículo 134 del PND introdujo una modalidad para facilitar la aprobación de licencias ambientales: si la autoridad ambiental encargada de estudiar su otorgamiento se tarda más de 90 días hábiles en dar una respuesta, “automáticamente pasará a jurisdicción de un comité que en un plazo menor de 60 días otorgará o negará la respectiva licencia ambiental”. El Comité estará conformado por el Director Nacional de Planeación, el Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y la cabeza del sector (minero, energético, agrario) al que corresponda el proyecto del caso, o sus respectivos delegados. ? Se eliminó la Dirección Nacional de Licencias y Trámites Ambientales como órgano del Ministerio de Ambiente y se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, como ente adscrito, con autonomía administrativa y financiera (Decreto 3573 de 2011).

Constitución para construir un esquema de administración de las regalías centralizado en lo territorial, aunque más desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas asignaciones específicas.

? Con tres decretos de 2011, el Ministerio de Minas y Energía crea la Agencia Nacional de Minería, para que promueva y adjudique áreas de explotación, así como contrate, controle y fiscalice la actividad minera. La otra parte de las funciones que tenía Ingeominas, (el estudio geológico), queda en el también recién creado Servicio Nacional de Geología.

Ahora ya no hay un Fondo Nacional de Regalías, sino varios fondos de destinación específica (Ahorro y Estabilización, Desarrollo Regional, Compensación Regional, Participación de las Entidades Productoras, Ahorro Pensional Territorial y Ciencia, Tecnología e Innovación), de modo que los entes territoriales de donde se extraen los hidrocarburos en Colombia compiten con todos los demás por los recursos girados por el Fondo de Participación de las Entidades Productoras.

Renta minero-energética El segundo hito de la actual política minero-energética es el de la participación nacional en la renta del sector minero energético, que incluye regalías, impuestos, compensaciones, derechos de precios altos y la participación de las empresas industriales y comerciales del Estado que operan en el sector.

Las nuevas medidas conducen a la pérdida de autonomía de las regiones y al rompimiento del principio de descentralización administrativa con el que la Constitución de 1991 consolidó un pacto democrático de paz nacional.

En el tema general de la renta, el país tiene un debate intenso a raíz de la evidencia de que el Estado, con la justificación de atraer la IED, ha disminuido de manera escandalosa su participación en las utilidades del negocio de la minería y los hidrocarburos hasta el punto, incluso, de eliminar toda ganancia, como en el caso de la minería.

¿Un boom sin extracción? En el año 1997 el documento Conpes 2898 formuló unas estrategias orientadas a lograr “un cambio estructural a largo plazo que solucione los problemas detectados, y que permita el desarrollo de la industria minera del país como herramienta de desarrollo regional y fuente de financiación para este desarrollo”.

El economista Guillermo Rudas estudió las disminuciones que tuvieron entre 2007 y 2009 las obligaciones fiscales para las empresas mineras, en comparación con el escaso aumento de las regalías: “Pasan de $6 billones de regalías y exenciones tributarias de menos de 1 billón en 2007, a regalías de $6,5 billones y beneficios fiscales de $3,5 billones en el 2009. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo”.

Para “facilitar” la administración del recurso minero, el territorio nacional se dividió en Distritos Mineros, DM, que son “un sistema productivo localizado donde se ubica un buen número de productores dedicados a manufacturar o explotar, en distintas fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo de

15. Con la sentencia C-366 de 2011 16. Existían regalías indirectas (54% para proyectos prioritarios de inversión, 30% para preservación del ambiente, 15% para promoción de la minería y 15% para proyectos de prioritarios de inversión en energización), directas (90% para proyectos de inversión para el desarrollo de los entes territoriales y 10% para su interventoría); y fluctuantes, que se establecen sobre la base de la explotación total y varían dependiendo del recurso que se explote. Por ejemplo, la sal paga una regalía del 12%, mientras que el oro y la plata apenas pagan el 4%. En el caso de los hidrocarburos, se pasa de un régimen estándar del 20% sobre la explotación, a una regalía fluctuante de entre el 5% y el 25% de acuerdo a los volúmenes de producción, dejando en promedio regalías del 12%. 17. Entre 2002 y 2009 las regalías por explotación de petróleo se acercaron a los $26 billones de pesos, que equivale a un promedio del 1% del PIB. Ver en el documento completo el cuadro elaborado por Luis Humberto Hernández en 2010, con base en información de Ecopetrol y de la ANH.

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Resumen minerales”18. En la actualidad solo 3 de los 26 DM cumplen con el componente de exportación total, a saber, Barrancas y Jagua de Ibirico para carbón y Montelíbano para ferroníquel. Esto significa que el país está al inicio del proceso extractivo y, por lo tanto, la conflictividad socioambiental de los próximos años no tiene relación alguna con el nivel de la conflictividad actual en el sector.

económicas, sino que terminan siendo ordenadores de lo territorial, al realizar funciones típicamente estatales, como las actividades policiales que quedan en manos de ejércitos privados de las empresas, no solo para “proteger su propiedad” sino para reprimir comportamientos considerados peligrosos; y las funciones de control y protección del medio ambiente. Conflictos por la propiedad de la tierra y el uso del suelo

La fiebre del oro y del carbón ? Hay una relación directa entre la explotación minera y el problema agrario en Colombia: las actividades mineras están provocando un mayor desplazamiento forzado de campesinos, indígenas y afrocolombianos, para fomentar la explotación de nuevos yacimientos de minerales; se presiona la venta de las tierras que se utilizarán en la mina y en las zonas de amortiguación, con procesos basados fundamentalmente en el uso de la violencia. (Ramírez: 2007).

Tanto en los proyectos que ya están en etapa de producción como en los que se encuentran apenas en exploración o incluso en solicitud, los dos minerales que mayor trascendencia tienen en Colombia y el mundo, por sus precios internacionales y la presión por su extracción, son el carbón y el oro. En el primer caso para 2009 el valor del PIB del carbón ascendió a $1,9 billones en pesos contantes de 2000 y representó el 43,4% del PIB minero sin hidrocarburos, a pesar de que ese año el mineral en Colombia tuvo un decrecimiento en la producción de 0,95% con respecto a 2008 (alrededor de $21,793 millones), determinado por la baja de los precios y el menor volumen producido. Para los años siguientes la producción del sector carbón tiende a incrementarse, pues en 2010 alcanzó los 80 millones de toneladas año.

? El gobierno actual asume la necesidad de regresar una parte de las tierras usurpadas a millones de campesinos, y se presenta como una administración respetuosa de los DDHH. Sin embargo, así como no hay garantías para que los desplazados y despojados regresen a sus tierras, tampoco se ofrece una política que les permita explotarla. El proyecto del gobierno favorece otra concentración de tierra, a través de su destinación para los megaproyectos de multinacionales y grandes inversionistas criollos, viejos o “emergentes”. (Gutiérrez, 2011).

Por su parte, la extracción de oro recuperó el nivel de producción que traía hasta el 2005, (pues cayó más del 50% en 2006 y 2007), pasando de 15.482 kg. para el 2007 a 34.321 kg en el 2008 (121,69% más) y a 47.838 kg en el 2009 (39,38% adicional). Existe una relación directa de estos incrementos con el comportamiento de los precios internacionales del metal, que tuvo sus mejores cotizaciones históricas en los años 2008 y 2009 al alcanzar un promedio anual de US$871,79 y $973,38 por onza y mostrar un crecimiento del 34,65% con relación al precio de 2007 y de 11,65% con respecto al 2008. Para el 2010 se alcanza un récord de producción de 50 toneladas de oro y de 15 toneladas de plata, mientras la cotización de la onza de oro continúa en alza y en octubre de 2011 superó los US$1.600.

? La legislación busca desmontar las capacidades locales de ordenamiento del territorio en áreas rurales, para favorecer el desarrollo empresarial y el modelo de derechos de propiedad facilita las transacciones sobre las tierras, pero no protege los territorios (Mantilla Quijano, 2011: p.3). Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha dado a la tarea de legalización de las tierras adquiridas violentamente por narcotraficantes y paramilitares, como en el caso de Jiguamiandó (Chocó), donde validaron escrituras de empresarios de palma en tierras que ya estaban tituladas a comunidades afro. Existen también actos de corrupción y cooptación de líderes (CECOIN, 2008: p.33).

Reordenamiento vertical del territorio

Inversión pública para cuidar la inversión privada

Las dinámicas de reconfiguración territorial que genera el modelo productivo aplicado en Colombia, le deja la peor parte a las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que deben enfrentar la expropiación y el desplazamiento asociado al conflicto interno, al fortalecimiento de poderes regionales ilegales, la presencia directa de empresas transnacionales, la ejecución de megaproyectos y la pérdida progresiva de ingresos en el campo. El modelo económico tiene así una gran tensión con el desarrollo humano sostenible. (Velázquez, 2010: p.21)

No solamente la Nación percibe poca o ninguna riqueza por la explotación de sus recursos naturales, sino que además dirige buena parte del presupuesto general a cuidar lainfraestructura de las compañías transnacionales. Los Planes Colombia y Patriota, enmarcados en la política de seguridad democrática, se dedicaron a proteger la infraestructura de Harken Energy (donde la familia del expresidente George Bush tiene grandes inversiones) en el sur de Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo, y de la Oxy (donde el exvicepresidente de EEUU, Al Gore tiene una posición accionaría dominante); la ayuda militar

Los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y las industrias minero-energéticas no solo tienen ventajas

18. Existen 26 DM que comprenden 188 municipios agrupados según el volumen de producción, las variables de reservas, producción y mercado de destino: Grupo I, con más de 5 millones de toneladas de producción por año (mtpa), Grupo II, con producción inferior a 5 mtpa y Grupo III, productores de metales preciosos y esmeraldas

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Resumen Cosigo en Vaupés y Gran Colombia Gold - Medoro Resources en Caldas. Todos los proyectos están en lugares ambientalmente estratégicos. De ahí que la pregunta clave que tendrán que responder las autoridades es si sus beneficios económicos compensarán el daño ambiental y el descontento social en las zonas donde se ubican y si pueden mantenerse los títulos otorgados, aún en zonas donde se ha reconocido abiertamente la ilegalidad de los proyectos (como los páramos).

de Gran Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías Angloamerican, BHP Billiton, B.P. Amoco; la de Israel a zonas de producción carbonífera que alimentan su industria energética; y la de España a respaldar las inversiones de Repsol-YPF en Arauca (Ramírez, 2007). ¿Minería sustentable? Aunque los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral que se extrae, en todos los casos se trata de una actividad no sustentable porque explota un recurso no renovable mediante procesos destructivos o contaminantes. Junto con la explotación de petróleo, amenaza el 30% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies, sino también el mantenimiento del flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Químicos peligrosos que son insumos o productos de las distintas fases de procesamiento (cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos) terminan en los sistemas de drenaje, contaminando y alterando del ciclo hídrico, lo que afecta de modo muy grave a los suelos y a las personas.

Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y carbón

Compitiendo por ser los primeros

La tendencia de la movilización social en Colombia se incrementa como resultado de la creciente IED para la extracción minera. Las luchas sociales expresan la tensión en los territorios en contra de la presencia de multinacionales y son protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio espectro de sectores sociales solidarios con sus causas; trabajadores asalariados de empresas dedicadas a la extracción, mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero han sido blanco de persecuciones y criminalización; habitantes de las ciudades que respaldan la defensa de los bienes comunes, académicos, estudiantes, entre otros.

Todos estos impactos y conflictos se dan aún cuando muy pocos proyectos están en explotación y lo que se vive es la presión por dar paso a la primera explotación de oro a cielo abierto en el país. Cuatro compañías compiten por ese primer lugar: AngloGold Ashanti en Tolima, Eco Oro (GreyStar) y EBX en Santander,

En la base de datos de luchas sociales del CINEP se registraron, entre el 2000 y el 2011, 104 luchas sociales asociadas a actividades mineras (52 vinculadas al carbón, 42 relacionadas con el oro y 10 en contra de las multinacionales)19. Algunos de los ejemplos más destacados de esos conflictos son:

Proyecto y empresa: Cerrejón (AngloAmerican, Xtrata, BHP Billinton). Ubicación: Departamento de La Guajira, municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción. Minerales: Carbón Extracción anual o estado del proyecto: 32 millones de toneladas. Conflictos principales: Enfermedad y condiciones de vida de trabajadores y comunidades étnicas aledañas a la mina, contaminación del aire y del agua, desplazamiento de comunidades, cambio de vocación de la población, ruptura del tejido social, detrimento patrimonial a la Nación. Actores involucrados en los conflictos socioambientales: Indígenas wayuu, comunidades afrocolombianas, trabajadores de la mina, académicos. Proyecto y empresa: Descanso Norte y La Loma, Drummond Company INC. Ubicación: Departamento del Cesar. Minerales: Carbón. Extracción anual o estado del proyecto: 17 millones de toneladas. Conflictos principales: contaminación, cambio de vocación de la población, corrupción e irregularidades en el pago de regalías, persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades campesinas y de pescadores, trabajadores de la mina, académicos, Ministerio Público (Contraloría y Procuraduría); presencia de paramilitares. Proyecto y empresa: Campo Rubiales, Pacific Rubiales. Ubicación: Departamento del Meta. Material: Hidrocarburos. Extracción anual o estado del proyecto: (1/4 parte de la producción nacional de petróleo). Conflictos principales: malas condiciones laborales, irregularidades en el pago de los trabajadores, persecución de líderes sindicales. Actores involucrados en los conflictos socioambientales: trabajadores de la empresa, presencia de guerrilla y paramilitares.

19. Los detalles de los conflictos registrados por actividades extractivas están en la versión extensa de este documento, así como los estudios de caso.

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Resumen

Proyecto y empresa: Títulos concedidos a nombre de una persona natural en La Toma, Cauca. Ubicación: Departamento del Cauca, municipio Suárez, corregimiento La Toma. Minerales: Oro. Extracción anual o estado del proyecto: minería artesanal y ancestral; gran minería en etapa de exploración y con cuestionamientos de la legalidad de los títulos. Conflictos principales: Falta de consulta previa, ruptura del tejido social, cambio de la vocación ancestral de las comunidades, minería ilegal sin control de las autoridades locales. Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades afrocolombianas que hacen minería ancestral de supervivencia, mineros ilegales, Corte Constitucional; presencia de paramilitares. Proyecto y empresa: Angostura, Eco Oro Minerals Corp. (antes GreyStar Resources LTD.) Ubicación: Páramo de Santurbán, Santander, municipios de Vetas y California. Minerales: Oro y plata. Extracción anual o estado del proyecto: gran minería en etapa de exploración; el proyecto presentado en 2010 tenía una proyección de 511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata. Conflicto principal: Acceso y contaminación del agua para 2,5 millones de personas, ruptura del tejido social. Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades urbanas de la ciudad de Bucaramanga (capital de Santander) y municipios aledaños, comunidades campesinas habitantes del páramo, pequeños mineros habitantes del páramo, gremios, estudiantes, ambientalistas, académicos, sindicalistas, opinión nacional en general.

éstos tengan mayor intervención en las decisiones, es la debilidad institucional. En el caso de Colombia, las instituciones están plegadas a los intereses de las grandes empresas y de los planteamientos globales. En eso consiste, justamente, la debilidad institucional.

Reflexiones finales En esta mirada sobre el fenómeno minero-energético en Colombia se reconocen sus impactos sociales, ambientales, políticos y técnicos, pero también quedan muchas preguntas y planteamientos sobre el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de lo que este proceso significará para el país, para sus regiones y en especial para las comunidades agrarias.

? El carbón y el oro son los bienes más importantes para los

intereses mineros actuales en el país. La incursión de grandes empresas en procura de explotarlos está cambiando estructuralmente la economía colombiana y produciendo grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre, como se señaló, en medio de grandes debilidades institucionales del Estado, pero también de un conflicto armado de 50 años de existencia.

Algunos de los principales elementos que el equipo que trabajó el documento destaca, son: Un fenómeno global y estructural ? La competencia por inversiones mineras no es regional sino global. La política minero-energética que se impulsa en Colombia con ese objetivo, se corresponde, además, con un propósito generalizado para Latinoamérica que exige el contexto mundial: se buscan nuevas fuentes de recursos primarios, por la perspectiva del agotamiento de las que existían y las demandas del mercado internacional. Se persigue, además, conseguirlos a bajo costo para reactivar una economía mundial en crisis por la alta concentración de la riqueza, la baja rentabilidad y el estancamiento de las inversiones.

? A un conflicto persistente y antiguo se agregan las nuevas conflictividades. Eso permite entender las especificidades de Colombia con respecto a otros países como Chile, Brasil y Perú, en los que, si bien hay conflictos, tienen una complejidad distinta a la de aquí. En Colombia se superponen las zonas históricas de intenso conflicto armado y violencia por la tierra (su propiedad, su uso) relacionadas con el desplazamiento forzado, protesta social y producción cocalera, con las zonas o regiones solicitadas o en explotación minera, en especial, las que tienen en el subsuelo oro y carbón.

? Así, la presión de la minería hace parte de un fenómeno estructural y no coyuntural del capitalismo, lo que hace tan necesaria y válida la incidencia en este aspecto, así como el debate y la propuesta de alternativas en torno al papel asignando al "tercer mundo" y las repercusiones que tiene ese orden económico internacional concebido por los países del "primer mundo".

La tierra en el centro de las disputas ? En esas situaciones persiste y se intensifica una tendencia sistemática y estructural de los problemas de la tierra en un país que ha sido impactado negativamente en su historia por tres “tsunamis”: el de la concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción, transformación y tráfico de la cocaína y, ahora, el de la minería. Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan

Un Estado débil y un conflicto que persiste ? Uno de los aspectos que facilitan el establecimiento políticas de promoción de la minería en los países no industrializados, sin que

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Resumen al mismo tiempo con todo su peso y perversidad. Quedan preguntas urgentes por resolver: ¿cuál es hoy la relación de la minería con el conflicto y los actores armados ilegales?, ¿cómo se puede interpretar sobre la base de los elementos históricos de conflictividad, la inversión del Estado en seguridad en los territorios mineros?, ¿cómo los actores entran a resolver estos conflictos?

rigurosas de política. Pero, aun si se cumplen esas condiciones, se puede generar tal insostenibilidad que se rompe la capacidad de carga (resiliencia) de ecosistemas estratégicos como los páramos, productores de agua; las selvas, con su diversidad y los equilibrios hídricos en las cuencas y zonas de amortiguamiento como los valles. En eso tiene gran responsabilidad la débil institucionalidad ambiental, pero también influyen de manera importante las dificultades para que las poblaciones participen en los espacios de definición, decisión y verificación sobre los proyectos mineros y extractivos en general y la información imprecisa, confusa y, algunas veces, hasta engañosa de las empresas.

La maldición de la abundancia ? La historia de muchos países africanos, asiáticos y latinoamericanos muestra que no hay, necesariamente, una relación directamente proporcional entre la alta rentabilidad de una economía basada en la explotación de recursos naturales (como la minería) y el bienestar de una sociedad y un desarrollo humano integral. En el caso de Colombia, desde la colonia hasta hoy, se han realizado importantes explotaciones de carbón, oro, plata, platino, bauxita, hierro, aluminio, cobre, níquel, estaño y zinc, sin que eso haya significado desarrollo económico y social de las regiones y del país.

Minería responsable por encima del lucro económico ? Un reto político y ético, además de tecnológico, es establecer una minería responsable, un desafío para todos los actores que tienen las grandes responsabilidades de decisión al respecto. No obstante, existe la pregunta de si realmente es posible una minería que tenga la capacidad de evitar efectos devastadores, y en ese sentido ser responsable. Por el momento, la minería se concibe frente a la opinión pública del país como un gran negocio, como un camino hacia la prosperidad democrática, como la locomotora mayor, teniendo como principal objetivo el crecimiento económico, la rentabilidad y ganancia de las transnacionales mineras, en muchos casos a costa del bienestar de la mayoría de la población de una región o de un país entero; la historia nos muestra casos concretos que corroboran esa afirmación.

? La ampliación de la gran minería y las relaciones asimétricas que en términos de mercado se establecen, hacen que la minería ancestral se convierta en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen, condición que se agrega a la de baja rentabilidad económica y ambiental que siempre ha tenido ese tipo de minería. Pero además el impacto de las extracciones a gran escala en los territorios ancestrales hace que se deteriore el tejido social, cultural, ambiental y las economías locales. Poco a poco se empobrecen las poblaciones que han vivido por muchos años de esa actividad, se genera mayor exclusión y segregación social, que llega a expresarse en la criminalización, la judicialización y la presión violenta contra las comunidades mineras artesanales.

Consulta previa y derecho a decidir sobre el territorio ? Entre los temas por resolver está la reglamentación del proceso

de consulta previa, la delimitación de páramos, la titularidad a la minería ancestral y la resolución sobre proyectos que se encuentran en el denominado 'régimen de transición' para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquellos que empezaron antes de crearse el Sistema Nacional Ambiental, SINA).

Menos lugar para las mujeres ? La minería a gran escala genera cambios en los roles de hombres y mujeres en las poblaciones locales. Los hombres, antes propietarios y agricultores, campesinos, pescadores o mineros artesanales, se convierten en obreros de empresa, muchas veces con sus derechos conculcados. Las mujeres, agricultoras y cuidadoras del campo, quedan sin ningún espacio productivo, excluidas de la labor económica; la minería las desplaza y las relega a oficios marginales y pobremente remunerados. Los impactos por la llegada e instalación de grandes proyectos mineros se relacionan con la prostitución, los embarazos en adolescentes, el madresolterismo, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto con su deterioro social, personal, cultural, emocional, etc.

Recomendaciones En términos generales, tanto para el análisis como para el seguimiento y aplicación de las políticas, hay que asumir las diferencias regionales derivadas de las dinámicas y los impactos de la extracción minera en Colombia. Se requiere hacer un trabajo desde lo local para cada proceso minero particular. El reto específico es cómo trabajar, ¿por cuencas? ¿por territorios locales?, ¿con una mirada integral de región?, ¿en contextos de micro región? En aspectos más puntuales, planteamos: Aspectos estratégicos para la transformación de conflictos en zonas de extracción minera

Impactos ambientales y falta de participación

- Lectura y seguimiento permanente al contexto mineroenergético, dado que es un sector dinámico que tiene en

? Los impactos ecológicos de la minería son nefastos. En muchos

casos no hay controles, tecnologías apropiadas, ni decisiones

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Resumen perspectiva una expansión importante. Sería útil seleccionar estudios de caso, que alimenten análisis comparativos de los impactos y de las experiencias de resistencia.

reservas indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, zonas de reserva campesina, de parques nacionales o de interés ambiental, ahora son para la explotación minera. Esta situación disloca las relaciones sociales y políticas, dando lugar a una reconfiguración territorial y a nuevos usos y propiedades de la tierra. Recomendamos analizar casos concretos para desentrañar a profundidad los problemas y buscar alternativas, por ejemplo, Cajamarca (Tolima), Santurbán (Santander) o la Serranía de San Lucas (Magdalena Medio).

- Producir información y análisis de calidad: se necesita producir una información que ayude a investigar con rigor diversos aspectos del desarrollo minero-energético y su relación con los problemas del desarrollo económico, social y ambiental del país. Los análisis debe corresponder a la complejidad de la realidad y estar fundamentados en datos empíricos que ayuden a establecer reflexiones que superen los lugares comunes y generen propuestas o alternativas para establecer salidas viables, realistas e incluyentes.

- Análisis de los conflictos por el uso y apropiación de los bienes comunes y el patrimonio natural: tanto competencia por el acceso como afectaciones a fuentes hídricas, cambios en la disponibilidad de bienes comunes, contaminación y pérdida de biodiversidad, afectación a reservas naturales, entre otros. Recomendamos analizar casos concretos donde los nuevos lenguajes y narrativas en las resistencias evidencian estos conflictos, por ejemplo, la defensa de los páramos Santurbán y El Almorzadero (Santander) y Pisba (Boyacá), los conflictos ambientales en la región Caribe, como Cesar y La Guajira con la explotación del carbón o incluso Marmato (Caldas).

- Es preciso avanzar en la producción de información que interrogue profundamente la idea de que la reprimarización de la economía es un camino al bienestar y al desarrollo. Se ha avanzado mucho con las investigaciones sobre la relación entre regalías y exenciones, pero no se tiene información igual de rigurosa sobre el empleo generado por los proyectos mineros vs. los trabajos que se pierden o afectan; menos aún se han incorporado elementos de la economía ambiental que permitan evaluar en su total complejidad los proyectos para establecer su rentabilidad real, una vez se incluyan asuntos como los pasivos ambientales o los lenguajes de valoración diferenciados.

Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos ? Es indispensable continuar empoderando y generando capacidades en las personas y organizaciones sociales, con el fin de que las negociaciones entre ellas, la empresa privada y Estado sean más simétricas y se logren gestionar y construir alternativas incluyentes, justas y viables para las comunidades y la sociedad en general.

- Información sobre las empresas: queda abierto un horizonte de investigación muy amplio en cuanto al origen de sus capitales, su ubicación o la de sus filiales en otros países del continente, las estrategias de penetración utilizadas por ellas en los diferentes territorios y las formas de neutralizar y cooptar líderes. Una sistematización adecuada de esa información, permitiría fortalecer la acción política de las comunidades.

? Potenciar la especialización del accionar de las ONG en función

del acompañamiento que se requieren en las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros, según especialidades existentes que se articulen para acompañamientos y apoyos integrales: técnico, ambiental, jurídico, social, de incidencia y otros. También hay necesidad de establecer criterios para saber a qué comunidades, organizaciones, redes y plataformas acompañar y cómo hacerlo, diferenciando sus demandas, contextos, actores, posiciones y procesos que han vivido, para confrontar esto con lo que se les ofrece.

- Uno de los temas necesarios para analizar y evaluar, tiene que ver con los programas de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, pues es urgente debatir su legitimidad y pertinencia, así como las ventajas o desventajas de aplicar, por ejemplo, la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva o EITI en Colombia, especialmente en cuanto a información. - Análisis de conflictos sociales y de violación de DDHH y DIH, en relación con los procesos mineros y de hidrocarburos. Para ello hay que aprovechar bases de datos consistentes como las del CINEP/PPP y aportar en un enfoque que priorice la construcción de una paz integral y duradera. En este sentido los pueblos tienen derecho a su territorio, a vivir y desarrollarse en él y no solo a que les den unos cupos de trabajo en el territorio donde explotan sus recursos. Las comunidades quieren el desarrollo de una vida integral y, por eso, la paz no significa solamente cese del fuego.

? Diseñar procesos de formación, capacitación y acompañamiento que permitan a las organizaciones y procesos incorporar una mirada integral de territorio. Tener en cuenta diversos temas y aspectos jurídicos, económicos, ambientales, sociales y culturales. ? Acompañar en aspectos técnico-científicos, en la creación de alternativas económicas viables, en los temas culturales y ambientales, en la construcción y aporte a las políticas públicas, en los temas jurídicos, en la aplicación de herramientas como la cartografía social junto con la gente y no solo para la gente.

- Análisis del conflicto agrario en su compleja relación con la minería. Tierras y contextos territoriales con vocación agropecuaria y agroforestal, o zonas incluso protegidas por ser

? Trabajar para que las comunidades no solamente conozcan sus

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Resumen derechos sino que cuenten con el apoyo jurídico y técnico frente a la violación de los mismos por cuenta de la minería.

obstáculo para el desarrollo de sus proyectos. Por ello es trascendental proteger la figura y no permitir que se la llene de impotencia.

Empoderamiento e incidencia en la formulación de políticas públicas.

? Apoyar las zonas de reserva campesina. Las ZRC pueden permitir que se consolide la economía campesina, se formalicen títulos de propiedad de la tierra y se generen formas de tenencia colectiva, se conserven los suelos y las aguas, se revierte la ganadería extensiva y la destrucción de las selvas. Es decir, puede ser una opción real de vida para la población rural.

? Fortalecer los mecanismos de participación que facilitan la exigencia de derechos. ? Establecer mecanismos que posibiliten la concertación entre los diversos actores implicados que no tiendan a favorecer a la clase económica y políticamente fuerte.

? Delimitación geográfica y topográfica de los páramos. Hace

parte de un ejercicio pendiente del Ministerio de Ambiente relacionado con la definición de los us os de suelo que son o no permitidos en una región, con el fin de evitar conflictos innecesarios con el otorgamiento de concesiones mineras en áreas de protección y/o exclusión ambiental. Adicionalmente, es necesario requerir al gobierno para que no se limite a investigar la entrega de títulos de manera ilegal en esas y otras zonas protegidas, sino que también tome las decisiones para proteger los páramos, en cumplimiento de la ley.

? Establecer regulaciones a las empresas extractivas enmarcada

en los intereses nacionales: sociales, ambientales y económicos (en esa orden). ? Garantizar la aplicación de una política ambiental rigurosa, integral, sistémica y con un alto sentido de responsabilidad y sostenibilidad de los patrimonios naturales para las generaciones presentes y futuras. ? Potenciar acciones para visibilizar el desmonte de la legislación ambiental y la institucionalidad en aras de atraer IED y facilitar la exploración y explotación minera.

? Resolver jurídicamente la situación de muchos proyectos que aún se encuentran en “régimen de transición” para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (que se inició antes de la conformación del Sistema Nacional Ambiental, SINA), pues esto ha conducido al incumplimiento por parte de los concesionarios mineros y a la inexistencia de control por parte de las autoridades ambientales.

? Armonizar las políticas de desarrollo rural, la normatividad

forestal, sobre contaminación, aguas y la misma Ley de víctimas y restitución de tierras, con las leyes sobre la exploración, la explotación y comercialización de minerales.

? Definir la titularidad de minas dentro de áreas que hoy son concesiones para gran minería, pero que, desde hace al menos un siglo, explotan comunidades étnicas sin que aún hoy en día tengan actas de propiedad.

? Visibilizar las implicaciones del desmonte de instituciones

estatales que apoyaban a la minería nacional de pequeña y mediana escala. ? Visibilizar las consecuencias del señalamiento de la minería informal y ancestral como ilegal.

Empoderamiento e incidencia en el ámbito internacional En él hay que considerar escenarios como los Estados y sociedades de los países que consumen las materias primas mineras; diálogos sur-sur, donde Brasil desempeña un papel muy importante; los movimientos sociales y el fortalecimiento de espacios nacionales e internacionales donde puedan llegar fortalecidos y preparados para posicionar sus propuestas y hacer presión frente a las dinámicas económicas excluyentes. En este sentido, recomendamos:

Empoderamiento e incidencia en el ámbito jurídico ? Revisión de la política sobre minería. La apuesta del desarrollo está basada en el sector minero-energético y esta decisión implica un debate público al respecto. Nuestra recomendación es apoyar la generación de espacios para que el debate sea efectivamente público e incida en la opinión nacional. Por ejemplo, la puesta en marcha de un foro nacional que involucre al gobierno nacional y regional, a la sociedad civil y a los empresarios.

? Crear y/o fortalecer espacios de encuentro, por ejemplo, un foro internacional anual con la participación de empresas, gobiernos y sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre temas como: conservación, uso y manejo en áreas protegidas y recursos naturales como suelo, agua y bosques; análisis sobre modelos de desarrollo basados en economía extractiva; ordenamiento y nuevas configuraciones territoriales; la posesión, titularidad y uso de territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas, entre otros.

? Defender la consulta previa. La Corte Constitucional le ha dado a la consulta previa el tratamiento de derecho fundamental. Aunque el gobierno quiere, entre otras, volver a proponer una reforma al Código de Minas y presentar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (con marcados énfasis en la inversión transnacional y la agroindustria), ha manifestado como prioritaria la reglamentación de la consulta previa, pues los inversionistas han dicho que consideran a ese derecho como un

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Resumen ? Alianzas estratégicas para hacer seguimiento a los impactos globales de las nuevas tendencias de las industrias extractivas y su relación con el desarrollo.

ilegales como si fueran lo mismo que minas de colonos ocupando territorios a la fuerza y despojan a sus dueños tradicionales, o de narcotraficantes lavando dinero mediante la compra de minas de oro.

Promoción de diálogos entre diversos actores La minería artesanal tiene un conocimiento acumulado en la explotación pero se debe enriquecer con nuevos modelos. Recomendamos contribuir a la formalización de esa actividad y buscar que tenga apoyo del Estado para su tecnificación, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.

? Para que la minería sea verdaderamente responsable, los

esfuerzos deben estar impulsados y supervisados por el Estado y la sociedad. Sin embargo, esta condición es difícil de cumplir debido a las grandes asimetrías económicas, políticas y de información existentes entre los diversos actores. Así mismo son inmensas las desconfianzas entre ellos, los incumplimientos de los acuerdos por parte de las empresas, el débil rol del Estado y en muchos casos sus sesgos y hasta omisiones por favorecer los intereses empresariales

Defender los derechos de las mujeres ? Trabajar en función de alcanzar un mayor ejercicio de la ciudadanía social, un referente de exigibilidad y respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos y sus desarrollos, en interlocución permanente con el Estado. Para ello se requiere información y conocimiento sobre los problemas que se enfrentan y sus implicaciones, así como la construcción de consensos y acuerdos entre la población sobre sus intereses y las acciones o procedimientos de defensa.

? Un desarrollo sustentado en la minería, con un peso muy grande en la inversión extranjera, apela a una concepción del Estado y a unas formas de institucionalidad pública en tensión desde lo local y regional con lo nacional y lo global, que requiere ser analizadas para poder superar las asimetrías y las desconfianzas que imposibilitan diálogos tripartitos. ? No basta con responder a los impactos específicos de la economía extractiva en los lugares donde tiene lugar la explotación, sino que hay que llegar a incidir y aportar a la comprensión y transformación de la configuración social, política y económica de todo el territorio nacional. Recomendamos crear y fortalecer alianzas que contribuyan, por un lado, en la construcción de alternativas de desarrollo rural basado en las economías campesina, indígena y afrodescendiente y, por otro, a la revisión de las políticas y la institucionalidad públicas, para que se construyan desde lo regional y local con la participación de los distintos actores sociales, económicos e institucionales y no pasándoles por encima, como hasta ahora. ? Las mesas de trabajo entre comunidades y entidades estatales para hablar de estos temas, podrían llevar a superar las desconfianzas y avanzar en la transformación de conflictos. ? Es importante pensar en alternativas diferenciadas para la explotación del oro y la del carbón; una dinámica es la explotación de las grandes compañías multinacionales con grandes inversiones en Colombia, y otra es la explotación de la mediana y pequeña minería tradicional. ? Resaltamos la necesidad de apoyar las alianzas estratégicas que se tejen para fortalecer las luchas en la defensa del territorio.

Sobre la mediana y pequeña minería Si bien cualquier tipo de minería por fuera del registro del Estado es en principio ilegal, existen minas que han pertenecido tradicionalmente a comunidades que extraen de manera artesanal los minerales, fundamentalmente oro, y que no pueden ser señaladas per se como ilegales y despojadas a la fuerza por una normatividad que no tiene en cuenta su historia, sus costumbres y valores culturales. Esas minas no pueden ser proscritas como

? Acceso a la propiedad de la tierra para las mujeres. La legitimización del despojo ha dejado en una situación crítica a las mujeres, por lo que recomendamos desarrollar una línea de intervención que fortalezca y amplíe su legitimidad para reivindicar la propiedad de la tierra. ? Recomendamos adelantar procesos que tengan como eje de reivindicación la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en que esta ha sido una práctica ancestral de las mujeres y que constituye parte de su patrimonio cultural. ? Participación de las mujeres en la toma de decisiones, considerando las diferencias en tanto mujeres campesinas, indígenas o afrocolombianas. En términos generales, las poblaciones afectadas por los proyectos de minería y energía (campesinas, negras e indígenas) tienen un alto nivel de desconocimiento de los marcos normativos relacionados con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Las mujeres se encuentran en una especial desventaja. ? Recomendamos desarrollar una línea de acción estratégica para compensar esa desigualdad histórica de acceso a la información, que facilite la participación de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones y se debaten los asuntos públicos que las afectan directamente. ? Algunas mujeres del campo, ante la inseguridad económica, han optado por el trabajo sexual como alternativa para generar ingresos. Dado que las opciones de trabajo tradicionales (agropecuarias o de minería artesanal) están sido desplazadas por la minera de gran escala y que ese modelo tampoco ofrece alternativas de inclusión laboral, las actuales generaciones de mujeres jóvenes son las que en mayor riesgo se encuentran y para quienes resulta urgente estructurar alternativas sociales y económicas de atención a la vulnerabilidad que enfrentan.

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Summary The purpose of the document entitled Situation of Conflict in the Colombian Mining and Energy Sector is to provide Cordaid with some analytical elements which will allow a broad and structural examination of the mining phenomenon in the country. This corresponds with its Conflict Transformation programme and points to building relevant and effective cooperation. The text was prepared through the collective effort of organisations and individuals who are experts in the field. This document emphasises the strategic problems of the mining phenomenon as seen from the perspective of social, economic, political, and environmental conflict, since mining operations turn the country's social and armed discontent into topical issues. This includes the vulnerable situation of Human Rights and International Humanitarian Law, to the degree in which this phenomenon increases the illegal takeover of land, as well as competition for land use, tenure, and ownership. Territorial reconfiguration

Re-primatization meant to feed a development model

The consequences of this are far from meagre, since what is actually occurring is a territorial reconfiguration caused by extractivism, specifically from mining, which during the last ten years has been gaining an unprecedented importance in economic, as well as in political and social, terms. This stands in the way of sustainable and human development. It is therefore vital to analyse the actors and interests that are involved in mining and exist in the territories, as well as to acknowledge the strategies of social resistance in response to extractivism, and what this resistance has so far achieved.

What is happening in Colombia in terms of mining and energy is an expression of an international model that assigns so-called third world countries the mission of providing raw materials, while the other countries are involved in production, industrialisation, research, and generating added value and new technologies. Even though in Latin America halfway through the 20th century efforts were made to transform this model, neoliberalism breathed new life into continuing primatization. This has increased over the last few years by placing a strong emphasis on extracting all the resources nature has to offer.

Regulations going in reverse

One might claim that the results of mineral exploitation are directly related to the type and quality of the political, environmental, social, and economic institutions involved in the processes. This is why the following questions are asked: What is the impact of mining on the Colombian economy, at a national as well as a regional level? How can regional problems be included in macroeconomic policies? How are the increasing interests in the mining and energy resources, social mobilization, and the violation of Human Rights (HR) and International Humanitarian Law (IHL) related to each other?

One relevant aspect is the way in which regulations of the mining and energy sector, on one hand, and the environmental sector on the other, have been transformed side by side beginning in the sixties, with the aim of achieving harmony between the two. A progressive spirit was behind trying to harmonise the relationship between production and natural renewal cycles through a sustainable development model. This was addressed by the Código Nacional de Recursos Naturales (1974 Decree 2811 concerning the Natural Resources National Code) of the 1991 Constitution (Articles 8, 79, 80, 332, 333, 334, and others), while in addition joint venture contracts were established that same year (Law 2310). Meanwhile, the National State was showing its commitment and participating more and more in the exploitation of its natural resources. On the other hand, during the first decade of the 21st century the models used in the country for drafting mining contracts (2001 Law 685) and in the hydrocarbons sector were restructured (2003 Decree 1760), an effort aimed at eliminating the participation of the National State in exploiting its minerals, and at increasingly allowing transnational investments in the field (mainly through taxation mechanisms). This trend has gained even more momentum during Álvaro Uribe's two terms in office, as well as during that of Juan Manuel Santos, in order to attract and satisfy transnational private investments by making mining and energy environmental regulations and contracts more flexible. It has also been observed that the regulations are contributing to disfiguring prior consultation with ethnic communities1.

Some fundamental ideas This mapping document expresses in a general way the issues mentioned and it proposes, as a further challenge, working out a series of hypotheses that need to be examined rigorously. The text hints at some of them, but does not intend to explore them fully. These hypotheses include: ? That the way in which mining multinational corporations are gaining participation is generating a type of territorial reconfiguration that goes against, and has adverse effects on, the lives of the local populations and communities where they are becoming involved. This leads to social and environmental conflicts that specifically stem from social struggles and cases of political violence, and tend to affect economic and institutional decision making. ? That the ways in which these struggles are expressed vary in their range, depending on the stages of the projects, the willingness to act in favour of sustainable and human development, and the collective capacities present in society, the communities, and the territories to exercise influence at a national level.

1. Various laws and projects related to extractivist activities have been suspended or repealed because due prior consultation was not observed, as was the case of the 2010 Law 1382.

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Summary ? In order to develop these ideas further, this document presents a political, economic, legal, and institutional analytical framework of the extractivist model in Colombia. It also exposes what the present mining situation is like in the country, in terms of territory, in order to understand the underlying reasons for the socioenvironmental conflicts that this activity causes. This includes a review of five cases of territorial conflict, and the social response to each conflict [Puerto Gaitán (Meta) because of oil extraction; and Segovia (Antioquía), Marmato (Caldas), the moorlands of Santurbán (Santander), and Suárez (Cauca) due to gold mining]. Finally, a series of reflections and strategic recommendations is made to Cordaid regarding the field of advocacy.

Economic growth based on the mining and energy sector The 2010-2014 National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo, PND) gives high priority to the mining and energy sector, allocating to this so-called development engine2 (literally, “locomotive”) 44% of investments as it is considered a growth and competitiveness sector. This is much higher than the allocations for housing (24.92%) and is two or three times higher than those reserved for transport infrastructure (15.92%), agriculture (2.2%), and innovation (0.10%). The emphasis that is thus placed on the mining and energy sector is not just a thing of the past decade. The government acknowledges this: “the economy of Colombia has been hardly innovative; the variety of exports of today is not much different than the one we had two decades ago, while the only difference is that our dependence on mining and energy resources is growing constantly.” (DNP 2010, 12). The agricultural and industrial sectors that used to account for 43.3% of the GDP in 1991 now barely reach 21.6%. In contrast, the mining sector has been growing over the last three years at a rate above 11% (Sarmiento, 2011b, 21), while the State limits its role to that of a regulator and overseer that should effectively and firmly stimulate private investments for the development of mining projects3, which are tasks assigned by the Mining Code, Código de Minas. The mining and energy sector grows at the cost of the environment The degree to which the areas legally dedicated to mining have grown, as well as the fiscal benefits that this activity is granted, reflect privileges that stand in contrast to the environmental authorities' actual behaviour in their efforts to ensure the adherence to regulatory laws, and even to the State's capacity to

issue authorisations for extractive activities. For example, present legislation has eliminated the need to grant environmental licenses during the exploratory phase (for mining) and during the seismic phases (oil). Moreover, during Uribe's term in office, the area legally dedicated to prospective mining increased exponentially from 1.1 million hectares in 2001 to 8.4 million hectares in December, 2010 (Rudas, 2011:3; Andrade, 2011:1). This is almost twice as much as the area dedicated to agriculture (4.9 million hectares). According to economist Guillermo Rudas, between 1990 and 2001, 1,889 mining licenses were awarded (almost 157 per year), while during the 2002-2009 period, 7,869 licenses were granted (almost 984 per year). By May 2009 licenses were solicited for almost 40 million hectares, that is, approximately 35% of the total national territory. As Rudas points out, notwithstanding the results, this represents an important growth of interest in furthering mining activities in Colombia. The goals for 2019 include doubling coal exploitation, increasing that of gold fourfold, and increasing threefold the area covered by mining contracts. This is why many social sectors are denouncing what this mining policy implies, because it goes without saying that this will generate territorial disputes, new waves of displacement, new conflicts, and more violence. A country that depends on extractivism The PND recognises that the Colombian economy has not become industrialised and, on the contrary, it still depends on the extraction of raw resources, albeit no mention is made of the way in which the mining and energy engine shall prevent the continuation of the process of re-primatization (González J. I., 2010). It also fails to propose the ways in which extractivist activities will be linked to generating more added value. Perhaps the major difficulty rests in how to coordinate the mining and energy engine with the engine of rural development and with territorial and land use regulations in general terms4, since the areas granted mining licenses are in a struggle against agricultural and environmental priorities5. Various studies have pointed out that the economies that are based on the exploitation of natural resources do not necessarily lead to economic growth and well-being but that, on the contrary, the dependence on raw resources adversely affects the economic well-being and a country's institutions, since the quality of the investments and public services becomes more and more deteriorated, and this all limits growth potential.

2. The 2010–2014 PND mentions 5 engines of democratic prosperity: infrastructure, housing, agriculture, mining, and innovation, and allocates 87.14% of the total national investments to them for those four years. The remaining percentage of this sector includes innovation for prosperity (4.22%) and competitiveness and enhancing productivity (8.64%). According to government estimates, in 4 years these engines will increase economic growth in the nation by 1.7% annually (in 2010, this growth was 4.2%), will reduce poverty at an approximate rate of 1.2% per year (which presently stands at 46%), will reduce extreme poverty by 1% (presently 18%), and will reduce the unemployment rate by 2.6% (12% in 2010) (Sarmiento, 2011a: 23). 3. This stance is echoed in the foundations of the 2010-2014 PND as one of the principles of the development model: “the market to the degree it is possible, and the State to the degree it is necessary." (PND, 2011: 16). 4. “Little has been done to effectively regulate the expansion of large-scale agriculture, especially the production of biofuels; to organise the growth of the cities and the location of the houses; to develop transport and energy infrastructure; and, quite especially, to rationalize the way mining uses natural, non-renewable resources.” (Rudas, 2011: 2) 5. In 2010, mining licenses had been awarded to122 thousand hectares in moorlands, almost 6.3% of the total area, especially in Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, and Tolima. Approximately 1 million 300 thousand hectares, of the 51.5 million hectares of forest reserves established by the Ley 2ª of 1959 law, enjoy mining licenses. One must keep in mind that the law forbids all types of mining on moorlands, although it leaves a door open to mining activities in areas of forest reserves and in collective territories (Andrade, 2011 and Calle, 2011).

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Summary Likewise, the sectors that enjoy the highest levels of productivity, namely the mining and financial sectors, are not exactly the ones that generate more employment (an issue that the PND also fails to raise). Studies have pointed out that while the mining GDP grew 68.2% between 2002 and 2008, the amount of workers in the sector decreased from 276,100 to 149,100.

Colombian companies have foreign capital. When discussing this, one must underscore that 20 years ago, a dozen Canadian projects were present in Latin America, while today there are more than 1,500 mining companies from that country in the world, which means that this activity establishes the most important link between Canada and Latin America8.

