Cien días vistos por CINEP/PPP - Noviembre de 2014/ No 83 by Cinep/Programa por la Paz

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Contenido Editorial

Desafíos del posconflicto, entre el deseo y la realidad......................... 3 Por Luis Guillermo Guerrero Guevara

Conflicto y Paz

La confrontación armada en medio de los diálogos............................. 8 Por Teófilo Vásquez y Javier Benavides Justicia transicional para víctimas en Colombia. Más allá del posconflicto............................. 15 Por Camilo Andrés Hernández Barreto Se cambian armas por curules: una reflexión acerca de los posibles desafíos de la transición de grupo insurgente a partido político legal............... 21 Por: David Rampf Paz territorial sí, pero, ¿cómo? La propuesta de las Zonas de Reserva Campesina..................................... 26 Por: Pablo Andrés Durán Chaparro

Desarrollo

¿Fracking para la paz?................................. 31 Por: Catalina Serrano y Tatiana Cuenca Restitución en la Costa Caribe: procesos judiciales y perspectivas de paz..................................... 39 Por: Andrea Jeannette Lopera Lombana

Movimientos Sociales

¿Habrá reparación, justicia, verdad para las víctimas de las multinacionales?.................................... 43 Por: Zohanny Arboleda y Martha Cecilia García Retos y coyuntura sindical en Colombia. ¿Qué hacer durante y después de los diálogos?............................. 48 Por: Giselle Medina

Bogotá

La configuración de lo público como condición de una ciudadanía en posconflicto El mecanismo político de los presupuestos participativos de Bogotá.................................................... 54 Por: Marcela Fernanda Pardo García y Juan Carlos Merchán Zuleta La educación como parte del proceso de reparación de derechos de las víctimas. Retos para el escenario pos-Habana a partir de la experiencia con víctimas estudiantiles de Bogotá......................................................... 59 Por: Dillyane de Sousa Ribeiro y Julián Gómez Delgado

Internacional

Del terror militar a la violencia neoliberal... 64 Por: Carlos Figueroa Ibarra

Director Alejandro Angulo Novoa, S.J. Comité Editorial Luis Guillermo Guerrero Guevara Martha Cecilia García Sergio Andrés Coronado Fernando Sarmiento Ana María Restrepo Teófilo Vásquez William Rozo Mónica Osorio Aguiar Colaboran en este número Luis Guillermo Guerrero Guevara Teófilo Vásquez Javier Benavides Camilo Andrés Hernández David Rampf Pablo Andrés Durán Catalina Serrano Tatiana Cuenta Andrea Jeannette Lopera Zohanny Arboleda Martha Cecilia García Giselle Medina Marcela Fernanda Pardo Juan Carlos Merchán Zuleta Dillyane de Sousa Ribeiro Julián Gómez Delgado Carlos Figueroa Ibarra Equipo Editorial Mónica Osorio Aguiar Alejandro Angulo Novoa, S.J. Diseño y edición fotográfica Mónica Osorio Aguiar Impresol Ediciones Ltda. Portada Impresol Ediciones Ltda. Diagramación Impresol Ediciones Ltda. www.impresolediciones.com

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Editorial

Desafíos del posconflicto, entre el deseo y la realidad Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara*

Existen profundas contradicciones y ambigüedades sobre lo que debe ser el posconflicto en Colombia y lo que realmente es posible. Esta disyuntiva nos obliga a pensar, más allá de los deseos, en cuáles pueden ser los mayores desafíos para la construcción de un posconflicto en el país

n primer desafío es que los colombianos y colombianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto social, político y armado que hemos vivido en el país y, en consecuencia, nos apropiemos seriamente, del gran reto que significa construir la paz. No hay duda que una gran mayoría queremos la paz para Colombia, pero la gran dificultad está en las diferencias de cómo la queremos lograr y qué estamos dispuestos a ceder social y políticamente, para alcanzar una paz integral, justa y duradera. Una encuesta sobre las negociaciones de paz en La Habana, publicada por el Centro de Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia el mes de octubre de este año, ilustra este primer desafío. El estudio mostró que un 64 por ciento de las personas indagadas respaldaron la salida negociada del conflicto y confirmaron que el diálogo es el camino ideal para ponerle fin a la guerra. A su vez, el