Foreign Direct Investment (FDI) in Latin America and the Caribbean

Institutional, regulatory, and contractual reforms Since the nineties, foreign investment has promoted substantial legal reforms in order to eliminate practically all the requisites and levies that this capital has to meet and pay when entering, remaining, or leaving the country. This situation becomes more critical in face of the Free Trade Agreements. These measures include: abolishing state regulations and control of foreign capital (1991 Law 9); labour reforms that have made hiring more flexible (1990 Law 50 and 2002 Law 789); authorising private capital in the education, health care, and domestic public services sectors (1993 Law 100 and 1994 Law 142); and opening up biodiversity and the territory to the interests of transnational corporations (2006 Forest Law 1021 and the Mining Code Law 685 of 2001).

According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, during the first semester of 2010 the countries of the region received 53,751 million dollars in Foreign Direct Investment (FDI). During that same period in 2011, this figure was 82,652 million dollars in FDI, which means this type of investment increased 54% (ECLAC, May 2011). This Commission believes that one must understand the increase in this figure within the framework of the international debt crisis, the fiscal dilemma faced by the United States, and global financial volatility. It further considers that the increase in the flows is due to "stability and the economic dynamism of the majority of the countries" of the region, and to "the high prices of raw materials, which continue stimulating investments in mining and hydrocarbons.”

Reforms in the energy sector In the hydrocarbons sector, Law 790 passed in 2002 granted special powers to the executive branch to restructure public administration in the country, which abolished Ecopetrol's administrative functions surrounding the contracts and royalties due to Colombia for hydrocarbons, and created the National Hydrocarbons Agency, the Agencia Nacional de Hidrocarburos, or ANH9, to take these functions over (Decree 1760 of 2003). These provisions effectively changed the joint venture contract scheme that had prevailed in Colombia since 1974 into modern concession contracts that allow allocating 100% of the operations to transnational private capital even in perpetuity, that is, until a well has been commercially exhausted.

Colombia received investments totalling US$ 7,008 million, which is 91% more than during the first semester of 2010. Of this total, the activities related to mining and oil increased from representing 63% of investment (US$ 4,471 million) in the first semester of 2010 to 64% during that same period in 2011. Expressed in millions of dollars, the oil sector increased from US$ 1,326 to US$ 2,826, while the mining and quarrying sector represented US$ 1,645 in 2011, compared to US$ 980 in 20106. However, it is a matter of concern that the concentration of FDI in the mining and energy sector comes at the expense of other sectors of the economy. One example is manufacturing, which, according to the Banco de la República, experienced a decrease in FDI from US$ 236 million in the second quarter of 2010 to US$ 87 million in 2011 (Colprensa, 2011). In terms of percentages, the industrial sector only grew 2% compared to 7.4% during the same period in 2010 (Acosta: 2011)7. This bank report also mentions that another sector that has been affected is agriculture, which grew a mere 3.5% in all of 2011.

Reforms in the mining sector The privatisation of the mining sector has gone further than that of the hydrocarbons sector. In the beginning of the nineties the national company, Minercol, was liquidated. In its place an exclusive model was established for this activity, namely that of concession contracts. The Ministry of Mining and Energy regulates mining activities and in 2004 nominated Ingeominas as the mining authority. This worked until only some months ago,

Approximately 800 transnational corporations are operating at present in the country, and more than half of the 100 largest

6. Proexport Semester Report, based on the figures of the Banco de la República. This can be read at: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion%20I% 20SEM%202011.pdf. 7. Acosta, Amylkar, “La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba” (The economy during the first year of Santos: a test balance), August 2011 in Razón Pública, electronic publication available at: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2283-la-economia-en-el-primer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html 8. Studnicki-Gizbert, David, available at: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminan-america-latina, recovered: October 26, 2011. 9. Recently a corruption scandal has rocked ANH in view of the results of an audit carried out by the Comptroller General of Colombia, which even led to the resignation of Armando Zamora, who had been the Director for eight years, due to presumed inconsistencies when dealing with 1.24 billion pesos.

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Summary when this Institute was divided into the National Geological Service (Servicio Geológico Nacional) and the National Mining Agency (Agencia Nacional de Minería), with the purpose of accelerating the granting of mining licenses. This activity follows the Mining Code (2001 Law 685), that regulates the relationships between individuals and the State during the implementation of the various stages of mining: prospection, exploration, exploitation, processing, transport, making use of minerals, and commercialising them.

economic growth depends on the productive development of the real sector of the economy, which is industry. However, it provides no clarity as to the way in which that sector must achieve a certain competitive level. In fact it contradicts itself when it proposes only one alternative, that of concentrating on the extraction of raw materials, and when it claims that, given the enormous potential of the energy and mining resources of Colombia, the country should “position itself as a regional energy cluster”12.

The existence of differentiated requirements for these categories has been a source of conflict10, because prospection is such a free activity than no type of declaration, follow-up, or remuneration is required from the interested party, while exploration requires a license that is awarded with no environmental restrictions attached, and its only precondition is that it does not superimpose on an earlier request. Therefore, the environmental license only applies to actual exploitation. The result is that communities lack the legal tools they need to resist the operations of any company or individual who wishes to look for minerals in their territory (with the exception of ethnic communities that at least have the right of prior consultation). In light of this absence of state control and participation, it is a contradiction that mining be considered, "in all its phases and ramifications" to be of public use and serve social interests (Article 13 of the Mining Code). This concept allows expropriations and worsens the situation of conflict that exists between mining, territorial and land use regulations, agriculture, etc.

Goals that ignore national priorities Regarding this point, it sets the goal of increasing electricity generation capacity without heeding the problems surrounding water and the importance of this resource in Colombia for generating electricity at a low cost and without the need of using primary energy in thermoelectric plants. Furthermore, the hold that exists over rivers makes it possible for an elite player to control the water and to reorganise the territory according to its own interests, thus limiting and placing conditions on water access of other social groups. It is a matter of concern that many of the most important hydroelectric projects are in private hands with international capital (El Quimbo), while others are in the hands of mixed companies that are presented as being national (EPM or Isagén, where around 30% of the capital is private). In the case of hydrocarbons, the idea is “to continue linking up private capital with Ecopetrol's investment projects; and in the case of natural gas, to consolidate the policy of free exports13.” For the mining sector, the proposal is that “during the coming years, Colombia should remain one of the five Latin American destination countries for worldwide investments, and should double production.14”

Public policies for the mining and energy sector In Colombia, throughout the twentieth century the distinction between State policy and government policy11 was irrelevant. It was only in 2002 that the first proposal was structured regarding State policy with a 20-year scope, which was brought forth in the Visión Colombia 2019 document. This document contains a section devoted to the mining and energy sector, and establishes the paths that have been taken by different governments since the proposal was made, in institutional terms and also in terms of planning and implementing public policies that affect the sector.

In short, Colombian mining and energy policies have revolved around modifying contract schemes, thus establishing concession contracts as the only possible model, while bringing down the degree to which the country enjoys the revenues obtained from extractive activities. The legislative engine is not stopping

Although the Plan 2019 seeks to become State policy, it still fails to be part of a strategic planning process that includes consultations with society as a whole, and to satisfy national needs and interests. In other words, the main limitation faced by this belated effort to construct long-term paths lies in trying to overcome the absence of any prior planning by transforming into long-term policies the disorder that is the result of two centuries of no planning. For example, it is right in understanding that

The government continues shaking the institutionality of the mining sector through actions such as: ? A reform of the Mining Code (Law 1382) was approved in 2010. Even though officials of the Ministry of the Environment were able to explicitly include the environmental restriction of mining in moorlands, Natural Parks, and the Ramsar wetland system, its objective was to further the privileges enjoyed by private capital

10. This document's extensive text related to the situation of conflict in the energy and mining sector includes a table illustrating the requirements and characteristics of every stage of mining operations. 11. Government policy can be understood as the planning carried out by a given administration in order to effectively exercise its term of office, while State policy can be understood as the long-term strategic planning that is more aligned to a national project than to a specific government's project, and therefore goes beyond one single government's term of office. 12. Government of Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40. 13. Ibid. 14. Ibid.

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Summary ? with transnational characteristics and to place more obstacles in the way of efforts to formally organise small, medium-sized, and artisanal miners. The Constitutional Court declared that this reform was unconstitutional because it had not complied with the prior consultation of ethnic communities requirements15, and this is why the government is again preparing the Code's reform, but still unilaterally.

Economist Guillermo Rudas has compared the reductions that fiscal obligations for mining companies suffered between 2007 and 2009 to the limited increase in royalties: “These go from $6 billion in royalties with tax exemptions of less than 1 billion in 2007, to royalties of $6.5 billion and fiscal advantages of $3.5 billion in 2009. More than half the royalties are thus being returned.”

? Article 134 of the PND introduced a way of facilitating the approval of environmental licenses: if the environmental authorities charged with analysing these grants take more than 90 working days to give an answer, “this will be automatically transferred to the jurisdiction of a committee, which in less than 60 days shall grant or deny the environmental license in question.” This committee shall be made up of the National Planning Director, the General Secretary of the Presidency, the Minister of the Environment, and the chief of the relevant sector (mining, energy, or agricultural) for the project, or their representatives.

The reform of the royalties system The royalties system, governed by Law 141 of 1994, prioritised that the resources would be administered by the National Royalties Fund, the Fondo Nacional de Regalías, would be used to strengthen the mining sector and protect the environment, and would serve investment projects, in that order16. Law 756 passed in 200217 substantially modified this system, as well as the more recent Legislative Bill 013 of 2010, which introduced important changes to the procedure for collecting royalties (thus, no changes were made to amounts or the concept as such), and to the parameters governing their destination and distribution. Two articles of the Constitution were modified with the purpose of establishing a scheme for administering royalties that centred on the territory, but that was more decentralised in its operation and in terms of specific allocations.

? The environmental directorate, Dirección Nacional de

Licencias y Trámites Ambientales, an organism of the Ministry of the Environment, was closed. In turn, the National Environmental Licensing Authority, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, was created as an affiliated entity that enjoys financial and administrative autonomy (Decree 3573 of 2011).

The Fondo Nacional de Regalías does not exist anymore, and various specific allocation funds have taken its place (Savings and Stability, Regional Development, Regional Compensation, Participation in Production Units, Territorial Retirement Savings and Science, Technology and Innovation). This means that in Colombia, the territorial entities where hydrocarbons are extracted are forced to compete with all the other territories for the resources allocated by the Fondo de Participación de las Entidades Productoras Fund.

? Through three decrees passed in 2011, the Ministry of Mining and Energy created the National Mining Agency, charged with promoting and granting exploitation areas, as well as with dealing with contracts and controlling and overseeing mining activities. The remaining former functions of Ingeominas (geological studies) were transferred to the National Geological Service, also recently established.

Revenues from energy and mining

These new measures lead to the loss of regional autonomy and to a break away from the principle of administrative decentralisation, through which the 1991 Constitution had managed to consolidate a democratic covenant that led to national peace.

The second key element of the present energy and mining policy concerns the degree to which the Nation benefits from the revenues of that sector. These revenues include royalties, taxes, compensations, rights due for high prices, and the participation of State industrial and commercial companies that are active in the sector.

A boom without extraction?

Regarding the general issue of revenues, there is a strong ongoing debate in the country following evidence that the State, using the need to attract FDI as justification, has tremendously lowered its participation in the utilities of the mining and hydrocarbons business to such an extreme extent that any profit has been eradicated, as in the case of mining.

In 1997, the Conpes 2898 document formulated a number of strategies that were aimed at achieving “a structural and long term change to solve the problems identified, while enhancing the development of the mining industry in the country as a tool for regional development and a source of funding for this development.”

15. Sentence # C-366 of 2011. 16. The following royalties used to exist: indirect (54% for priority investment projects, 30% for protecting the environment, 15% for promoting mining, and 15% for priority investment projects in electricity provision); direct (90% for investment projects aimed at developing the territorial units and 10% for their supervision); and fluctuating, that are determined on the basis of total exploitation and vary according to the resource being exploited. For example, salt pays a royalty of 12%, while gold and silver only pay 4%. In the hydrocarbons case, a change is made from a standard system of 20% due for exploitation, to a fluctuating royalty of between 5% and 25% according to production volumes, which on average means a 12% royalty. 17. Between 2002 and 2009 the royalties due for oil exploitation reached almost $26 billion pesos, equivalent to an average of 1% of the GDP. For more information, in the document body please examine the table prepared by Luis Humberto Hernández in 2010, based on information obtained from Ecopetrol and the ANH.

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Summary In order to “facilitate” the administration of mining resources, the country was divided into Mining Districts, Distritos Mineros or DM, that entail “a localised productive system that is home to a large number of producers who work in processing or exploiting, during various phases, a homogeneous product or mineral or group of minerals18.” At present, only three of the 26 DM's comply with the component that refers to total export, namely Barrancas and Jagua de Ibirico for coal and Montelíbano for ferronickel. This means that the country still finds itself in the early stages of the extractive process; therefore, the socioenvironmental conflict situation which can be expected in the coming years bears no relationship whatsoever with the level of conflict that presently exists in the sector

megaprojects, and the progressive loss of revenues in rural areas. This means that the economic model is at great odds with sustainable human development (Velázquez, 2010: p. 21). The large lumber, biofuels, and energy and mining enterprises and industries not only enjoy economic advantages, but also end up assuming the role of territorial regulators. This occurs when they carry out functions typically reserved for the State, such as police activities that are in the hands of private company armies not only to “protect their property” but also to stifle behaviour that is deemed dangerous. Another function they take over is that of overseeing and protecting the environment. Land property and use conflicts

The coal and gold fever

? · A direct relationship exists between mining exploitation and agriculture in Colombia: mining activities lead to an increase in the forced displacement of farmers and members of indigenous and Afro-Colombian communities, in order to stimulate the exploitation of new mineral sites. They are pressured through actions that are basically founded on the use of violence into selling land that will be used by the mine and as a buffer zone (Ramírez: 2007).

In the case of the projects that are already in the production phase, and also of those that have only recently become involved in the exploratory or even request phases, the two most important minerals in Colombia and the world, given international prices and the pressure exerted on their extraction, are coal and gold. The relative GDP value of coal in 2009 totalled $1.9 billion 2000pesos in cash and represented 43.4% of the mining GDP excluding hydrocarbons, even though that year the production of coal in Colombia decreased 0.95% compared to 2008 (approximately $21,793 million), due to prices being lower and less production volumes. The trend for the coming years is that coal production will grow, since in 2010 it reached 80 million tonnes annually.

? The present government has addressed the need to return part of the usurped land to millions of farmers, while it presents itself as being respectful of Human Rights. However, there are not only no guarantees that those who have been displaced and stripped of their land can return, but also there is no policy that would allow them to actually use and exploit it. The government's project favours yet another concentration of land by allocating it to multinationals' megaprojects and to large national, established or “emerging” investors (Gutiérrez, 2011).

Gold extraction recovered production levels which were enjoyed until 2005 (to then fall more than 50% in 2006 and 2007), growing from 15,482 kg in 2007 to 34,321 kg in 2008 (a 121.69% increase), and to 47,838 kg in 2009 (an additional increase of 39.38%). A direct relationship exists between these increases and the behaviour of gold's international prices. The highest gold price quotes in history were recorded in 2008 and 2009, when they reached an annual average of US$ 871.79 and US$ 973.38 per ounce. This also meant a growth of 34.65% compared to 2007 prices, and of 11.65% compared to 2008 prices. In 2010 a record production of 50 tonnes of gold and 15 tonnes of silver was reached, while the price quotes for an ounce of gold kept increasing, exceeding US$ 1,600 by October 2011.

? Legislation seeks to dismantle local capacities for regulating territory and land use in rural areas, thus favouring the development of enterprises, while the land and property rights model facilitates land-related transactions, but fails to protect the territories(Mantilla Quijano, 2011: p. 3). For example, the Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) has taken it upon itself to legalise property acquired through the use of violence by paramilitary soldiers and drug traffickers. One case is that of Jiguamiandó (Chocó), where title deeds of businessmen engaged in palm production were validated, even though Afro communities already had titles to this land. Acts of corruption and the co-option of leaders are also practiced (CECOIN, 2008: p. 33).

Vertical territorial and land use reconfiguration The dynamics of territorial reconfiguration that the production model applied in Colombia leads to leaves the worst part to indigenous, Afro-Colombian and farming populations, which must face expropriation and displacement as a result of internal conflict, the consolidation of illegal regional powers, the direct presence of transnational corporations, the implementation of

Public investment to take care of private investment The Nation not only receives little or no wealth as a result of the exploitation of its natural resources, but it also allocates a significant

18. There are 26 DM's that comprise 188 municipalities, grouped according to production volumes, the variables of the reserves, production, and target markets: Group I, with more than 5 million tonnes per annum (Mtpa) produced, Group II, with a production lower than 5 Mtpa, and Group III, which includes the producers of precious metals and emeralds.

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Summary ? portion of the general budget to safeguarding the infrastructure belonging to transnational corporations. The Colombia and Patriota Plans, framed within a policy of democratic security, were meant to protect the infrastructure of Harken Energy (in which Former US President George Bush's family has substantial investments) in the south of Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, and Putumayo, as well as that of Oxy (of which a dominant shareholder is Al Gore, Former Vice President of the USA). Great Britain's military aid was aimed at the areas where its companies are operating, namely Angloamerican, BHP Billiton, and B.P. Amoco; that of Israel pointed to coal production zones that feed its energy industry; and that of Spain aimed at supporting the investments of Repsol-YPF in Arauca (Ramírez, 2007).

pressure is being exerted to pave the way for the first open pit gold mining operation in the country. Four companies are competing for that first place: AngloGold Ashanti in Tolima, Eco Oro (GreyStar) and EBX in Santander, Cosigo in Vaupés and Gran Colombia Gold -Medoro Resources in Caldas. All the projects' locations are of strategic importance for the environment. Thus, the key questions that the authorities will have to answer are whether the economic benefits will compensate for the damage to the environment and the social discontent in the areas where the projects are located, and if the licenses granted can be upheld even in areas where it has been openly recognised that the projects are, in fact, illegal (such as in the moorlands).

Sustainable mining?

Social struggle in Colombia related to gold and coal extractive activities.

Even though the environmental impacts of mining vary according to the mineral being extracted, in all cases it is an activity that is not sustainable, since it exploits non-renewable resources through processes that contaminate or are destructive to the environment. Together with oil exploitation, mining threatens 30% of the last remaining primary forest areas left in the world. Deforestation not only affects habitats that are home to hundreds of species, but also interferes with keeping a constant flow of water from forests to the rest of the ecosystems and to cities. Various dangerous chemicals that are used as inputs or as products in different processing phases (cyanide, concentrated acids, and alkaline compounds) end up in drainage systems, thus contaminating and altering the water cycle, which in turn seriously affects the soil and the people.

Social mobilisations in Colombia tend to grow as a result of increasing FDI in mining extraction. These social struggles are an expression of the tension that exists in the territories against the presence of multinational corporations. They involve Afro-Colombians and indigenous peoples, as well as a wide range of social groups that show solidarity with their causes, paid labourers of companies involved in extraction, artisanal miners who, after the Mining Code was passed, have been persecuted and criminalised, urban dwellers who support the defence of the common heritage, intellectuals, students, and other groups. Between 2000 and 2011, the database of social struggles compiled by the CINEP research centre has registered 104 social struggles associated with mining activities (52 linked to coal, 42 linked to gold, and 10 against multinationals)19. Some of the most salient examples of these conflicts are:

A competition to see who is first All these impacts and conflicts exist even though very few projects are actually in the exploitation phase. The problem is that

Project and Company: Cerrejón (AngloAmerican, Xtrata, BHP Billinton) Location: La Guajira Department, municipalities of Barrancas, Fonseca and Distracción Minerals: Coal Yearly extraction or project phase: 32 million tonnes Main conflicts: Illness and living conditions of workers and the ethnic communities surrounding the mine, air and water pollution, community displacement, change of job vocation of the population, ruptured social fabric, and detriment of national patrimony. Actors involved in the socio-environmental conflicts: Wayuu indigenous peoples, Afro-Colombian communities, the mine workers, and intellectuals. Project and Company: Descanso Norte and La Loma, Drummond Company INC. Location: Cesar Department Minerals: Coal Yearly extraction or project phase: 17 million tonnes Main conflicts: Pollution, change of job vocation of the population, corruption and irregularities in the payment of royalties, and persecution, criminalisation, and murder of social leaders. Actors involved in the socio-environmental conflicts: Farming and fishing communities, the mine workers, intellectuals, and the Public Prosecutor (Comptroller General and the Procurator General); presence of paramilitaries.

19. The registered conflicts related to extractive activities, as well as the case studies, are treated in more detail in the main body of this document.

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Summary Project and Company: Campo Rubiales, Pacific Rubiales Location: Meta Department Material: Hydrocarbons Yearly extraction or project phase: (one-fourth of total national oil production) Main conflicts: Bad working conditions, irregularities in the payment of workers, and persecution of union leaders. Actors involved in the socio-environmental conflicts: The mine workers; presence of the guerrilla and paramilitaries. Project and Company: Licenses granted under the name of a natural person in La Toma, Cauca Location: Cauca Department, municipality of Suárez, village of La Toma Minerals: Gold Yearly extraction or project phase: Artisanal and ancestral mining; large-scale mining in the exploratory phase and with doubts concerning the legality of the licenses. Main conflicts: No prior consultation, ruptured social fabric, change of the ancestral job vocation of the communities, and illegal mining without control by the local authorities. Actors involved in the socio-environmental conflicts: Afro-Colombian communities engaged in ancestral mining for their survival, illegal miners, and the Constitutional Court; presence of paramilitaries. Project and Company: Angostura, Eco Oro Minerals Corp. (formerly GreyStar Resources LTD.) Location: Páramo de Santurbán moorlands, Santander, municipalities of Vetas and California Minerals: Silver and gold Yearly extraction or project phase: Large-scale mining in the exploratory phase; the prospects for the project that was submitted in 2010 were 511,000 ounces of gold and 2.3 million ounces of silver. Main conflicts: Water contamination and access to water affecting 2.5 million people and ruptured social fabric. Actors involved in the socio-environmental conflicts: Urban communities of the city of Bucaramanga (capital of Santander) and surrounding municipalities, farming communities that live in the moorlands, small-scale miners who live in the moorlands, unions, students, environmentalists, intellectuals, trade unionists, and general national opinion.

Final thoughts

A weak State and an ongoing conflict

This examination of the mining and energy phenomenon in Colombia sheds light on its social, environmental, political, and technical impacts. Many questions still remain, including how best to approach the immediate, medium-term, and long-term future regarding what this process entails for the country, for its regions and, especially, for agricultural communities.

? Institutional weakness is one of the elements that facilitates

laying down policies that are aimed at promoting mining in nonindustrialised countries without these countries being able to substantially influence the decisions taken. The Colombian case sheds light on the existence of institutions that respond to the interests of large corporations and to global approaches. This is exactly what institutional weakness is about.

Some of the main elements emphasised by the team that drafted the document are:

? Coal and gold are the most important goods of the mining interests that already exist in the country. The incursion of large corporations with a vision to exploit these resources is structurally changing the economy of Colombia and is having significant environmental, social, and political effects. This is occurring in the midst of an extremely weak State institutionality, as has been pointed out, and also of an ongoing armed conflict that has lasted for 50 years.

A global and structural phenomenon ? Competition for investments in the mining sector is not a regional phenomenon, but a global one. The mining and energy policies that are being promoted in Colombia to compete for these investments also respond to a generalised purpose envisioned for Latin America and are necessary in light of the worldwide context. The purpose is namely that new sources of raw materials are being sought in view of the expectation that the existing sources are becoming depleted and of the demands of the international market. This purpose entails, moreover, achieving this at a low cost in order to reactivate a world economy that is going through a crisis due to a heavy concentration of wealth, low profitability, and a stagnation of investments.

? New situations of conflict deepen an ancient and persistent

conflict, and this makes one understand the specific characteristics of Colombia as compared to other countries like Chile, Brazil, and Peru. Even though conflicts do exist in these countries, their specifics are different than in Colombia, where the traditional zones of intense armed conflict and violence related to land (its property and use), which lead to forced displacement, social resistance and coca production, overlap regions or areas that are being exploited or have been requested for mining activities, especially where gold and coal are found underground.

? In this sense, the pressure exercised on mining is part of a

structural, and not a momentary, characteristic of capitalism. This validates much needed efforts to exercise due influence, as well as the need to engage in discussions and propose alternatives regarding the role reserved for the “third world”, and the repercussions of this international economic order conceived by the countries of the "first world".

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Summary prostitution, teen pregnancy, single motherhood, and an increase in sexually transmitted diseases, which all lead to women's social, personal, cultural, and emotional deterioration, among other things.

Land is at the core of disputes ? A systematic and structural trend persists and gains momentum

in these situations surrounding land issues in a country that throughout its history has been struck by three “tsunamis”: the tsunami of land use, property, and concentration; the one of production, processing, and trafficking of cocaine; and, now also, the tsunami of mining. At present, these three tsunamis concur and strike with all their force and perseverance. Some urgent questions must be answered: What is the relationship today between mining, the conflict, and illegal armed actors? How can the investments made by the State in the security of mining territories be interpreted based on the historic elements of situations of conflict? How can the actors participate in solving these conflicts?

Environmental impact and lack of participation ? The ecological impacts of mining are dreadful. In many cases there is no control, appropriate technology, nor rigorous political decisions. However, even if these conditions were met, so much unsustainability might be generated to actually break the loading capacity, or resiliency, of strategic ecosystems, such as moorlands as water producers, the forests with their diversity, and basins and buffer zones like the valleys for water equilibrium. Much of the responsibility for this situation falls on weak environmental institutionality, and also to an important degree on the difficulties that exist for communities to participate in spaces where mining and general extractive projects are defined, decided on, and verified. One other element that influences this is the inexact, confusing, and even misleading information that the companies provide.

The curse of abundance ? The history of many an African, Asian, and Latin American country has shown that a directly proportional relationship does not necessarily exist between the high profitability of an economy based on the exploitation of natural resources (like mining), and integrated human development and the well-being of a society. In Colombia, from colonial times to the present day, important exploitation activities have been conducted for coal, gold, silver, platinum, bauxite, iron, aluminium, copper, nickel, tin, and zinc, but this has not led to the social and economic development of the country and its regions.

Responsible mining above economic profit ? An ethical, political, and also technological challenge involves setting up responsible mining, which should challenge all the actors with important decision making responsibilities that bear on this issue. Nonetheless, the question remains as to whether it is really possible to engage in mining that can truly avoid its devastating effects, and which would therefore be “responsible”. At present, mining is presented to the country's public opinion as a great business, as a road leading to democratic prosperity, and as the largest engine for development, while in reality its main objective is economic growth, profitability, and the profits enjoyed by mining transnationals, often at the cost of the well-being of the majority of the population of a region or the entire country. History is witness to concrete cases that confirm this.

? The expansion of large-scale mining and the asymmetric market

relationships that become established turn ancestral mining into an activity that becomes less and less profitable for those who practice it. This worsens the low profitability and environmental effectiveness that this type of mining has always entailed. Moreover, the effects of large-scale extraction in ancestral territories lead to deteriorating the social, cultural, and environmental fabric, and also the local economies. Little by little, the populations whose livelihoods have depended for many years on this activity become impoverished. There is more exclusion and social segregation, and this is expressed through criminalisation, resorting to the practice of investigating and prosecuting, and exercising violence against artisanal mining communities.

Prior consultation and the right to decide about the territory ? Some of the issues that must be resolved include regulating the prior consultation process, delimiting the moorlands, licensing ancestral mining, and passing resolutions for projects that are in the so-called “transition scheme” so that they can meet their environmental obligations (those that started before the SINA, Sistema Nacional Ambiental, environmental system was created).

Women have less space ? Large-scale mining leads to changes in the roles men and women play in local communities. The men, formerly owners and farmers, fishermen or artisanal miners, are now becoming company workers whose rights are often violated. The women, who used to farm and take care of the fields, suddenly enjoy no productive role whatsoever and are excluded from economic labours; mining is displacing them and forcing them to fulfil marginal occupations that pay very little. Some of the effects of the arrival and establishment of large mining projects include

Recommendations For the purpose of carrying out an analysis and for following-up and applying policies, in general terms one must consider the regional differences that stem from the dynamics and impacts of mining extraction in Colombia. For each individual mining process, efforts have to be made that begin at the local level.

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Summary The specific challenge lies in how to do this. Divided by basins? Or by local territories? Following a regional integrated approach? By micro regional contexts? For more specific aspects, we propose:

and should contribute with an approach that gives priority to integrated and lasting peacebuilding. This should keep in mind that populations have a right to their territory, to live and develop themselves within, and not only to be given jobs in territories where others exploit their resources. The communities want to move towards enjoying an integrated life; therefore, peace not only means a ceasefire.

Strategic elements of conflict transformation in mining extraction zones - Permanently examining and following-up the mining and energy context, given it is a dynamic sector that is expected to expand significantly. It would be useful to select case studies that contribute to comparative analyses of impacts and experiences with resistance strategies.

- Analysing the complex relationship between the agrarian conflict and mining. Land and territorial regions that are suitable for agriculture and agroforestry, including zones that are protected because they are indigenous reserves, collective Afrocommunity territories, farmers' reserves, national parks, or parks that are environmentally interesting: these are all now open to mining exploitation. This tends to dislocate social and political relationships and in turn a sort of territorial reconfiguration takes place, while new land use and property paradigms arise. We recommend analysing some concrete cases to deeply unravel the problems and to look for alternatives, such as the Cajamarca (Tolima), Santurbán (Santander) and La Serranía de San Lucas (Magdalena Medio) cases.

- Producing quality information and analyses: information must be produced to support a rigorous examination of various elements of mining and energy sector development and how it relates to problems involving the country's economic, social and environmental, development. These analyses should reflect the complex reality and be based on empirical data so that they may contribute to reflections that transcend the commonplace, and to alternatives or proposals for defining solutions that are realistic, viable, and inclusive.

- Analysing conflicts regarding the use and appropriation of common property and natural heritage. This includes the competition for access, as well as the negative impact on water sources, changes in the availability of common property, pollution, loss of biodiversity, and the deterioration of natural reserves. We recommend analysing concrete cases where there is evidence that these conflicts exist thanks to the new ways of expressing and narrating employed by those who resist. Some examples are the defence of the moorlands of Santurbán and El Almorzadero (Santander) and Pisba (Boyacá), and environmental conflicts in the Caribbean region, like Cesar and La Guajira regarding coal explotation, or even Marmato (Caldas).

- It is necessary to continue producing information that poses deep questions about the idea that re-primatization of the economy is a road that leads to well-being and development. Much research has been done concerning how royalties and exemptions are related to each other, but equally rigorous information is lacking about the employment that mining projects generate vs. the jobs that are lost or affected. Elements of environmental economics have been incorporated even less so to be able to evaluate the entire complexity of the projects and to establish their real profitability, including aspects such as environmental liabilities and differentiated valuation parameters.

Capacity building and supporting organisational processes - Company information: there is still a very wide range of research that needs to be addressed pertaining to the origin of their capital, their location or that of their subsidiaries in other countries of the continent, the strategies they follow to penetrate different territories, and how they co-opt and neutralise the leaders. When this information is adequately systematised, it will be possible to strengthen community political action.

? · One must continue empowering and enhancing the capacities of individuals and social organisations to allow them to negotiate among themselves, with the private sector, and with the State on equal footing, and to promote and construct inclusive, fair, and viable alternatives for the communities and for society in general. ? Heighten the degree of expertise through which NGO's can provide required support in areas where mining projects are being executed, thus articulating the existing fields of expertise to provide comprehensive support and advice. These fields include the environment, the legal, technical and social spheres, and political advocacy, among other ones. There is also a need to establish the criteria to decide which communities, organisations, networks, and platforms one will support, and how to do it, by differentiating their demands, contexts, actors, situations, and the processes they have gone through. Thus, a match can be made between this and what is being offered.

- One of the issues that needs to be analysed and evaluated involves Corporate Social Responsibility (CSR) programmes, because an urgent matter lies in debating their legitimacy and relevance, as well as the advantages and disadvantages of, for example, applying the EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, in Colombia, especially in terms of information. - Analysing social conflicts and HR and IHL violations related to mining and hydrocarbons processes. This should rely on consistent databases, such as the one maintained by CINEP/PPP,

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Summary ? Design educational, training, capacity building, and support

Empowerment and political advocacy in the legal sphere

processes that will allow the organisations to view the territory in a comprehensive manner. One must keep in mind various issues, as well as legal, economic, environmental, social, and cultural elements.

? Reviewing mining policy. The wager placed on development is based on the mining and energy sector, therefore necessitating a public debate on the issue. We recommend supporting the creation of spaces where debate can effectively be public and can influence national opinion. An example might be creating a national forum that includes the regional and national governments, civil society, and the business sector.

? Support technical and scientific matters when defining viable

economic alternatives; when dealing with cultural, environmental, and legal issues; when drafting and contributing to public policies; and when applying tools such as social mapping together with the people, and not only for them.

? Defending prior consultation. The Constitutional Court has granted prior consultation the status of a fundamental right. But the government wishes to forward a proposal to reform the Mining Code and to propose the Victims and Land Restitution Law (both with a marked emphasis on transnational investment and agro-industries), and has declared it a priority to regulate prior consultation, since investors have mentioned that they consider that right an obstacle for project development. This is why it is of utmost importance to protect this right and not let it be overcome by impotence.

? Make efforts that lead to communities that not only know their

rights, but also have access to the legal and technical support they need to face the violation of these rights by the mining sector. Empowerment and political advocacy when formulating public policies ? Strengthen participatory mechanisms that facilitate claiming rights.

? Supporting farming reserve areas. These so-called ZRC zones might lead to the consolidation of the farming economy by formalising land title deeds, creating collective ownership schemes, protecting the ground and water, and stopping and reversing extensive cattle raising and the destruction of the forests. That is, this may be a real option for the livelihood of rural populations.

? Establish mechanisms that lead to dialogue and consultation

among all the various actors involved, and that do not tend to favour the politically and economically established stronger classes. ? Lay down regulations that govern extractive companies within

the framework of national interests: social, environmental, and economic (in this order).

? Establishing the geographic and topographical borders of the moorlands. The Ministry of the Environment must still act on this and define territorial and land use that is allowed or prohibited in a certain region, so as to prevent unnecessary conflicts when granting mining concessions in protected areas or areas that are excluded due to environmental concerns. Furthermore, it is now necessary to request the government to not only limit itself to investigating the illegal granting of licenses in these and other protected zones, but also to take the necessary decisions to protect the moorlands as the law itself dictates.

? Apply a rigorous, comprehensive, and systemic environmental policy that includes a strong sense of responsibility for and the sustainability of the natural heritage for the present-day and future generations. ? Upscale actions to raise awareness about the dismantling of

institutionality and environmental legislation in order to attract FDI and facilitate mining exploration and exploitation. ? Harmonise policies that treat rural development, forestry regulations, pollution, water, and even the Victims and Land Restitution Law, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierra, with laws pertaining to mineral exploration, exploitation, and commercialisation.

? Resolving the legal status of many projects that are still in the

“transition scheme” due to their need to comply with environmental obligations (a scheme that started before the SINA environmental system was formed), since this situation has led to non-compliance by mining concessionaires and to no control being exercised by the environmental authorities.

? Raise awareness of the implications of dismantling state institutions that used to support national small- and mediumscale mining.

? Establishing who is granted licenses to the mines within

those areas that are, at present, large-scale mining concessions, but from at least a century ago, had been exploited by ethnic communities that even today have no title deeds.

? Raise awareness of the consequences of labelling informal and

ancestral mining as illegal.

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Summary on farming, indigenous, and Afro economies and, on the other hand, contribute to reviewing public policies and institutionality. These can be construed starting at the regional and local sphere with the participation of various social, economic, and institutional actors, without surpassing them as has been the case up to now.

Empowerment and political advocacy in international spheres One must consider various scenarios: the states and societies of the countries that are the consumers of raw resources procured through mining; South-South dialogue forums in which Brazil plays a very important role; social movements; and national and international spaces that must be consolidated to allow their actors, thus strengthened and prepared, to firmly present their proposals and exert pressure in their struggle against exclusive economic dynamics. In this sense, we recommend:

? The workgroups that are comprised of the communities and state institutions where these issues are discussed might soften the mistrust and move forward toward the transformation of conflicts. ? It is important to think of differentiated alternatives for gold and coal exploitation. One such dynamic includes the exploitation by large multinationals with substantial investments in Colombia, and another is the exploitation by traditional small- and mediumscale miners.

? Creating and/or strengthening meeting spaces. For example an annual international forum where companies, governments, and civil society from Latin America and the Caribbean participate to discuss subjects like the protection, use, and management of protected areas and natural resources like land, water and forests; the analysis of developmental models based on the extractive economy; territorial and land use regulations and new territorial configurations; and ownership, deeds, licensing, and use of the territories that belong to indigenous, Afro, and farming communities.

? We emphasise the need to support strategic alliances that are established to strengthen the struggles that aim at defending the territory.

Concerning small- and medium-scale mining

? Establishing strategic alliances to monitor the global impacts of

Even though any mining activity carried out outside State registries is, in principle, illegal, there are mines that have traditionally been owned by communities that extract minerals, mainly gold, following artisanal methods, and that cannot be considered as illegal per se. Therefore, these cannot be dispossessed by force under the authority of norms and regulations that have not taken into consideration their history, customs, and cultural values. These mines cannot be considered illegal and be treated in the same manner as the mines of colonists who forcefully occupy territories and dispossess their traditional owners, or of drug traffickers laundering money by buying gold mines.

the new trends in the extractive industries, and how these are related to development. Promoting dialogue among various actors In order for mining to be really responsible, efforts must be promoted and supervised by the State and society. However, it becomes difficult to meet this condition in view of the great asymmetry that exists among the various actors in economic, political, and information terms. Moreover, common mistrust is rampant, and there are serious setbacks in the degree of the companies' non-compliance with agreements, in the weak role played by the State, and in many cases its bias and even tendency to look the other way in order to favour business interests.

The sector of artisanal mining has by now gathered much knowledge on exploitation, but this must be enriched by applying new models. We recommend supporting efforts to make this activity a formal one, and trying to secure the support of the State in modernising it and ensuring its environmental sustainability and economic viability.

? Any type of development that rests on mining and places great emphasis on foreign investments entails a conceptualisation of the State and a kind of public institutionality where the local and regional spheres are at odds with national and global ones. This situation must be analysed if one is to correct any asymmetry and curb the mistrust that makes it impossible to engage in tripartite dialogue.

Defending women's rights ? Carry out work aimed at achieving an enhanced practice of social citizenship and at establishing a framework to rely on when asserting and claiming the rights recognised by the Constitution and any modification of these rights, all in permanent dialogue with the State. This requires information and knowledge of the problems being faced and what they imply, as well as the establishment of consensus and agreements within the population concerning its interests and the actions or procedures that should be followed to defend them.

? It is not enough to respond to the specific impacts of an extractive economy in the places where actual exploitation takes place. One must go further to influence and contribute to an understanding and transformation of the social, political, and economic configuration of the entire national territory. We recommend establishing and strengthening alliances that on one hand help construct rural development alternatives that are based

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Summary ? Women's access to land property: since the act of dispossessing

has been legitimised, it has left women to face a critical situation. This is why we recommend developing an intervention approach that strengthens their legitimacy and at the same time expands it, in order for them to reclaim land ownership. ? We recommend moving forward with processes that entail reclaiming food sovereignty, while emphasising that this is a traditional practice reserved for women and is thus part of their cultural heritage. ? Participation of women in decision making spaces, taking into

account the differences between farming, indigenous, and AfroColombian women. In general terms, the populations that have been affected by mining and energy projects (farming, Afro, and indigenous) have very low levels of knowledge of the regulatory framework surrounding peoples' right to self-determination. Women are at an especially disadvantageous position. ? We recommend developing a strategic working approach aimed at compensating this traditional inequality in information access, thus enhancing women's participation in decision making spaces and places where there is an ongoing debate on public affairs that affect them directly. ? When faced with economic insecurity, some rural women have

decided to engage in sexual work as an alternative for earning an income. Given that the traditional working options (in agriculture or artisanal mining) are disappearing as a result of large-scale mining, and that this new model also fails to offer alternatives to include them in the labour force, the young women's generations of today are forced to face the most serious risks. It is therefore an urgent matter to structure social and economic alternatives by paying special attention to these women in view of their vulnerable situation.

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Introducción

E

l presente documento, titulado Conflictividad en el sector minero-energético colombiano tiene el propósito de entregar a la organización Cordaid (Agencia de cooperación católica holandesa), elementos de análisis sobre la situación de conflictividad social y ambiental en el sector mencionado y recomendaciones acerca del quehacer en materia de incidencia para coadyuvar en la transformación y superación de esos conflictos. Responde a la solicitud que esta Agencia hace a sus copartes y socios en Colombia de hacer una mirada estructural y amplia del fenómeno minero en el país, en correspondencia con su programa Transformación de Conflictos y con el interés de hacer una cooperación pertinente y efectiva. La elaboración del documento fue un esfuerzo colectivo de varias organizaciones y personas conocedoras del tema.

Código Nacional de Recursos Naturales (decreto 2811) y al establecimiento en el mismo año de los contratos de asociación o joint-venture (decreto ley 2310) fue el desarrollo normativo de ese mismo espíritu progresista: la Nación se comprometía y se hacía cada vez más participe de la explotación de sus bienes naturales, a la vez que era más consciente de la necesidad de compatibilizar la relación de producción con los ciclos de renovación de la naturaleza, para encontrar un modelo de desarrollo sostenible, tal y como finalmente se recogió en las disposiciones superiores de la Constitución Política de Colombia emanada en 1991 (artículos 8, 79, 80, 332, 333, 334 y otros). A lo largo de toda la primera década del siglo XXI, la Nación se encuentra ante un panorama diferente, por iniciativas gubernamentales que han implicado reformas sustanciales a esa normatividad. En materia minero-energética se han reestructurado los modelos de contratación tanto en minería (ley 685 de 2001), como en hidrocarburos (decreto 1760 de 2003), buscando por esta vía dejar de incentivar a la nación a comprometerse con la explotación de sus minerales y por el contrario abriendo cada vez más un amplio espacio para la inversión minero-energética transnacional. Para ello, el gobierno ha fortalecido la política para generar modelos de contratación y normativas en materia de renta que generan estímulo a la inversión extranjera.

Con el fin de trazar las coordenadas para una intervención apropiada, este documento enfatiza en los problemas estratégicos del fenómeno minero desde la perspectiva de los conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales. Por una parte, la minería actualiza los conflictos social y armado que vive el país, en la medida en que se incrusta en la usurpación, el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra. De otro lado, también es estrecho el vínculo de la minería con las fuentes energéticas (fósiles, térmicas, hidráulicas), igualmente estratégicas para el desarrollo del país, y ello genera conflictos sociales, culturales y ambientales en los distintos territorios y regiones del país, de manera diferenciada.

Por otro lado, la normativa ambiental tuvo un curso progresista y con desarrollos normativos estableció figuras tan importantes como el Ministerio de Medio Ambiente y la exigencia de licencias ambientales para la explotación de recursos naturales (ley 99 de 1993), así como el establecimiento de un Procedimiento Sancionatorio en Materia Ambiental (ley 1333 de 2009).

El punto de partida es que Colombia ha basado en la explotación minera su crecimiento económico de los últimos 20 años y con más acento en la última década, decisión que está en contravía de un desarrollo humano y sustentable. Expresiones de esta pugna de orientaciones son los conflictos sociales y la persistencia del conflicto armado, basados en la reconfiguración territorial provocada por esta forma de economía. Los últimos diez años muestran que la minería está cobrando una relevancia inusitada, tanto en lo económico, como en lo político y social.

En tiempos más recientes, específicamente durante los tres últimos gobiernos, los dos periodos de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos que va por su segundo año, se presentan conflictos con esa tendencia anterior: su espíritu de estímulo y complacencia con la inversión privada transnacional discrepa con el arquetipo normativo ambiental que ha alcanzado la Nación colombiana y con las disposiciones que establece la Constitución al respecto. Las reformas a las concesiones mineras y de hidrocarburos vienen desregulando la normativa ambiental, contemplando el hecho de que los proyectos de inversión privada transnacional puedan eludir el requisito de operar bajo licencia ambiental en los periodos de exploración, prospección y sísmica; incluso, para la etapa de prospección no se requiere de ningún tipo de estudio ni de permiso ambiental.

La conflictividad exige un análisis que observe los actores en el conflicto y los intereses que se mueven alrededor de la minería y de los territorios. Exige también reconocer los alcances de las formas de resistencia social a la minería, las violaciones a los derechos humanos que se presentan en las zonas mineras y el momento que atraviesa el pulso entre la reconfiguración territorial y la defensa de los territorios. Uno de los aspectos relevantes es el desenvolvimiento que ha tenido la política minero-energética del país, los cambios y tendencias. En Colombia, las normativas que regulan los sectores minero-energético y ambiental avanzaron en forma paralela y progresiva desde los pasados años 70 hasta principios del siglo XXI. La tendencia consistía en armonizar los dos sectores entre sí. Lo que siguió a la expedición en 1974 del

En el mismo sentido, las nuevas normativas en materia de contratación han llegado aún más lejos en su afán de desregular el derecho ambiental colombiano, en aras de generar estímulos a la inversión privada transnacional. Además, se observa que las normas alimentan la evasión al procedimiento de consulta previa

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Introducción a las comunidades, que hace parte del bloque de constitucionalidad del derecho colombiano por vía de las obligaciones de Derecho Internacional que ha suscrito el país. En este punto fue cardinal la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional en el primer semestre de 2011 sobre la ley 1382 de 2010, modificatoria del Código de Minas, por cuanto la misma obvió este imperativo procedimental en su discusión y expedición.

ambiental en el sector minero-energético, el presente documento contiene los siguientes cinco capítulos: ? El primero entrega un marco de análisis político y económico de orden estructural en el que se puede explicar el modelo extractivista aplicado en Colombia; ? Se complementa con el segundo capítulo, que también entrega un

marco, pero en términos de la constitucionalidad y la legislación que operan en el caso de la minería y la energía, y algunos aspectos de la institucionalidad relacionada con esos dos componentes del modelo extractivista.

Lo que ocurre en Colombia en el terreno de la minería y de la energía hace parte de un modelo internacional que asigna a los países del llamado Tercer Mundo la misión de proveer materias primas, mientras que los otros se dedican a la producción, a la industrialización, a la investigación, a la creación de valor agregado, a la generación de nuevas tecnologías.

? El tercer capítulo muestra la situación minera actual, especialmente con respecto a las titulaciones y solicitudes de títulos mineros y a la relación con su localización en el territorio, así como la definición oficial de los proyectos más importantes en minería.

Aunque a mediados del siglo pasado, en América Latina se hicieron esfuerzos por transformar este modelo, con el neoliberalismo, volvió la reprimarización, agravándose en los últimos años, ahora con marcado acento en la extracción de todos los bienes de la naturaleza.

? El cuarto capítulo expone elementos de la conflictividad socioambiental que desata la situación minera y el carácter territorial de esa conflictividad. Se presentan resúmenes de cinco casos de conflictos territoriales (en Puerto Gaitán, por explotación del petróleo; en Segovia, Marmato, el páramo de Santurbán y Suárez, por explotación de oro) que permiten extraer elementos de caracterización de lo que ocurre en los territorios y de las respuestas sociales a esos conflictos; de la diversidad de la conflictividad, que depende de las especificidades de las regiones o los territorios, de los contextos institucionales y de la historia regional e impactos diferenciados de la minería. En anexo se presentan los estudios de caso de manera más extensa.

En general, puede estimarse que los resultados de la explotación de recursos minerales están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones políticas, ambientales, sociales y económicas particulares en que intervienen en los procesos. Nos planteamos, entonces, una serie de interrogantes: ¿cuál es el impacto que la minería tiene en la economía colombiana? ¿Qué implicaciones tiene en la economía en general y en las regiones? ¿Cómo se insertan los problemas regionales en las políticas macroeconómicas? ¿Qué relación hay entre movilización social, violación de derechos humanos y DIH y el incremento de recursos para el sector minero-energético?

? Finalmente, el capítulo quinto examina de conjunto la conflictividad a partir de la presentación de los casos y elabora algunos puntos centrales que denominan reflexiones finales y presenta recomendaciones estratégicas de incidencia a la entidad que solicita este estudio.

Dado que el presente documento expone de manera general la problemática expuesta, propone como reto posterior, trabajar una serie de hipótesis que necesitan ser exploradas con rigurosidad, y de las cuales el presente texto da algunas pistas sin pretender agotar el tema. Estas hipótesis se resumen de la siguiente manera: la forma de inserción de las multinacionales, específicamente las mineras, produce una reconfiguración de territorios contraria y adversa a las vida de las comunidades y de las poblaciones en las que ellas se insertan. Ello desencadena conflictos sociales y ambientales que tienen una dimensión territorial y que van determinando decisiones en términos de la economía y la construcción institucional, específicamente a partir de las luchas sociales y los casos de violencia política social. Las expresiones de esas luchas en cuanto resistencias tienen diversos alcances según los grados de desarrollo, según los efectos para actuar a favor de un desarrollo humano y sostenible y según los retos de la sociedad, de las comunidades y de los territorios en conjunto para conseguir un estatus de incidencia en el contexto nacional. De cara a organizar una mirada global y sistemática del tema minero-energético del país, y tomando como eje el análisis sobre la situación de conflictividad social, política, económica y

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CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible

E

l Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 da la mayor prioridad al sector minero-energético. Esta decisión del gobierno implica el gran riesgo de que el crecimiento económico basado en la minería vaya en contravía de un desarrollo humano y sostenible.

De acuerdo con estos lineamientos de política se eliminó la licencia ambiental en la fase exploratoria (en el caso de la minería), y en las actividades de sísmica (en el del petróleo). La magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería, así como los beneficios tributarios que recibe esa actividad, reflejan privilegios muy especiales, que contrastan con el comportamiento de la autoridad ambiental, encargada de asegurar el cumplimiento de las normas de regulación (Rudas, 2011: 4). Hay mayores exenciones desde el 1 de enero de 2011, resultado de la reforma tributaria de diciembre 29 de 2010 (Idárraga, 2011: 9-11). Durante el gobierno de Uribe, el área titulada para minería creció de manera exponencial; de 1,1 millones de hectáreas tituladas en 2001, se pasó a 8,4 millones de hectáreas autorizadas para hacer exploración minera a diciembre de 2010 (Rudas, 2011: 3; Andrade, 2011: 1), casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas (4.9 millones de hectáreas). Según el economista Guillermo Rudas, entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889, es decir, casi 157 por año, y para el periodo 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados, casi 984 anuales. A mayo de 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, y, como indica Rudas, independientemente de los resultados, ello representa un importante crecimiento del interés por adelantar actividades mineras en Colombia.

El PND 2010 – 2014 asigna el 87,14% de la inversión o rubro de crecimiento y competitividad a lo que denomina como las 5 locomotoras de la prosperidad democrática: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. El 44% es para la minería y siguen en importancia vivienda (24.92%) e infraestructura de transporte (15,92%) y figuran con una inversión marginal agricultura (2.2%) y nuevos sectores basados en la innovación (0.10%). El porcentaje restante de dicho rubro corresponde a la innovación para la prosperidad (4.22%) y a competitividad y crecimiento de la productividad (8.64%). El PND estima que en los próximos cuatro años las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos por año (en 2010, el crecimiento fue de 4.2%), reducirán la pobreza en cerca de 1,2 por ciento/año (actualmente en 46%) y la indigencia en el 1,0 por ciento (actualmente en 18%), y disminuirán la tasa de desempleo en 2.6 puntos básicos por año (12% en 2010) (Sarmiento, 2011a: 23). Así que al revisar el Plan PND 2010-2014 surge una pregunta: ¿cuál es la prosperidad democrática de que habla el gobierno y para quién es?

El sector agropecuario e industrial participaban con el 43.3% del PIB en 1991, actualmente han reducido su importancia al 21.6%. En contraste, los ganadores en estos últimos años son la minería, el sector financiero y comercial. El sector minero viene creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior al 11% (Sarmiento, 2011b: 21). Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se diseñó una política de impulso a la minería, establecida en el Plan Minero-Energético Visión 2019, que proyecta a Colombia como un país minero20.

Esta dinámica económica subyace a un modelo de desarrollo cuyas bases se consolidaron en los años setenta, cuando en Colombia se imponen los ejes estratégicos para un nuevo régimen de acumulación y expansión del capital: 1) financiarización de la economía, 2) control de las transnacionales sobre la riqueza, el patrimonio nacional y la naturaleza, mediante la alianza estratégica de las élites locales con el capital extranjero; 3) reprimarización de la economía, fundamentada en el extractivismo de materias primas de los bienes y los servicios de la naturaleza; 5) afianzamiento de la agricultura de plantación; 6) debilitamiento de la agricultura campesina y aniquilamiento de la población rural; 7) implantación de normas que legalizan el despojo de territorios medios violentos; 8) legislación favorable a la expropiación de las comunidades, de sus territorios y bosques; 9) reformas laborales conducentes a la sobreexplotación de la mano de obra; 10) reconstrucción social del territorio bajo un modelo hegemónico (Sarmiento, 2010: p. 5).

El Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley minera de 2001, las cuales permiten definirlo como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva en forma eficaz y contundente la inversión privada, una postura que es recogida en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario (PND, 2011: 16).

Muchos sectores de la sociedad han denunciado ya las implicaciones de la política minera. Las concesiones mineras afectan más de 600 mil hectáreas de propiedad colectiva indígena y las nuevas solicitudes, otros 3,5 millones de hectáreas de resguardos (Rudas, 2011). Las metas para el año 2019 son duplicar la explotación de carbón, multiplicar por cuatro la de oro y triplicar el área de contratos mineros. Así que, las consecuencias sociales de la explotación minera en el país son de grandes magnitudes. Por una parte, el desplazamiento forzado se

El énfasis en el sector minero-energético no es sólo cuestión de esta década y el gobierno lo afirma: “la economía colombiana ha sido poco innovadora: la canasta de exportaciones de hoy no es muy diferente a la que teníamos hace dos décadas, con la diferencia de que nuestra dependencia de los recursos mineroenergéticos es cada vez mayor” (DNP 2010, p. 12).

20. Sobre este Plan 2019 se hablará en el punto 2 de este documento.

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CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible

encuentra asociado directamente con la implementación de este modelo en los territorios de comunidades agrarias, mestizas, indígenas y afrocolombianas. En todos estos casos no se han implementado mecanismos adecuados de consulta y mucho menos de consentimiento, en conformidad con el Derecho Internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por otra parte, la presión de grandes empresas sobre las tierras y territorios va en aumento mediante el impulso de la minería a gran escala, el desarrollo agrícola basado en monocultivos agroindustriales de materias primas y agrocombustibles y la construcción de megaproyectos que facilitan el desarrollo de esta economía extractiva. Esta política de crecimiento económico promoverá para el próximo decenio disputas por los territorios Y causará nuevas olas de desplazamiento de las comunidades que se asientan en ellos, nuevos conflictos y más violencia.

En la década que está comenzando, se profundizará el modelo de desarrollo colombiano. Según la agenda interna 2019, los sectores seleccionados para el desarrollo económico son: mineroenergético, biocombustibles, petroquímico, gestión ambiental, agro-pesquero y acuícola, agroindustrial y agropecuario, forestal, turístico, software y telecomunicaciones, logística y puertos. Los cambios en la estructura económica y los sectores de mayor dinamismo (explotación de minas y canteras, unido a la construcción pública) así lo reflejan. Existe una serie de estudios que plantean que una economía basada en la explotación de los recursos naturales no necesariamente conduce al crecimiento económico ni al bienestar. El Banco Mundial señala que la producción de bienes primarios tiene efectos adversos en el bienestar económico y las instituciones de un país: Cada vez se reduce la calidad de la inversión y los servicios públicos y, de esa manera, limita el potencial de crecimiento. Señalan los estudios que las tasas de explotación de los recursos naturales son insostenibles a mediano y largo plazo y generan grandes costos ambientales y sociales, tal como sucede en Colombia y en otros países de América Latina y El Caribe (Sinnott, Nash, de la Torre, 2010: 47).

Tres aspectos ayudan a comprender las implicaciones de este modelo de acumulación: en primer lugar, la reprimarización de la economía, la IED y el protagonismo de las trasnacionales. En síntesis, su relación es como sigue: la reprimarización, si bien ha sido una dinámica de la economía en el país, en esta fase del desarrollo está acompañada de un gran impulso a la inversión extranjera directa y las trasnacionales señalan el desplazamiento de acciones propias del Estado hacia empresas multinacionales.

La precaria intervención del Estado en el ordenamiento del territorio se pone en evidencia en la inexistencia de criterios claros y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las denominadas locomotoras de la prosperidad. Rudas señala al respecto que “poco se ha hecho (1) para regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agrocombustibles; (2) para organizar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas; (3) para desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, (4) para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería” (Rudas, 2011: 2).

1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo rural y la conservación ambiental Como se vio, el PND reconoce que la economía colombiana no se ha industrializado y que, por el contrario, continúa dependiendo de la extracción de bienes primarios. En este aspecto, la estructura productiva continúa su proceso de reprimarización. En el PND no hay claridad sobre la forma en que la locomotora mineroenergética evitará que continúe el proceso de reprimarización (González J. I., 2010). No hay tampoco propuestas que permitan encadenar la actividad extractiva a la creación de valor agregado. Y tal vez la mayor dificultad radique en la coordinación de la locomotora minero-energética con la locomotora que hala el desarrollo rural. Los títulos mineros otorgados definen una distribución de los usos del suelo que riñe con las prioridades agrícolas y ambientales.

Los impactos sobre el medio ambiente son desastrosos. Los movimientos ambientalistas y regionales han denunciado la proliferación de títulos en zonas de páramo. En 2010 había registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de dichos ecosistemas, cerca del 6,3% del total del área de páramos del territorio nacional distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Igual sucede con las reservas forestales establecidas por la ley 2ª de 1959, pues de las 51,5 millones de hectáreas que ellas abarcan, cerca de 1 millón 300 mil se encuentran con títulos mineros. Al respecto, la ley prohíbe todo tipo de minería en los páramos, pero deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva forestal y a la minería a cielo abierto en territorios colectivos (Andrade, 2011 y Calle, 2011).

La reprimarización trae sobre sus hombros capitales, especialmente externos, y la minería y los hidrocarburos concentran la mayor tajada de la creciente inversión extranjera directa. Implica también una mayor intensidad en la explotación de los recursos naturales. En la actualidad, las concesiones mineras se llevan a cabo en las zonas de mayor fragilidad ecosistémica: páramos, parques naturales, fuentes hídricas superficiales y subterráneas, zonas de reserva.

En relación con la generación de empleo, los sectores con mayor productividad, no son precisamente los que más generan trabajo. Estos dos sectores son el minero y el financiero, pero el número

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CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible

de trabajadores contratados es relativamente bajo. En la exposición que hace el PND de las características de la locomotora minera no se explica cómo se logrará que el sector mejore la creación de valor y, al mismo tiempo, incentive el empleo. Las investigaciones señalan que mientras el PIB minero crece un 68.2% entre 2002 y 2008, el número de trabajadores en el sector desciende de 276.100 a 149.100.

cielo abierto. En un evento reciente en Panamá, el historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert21 denunció los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales y cómo las crecientes actividades mineras se han convertido en una amenaza ambiental en América Latina. Según el historiador, para el caso de Canadá, hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica y hoy existen más de 1.500 empresas mineras canadienses que operan en todo los continentes, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y América Latina.

1.2 IED en América Latina y El Caribe La expansión de la explotación minera en Colombia y el hecho de que en el país la minería y los hidrocarburos concentren la mayor tajada de la creciente inversión extranjera directa hay que explicarlos en el contexto global y de América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la Inversión Extranjera Directa (IED) en estas dos regiones de América aumentó 54% en el primer semestre de 2011 en relación con el mismo período de 2010. En el primer semestre de 2010, los países de América Latina y El Caribe recibieron 53.751 millones de dólares en IED, mientras que durante el mismo periodo de 2011, la región contabilizó 82.652 millones de dólares de IED (Cepal, mayo 2011).

1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en Colombia La mayor IED impulsa el auge de la exploración y explotación minera y petrolera en Colombia. Este auge de la minería se debe a la convergencia de varios factores: la política de confianza inversionista que garantizó las condiciones de seguridad para la explotación minera; su potencial mineral que, según los analistas, se sostiene en una topografía aún no explorada en gran parte y en un gobierno que fomenta la minería y las inversiones privadas extranjeras. Ya desde la pasada década del 90, la crisis de la deuda externa obligó a nivel global a los países a reactivar la minería. En lo que va de esta década (hasta el primer semestre de 2011) Colombia ha recibido una inversión extranjera de 35.170 millones de dólares. (Veáse gráfica 1)

Pero el incremento de IED hay que entenderlo, según la Cepal (Comisión Eonómica para América Latina y El Caribe), en el marco de la crisis de deuda soberana en los países europeos, el dilema fiscal de Estados Unidos y la volatilidad financiera global. La situación internacional pone "cierta cuota de incertidumbre sobre el financiamiento de las empresas transnacionales y sus futuros planes de inversión, así como sobre el comportamiento económico de la región", señaló la Comisión. La Cepal atribuye el incremento de los flujos a la "estabilidad y dinamismo económico de la mayoría de los países" de la región y a "los altos precios de las materias primas, que continúan incentivando la inversión en minería e hidrocarburos". Encabezaron el aumento Colombia, Brasil y Venezuela, así como los países de América Central, mientras que Argentina, Chile, México y Paraguay muestran una moderada reducción en sus entradas. Colombia, por ejemplo, recibió inversiones -sobre todo en hidrocarburos y minería-- por 7.008 millones de dólares, 91% más que en el primer semestre de 2010, e incluso por sobre el total de la inversión de 2010. Brasil, en tanto, alcanzó 44.000 millones de dólares de IED entre enero y agosto, una cifra 157% mayor a la registrada en 2010, basada en "nuevos aportes de capital", así como "un fuerte aumento de los préstamos entre compañías" (Cepal, mayo 2011).

Esto quiere decir que a menos de la mitad del tiempo de trascurrido su gobierno, la administración de Juan Manuel Santos ya lleva más del 50% del terreno ganado para alcanzar la meta y cifra récord de IED de 2011 que, como lo ha venido diciendo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se espera que sea de US$12.000 millones (Colprensa, 2011).

Hay múltiples asociaciones y organizaciones sociales y ambientalistas mundiales que están denunciando los impactos y efectos de la minería, no solamente de los hidrocarburos, sino de la minería a

Sin embargo, resulta preocupante que la concentración de la IED en el sector minero-energético vaya en detrimento de otros sectores de la economía como la industria manufacturera que,

Según el último reporte de la Inversión Extranjera Directa en Colombia, correspondiente al primer semestre de 2011, entre enero y junio del presente año la cifra por este concepto ascendió a US$7.008 millones, lo que representa US$3.347 millones más que la registrada en el mismo período de 2010, cuando ingresaron al país flujos de capital por US$3.661 millones. Es decir, la IED creció un 91% en el último año. Dentro de ese total, las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 63% (US$4.471 millones) en el primer semestre de 2010 a 64% en el mismo periodo de 2011. En millones de dólares, el sector petrolero pasó de US$1.326 millones a US$2.826, mientras que el de minas y canteras tuvo US$1.645 en 2011, en comparación con los US$980 de 201022.

21. Studnicki-Gizbert, ganador del Premio Leopold Hidy Award 2011, otorgado por The Forest History Society for Enviromental History, disertó sobre los conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales. En http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminanamerica-latina, recuperado: 26 de octubre de 2011. 22. Informe semestral de Proexport, sobre la base de las cifras del Banco de la República. Se puede consultar en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion% 20I%20SEM%202011.pdf

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CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible

GRÁFICA 1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2002-2010 6000

Petroleo, ´ minas y canteras

5000

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

4000

Manufactureras Electricidad gas y agua

3000 Construcción

2000 Comercio, restaurantes y hoteles.

1000

Transportes, almacenamientos y comunicaciones Establecimientos financieros

0 2002 -1000

2003 pr

2004 pr

2005 p

2006 p

2007 p

2008 p

2009 p

2010 p

Otros

-2000

Fuente: Banco de La República, Subgerencia de Estudios Económicos. Elaboración: Cinep/ PPP

como señala el informe del Banco de la República, mostró una caída en la IED para el segundo trimestre del año. Esta pasó de US$236 millones en el segundo trimestre de 2010 a US$87 millones en 2011 (Colprensa, 2011). En términos porcentuales, enfatiza Amilkar Acosta que el sector industrial sólo creció un 2 por ciento frente al 7,4 del mismo período de 2010 (Acosta: 2011)23. De su informe también se desprende que otro sector afectado es la agricultura. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) considera que para el año completo la tasa para el sector agrícola será de apenas de 3.5 por ciento.

por cumplir por parte del capital extranjero para su ingreso, permanencia y salida del país. A partir de 2005, la minería colombiana experimenta el crecimiento más alto de toda su historia. El crecimiento del PIB minero en este período fue en promedio 12%, muy por encima del crecimiento promedio del país. El régimen político y económico se ha blindado desde el punto de vista jurídico con varias medidas: abolición de la norma constitucional de regulación de control del capital extranjero por parte del Estado, ley 9 de 1991, que eliminó el control de capitales y liberó la inversión extranjera; reformas laborales (leyes 50/1990 y 789/2002) que flexibilizaron la contratación laboral y eliminaron derechos históricos de los trabajadores; leyes 100 de 1993 y 142 de 1994, que abren el sector social al control y beneficios del capital privado (educación, salud y servicios públicos domiciliarios); la Ley Forestal (ley 1021/2006), que abrió el territorio y la biodiversidad a los intereses de las empresas transnacionales, Código Minero (ley 685 de 2001), que entrega los recursos del subsuelo colombiano a las multinacionales y penaliza la minería informal, que en Colombia representa hasta un 80% de la producción y criminaliza a los pequeños mineros que no se legalicen en un tiempo determinado (Sarmiento, 2010).

1.4 Colombia: territorio de transnacionales Hoy operan alrededor de 800 compañías multinacionales en el país. De ellas, unas cien se establecieron a partir de 2007. Por otra parte, más de la mitad de las 100 principales empresas colombianas cuenta con capital extranjero. Durante los últimos 20 años, compañías privadas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tomaron el control de una parte importante del territorio colombiano y de sus recursos. A partir de 1990 se torna irreversible, en un proceso que aún no termina y ahora menos, con la firma del Tratado de Libre Comercio. La inversión extranjera se valió de sustanciales reformas a la legislación que eliminaron prácticamente todas las condiciones y gravámenes

23. Amilkar Acosta, Agosto de 2011, La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba, http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2283-la-economia-en-elprimer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

E

n Colombia, el concepto de planeación a largo plazo en materia de políticas públicas apenas empieza a cuajar y a asumirse con seriedad. La distinción entre los conceptos de política de Estado y política de gobierno24 fue irrelevante en el debate nacional durante todo el siglo pasado y solo en 2002 se estructura la primera propuesta de política de Estado, recogida en el documento oficial Visión Colombia 2019.

(Agencia Nacional de Hidrocarburos) y la Agencia Nacional de Minería -ANM-, y a través de las leyes que se emiten en el Congreso, participando así también la rama legislativa en proceso de institucionalización y ejecución de las políticas públicas. 2.3 El documento Visión Colombia 2019 La energía en su más amplio sentido es el impulso vital que pone en movimiento los sueños y empresas de nuestra especie. El desarrollo económico de cualquier nación en el mundo actual implica una fuerte y competitiva infraestructura en este campo. El documento Visión Colombia 2019 o Plan 2019 dedicó un aparte al sector minero-energético, el más importante y que representa hoy las mayores exportaciones.

Visión Colombia 2019 planifica en la perspectiva de unos 20 años el Estado colombiano en sus aspectos más estratégicos y esenciales; contempla un apartado referido al sector mineroenergético y establece los derroteros de acción sobre cuya base han actuado los gobiernos desde su proposición. Ese apartado recoge los elementos analíticos del debate que han estructurado las instituciones de planeación y ejecución de políticas públicas del sector.

2.3.1 Metas generales del Plan 2019 El Plan 2019 se plantea cuatro grandes objetivos, de carácter amplio, que consisten en consolidar:

2.1 Planeación En materia de planeación, el Estado colombiano ha diseñado todo un arquetipo institucional que se coordina en el ámbito nacional y general en el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y en el sectorial, en el Ministerio de Minas y Energía, que se apoyaba en el trabajo técnico de Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) y la Upme (Unidad de Planeación Minero-Energética).

? Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. ? Una sociedad más igualitaria y solidaria. ? Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. ? Un Estado al servicio de los ciudadanos.

El funcionamiento de estos entes iniciaba con los estudios técnicos adelantados por Ingeominas (hoy corresponderían al Servicio Geológico Colombiano) y la Upme, insumos técnicos que la Upme se encarga de centralizar para emitir documentos oficiales denominados como Planes, los cuales se formulan ya bien como Planes de Referencia por sector (minas, hidrocarburos y energía eléctrica) o, a través del plan general del sector que se denomina Plan Energético Nacional, del cual el más reciente comprende el periodo de 2006 a 2025. Sobre la base de los estudios técnicos, el Ministerio de Minas y Energía recoge los elementos esenciales del debate, que habrán de exponerse ante el Conpes y los demás ministerios y entes administrativos del orden nacional como DNP (Departamento Nacional de Planeación). El Conpes delibera y toma decisiones que se trazan como hojas de ruta en los Documentos Conpes, a partir de los cuales se inicia un proceso de ejecución de la política que implica su institucionalización.

Sin embargo, su materialización se deshace en políticas ineficientes y precarias, carentes de visión estratégica mundial, reproductoras de un modelo ineficaz para materializar el desarrollo capitalista, el crecimiento económico y menos aún igualdad social, bienestar colectivo y valores solidarios. Tal vez esto obedezca a que, aunque en términos generales, el Plan 2019 pretende convertir la política actual de gobierno en una política de Estado, esa política no se desprende de una planeación estratégica que atienda las necesidades internas ni los intereses nacionales, sino de la profundización de un modelo de desarrollo extractivista, que privilegia las demandas de los llamados aliados estratégicos internacionales. Es decir, que la economía colombiana se ha caracterizado por su falta de planeación a largo plazo y tal vez la principal limitación de este tardío esfuerzo por construir derroteros de largo aliento sea el hecho de que se pretende superar la ausencia de planeación previa, convirtiendo en política a largo plazo el desorden fruto de dos siglos sin planeación.

2.2 Ejecución

2.3.2. Desarrollo industrial

Una vez se adelanta el trabajo previo de estudios técnicos y planeación, la ejecución de lo proyectado en los Documentos Conpes se desarrolla a través de las instituciones de la rama administrativa del Estado colombiano en el orden nacional y local, ya sea a través de Decretos del gobierno, Resoluciones de los Ministerios, de Ingeominas (hoy SGC), de Acuerdos en los casos de la Unidades Administrativas Especiales como la ANH

El Plan 2019 acierta al comprender que el crecimiento económico depende del desarrollo productivo del sector real de la economía, es decir, el sector industrial; sin embargo, la propuesta no es clara con respecto de la forma en la que se alcanza un nivel competitivo de la industria: el texto señala que “para 2019 Colombia deberá contar con una estructura productiva que incorpore y aproveche plenamente –además del capital y el trabajo– recursos como la tierra, los mares,

24. Se entiende como política de gobierno la planeación que un gobierno particular desarrolla para el ejercicio de su periodo en el cargo; por otro lado, se entiende como política de Estado, la planeación estratégica de largo plazo que responde más a un proyecto nacional que al proyecto de un gobierno específico, y que por tanto desborda los periodos de los gobierno en su ejecución.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

la biodiversidad, el paisaje y la localización geográfica. Para hacer esto posible, el país deberá estar integrado al mundo, pues el mercado interno es demasiado pequeño para absorber el potencial de producción agropecuaria, minera, manufacturera, de servicios y de talento humano”25. Este elemento ayuda a entender por qué se propone como única alternativa de contratación en materia de minas e hidrocarburos, el contrato de concesión y por qué de las reformas que llevan a la Nación a reducir su participación en la renta de estos sectores, especialmente en la reforma al régimen de regalías.

Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos); y en gas natural, consolidar la política de libertad de e x p o r t a c i o n e s . Ta n t o o m á s i m p o r t a n t e , Colombia deberá hacer un enorme esfuerzo en el conocimiento del subsuelo. Hoy en día sólo se conoce alrededor de una cuarta parte del subsuelo, razón por la cual una de las prioridades en los próximos años será llegar a un cubrimiento de 75% del territorio con exploración geológica”27. En materia de contratación petrolera, la política de privatización ha sido consecuente, con el decreto 1760 emitido por el gobierno. Igual, en minería, la privatización ha sido la regla aplicada: además de haberse suprimido la operación de la industria nacional en el sector, se compaginan los estímulos contenidos en el Código de Minas de 2001 y en las reformas a las regalías con la política de estímulos a la inversión privada, en la que es cardinal la reducción de la participación del Estado en la renta del sector. Al respecto, el documento de planeación Visión Colombia 2019 señala que “en el sector de la minería, Colombia deberá mantenerse durante los próximos años entre los cinco países de Latinoamérica destino de las inversiones del mundo y duplicar la producción minera”28.

2.3.3. Minas y energía Aunque el Plan advierte el riesgo de continuar la política de absorción del potencial minero-energético en Colombia por el capital extranjero, la realidad es que esta ruta es la que está siguiendo la política minera del país. Desde los años 20, Colombia nunca hizo un análisis a largo plazo, entregó el oro a la Pato Gold Mine y demás empresas mineras que operaron en suelo colombiano; el café nunca costó más que el oro y la pérdida que conllevó a la incapacidad por desistimiento de forjar una industria que explotara ambos potenciales, generó un atraso de cientos de años al desarrollo nacional colombiano. El documento Visión Colombia 2019 plantea que el potencial de los recursos minero-energéticos en Colombia es gigantesco y que el país debe “posicionarse como un clúster regional energético”26. Sobre este punto es clara la necesidad que se tiene de aumentar la capacidad de generación de electricidad; sin embargo, no se detiene en el problema del agua y la importancia de este recurso en Colombia para la generación de electricidad a bajo costo y sin la intermediación de energías primarias como el carbón y los hidrocarburos en termoeléctricas.

Aunque la capacidad de generación de energía eléctrica ha venido aumentando en Colombia con proyectos como los de Urrá y se espera crecer con los proyectos Hidrosogamoso, Pescadero Ituango, entre otros, los impactos ambientales han generado los problemas de sostenibilidad que ya se han mencionado. La actual política minero-energética en Colombia resume sus reformas en dos hitos: el primero, la transformación en los regímenes de contratación en materia de minería e hidrocarburos, en los que se establece como única alternativa de contratación el modelo de contrato de concesión; y, el segundo, en materia de participación nacional en la renta del sector, destacándose elementos como la nula participación de la industria nacional en el caso de la minería y la evidente reducción de participación de Ecopetrol en el nuevo contrato de hidrocarburos, también así elementos como la reducción de las regalías en el caso de los hidrocarburos y la arbitraria flexibilización de las regalías en el caso de la minería, las cuales fluctúan por mineral y llegan a la situación absurda de que elementos como la sal pagan una regalía del 12%, mientras que la del oro y la plata apenas alcanzan el 4%.

Por otro lado, no es posible garantizar un abastecimiento a largo plazo sin una fuerte conservación de los recursos. Además, el dominio de los ríos permite que una élite tenga el control del agua y reordene el territorio en función de sus intereses restringiendo y condicionando el acceso de las aguas hacia otros grupos sociales. De esta forma, en el momento que los ríos dejan de fluir libremente, se restringe el derecho de usarlos para otro tipo de actividades. Preocupa que varios de los proyectos hidroeléctricos están hoy en empresas privadas de capital internacional (caso El Quimbo y la Empresa Generadora de Energía S.A., Emgesa) y otros están en manos de empresas mixtas que se muestran como nacionales (caso Empresas Públicas de Medellín, EPM - Isagén en el que alrededor del 30% de su capital ya es privado).

2.4. Contratación Uno de los grandes hitos de reestructuración de la política minero-energética de los albores del siglo XXI tiene que ver con el tema de la contratación, tanto en el sector minero, como en el de hidrocarburos.

“En el área de hidrocarburos y sus derivados, dice el documento, se deberá continuar con la vinculación de capital privado a los proyectos de inversión de

25. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 25. 26. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40. 27. Ibídem. 28. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

La ley dispone como modelo de contratación el de la concesión y establece la prospección como una actividad libre que el concesionario adelanta a cuenta y riesgo y por esta vía desregula el derecho ambiental colombiano, pues eso implica que esta etapa de la exploración ocurre sin necesidad de licencias ni de ningún tipo de permiso ambiental. Por lo tanto, tampoco existe durante esa etapa ninguna compensación para el Estado31.

2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a concesión La ley 790 de 2002, expedida por el poder legislativo, confirió poderes especiales al ejecutivo para reestructurar la administración pública en el país. Sobre la base de estas facultades extraordinarias, el ejecutivo expidió el decreto 1760 de 2003, que escinde de Ecopetrol las funciones administrativas de los contratos y de las regalías de hidrocarburos en Colombia y crea, para asumirlas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.

Lo anterior ha sido un importante generador de conflictos, pues las comunidades carecen de herramientas legales para oponerse a la llegada de cualquier empresa o particular a sus territorios si no tiene autorización para buscar minerales. Con esa ausencia de control y de participación estatal, es contradictorio que la actividad minera se considere "en todas sus ramas y fases" de utilidad pública e interés social (artículo 13 del Código de Minas), pero eso explica que haya vía libre a expropiaciones y otros beneficios para los particulares interesados en buscar o explotar.

A partir de esas disposiciones se crean las condiciones para transitar de un régimen de contratos por asociación, que rigieron en Colombia desde 1974, al de contratos conocidos como de concesión moderna. Estos pueden adjudicar el 100% de la operación al capital privado transnacional y además contemplan que esas concesiones se adjudiquen a perpetuidad, es decir, hasta el agotamiento comercial del pozo. Por eso, no existirá reversión de ninguno de ellos a la Nación.

El cuadro 1 presenta una síntesis de los principales pasos y requisitos normativos que actualmente se deben cumplir para establecer establecer una explotación minera en Colombia.

Recientemente, un escándalo de corrupción ha sacudido a la ANH por los resultados de una auditoría que adelantó la Contraloría General de la Nación, que incluso desencadenó la renuncia de quien fuera su director durante ocho años, Armando Zamora, cuyos resultados indican inconsistencias en el manejo de 1,24 billones de pesos29.

En el Código también se ha revelado otro elemento conflictivo pues eleva los niveles de formalidad en la explotación de minerales, al tiempo que desconoce los proyectos de pequeña minería tradicional, contemplados en el anterior código. Al no incluirse en la normativa de 2001, corren el riesgo de ser ilegalizados y desplazados por proyectos de inversión de capital privado transnacional. Los últimos gobiernos han cerrado las posibilidades de apoyo técnico y económico a la pequeña minería, han achicado las puertas de la formalización y concentrado sus esfuerzos en señalar las ventajas de la gran minería frente a la pequeña, a la que le quedan pocas o ninguna posibilidad de adaptarse para hacerle frente a las nuevas políticas y legislaciones.

2.4.2. Contratación minera La privatización del sector minero está más avanzada que la de los hidrocarburos. En Colombia, las operaciones de minería son exclusivamente de capital privado y sólo existe para el sector el modelo de contratación por concesión, pues ni siquiera se cuenta con una empresa nacional que contribuya a la participación del Estado en la renta del sector. A comienzos de la década se liquidó la empresa nacional Minercol.

Las ventajas para la gran minería y la IED en el sector tienden a profundizarse. El gobierno nacional hizo aprobar una nueva reforma en 2010 (ley 1382), cuyo contenido restringe aún más las posibilidades de desarrollar una industria minera nacional, principalmente de mediana o pequeña escala. Funcionarios del Ministerio de Ambiente hicieron explícitas algunas restricciones a la actividad extractiva a partir de argumentos ambientales (como la prohibición de adelantar esta actividad en páramos, Parques Naturales o humedales Ramsar), su propósito era profundizar las prerrogativas para el capital privado de carácter transnacional y poner aún más talanqueras a la formalización de los mineros artesanales, los pequeños y los medianos.

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía regula la actividad minera y desde el año 2004 nombró al Ingeominas como Autoridad Minera. Dicha actividad se rige por el Código de Minas o ley 685 de 200130, que ha significado una reforma sustancial en materia de minería en el país. Esa ley reglamenta las relaciones entre los particulares y el Estado para el desarrollo de las diferentes actividades que comprende la minería como son, prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de la riqueza del subsuelo. El Código define los títulos mineros, a saber, licencias de exploración y licencias de explotación, concesiones y aportes.

29. Portafolio. “Inconsistencias financieras de la ANH suman $1,24 billones”. Septiembre 16 de 2011. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/inconsistencias-financieras-la-anh-suman124-billones 30. En febrero de 2010 se promulgó la ley 1382 que modificaba el Código de Minas; la Corte Constitucional la declaró inexequible en mayo de 2011 por no haber cumplido con el requisito de consulta previa para su expedición. Sin embargo, la Corte dejó vigentes, durante dos años, aquellos artículos que tienen consideraciones ambientales, fundamentalmente los que hacen referencia a la exclusión de la actividad minera en páramos. Para mayor información al respecto ver “Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. ¿Qué efectos tiene la sentencia C-336 de 2011 que declaró inconstitucional la reforma al Código de Minas?” Comisión Colombiana de Juristas, agosto 18 de 2011, disponible en http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n6_consulta_previa.html 31. Durante la prospección no hay participación pública en la renta del sector, ni siquiera a través de impuestos ni de pago del canon superficiario. Dicho canon es una compensación que debe recibir el Estado de parte de las empresas extractivas durante las etapas de exploración, construcción y montaje, sobre la totalidad del área de concesión, equivalente a entre uno y tres salarios mínimos día por cada hectárea concesionada, aun cuando el terreno sea de propiedad de la empresa. Así, según el Artículo 230 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), el canon no aplica para la etapa de prospección.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

Cuadro 1. Requisitos y pasos para establecer una explotación minera en Colombia

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

Licencia de exploración (es el título que confiere a una persona el derecho exclusivo a realizar trabajos para establecer existencia de Para otorgar la licencia y su duración se debe conocer el área a explorar. yacimientos de minerales y reservas dentro de una zona determinada) 32.

Pequeña minería

Mediana minería

Gran minería (explotación de carbón superior a 800.000 Tn/año o remoción de material superior a 2 millones Tn/año para oro)*

Menor a 100

Mayor a 100 y menor de 1.000

Mayor a 1.000 y menor de 5.000

Duración de la licencia

1 año

2 años

5 años

Tiempo de prórroga

1 año

1 año

1 año

Requisitos para la solicitud de la Licencia de Explotación

Informe final de exploración y programa de trabajos e inversiones (PTI)

Informes de progreso sobre el programa de exploración. Programa de trabajos e inversiones Estudio impacto ambiental

?

Licencia de explotación (es el título que le otorga a una persona la facultad exclusiva de explotar los depósitos o yacimientos de minerales en un área determinada).

?

Área a explorar en hectáreas

La licencia tiene una duración de 10 años a partir de su inscripción en el Registro Minero. Se deben rendir informes anuales, donde se presenta un resumen del programa de explotación ejecutado, las inversiones realizadas y los resultados obtenidos.

? La duración de los contratos mineros de concesión es de 30 años, a Contratos mineros de concesión (son contratos partir de su inscripción en el Registro Minero. celebrados por el Ministerio de Minas y Energía ? Durante la explotación el contratista debe devolver las zonas que no y confieren al concesionario el derecho estén incluidas en los planes y diseños mineros. exclusivo a extraer los minerales y a realizar ? Al vencer los contratos de concesión de gran minería, el contratista obras y labores de montaje y desarrollo de la debe dejar en funcionamiento equipos, instalaciones y obras mineras explotación y transporte del mineral). y entregar a título de reversión gratuita todas las propiedades exclusivas de explotación. Fuente: Código de Minas (ley 685 de 2011) * Guía minero-ambiental de explotación. Ministerio de Minas y Energía – Ministerio del Medio Ambiente. 2002

Pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-366 del 13 e mayo de 2011, declaró inexequible dicha reforma por no haber cumplido con los requisitos de consulta previa a las comunidades étnicas, uno de los actores más involucrados en el tema33. Ante eso, el gobierno preparó nuevamente de manera unilateral un borrador de reforma al Código, que espera consultar con unos pocos actores étnicos y hacer aprobar rápidamente en 2012.

A la vez, el gobierno continúa sacudiendo la institucionalidad minera y ambiental. Para hacerlo, aprovecha la expedición del Plan Nacional de Desarrollo y las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al presidente Juan Manuel Santos para hacer reformas al Estado. El artículo 134 del PND introdujo una modalidad para facilitar la aprobación de licencias ambientales: si la autoridad ambiental

32. Es importante señalar que la actividad exploratoria, que por definición es una actividad que únicamente genera egresos, posibilita en la práctica una serie de movimientos especulativos que si generan en muchos casos grandes dividendos a los inversionistas. Es esta la razón para que estos emprendimientos extractivos cambien en forma permanente de razón social y de composición accionaria y que por lo tanto, en algunos casos las empresas no tengan realmente como finalidad última llegar ellos mismos a la etapa de explotación. 33. Sobre la Sentencia de la Corte ver: Comisión Colombiana de Juristas. Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Agosto 18 de 2011.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

encargada de estudiar el otorgamiento de una licencia se tarda más de 90 días hábiles en dar una respuesta, “automáticamente pasará a jurisdicción de un comité que en un plazo menor de 60 días otorgará o negará la respectiva licencia ambiental”. El Comité estará conformado por el Director Nacional de Planeación, el Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y la cabeza del sector (el gremio) al que corresponda el proyecto del caso, o sus respectivos delegados.

empresas mineras, en comparación con el escaso aumento de las regalías: “Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo”34 (véase cuadro 2). 2.5.1. Régimen de regalías El régimen de regalías en Colombia se rige por la ley 141 de 1994. Esta ley desarrolla el mandato constitucional de crear un Fondo Nacional de Regalías e instaura la figura de la Comisión Nacional de Regalías como órgano de administración de los recursos del Fondo35. También establece las reglas de liquidación, asignación y ejecución de los recursos provenientes de las regalías.

Adicionalmente, con el decreto 3573 de de 2011 se elimina la Dirección Nacional de Licencias y Trámites Ambientales como órgano del Ministerio de Ambiente y se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como un ente adscrito, con autonomía administrativa y financiera. En noviembre de 2011, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, firmaría tres decretos para autorizar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería Sustentable, entidad que tendrá entre otras funciones la promoción y adjudicación de áreas de explotación, contratación y el control a la fiscalización minera. De esta manera, la ANM reemplazará parte de las funciones de Ingeominas. La entidad inició funcionamiento terminando el 2011. La Agencia Nacional de Minería Sustentable Ingeominas se encargará únicamente de adelantar estudios de conocimiento geológico, mientras que la nueva agencia hará las veces de la Agencia Nacional de HIdrocarburos en el sector petrolero.

El artículo 1 define el Fondo Nacional de Regalías y señala que sus recursos se destinan en primer lugar al fortalecimiento del sector minero en Colombia, concepción constitucional que corresponde a una política pública orientada a convertir a Colombia en un país minero. La segunda prioridad es la preservación del ambiente y la tercera, los proyectos de inversión. La ley 756 de 2002 modificó sustancialmente la ley 141 de 1994 presentando una notoria diferencia de enfoque entre las regalías indirectas y las directas. Sobre las indirectas, invirtió la prioridad planteada por el texto constitucional en la destinación de las regalías indirectas:

2.5. Renta minero-energética El segundo hito de la actual política minero-energética se refiere a la participación nacional en la renta del sector mineroenergético. El debate sobre la renta minero-energética incluye el tema de las regalías, pero es más que eso. Las regalías representan sólo una variable entre las que componen la renta las utilidades del sector: también están los impuestos, las compensaciones, derechos de precios altos y la participación de las empresas industriales y comerciales del Estado que operan en el sector. Aunque las reformas más importantes en materia de renta minero-energética han tenido lugar en el campo de las regalías (numeral 2.5.1).

? 54 %: proyectos prioritarios de inversión ? 30 %: preservación del ambiente ? 15 %: promoción de la minería

Y 15% para proyectos de prioritarios de inversión en energización, durante los 15 primeros años de vigencia de la ley 756 de 2002. Sobre las regalías directas, se presentan varias situaciones: el artículo 15 de la ley 141 de 1994, recientemente modificado por la ley 1238 de 2009, señala que tal destinación debe atender los siguientes porcentajes:

En el tema general de la renta, el país tiene un debate intenso a raíz de investigaciones que evidencian cómo el Estado colombiano, con la justificación de atraer la Inversión Extranjera Directa (véanse numerales 1.3 y 1.4), ha disminuido de manera escandalosa su participación en las utilidades del negocio de la minería y los hidrocarburos. En el caso de la minería ha llegado al punto de eliminar toda ganancia.

? 90%: proyectos de inversión para el desarrollo de los entes territoriales. ? 10%: para la interventoría técnica de tales proyectos.

Por otra parte, ese mismo artículo reconoce en materia de explotaciones mineras en los territorios indígenas, la regla específica que consagra el Código de Minas (ley 685 de 2001):

El economista Guillermo Rudas presentó las disminuciones que tuvieron entre 2007 y 2009 las obligaciones fiscales para las

34. Mora Hernández, Salud. “Mineras no pagan $450.000 millones de canon superficiario por explorar”. Entrevista a Guillermo Rudas. Diario La República, 14 de julio de 2011. Disponible en http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-07-14/mineras-no-pagan-450000-millones-de-canon-superficiario-por-explorar_133071.php 35. La Comisión Nacional de Regalías fue suprimida por el Decreto 149 de 2004, norma en la que se le adjudicó la administración del Fondo Nacional de Regalías al Departamento Nacional de Planeación.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

Cuadro 2. Minería e hidrocarburos, valor regalías, impuesto a la renta y exenciones de impuesto a la renta. (Billones de pesos corrientes y porcentajes sobre la renta líquida. 2007 y 2009)

2007

2009

2007

2009

Resto de minería 2007 2009

Renta líquida (utilidades antes de impuestos) *

11.57

15.29

2.14

2.71

3.67

4.92

17.38 22.83

Regalías mineras (directas+indirectas)

4.85

4.59

0.72

1.61

0.39

0.32

6.96

6.53

Regalías sobre renta líquida (%)

42%

30%

33%

60%

11%

7%

34%

29%

Impuesto a la renta pagado por minería

3.43

2.95

0.28

0.53

1.11

0.23

4.82

3.71

Impuesto a la renta sobre utilidad (%)

30%

19%

13%

20%

30%

5%

28%

16%

Tarifa nominal impuesto a la renta **

34%

33%

34%

33%

34%

33%

34%

33%

Total a pagar impuesto nominal (sin exenciones)

3.93

5.02

0.73

0.89

1.25

1.62

5.91

7.53

Exenciones al impuesto a la renta ***

0.51

2.07

0.45

0.36

0.14

1.39

1.10

3.82

Exenciones sobre impuesto a pagar (nominal)

13%

41%

62%

41%

11%

86%

19%

51%

Concepto

Petróleo y gas

Carbón

Total de minería 2007 2009

* Calculado a partir del valor agregado (PBI) de cada sector, aplicando la participación de la renta del capital en el total del valor agregado sectorial. ** Tarifa nominal del impuesto sobre la renta líquida gravable (Estatuto Tributario, Art. 240) *** Valor a pagar a la tarifa nominal, menos valor efectivamente pagado. Fuente:Rudas (2010) Cálculos con base en cifras de Banrepública, Minhacienda, DNP, Regla Fiscal para Colombia, 2010

“Artículo 129. Participación económica. Los municipios que perciban regalías o participaciones provenientes de explotaciones mineras ubicadas en los territorios indígenas de que trata el artículo 123 deberán destinar los correspondientes ingresos a obras y servicios que beneficien directamente a las comunidades y grupos aborígenes asentados en tales territorios.”

apenas pagan el 4%. En el caso de la fluctuación en hidrocarburos, se pasa de un régimen estándar del 20% sobre la explotación, a una regalía fluctuante entre el 5% y el 25%, lo que en promedio deja una taza de regalías del 12%36. La fluctuación se muestra en el cuadro 3, de acuerdo con el tamaño del yacimiento: Cuadro 3. Pago de regalías (Ley 619 de 2000)

La misma ley 1238 de 2009 que modificó la ley 141 de 1994 estableció que la Corporación Autónoma del Río Grande del Magdalena, Cormagdalena, recibiera el 10% de los ingresos anuales propios del Fondo Nacional de Regalías. 2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías fluctuantes

Barriles/día

Regalías

Menos de 5 mil De 5 mil a 125 mil De 125 mil a 400 mil De 400 mil a 600 mil

5% De 5% a 20% De 20% a 25% 25%

Elaborado por Luis H. Hernández 2010 con base en información de Ecopetrol y de la ANH.