27 por ciento manifestó que el Gobierno debe apostar por la vía militar y el 9 por ciento dijo estar indeciso frente a las dos opciones. La encuesta también pone de manifiesto las dudas que tiene la ciudadanía sobre la participación de los guerrilleros en la política del país. En este sentido, en un escenario de posconflicto, el 64 por ciento no está de acuerdo con la participación de los exguerrilleros de las Farc en la política, el 21 por ciento se mostró indeciso y el 15 por ciento apoya esa idea. Otros resultados de la encuesta confirman la dudosa capacidad de cambio que tiene en estos momentos la sociedad para transformar sus posiciones: el 57 por ciento dijo que se sentiría “incómodo” con un exguerrillero de las Farc como compañero de trabajo y el 59 por ciento si fuera un vecino1. Un segundo desafío es superar la fragmentación del Estado y armonizar sus responsabilidades para fortalecer y hacer posible el posconflicto, sobre la base de unas instituciones públicas consistentes y una clase política que

busque el bien común y posponga los intereses particulares.

Un primer desafío es que los colombianos y colombianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto social, político y armado que hemos vivido en el país y, en consecuencia, nos apropiemos seriamente, del gran reto que significa construir la paz

En estos momentos estamos presenciando un complejo juego de intereses al interior del Estado. Las posiciones del Procurador Alejandro Ordoñez cuestionando de oficio los diálogos de La Habana y esgrimiendo argumentos que llaman la atención sobre la entrega de “la riqueza acumulada por las Farc” a raíz del despojo y de sus relaciones con el narcotráfico para hacer reparación a las víctimas. O, diciendo que “sin entrega de sus dineros guardados (refiriéndose

a las Farc) no hay justicia transicional”. Mientras que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, hace visible el hecho de que en el proceso de paz se está presentando una “profunda estigmatización -pues, según sus palabras-, se ha vuelto costumbre en el país estigmatizar a todos los que defendemos el proceso de paz, a las mentes progresistas, que pensamos en una salida negociada al conflicto. Los que no hacemos la apología a la guerra, como la hace el procurador General con sus propuestas, nos llaman voceros de las Farc”.

el corto plazo, es decir un año, las elecciones locales y regionales en 2015 pueden darle al diálogo giros inesperados. En especial para avanzar en temas que tienen que ver con los contextos regionales como la llamada “Paz Territorial”: propuesta que el gobierno ha puesto en boca de sus negociadores, pero que aún es una gran “caja negra” o teoría abstracta de analistas que falta llenar de contenido y llevar a la acción.

De otra parte, en la casa de gobierno, mientras el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con sus múltiples intervenciones, cumple con su oficio de desprestigiar los actos de guerra de las Farc como una gran incoherencia en tanto dialogan de paz en La Habana, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pareciera ser el único ministro del gabinete del presidente Santos que trabaja en consolidar los acuerdos de paz, mientras los demás ministros brillan por su ausencia, como si los temas de sus administraciones no fueran parte de las realidades que se están dilucidando para construir la paz.

Un segundo desafío es superar la fragmentación del Estado y armonizar sus responsabilidades para fortalecer y hacer posible el posconflicto, sobre la base de unas instituciones públicas consistentes y una clase política que busque el bien común y posponga los intereses particulares.

Estas situaciones contradictorias y críticas, al interior del Estado como del Gobierno, generan interrogantes sobre la fuerza, la consistencia y la voluntad política que tienen estas dos instancias determinantes para el apoyo al proceso de diálogo en La Habana y, en consecuencia, para construir el posconflicto. Igualmente se puede percibir en estos debates, el indicador de apoyo que el presidente Santos tiene en su haber y las agudas debilidades de su gestión en los diálogos de paz. Preocupa la capacidad de resistencia y de contención que pueda tener el Gobierno para blindar los diálogos de paz frente a sus crisis y el respaldo que pueda tener el presidente en el Congreso, en la clase política y en los sectores más activos de la sociedad civil. Transcurridos dos años y bajo la hipótesis que de no firmarse los acuerdos de La Habana en

Un tercer desafío para el posconflicto es desatar el “nudo gordiano” de la propiedad, concentración y uso de la tierra y de los patrimonio naturales. Para resolver este crónico y aplazado conflicto colombiano de la tierra necesitamos, en primera instancia, acercarnos a una comprensión más concertada y profunda del problema. El complicado y confuso juego de las soluciones legales, lo hemos visto históricamente, ofrecen herramientas que son necesarias, pero al mismo tiempo son vulneradas, limitadas y en últimas violadas por poderes superiores al poder judicial del Estado. En concreto, la justicia privada, amparada por ejércitos privados de soldados y abogados con baja ética, ha dado como resultado cerca de siete millones de habitantes del campo despojados de “por lo menos 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios”.2 Se necesita que en el posconflicto funcione la legalidad y la justicia para revelar a los victimarios de todos los sectores y extremos, tanto de la insurgencia armada como de los sectores de la economía y de la política

que participan de las formas mafiosas y violentas de operar, amparados en el paramilitarismo, para amasar y concentrar los capitales que producen los patrimonios de la tierra. Actualmente existen territorios que experimentan una pugna no resuelta sobre la alta concentración de la tierra y sus patrimonios naturales. “La concentración de la tierra y la desigualdad han crecido en la última década en el campo. El índice de Gini rural, que mide la desigualdad en la concentración de la propiedad de la tierra,3 pasó de 0,74 a 0,88 (para el año 2012). La mayor concentración de la tierra está en Córdoba y Caquetá. La más alta desigualdad está en Antioquia y Valle. Este alto grado de concentración de la tierra está asociada a la mayor persistencia de los mismos grupos políticos en las regiones, es decir, donde el sistema democrático está capturado por grupos de interés”.4 Para el Gobierno Santos una solución a esta situación es la “Paz Territorial”. Los negociadores del gobierno en La Habana hablan de ella para significar que la paz tiene que pasar por una verdadera transformación de las zonas rurales del país. Este concepto es de suma importancia porque hace una clara distinción entre el fin del conflicto armado y construcción de la paz; además, reconoce que una transformación rural profunda es una condición sin la cual no se puede llegar a la paz. En esta lógica, al parecer el gobierno tiene claro que la paz va más allá de la terminación del conflicto armado, pues también afirma en palabras del negociador, Sergio Jaramillo, que “se requiere una transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto”. A pesar de esta clara conceptualización propuesta por el gobierno, existe una alta contradicción con las acciones, las políticas que están cursando y con las que el gobierno está impulsando en el seno del Congreso de la República. Un claro ejemplo es el actual debate sobre el proyecto de “Ley de Tierras” o como popularmente se conoce: “ley del No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

baldíos” que cursa en el Congreso desde los primeros días del mes de octubre del presente año. Con esta ley se quiere “hacer crecer la producción agrícola y aumentar el potencial económico de la tierra en el país, sobre todo en las zonas más aisladas” (Vichada es un claro ejemplo). Para hacer efectivo este proceso el mecanismo que se propone es crear las “Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)”. Zonas que “demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”. Se supone que así se podrán realizar proyectos asociativos entre empresarios y campesinos”, pero lo que realmente puede pasar es que va a permitir que sociedades empresariales agroindustriales “accedan y acumulen terrenos baldíos de la nación, en concesión o arriendo, levantando así la prohibición contenida en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

Preocupa la capacidad de resistencia y de contención que pueda tener el Gobierno para blindar los diálogos de paz frente a sus crisis y el respaldo que pueda tener el presidente en el Congreso, en la clase política y en los sectores más activos de la sociedad civil.

En resumen, es un nuevo intento de legalizar por métodos irregulares el reparto concentrado en pocas manos de los baldíos, tierras del Estado que desde la ley 200 de 1936 (sobre régimen de tierras) están destinadas a los campesinos pobres. Esta dinámica va en contravía de lo que se alcanza a leer en los borradores de acuerdo de La Habana sobre el punto de la agenda que se denomina Reforma Rural Integral, especialmente www.cinep.org.co