El artículo 16 de la ley 141 de 1994, modificado por la ley 756 de 2002, establece una tabla en la que fluctúa el monto de la regalía sobre la base de la explotación total del recurso. Tal fluctuación se da de acuerdo con el recurso natural no renovable que se explote y, en hidrocarburos, de acuerdo con los volúmenes de producción. En el primer caso, por ejemplo, contrasta el hecho de que mientras la sal paga una regalía del 12%, el oro y la plata

En el periodo 2002-2009, la renta pagada como regalía por los explotadores del recurso petrolero en el país alcanzó una cifra cercana a los $26 billones de pesos, correspondiente a un promedio del 1% del PIB.

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CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo

Las nuevas medidas conducen a la pérdida de autonomía de las regiones y al rompimiento del principio constitucional de la descentralización administrativa con el que la Constitución emitida en 1991 consolidó un pacto democrático de paz nacional.

2.5.3 2010: reestructuración de regalías El Acto Legislativo 013 de 2010 promovió una reforma constitucional que genera transformaciones sustanciales sobre el procedimiento para la reglamentación de las regalías y sobre los parámetros de destinación y distribución de las mismas. No hace cambios sustanciales sobre el concepto de regalía ni sobre el porcentaje de la renta petrolera que representan las regalías correspondientes. Ese acto legislativo busca esencialmente reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, en el sentido de construir un esquema de administración de las regalías más centralizado en términos de lo territorial, aunque más desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas asignaciones específicas. Con el texto nuevo del artículo 360 centralizaría la iniciativa de la reglamentación de las regalías en el gobierno. Así, los parlamentarios y representantes de las regiones y los parlamentarios del orden nacional no podrán, por iniciativa propia, proponer la reglamentación que debe regir en materia de regalías, como tampoco podrán hacerlo los gobernadores, alcaldes y concejales en las regiones37. De otra parte, la reforma más sustancial promovida por el Acto Legislativo 013 de 2010 se dirige al artículo 361 de la Carta Política. Este se reemplaza por un extenso articulado en el que la escueta regla general de regalías directas e indirectas se cambia por un complejo Sistema General de Regalías en el que se contemplan, además, los recursos percibidos por las compensaciones. En el nuevo Sistema General de Regalías ya no hay un Fondo Nacional de Regalías. Ahora existirán varios fondos de destinación específica, entre los que se encuentran los fondos de Ahorro y Estabilización, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, de Participación de las Entidades Productoras, de Ahorro Pensional Territorial, y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los entes territoriales encargados de la producción de hidrocarburos en Colombia ya no participan de regalías directas, sino de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) girados por el Fondo de Participación de las Entidades Productoras. Desaparece la idea de regalías directas e indirectas pues todas son ahora indirectas, centralizadas en el orden nacional por el SGR y desconcentradas en lo funcional, en razón de los diversos fondos de destinación específica que compondrían el SGR.

36. Véase Hernández, Luis Humberto. “Colombia: Política y Petróleo”. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. 2005. 37. Nuevo texto del artículo 360 de la Constitución: la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho a compensación que se pacte. La ley, por iniciativa del Gobierno, determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y las compensaciones, su administración, ejecución, control, uso eficiente, destinación, funcionamiento del Sistema General de Regalías y las condiciones en las que los beneficiarios participarán de sus recursos.”

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

3.1 Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros

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esde el año de 1994, Colombia define el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la participación de éste en la economía nacional. En la actualidad están en trámite propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional y definición de proyectos por parte del gobierno nacional.

3.1.1 Solicitudes de exploración existentes a 2011 Según la Upme38 al año 2010 se encontraban en trámite 54.600 polígonos, correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas (equivalentes al 22,8% del territorio nacional). En febrero de 2011, el Ministerio de Minas y Energía suspendió por seis meses la recepción de propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional, alegando la “organización, sistematización y puesta a punto del Catastro Minero” (resolución MME 180099). El mapa 1 muestra las solicitudes mineras en trámite.

Mapa 1: Solicitudes mineras Fuente: www.geographiando.files.wordpress.com 38. La Upme es la entidad estatal creada en 1994 cuya función es “planear en forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país”.

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

Mapa 2: Proyectos de interés nacional según la Upme Fuente: www.geographiando.files.wordpress.com

regional y fuente de financiación para este desarrollo”, así como a que las empresas del sector consigan penetrar de manera creciente en los mercados internacionales, ampliar la demanda interna e incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos39.

3.1.2 Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación a. Los distritos mineros Desde el año 1994, con la creación de la Upme, Colombia define el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la participación de éste en la economía nacional. En tal sentido, en el año 1997, el documento Conpes 2898 formula unas estrategias orientadas a lograr “un cambio estructural a largo plazo que solucione los problemas detectados, y que permita el desarrollo de la industria minera del país como herramienta de desarrollo

Para “facilitar” la administración del recurso minero, en el país el territorio se ha dividido en los denominados distritos mineros, los cuales se pueden definir “como un sistema productivo localizadonde se ubica un buen número de productores dedicados a manufacturar o explotar, en distintas fases, un

39. Colombia País Minero. Plan Nacional para el Desarrollo Minero, visión al año 2019. Upme, 2006, p.14.

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

producto homogéneo o un mineral o grupo de minerales”40. Existen por tanto 26 distritos mineros que comprenden 188 municipios, los cuales se presentan en los cuadros 4 y 5. Cruzando las variables: reservas, producción y mercado de destino, las veintiséis zonas con características de distritos mineros listadas arriba, se agrupan en tres categorías ordenadas de mayor a menor volumen de producción, así: ? Grupo I - Distritos con volumen de producción superior a cinco millones de toneladas por año. ? Grupo II - Distritos con escalas medianas de producción, inferiores a cinco millones de toneladas por año. ? Grupo III - Distritos productores de metales preciosos y esmeraldas.

Se concluye entonces, que de los veintiséis distritos sólo tres cumplen con el componente de exportación total, como son: Barrancas y Jagua de Ibirico para carbón y Montelíbano para ferroníquel. Estamos pues en el inicio del proceso extractivo en Colombia y por lo tanto el potencial de conflictividad socio- ambiental de los próximos años no tiene relación alguna con el nivel de los conflictos que se presentan actualmente en el sector. Cuadros 4 y 5. Distritos mineros según municipios y productos mineros

Distrito

Municipios

Departamentos

Productos Mineros

Barrancas

Barrancas, Maicao, Hato Nuevo y Albania

La Guajira

Carbón

La Jagua

Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y La Loma

La Guajira

Carbón

Cundinamarca

Materiales de construcción, arcilla, otros

Bogotá D.C., Bojacá, Chía, Gachancipá, Guasca, La Sabana de Bogotá Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo y Tocancipá. Paz del Río

Belén, Corrales, Duitama, Firavitoba, Iza, Jericó, Mongul, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Pesca, Sanra Rosa de Viterbo, Socotá, Socha, Tasco, Tibasosa, Tópaga.

Boyacá

Caliza, carbón, mineral de hierro, roca fosfórica y otros

Luruaco

Arjona, Cartagena, Luruaco, Repelón, Puerto Colombia, Turbaná y Turbaco.

Atlántico y Bolívar

Caliza, materiales de construcción y otros

Ataco-Payendé

Ataco, Chaparral, Coello, Coyaima, El Carmen de Apicalá, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Rovira, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan.

Tolima

Caliza, materiales de construcción y otros

El Tambo - Dovio

Bolívar, Buenaventura, Buenos Aires, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Candelaria, El Dovio, El Tambo, Guacarí, Ginebra, Jamundí, Puerto Tejada, Sevilla, Suárez, Vijes y Yumbo.

Cauca y Valle del Cauca

Caliza, materiales de construcción, carbón, oro, plata, platino y otros

Zipaquirá

Cogua, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, Samacá, Sutatausa, Tausa, Zipaquirá.

Cundinamarca

Carbón, arenas silíceas, sal terrestre y otros

Antioquia

Materiales de construcción, carbón, arcillas

Norte de Santander

Arcillas, caliza, carbón, roca fosfórica

Antioquia

Caliza, arcilla, ferruginosa

Amagpa, Angelópolis, Fredonia, Itagüí, Medellín, Amagá - Medellín Bello, Copacabana, Girardota, Titiribí y Venecia.

El Zulia

Puerto Nare

Cúcuta, Chinácota, Chitagá, El Zulia, Los Patios, Pamplona, Salazar, San Cayetano, Sardinata, Tibú y Villa del Rosario. Puerto Berrío, Puerto Triunfo, San Luis y Sonsón.

40. Distritos mineros. Exportaciones e infraestructura de transporte. MME-Upme, 2005, p. 11

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

Antioquia

Materiales de construcción, caliza, caolín y arcillas

Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador.

Córdoba

Carbón, ferroníquel oro y plata

Los Santos

Curití, Los Santos, Villanueva y Zapatota.

Santander

Yeso, calizas

Nordeste Antioqueño

Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Maceo, Remedios, San Roque, Segovia, Tarazá y Zaragoza.

Antioquia

Caliza, arcillas, oro

Frontino

Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dadeiba, El Carmen de Atrato, Frontino, Murindó, Mutatá y Urrao.

Antioquia

Yeso, manganeso, concentrado de cobre, oro, plata y platino

Marmato

Marmato, Quinchía y Supía.

Caldas y Risaralda

Oro, plata

Oriente Antioqueño Abejorral, La Unión, Carmen de Vivoral, Rionegro.

Montelíbano

Distrito

Municipios

Departamentos

Productos Mineros

Santa Rosa

San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.

Bolivar

Oro y plata

Istmina

Bogadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó.

Chocó

Oro, plata y platino

Costa Pacífica Sur

Barbacoas, Guapi, López de Micay, Magüí, Santa Bárbara (Iscuandé) y Timbiquí.

Cauca y Nariño

Oro, plata y platino

San Martín de Loba

San Jacinto de Achí, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Río Viejo, Montecristo, Morales, Pinillos y Tiquisio,

Bolívar

Oro y plata

La llanada

Cumbitara, La Llanada, Los Andes, Mallama, Samaniego y Santa Cruz.

Nariño, Nariño

Oro y plata

Santander

Oro y plata

Vetas

California, Vetas.

Mercaderes

Almaguer, Balboa, Bolívar, Mercaderes y El Tambo.

Cauca y Nariño

Oro y plata

Muzo

Coper, Briceño, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quilpama, San Pablo de Borbur, Yacopí

Boyacá y Cundinamarca

Esmeraldas

Chivor

Chivor, Gachalá, Guateque, Somondoco, Ubalá

Boyacá y Cundinamarca

Esmeraldas

Fuente: Distritos Mineros, MME-Upme, pág. 17

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

b. Concesiones existentes a 2011 Según la Upme al año 2010 existen en Colombia 8.928 títulos mineros vigentes, los cuales ocupan un área de 4´839.149 Has (4.2% del territorio) como puede observarse en el mapa 3.

Mapa 3. Concesiones existentes en 2011 Fuente: www.geographiando.files.wordpress.com

3.1.3 Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón a. Explotación y perspectivas del carbón En el año 2009 la industria del carbón reportó un decrecimiento en la producción del 0.95% con respecto al año 2008, valorada en alrededor de $ 21,793 millones y determinada por la disminución de los precios y el menor volumen producido. La variación anual de las exportaciones fue de -1,48% al bajar las exportaciones de carbón en alrededor de 1.000.000 toneladas para el 2009, principalmente por la disminución en la producción de los departamentos de la Guajira, Cundinamarca, Norte de Santander y Córdoba.

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

El valor del PIB del carbón en el 2009 asciende a $ 1,9 billones en pesos contantes de 2000 y representa el 43,4% del PIB Minero sin Hidrocarburos. Para los años 2010 y 2011 la producción del

sector carbón tiende a incrementarse. Para el segundo semestre del 2010 la producción ascendió 39,36 millones de toneladas, y posiblemente alcanzó los 80 millones de toneladas año41.

Tomado de: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUmpe, pág. 74.

Miles de toneladas

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*

Tomado de: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUmpe, pág. 90.

´

41. Boletín Estadístico de Minas y Energía 1990-2010. MME-Upme. 2010, ps. 67-68.

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

directa de estos incrementos, con el comportamiento de los precios internacionales del oro, que tiene sus mejores cotizaciones históricas en los años 2008 y 2009 con precio promedio anual de US$871,79 y los $973,38 por onza y mostrando un crecimiento del 34, 65% con relación al precio de 2007 y de 11,65% con respecto al 2008. Para el 2.010 se alcanza un record de producción de 50 toneladas de oro y de 15 toneladas de plata42. Por su parte la cotización de la onza de oro continúa en alza y a Octubre de 2011 ya supera los 1.600 dólares.

b. Tendencias de la producción de oro La producción nacional de oro registro un aumento en los dos últimos años, recuperando el nivel de producción que traía hasta el año 2005,(presentó una caída de más del 50% en los años 2006 y 2007), pasando de 15.482 kg para el 2007 a 34.321 kg en el 2008 y 47.838 kg en el 2009. Es decir que el aumento fue del 121,69% del año 2008 con respecto al año 2007 y de 39,38% del año 2009 con lo reportado para el 2008. Existe una relación

Fuente: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUpme, pág. 89

Fuente: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUpme, p. 76

42. Ibidem, p. 69

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

elevados costos operativos. Así, para el estado colombiano el proyecto resultó ser un pésimo negocio, pues Carbocol realizó inicialmente inversiones por US$1.500 millones hasta mediados de los años 80, luego continuó realizando inversiones para infraestructura y, en el año 2000 la empresa se vendió en US$380 millones, continuando con un pasivo de más de US$1.000 millones.

3.1.4 Descripción general de proyectos de carbón importantes a. Cerrejón A mediados de los años 70 Colombia decide explorar y explotar el recurso carbonífero existente en el territorio de la Guajira, para tal efecto crea Carbones de Colombia S.A., Carbocol (con recursos provenientes principalmente de Ecopetrol y el IFI) y abre una licitación internacional para conseguir un socio para dicho proyecto. El ganador resulta ser Exxon y en 1976 empieza el proyecto. En 1980, Intercor ( International Colombia Resources Corporation), filial de Exxon, presenta la propuesta de comercialidad a Carbocol, el cual ofrecía un modelo de negocio bastante ventajoso, con proyecciones de venta de tonelada carbón para el año 2003 de US$360-430, resultando el valor real de US$30.

El complejo minero de Cerrejón está localizado en la península y departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, en las jurisdicciones de los municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción. Los depósitos de carbón se encuentran en una extensión de 69.000 hectáreas, dentro de la cual se identifican tres zonas: Zona Centro, Zona Norte y Nuevas Áreas de Minería. La capacidad actual de producción de carbón se estima en 32 millones de toneladas por año.

Con base en estas expectativas, se realizaron inversiones cercanas a los US$3.000 millones y, el proyecto inició con

La asociación Carbocol - Intercor se conformó a partir del contrato entre Carbocol, empresa industrial y comercial

Mapa 4. Ubicación del Proyecto Carbonífero Cerrejón

Fuente: El Cerrejón y sus Efectos, Salas, 2004

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

del Estado, e Intercor, filial de la Exxon, con el objeto de explotar el yacimiento carbonífero el Cerrejón Zona Norte, sobre un área de 38.000 Has, correspondiente al bloque B del depósito denominado Cerrejón. Dicho contrato de asociación fue suscrito en Diciembre de 1976 con vigencia hasta el año 2008.

b. Descanso Norte - Drummond En 1987 Drummond Company INC. constituyó Drummond Ltda., para el desarrollo de sus proyectos en Colombia y obtuvo a través de esta filial, los derechos para la explotación y exploración del carbón, localizado en el departamento del Cesar, específicamente en el área comprendida entre los municipios de El Paso, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Esta zona se denominó mina Pribbenow, también conocida como proyecto carbonífero La Loma.

En el año 1997 se firmó el contrato de Gran Minería para la exploración y explotación carbonífera del Cerrejón Zona Sur entre ECOCARBÓN y el Consorcio Cerrejón Sur, integrado por las sociedades Anglo American Coal Corporation Limited, Sucursal Colombia; Minorco, Sucursal Colombia; Südelektra Holding AG, Sucursal Colombia; OC Inversiones, Sucursal Colombia de Río Tinto Ltd.; OB inversiones, sucursal Colombia de Río Tinto Plc; y Oreganal S.A.

A comienzos de los 90, Drummond Ltd. realizo los estudios y trabajos de exploración de la mina, así como estudios socioeconómicos y ambientales en los municipios de influencia. La operación empieza en el año 95, con reservas calculadas en 400 millones de toneladas de carbón.

El área inicial, objeto del contrato, comprendía una extensión superficial total de 69.382 hectáreas y 1.877 metros cuadrados. Actualmente esta área ha sido reducida a 34.184 hectáreas y 1.209 metros cuadrados,. Carbones del Cerrejón obtuvo en 1998 autorización del Ministerio del Medio Ambiente para iniciar actividades de exploración en la zona concedida.

Posteriormente, en el año 2009 obtiene el aval del gobierno para iniciar operaciones en la zona de El Descanso Norte y, en junio de 2010, la empresa realizó su primera exportación de carbón producido en El Descanso, de la que se proyecta una producción anual máxima de 36 millones de toneladas. Este es un contrato que se extiende hasta el 2066 y las reservas de esta mina se calculan en 1.760 millones de toneladas.

El 27 de noviembre de 2002 se logró la aprobación de la fusión de Intercor y Carbones del Cerrejón en una sola compañía llamada “Cerrejón”, la cual continuará ejerciendo los derechos de concesión sobre las áreas donde antiguamente operaba Intercor; de esta forma la nueva compañía usufructuará las explotaciones mineras de las denominadas Zona Norte, Zona Centro y Nuevas Áreas Mineras.

El sistema de explotación es a cielo abierto, mediante el sistema de tajos. El carbón es transportado en tren a través de la concesión Fenoco, donde Drummond tiene participación. Igualmente, cuenta con instalaciones portuarias propias. La explotación de carbón de alta calidad en el Cesar viene en ascenso. En el 2004 y con corte al tercer trimestre, la empresa alcanzaba una producción de 15,3 millones de toneladas, cifra que ya en el 2010 ascendía a 16,3 millones de toneladas, incluyendo las operaciones de la mina El Descanso.

El complejo carbonífero “El Cerrejón” está localizado en la zona central del departamento de la Guajira, en los municipios de Albania, Hatonuevo, Maicao y Barrancas. El área total contratada abarca una longitud aproximada de 50 kilómetros a lo largo de ambas márgenes del río Ranchería (véase mapa 4). La minería a cielo abierto del complejo minero del Cerrejón es una operación en secuencia que se inicia con la limpieza de la superficie y retiro de la capa vegetal y suelo. Luego, se llevan a cabo la perforación, voladura y remoción del material estéril hasta exponer los mantos de carbón. La extracción del mineral se hace mediante el sistema de tajos.

En contraste, los entes de control han investigado a la empresa por sus actuaciones en materia económica. En junio del 2007, el entonces contralor Julio César Turbay Quintero, notificó a la compañía acerca de estudios que demostraban un posible detrimento patrimonial para la Nación de más de 70 millones de dólares. Luego, tras un acuerdo del Gobierno con la multinacional, se definió que la empresa pagara 39,8 millones de dólares por concepto de dineros de regalías que no se habían cancelado. Hubo además huelgas de trabajadores, así como dos fallos por parte de la Corte del Distrito Federal de Alabama (EE. UU.) en donde la empresa fue acusada de violencia paramilitar.

El cargue de carbón se hace en su mayoría por cargadores frontales sobre camiones carboneros, cuyas capacidades son variables: 320 ton, 240 ton, 190 ton y 170 ton. El carbón se transporta en camiones desde la Mina hasta las pilas de almacenamiento y las trituradoras y luego se lleva a los silos que cargan el tren.

En Estados Unidos, Drummond figura como el mayor productor y comercializador de carbón coque usado en fundición, pero los negocios y las actividades de la familia se han extendido a otros frentes ajenos a la minería.

La Mina y Puerto Bolívar están comunicados entre sí por una línea férrea de 150 kilómetros. Puerto Bolívar, ubicado sobre el Mar Caribe, es el terminal carbonífero más importante de América Latina y uno de los de mayor tamaño en el mundo.

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

expendiendo y reemplazan la producción de agricultura campesina; “la utilización del agua de los ríos para bombear a presión el petróleo de las entrañas de la tierra, no es tratada una vez terminado el proceso, de tal forma que no contamine las corrientes que surten a las poblaciones y tierras de cultivo de la región; Se han interrumpido los flujos de agua y los caminos vecinales y servidumbres de los colonos; los comerciantes de los municipios vecinos no se benefician de la presencia de la compañía porque ella no se surte de lo que se produce en la región.

3.2 Casos emblemáticos Seleccionamos para este estudio algunos casos emblemáticos que muestran grandes conflictos y su relación con las regiones donde se asientan las explotaciones mineras. Además de los ejemplos relacionados con las explotaciones del oro y el carbón, en las que centramos este análisis, consideramos que había que mostrar lo que está sucediendo con la explotación del petróleo en la región de los Llanos Orientales. 3.2.1 Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales Energy (PRE)

Las reivindicaciones de la población visibilizadas durante las conversaciones sostenidas con la Vicepresidencia de la República a comienzos del mes de agosto, luego de las primeras protestas obreras en el mes de julio, muestran problemáticas que siente la población y se relacionan con necesidades de los comerciantes, de indígenas, con requerimientos y problemáticas ambientales, con dificultades en salud, educación, deporte y cultura, en vías de comunicación, en derechos humanos y en condiciones laborales.

Desde el mes de junio de 2011 comenzaron a conocerse en todo el país, a raíz de las protestas reiteradas de los trabajadores y de la población, las condiciones de la explotación petrolera de la región de Puerto Gaitán, en términos de los impactos sociales y laborales y también, aunque en menor medida, los ambientales. Pacific Rubiales es una empresa petrolera que opera un campo de 60 mil hectáreas en la región de Puerto Gaitán. Es actualmente el que produce mayor cantidad de barriles en el país, una cuarta parte de toda la producción nacional. Este campo, que comenzó a explotarse en 2008, se había descubierto en 1982 “pero fue abandonado por los altos costos para la extracción de crudos pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”.

Dos meses más tarde, la caravana humanitaria que se dirigió a los campos petroleros para mirar directamente los impactos de la explotación petrolera, registró en un pronunciamiento público lo que encontraron las organizaciones que asistieron (véase anexo, páginas 96 y 97). Es importante tener en cuenta en el análisis que esta caravana fue convocada por la Unión Sindical Obrera, USO, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, es decir, por los actores sindicales en este conflicto.

Estos nuevos negocios se asientan en territorios bajo dominio del paramilitarismo y del narcotráfico: Víctor Carranza, Leónidas Vargas y otros. Durante una época los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. Hoy los paramilitares son los dueños de las mejores tierras, manejan las palancas de la administración pública local, controlan y saquean las frondosas regalías petroleras y eligen senadores, gobernadores y alcaldes para que blanqueen sus delitos. También es histórica la presencia de la guerrilla y de partidos de izquierda como la Unión Patriótica. Esta fue una de las zonas donde más perseguidos y asesinados hubo de esta organización. La población llanera muestra simpatías políticas divididas entre algunos de esos jefes paramilitares y la guerrilla. Eso crea tensiones en la población de todos los estratos.

Lo que se reclama es fundamentalmente de parte de la población en general es que la presencia de la empresa redunde en unas mejores condiciones para la población, por ejemplo, en materia de proporcionarle empleo, también generar mayor comercio, es decir, invertir en la región. No hay un rechazo de la población a la presencia de la petrolera, sino que se le exige mayor consecuencia con el respaldo y la contribución que pueda generar a la región. El conflicto obrero patronal tiene otras connotaciones, aunque se liga en algunos aspectos con la lucha de la población en general, como en el de las condiciones laborales. El conflicto de los trabajadores es el que ha marcado la pauta de las protestas y tiene varios rostros. Por una parte, están los trabajadores, que en principio no estaban organizados sindicalmente y sus reivindicaciones básicas de condiciones laborales y de vida son las que han marcado las exigencias. Se ha fortalecido su acción con el apoyo de la USO, que también ha retomado su protagonismo, después de varios años de aletargamiento. De esa manera, también está la propia mirada de la Unión Sindical Obrera, con su bagaje histórico y político. Y está el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, que significa un vínculo, por lo menos en algunos ámbitos como la difusión, la propaganda y algunas formas de solidaridad con otros sectores sindicales.

La llegada de Pacific Rubiales a Puerto Gaitán es relativamente reciente. Tiene 3 años de una explotación que cambió el destino de esta región. Con los cambios impuestos por esta empresa, comenzó una explotación acelerada, lo que implicó la llegada de un número elevado de trabajadores, tanto en términos absolutos como relativos. Hay otros impactos: La población nativa no ha podido acceder a las fuentes de empleo y si lo hace, es en condiciones muy desfavorables; el precio de la tierra y el costo de la vida se han elevado, es una región con las mayores regalías del país y sin embargo no se observan en mejoría para la calidad de vida, los monocultivos se están

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

Este conflicto está en un momento de pulso, nada hay definido. La empresa mantiene sus márgenes de ganancia y por momentos amenaza al gobierno con retirarse; los trabajadores sindicalizados van ganando apoyos con otros sectores sindicales y regionales.

Como resultado de este proceso, en 2011, la Corte Constitucional ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la comunidad afrodescendiente en el mes de mayo de 2010. (03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se realizara el proceso de consulta previa a las comunidades afrodescendientes.

3.2.2 La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, es la historia de las comunidades de mineros afrodescendientes que remonta sus orígenes a la época colonial. Hoy estas comunidades enfrentan la amenaza de un desalojo a favor de la minería a gran escala. El papel que la minería ha desempeñado en la historia de La Toma, desde hace cuatro siglos, nos señala como la minería no es para las comunidades solo un trabajo, sino que hace ya parte de una cultura y de su historia.

Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en la zona. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales que operan en el sector, tales como Los Rastrojos y Las Águilas Negras, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que parar la minería artesanal que venían realizando de manera legítima. (14/0572011, El Espectador, p.5).

En las últimas dos décadas la historia del despojo y del desplazamiento forzado ha estado asociada a la presencia de las multinacionales que han desalojado a las comunidades de parte de sus tierras planas para el cultivo de caña de azúcar y la producción de biocombustibles. Actualmente firmas multinacionales especializadas en la explotación y comercialización minera pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras. En el municipio de Suárez las comunidades negras de manera artesanal trabajan las minas por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, se trata de un modo de distribución equilibrada de beneficios según el trabajo invertido y la capacidad física individual para trabajar, en este sistema se integra también tanto las mujeres como los niños quienes aprenden el trabajo de “barequeo”. El caso de La Toma ilustra lo que viene ocurriendo en muchas regiones del país respecto al otorgamiento de títulos mineros y concesiones. Allí se otorgó una concesión con el argumento de que las comunidades negras estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministro del Interior reconoció, más adelante, que sí había comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y, por tanto, se debería realizar una consulta previa, libre e informada.

A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las comunidades negras prelación en la explotación minera, por considerar que es un pueblo ancestral, esta sentencia está lejos de hacerse realidad por la falta de garantías. 3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto A mitad de la década del 90, la empresa canadiense Greystar43 llega a los municipios de Vetas y California (Santander), específicamente al páramo de Santurbán, para realizar actividades de prospección geológica. Aunque mucho se conoce del conflicto con la población urbana de Bucaramanga, en realidad, la empresa debió enfrentar otro muy largo de los pequeños mineros que sintieron amenazada su forma de vida ancestral y su territorio. La resistencia en la zona rural aún continúa, sectores campesinos, principalmente de municipios no mineros de las altas montañas siguen oponiéndose al proyecto.

Por su parte, la comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y el Alcalde ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaron a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía, Esmad, ha rodeado la zona varias veces y se ha generado una situación muy tensa y peligrosa. Las comunidades no están dispuestas a ceder un derecho que les ha permito subsistir durante siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido grupos armados ilegales, las Águilas Negras, acusando a los líderes y dirigentes de las organizaciones de “estar en contra de las empresas, del desarrollo” y de oponerse al gobierno (03/10/2010, El Espectador, p.47).

En la actualidad, Greystar, hoy Eco Oro Mineral Corp, no es la única compañía minera que hace presencia en la región. Otras transnacionales mineras como AngloGold Ashanti Colombia S.A, Cerámica Italia, Continental Gold S. A., CVS Explorations Ltda y, Empresa Minera Reina de Oro tienen títulos mineros en la región, sin embargo, el conflicto hasta el momento se ha centrado en la empresa canadiense.

43. Greystar Resources Ltd. es una compañía canadiense entre cuyos mayores accionistas se encuentra JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y la Corporación Financiera Internacional, la cual trabaja como agencia del Banco Mundial interviniendo en proyectos de carácter privado (Molano A, 2010).

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Ahora bien, a inicios del presente siglo, la región vivió la intensificación del conflicto armado dejando bastante debilitadas social, cultural y económicamente a las comunidades locales. De esta manera, la empresa encuentra un terreno abonado para resolver el conflicto con los pequeños mineros, logrando un acuerdo con estas comunidades mineras que poco a poco se incorporan en su proyecto y terminan por aceptar la presencia de la trasnacional.

y populares de la sociedad. El lenguaje del dinero sobresale en el momento de enmendar daños irreparables. En el caso de la multa, la empresa asume su responsabilidad pero busca otras formas de sustentar su estancia en el páramo, pues el argumento que mantenían sobre la poca afectación ambiental de este hábitat con la extracción de oro, se calló y se volvió cuestionable ante la opinión pública. La resistencia logró que luego de las movilizaciones, la empresa retirara el proyecto de minería a cielo abierto Angostura y se viera obligada a presentar un nuevo proyecto minero, esta vez de minería subterránea y fue tal el daño sobre la imagen de la trasnacional minera, que tuvo que cambiar su razón social. El movimiento organizado sabe que tiene que mantener la resistencia no sólo contra Eco Oro sino también contra los otros proyectos mineros en manos de otras transnacionales. El conflicto con la Greystar ha dejado en claro que es posible la resistencia desde la consolidación de un movimiento fuerte que una diferentes sectores de la comunidad por un bien común44.

En este tipo de espacios geográficos, las formas de subsistencia dependen de una única actividad (petrolera, minera, monocultivos) y facilitan la llegada de industrias que acentúan mucho más el desarrollo de una sola actividad laboral, generando de este modo una economía dependiente y frágil. Más recientemente, empieza a surgir en la comunidad santandereana y en diferentes sectores (académico, político, empresarial, ambientalistas, magisteriales y sindical, etc.) la preocupación por lo que pueda ocurrir con el páramo de Santurbán y sus aguas. Un antecedente importante de esta movilización es el proceso hacia el referendo por el agua en la región. La comunidad que se pronunció y que lo sigue haciendo, en contra de la extracción de oro en Santurbán, puso a pensar al país entero en los modelos de desarrollo económico que se están asumiendo y en los costos que estos podrían generar, si no hay un cambio profundo en las estructuras económicas y de mercado. El lenguaje que han asumido los sectores enfrentados a la empresa Greystar propende por una consciencia del cuidado y por el respeto de la naturaleza que garantiza la vida, no solo a los seres humanos sino a otros hábitats y seres vivos.

3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las lucha salariales En esta década, en el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, y desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó y en el municipio de Amagá se concentran las protestas vinculadas al carbón. En Segovia se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia.

Algo particularmente destacable en este conflicto es la unificación de sectores que antes no habían trabajado juntos y que inician a trabajar con el único objetivo de detener la embestida y el comienzo de los trabajos de extracción de oro en el páramo. Estos sectores, particularmente urbanos están reunidos bajo el rótulo de Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, hoy llamado Comité en Defensa del Agua, constituido por asociaciones de ambientalistas, sindicatos, estudiantes y, académicos.

Desde finales de los 50, el sindicato de la Frontino (Sinfromines) y el Partido Comunista tuvieron gran influencia en la población de Segovia y Remedios, lo que, a su vez, fue de la mano de la movilización social, de la aparición de grupos de extrema derecha, la presencia de las organizaciones guerrilleras Farc y Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de una fuerte militarización de la zona guiada por la latente amenaza de las guerrillas contra la infraestructura de la empresa minera. En los 70 y comienzos de los 80 se crearon varios movimientos agrarios, juntas cívicas y pequeñas organizaciones sindicales así como hubo acelerados procesos de invasión de tierras en busca de oro (de veta, aluvión y de tierra).

Este Comité ha logrado articularse con la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, Fenalco Santander y algunos partidos políticos como el Polo Democrático y sectores de los Verdes. Estos sectores se están oponiendo al proyecto, argumentando que habrá un daño irreversible en las fuentes hídricas que nutren el área metropolitana. Esta articulación social logra importantes movilizaciones ciudadanas y un consenso para negar la licencia social a la empresa minera.

En 1983 hicieron presencia los grupos paramilitares “Los Tiznados” y “Los Grillos” que además de cometer asesinatos selectivos llevaron a cabo la masacre de Manila ese mismo año, como acto de venganza por el asesinato de Fidel Castaño. Después de 1986, los grupos paramilitares “Mano Negra”, “Los Masetos” y “Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MNR” amenazaban tanto a miembros de partidos políticos de izquierda como a la población en general. El 11 de noviembre de 1988, las

En el caso específico de Santurbán se aprecia que el cambio en las narrativas deja de ser terreno exclusivo de la academia y del discurso teórico, para insertarse en las dinámicas más cotidianas 44. Roa, Tatiana. El proyecto Angostura sin licencia social. Desde Abajo, 2011, Pág. 2.

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amenazas se hicieron realidad con una incursión a Segovia de parte del MNR que dejó 43 víctimas y más de medio centenar de heridos. El 22 de abril de 1996 hubo una tercera masacre en Segovia: 14 personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla fueron asesinadas, 8 quedaron heridas y 2 desaparecidas. A partir de entonces, la hegemonía paramilitar no será únicamente en el terreno militar sino en el político y el social y el control del Bloque Metro se extendería hasta 2002.

Gold Mines. El Paro Cívico no sólo fue en defensa de los derechos de los trabajadores, sino que constituyó un acto de protesta contra la entrega de los recursos naturales del país a la predadora actividad del capital financiero internacional. En abril de 2011 se registró la última huelga en Segovia a cargo de mil mineros de la empresa Zandor Capital por retención de salarios. 3.2.5. El caso de El Cerrejón. Hace 30 años, el descubrimiento y puesta en marcha del proyecto carbonífero El Cerrejón (Guajira) dio pie a una discusión nacional sobre aspectos como la renta, las regalías o las posibilidades laborales que esa actividad podría generar en la región. La mina de carbón cuya extensión actual es de alrededor de 70 mil hectáreas, fue proyectada para exportar la totalidad de su producción hacia los mercados de Europa, América Latina y Norte América.

La presencia de las Farc y el ELN se hizo sentir en el año 2001 con la toma de las hidroeléctricas abastecedoras de energía de las minas de La Frontino. Los guerrilleros amenazaron con volar esas centrales debido a la negativa de la empresa a pagar la vacuna extorsiva que la subversión le exigía. Desde ese día el complejo aurífero prácticamente se paralizó. Desde 2000, unos 3.000 mineros artesanales iniciaron excavaciones en minas de propiedad de la FGM que conectaron con El Silencio, una de las minas más importantes para la empresa. En 2003, en las 2.871 hectáreas que la empresa tenía tituladas existían 127 minas ilegales y, según directivos de la FGM, las invasiones se llevaban a cabo para aprovecharse de la infraestructura que la empresa había construido. Las pugnas entre mineros artesanales, ilegales y la empresa continuaron. En 2003 se firmó un acuerdo: los mineros saldrían voluntariamente de la mina El Silencio y la FGM les cedería en comodato cinco minas, colaboraría en obras pendientes en el Hospital San Juan de Dios. Pero, después de menos de tres meses del desalojo pacífico de los mineros ilegales se produjo una nueva invasión de 300 en busca de la veta de la mina Providencia, presionados por condiciones de pobreza y porque alegaban que la FGM no había cumplido los compromisos respecto a proseguir las obras iniciadas por los mineros y de conseguir del Estado inversión necesaria para el fomento de la minería en la región.

"La mina del Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, lo cual representa el 50% de las exportaciones carboníferas colombianas, que a su vez son el 30% de las exportaciones tradicionales del país. La producción del Cerrejón constituye el 55% del PIB de la Guajira, y de su actividad las entidades territoriales y nacionales reciben miles de millones de pesos anuales por conceptos de impuestos y regalías. No obstante la magnitud de estas cifras, resultante de la exploración de 69.000 hectáreas de suelo guajiro, el 70% de su población vive en pobreza y el 30% en pobreza extrema, cifras solo superadas por Chocó y Vichada"45 En la década del 80 cuando inició el proyecto, El Cerrejón era propiedad de la empresa Intercor, constituida por Exxon y Carbocol (empresa estatal). Los comienzos del proyecto generaron gran expectativa entre los guajiros, que esperaban que el proyecto minero trajera consigo el anhelado desarrollo. En los primeros años, las gentes de la región se conformaron con el empleo y los recursos que ofrecía la empresa a través de sus programas sociales. Con el correr del tiempo el descontento fue grande.

Los trabajadores de la FGM realizaron dos huelgas en el periodo. La primera, en 2001, estos exigieron aumento salarial del 25% y vinculación del personal. La segunda huelga, en 2003, duró una jornada y los 800 trabajadores que quedaban protestaron por inseguridad en los socavones causada por las constantes invasiones a la mina El Silencio por parte de mineros ilegales y por el temor al futuro de la empresa. Por efectos de esta huelga fueron despedidos 16 trabajadores. Entre 2003 y 2007, los trabajadores de la FGM no cesaron sus acciones para pedir al gobierno nacional la entrega inmediata de la empresa a sus trabajadores activos y pensionados y el control sobre la minería ilegal.

Muy a los inicios, con la construcción de la carretera, la vía férrea (150 kilómetros hasta la Península), el Puerto y demás infraestructura se destruyeron sitios sagrados y los cementerios fueron trasladados de un lugar a otro, lo que significó una fuerte agresión sobre el pueblo Wayúu, el grupo indígena más numeroso del país. La inconformidad social fue creciendo en la medida que muchos habitantes fueron desplazados de poblados varios pequeños asentamientos desaparecieron con el avance de la mina, entre ellos Chancletas, Tabaco, Tamaquito, varios de

Entre el 4 y el 28 de septiembre de 2010 hubo paro cívico en Segovia y Remedios contra la liquidación y venta a Zandor Capital y el despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino

45. Benson, Allinson, La Guajira y El Cerrejón: una historia de contrastes, febrero 2011, En http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517. Las cifras fueron tomadas por los autores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

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ellos de población afrocolombiana. Aunque algunas comunidades han sido compensadas monetariamente, "es claro que este tipo de compensación no es suficiente para mitigar los efectos del desplazamiento sobre las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas como la wayuu, una tribu que luchó por no dejarse conquistar por los españoles, y que aún hoy lucha por conservar sus tierras y sus costumbres, como es el caso de la población de El Tabaco" (Benson, 2011). La dimensión del proyecto es proporcional a las transformaciones territoriales, en el paisaje y en las relaciones sociales.

En el año 2000, el gobierno nacional vendió su participación en la mina a empresas transnacionales por un precio irrisorio, mientras la explotación minera en Colombia arrasaba departamentos enteros, como la propia Guajira y el Cesar. En la actualidad, la mina es propiedad de BHP Billiton (Australia), Anglo American (Reino Unido) y Xstrata (Suiza), la producción anual es de alrededor de 32 millones de toneladas de carbón (89.000 toneladas diarias), pero se espera que la producción ascienda a 40 millones de toneladas en 2015. El incremento de la producción minera en El Cerrejón se hará a costa del desvío del río Ranchería principal afluente hídrico, en una región que ya cuenta con graves problemas de estrés hídrico, considerando que está es una de las regiones más secas del país. La explotación del lecho del río es aún más grave si se tiene en cuenta, que el sur del departamento, considerada la reserva agroalimentaria del departamento, por tener las mejores tierras agrícolas, está totalmente titulado para la explotación carbonífera y otros grandes proyectos están proyectados, entre ellos

"Este proceso minero es intensivo en capital en un 90%, y en él interviene maquinaria pesada de última tecnología. El Cerrejón cuenta con 200 volquetas que pueden llegar a ser tan altas como un edificio de 5 pisos, cuyas llantas tienen 2 metros de diámetro, cada una de las seis cuesta $60 millones y debe ser reemplazada cada 8 meses. Durante el proceso de transporte, una flota de tanqueros riega las vías con 17.000 metros cúbicos de agua por día, para evitar el levantamiento de polvo. Posteriormente, el carbón es transportado por un ferrocarril de 150 km hasta Puerto Bolívar, y diariamente se despachan en promedio 7 trenes de 130 vagones" (Benson, 2011).

El Cerrejón en cifras 89 mil toneladas de carbón son producidas diariamente en El Cerrejón 1461 millones de dólares recibió el gobierno colombiano en regalías en El Cerrejón durante los últimos 25 años

Hay situaciones complejas como las del Resguardo Indígena Provincial, el cual quedo prácticamente acorralado por la mina, mientras sus pobladores han sufrido por el ruido, el polvillo de carbón y la contaminación de sus aguas. Los indígenas sufren de enfermedades gastrointestinales y brotes en la piel pues deben consumir las aguas del río Ranchería que a esta altura está seriamente contaminado a su paso por la mina. Las denuncias de las organizaciones wayúu son permanentes pues ya no tienen tierras para sembrar ni pastorear, además han perdido varios de los cementerios donde estaban sus ancestros. El conflicto crece igual que el descontento.

70 mil indígenas de La Guajira y su vecino departamento han sido desplazados por la extracción minera El 70% de la población de La Guajira vive en la pobreza 900 millones de toneladas son las reservas de carbón en La Guajira Fuente: Brigadas de Paz Colombia, 2011

3.3 Impactos diferenciados

Un informe de Brigadas de Paz - Colombia, publicado en 201146, expresa como los pobladores han perdido su seguridad y soberanía alimentaria: "muchas mujeres «se acuestan comiendo un pan “bimbo” y una gaseosa cuando eran personas que estaban acostumbradas a comer pescado, plátano, ñame y frutas»".

Las siguientes descripciones dan cuenta de los problemas tanto ambientales como sociales y económicos generados de manera diferenciada en las etapas de exploración y de explotación minera. Muestran además impactos de la minería en los territorios étnicos y en la vida de las mujeres, de sus familias y su entorno, en la violación de sus derechos en cuanto tales.

Aunque los impactos son grandes, las empresas operadoras han sabido manejar la imagen de la empresa y sin duda, han logrado un mejor posicionamiento que los proyectos y las empresas mineras de carbón en El Cesar, sin embargo, con los años la dimensión de la problemática social y ambiental crece al igual que la inconformidad de sus pobladores. De esta forma asuntos como el desplazamiento, la contaminación atmosférica, de suelos y de aguas, los problemas de salud pública, la pérdida de soberanía alimentaria se han vuelto centrales en el debate sobre la minería en La Guajira.

3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera a. Impactos ambientales En Colombia, para adelantar la Etapa de Exploración de proyectos carboníferos o auríferos no se requiere solicitar Licencia Ambiental, únicamente se tramitan los permisos ambientales requeridos frente a la utilización de un determinado recurso natural, ante la Corporación Ambiental que opere en la

46. Brigadas de Paz Colombia, Minería en Colombia ¿A qué precio?, Boletín No. 18, noviembre 2011.

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zona del proyecto. Sucede, en muchos casos, que el trámite de dichos permisos se realiza cuando ya se ha avanzado en las diferentes actividades de exploración. Esto conlleva, en la mayoría de los casos, al detrimento sobre la oferta ambiental del área objeto de estudio pues no se observan las correspondientes medidas de corrección y/o mitigación. Dentro de los impactos ambientales más frecuentes se encuentran:

especificaciones requeridas para soportar un alto tránsito de vehículos. ? Generación de expectativas en las poblaciones afectadas por la actividad exploratoria ? Afectación sobre la dinámica de la economía local ? Inseguridad, relacionada con el aumento de flujo poblacional.

? Deterioro de corrientes hídricas superficiales: aumento de

sedimentos, contaminación con grasas y aceites, lodos de perforación y aguas residuales, sobredemanda del recurso compitiendo con las necesidades de abastecimiento de las poblaciones asentadas en el área, ocupación de cauces, etc.

3.3.2 Impactos de la etapa de explotación minera a. Impactos ambientales En Colombia, para desarrollar la etapa de explotación minera el interesado debe tramitar ante el recientemente creado Ministerio de Ambiente (en agosto de 2011 fue nuevamente separado el Ministerio de Ambiente del Ministerio de Vivienda, con el cual había sido fusionado durante el gobierno Uribe) la licencia ambiental, la cual comprende la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, documento técnico donde se identifican los probables impactos que genera la actividad a desarrollar y, lo más importante, se diseñan todas las medidas de mitigación, corrección y/o compensación requeridas para evitar el deterioro ambiental.

? Afectación de acuíferos: interrupción de los flujos de corrientes subterráneas, contaminación con lodos de perforación, disminución de caudales. ? Detrimento del suelo y la capa vegetal: la instalación de campamentos y plataformas de exploración requiere en algunos casos la remoción de la capa vegetal ? Generación de residuos sólidos peligrosos: los residuos relacionados con los lodos de perforación, así como las grasas y aceites usados para el mantenimiento de las máquinas de perforación y vehículos.

Los impactos ambientales relacionados con la explotación de oro y carbón de grandes proyectos mineros, aunque presentan algunas variaciones dependiendo si la explotación es a cielo abierto o subterránea, pueden resumirse en:

? Aumento en la generación de residuos sólidos ordinarios: los

campamentos de exploración generan un volumen considerable de residuos sólidos, en zonas que no tienen la capacidad para disponerlos, pues en la mayoría de los casos corresponden a áreas rurales.

a) Afectación del recurso hídrico superficial: Cambios de la calidad físico-química, afectación y/o disminución de caudales, alteración de cauces (en algunos casos ésta es definitiva pues se producen desviaciones del mismo).

? Generación de contaminación atmosférica y sonora: el aumento de material particulado se genera principalmente por el tránsito permanente de vehículos por vías destapadas. Las emisiones sonoras y las vibraciones provienen de toda la infraestructura asociada a la actividad de perforación.

b) Alteración de acuíferos: Disminución o pérdida de caudales, contaminación. c) Eliminación de cobertura vegetal: La capa vegetal es el primer elemento removido al iniciar la explotación minera.

b. Impactos económicos y sociales

d) Desplazamiento de fauna silvestre (en algunos casos se llega a la desaparición de especies acuáticas o terrestres).

? Cambios en el uso del suelo: están relacionados con dos

aspectos, a) el cambio de uso rural (agrícola o pecuario) por el de uso minero (instalación de campamentos, plataformas, infraestructura asociada) y b) “privatización” de recursos naturales (ríos, bosques) o áreas de uso comunitario, generada por adquisición de tierras (por parte de las compañías mineras) en las áreas de intervención.

e) Fragmentación de hábitats. f) Activación de procesos erosivos, inestabilidad de taludes. g) Contaminación de suelos. h) Generación de contaminación atmosférica: con la minería a cielo abierto se generan grandes volúmenes de emisión de material particulado, relacionado fundamentalmente con el movimiento de material, la disposición del mismo y, el transporte del mineral. Igual sucede con la generación de ruido y vibraciones (uso de explosivos).

? Modificación temporal y/o definitiva del paisaje ? Aumento en el uso de bienes y servicios ? Deterioro de vías: los vehículos de las compañías transitan

frecuentemente por vías secundarias o rurales que no cuentan con

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i) Modificación definitiva del paisaje: la infraestructura asociada a la operación minera, tal como disposición de estériles, lagunas de colas o relaves (para el caso del oro), frentes de explotación e infraestructura minera (campamentos, patios de acopio, plantas de beneficio, etc.), generan alteraciones sustanciales en la morfología de la zona objeto de explotación creando estructuras artificiales como “montañas o grandes depresiones”

comunidades en el que se discute su aceptación o rechazo por parte de la población. Tras dos décadas de política neoliberal y el empobrecimiento ocasionado por este modelo económico, la industria extractiva resulta para una parte de la población una alternativa posible, a pesar del alto daño que ocasiona, la ausencia de otras alternativas los coloca contra la pared, haciéndolos doblegar ante esta opción.

j) Generación de residuos sólidos peligrosos .

La agresiva presencia de las mineras transnacionales no sólo transforma la economía política del país, sino que se impone formas, sentidos, proyectos políticos, culturales e ideológicos que se persiguen bajo distintos usos de la palabra “desarrollo” y progreso.

b. Impactos económicos y sociales ? Cambio definitivo del uso del suelo ? “Privatización” de recursos naturales tales como fuentes de agua y bosques

Con respecto a las empresas mineras queda abierto un horizonte de investigación y de trabajo muy amplio necesario a desarrollar como una vía imprescindible para enfrentar con mayor claridad la avasallante ofensiva minera en el país.

? Afectación de la infraestructura pública y privada ? Incremento del uso de bienes y servicios

Es muy poco lo que se conoce acerca de estas grandes empresas mineras: origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en otros países de América Latina, formas de inserción en las comunidades locales en otros lugares del mundo, procesos de resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa de sus territorios y recursos naturales y patrimonio intangible, así como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas empresas tienen previsto implementar.

? Impactos en los medios de subsistencia ? Afectaciones sobre la salud pública ? Desplazamiento de poblaciones: Se da en los dos sentidos: migración de personas con la esperanza de ser contratados por el proyecto minero y, reubicación o reasentamiento de asentamientos humanos que estaban emplazados antes del desarrollo del proyecto minero.

En particular, resulta fundamental adelantar un proceso de investigación que permita identificar con precisión las estrategias de penetración utilizadas por las empresas mineras en los diferentes territorios y las formas de neutralizar y/cooptar a líderes y lideresas para lograr el cometido de apropiación de los territorios, negando los derechos colectivos, sociales y económicos. Una sistematización adecuada de estas estrategias permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las comunidades en distintas partes.

? Inseguridad: Directamente relacionada con la llegada de personas foráneas a las regiones ? Afectación del patrimonio cultural

3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos Las empresas mineras transnacionales y empresas que adelantan proyectos de minería a gran escala han irrumpido agresivamente en un sinnúmero de territorios de comunidades indígenas, campesinas y negras en todo el país. Esta tendencia responde a una situación favorable del mercado mundial de minerales que ha hecho de esta industria un ámbito de inversión y ganancia en la actualidad. Esta situación constituye una tendencia mundial que se presenta con fuerza y dinamismo en los países de América Latina y coloca a Colombia en un lugar privilegiado para la inversión extranjera y de las empresas multinacionales dado el empuje que el actual gobierno ha ofrecido a la industria minera en el país y la legislación que favorece el asentamiento de estas empresas.

En un reciente encuentro de mujeres47, las asistentes, identificaron problemas centrales para los territorios derivados de la industria extractiva, que contribuyen en el acercamiento a los impactos a los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos. Ellas señalaron lo siguiente: a. Intensificación del despojo de tierras y de los territorios de las comunidades étnicas (negritudes e indígenas) y campesinas a lo largo y ancho del país. Con este proceso de despojo no sólo se han vulnerado y desconocido los derechos sociales y económicos de los pueblos, sino que aún peor, se ha exterminado pueblos enteros física y culturalmente para arrebatarles su tierras. En este proceso de manera simultánea se ha acudido a la privatización de los ríos y los caminos, se ha sustituido los cultivos y huertos, lo que en su conjunto ha dejado a estos pueblos sin opciones para vivir, siendo

La actividad de las empresas multinacionales en los territorios étnicos y campesinos ha establecido un dilema entre las 47. Encuentro Nacional Mujer y Minería (Bogotá, noviembre de 2011).

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

crítica la pérdida de la soberanía alimentaria. Estos procesos se han presentado en medio de la proliferación de la explotación y otros megaproyectos: represas, embalses (ver recuadro),

infraestructura, en muchos casos está en función de los requerimientos del proyecto minero y de su alta demanda de agua y energía.

La voz de la lucha contra las megarepresas de Colombia. El 14 de marzo de 2011 se dio inicio a la Primera Jornada en Defensa de los Territorio convocada por la Red de Afectados y afectadas por represas, embalses y transvases, constituida en 1996. En la jornada se movilizaron: 3.5 mil personas se movilizaron en Ituango para rechazar la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, 1.5 mil personas en el Río Sogamoso para denunciar las irregularidades en la construcción del proyecto hidroeléctrico del Río Sogamoso y de igual manera, otras 300 personas se movilizaron en Neiva, Gigante y Garzón contra el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. La Jornada se realizaba para conmemorar el XIV Día de Acción Internacional contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida, que se celebra en todo el mundo. El 16 de marzo, se realizó un Foro en el Congreso de la República y una marcha hacia el Ministerio del Ambiente y con ello culminaron las actividades de esta acción coordinada por los movimientos antirepresas de Colombia. En abril de 2011, la Red de Afectados se transformaría en el Movimiento en Defensa de los Territorios y de afectados por las represas, Movimiento Ríos Vivos, que realizaría entre el 12 y 13 de marzo de 2012, su Primer Encuentro en el municipio de Girardota (Antioquia). Ver boletín de prensa y declaración: http://defensaterritorios.wordpress.com/ Las investigaciones han demostrado que la energía generada por las hidroeléctricas no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones de personas han sido desplazadas por la construcción de represas, constituyéndose en la principal causa de desplazamiento en el mundo; la dinámica natural de importantes ríos del mundo ha sido drásticamente modificada por las represas afectando los ciclos de vida. El caso más emblemático ha sido la destrucción de la riqueza íctica de los ríos, impacto reconocido por la Comisión Mundial de Represas realizada entre 1999 y 2000, convocada por el Banco Mundial y en la que participaron ambientalistas y comunidades, así como promotores de las represas. Además, las represas vulneran formas tradicionales de vida, despojan a los campesinos de sus tierras y la descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. La política minero - energética promovida por los gobiernos últimos gobiernos nacionales de Santos y Uribe ha revivido gran parte de los proyectos hidroeléctricos que se habían estudiado desde mediados del siglo anterior, de ahí la proliferación de proyectos hidroeléctricos de diversas dimensiones: El Quimbo, con una capacidad instalada de 400 MW, inundará 8500 ha., HidroItuango, la más grande represa que se haya querido construir en Colombia, con una capacidad instalada de 2.400 MW, tendrá un muro de 215 metros de altura e inundará alrededor de 3.500 ha., e Hidrosogamoso que generará 800 MW de energía a partir de 2015 e inundará 7.500 ha., son los tres más grandes proyectos que se construyen en la actualidad, sin embargo, el gobierno nacional promueve también la construcción de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en los principales afluentes hídricos del país. Este boom de las hidroeléctricas ha despertado también una reacción desde pobladores que han construido sus formas de vida y cultura alrededor de los ríos, es el caso de los pescadores, campesinos sin tierra que aprovechan los playones y las playas de los ríos en las épocas de verano, mineros ancestrales de oro, piedra y arena, paleros, vendedoras de pescado, etc. Es el caso de la resistencia más destacada en los últimos meses, contra el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que ha movilizado durante más de dos meses no sólo a pobladores locales sino que ha despertado una importante solidaridad nacional e internacional en grupos de activistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, entre otros. Asoquimbo, la asociación de afectados por la hidroeléctrica El Quimbo, inició un paro regional el 3 de enero de 2012, demandando la suspensión cautelar de la licencia ambiental mientras se realiza una audiencia pública ambiental. Se destacan entre sus demandas: la garantía a la soberanía y seguridad hídrica y agroalimentaria de la región, el acceso a los bienes comunes como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas esenciales y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades. Para tal fin se propone la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria subsidiada por el Estado Finalmente, destacamos de la declaración del Primer Encuentro del Movimiento Ríos Vivos sus propuestas: - Impulsar al Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero - Energética para construir de cara al país una propuesta de soberanía energética e hídrica que parta del reconocimiento de los saberes ancestrales y de las particularidades territoriales; que además esté en función de satisfacer las necesidades del pueblo colombiano.

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- Trabajar de manera articulada en el Movimiento Ríos Vivos y con otros procesos sociales para denunciar y transformar la política minero-energética gubernamental que amenaza con destruir las riquezas naturales y culturales de nuestros territorios y nuestro país - Apoyar el paro nacional minero - energético que vienen impulsando diversas organizaciones sociales nacionales y articulación con la agenda de movilización social que se promueve desde los diferentes espacios de articulación social. - Apoyar las diversas luchas territoriales, entre ellas, las que se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos de El Quimbo, Hidrosogamoso, Sumapaz e Ituango; las de los pobladores de Anchicayá, Salvajina, Urrá y Guarinó por el cumplimiento de los acuerdos de ley pactados entre comunidades afectadas y empresas durante la construcción de estos proyectos, las que pugnan por el desmantelamiento de la represa Urrá y por la no construcción del Proyecto Sinú (Urrá II). - Unirse al rechazo mundial de que las represas no son energía limpia y no deben ser incluidas como mecanismos de desarrollo limpio (MDL). - Unirse a las iniciativas populares que se desarrollarán en el marco de la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Ambiental y en Defensa de los Bienes Comunes, Rio + 20 que se desarrollará entre el 20 y 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro. - Participar activamente en la preparación del V encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, Redlar que se realizará el próximo año en Perú. b. Se ha producido un deterioro de las formas de vida tradicionales y de la salud pública (enfermedades respiratorias y mentales, de la piel, entre otras) debido a la contaminación de aguas, suelos, aire y auditiva, deterioro del paisaje, así como pérdida de biodiversidad, por mencionar sólo algunas de las afectaciones ambientales.

f. Las empresas desconocen los procesos de consulta y participación ciudadana son desconocidos y el Estado no garantiza lo que constitucionalmente está reconocido. Con engaños, las empresas buscan obviar los procesos formales de consulta. Las comunidades no están capacitadas en los procedimientos requeridos para desarrollar los procesos de consulta y de interlocución con el Estado y las empresas mineras. Esta situación ha facilitado el desconocimiento de los derechos y la implantación de las empresas, vía engaño y violación de derechos colectivos y territoriales.

c. Se han acentuado cambios en la vocación productiva en las regiones y en el estilo de vida en las comunidades campesinas. Se ha presentado un desplazamiento de la actividad productiva tradicional de la población, pasando de ser zonas campesinas para convertirse en mineras, donde una parte de la población entra a ser contratada en forma temporal como empleados de las empresas y van a depender de la actividad minera perdiendo su autonomía, ya que la economía de la zona entra a girar en torno a la actividad minera. Esta dependencia establece y profundiza una condición de exclusión laboral para una importante proporción de la población, ya que el empleo que se genera solo es para unos pocos.

g. En no pocos casos, las grandes empresas mineras empiezan a jugar el rol del Estado y las comunidades transforman su relación de ciudadanía con derechos ante un Estado a una relación de dependencia con la transnacional a la que, en algunos casos, ven como su benefactora ante la ausencia del Estado. En este juego, lo que se pone es un conjunto de prebendas de menor cuantía, dádivas que no constituyen solución alguna a los problemas sociales de la población. h. Con la presencia de la actividad de las grandes empresas mineras se intensifican la criminalización y estigmatización de la organización social y de la protesta cívica. Esta mirada negativa y prejuiciosa del derecho a la organización ha negado el acceso a la justicia y ha incidido negativamente en la desarticulación de las organizaciones. El miedo y la amenaza acallan las voces y establecen una frontera en la que el silencio se impone como única opción.

d. Los cambios en la economía campesina vienen acompañados de transformaciones en las formas de consumo y en la alimentación. El despojo de las tierras ha impuesto otras lógicas de vida; así, el alimento que antes producían campesinas y campesinas, hoy deben comprarlo. e. La llegada de las empresas mineras ha provocado el rompimiento del tejido social, de los lazos familiares, de los procesos organizativos. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración. Hay pérdida de la identidad cultural: cambios en los patrones de consumo, los jóvenes entran a demandar los consumos que se le impone desde otras lógicas: ropa de marca, tecnologías, alimentos, etc.

3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres En el encuentro de mujeres mencionado se identificaron impactos específicos de la minería para la vida de las mujeres y de sus familias. Es útil advertir que el encuentro permitió identificar las limitaciones que ellas tienen para esa identificación,

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CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera

reconocimiento que es un aporte central del diagnóstico mismo, en tanto permite señalar este vacío como uno de los ejes prioritarios del trabajo a desarrollar en el futuro donde es necesario profundizar y abordar una indagación sistemática que permita reconocer y dimensionar estos impactos para superar este vacío identificado.

en trabajos altamente precarizados: bajos salarios, ausencia de seguridad social, inestabilidad laboral e intensificación laboral, entre otras. f. En territorios de minería ancestral se han desplazado a comunidades que realizan pequeña minería o minería artesanal despojándoles de sus medios de vida. Las mujeres ligadas a la actividad barequera y guachera han perdido la autonomía y han visto deteriorada sus condiciones de vida y trabajo, han sido desplazadas de sus sitios de trabajo y pueden acceder al barequeo solo cuando las explotaciones ilegales las autorizan. Además, los diversos actores armados que controlan estos territorios empadronan a las comunidades como un recurso de intimidación a su actividad de generación de ingresos y como un medio de presión para obligarlos a dejar estas actividades. Así, las grandes empresas mineras en asocio con actores armados han estado violando sus derechos fundamentales.

Señalar este vacío también permite subrayar la ausencia de una perspectiva de derechos por parte de las mujeres que se ven enfrentadas en sus territorios de forma cotidiana con los impactos de la actividad minera. Esta falta de una visión de derechos indica la alta exposición al riesgo de estas poblaciones y la percepción de vulnerabilidad que la acompaña. a. La actividad minera se entrelaza con la exarcerbación de las violencias de género en el marco del conflicto armado en el país. La convergencia de estas violencias incrementa la espiral de la que se ejerce sobre las mujeres y plantea una prioridad de atención e intervención. Así, en las zonas donde en la actualidad se hace más aguda la explotación de los bienes naturales por parte de las grandes empresas mineras se tienen múltiples antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, amenazas y estigmatizaciones. Un factor a destacar en esta crítica situación violencia es que la presencia minera viene acompañada de bases militares y aumento de vigilancia de agentes de seguridad privada, que hace mucho más vulnerables la seguridad de las mujeres y por el aumento de la violencia sexual.

g. El incremento de la violencia en los territorios tiene un grave impacto en la vida de las mujeres, sus maridos son asesinados y ellas son amenazadas para que vendan su tierra a los mineros. En gran parte esta situación ha traído como una de sus consecuencias el incremento del madresolterismo y del madresolismo, tal como ha sido destacado por las mujeres. h. Las mujeres denuncian que han entrado a operar tácticas alternas por parte de las empresas mediante las cuales se ha desarrollado procesos de cooptación de los líderes y las lideresas sociales, como la principal vía para neutralizar el proceso de interlocución con las comunidades. En el caso particular de las mujeres, a través de estrategias, programas y discursos en la que se vende una ilusión de mejoramiento de vida.

b. La presencia de la actividad de las grandes empresas mineras que intensifica la criminalización y estigmatización de la organización social y de la protesta cívica, ha incidido particularmente en la desarticulación de las organizaciones de mujeres. c. Se ha presentado una mayor afectación de la salud de las mujeres y niñas en las distintas comunidades, presentándose mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y de enfermedades derivadas de la actividad minera extractiva y por las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de abortos, malformaciones, cánceres, embarazo en adolescentes, entre otras. d. Las mujeres destacan que en estos entornos mineros se ha acentuado la demanda de servicios sexuales principalmente por parte de funcionarios y obreros de la industria minera. Adicionalmente, aparecen situaciones críticas que afectan principalmente a las mujeres tales como de servidumbres, trata de personas, migración de mujeres (prepago), estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución. e. La presencia de las empresas mineras incide en el cambio de roles productivos de las mujeres: de mujeres campesinas han pasado a ser mujeres trabajadoras en las minas, principalmente en las áreas de servicios generales, aseo y alimentación, vinculadas

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

base de la militarización y los enclaves de agroindustria de exportación (ciudades-región, cluster48, encadenamientos productivos. (Sarmiento, 2010: p.5). En el Segundo Encuentro Regional Petrolero en Yopal (Casanare) los participantes destacaron que “con la entrada de las empresas petroleras y mineras en todos los departamentos, se presentan además consecuencias como la militarización del territorio, la entrada de grupos paramilitares, masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, detenciones y amenazas; lo cual ha llevado a desplazamientos de comunidades enteras” (Foro Regional Petrolero, Yopal (Casanare), 9-11 de noviembre de 2011).

4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial

E

l modelo productivo que se ha venido aplicando en Colombia, basado en la explotación minera y de hidrocarburos, y en la agroindustria agroexportadora es uno de los fenómenos que dan cuenta de nuevas dinámicas de reconfiguración territorial del país. En las zonas rurales, la población campesina, indígena y afrocolombiana llevan la peor parte, todo esto como resultado de la expropiación y el desplazamiento, asociado al conflicto interno, al fortalecimiento de poderes regionales –paramilitares-, a la presencia directa de empresas transnacionales, a la ejecución de megaproyectos y también a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo. La explotación minera está basada en una legislación bastante laxa, y en la mayoría de los casos pasa por encima de planes de ordenamiento territorial y de legislación ambiental del país. Así, una primera tensión es la que se ha producido entre modelo económico y el desarrollo humano sostenible (Velázquez, 2010: p.21).

Las características de los contextos regionales nos permiten analizar de manera diferenciada las formas de de inserción de las multinacionales en los territorios y los conflictos que se derivan a partir de las forma que utilizan para la exploración y explotación del recurso minero; de igual manera, es importante analizar al Estado en el papel de regulador y fiscalizador, a las autoridades locales y regionales y sus formas de articulación a estas dinámicas económicas que cuentan con el aval del Estado por un lado, unos sectores sociales y políticos y agencias de cooperación que se oponen y denuncian en forma permanente a los impactos que se están generando con esta forma de economía. Al respecto señalaremos algunos:

La dinámica de reprimarización de la economía tiene como componentes centrales la ampliación de los mercados por el capital, el ordenamiento territorial, la expropiación, la privatización y el control territorial. Las concesiones a los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y las industrias extractivas minero-energéticas no solo son económicas, sino que aparecen como ordenadores políticos de lo territorial. Esto es evidente en varias funciones típicamente estatales: las funciones de policía que se entregan a las empresas madereras y minero-energéticas, las cuales cumplen mediante ejércitos privados, que no solo “protegen la propiedad” sino que reprimen comportamientos considerados peligrosos; las funciones de control y protección del medioambiente, explícitamente otorgadas a los ingenieros forestales de las plantaciones en la recientemente aprobada y declarada inconstitucional Ley General Forestal, y que no solo implican una privatización del papel indelegable del Estado sino una forma de convertir en agente de control al que debe ser controlado. Una tercera modalidad es la creación expropiación y desposesión directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrícola.

Primero, la tierra ha sido el corazón del enfrentamiento agrario y consideramos que hay una relación directa entre la explotación minera y el problema agrario en Colombia: en relación con la población, el despojo de tierras en las últimas dos décadas particularmente, ha alcanzado los 6.65 millones de hectáreas de tierra, según la Comisión de Seguimiento a la política Pública sobre desplazamiento forzado. Las actividades de las empresas mineras están provocando un mayor desplazamiento de personas en Colombia. Campesinos, indígenas y afrocolombianos son expulsados de sus tierras para fomentar la explotación de nuevos yacimientos de minerales; se comienza a desplazar al poblador de la región, se presiona la venta de las tierras que se utilizarán en la mina y en las zonas de amortiguación con procesos basados fundamentalmente en el uso de la violencia (Ramírez, 2007). Segundo, el gobierno, a diferencia del anterior que justificaba la usurpación de su propiedad a millones de campesinos, asume la necesidad de regresar una parte de tales propiedades a sus verdaderos dueños, y de presentar interna y externamente la imagen de un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, así como no hay garantías para que los desplazados y despojados regresen a sus tierras, tampoco se ofrece una política que les permita explotarla. El proyecto puede favorecer otra concentración de tierra, y su uso para los megaproyectos mineros o agrícolas que están en los planes de las multinacionales y los grandes inversionistas criollos, viejos o “emergentes” (Gutiérrez, 2011: p.2).

En el aspecto territorial, significa entregarle a las transnacionales y a los empresarios colombianos, y en muchas regiones bajo la protección de la fuerza pública y muchas veces con el apoyo de paramilitares y de los grupos armados guerrilleros, la explotación de la diversidad biológica, el agua, el paisaje, los minerales, los recursos energéticos, la silvicultura, los biocombustibles y los cultivos tropicales. El reordenamiento territorial gira entonces alrededor de la expulsión de campesinos, indígenas y población afrocolombiana que favorecerá a la hacienda ganadera, los grandes cultivos para biocombustibles, la minería extensiva e intensiva, y los macro-proyectos de desarrollo forzado sobre la

48. Con la modalidad de cluster se otorgan licencias para todo tipo de intervención en grandes territorios, de manera que una empresa petrolera con una sola licencia –además de explorar y explotar hidrocarburos– puede construir carreteras y otras obras de infraestructura sin que esté obligada a estudios especiales adicionales.

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La anterior situación preocupa bastante, máxime en un contexto de explotación de las actividades mineras, donde buena parte del territorio nacional o bien está destinado a esta actividad, o bien se proyecta para hacerlo. La garantía de derechos de propiedad facilita las transacciones sobre las tierras, pero no protege los territorios (Mantilla Quijano, 2011: p.3). Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha dado a la tarea de legalización de las tierras adquiridas violentamente por los narcotraficantes y paramilitares. Lo primero fue mediante la aparición de escrituras privadas, como hicieron en Jiguamiandó, (Chocó) donde validaron escrituras previas de empresarios de palma; en este caso una resolución del Incoder tituló tierras que ya estaban tituladas a comunidades afro en el bajo Atrato. Tienen lugar también los actos de corrupción; algunos líderes ya están negociando con las multinacionales y con los interesados en las tierras. (CECOIN, 2008: p.33). Si bien en el Estatuto de Desarrollo Rural, se define los límites de la frontera agrícola, establece el uso actual y potencial del suelo, y ordena las zonas geográficas de acuerdo con características biofísicas, condiciones económicas, sociales y de infraestructura pero desmonta la función de control que sobre la materia tenía el Ministerio del Ambiente y establece con claridad que el principio de ordenamiento del territorio en áreas rurales será el favorecimiento de las áreas de desarrollo empresarial. (CECOIN, p.34-35).

amenaza el 30% de las últimas extensiones de bosques primarios en el mundo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies (muchas llevadas a la extinción), también afecta el mantenimiento del flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de procesamiento tales como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos terminan en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos muy graves que afectan a los ecosistemas cercanos, de manera especialmente agravada a los bosques y a las personas. El modelo de desarrollo minero-energético en Colombia ha pasado por grandes transformaciones. El gran interrogante que surge es ¿Cuál es el impacto político y económico de la minería en la economía colombiana? En el campo legal, las multinacionales, han intervenido en la adecuación de leyes a sus intereses. Primero fue el proyecto de ley de Código de Minas de 1996, y luego, la ley 685 de 2001, con la participación de sectores político y económicos del país. Cada vez más, el manejo del medio ambiente queda en manos de las multinacionales, pues ellas determinan si se adicionan o no cambios en todo el proceso de exploración, explotación y cierre de la mina (Ramírez, 2011). La industria minera está apenas en ciernes. Para el año 2010, el Instituto de Geología y Minería Colombiano (Ingeominas), estimaba que la superficie total actualmente explorada asciende a 1,69 millones de hectáreas. Se supone que Colombia, ofrece los índices de seguridad por una parte, y por otra, el precio del oro en el último mes superó el récord de los 1.800 dólares la onza troy. Esta situación ha generado lo que se ha denominado la fiebre del oro. Se espera que empiece entonces la etapa de explotación del metal con cuatro megaproyectos en ciernes en Santander, Caldas, Tolima y Vaupés. Los cinco emprendimientos de las multinacionales AngloGold Ashanti en Tolima, Eco Oro (antes GreyStar) y EBX (MPX Colombia) que adquirió Ventana Gold en Santander, Cosigo en Vaupés y Gran Colombia Gold-Medoro Resources en Caldas, son indispensables para cumplir su meta de aumentar la producción de oro de las 53 toneladas anuales de hoy a 72 en 2014. Este logro contribuirá a hacer reales los optimistas cálculos que, según la investigación 'La fiebre minera se apoderó a Colombia', de Ciperchile.cl, proyectan aumentar las exportaciones del sector minero-energético colombiano de 21.000 millones de dólares en 2010 a 54.000 millones en 2021. Todos los proyectos están en lugares ambientalmente estratégicos, como páramos o bosques. De ahí que la pregunta clave que tendrán que responder las autoridades es si sus beneficios económicos compensarán el daño ambiental. Además, todavía no hay una respuesta sobre cómo se manejarán esos megaproyectos con las comunidades de mineros tradicionales, pueblos indígenas y afrodescendientes de donde se desarrollan (Revista Semana, 2011).

Tercero, uno de los más grandes impactos de esta industria en Colombia es la militarización de los territorios que hace más vulnerables a las poblaciones frente a la violación de los DDHH. La Política de Seguridad Democrática del gobierno anterior, dirigió los recursos del Plan Colombia y Plan Patriota a proteger la infraestructura del Harken Energy donde la familia del presidente Bush tiene grandes inversiones (Sur de Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo), a la Oxy donde Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos tiene una posición accionaría dominante, donde operan la B.P-Amoco de capital inglés y de Estados Unidos; la ayuda militar de Gran Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías Angloamerican, BHP Billiton, B.P.-Amoco; la de Israel a zonas de producción carbonífera de donde sale este mineral que alimenta la industria energética de ese país y la de España a “respaldar” las inversiones de Repsol-YPF en el Arauca. (Ramírez, 2007). Cuarto, los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral que se extrae. Sin embargo, en todos los casos se trata de una actividad que no es sustentable porque explota un recurso no renovable mediante procesamientos destructivos o contaminantes. La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie le cabe la menor duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye una depredación. La minería, junto con la explotación de petróleo,

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campesinos, afro-descendientes e indígenas temen la llegada del “desarrollo”. Sobre todo cuando la concertación no pasa de ser un requisito puramente formal que no logra crear confianza y legitimidad frente a las comunidades en donde se ejecutan los grandes proyectos extractivos. Además, la débil legislación colombiana frente al tema.

4.2 Dimensión territorial del conflicto, la economía y la construcción institucional Todo un cuerpo de literatura se ha desarrollado en torno a lo que se ha denominado la economía política de los recursos naturales que ha tratado de desentrañar por qué algunos países que han basado su crecimiento en la explotación intensiva de recursos naturales parece que han podido emprender una senda desarrollo equitativo acompañado de políticas sociales y redistributivas exitosas y el fortalecimiento de la democracia (Indonesia, Chile, Botsuana y Malasia), y otros más bien muestran una tendencia negativa hacia el aumento de las desigualdades y conflictos sociales, el deterioro de la democracia e, incluso, la manifestación o recrudecimiento de guerras civiles.

El impulso del gobierno Santos para apuntalar la economía extractiva en Colombia ha venido acompañada de la descalificación de la minería ilegal, no sólo por ser insegura y carecer de cualquier normativa laboral, medioambiental, entre otras, sino también porque de ella se financian los actores armados. Si bien, los actores ilegales usufructúan rentas de la minería, así como lo harían durante mucho tiempo de la extorsión a las multinacionales petroleras, lo cierto es que en muchas regiones la pequeña minería es el medio de subsistencia de miles de campesinos, de tal manera que generalizar el problema de la pequeña minería y construir todo un discurso que prepare el escenario para la gran minería.

Aunque todavía no se ha esclarecido de manera concluyente la forma en que la explotación de recursos naturales y el crecimiento económico en el que se traduce tiene impactos positivos o negativos para el desarrollo y en el conflicto armado, la hipótesis más plausible es aquella que indica de que se trata de un problema institucional e histórico. Es decir, que los resultados positivos o negativos que pueda tener la explotación de recursos naturales están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones políticas, sociales y económicas particulares en que tiene lugar.

Con respecto a la captura de este tipo de rentas por parte de los actores armados, cabe anotar que no se trata de un fenómeno nuevo. Una de las banderas del ELN ha sido la defensa de los recursos naturales y con esa consigna se financiaron durante décadas. De tal manera que la captura de rentas por parte de los actores armados hace parte no sólo de un problema económico, sino también a su vez, de un problema político. Pretender desligar el uno del otro conlleva el craso error de caer en una lectura moral de los fenómenos sociales.

En el caso colombiano, la interacción entre las grandes explotaciones de recursos naturales y la dinámica del conflicto armado revela cambios importantes que se deben tener en cuenta y que pueden contribuir al esclarecimiento de las distintas formas en que uno y otro interactúan. En efecto, las explotaciones a gran escala de recursos naturales como los enclaves mineros y petroleros en muchas regiones y localidades del país reestructuraron el conflicto armado y sus manifestaciones violentas, toda vez que ha significado no solo una avidez de rentas de los grupos armados de distinto signo al pretender capturar recursos como las regalías para su financiamiento, sino también porque han generado un entorno favorable a nivel subnacional para que estos grupos adelanten labores de regulación social y política en un contexto donde la institucionalidad local presenta fallas. En este sentido, la emergencia de los espacios locales en los que confluyen un multiplicidad de actores con intereses políticos y económicos diversos, se han configurado como un lugar en el que los grupos armados cumplen distintas funciones: dirimen disputas, garantizan el cumplimiento de los arreglos sociales, se insertan en pactos encaminados al desfalco del erario público, eliminan la protesta social, etc.

4.3 Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y carbón, 2000-2011 La tendencia de la movilización social en Colombia se incrementa como resultado de la creciente inversión extranjera para la extracción minera. Si comparamos el cuadro de IED y el cuadro de luchas sociales podemos afirmar que, en la medida que crece la inversión extranjera aumentan la movilización social. Las luchas sociales expresan de igual manera la relación que existe con el sector minero-energético: las luchas en defensa de los territorios étnicos y en contra de la presencia de multinacionales y protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio espectro de sectores sociales, solidarios con sus causas; los trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales dedicadas a la extracción, seguidos por mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero ha sido blanco de persecuciones y criminalización; se destacan las movilizaciones por motivos ambientales referidos al manejo y destrucción de recursos naturales, a la contaminación, riesgos y desastres ocasionados por actividades de explotación minera.

Durante los dos mandatos del gobierno Uribe se consolidó la economía extractiva y agroindustrial como una alternativa al desarrollo. El nuevo gobierno, los gremios y las multinacionales se han aglutinado alrededor de este discurso, y si bien esta opción puede sumar puntos del PIB nacional, no sin debates y discusiones sobre el tema, a nivel regional, comunidades de

En la base de datos de luchas sociales del CINEP encontramos, para el periodo señalado, 104 luchas sociales asociadas a actividades mineras de carbón y oro, cuya trayectoria se muestra en la gráfica 6.

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Fuente: Base de Datos de luchas sociales, Sistema de información General, SIG, CINEP/PPP

A lo largo del periodo se presentaron 52 luchas vinculadas a la extracción de carbón, 42 relacionadas con la del oro y 10 en las que los manifestantes se expresaron contra los proyectos de las multinacionales.

crudo, con un 17.6%; gas natural, con 6.4%; carbón, con el 2.2%; minerales metálicos con el 1.8% y los no metálicos con el 1.6%49. Salvo en los años 2000 y 2002, durante el periodo observado se registraron protestas relacionadas con la actividad extractiva de carbón, que presentan un incremento sostenido entre 2006 y 2009 y en 2010, su número es idéntico al de 2009, pero es superado por el número de acciones colectivas relacionadas con extracción de oro.

En 2002 no se registraron luchas sociales relacionadas con estas actividades extractivas pero, a partir de 2006 –un año después del inicio del crecimiento inusitado del sector minero–, aumenta el número de protestas, llegando a su máximo pico en 2010, cuando las exportaciones del país crecieron 21% respecto al año anterior, el 59% de ellas correspondió al sector minero, y dentro de éste, las exportaciones de petróleo representaron el 70.24% y las de carbón el 25.63%. Dentro del sector de minas y canteras, los subsectores con mayor crecimiento en el 2010 fueron petróleo

De 2008 a 2011 se han presentado protestas en contra de la megaminería asociadas a la defensa de territorios étnicos, en contra de la presencia de multinacionales en ellos, y protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio espectro de sectores sociales, solidarios con sus causas.

49. Velásquez, Héctor, “La minería en Colombia: una locomotora sin vagones para el trabajo decente”, en www.ens.org.co.

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Los protagonistas de estas luchas han sido mayoritariamente trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales dedicadas a la extracción, seguidos por mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero ha sido blanco de persecuciones y criminalización. Los grupos étnicos han venido reclamando desde la década de los 90, el respeto a sus territorios colectivos y a su cultura, arrasados por la exploración y explotación minera, que ha desconocido el mandato legal de la consulta previa en la mayoría de casos, y por la construcción de megaobras de infraestructura requeridas para el transporte y embarque de la producción de este sector. Los pobladores urbanos también han expresado pública y colectivamente su voz de protesta en contra de la megaminería y, por último, campesinos desposeídos por proyectos mineros han participado en las protestas en su contra, en proporciones que se muestran en las gráficas 7 y 8.

previos. En segundo lugar, destacan los motivos ambientales referidos al manejo y destrucción de recursos naturales, a la contaminación, riesgos y desastres ocasionados por actividades de explotación minera. En tercer lugar, están las movilizaciones y huelgas protagonizadas por asalariados del sector de minas y canteras, por pliegos laborales no dirimidos en mesas de negociación con los empresarios. Las protestas motivadas por la violación de derechos las encabezan aquellas que exigen el derecho a la vida, la integridad y la libertad, seguidas por las que reclaman el respeto a los derechos étnicos e interculturales y los derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a un trabajo digno y el derecho a sindicalizarse. La mitad de las protestas registradas en el periodo han tenido como adversario a empresas privadas, sean éstas nacionales o multinacionales, seguidas por el ejecutivo nacional y sus diversas instancias, y por los gobiernos municipales, en muchas ocasiones, ejecutores directos de políticas públicas y órdenes judiciales que afectan a sectores sociales de su jurisdicción. La distribución porcentual de los adversarios se muestra en la gráfica 9.

En la distribución de los motivos de las protestas a las que nos referimos (expresadas en la gráfica 8) sobresalen los incumplimientos de pactos: retenciones salariales, violaciones de normas laborales (seguridad social, seguridad industrial), violaciones a la consulta previa e incumplimiento de pactos

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Las luchas que estamos analizando se concentran en municipios donde se llevan a cabo estas dos actividades extractivas pero algunas han tenido lugar en puntos geográficos que, sin ser productores, son afectados por actividades complementarias, tales como, el transporte o embarque (particularmente de carbón por la estela de contaminación que dejan) o en capitales departamentales donde se han realizado manifestaciones de protesta en el marco de foros, audiencias públicas y congresos cuya temática ha girado en torno a los problemas derivados de tales actividades. En la gráfica 10 se muestra la participación departamental en las luchas alrededor del oro, el carbón o contra megaminería.

y recordó que el 14 de julio de 1977 hubo otra, en las minas El Silencio y Villa Diana, propiedad de Industria Hullera S.A, que dejó un saldo de 140 muertos (El Espectador, 17 de junio de 2010). Tal vez, los dos accidentes laborales en minas colombianas con el mayor número de muertos. Mientras se realizaban labores de rescate de los cuerpos sin vida, los directivos de Carbones San Fernando S.A afirmaron que la mina contaba con las condiciones de seguridad y de higiene minera, que los niveles de gases estaban dentro de los rangos normales permitidos, y que durante el último semestre habían tenido tres visitas de inspección de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, y el 9 de junio, Ingeominas realizó la última revisión. Si esta tragedia ocurrió en una mina que cumplía con las condiciones de seguridad laboral de ley, qué podría acaecer en la mayoría de minas de extracción de carbón de socavón que carecen de ellas. Un informe de la revista Semana de junio de 2011 aseguró que entre enero y mayo de este año ya iban 62 mineros muertos en accidentes de trabajo en pequeñas minas (“A todo vapor”, en Semana.com. 25 de junio de 2011). Esta explosión del socavón de San Fernando también sacó a la luz el drama que viven los mineros de la cuenca del río Sinifaná (que abarca los municipios de Amagá, Titiribí, Fredonia, Angelópolis, Heliconia y Valencia, donde se calcula que hay unas 250 pequeñas minas sin título legal que producen, el 70% del carbón de la cuenca y constituyen la mayor fuente de empleo de la región.

4.3.1 Algunos casos de luchas sociales relevantes En relación con las luchas sociales, resaltaremos algunos casos asociados a la explotación del oro y otros relacionados con la explotación del carbón (véanse anexos). En el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, que se presentaron en los municipios de Segovia, Remedios, Guadalupe, Anorí, Amalfi; Zaragoza, Caucasia; Nechí, El Bagre y, desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó. En el municipio de Amagá se concentran las protestas vinculadas al carbón. Las protestas ocurridas en Segovia merecen atención dado que en este municipio se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia. Los siguientes casos se refieren a la extracción de carbón50 en Amagá (Antioquia), Cesar y La Guajira: El primero, se relaciona con la falta de seguridad industrial que caracteriza buena parte de la actividad minera de carbón en el país. El 16 de junio de 2010 se produjo una explosión por acumulación de gas metano en un socavón de la mina San Fernando 51 en Amagá, que dejó 73 muertos

50. “Colombia ocupa el quinto lugar entre los países exportadores de carbón y posee la segunda mayor reserva de carbón en Latinoamérica” (Julio Villarreal Navarro, citado por Héctor Velásquez, op. cit.). 51. Este no fue el primer accidente en la misma mina: el 14 de junio de 2006, se presentó una explosión que dejo un muerto y 29 heridos. El 11 de noviembre de 2008, otra explosión hizo que la mina San Fernando se llenara de agua. Hubo cinco mineros muertos aplastados por el agua, el lodo y las piedras. El 2 de abril de 2009, cinco mineros quedaron atrapados por un derrumbe en la mina El Silencio y fueron rescatados con vida. Otros accidentes fatales en minas de carbón: el 1° de septiembre de 2005, tres mineros murieron por asfixia, al inhalar monóxido de carbono, en una mina de la vereda La Florida, Amagá, en límites con Angelópolis. El 6 de agosto de 2009, en Fredonia, nueve personas fallecieron por una explosión en la mina El Bloque. El hecho enlutó también a Amagá, donde residían varias víctimas (El Colombiano.com, 19 de julio de 2010).

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En el segundo caso, las luchas sociales relacionadas con la extracción del carbón en el departamento del Cesar ascienden a 23 en el periodo de estudio. Ocurrieron en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico52, Chiriguaná, Becerril y Valledupar, y fueron protagonizadas por asalariados activos y jubilados de empresas formales, en contra de la Drummond, Carbones La Jagua de Ibirico, Consorcio Minero La Francia, Consorcio Minero del Cesar, Caves GHL (empresa contratada por la Drummond para dar alimentación a sus trabajadores), Ferrocarriles del Norte (transporta carbón de la Drummond, desde La Loma al puerto de embarque de Ciénaga, Magdalena) y contra grupos paramilitares. Los motivos de las protestas fueron pliegos no dirimidos por las empresas (que contemplaban, además de alza de salarios, vinculación indefinida directa y no a través de CTA, procedimientos de sanciones, salud ocupacional53, seguridad industrial, jornada de ocho horas e inversión social de la empresa en la región); demandas de estabilidad laboral (contra despidos de trabajadores, particularmente directivos sindicales en épocas previas o posteriores a la negociación de pliegos); accidentes de trabajo por falta de seguridad industrial, contra cierre de empresas y despido de todo el personal sin haber sido indemnizados ni pagadas sus acreencias (caso de Consorcio Minero del Cesar, operadora de la canadiense Coalcorp, en agosto de 2009).

Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal. Durante 2004, la población del corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, animados por lo que consideraban como una oportunidad para salir de la desocupación y el atraso de la región (argumento esgrimido por las emergentes elites regionales), se manifestó para apoyar el proyecto de la Sociedad Portuaria para construir un puerto multipropósito para la exportación de carbón y otros minerales, en pleno Parque Natural Isla de Salamanca, protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convención Ramsar), ubicado en tierras que antes habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo y, en ese momento, un proyecto que carecía de plan de mitigación ambiental. En el cuarto caso, en el departamento de La Guajira, donde está El Cerrejón, una inmensa mina a cielo abierto de carbón, se registraron 9 luchas relacionadas con la extracción de este mineral. El principal adversario de estas protestas fue Carbones El Cerrejón55, y dos de ellas se hicieron en contra de grupos armados irregulares. Tres luchas fueron protagonizadas por indígenas y el resto por los trabajadores de la mina que demandaron, a través de pliegos petitorios, alza en los salarios, pensión especial anticipada a los trabajadores por el alto riesgo de su actividad, atención a enfermedades profesionales, entrega de medicinas, rehabilitación a incapacitados por parte de la ARP del Instituto de Seguros Sociales, auxilio convencional a enfermos especiales, incentivos para la educación de los hijos de los trabajadores, debido a la precaria cobertura, tanto de enseña secundaria como de universitaria en el departamento de La Guajira, mejoras en las condiciones laborales de contratistas y garantías socioambientales a comunidades asentadas alrededor de la mina.

La International Labor Rights Fund, junto con United Steel Workers Union demandó a Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum, por nexos con los paramilitares y por usarlos para intimidar y asesinar a los líderes sindicales (Voz, 4 de junio de 2001). Este caso da indicios de la relación entre multinacionales y paramilitarismo en Colombia54. En el tercer caso, en el departamento de Magdalena, hubo 12 luchas sociales. En su mayoría estuvieron relacionadas con la contaminación de las playas que causa el transporte del mineral hacia el puerto de embarque de Ciénaga (propiedad de la Drummond) que fueron protagonizadas por trabajadores y sus familiares, empleados hoteleros amenazados por el cierre de sus fuentes de empleo y pescadores que denunciaban la mortandad de peces por falta de oxígeno a causa de la capa de polvillo de carbón que caía a diario sobre zonas de pesca. En febrero de 2009, hubo una huelga en Compass Group Proveemos, una CTA constituida por mujeres que dan alimentación a 1.500 trabajadores de Drummond en el puerto de embarque Ciénaga, en protesta por la precarización de su labor, acoso laboral y sexual, más de 20 despidos, y la negativa de negociar descuento de cuotas sindicales. Las mujeres fueron apoyadas por el Sindicato Nacional de

Esta historia reciente de Carbones El Cerrejón y sus trabajadores también tiene manchas de sangre caídas en décadas anteriores. 4.4 El boom minero frente a la política de tierras: articulación del extractivismo Una de las dificultades que encuentra la 'locomotora minera' para su pleno desarrollo es la claridad sobre los derechos de la propiedad de la tierra en Colombia. Tal como ha sido señalado por diferentes instancias, la informalidad de la estructura de tenencia de la tierra en Colombia puede considerarse como un problema para garantizar la seguridad jurídica de las iniciativas que quieran desarrollarse sobre ella. Esta situación ha sido ratificada por el

52. Vendida a mediados del periodo a la trasnacional suiza Glencore A G, que ya había comprado Carbones El Caribe y también era dueña de explotaciones en Cerrejón, La Guajira. 53. En octubre de 2010, la Asociación de enfermos y despedidos de la empresa transnacional Drummond Ltda (Asotredp), realizó una protesta frente al Ministerio de la Protección Social en Bogotá, por la grave situación de salud por la que atraviesan 320 trabajadores que laboran en la mina en el Cesar y 240 del puerto en Ciénaga, Magdalena, todos ellos con enfermedades profesionales, debido a la actividad que desarrollan en los frentes de trabajo, en los cuales no hay la protección adecuada para evitar esta catástrofe en la salud, pese a que las comunicaciones de la empresa manifiestan que allí reina una total asistencia y prevención en la salud de los trabajadores. Además, fueron despedidos 150 trabajadores enfermos en la mina, 85 en el puerto y en accidentes de trabajo han fallecido 16 trabajadores en 15 años de la explotación minera de esta empresa (www.usofrenteobrero.org 14 de octubre de 2010). 54. Sobre relaciones del paramilitarismo y la extracción de carbón en algunos municipios de Cesar, ver el anexo “Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar”, al final de este artículo. 55. Hasta fines del siglo XX la empresa funcionó como International Corporation (Intercor), bajo contrato con Carbocol (empresa industrial y comercial del Estado que funciona como sociedad anónima). En noviembre de 2002, el gobierno vendió sus acciones a Cerrejón Norte, propiedad de un consorcio angloamericano que tiene asiento en el Reino Unido y República Sudafricana, de la BHP Billiton (Reino Unido y Australia) y de Glencore International, dueños también de las minas de Cerrejón Sur. Luego de que Carbocol vendiera sus acciones a empresas privadas, en 2002 la norteamericana Intercor procedió a vender las suyas a la Anglo American Billinton y a la suiza Glencore. En 2011, la empresa Carbones El Cerrejón pertenece a BHP Billiton (angloaustraliana), Anglo America (anglosurafricana) y Xtrata (subsidiaria de la suiza Glencore).

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

reciente informe del PNUD en el cual se analiza la preocupante situación de desactualización de los sistemas de información sobre los predios rurales en Colombia, según los datos del IGAC: “de los predios registrados en todo el país en el año 2009, el 52,8% estaban actualizados, el 44,3% desactualizados y el 2,9% no tenían formación catastral”56.

De igual forma, las posibilidades reales de la restitución de tierras frente a los alcances de la política minera del actual gobierno podrían ser limitados. Si bien se pueden restituir derechos sobre el suelo, el Estado ha reservado para sí la propiedad del subsuelo y la posibilidad de concesionar su explotación a quien considere conveniente. De esta forma pueden resultar incompatibles los propósitos de la restitución material de tierras con las amplias concesiones mineras que el Estado ha otorgado en los últimos años, y que planea continuar otorgando para impulsar el extractivismo minero.

Este es un problema estructural del sistema de tenencia de la tierra en Colombia. La informalidad genera un problema de seguridad jurídica de los derechos sobre las tierras, no solo para los campesinos y demás pobladores rurales, sino también de los grandes inversionistas en proyectos que necesitan tener claridad sobre estos derechos. En este punto pueden observarse aspectos de articulación entre la política de extracción minera y la política agraria y de tierras en Colombia. La primera necesita que la segunda clarifique y formalice los títulos y los derechos de propiedad sobre las tierras con el propósito de que las inversiones que se generen no se vean afectadas por la inseguridad jurídica en el sistema de tenencia de la tierra.

La relación parece mucho más clara en lo relativo a la proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Las propuestas del gobierno en este punto facilitan la articulación de un proyecto de economía extractiva en el sector agrícola, con el proyecto de economía extractiva en el sector minero, comprendiendo al extractivismo como un modelo de explotación en el cual prima la extracción de recursos naturales no renovables57. En este sentido, en la propuesta de política rural del Gobierno existen figuras como el derecho real de superficie que desintegra los diferentes componentes y características del derecho de propiedad. De esta forma, así como el Estado se reserva para sí la propiedad del subsuelo, independientemente de quien sea el propietario, poseedor o usuario de las tierras; el derecho de superficie permite configurar a favor de un tercero un derecho de uso de los suelos, independientemente de quien sea el propietario de las tierras.

De esta forma, en la política de tierras hay que tener en cuenta dos iniciativas que tendrían que ser analizadas a la luz del modelo de extractivismo minero. La primera, la ya aprobada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y la segunda, el proyecto de Ley de Tierras y de Desarrollo Rural, cuyo contenido aún no ha sido publicado de forma íntegra por el Gobierno, pero se ha podido conocer en la medida en que han circulado en las organizaciones indígenas y afrocolombianas, instituciones académicas y centros de investigación algunos documentos, en el marco del proceso de preparación de la consulta previa que se adelanta con estas instancias.

El derecho real de superficie puede facilitar el acceso a grandes extensiones de tierra para el desarrollo de proyectos agroindustriales, tal como ha sucedido en el Cercado Brasileño. El ministro de Agricultura ha señalado que este es el modelo a seguir en la Orinoquía, en el cual la producción agroindustrial se ha logrado encadenar con la participación de los campesinos y campesinas. Sin embargo, aunque el modelo del Cercado es un éxito en materia de crecimiento económico y comercial, ya que convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y uno de los más grandes productores de azúcar, está lejos de cumplir el propósito de la desconcentración de las tierras.

En cuanto a la ley de víctimas y de restitución de tierras hay que preguntarse por los alcances reales de la misma en cuanto a la promoción de la economía campesina y la restitución material de las tierras. Ciertas figuras y disposiciones que contiene esta norma, como los contratos de uso o la protección de derechos a terceros de buena fe, pueden derivar en un proceso de formalización de los procesos de concentración y despojo de tierras, que tenga en cuenta el pago de la indemnización y de la reparación económica a las víctimas. Este escenario, que sería el menos favorable para la garantía de los derechos de las víctimas, implicaría que la restitución de tierras se configura en un proceso formal, que facilita la clarificación y formalización de los derechos de propiedad de los predios rurales en Colombia, y que reduce los costos de transacción del mercado de tierras. La consecuencia de este escenario es que no se produciría una transformación de la estructura concentrada de la tenencia de la tierra en Colombia y no ofrecerían alternativas para la dignificación de los campesinos y sus modos de vida.

El derecho real de superficie puede facilitar el acceso a grandes extensiones de tierra para el desarrollo de proyectos agroindustriales, tal como ha sucedido en el Cercado Brasileño. El ministro de Agricultura ha señalado que este es el modelo a seguir en la Orinoquía, en el cual la producción agroindustrial se ha logrado encadenar con la participación de los campesinos y campesinas. Sin embargo, aunque el modelo del Cercado es un éxito en materia de crecimiento económico y comercial, ya que convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y uno de los más grandes productores de azúcar, está lejos de cumplir el propósito de la desconcentración de las tierras. Además,

56. PNUD Colombia, Colombia rural: razones para la esperanza. Informe de Desarrollo Humano 2011, p. 194. 57. Alayza A. y Gudynas, E., Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en Perú, Lima, CLAES – RedGE, 2011.

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

en tiempos de la crisis energética, cualquier modelo agrícola que esté sustentado en el alto consumo de combustibles fósiles está destinado al fracaso.

decir, surgen una serie de preguntas sobre los distintos actores y factores de violencia, cuya continuidad suscita interrogantes en torno a la real eficacia de la estrategia implementada.

De tal forma, las regiones que no son altas para la explotación minera, entre ellas particularmente la altillanura, serán destinadas al extractivismo agrícola y viceversa. El marco normativo a partir del cual se configura la política de tierras brinda elementos que permiten comprobar esta tendencia. Bien sea minero, agrícola o forestal, se consolida para Colombia una nueva versión, esta vez moderna, del modelo extractivista.

De acuerdo con los estudios de ODECOFI, los nuevos escenarios de confrontación se caracterizan por el repliegue de las FARC hacia zonas periféricas de retaguardia como en el sur del Tolima, el norte del Cauca, y, más recientemente en las economías cocaleras del andén pacífico, retornando a la lógica de la guerra de guerrillas, y centrado en realizar ataques indiscriminados contra la infraestructura y la población civil. Por otra parte, a reconfiguración del fenómeno paramilitar; la amplia desmovilización promovida por la administración Uribe entre 2003 y 2006 no garantizó el desmonte de las estructuras de poder económico y político subyacentes al paramilitarismo. Por tanto, lo que se generó al culminar el proceso de desmovilización ha sido el inicio de una nueva fase paramilitar, que está mostrando un preocupante incremento en su responsabilidad en las infracciones que tiene como víctimas los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras, líderes sociales de distintos sectores. Las acciones tanto de la insurgencia como los paramilitares en esta nueva fase y su funcionamiento depende de la situación de cada región o localidad, relacionado con el negocio del narcotráfico haciendo que los grupos se recompongan en forma aleatoria y hagan alianzas según los intereses y situaciones de cada región (González, F. 2011: 9).

4.5 Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en relación con el sector minero-energético El gobierno Santos ha lanzado públicamente su “política integral de seguridad y defensa para la prosperidad” (PISDP). Con ello se busca hacer realidad la política de seguridad de esta administración que tiene como propósito la detención definitiva del reloj de la violencia en Colombia y la neutralización oportuna de cualquier amenaza que emerja en el ámbito nacional, de forma tal que se puedan alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2011a:12). En este marco perdura un alto gasto destinado a seguridad y defensa muy similar al promedio de los últimos 8 años (3.64% del PIB). Para 2010, el recurso destinado fue 3.7 % y para 2011, 3.5%. Mantiene prácticamente el pie de fuerza alcanzado durante la administración Uribe Vélez (Ministerio de Defensa Nacional, 2011b: 65) y se busca reforzar la capacidad militar de la Fuerza Pública. Es decir, la apuesta en materia de seguridad, por ahora, mantiene la misma línea de su antecesor de cara a alcanzar la “Prosperidad Democrática”. Ahora bien, no obstante el descenso en los niveles de violencia y conflicto armado entre 2002 y 2006 (ver Anexos: Gráfico 1), la seguridad es un tema no resuelto cuando se constatan los niveles de homicidios, de confrontación bélica (en particular por las FARC) y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en particular por los “nuevos” paramilitares). Es

Podemos afirmar que esta situación aplica para explicar la relación que hay entre violación de derechos humanos y el modelo de extracción sustentado en el sector minero-energético y, como ocurre con las luchas sociales, hay una relación directa entre el incremento de la inversión extranjera y la violación de derechos humanos y DIH. Como resultado de la política de seguridad se estima que el 88% de las violaciones a los derechos humanos ocurre en el 34% de los municipios colombianos que tienen industria minero-energética, 87 de cada 100 desplazados forzados proviene de estas zonas. El cuadro 6 presenta un resumen sobre casos de violencia política e infracciones a los derechos humanos y al DIH (véase anexo 3) que tuvieron lugar en el período 2001-2011:

Cuadro 6: Violación de derechos humanos y DIH, 2001-2011 Fecha

Departamento / Municipio

Presunto responsable

Violencia político-social y violaciones a DDHH y DIH

Sepiembre 13/2001

Caldas/ Marmato

Sin información

Junio 1/2004

Antioquia/ Segovia

Policía

Diciembre 13/2004

Bolívar/ Santa Rosa del Sur

Febrero 16/2005

La Guajira/ Riohacha

Paramilitares

FARC-EP

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Asesinato por persecución política VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Detención arbitraria por persecución política VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo amenazado por persecución política Colectivo desplazado forzado por persecución política POBLACIÓN MINERA INFRACCIONES AL DIH Bienes civiles

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

Abril 29/2006

Marzo 22/2008

Agosto 22/2008

Cesar/ El Paso

La Guajira/ Riohacha

Cauca/ Suárez

Enero 21/2009

Antioquia/ Murindó

Julio 14/2010

Atlántico/ Barranquilla

Mayo 31/2011

Junio 8/2011

Junio 19/2011

Huila/ Campoalegre

Risaralda/ Dosquebradas

Bolívar/ Barranco de Loba

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo amenazado por persecución política SINTRAMIENERGETICA FUNTRAENERGETICA

Policía

Estado colombiano

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Ejecución extrajudicial por persecución política Tortura por persecución política Homicidio intencional persona protegida Colectivo amenazado por persecución política SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA

Policía

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo amenazado por persecución política Colectivo amenazado MINEROS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ FAMILIARES DE LOS MINEROS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ

Ejército

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Colectivo amenazado por persecución política Infracción contra el medio ambiente Bienes indispensables para la supervivencia de la población COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE

Sin información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Herido por persecución política

Sin información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Amenaza por persecución política Colectivo amenazado por persecución política POBLADORES SEBORUCO Y EL RINCON

Sin información

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL Asesinato por persecución política

Paramilitares

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH Ejecución extrajudicial por persecución política Homicidio intencional persona protegida Colectivo desplazado por persecución política

Tal vez el impacto con mayor potencial de conflicto es aquel que se genera alrededor de la afectación de las fuentes hídricas, sean estas superficiales o subterráneas y/o la contaminación producto de residuos sólidos peligrosos. En este tipo de conflicto intervienen como actores, la comunidad afectada directamente, la empresa minera y la autoridad ambiental a quien corresponde definir las solicitudes de concesiones de aguas, regular y vigilar el uso e intervención de acuíferos. En la medida en que en estos casos se afectan intereses colectivos y que las autoridades ambientales reaccionan con extremada lentitud a los reclamos de la comunidad, este tipo de conflictos suelen derivar en acciones

4.6. Caracterización de conflictos 4.6.1 En la exploración Es inevitable, dadas las características de la intervención empresarial y las deficiencias que presentan los organismos de control ambiental en el país, que los impactos ambientales y sociales en la etapa de exploración se traduzcan muy rápidamente en situaciones de conflicto entre las empresas contratistas y la población del área de influencia.

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

de hecho como la destrucción de infraestructura y equipos, bloqueos de vías etc., lo cual en forma recurrente conduce a enfrentamientos de la comunidad, con la fuerza pública.

cooptados por empresas multinacionales delega a la lógica del “profit” de las empresas multinacionales el destino de familias y tejidos sociales completos que han desaparecido sin figurar siquiera en las estadísticas de las entidades defensoras de derechos humanos. El caso de la población de Tabaco en la Guajira, que fue desalojada de su hábitat en forma violenta, ilustra con claridad estos procesos. “ A Tabaco se lo fumaron”, es el decir de la gente.

Se trata de conflictos “multipartes” (Galtung, 2001), que en su mayoría podrían ser “transformados” o resueltos por la vía del diálogo estructurado. Los conflictos que afectan de forma individual y diferenciada a los integrantes de la comunidad por las actividades exploratorias, a pesar de que no se expresan de forma colectiva, como son las recurrentes reclamaciones de campesinos por daños a la propiedad o generación de residuos ordinarios y basuras en los predios en los cuales se efectúan los trabajos, etc., contribuyen a la generación de un clima de rechazo y hostilidad por parte de la comunidad frente a las actividades de la empresa. Lograr una solución y /o compensación adecuada para el afectado individualmente, resulta mucho más difícil que en aquellos casos en los cuales existe una exigencia colectiva. La generación de empleo o el incremento de la demanda por bienes y servicios, no logran “equilibrar” ese malestar colectivo, ya que la incidencia de estos factores en la etapa de exploración no alcanza a ser significativa. Por el contrario, las prácticas de adjudicación de los pocos y precarios empleos que demandan los contratistas, generan conflictos internos en la comunidad, o de esta con poblaciones migrantes que llegan con experiencia de otros enclaves extractivos y compiten por el empleo.

En el caso de que el reasentamiento no corresponda a una necesidad de las empresas mineras, suele ocurrir que este proceso se prolonga indefinidamente (en algunos casos esta situación se ha prolongado durante casi 10 años), lo que implica que se suspenden las acciones y proyectos por parte de los municipios, a la vez que se incrementa significativamente el flujo de inmigrantes con fines especulativos. En este escenario se deteriora enormemente la calidad de vida de la comunidad y se agudizan todo tipo de conflictos internos. b. Los conflictos por el territorio: es común que en las zonas de influencia donde se llevan a cabo o se pretenden desarrollar este tipo de proyectos, habiten comunidades indígenas y afrodescendientes que se ven afectadas por los impactos de todo orden sobre su hábitat y el conjunto de sus relaciones sociales. Con la firma del convenio 169 de la OIT, Colombia se compromete a exigir la realización de una “consulta previa, libre e informada” a las comunidades afectadas en su territorio, como uno de los requisitos para otorgar la licencia ambiental que permite desarrollar la actividad de explotación minera. De acuerdo a la norma, corresponde al Ministerio del Interior coordinar estas consultas, pero en la medida en que la legislación en este caso también es imprecisa (no se define con claridad, cómo y a quién se debe consultar y tampoco se precisa que ocurre en el caso de que el resultado de la misma sea contrario al proyecto), este requisito se ignora o es adelantado a su conveniencia por las empresas lo cual genera conflictos adicionales, al conflicto por el territorio de cuya existencia depende la supervivencia étnica y cultural de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

4.6.2 En la explotación A diferencia de la etapa de exploración, las actividades de explotación minera de oro y carbón, como se puede deducir de sus múltiples y complejos impactos ambientales, económicos y sociales, generan un escenario de conflictividad socio-ambiental de alta complejidad, caracterizado por una multiplicidad de actores (“multipartes”) y en muchos casos conforman y/o evolucionan a los llamados “Meta-conflictos” (Galtung), es decir conflictos cuya “transformación” ya no depende únicamente de los actores directamente involucrados. Nos referiremos aquí a los conflictos específicos que consideramos de mayor relevancia: a. Las explotaciones de oro y carbón en su modalidad de “cielo abierto” pueden implicar por diversas razones el “Reasentamiento involuntario” de la población de veredas, corregimientos y en algunos casos municipios completos. Estos procesos, a pesar de tratarse de un tipo de intervención que incide de forma determinante en el presente y futuro de toda una comunidad, en el país no están reglamentados por ley alguna y su ejecución y financiación es delegada por el Ministerio del Medio Ambiente a las empresas mineras. A falta de una legislación clara que garantice los derechos de las comunidades a reasentar, el ministerio invoca las normativas de las CFI58 (Banco Mundial), que además de ser muy generales, no son vinculantes. Un estado débil y no en pocas oportunidades representado por funcionarios

c. Los conflictos por la tierra y la propiedad inmobiliaria Una vez se difunde en la región la existencia del proyecto de exploración y/o explotación minera se produce, por efectos especulativos, un incremento importante de los precios de la tierra y los bienes inmobiliarios en la zona de influencia del proyecto. Muy rápidamente se inician procesos conflictivos por el acceso a la propiedad, que se agravan en aquellos lugares donde existen relaciones de propiedad de hecho o tierras comunales etc. Es recurrente el fenómeno de enfrentamientos violentos por la tierra y la propiedad inmobiliaria en general en el entorno de estos proyectos, que se suman y actúan de forma sinérgica con las otras fuentes de conflicto.

58. Manual para la preparación de un plan de Reasentamiento. CFI. 2002

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

adecuados para evaluar la magnitud de los impactos y /o, la capacidad de gestión para exigir ante las autoridades ambientales la protección que les corresponde.

d. Competencia con la pequeña y mediana minería informal La posibilidad de la iniciación de un proyecto de gran minería (Carbón: >800.000 Ton. de mineral, Oro: > 2.000.000 Ton. de material removido/año) cuestiona la existencia de la pequeña y mediana minería y con ello el conjunto de relaciones económicas y sociales construidas en su entorno. En el caso específico del oro estos proyectos aglutinan en su contra un conjunto de otros actores (pequeños y medianos propietarios o poseedores de minas, sus trabajadores, sus proveedores de explosivos, insumos y herramientas, transportadores y comercializadores del mineral) que ven en peligro la continuidad de su actividad económica, que en muchas oportunidades no cumple con las exigencias legales en términos ambientales y laborales. Este escenario se complica aún más si se tiene en cuenta que la minería informal recurre al comercio de explosivos artesanales y/o adquiridos de forma ilícita y que además es un sector que permite, a través de la comercialización del oro, el lavado de dineros procedentes del narcotráfico.

4.7 Respuestas de las organizaciones 4.7.1 Minería artesanal vs. Minería ilegal. La minería ancestral es parte de la historia de muchos pueblos en Colombia. En el caso de Chocó ha existido una minería artesanal o de subsistencia, ligada a otras formas de vida: agricultura, pesca, recolección. La minería ancestral hace parte constitutiva de la cultura de estos pueblos, es parte de lo que constituye su identidad como pueblos; formas de generación de ingresos que han permanecido a través de los siglos como una tradición productiva de alto valor simbólico en estas comunidades. En la actualidad, dado el auge del precio del oro, se impone una minería ilegal en los territorios ganando dimensiones inimaginables. En Chocó, este tipo de explotaciones se desarrolla sin ningún control y sin importar dónde se ubican: áreas protegidas, selvas, territorios étnicos, ocasionando daños irreparables en el territorio. Su carácter clandestino hace aún más complejo el conflicto.

e. Conflictos por el acceso a fuentes de empleo La forma de operar de las empresas mineras a través de empresas contratistas para diferentes labores permite condiciones para que se genere un tráfico de empleos no calificados, ejercido por intermediarios cercanos a las instancias de decisión en estas empresas. No es extraño encontrar situaciones en el entorno de las grandes explotaciones de oro y carbón, donde para acceder a un empleo de salario mínimo, el trabajador debe pagar un determinado % de su ingreso a un tercero, por el hecho de haberle tramitado su vinculación.

De esta manera, las comunidades afrocolombianas ven amenazados sus territorios particularmente, las mujeres barequeras han sido despojadas de sus medios de vida y han perdido su autonomía. Esta situación resulta altamente riesgosa en estas comunidades donde por tradición las mujeres representan el eje de autoridad sobre el cual gira la vida familiar y son quienes permanecen en sus hogares para garantizar la reproducción social en el día a día, dado el alto ausentismo de la figura masculina.

f. Conflictos derivados de los impactos ambientales Las explotaciones catalogadas de gran minería en oro y carbón generan una serie de impactos ambientales que en términos generales excluyen la posibilidad de la presencia de asentamientos humanos en su entorno. Sin embargo, en la práctica y como consecuencia de la débil capacidad de los organismos encargados hacer cumplir la normatividad ambiental y del interés por permanecer cerca de las fuentes de empleo e ingresos, hoy en día existen asentamientos humanos que permanecen expuestos a formas de contaminación severa, poniendo en lato riesgo la salud de las personas. Los mayores riesgos ambientales en estas explotaciones estarían dados por la exposición de la población al material particulado en el carbón y la contaminación originada en la utilización y manejo del cianuro y/o mercurio en el oro.

En este conflicto tanto los/las mineros artesanales como el conjunto de la población se oponen a la entrada de las grandes empresas y defienden sus territorios y su cultura. Este tipo de conflicto está presente en estos territorios. 4.7.2 Pequeña minería vs. gran minería. Cientos de poblados colombianos han construido su cultura en torno a la minería, y esta cultura aún pervive en varios territorios. Ahora, dado el auge de la gran minería y con políticas nacionales que han privilegiado la megaminería estos poblados y mineros/as se ven amenazados y se encuentran en un alto riesgo de ser desplazados y desaparecer del horizonte productivo. En este contexto, el impulso a la megaminería por parte del Estado ha venido acompañado de una campaña para crear una identificación entre minería artesanal y minería ilegal, y entre minería ilegal y guerrilla; en el fondo, se busca estigmatizar a los pequeños mineros y justificar la militarización de las zonas mineras. De esta manera, los pequeños mineros ven amenazada sus formas de vida. Este conflicto está presente en muchos territorios, allí tanto mineros como poblaciones se oponen a la entrada de las grandes empresas. Los casos más emblemáticos son Marmato (Caldas) y La Toma en Cauca.

Son recurrentes los reclamos y denuncias de las comunidades relacionados con la aparición de diferentes tipos de enfermedades sobre todo en niños y ancianos, que sumados al desvío de ríos, la construcción y apertura de carreteras, el tránsito de vehículos de gran tamaño, o la contaminación de las aguas, etc., generan permanentes tensiones y conflictos relacionados con el deterioro progresivo del ecosistema. En muy pocos casos las comunidades involucradas cuentan con informaciones y conocimientos

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CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos

4.7.3 Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en territorios colectivos (indígenas y negros).

vocería política aún está más centrada en la figura masculina y ellas están más relegadas a los espacios logísticos y operativos.

Un significativo número de proyectos mineros se han establecido en territorios de comunidades indígenas y/o indígenas colombianas. En estos casos la defensa del territorio se hace mucho más compleja ya que se trata de la usurpación de un bien de propiedad colectiva que se rige por derechos ancestrales que se rigen por una jurisdicción especial contemplada por la Constitución colombiana. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos estos derechos colectivos no han sido respetados y su violación ha sido la norma de operar de las empresas mineras. Las comunidades negras e indígenas han estado expuestas a la manipulación y violación de sus derechos territoriales. No se han llevado a cabo los procesos de consulta previa y se ha obviado el proceso de consentimiento informado al que tienen derecho estas comunidades. En este contexto, las grandes afectaciones de la megaminería están afectando territorios sagrados, la destrucción también es una destrucción con la madre sagrada, con lo espiritual.

Así mismo, las mujeres manifestaron que ellas representan una figura de protección en la confrontación con la fuerza pública y en algunos casos aparecen como un cinturón de protección para resguardar la vida de los hombres y el resto de la comunidad. Este imaginario de protección contrasta con la agresión y criminalización de la lucha en los territorios que ha incluido a las mujeres. De allí que sea necesario subrayar aquellos factores que condicionan la participación de las mujeres tanto para tener un lugar más protagónico en los procesos como para profundizar en la identificación de los impactos más directos y específicos que la actividad minera tiene sobre sus vidas. Especialmente, con el objetivo de avanzar en la incorporación de una perspectiva de derechos en la lucha contra la afectación de la minería. Entre los factores señalados como condicionantes están los siguientes:

4.7.4 Megaminería que desaparece los pueblos.

? El hecho de que no se considere los impactos de la minería en la vida de las mujeres desde una perspectiva de la vulneración de derechos tanto en el ámbito individual como colectivos. Desde esta perspectiva se ampliaría el marco de interlocución con el Estado en la exigibilidad de derechos y el ejercicio de una ciudadanía social, económica y ambiental con criterios de obligatoriedad.

Caso Cerrejón en la Guajira. Alrededor de tres décadas de explotación minera, ha significado el despojo del territorio de los pueblos Wayúu y afrocolombianos en La Guajira. Diversos pueblos han sido desaparecidos mientras la mina avanza, sin ningún tipo de respeto por el patrimonio, la cultura ni la naturaleza. El territorio ha sufrido una profunda transformación y amenaza con ser destruido totalmente con la ampliación del proyecto minero.

? La ausencia de esta problemática en la formulación de políticas públicas, que ha invisibilizado la situación y profundiza el desconocimiento de los derechos de las mujeres.

4.7.5 Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la actividad minera

? La ausencia de una estrategia organizativa y de lucha que incluya un enfoque de género

En todas las regiones se reconoce una activa y significativa participación de las mujeres en los procesos sociales adelantados por las comunidades en defensa de su territorio. Esta participación se ha distinguido por el alto compromiso de las mujeres con las luchas, una importante iniciativa, han permanecido en el territorio, han ido un paso adelante. Por este conjunto de atributos las mujeres se consideran con mayor firmeza para la defensa del territorio.

? Se requiere de disponer de una mayor base técnica y de soporte de las evidencias.

- La ausencia de alianzas estratégicas: sociales, políticas y temáticas para articular las luchas en la defensa del territorio.

Por ejemplo, en La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, departamento de Cauca, por ejemplo, una joven afrocolombiana ha liderado las acciones legales y de defensa del territorio, consiguiendo que la Corte Constitucional sacará una sentencia pidiendo la suspensión de las licencias mineras otorgadas fraudulentamente sin realizarse el proceso de consulta previa; en Chocó, la mujeres de las organizaciones afrocolombianas han venido enfrentando los conflictos y construyendo estrategias para defender su territorio, mientras en Marmato, la presencia de las mujeres es vital en la confluencia social que se ha levantado en este municipio para detener del desplazamiento del casco urbano. No obstante, de otro lado se reconoce que esta significativa participación en los procesos sociales no se corresponde con la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión ni en la toma de decisiones. En este mismo sentido, las mujeres reconocen que la

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CAPÍTULO 5. Reflexiones finales

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ste capítulo busca recoger elementos claves desarrollados en el presente documento y otros que invitan a una mayor y más profunda reflexión. En esta mirada global sobre lo que ocurre con el fenómeno minero y energético, y que el texto expone con detalle, se reconocen los impactos sociales, ambientales, políticos y técnicos, pero también quedan muchas preguntas y planteamientos sobre el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de lo que este proceso significará para el país, para sus regiones y en especial para las comunidades agrarias que se vean impactadas por este fenómeno.

? Dicho de otra manera, a un conflicto persistente y antiguo se agregan nuevas conflictividades, desencadenadas, en la problemática que estamos observando. Eso permite entender las especificidades de Colombia con respecto a otros países (por ejemplo, Chile, Brasil y Perú), en los que, si bien hay conflictos similares, tienen una complejidad distinta a la de aquí. Es decir: en Colombia se superponen las zonas históricas de alto conflicto armado y violencia por la tierra (su propiedad, su uso), con las de desplazamiento forzado, las de protesta social, las zonas de producción cocaleras, con las zonas o regiones solicitadas o en explotación minera, en especial, como se mencionó, las que tienen en el subsuelo oro y carbón.

Entre otros elementos el equipo que trabajó el documento destaca los siguientes puntos:

? Existe entre esas situaciones una relación directa de causalidad y de coincidencia de intereses, que obedece a una tendencia sistemática y estructural del comportamiento de los problemas de la tierra. Nuevamente, se producen reconfiguraciones de los territorios, poderes de facto, dominio de clases económicas emergentes en las decisiones territoriales.

? Para el escenario global, la competencia por inversiones mineras

no es a nivel regional sino global y por lo tanto están trabajando para mantener la IED, en este sector y en Colombia se recurre a la minería como la principal fuente de ingresos. Se impulsa una política minero-energética en el país para alcanzar este objetivo, que además se corresponde con un propósito generalizado para Latinoamérica. Así lo exige el contexto mundial: se están buscando nuevas fuentes de recursos primarios, dada la perspectiva del agotamiento de las que existían y las demandas del mercado internacional. Se persigue, además, conseguirlos a bajo costo, de modo que al encontrarlas y, bajo esas condiciones, se pueda reactivar una economía mundial que está en crisis por la alta concentración de la riqueza, la baja rentabilidad, el estancamiento de las inversiones y el cada vez más deteriorado bienestar de las sociedades del primer mundo.

? Al respecto, quedan preguntas urgentes por resolver: ¿cuál es hoy la relación de la minería con el conflicto y los actores armados ilegales? ¿Cómo se puede interpretar sobre la base de los elementos históricos de conflictividad, la inversión del Estado en seguridad en los territorios mineros? ¿Cómo los actores entran a resolver estos conflictos? ? La historia de muchos países africanos y asiáticos y la de América Latina muestra que no necesariamente hay una relación directamente proporcional entre la alta rentabilidad de una economía basada en la explotación de recursos naturales primarios como la minería del carbón y el oro (mineroenergéticos) y el bienestar de una sociedad, y un desarrollo humano integral. En nuestro caso, desde la Colonia hasta hoy, en nuestro territorio colombiano se han realizado importantes explotaciones de oro, plata, platino, bauxita, hierro, aluminio, el cobre, plomo, níquel, estaño, zinc y carbón, sin que eso muestre que ha sido una oportunidad de desarrollo económico y social de las regiones y del país.

? Visto así, lo que ocurre con la minería hace parte de un fenómeno estructural del capitalismo, no coyuntural, lo que hace tan necesaria y válida la incidencia en este aspecto; así como el debate, la propuesta de alternativas en torno al papel que se está asignando a estos países y las repercusiones que tiene ese orden económico internacional concebido por los países del primer mundo. Uno de los aspectos que facilitan el establecimiento políticas que promueven la minería en los países no industrializados, sin que éstos tengan mayor intervención en las decisiones, es la debilidad institucional. Por supuesto, hay desenvolvimientos diferenciados que es útil examinar en el sentido de la fuerza y/o autonomía ganada en algunos de ellos. En el caso de Colombia, las instituciones están plegadas a los intereses de las grandes empresas y de los planteamientos globales. En eso consiste la debilidad institucional.

? La ampliación de la gran minería legal hace que la minería

ancestral se convierta, en términos económicos, en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen. Esta condición se agrega a la de baja rentabilidad económica y ambiental que siempre ha tenido esta minería tradicional. La gran minería no sólo deteriora el tejido social y cultural de las comunidades y, las condiciones ambientales, sino que también provoca un profundo deterioro de la economía local. Así, poco a poco se van empobreciendo las poblaciones que han vivido por muchos años de ella. Eso tiene íntima relación con las relaciones asimétricas que se establecen, en términos de los mercados, entre la gran minería y la minería ancestral. Esas asimetrías son ya de por sí favorables a las grandes empresas.

? Actualmente, el carbón y el oro son los bienes más importantes

para la explotación minera en el país. La incursión de grandes empresas y proyectos en procura de explotarlos está cambiando estructuralmente la economía colombiana y produciendo grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre, como se acaba de señalar, en medio de grandes debilidades institucionales del Estado, pero también de un conflicto armado de 50 años de existencia.

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CAPÍTULO 5. Reflexiones finales

Por eso, la competencia desigual contiene condiciones de exclusión y segregación social que han llegado a expresarse en la criminalización, la judicialización y la presión violenta contra las comunidades mineras artesanales implicadas.

Por el momento, la minería se concibe frente a la opinión pública del país como un gran negocio, como un camino hacia la prosperidad democrática, como la locomotora mayor, teniendo como principal objetivo, el crecimiento económico, la rentabilidad y ganancia de las transnacionales mineras más fuertes del mundo en muchos casos a costa del bienestar general de la mayoría de la población de una región o de un país entero; la historia nos muestra casos concretos.

? El renovado desarrollo minero actualiza los históricos problemas agrarios, de la tierra y del desarrollo rural que no se han resuelto en el país. Colombia ha sufrido y se mantiene como un país impactado negativamente en su historia por tres “tsunamis”: el de la concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción, transformación y tráfico de la cocaína y, ahora, el de la minería. Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan al mismo tiempo con todo su peso y perversidad.

? El país carece de un escenario jurídico claro que responda a la demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros en consecuencia con los principios constitucionales; entre los temas por resolver están: legislación minera, reglamentación del proceso de consulta previa, delimitación de páramos, titularidad a la minería ancestral, resolución jurídica de proyectos que se encuentran en el denominado 'régimen de transición' para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquellos que empezaron antes de crearse el Sistema Nacional Ambiental, Sina.

? La explotación minera a gran escala genera para las poblaciones de localidades y regiones donde se desarrolla, cambios en el tejido social y en los roles de los hombres y las mujeres. Los hombres, antes propietarios y agricultores, campesinos, pescadores o mineros artesanales, se convierten en obreros de empresa, muchas veces con sus derechos conculcados. Las mujeres, antes agricultoras y cuidadoras del campo, quedan sin ningún espacio productivo, excluidas de una labor económica; la minería las desplaza y las relega a oficios marginales y pobremente remunerados. Los impactos por la llegada e instalación de grandes proyectos mineros se relacionan con la prostitución, los embarazos en adolescentes, el madresolterismo, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto con su deterioro social, personal, cultural, emocional, etc.

Estos elementos los encontramos claves para priorizarlos en un ejercicio de incidencia pública nacional e internacional sobre el fenómeno minero y energético; igualmente, son básicos para comprometer a los diversos actores públicos y de la sociedad civil en lo que significa el desarrollo de un país basado en la reprimarización de la economía y en los costos sociales, ambientales y políticos del país.

? Los impactos ecológicos y ambientales de la minería son nefastos, tanto de la gran minería como de la pequeña e ilegal. En muchos casos no hay ni controles, ni tecnologías apropiadas, ni decisiones rigurosas de política creativamente desarrolladas. Los impactos ambientales pueden generar tales niveles de insostenibilidad que rompen la capacidad de carga (resiliencia) de ecosistemas estratégicos como los páramos, productores de agua; las selvas, con su diversidad; las cuencas y los equilibrios hídricos y las zonas de amortiguamiento como los valles.

En esa situación tiene gran responsabilidad la debilidad de la institucionalidad ambiental y de las organizaciones sociales, igual que la inexistencia de veedurías ciudadanas que generen cambios importantes. Influyen de manera importante las dificultades para que las poblaciones participen en los espacios de definición y decisión sobre los proyectos mineros y extractivos en general y la información imprecisa, confusa y, algunas veces, hasta engañosa de las empresas mineras y extractivas. ? Un reto político y ético por excelencia, además de tecnológico, es establecer una minería responsable. Es un desafío para todos los actores que tienen las grandes responsabilidades en las decisiones sobre la minería. No obstante, en este aspecto existe la pregunta de si puede haber una minería que tenga la capacidad de evitar efectos devastadores, y en ese sentido ser responsable; ¿es posible este tipo de intervenciones económicas?

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

los suelos rurales, el manejo de las aguas por el crecimiento de las industrias extractivas, con la desertificación de la tierra, el uso de energías renovables y no renovables y en consecuencia la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, el debilitamiento de la seguridad y soberanía alimentaria, la expulsión o desplazamiento forzado de la población rural y el despojo de sus tierras.

6.1. Integralidad y complejidad

E

l propósito de estas recomendaciones para Cordaid es coadyuvar a que su intervención en los territorios sea integral, en el sentido de trabajar las políticas que ha definido en su Programa de Transformación de Conflictos en concordancia con la complejidad enunciada en este documento. La complejidad se refiere a tomar en cuenta las diferenciaciones y la diversidad de elementos de la realidad:

6.2. Intervención para la transformación de conflictos en zonas de extracción minera. Aspectos estratégicos

- En primer término, tener presente, tanto en el análisis como en el seguimiento y en la aplicación de las políticas, las diferencias regionales derivadas de las dinámicas y los impactos de la extracción minera en Colombia. Se requiere hacer un trabajo desde lo local para cada proceso minero particular. Si bien se sabe que las leyes y los códigos se sancionan en términos de lo nacional, su aplicación ocurre en lo local, en cada mina, en cada contexto. El reto es específico: ¿Cómo trabajar? ¿Por cuencas? ¿Por territorios locales? ¿Con una mirada integral de región? ¿En contextos de microrregión?

La estrategia de intervención para aportar en la trasformación de conflictos en zonas de extracción minera podría girar en torno a: ? Acciones de investigación y seguimiento del contexto nacional del sector. ? Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos ? Empoderamiento e incidencia:

· En formulación de política pública. · En el ámbito jurídico. · En el ámbito internacional

En ese mismo ámbito, desde la perspectiva territorial integral y para articular los problemas, los procesos y las alternativas es definitiva la relación, desde lo local, entre el Plan de desarrollo municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los proyectos mineros; de esa manera se intenta superar las propuestas de las poblaciones por sector o por contextos locales aislados de su región y/o la nación.

? Promoción de diálogos entre diversos actores ? Sobre la mediana y pequeña minería. ? Defensa de los derechos de las mujeres

6.2.1. Acciones de investigación y seguimiento del contexto nacional del sector

- En segundo lugar, también debe mirarse de manera diferenciada la problemática de la minería ilegal local y regional. Existen tanto las empresas que emprenden la gran minería asociadas en lo que se conoce como Sector de la Minería a Gran Escala, SMGE, como la mediana y pequeña minería; estas últimas aluden a una forma de producción minera que enmarca diversos tipos, tamaños, localización y condición jurídica; de estas se empiezan a caracterizar formas de explotación como la minería artesanal y tradicional e informal que ahora se las asocia con la ilegalidad. Cada tipo de minería tiene sus particulares problemáticas y por tanto sus soluciones y alternativas deben también diferenciarse.

La lectura permanente al contexto minero-energético será siempre útil dado que es un sector dinámico que tiene en perspectiva una expansión importante y que es necesario hacerle seguimiento. Se podría seleccionar el seguimiento a estudios de caso, que alimenten análisis comparativos de los impactos y las experiencias de resistencia. ? Producir información y análisis de calidad: se necesita producir una información que ayude a investigar con rigor sobre diversos aspectos del desarrollo minero-energético y su relación con los problemas del desarrollo económico, social y ambiental del país. También, hacer análisis que correspondan a la complejidad de la realidad y estén fundamentados en datos empíricos que ayuden a establecer comprensiones que vayan más allá de los lugares comunes y generen propuestas o alternativas que ayuden establecer salidas viables, realistas e incluyentes.

- En tercer término, reconocer los procesos en marcha de las comunidades y organizaciones, así como los grados diferenciados de desarrollo entre ellos. - Se sugiere abordar la problemática de los impactos de la minería en la vida de las mujeres, los niños y niñas y las comunidades étnicas utilizando un enfoque diferencial de derechos, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Así se ampliaría el marco de interlocución con el Estado en la exigibilidad de derechos con criterios de obligatoriedad y en el ejercicio de una ciudadanía social, económica y ambiental.

? Aspectos para conocer de las empresas: queda abierto un horizonte de investigación y de trabajo muy amplio en cuanto al origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en otros países de América Latina, las estrategias de penetración utilizadas por las empresas mineras en los territorios y comunidades, las formas de neutralizar y cooptar a líderes y lideresas, los procesos de

- Finalmente, es preciso atender el hecho de que la dinámica minera impacta los territorios en varios aspectos como: el uso de

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa de sus territorios, recursos naturales y patrimonio intangible, así como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas empresas. Una sistematización adecuada de esta información, permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las comunidades.

? Análisis de los conflictos por el uso y apropiación de los

bienes comunes y el patrimonio natural y su compleja relación con la minería: tanto demandas como afectaciones a fuentes hídricas, cambios en la disponibilidad de bienes comunes, contaminación y pérdida de biodiversidad, afectación a reservas naturales, entre otros.

Uno de los temas necesarios para realizar análisis social y económico tiene relación con los programas enmarcados en la denominada Responsabilidad Social Empresarial- RSE, que hoy adelantan en el país las empresas mineras, con el fin de evaluar su pertinencia. En este sentido, vemos importante un mayor acercamiento para ver la viabilidad de la aplicación de la llamada Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva o EITI en Colombia y los requerimientos, especialmente en cuanto a información.

Nuestra recomendación es analizar casos concretos y específicos donde los nuevos lenguajes y narrativas en las resistencias evidencian estos conflictos. Casos como la defensa de los páramos en Santurbán y El Almorzadero en Santander y Boyacá o como los conflictos ambientales en la región Caribe por los puertos carboneros podrían ayudar a desentrañar y analizar con profundidad los problemas y a buscar alternativas.

? Análisis y formulación de alternativas: la incidencia exige

? Análisis de la agudización o potenciación del conflicto

una posición clara, alimentada por información y análisis rigurosos sobre el fenómeno y el proceso analizado, pero también alternativas y propuestas que se deriven de esos análisis. Dicho de otra manera, en un contexto de negociaciones y debates complejos se debe aportar con análisis y alternativas consistentes:

armado y su relación con proyectos mineros. Mirar en las zonas y regiones de impacto minero la perspectiva de paz. El problema no solo es el conflicto sino también la construcción de una paz integral y duradera. En este sentido los pueblos tienen derecho a su territorio, a vivir y desarrollarse en él, y no solo a que les den unos cupos de trabajo en el territorio donde explotan sus recursos. Las comunidades quieren el desarrollo de una vida integral. El problema minero es también un asunto de convivencia de los pobladores que viven en su territorio con dinámicas y actores privados y públicos que hacen explotación de sus recursos naturales.

? Análisis de conflictos sociales y de violación de

derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), en relación con los procesos de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Aspectos como los conflictos educativos o de la salud pública. Hacer los análisis a partir de bases de datos consistentes como los del CINEP/PPP.

? Se requiere la producción de información diferenciada por

grupos de población: mujeres, etnias, niños y jóvenes.

? Análisis del conflicto agrario y la compleja relación con la

minería. Los proyectos de explotación y exploración minera afectan intereses económicos y políticos en las regiones; hay un cambio de estructuras productivas: tierras y contextos territoriales con vocación agropecuaria y agroforestal, o zonas incluso protegidas por ser reservas indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, zonas de reserva campesina, de parques nacionales o de interés ambiental, y que ahora son para la explotación minera. Esta situación disloca las relaciones sociales y políticas, lo que está dando lugar a una nueva reconfiguración territorial y a nuevos usos y propietarios de la tierra.

? Es preciso avanzar en la producción de información que

interrogue la relación empleo generado por los proyectos mineros vs. trabajos que se pierden o afectan. 6.2.2 Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos

? Nuestra recomendación es analizar casos concretos y

Es importante continuar empoderando y generando capacidades en las personas y organizaciones sociales, en especial indígenas, campesinos y afrodescendientes, con el fin de que las negociaciones entre ellas, la empresa privada y Estado sean más simétricas y se logren gestionar y construir alternativas incluyentes, justas y viables para las comunidades y la sociedad en general.

específicos para desentrañar con profundidad los problemas y buscar alternativas. Casos como los de los departamentos de Cesar y Guajira con la explotación del carbón; o como el de Santurbán en Santander, La Colosa en el departamento del Tolima o la Serranía de San Lucas en el Magdalena Medio y los diversos proyectos ubicados en el Macizo colombiano, para el caso del oro.

Varios temas son relevantes en el desarrollo de capacidades, entre ellos: aspectos normativos y de procedimiento sobre consulta previa y obligaciones de las empresas, tanto en los países de origen de esas empresas como en Colombia y las asumidas “voluntariamente” mediante la adhesión a medidas de Responsabilidad Social Empresarial; mecanismos de defensa de

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

las comunidades frente a la intervención extractiva; metodologías para el tratamiento alternativo de conflictos (técnicas de tramitación y análisis de conflicto); estrategias de incidencia y negociación. Además, es fundamental fortalecer la capacidad de veeduría y gestión de las organizaciones sociales frente al desarrollo de proyectos mineros.

espacios, plataformas y redes a apoyar. Es importante visibilizar propuestas de redes, plataformas y organizaciones regionales y nacionales, ambientales, campesinas, indígenas, de mujeres, afrodescendientes, de mineros artesanales y de ONG que apoyan procesos. 6.2.3 Empoderamiento e incidencia

Otro aspecto a atender en el sentido del empoderamiento es potenciar la especialización del accionar de las ONG en función del acompañamiento que requieren las organizaciones de las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros. Eso facilitaría a las comunidades y poblaciones afrontar los conflictos y la interacción con las entidades gubernamentales. Es preciso que el trabajo entre organizaciones, redes o plataformas se fundamente en los roles diferenciados según especialidades existentes y articulación para acompañamientos y apoyos integrales: técnico, ambiental, jurídico, social, de incidencia y otros.

a. En la formulación de políticas públicas ? Fortalecer los mecanismos de participación que facilitan la exigencia de derechos. ? Establecer mecanismos que posibiliten la concertación entre los diversos actores implicados y no sólo a favor de la clase económica y políticamente fuerte. ? Establecer regulaciones a las empresas extractivas enmarcada en los intereses nacionales: sociales, ambientales y económicos (en esa prioridad).

¿A qué comunidades y organizaciones acompañar y cómo hacerlo? Para responder esto es necesario tener en cuenta especialmente sus demandas, los contextos (locales, regionales, nacionales e internacionales) así como el mapa de actores, sus posiciones y los procesos que han vivido. Y articular lo anterior con lo que se les ofrece. En principio, recomendamos lo siguiente:

? Garantizar la aplicación de una política ambiental rigurosa, integral, sistémica y con un alto sentido de la responsabilidad y sostenibilidad de los patrimonios naturales para las generaciones presentes y futuras.

? Diseñar procesos de formación, capacitación y acompañamiento

? Potenciar acciones para visibilizar el desmonte de la legislación ambiental y la institucionalidad.

orientados a fortalecer capacidades de las organizaciones y procesos que incorporen una mirada integral de territorio. Tener en cuenta diversos temas que se requieren en aspectos jurídicos, económicos, ambientales, sociales, culturales, consulta previa con indígenas y comunidades negras, etcétera.

? Se deben armonizar las políticas de desarrollo rural, la normatividad forestal, sobre contaminación, aguas y la misma Ley de víctimas y restitución de tierras, con las leyes sobre la exploración, la explotación y comercialización minera. ? Visibilizar las implicaciones del desmonte de instituciones estatales que apoyaban a la minería nacional de pequeña y mediana escala.

? Acompañar en aspectos técnico-científicos, en las alternativas

económicas viables, en los temas culturales y ambientales, en la construcción y aporte a las políticas públicas, en los temas jurídicos, en la aplicación de herramientas como la cartografía social aplicado a los procesos mineros (hacerlo junto con la gente y no solo para la gente). Además, ir más allá de los habituales temas que impulsamos las ONG de Derechos humanos, es decir, acompañar para que, además de que conozcan cuáles son sus derechos, cuenten también con el apoyo jurídico y técnico frente a la violación de sus derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y colectivos causados por el impacto de la explotación y exploración minera.

? Visibilizar el señalamiento de la minería informal y ancestral como “ilegal”.

b. En el ámbito jurídico. El rol que desempeña la minería59 exige el seguimiento y la participación en el debate sobre la legislación minera y sobre todas aquellas leyes que se relacionan con ella. De este aspecto se desprende algo de la mayor importancia: la definición de un escenario jurídico claro que responda de manera efectiva a la demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros. Esa definición exige que haya acciones de incidencia que contribuyan a atender varias problemáticas:

? Apoyar plataformas y redes. Eso significa posicionar sus agendas como propuestas de política pública, articular entre sí las acciones de estas plataformas y redes, contribuir a la construcción de consensos sobre enfoques y métodos entre redes, plataformas y organizaciones que hacen acompañamiento, contribuir a generar sinergias y articulaciones entre ellas, con cuidado entre los roles diferenciados. Se requiere plantear criterios para la selección de

? Revisión de la política sobre minería. La apuesta del desarrollo

está basada en el sector minero-energético y esta decisión implica un debate público al respecto. Nuestra recomendación es apoyar

59. Como sector estratégico del desarrollo y uno de los pilares o llamadas locomotoras del plan de desarrollo del gobierno Santos.

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

? la generación de espacios para que el debate sea público y genere incidencia en la opinión pública nacional. Por ejemplo, la puesta en marcha de un foro nacional que involucre tanto al gobierno nacional y regional, como a los empresarios y a la sociedad civil sobre la política del desarrollo del país. En este escenario es importante trabajar el análisis de varios temas, entre otros, el de regalías en relación con una distribución equitativa de la renta minera,

c. En el ámbito internacional La trasformación de conflictos implica, además de los escenarios nacionales de incidencia, un trabajo de y con la comunidad internacional. Esta debe estar alimentada por información y análisis sólidos y bien argumentados. El trabajo internacional contiene varios espacios: un elemento de incidencia en los Estados y en la sociedad de los países que consumen las materias primas mineras; por otra parte, diálogos sur-sur, el papel de Brasil en las economías latinoamericanas y en particular en Colombia, el tema de los movimientos sociales y el fortalecimiento de sus espacios nacionales e internacionales donde la gente pueda llegar más fuerte y más preparada para negociar sus propuestas y hacer presión frente a las dinámicas económicas excluyentes. En este sentido, recomendamos:

? Apoyar la consulta previa. La Corte Constitucional le ha dado a la consulta previa el tratamiento como derecho fundamental, del cual son titulares los grupos étnicos del país: comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas. En este momento, la Corte Constitucional ha tumbado proyectos de ley como el de Desarrollo Rural, la Ley Forestal y el Código de Minas, entre otros, no porque las comunidades no estén de acuerdo con la ley, sino porque o no fueron consultadas, o el proceso de consulta fue manipulado. Actualmente se debate en el Congreso, el tema de la consulta previa (con comunidades afrodescendientes e indígenas) para pasar luego al Congreso la Ley de desarrollo rural, pero ella está girando alrededor de la agroindustria y el agrodesarrollo en una contradicción esencial con la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. De manera que, es importante apoyar el tema de la consulta previa pues es un mecanismo fundamental para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, fundamentalmente.

? Crear y/o fortalecer espacios de encuentro, por ejemplo, un foro internacional al año con la participación de empresas, gobiernos y sociedad civil de América Latina y El Caribe sobre temas como: la conservación, el uso y/o el manejo en áreas protegidas; el uso de recursos naturales específicos como suelo, agua, bosques; análisis sobre modelos de desarrollo basados en economía extractiva; ordenamiento territorial y nuevas configuraciones territoriales; la posesión, titularidad y uso de territorios de comunidades indígenas, negras y campesinas.

? Apoyar las zonas de reserva campesina. Las ZRC pueden ser una herramienta útil si se consolida la economía campesina de colonización, se formalizan títulos, se revierte la ganadería extensiva, la destrucción de las selvas, la conservación de los suelos y, por tanto, del agua, de esta manera puede ser una opción real.

? Alianzas estratégicas para hacer seguimiento a los impactos globales de las nuevas tendencias de las industrias extractivas y su relación con el desarrollo.

6.2.4 Promoción de diálogos entre diversos actores Compartimos la opinión de algunos analistas que plantean que para que la minería sea verdaderamente responsable, los esfuerzos deben estar impulsados y supervisados por el Estado y la sociedad. Sin embargo, esta condición es difícil de cumplir debido a las grandes asimetrías económicas, políticas, de información existentes entre los diversos actores: empresas, Estado y comunidades. Así mismo son inmensas las desconfianzas entre los actores, los incumplimientos de los acuerdos por parte de las empresas, el débil rol del Estado y en muchos casos sus sesgos por favorecer los intereses empresariales. Aunque el Estado debería vigilar para que los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos mineros sean adecuados, para que los planes de manejo ambiental se cumplan desde los estándares y cánones internacionales, la realidad es otra.

? Definición de la denominada “línea de páramo” o delimitación

geográfica y topográfica de dicho ecosistema. Este además hace parte de un ejercicio pendiente entre los ministerios de Ambiente y Minas relacionado con la interrelación de los usos de suelo (minero y de protección y/o reserva ambiental), con el fin de evitar conflictos innecesarios con el otorgamiento de concesiones mineras en áreas de protección y/o exclusión ambiental. ? Resolver jurídicamente, de una vez por todas, la situación de muchos proyectos que aún se encuentran en el denominado “régimen de transición” para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquello que iniciaron antes de la conformación del Sina), pues esto ha conducido a un inevitable incumplimiento por parte de los concesionarios mineros y, a la inexistencia de control por parte de las autoridades ambientales.

? Un desarrollo sustentado en la minería, con un peso muy grande en la inversión extranjera, apela a una concepción del Estado y a unas nuevas formas de institucionalidad pública en tensión desde lo local y regional con lo nacional y lo global, que requiere ser analizadas, como también superar las asimetrías y las desconfianzas que posibilitaran diálogos tripartitos.

? Definir la titularidad de áreas que ocupan comunidades desde hace al menos un siglo, que aún hoy día no cuentan con títulos de propiedad y, están ubicadas dentro de áreas otorgadas en concesiones mineras.

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

? No basta con responder a los impactos de este tipo de economía en los lugares donde tiene lugar la explotación, pues es mucho más complejo incidir y aportar a la comprensión y transformación de una configuración social, política y económica de los territorios donde impacta la minería. A esta situación se agrega que existe una nueva tensión entre la política y la legislación ambiental nacional que pasa por encima del ordenamiento territorial local y regional. En este sentido, la recomendación es crear y fortalecer alianzas que deben llevar, por un lado, a contribuir a la construcción de alternativas de desarrollo rural basado en la economía campesina, los indígenas y los afrodescendientes y, por otro lado, a la revisión de las políticas y la institucionalidad públicas, construida desde lo regional y local con la participación de los distintos actores sociales, económicos e institucionales.

Estado para que se tecnifiquen, sean ambientalmente sostenibles y económicamente viable su explotación. 6.2.6 Defender los derechos de las mujeres. Criterios de enfoque y perspectiva Estas recomendaciones se tratan como estrategias de resistencia frente al exterminio que se adelanta sobre los pueblos y comunidades en estas zonas mineras y tienen el propósito de avanzar en la defensa de los derechos económicos, sociales y ambientales de las poblaciones afectadas, en particular, en los que las mujeres están directamente involucradas y han sido predominantemente ignorados. a. Un enfoque de género que esté en función de fortalecer capacidades en las mujeres.

? Las experiencias de mesas de trabajo entre comunidades y

Las capacidades a las que nos referimos las entendemos como acciones que permitan fortalecer la autonomía y la decisión de las mujeres en correspondencia con sus intereses más sentidos y que estén en función de favorecer el acceso a un mayor bienestar social. Atender de manera especial la formación o fortalecimiento de capacidades que reviertan o transformen las desigualdades sociales y económicas que viven las mujeres es, quizás, el único camino para superarlas.

entidades estatales para hablar de estos temas, podrían llevar a superar las actuales desconfianzas y avanzar en la transformación de conflictos. ? En estos escenarios es importante pensar en alternativas diferenciadas para la explotación del oro y la del carbón. Pero también una dinámica es la explotación de las grandes compañías multinacionales con grandes inversiones en Colombia, y otra es la explotación de la mediana y pequeña minería tradicional.

b. Enfoque de acceso a los derechos. Es necesario trabajar en función de alcanzar un mayor ejercicio de la ciudadanía social, un referente de exigibilidad y respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos y sus desarrollos. Esta perspectiva exige un doble abordaje: una interlocución permanente con el Estado en su condición de garante de los derechos de la población, a través del examen de sus política públicas y la exigibilidad de que éstas estén en función del bienestar de los ciudadanos y una articulación de intereses ciudadanos en los territorios.

? Se requiere apoyar alianzas estratégicas: sociales, políticas y

temáticas para articular las luchas en la defensa del territorio. 6.2.5 Sobre la mediana y pequeña minería La minería mediana y pequeña tiene muchos matices. La línea entre minería pequeña y mediana es mucho más clara que la diferencia entre estas y la minería artesanal, informal e ilegal. Si bien cualquier tipo de minería por fuera del registro del Estado es en principio ilegal, existen minas que han pertenecido tradicionalmente a ciertas comunidades que extraen de manera artesanal los minerales, fundamentalmente oro, y que no pueden ser señaladas per se como ilegales y despojarlas a la fuerza por una normatividad que no tiene en cuenta su historia, sus costumbres y valores culturales.

Lo anterior exige información y conocimiento sobre los problemas, sus implicaciones, los derechos y procedimientos, así como la construcción de consensos y acuerdos entre la población sobre sus intereses y las acciones de defensa a desarrollar. En ese sentido, recomendamos desarrollar investigaciones que permitan un conocimiento de la realidad en cada uno de los escenarios, de las realidades locales que consulten sus particularidades, su historia y su lugar en el entramado social. Hay un vacío de información al respecto que es imprescindible superar.

Eso sucede especialmente en el Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó. Estas minas no pueden ser proscritas como ilegales de la misma forma que lo pueden ser otros minas de colonos que ocupan territorios a la fuerza en busca de oro y despojando a sus diseños tradicionales, o como lo hace el narcotráfico lavando dinero mediante la compra de minas de oro.

c. Acceso a la propiedad de la tierra para las mujeres. En este ámbito de desigualdad y vulnerabilidad fundamentales es estratégico incidir. La legitimización del despojo ha dejado en una situación crítica a las mujeres: sin tierra y despojadas de sus territorios, se ha procedido en la práctica al exterminio. Recomendamos desarrollar una línea de intervención que fortalezca y amplíe la legitimidad con respecto a la reivindicación de la propiedad de la tierra para las mujeres, en condiciones de legalidad.

La minería ancestral y artesanal tiene un conocimiento acumulado en el manejo de la explotación pero ella se debe enriquecer con nuevos modelos técnicos, ambientales y económicos para que sea la base de posibles modelos sostenibles de explotación minera. Nuestra recomendación es contribuir a la legalización de estas explotaciones, y que tengan el apoyo del

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CAPÍTULO 6. Recomendaciones

En particular, se requiere desarrollar un proceso de formación de mujeres afrocolombianas e indígenas en los territorios que se articule con una práctica de acción en la defensa de los territorios colectivos en las zonas donde se están implementando proyectos mineros en la actualidad que facilite el empoderamiento de las mujeres de esas comunidades y fortalezca los procesos sociales de defensa de los territorios colectivos.

d. Reivindicación de la soberanía alimentaria como práctica ancestral y patrimonio cultural de las mujeres. Recomendamos adelantar procesos que tengan como eje de reivindicación la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en que esta ha sido una práctica ancestral de las mujeres y que constituye parte de su patrimonio cultural. Hacer de esta práctica un valor social es estratégico en el reconocimiento y revalorización de las mujeres en el campo.

f. Exigir opciones de seguridad social y económica para las mujeres

e. Participación de las mujeres en la toma de decisiones, considerando las diferencias en tanto mujeres campesinas, indígenas y/o afrocolombianas.

Algunas mujeres del campo, ante la inseguridad económica, han optado por el trabajo sexual como alternativa para generar ingresos. Dado que las opciones de trabajo tradicionales (actividades agropecuarias y la minería artesanal) han sido desplazadas por la actividad minera de los grandes proyectos mineros y, dado que este modelo tampoco ha ofrecido alternativas para incluir laboralmente a las mujeres. En este contexto, las actuales generaciones de mujeres jóvenes son las que en mayor riesgo se encuentran y para quienes resulta urgente estructurar alternativas sociales y económicas que permitan atender la situación de vulnerabilidad social que enfrentan.

En términos generales, las poblaciones afectadas por los proyectos de minería y energía (campesinas, negras e indígenas) tienen un alto nivel de desconocimiento de los marcos normativos relacionados con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Las mujeres se encuentran en una especial desventaja. Recomendamos desarrollar una línea de acción estratégica para compensar esta desigualdad histórica de acceso a la información que facilite la participación de las mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas en los espacios donde se toman las decisiones y se debaten los asuntos públicos que las afectan directamente.

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ANEXOS. Estudios de caso

Hubo otras condiciones, que aprovecharon los empresarios venezolanos para comenzar a explotar petróleo en Colombia: “Se alinearon cuatro astros: las políticas sobre inversión extranjera e hidrocarburos, la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la prospectiva que tenía Colombia y la seguridad democrática, que cambió la visión de Colombia ante el mundo. Antes, vender a Colombia era casi imposible” (Vidal 2011) .Álvaro Delgado describe esta situación como el hecho de que durante la administración Uribe, las empresas petroleras tuvieron acuerdos y garantías casi ilimitadas (Delgado, 2011).

Caso 1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la empresa Pacific Rubiales Desde el pasado mes de junio comenzaron a conocerse en todo el país, a raíz de las protestas reiteradas de los trabajadores y de la población, las condiciones de la explotación petrolera de la región de Puerto Gaitán, en términos de los impactos sociales y laborales y también, aunque en menor medida, los ambientales. Las siguientes páginas entregan elementos de la historia de esta explotación y de los impactos, y plantea tomar en cuenta lo que ello puede significar con respecto al futuro de la Amazonia.

¿Por qué llegaron a Campo Rubiales? La obsesión, dice la nota de kien&yke, “era el petróleo y en el 2007 se dio la oportunidad. Los cuatro venezolanos se asociaron con Meta Petroleum, la empresa que en ese entonces operaba el campo Rubiales, localizado a 167 kilómetros de Puerto Gaitán, en el Meta. Un campo que había sido descubierto en 1982, pero fue abandonado por los altos costos para la extracción de crudos pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc. El terreno había sido adquirido en 2001 por el empresario brasileño Germán Efromovich”.

1. Orígenes de Campo Rubiales: cambio en las políticas y en la tecnología. Pacific Rubiales es una empresa petrolera60 que opera un campo de 60 mil hectáreas en la región de Puerto Gaitán. Es actualmente el que produce mayor cantidad de barriles en el país, una cuarta parte de toda la producción nacional. Este campo, que comenzó a explotarse en 2008, se había descubierto en 1982 “pero fue abandonado por los altos costos para la extracción de crudos pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc” (kien&ke 2011).

Efremovich era conocido de quien luego fue presidente de Ecopetrol, Yanovich y quien ideó la ANH. Fue él quien lo trajo del Brasil y allí en los Llanos comenzó a invertir. Tenía la empresa Petro Rubiales Energy Corporation, con sede en Vancouver, y Pacific Stratus Energy, de los venezolanos se unieron y surgió Pacific Rubiales Energy Corp, que nació primero en la Bolsa de valores de Toronto.

Pacific Rubiales es una empresa creada por empresarios venezolanos conocedores del negocio y de la tecnología petrolera, que para comenzar a invertir acudieron a la bolsa de Toronto, en Canadá. Allí consiguieron suficientes inversionistas y se creó la empresa: “apareció en el horizonte la bolsa de valores de Toronto, en Canadá, como el lugar preciso para buscar inversionistas. El nuevo escenario colombiano no era difícil de vender porque sus condiciones eran perfectas: campos petroleros maduros pero con maquinaria y procesos de exploración obsoletos en los que la experiencia acumulada de los venezolanos marcaría la diferencia” (kien&yke 2011).

2. El territorio y el poder en los últimos diez años Sobre lo que habla ocurrido en la década en la región, nos ilustran los periodistas Alfredo Molano (2011) y Álvaro Delgado (2011). Delgado resalta el hecho de que, con estas condiciones favorables había otras: “estos nuevos negocios se asientan en territorios bajo dominio del paramilitarismo y del narcotráfico (...)”. Y así lo ilustra Molano:

Lo que parece haberse registrado es un cambio en las condiciones de inversión en el transcurso de la década, pues en 2001 se evaluaban condiciones diferentes para el riesgo, que obligaban a atraer sólo pequeñas y medianas empresas para la exploración. A eso se sumó que de Venezuela llegó una nueva tecnología, que permitía extraer con menores costos el crudo pesado:

“Hace diez años llegar a Puerto Gaitán desde Villavicencio tomaba un día (…) A lado y lado de las trochas había hatos de llaneros viejos que poco a poco se fueron transformando en ranchos comprados por don Víctor Carranza, don Leonidas Vargas y otros sujetos conocidos en el país y en el exterior. Durante una época los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. En la Cristalina había un comando permanente que cubría todo lo que hoy es el campo petrolero de la Pacific Rubiales Energy”.

“La fórmula era simple: tecnología de punta y la experiencia de PDVSA aplicada a un subsuelo rico, inexplotado hasta el momento (…). Se estaban utilizando unas tecnologías que quizás no eran las mejores para sacar crudo pesado. Si en Rubiales se perfora un pozo en forma vertical, puede dar 300 barriles, pero si se lo hace horizontalmente, puede dar de 500 a 2.500. El que nos lo vendió había encontrado cuatro pozos secos. En cambio nosotros hemos tenido un suceso impresionante allí. Comenzamos en abril y ya producimos 40.000 barriles” (Vidal 2011).

Álvaro Delgado señala que hoy los paramilitares “son los dueños de las mejores tierras, manejan las palancas de la administración pública local, controlan y saquean las frondosas regalías petroleras

60. Pacific Rubiales tiene varios negocios: petróleo (en Colombia, Guatemala y Perú); oro en Marmato y Segovia, con la empresa Colombia Gold; carbón, hierro y biodiésel, con Pacific Coal, Pacific Iron y Pacific Green, “tiene 30.000 hectáreas sembradas de palma africana sobre el campo Rubiales. Y en el sector eléctrico, Proeléctrica, empresa situada en Mamonal, Cartagena (El Colombiano 2011).

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ANEXOS. Estudios de caso

y eligen senadores, gobernadores y alcaldes para que blanqueen sus delitos”. Y resalta los vínculos con la corrupción del alcalde saliente de Puerto Gaitán. Este clima tiene en las elecciones pasadas un indicador, pues en este municipio se cuestionó lo ocurrido y las personas elegidas.

vivos viejos lazos de apoyo entre la población, tal vez con la misma intensidad que los paramilitares. Y cada actor armado hace trabajo político.” 3. Los impactos La llegada de Pacific Rubiales a Puerto Gaitán es relativamente reciente. Tiene 3 años de una explotación que cambió las formas anteriores de hacerla en esta región. Como se dijo, el campo se descubrió en 1982, pero se había dejado abandonado por los altos costos que representaba su explotación. Con los cambios impuestos por esta empresa, comenzó una explotación acelerada, lo que implicó la llegada de un número elevado de trabajadores, tanto en términos absolutos como relativos. Puerto Gaitán ha tenido tradicionalmente cerca de 3.000 habitantes y hoy la empresa emplea unos 12.500. De un momento a otro, la región comenzó a cambiar.

También resalta la presencia histórica de la guerrilla y de partidos de izquierda como la Unión Patriótica. Esta fue una de las zonas donde más perseguidos y asesinados hubo de esta organización. “actualmente, señala Delgado, la población llanera muestra simpatías políticas divididas entre algunos de esos jefes paramilitares y la guerrilla. Eso crea tensiones en la población de todos los estratos”. Y hace el siguiente balance: “Indígenas de resguardo, pequeños propietarios de fincas, pequeños transportadores, tenderos y comerciantes, y la burocracia local que engorda con el trabajo de todos los anteriores, constituyen el magma social, hondamente afectado por el asalto paramilitar, que estableció el dominio del narcotráfico en esta región del Llano. Hoy existen fuerzas sociales entreveradas y concepciones políticas que nadie puede impedir que se manifiesten en las movilizaciones sociales. Los narcotraficantes ejercen autoridad efectiva mediante las redes del paramilitarismo. Las FARC mantienen

Hay otros elementos que señalan estos periodistas acerca de los impactos: La población nativa no ha podido acceder a las fuentes de empleo y si lo hace, llega a condiciones oprobiosas; el precio de la tierra y el costo de la vida se han elevado, es una región con las mayores

Mapa 5: Ubicación grandes proyectos mineros en la Orinoquía colombiana

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ANEXOS. Estudios de caso

regalías del país y sin embargo no se observan en mejoría para la calidad de vida, los monocultivos se están expendiendo y reemplazan la producción de agricultura campesina; la utilización del agua de los ríos para bombear a presión el petróleo de las entrañas de la tierra, no es tratada una vez terminado el proceso, de tal forma que no contamine las corrientes que surten a las poblaciones y tierras de cultivo de la región; se han interrumpido los flujos de agua y los caminos vecinales y servidumbres de los colonos; los comerciantes de los municipios vecinos no se benefician de la presencia de la compañía porque ella no se surte de lo que se produce en la región.

explotación petrolera, registró en un pronunciamiento público lo que encontraron las organizaciones que asistieron. Es importante tener en cuenta en el análisis que esta caravana fue convocada por la USO y la CUT, es decir, por los actores sindicales en este conflicto. Si se da una mirada general, lo que se reclama es fundamentalmente de parte de la población en general es que la presencia de la empresa redunde en unas mejores condiciones para la población, por ejemplo, en materia de proporcionarle empleo, también generar mayor comercio, es decir, invertir en la región. En ese sentido, es acertada la percepción que tienen los empresarios con respecto a lo que se puede desatar en materia de conflictos cuando se entra a regiones que carecen de muchas condiciones de bienestar y en las que el Estado no está tan presente así como sobre el papel que tiene la empresa privada; es decir, no hay un rechazo de la población a la presencia de la petrolera, sino que se le exige mayor consecuencia con el respaldo y la contribución que pueda generar a la región.

El periódico Desde Abajo logró recoger las reivindicaciones de la población durante las conversaciones sostenidas con la Vicepresidencia de la República a comienzos del mes de agosto (véase listado al final de la presentación de este caso), luego de las primeras protestas obreras en el mes de julio. Estas reivindicaciones, de diversa índole, también muestran problemáticas que siente la población y se relacionan con necesidades de los comerciantes, de indígenas, con requerimientos y problemáticas ambientales, con dificultades en salud, educación, deporte y cultura, en vías de comunicación, en derechos humanos y en condiciones laborales.

El conflicto obrero patronal tiene otras connotaciones, aunque se liga en algunos aspectos con la lucha de la población en general, como en el de las condiciones laborales. Por supuesto este aspecto es discutible porque se sabe que no son muchas las personas de la misma región contratadas por la empresa para las labores del petróleo, pero con la lucha se ha venido contratando cada vez más la gente de allí mismo.

Dos meses más tarde, la caravana humanitaria que se dirigió a los campos petroleros para mirar directamente los impactos de la Mapa 6. Ubicación Puerto Gaitán en el mapa colombiano.

Puerto Gaitán

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ANEXOS. Estudios de caso

El conflicto de los trabajadores es el que ha marcado la pauta de las protestas y tiene varios rostros. Por una parte, están los trabajadores, que en principio no estaban organizados sindicalmente y sus reivindicaciones básicas de condiciones laborales y de vida son las que han marcado las exigencias. Se ha fortalecido su acción con el apoyo de la USO, que también ha retomado su protagonismo, después de varios años de aletargamiento. De esa manera, también está la propia mirada de la Unión Sindical Obrera, con su bagaje histórico y político. Y está el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, que significa un vínculo, por lo menos en algunos ámbitos como la difusión, la propaganda y algunas formas de solidaridad con otros sectores sindicales.

empleados, pero en el campo hay 13.000 contratistas, a quienes les exigimos no pagarle a nadie menos del salario mínimo.” Es útil confrontar y descubrir los elementos de información que se entregan, porque son parte importante de la estrategia de legitimación de la explotación. Se ha venido develando la realidad de la situación generada por la empresa petrolera a raíz de las protestas de los trabajadores contratistas, pues hasta ese momento era una situación oculta para la sociedad. De ese modo la empresa ha buscado varios recursos para mostrar que las exigencias de los trabajadores y de la sociedad son exageradas e injustas. Uno de esos recursos fue la invitación a la comisión sexta del Senado para que sesionara directamente en Campo Rubiales y diera cuenta a la opinión de lo que allí veía. La mayor parte de los testimonios coincidieron en decir que la empresa estaba cumpliendo cada vez más con los requerimientos de una buena calidad de vida para los trabajadores y para la población

Este punto de lo sindical es un aspecto al que tiende especialmente la empresa, por la historia que tenido la USO en materia de influencia y fuerza. Lo que consideran algunos analistas es que la perspectiva de fortalecimiento de este sindicato petrolero es algo que tratarán de evitar a toda costa. En buena parte, según algunos analistas, el reto del presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, cuando se creó la ANH, fue debilitar la USO y lo consiguió.

Es importante examinar el papel jugado por las varias entrevistas en los medios en las que se descalifica la intervención de las centrales sindicales y del sindicato petrolero de la USO, calificando sus actuaciones en términos de “terroristas”, al tiempo que se resalta la calidad empresarial y la buena oportunidad que tiene el país por la llegada de las empresas petroleras.

De todas maneras, es también un escenario de muchas diferencias para la Unión sindical Obrera en materia de las características de los trabajadores y de los tipos de contratación, que hacen diferente la posibilidad de organización a la que se había tenido hasta hace unos años.

5. La conquista del Amazonas: Campo Rubiales, puerta de entrada.

Otro sector que ha tenido importancia por lo menos en las consideraciones políticas, aunque no tenga suficiente fuerza como actor, es el de los indígenas. En esto interviene el hecho de que muchas requerimientos legales de explotación y que se pueden aprovechar para frenar el avance de la petrolera es violar los derechos humanos de poblaciones indígenas, que constitucionalmente, tienen prerrogativas.

En reciente estudio de la Universidad Nacional sede Amazonas, Ecofondo e Ilsa (véase Galindo 2010) se señala la importancia de incorporar en los estudios de la Amazonia colombiana el análisis de los recursos energéticos, en particular, y especialmente, considerar el significado de la extracción del petróleo. La región de Puerto Gaitán y la explotación de Campo Rubiales tiene relación con esta propuesta y de manera muy sugerente porque, como se verá, hace parte de la subregión amazónica.

4. El conflicto a través de los medios Mientras tanto, la empresa difunde en los medios que trabajan con suficiente el tema de responsabilidad social. Una periodista le pregunta al presidente de la empresa petrolera: “¿Hay algo de envergadura, como para contrarrestar lo que está pasando?” Y contesta el empresario:

La situación hoy de la Amazonia colombiana consiste en que almacena grandes reservas de recursos hidrocarburíferos y mineros en proceso de exploración y que esos recursos tienen la perspectiva de vincularse al mercado internacional industrializado y que la puerta de entrada a ese mundo inexplorado y estratégico es el piedemonte de la cordillera en la Alta Amazonia, que es el lugar en el que se conecta la cordillera de los Andes con la Amazonia. En en esta región en la que se encuentra Campo Rubiales. “Más del 90% de la Amazonía colombiana está libre de actividades petroleras, pero esta situación necesariamente cambiará”. Convendría examinar a la luz de estas hipótesis el significado de Campo Rubiales y de la presencia de las empresas y la nueva tecnología en lo que se prevé como conquista del Amazonas.

“Cuidamos al máximo la parte ambiental. Campo Rubiales está a 184 kilómetros del pueblo más cercano, pero hacemos reciclaje, hay telefonía fija, electricidad, telefonía celular, agua potable y todos los demás servicios, no solo para la empresa, sino también para todo el entorno. La compañía está sembrando 30.000 hectáreas de palma, más como una inversión social, que una de tipo petrolero, por el empleo que genera. Esto es algo que hacemos con entusiasmo. Tenemos 1.500

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ANEXOS. Estudios de caso

“La hipótesis que guía este trabajo, dice el estudio, es develar la forma en que el territorio al oriente de la cordillera de los Andes, la Amazonia en particular, se concibió en los orígenes de la exploración petrolera colombiana como una zona de reserva que sólo sería explotada cuando se hubiere valorizado por la explotación liberal del occidente de la cordillera andina”

? Falta de saneamiento básico y energía eléctrica. ? Carencia de vías y de medios de transporte. ? Inexistencia de servicios de salud. ? ? Bajo nivel educativo: carencia de oportunidades para acceder al

bachillerato, y mucho menos a un nivel técnico o profesional. ? Inexistencia de un programa de etnoeducación.

Y explica que la Amazonia tiene tres cuencas sedimentarias, entre las que está la parte suroriental de la cuenca de los Llanos Orientales. Es en esta cuenca donde se encuentra Campo Rubiales:

? Deterioro ambiental que impide la construcción de viviendas con elementos tradicionales. ? El manejo de las transferencias del SIN, correspondientes a los

resguardos indígenas, por parte de la alcaldía municipal, se realiza mediante procesos cada vez más complejos, lentos y desventajosos para las comunidades.

“La cuenca de los Llanos Orientales, integralmente, tiene un área de 96 kilómetros cuadrados y ha tenido lugar en ella el descubrimiento de 2 campos petroleros de tamaño gigante (Caño Limón y Cusiana), tres campos medianos (Rubiales, Apiay y Complejo Domado) y más de cincuenta campos de crudos pesados o campos menores”.

Principales impactos y problemas (en relación específica con las petroleras) ? Desconocimiento de la consulta previa.

En la perspectiva de ir consolidando la entrada al Amazonas, puede contar el hecho de que la empresa tenga como estrategia la construcción de una ciudad ecológica, a la que llaman estos empresarios Ciudad Rubiales. La perspectiva para el Amazonas se está planteando para los siguientes 20 años, en el planteamiento de amazonas 2030.

? Contaminación de fuentes de agua y territorios próximos a los campos de explotación. ? Amenaza para los territorios indígenas, tanto por la población foránea que atraen y que encuentra fácil invadir los terrenos de las comunidades, como por la ocupación de áreas de resguardo y territorios tradicionales, debido a las plataformas y campamentos petroleros.

Documentos complementarios. Síntesis elaborada por Desde Abajo acerca de las reivindicaciones de la población de Puerto Gaitán y los trabajadores petroleros de Pacific Rubiales.

? Dificultades y conflictos en los resguardos y entre éstos, por manejos inadecuados de las empresas con relación a las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades en general para lograr sus objetivos.

Bienes y servicios (comerciantes) ? Crear una plataforma única de contratación de bienes y servicios.

? Inversión de los mal llamados recursos de “responsabilidad social”, con mucha propaganda para las empresas y poco beneficio para las comunidades.

? Establecer un porcentaje del pago de los trabajadores en bonos que sólo puedan ser consumidos en Puerto Gaitán.

? Mínima vinculación de mano de obra indígena a los trabajos de

? Crear una seccional del Sena y una universidad, con becas,

las petroleras.

programas y apoyos enfocados al desarrollo del municipio.

Ambiente. ¿Qué hacer?

? Crear nuevos escenarios lúdicos, culturales, parques

ecoturísticos, y promover la manufactura que demandan las compañías.

? Remplazar o restaurar a CorMacarena. ? Crear una oficina de control ambiental en Puerto Gaitán.

? Crear una empresa legal de transporte, estandarizando las tarifas. ? En las licencias otorgadas a las multinacionales, limitar la deforestación, y prevenir la afectación de morichales y de caños.

? Crear una oficina de Responsabilidad Social Empresarial

Interdisciplinaria. Situación de los indígenas

? Instaurar una legislación específica que equipare la protección de los morichales a la de páramos, humedales y ríos.

? Territorios insuficientes y amenazados, inseguridad alimentaria, inexistencia de proyectos de protección ambiental y productiva.

? Establecer una veeduría para certificar el estado de las fuentes hídricas del municipio.

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ANEXOS. Estudios de caso

? Instalar un comité de verificación que garantice la inversión del 1 por ciento del valor de cada proyecto petrolero en planes de compensación forestal e hídrica.

petroleras y agroindustriales de proyectos en conjunto para la población desplazada. ? Implementar un efectivo acompañamiento psicosocial para los jóvenes, junto con una adecuada infraestructura para los hogares de Bienestar Familiar.

Social (educación, salud, deporte y cultura) ? Dotar al centro de salud de Puerto Gaitán con los requerimientos de infraestructura, equipos técnicos y de personal para prestar los servicios, con actividades de un hospital de segundo nivel.

? Eliminar la discriminación contra la mujer, y se le permita trabajar en las empresas agroindustriales y petroleras.

? Construir puestos de salud en las áreas rurales aledañas a Puerto Gaitán.

? Investigar por qué el ejército nacional y los organismos de inteligencia se convirtieron en una fuerza militar privada, al servicio exclusivo de los intereses de las empresas multinacionales, hasta el extremo de darles tratamiento de guerra a los reclamos de los trabajadores, relativos al reconocimiento de sus derechos legales, a la luz de la Constitución y las normas legales, impidiendo el derecho de asociación sindical.

? Suministrar tres ambulancias medicalizadas que permitan prestarle servicio a toda la población sin discriminación, con sostenibilidad del ciento por ciento por parte de las empresas. ? Atender y desarrollar políticas integrales que permitan reducir la mortalidad infantil indígena.

Laboral. Consideraciones y denuncia

? Ampliar los subsidios para el desarrollo social de la población, en especial aquella que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

? La modalidad y la forma de contratación son lesivos para los trabajadores de la región. Es frecuente que aquélla se realice con intermediación de empresas temporales de propiedad de las empresas contratistas de las obras, producto de lo cual cada una de éstas, cooperativas o bolsas de empleo, se queda con parte del salario de los trabajadores.

? Cobijar a los educadores del municipio con un estímulo porcentual entre el 15 y el 25 por ciento de su asignación básica mensual, en contraprestación por los altos costos en los servicios de arrendamiento, transportes y alimentación.

? Los parámetros, los perfiles y el grado de experiencia exigidos para la mano de obra de Puerto Gaitán son manipulados para obstruir el acceso al empleo. ? Es mínima la oportunidad de empleo para las mujeres, quienes son acosadas sexualmente por sus superiores. No se garantiza la estabilidad laboral de las embarazadas. A las personas de más de 45 años y aquellas con discapacidad funcional no se les garantiza el derecho al trabajo.

? Ampliar la oferta de programas de capacitación técnica,

tecnológica y profesional, que esté articulada con las realidades y las necesidades de la población. Vías ? Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño hasta la frontera con el departamento de Vichada.

? No hay una política salarial y prestacional acorde con la industria petrolera, ni para las actividades de servicios y soporte que requiere la misma.

? Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Campo Rubiales. ? Mejoramiento de las vías terciarías.

? El sector agroindustrial no cuenta con salarios y prestaciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida a los trabajadores del sector.

? Construcción de un aeropuerto. ? Derechos humanos

? Es indispensable una remuneración adicional para los trabajadores que, por efectos de sus labores, deban pernoctar en el campo petrolero.

? Resolver los problemas de tierras entre indígenas y colonos. ? Desarrollo por parte de las autoridades políticas y las empresas

Pronunciamiento de la caravana humanitaria “Destacamos como principales Derechos Humanos violados por acción u omisión de la Multinacional PRE y el Estado Colombiano: 1. Desplazamiento de los territorios ancestrales a las comunidades indígenas y campesinas. 2. Cambio forzado de la vocación del territorio, pasando de ser una gran despensa agrícola y pecuaria a una zona minero – energética. 3. Contaminación permanente de los ecosistemas de esteros, morichales, caños, quebradas, ríos, humedales y fuentes hídricas, entre otros. 4. Confinamiento de las comunidades a las áreas no exploradas y sometimiento a humillantes controles e imposición de restricciones a la libre locomoción.

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ANEXOS. Estudios de caso

5. Extremada militarización de la vida social, comunitaria y laboral; así como la instalación de guarniciones militares en medio de los centros poblados, áreas laborales y zonas de dormitorios, contrariando los principios de distinción del DIH. Exclusión laboral de la mano de obra existente en la comunidad y falta de programas de capacitación para los artes y oficios de la industria petrolera. 6. Sobre explotación laboral con jornadas extenuantes, contratos basura, acoso laboral, despidos injustos, desconocimiento a la estabilidad reforzada deficientes condiciones de bienestar y salarios precarios. 7. Negación de un desarrollo sustentable y sostenible en el marco de la responsabilidad solidaria; para las comunidades que perviven y conviven con la industria petrolera, ya que adolecen de la satisfacción de las más elementales necesidades, tales como: servicio de energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario, saneamiento básico, vías de acceso pavimentadas, servicios de salud, vivienda y educación. 8. Violación de normas internacionales tales como el protocolo de Kioto y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 9. Impedimento a la libre asociación sindical, ya que muchos trabajadores que se han afiliado a la UNION SINDICAL OBRERA, han sido injustamente despedidos o suspendidos sin justa causa sus contratos. Esto viola los convenios 87 y 98 de la OIT. 10. Despidos injustificados de trabajadores incapacitados, sin reconocer los accidentes laborales que a algunos de ellos los han dejado con incapacidad permanente. 11. Malos tratos de muchos capataces y administradores de empresas contratistas, sometiendo a trabajadores y trabajadoras a la humillación aprovechándose de la necesidad del empleo. 12. Igualmente constatamos la voluntad de cientos de trabajadores por quererse afiliar voluntariamente y de manera pública a la UNION SINDICAL OBRERA y de apoyar su justo pliego de peticiones, rechazando un supuesto acuerdo entre la multinacional PRE y dos(2) sindicatos desconocidos. Los trabajadores en nutridas asambleas ratificaron las denuncias que desde el inicio del conflicto colectivo han sido de público conocimiento.

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ANEXOS. Estudios de caso

La presencia de las Farc y el ELN se hizo sentir en el año 2001 con la toma de las hidroeléctricas abastecedoras de energía de las minas de La Frontino. Los guerrilleros amenazaron con volar esas centrales debido a la negativa de la empresa a pagar la vacuna extorsiva que la subversión le exigía. Desde ese día el complejo aurífero prácticamente se paralizó.

Caso 2. Segovia: La defensa de la minería artesanal y las luchas salariales En el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, que se presentaron en los municipios de Segovia, Remedios, Guadalupe, Anorí, Amalfi; Zaragoza, Caucasia; Nechí, El Bagre y, desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó y en el municipio de Amagá se concentran las protestas vinculadas al carbón. En este municipio se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia.

2. Pugnas entre minería artesanal y la empresa transnacional Desde 2000, unos 3.000 mineros artesanales iniciaron excavaciones en las minas Las Delicias, La Treinta, El Cafetal, El Piñal y Monteverde, de propiedad de la FGM que conectaron con El Silencio, una de las minas más importantes para la empresa. En 2003, en las 2.871 hectáreas que la empresa tenía tituladas existían 127 minas ilegales y, según directivos de la FGM, las invasiones se llevaban a cabo para aprovecharse de la infraestructura que la empresa había construido. Las pugnas entre mineros artesanales, ilegales y la empresa continuaron. En 2003 se firmó un acuerdo: los mineros saldrían voluntariamente de la mina El Silencio y la FGM les cedería en comodato cinco minas, colaboraría en obras pendientes en el Hospital San Juan de Dios. Pero, después de menos de tres meses del desalojo pacífico de los mineros ilegales se produjo una nueva invasión de 300 en busca de la veta de la mina Providencia, presionados por condiciones de pobreza y porque alegaban que la FGM no había cumplido los compromisos respecto a proseguir las obras iniciadas por los mineros y de conseguir del Estado inversión necesaria para el fomento de la minería en la región.

La historia de la Frontino en Colombia data de 1852 cuando se instaló en Segovia y, a la vez, explotaba las minas Ñemeñeme en Frontino. En marzo de 2010, la empresa Zandor Capital S.A., perteneciente a un grupo empresarial encabezado por la canadiense Medoro Resources, concretó la compra de los activos de Frontino Gold Mines en Colombia, en proceso de liquidación desde 1979. 1. Movilización social y violencia Desde finales de los 50, el sindicato de la FGM (Sinfromines) y el Partido Comunista tuvieron gran influencia en la población de Segovia y Remedios, lo que, a su vez, fue de la mano de la movilización social y de la aparición de grupos de extrema derecha y la presencia de las Farc y el ELN y de una fuerte militarización de la zona guiada por la latente amenaza de las guerrillas contra la infraestructura de la empresa minera. En los 70 y comienzos de los 80 se crearon varios movimientos agrarios, juntas cívicas y pequeñas organizaciones sindicales así como hubo acelerados procesos de invasión de tierras en busca de oro (de veta, aluvión y de tierra).

3. Huelgas de los trabajadores Los trabajadores de la FGM realizaron dos huelgas en el periodo. La primera, en 2001, estos exigieron aumento salarial del 25% y vinculación del personal (1.300 trabajadores). La segunda huelga, en 2003, duró una jornada y los 800 trabajadores que quedaban protestaron por inseguridad en los socavones causada por las constantes invasiones a la mina El Silencio por parte de mineros ilegales y por el temor al futuro de la empresa. Por efectos de esta huelga fueron despedidos 16 trabajadores. Entre 2003 y 2007, los trabajadores de la FGM no cesaron sus acciones para pedir al gobierno nacional la entrega inmediata de la empresa a sus trabajadores activos y pensionados y el control sobre la minería ilegal.

En 1983 hicieron presencia los grupos paramilitares “Los Tiznados” y “Los Grillos” que además de cometer asesinatos selectivos llevaron a cabo la masacre de Manila ese mismo año, como acto de venganza por el asesinato de Fidel y Carlos Castaño. Después de 1986, los grupos paramilitares “Mano Negra”, “Los Masetos” y “Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MNR” amenazaban tanto a miembros de partidos políticos de izquierda como a la población en general. El 11 de noviembre de 1988, las amenazas se hicieron realidad con una incursión a Segovia de parte del MNR que dejó 43 víctimas y más de medio centenar de heridos. El 22 de abril de 1996 hubo una tercera masacre en Segovia: 14 personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla fueron asesinadas, 8 quedaron heridas y 2 desaparecidas. A partir de entonces, la hegemonía paramilitar no será únicamente en el terreno militar sino en el político y el social y el control del Bloque Metro se extendería hasta 2002.

Entre el 4 y el 28 de septiembre de 2010 hubo paro cívico en Segovia y Remedios contra la liquidación y venta a Zandor Capital y el despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino Gold Mines. El Paro Cívico no sólo fue en defensa de los derechos de los trabajadores, sino que constituyó un acto de protesta contra la entrega de los recursos naturales del país a la predadora actividad del capital financiero internacional. En abril de 2011 se registró la última huelga en Segovia a cargo de mil mineros de la empresa Zandor Capital por retención de salarios.

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ANEXOS. Estudios de caso

Las lecciones que pueden extraerse de este caso se refieren a la guerra protagonizada en la zona por guerrillas, paramilitares, ejército, por el control de un territorio cuyo subsuelo es rico en recursos auríferos, que le disputaban a mineros artesanales y a trabajadores de una empresa en concordato que planteó dejar a jubilados y asalariados activos la administración de la empresa para pagar lo que se les adeudaba. Otra de las lecciones está relacionada con el manejo gubernamental dado a la empresa en concordato y liquidación, que se mostró como una vía para superar los problemas administrativos y la continúa invasión a socavones: la conformación de Cooperativas de Trabajo Asociado, impulsadas con ahínco por la Superintendencia de Sociedades

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ANEXOS. Estudios de caso

Caso 3. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades afrodescendientes. Hablar de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca (Suroccidente de Colombia), es hablar de la historia de las comunidades de mineros afrodescendientes que remonta sus orígenes a la época colonial. Hoy estas comunidades enfrentan la amenaza de un desalojo a favor de la minería a gran escala. El papel que la minería ha desempeñado en la historia de La Toma, desde hace cuatro siglos, nos señala como la minería no es para las comunidades solo un trabajo, sino que hace ya parte de una cultura y de su historia. En las últimas dos décadas la historia del despojo y del desplazamiento forzado ha estado asociada a la presencia de las multinacionales que han desalojado a las comunidades de parte de sus tierras planas para el cultivo de caña de azúcar y la producción de biocombustibles. Actualmente firmas multinacionales especializadas en la explotación y comercialización minera pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras. En el municipio de Suárez las comunidades negras de manera artesanal trabajan las minas por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, se trata de un modo de distribución equilibrada de beneficios según el trabajo invertido y la capacidad física individual para trabajar, en este sistema se integra también tanto las mujeres como los niños quienes aprenden el trabajo de “barequeo”. La explotación de la mina se complementaba con el trabajo de la agricultura, pero en 1980 cuando se construyó la hidroeléctrica de La Salvajina para regar las tierras de los ingenios azucareros del Valle y producir electricidad, de esta manera los cultivos de pan coger, parte de las minas, las casas y las fincas quedaron sumergidas, sin que el Estado indemnizara a los afectados, a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. Esto trajo como consecuencia el desplazamiento forzado de una parte de la comunidad negra que se dedicaba por completo a la minería. Pero realmente el problema estalló en el año 2002 cuando el Estado empezó a otorgar títulos mineros bajo la dirección de Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería). Desde entonces el subsuelo de la nación ha sido todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales, de los cuales 13 títulos han sido otorgados en el municipio de Suárez. El caso de La Toma es ilustrativo de lo que viene ocurriendo en muchas regiones del país respecto al otorgamiento de títulos mineros y concesiones. En el corregimiento en mención se le otorgó al señor Héctor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace unos 400 años por el Concejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas. La concesión se dio con el argumento de que las comunidades negras estaban a 18 kilómetros y por tanto no se

requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministro del Interior reconoció, más adelante, que sí había comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y, por tanto, se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no el de exploración y aprobación de la concesión. Por su parte, la comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y el alcalde ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaron a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía, ESMAD, ha rodeado la zona varias veces y se ha generado una situación muy tensa y peligrosa. Las comunidades no están dispuestas a ceder un derecho que les ha permito subsistir durante siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido grupos armados ilegales, las Águilas Negras, acusando a los líderes y dirigentes de las organizaciones de “estar en contra de las empresas, del desarrollo” y de oponerse al Gobierno.(03/10/2010, El Espectador, p.47). Como resultado de este proceso, en 2011, la Corte Constitucional ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la comunidad afrodescendiente en el mes de mayo de 2010. (03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se realizara el proceso de consulta previa a las comunidades afrodescendientes. Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en la zona. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales que operan en el sector, tales como Los Rastrojos y Las Águilas Negras, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que parar la minería artesanal que venían realizando de manera legítima. (14/05/2011, El Espectador, p.5). A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las comunidades negras prelación en la explotación minera, por considerar que es un pueblo ancestral, esta sentencia está lejos de hacerse realidad por la falta de garantías.

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ANEXOS. Estudios de caso

1. Suárez: de la minería artesanal a la minería a gran escala Desde mediados de 1995 llegaron al departamento del Cauca las autodefensas. Y a los municipios de Suárez y Rioblanco llegaron en noviembre. Estos grupos ilegales hicieron sentir su presencia mediante asesinatos y amenazas a los pobladores, indígenas y campesinos. Esta situación llevó al desplazamiento forzado de familias y a la renuncia de dieciocho (18) trabajadores de los cincuenta y ocho (58) socios de la Compañía Agroforestal. Posteriormente en el año 2000, llegaron a Timba, otro de los corregimientos del municipio de Suárez, cincuenta (50) hombres de las autodefensas, aumentando la presencia de este tipo de actores en el municipio. La llegada de las autodefensas al noroccidente del Cauca, según la información de prensa, era de conocimiento público. Estos grupos llegaron desde Jamundí (Valle) a otros municipios de la región: Buenos Aires, Cajibío, Morales, Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Las autodefensas instalaron retenes y acusaban a los pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla. En su avance hacia el noroccidente del Cauca las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) se concentraron en la vereda El Ceral para enfrentar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el Bajo Naya. La situación de enfrentamiento con las FARC originó desplazamiento forzado de campesinos e indígenas en el norte del Cauca (corregimientos de Betulia y Timba). En esta ocasión alrededor de 4.000 campesinos se desplazaron por orden de las AUC; las amenazas de las Autodefensa estuvieron dirigidas contra líderes gremiales, políticos, universitarios y campesinos. Es en este escenario de conflicto armado, los mineros asentados históricamente en Suárez desarrollan el “barequeo”61. Las comunidades negras asentadas en la veta Galima (primer asentamiento de esclavos negros del Cauca, donde la última mina fue cerrada en 1897) se organizan “… para buscar el sitio donde forman la veta, escogen por consenso y explotan en verano durante tres meses hasta agotarla. Después van en busca de una nueva veta” (17/07/2006 El Tiempo, p.1-5). En el año 2007, la mina de oro sepultó a 24 mineros. La primera reacción de las autoridades locales fue cerrar las minas del Cauca. (14/10/2007, El Colombiano). Esta situación se presentó en el marco de la política nacional de legalización de la minería artesanal. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación advirtió que el proceso de legalización de minas había fracasado y argumentó que “la minería se desarrolla, en un alto porcentaje, con un bajo nivel tecnológico, una deficiente planeación y una inversión económica limitada, generando un grave impacto ambiental y social, dentro de un marcado incumplimiento de la normatividad minera y ambiental existente” (N.S:.,17/10/2007, p. B2).

2. El desalojo de mineros artesanales y las políticas legalización

de

A partir de entonces, la respuesta de las autoridades a los problemas de los mineros artesanales fue una política de desalojo. Para el año 2008 el ESMAD de la Policía realizó (20 de agosto de 2008) el desalojo de 400 mineros que ejercían la explotación del oro en el río Cauca. La Alcaldía dio la orden con el argumento de que la actividad minera podría afectar las edificaciones del sector.(21/08/2008, el País, p.4). En el año 2009 por orden judicial se ordenó el desalojo de 400 familias. Y para la vereda La Toma, estaba previsto el desalojo de una población de 5.000 habitantes del cual 75% se dedicaba a la minería. El juez Primero Administrativo de Popayán ordenó el desalojo de unas 500 familias del corregimiento La Toma, desconociendo que hacía más de 400 años la comunidad afrodescendiente explotaba el mineral. El alcalde de Suaréz explicó que el juez profirió la orden porque Ingeominas había expedido cuatro títulos a mineros sin tener en cuenta a la comunidad que explotaba el oro en la zona cercana a la represa La Salvajina y ahora estas personas quieren extraer el mineral excluyendo a quienes han vivido en la zona toda la vida. (22/05/2010, El País, p.A3). Se estima que al menos 7.000 personas se perjudicarían con estas medidas ya que su sustento depende de la minería. El argumento de Ingeominas es que las minas “no son técnicas y tampoco seguras para la labor de los mineros, por lo que deben ser evacuadas a la mayor brevedad”. (22/05/2010, El País, p.A3) 3. Movilización social de los mineros La respuesta de los mineros frente al despojo tuvo lugar en el año 2009, cuando los mineros y sus familias bloquearon la vía que conduce a Suárez para llamar la atención del gobierno nacional y contra las autoridades locales. Este bloqueo de la vía se presentó para exigir a la Alcaldía alternativas de empleo y para reclamar sus derechos ya que, según ellos, llevan más de 400 años en el lugar. La situación de desalojo se originó cuando el señor Héctor Jesús Sarria reclamó los predios que Ingeominas le había titulado. (07/08/2009, El País, p.2). Para abril del año 2010, cerca de 500 mineros que explotaban oro en los corregimientos de La Toma y Buenos Aires, bloquearon de nuevo la vía que comunica con Suárez en protesta por la orden de desalojo de los mineros de los corregimientos de La Carolina,

61. El barequeo es una actividad artesanal en la que se realiza el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas.

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ANEXOS. Estudios de caso

El Peñón y La Toma. Suárez se volvió centro de un litigio por la posesión de tierra debido a su riqueza en oro. A la compleja situación se sumó el asesinato de siete mineros que habían llegado a La Toma con el fin de explotar oro en el corregimiento, y la presencia de bandas criminales que ya desde el año anterior habían puesto en circulación un panfleto firmado como Águilas Negras-nueva generación, donde amenazaban a líderes de la comunidad (09/04/2010/ p.1-3). El gerente de la Cooperativa de Mineros de Suárez, líder de la movilización, señalaba que para levantar el bloqueo, los mineros exigían que se cumpliera con el desarrollo de una Mesa Minera con la participación del Gobierno Nacional para que explicara el tipo de contratos y concesiones que se habían otorgado esta zona del departamento del Cauca. 4. Respuestas a los mineros artesanales Como resultado, en 2011, la Corte Constitucional ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la comunidad

afrodescendiente, en el mes de mayo de 2010 (03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se realizara la consulta previa a las comunidades afrodescendientes. Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en el río Ovejas. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales que operan en el sector, Los Rastrojos y Las Águilas Negras”, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que parar la minería artesanal que venían realizando de manera legítima. A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las comunidades negras prelación en la explotación minera por consideras que es un pueblo ancestral, está lejos de hacerse realidad por la falta de garantías. (14/0572011, El Espectador, p.5).

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ANEXOS. Estudios de caso

Caso 4. Páramo de Santurbán. Conflicto entre minería y páramo. 1. Planteamiento. El actual gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha impulsado el desarrollo minero - energético como una de las locomotoras de la economía. De esta manera, gran parte del país ha sido titulado o está siendo solicitado para titulación minera. Sin embargo en la medida que el gobierno amplia los títulos mineros crece el inconformismo dentro de un amplio sector de la sociedad colombiana. Tal vez la mayor resistencia sobre la minería es aquella que se presenta en las altas montañas, específicamente los páramos y las selvas altoandinas. No es para menos, Colombia posee el 49% del total de páramos62 del mundo; aproximadamente el 70% de su población se surte del agua proveniente de las altas montañas, porque en ellas nacen la mayor parte de los ríos del país63. Las aguas de los páramos son usadas también en actividades agropecuarias, industriales y generación de energía64. Los páramos tienen una importancia no sólo ambiental sino también cultural y social para muchos pueblos. De acuerdo a Molano65 no existe un concepto preciso sobre los páramos, primero porque la palabra fue traída de Europa y aplicada de manera mecánica en una realidad completamente diferente. De ahí que sean definidos como “biomas, geosistemas, eco-regiones, ecosistemas, zonas bioclimáticas, ecosistemas estratégicos y provincias biogeográficas, entre otras” (Ibid). Para Molina (2011), los páramos son importantes no sólo como proveedores de agua, sino también por su contribución como sumideros de carbono, el aporte para la provisión de alimentos y recursos genéticos, el alto endemismo y el valor paisajístico y cultural para las comunidades que los habitan. Pero además los páramos cuentan con una importante riqueza mineral, oro, plata, carbón, platino, cobre y otros minerales yacen en las entrañas de las altas montañas. Así mientras de un lado, gran parte de la población depende de las aguas provenientes a las altas montañas, de otro, se entregan títulos mineros en estos territorios. Diversas multinacionales proyectan su explotación a alturas que oscilan entre los 2.600 a 3.900 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a información oficial, en 2008, el 10% de los páramos ya estaban titulados para proyectos mineros y el 47% adicional estaba siendo solicitado. En las altas montañas se afianza el conflicto minero más presente hoy en el país. ¿Puede existir una minería que no ponga en riesgo

el abastecimiento de agua de millones de pobladores de las ciudades y pueblos de la región altoandina colombiana? ¿Es necesaria la minería para el desarrollo regional? ¿qué valor tienen las altas montañas y los páramos del país? ¿Agua o minería? Son algunas de las preguntas que se hacen hoy en los departamentos de los santanderes, donde está ubicado el Páramo de Santurban, y en el desde hace más de una década avanza sobre este importante territorio. 2. La minería en los páramos colombianos. En estos últimos diez años el sector minero ha ampliado sus fronteras hacia territorios que se creían de tradición agrícola y ganadera, parques naturales y por último, zonas protegidas como los páramos. Contraviniendo la misma legislación colombiana, muchas empresas transnacionales han recibido títulos mineros en sitios prohibidos por el propio código minero. La legislación nacional, a través de la Ley 1382 de 2010, excluye las zonas que se encuentren por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar de la posibilidad de explotación minera, normatividad que entró a reforzar la Ley 685 de 2001, que resguarda a los parques naturales. Los artículos 79 y 80 de la Constitución, que plasman la prioridad que debe tener la conservación, también defienden las regiones paramunas, así como la Ley 99 de 1993, que dotó a las Corporaciones para velar por la naturaleza. Igualmente, el artículo 34 del nuevo Código Minero establece que están excluidas las zonas de páramo para cualquier tipo de explotación minera, aclarando al final que “estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales”. De esta manera, son varias las concesiones mineras en los páramos para exploración y explotación de carbón, oro, mármol, feldespato y cobre. También son diversas las transnacionales las que han puesto sus ojos en ellos. De acuerdo a La Silla Vacía66 sólo Anglogold Ashanti Colombia S.A., tiene 41.849 hectáreas en los páramos de Santurbán y los Nevados (Caldas, Quindio, Risaralda y Tolima), y Chili-Barragán (Quindío, Tolima y Valle del Cauca) (La Silla Vacía, 2011). Y páramos tan importantes como Chingaza y Sumapaz que proveen el agua para la ciudad de Bogotá y otra decenas de poblaciones cundinamarquesas y del Llano, Chilli y Barragan en el parque Natural Los Nevados en el centro del país, el páramo del Almorzadero en Santander y Norte de Santander y, la Laguna de Tota (Boyacá) por mencionar sólo algunos de los páramos más importantes están hoy amenazados por los proyectos mineros.

62. Los páramos y altas montañas "abarca los Andes del norte y la alta montaña centroamericana; se caracterizan por bajas temperaturas, pronunciadas variaciones climáticas y humedad relativa superior al 80% (Hofstede, Segarra, 2003), son considerados ecosistemas estratégicos por su biodiversidad (IAvH, 2007) ". En Molina Roa, 2011: 74 63. La importancia de los páramos para la regulación hídrica se debe a que retienen agua y la liberan paulatinamente hacia las cuencas hídricas, debido a alta tasa de infiltración y almacenamiento propios de sus suelos, bajo nivel de escorrentía superficial y escaso consumo de agua de su vegetación (De Bievre, 2007 en Molina, 2011: 74)). 64. Molina Roa, Javier Alfredo. Minería en los páramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica. Hacia la búsqueda de la justicia ambiental. Revista Ecología Política. 2011. Pág: 7476. 65.Molano, Joaquín, Territorios y saberes en las altas montañas ecuatoriales, ponencia presentada en el Congreso Nacional de Páramos, Paipa Colombia, mayo 2009. Inédito. 66. La Silla Vacía, Estas son las empresas mineras en los páramos, octubre de 2011. En www.lasillavacía.comhistoria-invitado/27599/alejop/estas-son-las-empresas-mineras-en-los-paramos

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Pero mientras Ingeominas otorga títulos mineros en las altas montañas para extraer sus riquezas minerales, sus habitantes ven en los páramos, sitios que proveen agua y procuran el ambiente adecuado para otras formas de vida vegetales y animales. Es decir, para estos pobladores, los páramos no sólo están para satisfacer necesidades puramente humanas, sino que es un espacio donde se evidencia “un complejo entramado de relaciones de seres interdependientes”. De esta manera, en los últimos años, los páramos han venido adquiriendo una representación como proveedores de agua, sitios sagrados y para la contemplación. De hecho, hay toda clase de apreciaciones y explicaciones sobre ellos: leyendas, mitos, estudios científicos y estéticos.

Sin embargo, a inicios del presente siglo, se agudiza el conflicto armado en la región (es conocida la Operación Militar Berlín que golpearía las estructuras de la insurgencia en la zona). La intensificación de las acciones armadas dejaría debilitadas social, económica y culturalmente a las comunidades de Vetas y California, vecinas al páramo, facilitando la entrada y establecimiento de la empresa en la región. De hecho, muchos de los espacios que han sido delimitados como zonas mineras han estado o están aún bajo el manto del conflicto armado. De un modo generalizado, estos lugares se han convertido en zonas de despojo, no solo por la extracción y la transformación del paisaje por este tipo de actividades, sino por el desalojo, desplazamiento o abandono de los habitantes de estos lugares.

De acuerdo a la directora del Instituto Humbolt67, los páramos "son espacios únicos en el planeta [...]. Estos ecosistemas han evolucionado bajo condiciones extremas. En función de los cambios climáticos globales (glaciación/deglaciación), los páramos se han ubicado en posiciones geográficas mucho más bajas que las actuales, incluso sobre los 2600 msnm. [...], los páramos pudieron presentarse de forma continua a lo largo de los ejes de las Cordilleras apenas interrumpidos por algunas depresiones de las mismas. Gracias a estos procesos, los páramos actualmente poseen vegetación, fauna, clima y suelos singulares frente al resto de los ecosistemas del planeta".

Aunque la resistencia de los pequeños mineros duró varios años, finalmente la empresa y los mineros establecen acuerdos. Las empresas multinacionales conscientes de los contextos y territorios a los cuales le están apostando, se benefician de las debilidades en las instituciones y en los tejidos sociales de las comunidades. Comunidades divididas políticamente, con bajos niveles de educación, asociaciones debilitadas, corrupción70 y problemas de orden público son los factores que generan los ambientes necesarios para el arribo de intereses foráneos.

Es decir, los páramos garantizan los ciclos vitales que procuran diferentes beneficios como las aguas, para también se traducen en expresiones como soberanía alimentaria, megadiversidad, espirituralidad y modos de vida tradicionales de producción. En este tipo de representaciones sobre los páramos radica el conflicto inicial que caracteriza a estos ambientes. Un imaginario que ve estos territorios como un don de la naturaleza que de forma natural se produce y reproduce y otro imaginario que encuentra en la extracción de minerales, la llegada de la abundancia, puestos de trabajo y la adecuación o construcción de obras públicas que sustituya la ausencia del Estado68.

A finales de la década pasada, con la solicitud de la licencia ambiental para la fase de explotación por parte de la empresa Greystar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el conflicto volvería a encenderse. Para ese momento, la empresa tendría más de una década de presencia en la región y había ganado la aceptación de una parte importante de la población urbana de los municipios de Vetas y California, principalmente pequeños mineros que habían sido incorporados en las actividades exploratorias.

3. El conflicto en Santurbán.

Sin embargo, en Bucaramanga, algunas organizaciones ambientalistas y académicos locales ya venían denunciando las posibles implicaciones que tendría la gran minería para la región, considerando los grandes volúmenes de remoción de roca y la utilización de cianuro en las pilas de lixiviados justo kilómetros arriba de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga.

Aunque la opinión general tiene conocimiento del conflicto entre ambientalistas y mineros por el proyecto minero Angosturas en el páramo de Santurbán, el cual ha motivado importantes movilizaciones en los últimos años, el mencionado proyecto tiene orígenes en la década de los 90, cuando llega a Santander, la empresa Greystar Resources Ltd69. (Véase mapa 7). En ese momento, los pobladores locales, muchos de ellos mineros artesanales, emprenden una intensa resistencia para defender su ancestral forma de vida.

De esta manera, el conflicto emerge en la medida que para estos sectores de la población, la minería amenaza y pude agredir este territorio, contaminar las aguas y despojar a sus pobladores de su más importante riqueza natural, el páramo. Los defensores del páramo de Santurbán, denuncian que la extracción de oro en el páramo sólo va a satisfacer unas necesidades meramente suntuarias y a procurar unos beneficios representados en divisas, privilegia las cifras y estadísticas, mientras se alteran los ciclos naturales y beneficiará, económicamente, sólo a una cuota pequeña de la población,

67. Baptiste, B., La importancia de Santurbán, Instituto de investigación en recursos biológicos Alexander von Humboldt. Revista Aseduis, edición 7, octubre 2011, pag: 24 68. Molano, Alfredo. La fiebre del oro en Santurbán. El Espectador, 22 de diciembre 2010. 69. Compañía canadiense entre cuyos mayores accionistas se encuentra JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo y la Corporación Financiera Internacional, la cual trabaja como agencia del Banco Mundial interviniendo en proyectos de carácter privado (Molano, 2010) 70. Mining Watch Canadá, Censat Agua Viva. Tierras y Conflicto, Interpares, Canadá. 2010

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pero además declararían que la minería es una actividad prohibida según la legislación ambiental y minera del país en estos territorios.

distritos que abarcan el páramo como distritos mineros. De ahí que la GreyStar considere, que la voluntad social de los Consejos Municipales también debe ser tenida en cuenta.

No obstante lo anterior, la licencia continua su trámite ante el Ministerio. Los ambientalistas y defensores de los páramos no descansarían en poner el debate en cada espacio académico, político y de oponión logrando generar un importante debate nacional sobre la condición de ilegalidad de la minería en los páramos y la necesidad de delimitar los páramos en el país.

Esta falta de efectividad parte de la incompetencia de algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En el caso específico de Santander, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Bucaramanga, CDMB es la entidad competente para llevar a cabo todo tipo de diligencia que proteja el ecosistema paramuno. Desde el 2007 la CAR del Norte de Santander (Corponor) venía trabajando para hacer del páramo de Santurbán un Parque Natural (solo el 23% del páramo esta en Santander, el resto está en Norte de Santander) y con esto blindar a este territorio de cualquier amenaza minera. Corponor cumplió con su objetivo pero la CDMB no hizo los suficientes esfuerzos para que esto sucediera en su departamento. Este tipo de incompetencias son resultado, en muchos casos, de funcionarios que no tienen las competencias para estar en este tipo de instituciones, siendo solo cuotas políticas que toman decisiones para favorecer ciertos proyectos e iniciativas abanderadas por el gobierno de turno.

Frente al caso del páramo de Sartubán, la revista virtual La Silla Vacía consideraría que: “las autoridades ambientales en Santander han estado ausentes del debate” lo que ha generado que este páramo no tenga una debida delimitación geográfica. El mismo presidente de la minera canadiense Greystar, Steve Kesler, aseguró que las reglas en Colombia no están claras, puesto que muchas partes del territorio no cuentan con una delimitación actualizada que evite ambigüedades. Santurbán geológicamente es un páramo, pero jurídicamente no ha sido declarado como tal. Es más, los concejos municipales de Vetas y California declararon estos Mapa 7. Páramos vs. títulos mineros

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Mapa 8. Páramos Santurbán y Almorzadero (azul) vs Mineria (recuadros rojos)

El que el páramo de Santurbán tenga una fuerte importancia por garantizar el agua de dos millones de personas de los Santanderes, hace reaccionar a la comunidad que se asienta en el área Metropolitana de Bucaramanga y de otros pueblos y ciudades aledañas, como Cúcuta, que ven amenazado su acceso al agua por la casi segura contaminación que se haría de las fuentes de agua si se continua con el “proyecto Angostura” de la empresa Greystar. El proceso de sensibilización que impulsan los promotores de la Defensa del páramo, logra ganar en las comunidades urbanas una valoración del páramo como un escenario que requiere de cuidados y respeto y que provee beneficios como su riqueza hídrica. Estas diversas posiciones asumen un lenguaje en común. Una forma diferente de enunciar, que como en las experiencias

del Referendo por el Agua ha sido también un aprendizaje, este proceso “rescató una visión de la naturaleza que no la entiende simplemente como proveedora de materiales al servicio de los seres humanos”71, referenciando y enunciando este territorio fundamental para el “ciclo del agua para consumo humano y ecosistemas esenciales” (Roa: 2011). Además, el agua y sus nuevas formas de enunciación se ha convertido en el elemento movilizador de las luchas en Santander (Roa, 2011: 3). En medio del conflicto por la minería, a través de la defensa del agua, se consigue la unificación de sectores que antes no habían trabajado juntos. Se inicia un trabajo conjunto con el único objetivo de detener la embestida y el inicio de los trabajos de extracción de oro en el páramo. Estos sectores, particularmente

71. Roa, Tatiana, Santander busca blindar a sus paramos y sus aguas frente a la amenaza minera. Desde Abajo, Bogotá, 2011, pág: 3

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urbanos, están reunidos bajo el rotulo de Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, constituido por asociaciones de ambientalistas, sindicatos, estudiantes, académicos, trabajarían en alianza con grupos como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, Fenalco Santander y partidos políticos como el Polo Democrático y algunos sectores de los Verdes. En una crónica, que para el periódico El Espectador realizó Alfredo Molano, se sostiene que estos sectores “se están oponiendo al proyecto, argumentando que habrá un daño irreversible en las fuentes hídricas que nutren el área metropolitana. Esta comunidad ve amenazada su supervivencia y su riqueza natural y aunque desconocen el lenguaje ambientalista, decide asumir esas nuevas narrativas para “activar un lenguaje de valoración divergente, en oposición a la concepción binaria que desarrollan las grandes empresas” (Svampa, 2009: 43). Luego de meses de movilizaciones, debates académicos y políticos, la empresa retira el proyecto, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial niega la licencia y el Ministerio de Minas y Energía se pronuncia descalificando la viabilidad técnica del proyecto. La férrea oposición a la minería en Santurbán en Santander logra hacer retroceder a la empresa, sin embargo la amenaza continua latente, no sólo la empresa canadiense continua insistiendo en extraer la riqueza aurífero, esta vez con un proyecto de minería subterránea, otros nuevos proyectos mineros y empresas trasnacionales siguen teniendo presencia en la zonas: AngloGold Ashanti Colombia S.A, Cerámica Italia, Continental Gold S. A., CVS Explorations Ltda y, Empresa Minera Reina de Oro. Casi un año después de la última audiencia pública y la gran movilización social de febrero de 2011, el debate sobre la minería sigue candente en esta ciudad. Las diversas expresiones de resistencia: el Comité y los gremios mantienen firme su posición frente a la minería. Ha sido un año de debates, foros, denuncias que visibilizan de un lado la fuerza de las empresas, que no

obstante la legislación colombiana y la férrea oposición del pueblo santandereano continúan haciendo actividades de exploración sobre el páramo, aún las propias denuncias de los entes de control. En últimas es una puja porque cada uno de los actores sabe que lo que suceda en Santurban definirá la continuidad o no de la política minero – energética en el país. 4. Para concluir El caso de Santurbán resume de manera acertada el conflicto que provoca la minería en diversos sectores beneficiados o afectados por este tipo de megaproyectos mineros. Las nuevas formas de referirse al conflicto y a los elementos que lo integran hacen parte de unos renovados discursos que son los que están generando los cambios en las consciencias y en las maneras de percibir el mundo. No solo estamos hablando de un conflicto aislado, estamos ante la presencia de un movimiento que redunda en todo el mundo y que pone en la agenda otra posibilidad de vida. El cambio en las narrativas deja de ser terreno exclusivo de la academia y del discurso teórico, para insertarse en las dinámicas más cotidianas y populares de la sociedad. La comunidad en general le apuesta a otros modelos y se refiere a ellos mediante lenguajes que se han colado a través de las redes de ambientalistas, políticos y académicos. El cambio se materializa cuando la comunidad anuncia que su prioridad es el agua, el bienestar y el cuidado de la naturaleza, y es ese cambio el que ocasiona el conflicto sobre el proyecto minero. En ese mismo sentido, se observa como el sector de la industria multinacional, no puede acceder fácilmente a territorios que, por sus desmejoradas condiciones, se creían sectores de fácil acceso y desmantelamiento. El conflicto con la Greystar ha dejado en claro que “es posible la resistencia desde la consolidación de un movimiento fuerte que una diferentes sectores de la comunidad por un bien común”72.

72. Roa, Tatiana. El proyecto Angotura sin licencia social. Pág. 2

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ANEXOS. Estudios de caso

Caso 5. Marmato 1. Ubicación del proyecto minero El proyecto minero de la empresa Gran Colombia Gold está ubicado en el municipio de Marmato, al nor-oriente del departamento de Caldas, a pocos kilómetros de la vía que de Manizales conduce a Medellín. Es de resaltar su proximidad al rio Cauca, segunda arteria fluvial de importancia en el país. 2. Antecedentes La historia del municipio de Marmato es a la vez la historia de la explotación del oro en la región. Anterior a la llegada de los españoles al continente, se tienen referencias de trabajos mineros adelantados por los indígenas Cartama y posteriormente durante la Colonia y los inicios de la República el oro de Marmato estuvo presente en la economía nacional. La primera deuda externa contraída por el naciente estado colombiano fue garantizada a Inglaterra con las minas de Marmato. Para 1790 se inicia la migración a las minas de oro Marmato de mineros ingleses, franceses, alemanes , italianos, daneses, etc., “ que llegaron a conformar la colonia europea más grande que se vio en Colombia en el siglo XIX” y que tuvo su auge producto de la venta de las minas del llamado Cantón de Supía a los ingleses en 1825. (1. Gärtner Alvaro, “Los místeres de las Minas”, editorial Universidad de Caldas, 2005 ). Desde ese entonces dos han sido los factores que de una u otra manera han incidido y continúan determinando de manera preponderante la historia y el desarrollo de este municipio y sus pobladores: a) Los múltiples cambios en la propiedad y control de las minas así como en normatividad reguladora de los títulos mineros y b) la tecnología utilizada en la extracción y procesamiento del mineral.

Los antecedentes más recientes de este ordenamiento datan de 1939 cuando la ley 72 y posteriormente en el año 46 y 47 la ley 66 y el decreto 1323 definen en resumen que la parte alta del municipio (cerro del Burro) debía dedicarse a la pequeña minería y la parte baja se reservaría para la minería tecnificada o de mayor escala. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se emiten en el año 54 un Decreto y posteriormente en el año 58 una Ley (Ley 2), que mantiene esta división del cerro y los respectivos usos definidos para la zona alta y zona baja. La naturaleza del conflicto que actualmente se gesta en Marmato está relacionado nuevamente con la propiedad de los títulos mineros y con el sistema de explotación que los diferentes actores se proponen adelantar. Esta contradicción ya se reflejaba en el Decreto 2655 de 1988, art. 90, que estableció: “En la contratación de zonas para proyectos de pequeña y mediana minería o con organizaciones cooperativas o pre-cooperativas que realicen los organismos descentralizados dentro del área de sus aportes, los términos, condiciones y modalidades, los señalará o autorizará la Junta o Concejo Directivo, por vía general o en cada caso. En estos contratos se incluirán cláusulas que prevean la no interferencia de estos proyectos a los de gran minería que eventualmente abarquen la misma zona o su obligatoria integración a éstos sin desmejorar las condiciones económicas de los interesados que se hayan de integrar.”

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La situación actual presenta, en relación a la propiedad de los títulos mineros una transformación de gran importancia: La empresa Gran Colombia Gold ha adquirido la casi totalidad de los títulos mineros en la zona de explotación, (100 de 106 existentes), además de ser la propietaria de la empresa Mineros Nacionales en la parte baja, lo cual la convierte prácticamente en el único empleador del municipio. 3. Características técnicas de la explotación Actualmente se distinguen en la región dos formas de explotación del oro, la de veta y los de quebrada o barequeo. La minería de socavón es la principal fuente de trabajo y pilar fundamental de la economía municipal. En el interior de la mina, y concretamente en el frente de trabajo, el rompimiento de la roca se hace con la fuerza física del minero, ayudado por un taladro manual y martillo neumático. Cuando la veta se pierde o cambia de rumbo, se facilita el rompimiento mediante arranque por voladura. El arranque se realiza con “pólvora blanca” (el comercio de la dinamita está controlado), y las voladuras se realizan a razón de una por día. Estas voladuras no cuentan con controles adecuados, debido a la inestabilidad misma del explosivo usado, lo que ocasiona derrumbes en muchas de las minas, así como emanación de gases y polvos. También se practica el arranque con taladros manuales, varillas y macetas. En la actualidad, la única mina medianamente tecnificada que existe es la denominada Mineros Nacionales, ubicada en la Zona Baja y, de propiedad de Gran Colombia Gold. Esta cuenta con planta de beneficio con la infraestructura asociada requerida (presa de colas). La ventilación en todos los casos es natural por “Boca-Vientos” a superficie, y el transporte del material arrancado se lleva en algunas minas al hombro (baldes y costales), carretillas de tracción humana, vagonetas sobre rieles de madera o metálicos y por cable aéreo. El método de avance es permanentemente rudimentario, pues se lleva a cabo mediante martillo y ocasionalmente se utilizan explosivos. Los mineros se limitan al “ensanche” del socavón (tambor) y siguen la veta del mineral de acuerdo con su riqueza. El método de sostenimiento del socavón utilizado en Marmato no garantiza la sostenibilidad de la mina ni la seguridad al minero. Se utiliza como soporte la instalación de marcos de madera, con un espaciamiento que depende del tamaño de bloques en posibilidad de caer. La madera que normalmente utilizan para el sostenimiento es extraída de los bosques circundantes y transportados a lomo de mula. Para el beneficio, se “compran turnos” en algunos molinos artesanales existentes y, el material a beneficiar se transporta a lomo de mula o en volquetas.

La forma de trabajo minero de quebrada o barequeo se viene realizando en Marmato en forma paralela al de veta; en general, la explotación se realiza en sectores localizados aguas abajo de la bocamina. 4. Impactos ambientales de la explotación. ? El manejo ambiental de la actividad minera es prácticamente inexistente en la zona debido igualmente a algunas fatales coincidencias históricas. Inicialmente, el responsable de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales era MINERALCO (por ser dueño) y, es así como finalmente en el año 1996 presenta ante Corpocaldas el Plan de Manejo Ambiental respectivo, el cual nunca se implementó dado que no contó con visto bueno de la Corporación y, terminó siendo archivado. ? El uso actual minero se tiene disperso a lo largo del municipio con minas subterráneas de explotación artesanal y volúmenes de producción bajos, escasa recuperación y gran deterioro ambiental. ? La disposición de estériles se efectúa directamente sobre laderas y lechos de quebradas, incrementando el nivel de riesgo por deslizamientos y movimientos en masa. ? Los molinos de beneficio carecen de manejo ambiental de sus vertimientos, disponiendo las aguas cianuradas y cargadas de lodos en las quebradas Cascabel y Pantano y otros caños que desembocan en el río Cauca. ? Las diferentes compañías que han realizado labores de exploración en la zona también han contribuido con el deterioro de la oferta ambiental existente, debido a la contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, la intervención de cauces, la generación de residuos sólidos, o la contaminación de suelos, etc. ? Por otra parte, existe una discusión acerca de la vulnerabilidad y

el posible riesgo que corren el actual casco urbano y sus habitantes frente a un deslizamiento de la ladera, hecho que ya ocurrió en 2006, cuando una avalancha dejó sepultada la antigua plaza, la alcaldía y el hospital. Para Corpocaldas, en un análisis de vulnerabilidad y riesgo realizado en 2009 solamente una pequeña parte del casco urbano es catalogada como “zona de riesgo no mitigable” y debería ser reasentada. El trasfondo de la controversia parece ser mas político que técnico. Se considera que quienes promueven la tesis de la necesidad de un Reasentamiento del municipio por razones de riesgo ambiental, en realidad están argumentando a favor de los intereses de la empresa que busca el reasentamiento del municipio para desarrollar un proyecto de gran minería a cielo abierto en el Cerro del Burro, cuyos costos en ese caso deberían ser asumidos por el Estado y no por la empresa.

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5. El proyecto de Gran Colombia Gold Corp. La compañía plantea un proyecto a cielo abierto para extraer desde 10.000 Ton/d de mineral y 10.000 Ton/d de estériles, hasta un máximo de 30.000 ton/d de cada uno. El área requerida para el proyecto, según Gran Colombia Gold Corp es de 500 Has, que involucran: extracción, beneficio, manejo de estériles, presa de colas y campamento minero. Para la extracción del mineral serán utilizados: - Camiones convencionales (250 ton), cargadores de llantas y palas hidráulicas - Trituración en pit - Es posible el uso de un cable aéreo (banda transportadora) desde los 1290 a la planta de procesamiento y deposito de estériles. Para el beneficio del mineral se utilizará concentración, remolido y cianuración directa. La planta tendrá inicialmente circuitos de gravedad y flotación para la generación de concentrados. Las colas serán enviadas a la presa de colas. El proyecto como está planteado requiere del reasentamiento del “casco histórico” ubicado en el Cerro El Burro del municipio de Marmato. 6. Estado actual del proyecto Según el informe del tercer trimestre de 2011 de Gran Colombia Gold Corp, en septiembre la compañía “anunció un incremento del 51% en recursos de oro medidos e indicados a 10 millones de onzas en su Proyecto Marmato73 y 2,4 millones de onzas de oro adicionales en la categoría Inferida a una ley mínima de corte de 0,3 g/t. Además, hay un estimado de 64 millones de onzas de plata en las categorías Medidas e Indicadas y otros 11 millones de onzas de plata en la categoría Inferida. La Compañía presentó un Instrumento Nacional 43-101 con un estimado de recursos minerales el 19 de octubre de 2011 por su Proyecto Marmato”. De acuerdo con el informe referido anteriormente, ya se encuentran terminando “los estudios y análisis requeridos para comenzar actividades asociadas con el traslado del pueblo de Marmato y para implementar programas sociales en Colombia relacionados con el Proyecto Marmato.” 7. Conflictividad actual y potencial. El proyecto de minería a cielo abierto que la empresa Gran Colombia Gold se propone realizar en Marmato, afecta una gran diversidad de actores sociales a nivel local, regional y nacional. Las “posiciones e intereses” de los actores que se han manifestado directa o indirectamente en contra del proyecto son por lo tanto de diversa índole, parcialmente contradictorios entre

si y configuran un tipo de conflicto “multi-partes”, de alta complejidad. 7.1. Antecedentes inmediatos del conflicto La empresa canadiense Colombian Goldfield, que definitivamente se declara en quiebra para finales de 2008, había adquirido una buena parte de los títulos mineros tanto de la parte alta del “cerro del burro” como del sector de “Cien Pesos” y de la vereda de Echandía, donde se ubican las explotaciones de pequeña minería subterránea. Esta empresa ordena la destrucción de la mayoría de los molinos y cierre de las minas cuyos títulos había adquirido, dejando de esta forma a aproximadamente 1.200 trabajadores sin su única fuente de subsistencia. Esta empresa abandona Marmato dejando, además de un alto desempleo, una serie de pasivos laborales y deudas abiertas con diferentes proveedores de bienes y servicios en la región. Cuando la también canadiense Medoro Resources (Hoy, Gran Colombia Gold) adquiere la mayoría de las acciones de Colombian Goldfield y entra a continuar con las actividades de exploración, ya los antiguos trabajadores de las minas del Cerro del Burro las habían reabierto por su cuenta y se encontraban explotándolas en condiciones precarias. A estos “guacheros” se suman trabajadores informales de Supía y otros municipios vecinos, que llegan a competir por los espacios de trabajo en las minas ocupadas. Medoro adquiere paralelamente la compañía Mineros Nacionales que explota la parte baja de Marmato y es el mayor empleador del municipio. La empresa inicia entonces acciones legales (amparos administrativos) contra los ocupantes y poco a poco entra en contradicción con los “poseedores” de las minas de Cien Pesos y Echandía, pues a pesar de que estos las vienen explotando desde hace muchos años, Medoro adquirió la propiedad formal de los títulos mineros y en algunos casos el avance de Mineros Nacionales desde la parte baja, excluye o pone en riesgo la explotación en algunas minas de la parte alta. El desarrollo del proyecto de minería a cielo abierto en Marmato excluye la explotación subterránea y por tanto la pequeña minería. Requiere además del Reasentamiento de la población tanto del casco urbano como de algunas de las veredas del sector rural del municipio y se propone extraer la totalidad de las reservas de oro allí existentes en un período de aproximadamente de 20 años. Distintos actores se han venido expresando pacíficamente en contra del proyecto minero por diferentes razones y poco a poco configuran un inicio de oposición organizada al mismo. El conflicto no ha adquirido características de confrontación violenta. Sin embargo, las circunstancias y motivos por los cuales fuera recientemente asesinado el párroco de Marmato no se han clarificado. El hecho de que el se hubiera expresado públicamente en contra del proyecto, ha motivado la

73. www.prnewswire.com, www.grancolombiagold.com

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difusión de conjeturas en relación a que esta circunstancia podría ser la razón de su muerte y suscitado temor en los lideres de la oposición al proyecto. 7.2 Principales actores, posiciones e intereses. En el municipio de Marmato existe una serie de actores sociales que por diferentes razones se oponen al proyecto de minería a cielo abierto. También dentro de la población existen personas que ven con buenos ojos un proyecto de minería tecnificada en el municipio y que se beneficiarían de este proceso, pero no existe ninguna expresión organizada y pública de respaldo a la empresa minera. Por lo tanto concentramos nuestra atención en la descripción de los grupos opositores y sus características. Tanto por los niveles de organización como por lo heterogéneo de su composición y origen social y económico, no es posible hablar de una oposición organizada y articulada socialmente. Sin embargo las expresiones de protesta pública frente al proyecto que se han gestado desde la defensa de intereses particulares, empiezan a convocar y lograr el respaldo de un sector amplio de la población. Con el propósito de tener una idea de las características del conflicto actual y potencial que se está desarrollando en el municipio de Marmato, describimos continuación las que podrían ser las características y posibles posiciones/intereses de algunos de los actores más importantes: 7.2.1. Los “Guacheros”. Es el grupo más numeroso, se calcula que actualmente podría tener alrededor de 1.000 o 1.500 personas. Son trabajadores independientes, algunos de ellos provenientes de Supía y alrededores que llegaron a ocupar las minas poco después de que la empresa propietaria de los títulos ordenó su cierre. Algunos de ellos esta vinculados a la recientemente creada “Asociación de Mineros Unidos de Marmato”, pero carecen de experiencia organizativa. Se han movilizado esporádicamente y como reacción a intentos de desalojo por parte de las autoridades. Muchos de ellos participan en las acciones y protestas públicas en contra del proyecto de explotación a cielo abierto Posición: Consideran que el hecho haber ocupado y explotado las minas durante los últimos 3 a 4 años les da el derecho de posesión sobre los títulos. Su interés primordial radica en la conservación de la fuente de ingresos. 7.2.2. Los poseedores de minas en Echandía y Cienpesos Se trata de pequeños o medianos empresarios mineros, que ocuparon las minas ubicadas en las veredas de Echandía y Cienpesos, montaron allí una infraestructura para el procesamiento y contratan entre 10 y 50 trabajadores cada uno, de forma permanente.

Posición: Consideran que el avance de la explotación de mineros nacionales pone en peligro sus explotaciones y que cuentan con derechos de posesión por el hecho de haber explotado estos títulos durante tanto tiempo, así la empresa los haya comprado a sus antiguos propietarios. Argumentan que la empresa sabía que “compraba un problema”. En 2.010 realizaron el bloqueo de la vía que conduce a Echandía e impidieron los trabajos de exploración durante varios días. Actualmente existe un proceso de negociación para la compra de estas minas por parte de la empresa.

7.2.3. El “ Comité Civico para la defensa de Marmato”. Este grupo surge como respuesta organizada de algunos sectores de la comunidad a la intervención de las empresas multinacionales en Marmato. Su composición es diversa pues está conformado por distintas organizaciones de base, por líderes comunitarios, educadores, representantes de organizaciones políticas, representantes de comunidades indígenas y afro descendientes y personas no necesariamente vinculadas a la actividad minera. Posición: Sus integrantes están en contra de la minería a cielo abierto por los riesgos ambientales que implica, se opone al reasentamiento del municipio y rechaza la posibilidad de que una sola empresa monopolice la oferta laboral o que los recursos auríferos que podrían durar muchos años, se exploten en unos pocos años, dejando a las futuras generaciones sin posibilidades económicas de subsistencia. Recogen la exigencia de las comunidades étnicas en relación con la realización de una “Consulta Previa, libre e informada” y reivindican los valores históricos y culturales del municipio, cuya existencia ven en peligro con el proyecto de minería a gran escala. Sostienen que la empresa ha perdido la propiedad de los títulos mineros por no haber explotado las minas del Cerro del Burro durante los períodos que establece la ley y que estas deben ser entregadas a los pequeños mineros que hoy laboran en ellas. 7.2.4. La administración municipal Tanto el Concejo Municipal como el alcalde son actores centrales en esta situación, entre otras cosas porque el EOT (Esquema de ordenamiento territorial del municipio) es competencia de estas instancias y debería ser modificado como requisito importante para realizar un proyecto de minería a cielo abierto y de reasentar el casco urbano del municipio. El actual EOT prohíbe la gran minería en la parte alta del municipio. De igual manera es el alcalde quien debe ejecutar los desalojos de las minas debido a los amparos administrativos presentados y fallados a favor de la empresa.

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Posición: La actual administración se ha mostrado renuente a los desalojos pues se trata de un problema social generado por la empresa minera. El alcalde está a favor del reasentamiento del municipio pero no comparte la idea de la explotación a cielo abierto. En cuanto a la modificación del EOT el Concejo y el alcalde aún no se pronuncian. 7.2.5. La empresa Gran Colombia Gold Se trata de una empresa con sede en Canadá que cotiza en la bolsa de Toronto. Su propósito es la apertura de una mina a cielo abierto. Posición: La compañía se reafirma en la propiedad de los títulos y la ilegalidad de la ocupación de las minas. Argumenta la conveniencia y la oportunidad que el proyecto de gran minería

significa para el municipio. Esta dispuesta a correr con los costos del reasentamiento y sostiene que los impactos ambientales del proyecto son perfectamente mitigables. 7.2.6. Otros actores. Es necesario tener en cuenta la existencia de actores menos evidentes que los mencionados pero que no por eso tengan menos influencia en el desarrollo actual y futuro del conflicto. Se trata de actores ilegales e informales, que se verían afectados por la formalización de la explotación del oro en Marmato y por lo tanto es de suponer que ejercen o ejercerán oposición al proyecto. Se trata de las personas vinculadas al mercado negro de explosivos que implica sobrecostos 10 veces del valor de mercado legal, de las personas vinculadas al lavado de activos por la vía de la comercialización de oro y de los prestamistas que cobran tasas de usura a los mineros en créditos para la compra de insumos.

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Conflictividad en el sector minero-energético en Colombia