en lo que desarrolla sobre el impulso a la “pequeña economía campesina y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” Otros procesos e iniciativas que están en marcha y que impactan de manera negativa la vida de los territorios y por tanto una “paz territorial” en un posible posconflicto, es la llamada “locomotora minera” del plan de desarrollo del gobierno. Según se especula, en el próximo plan de desarrollo del gobierno la política minero-energética se va a profundizar a favor del crecimiento económico pero en contra de un desarrollo humano integral y sostenible que necesitan las regiones directamente implicadas y en general el país. No ofrecen buenos augurios la aprobación del uso de la tecnología del “fracking”, la idea de acelerar el trámite de las licencias ambientales “exprés” para autorizar rápidamente los proyectos “estratégicos” de infraestructura, minería e hidrocarburos, o el impulso que va tomando la propuesta de reformar el mecanismo constitucional de la consulta previa, que el Vicepresidente Vargas Lleras califica de ser una “estrategia extorsiva”, que las comunidades indígenas y negras utilizan para ganar dinero y detener el verdadero desarrollo. Estas realidades nos deben interpelar sobre si es posible hacer un posconflicto bajo las condiciones que se van desarrollando y que contradicen de manera profunda los acuerdos que se han ido logrando en La Habana. Mucho se habla de las contracciones de las Farc entre lo que dicen en las negociaciones y lo que hacen en las regiones en medio del conflicto, y realmente son incoherencias graves e infortunadas porque siguen produciendo dolor y violencia. Pero muy poco se hacen visibles estas contradicciones de la macro política económica del gobierno que le hacen un raquítico favor a la paz pero que le trabajan a los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Un cuarto desafío es el papel de la amplia, diversa y difusa sociedad civil

Se necesita que en el posconflicto funcione la legalidad y la justicia para revelar a los victimarios de todos los sectores y extremos, tanto de la insurgencia armada como de los sectores de la economía y de la política que participan de las formas mafiosas y violentas de operar, amparados en el paramilitarismo, para amasar y concentrar los capitales que producen los patrimonios de la tierra.

(SC), en el posconflicto. Un balance crítico de la actuación de la SC en la actual etapa de diálogo, arroja algunas percepciones que pueden dar luces sobre cómo actuar en el posconflicto. En primer lugar es evidente el fraccionamiento de actividades: la multiplicidad de foros, de congresos y expresiones públicas. Estas acciones desconectadas han traído como consecuencia la debilidad de cada una de ellas en particular y, por tanto, el desperdicio de una fuerza conjunta, capaz de incidir como proceso social global en La Habana. En segundo lugar, se percibe la incapacidad de formular una estrategia conjunta como SC entre las diversas redes gremiales, académicas, eclesiales y de los movimientos sociales. Sale a flote la realidad de fragmentación del tejido social, de los gremios y de las organizaciones sociales. Se actúa bajo los condicionamientos y desconfianzas del pasado político, y de los prejuicios ideológicos, de uno y otro extremo de la sociedad. A pesar de esta realidad, también se debe reconocer la fuerza de trabajo y propuesta que han tejido espacios como las redes y plataformas de derechos humanos, de los programas regionales de desarrollo y paz, de los esfuerzos de las universidades por convocar a los eventos académicos a la sociedad en su conjunto y de las iglesias por tejer relaciones a favor de una paz justa y duradera, mucho más allá de sus diferencias.

Por eso, el mayor reto para la SC, de cara al posconflicto, es profundizar estas sinergias e interacciones sociales y esforzase por concentrar capacidades y competencias a favor de una paz que responda a la incesante violación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales que ha vivido el pueblo colombiano en su conjunto. Si bien las experiencias por la paz en Colombia abundan y son un avance importante para arraigar el posconflicto, de esto da cuenta el Premio Nacional de Paz que se celebra cada noviembre y que según sus estadísticas, después de 16 años, se han postulado cerca de mil seiscientas prácticas concretas de paz, es necesario seguir profundizando y ampliando esta dinámica desde la SC en articulación con el Estado, porque los problemas del país demandan mayores grados de esfuerzo. No cabe duda, que estas experiencias necesitan ser cuidadas, sistematizadas y multiplicadas, para que sean referentes de pedagogía social que aporten, desde la base de la SC, a la construcción de tejido y a la creación de una nueva cultura, conciencia y práctica política en la sociedad colombiana.

Otros procesos e iniciativas que están en marcha y que impactan de manera negativa la vida de los territorios y por tanto una “paz territorial” en un posible posconflicto, es la llamada “locomotora minera” del plan de desarrollo del gobierno.

Cabe aquí decir una palabra de reconocimiento al empuje creciente de uno de los actores más activos de la SC, el movimiento social colombiano y sus múltiples procesos de resistencia en los territorios. Uno de estos movimientos es el proceso de convergencia que constituye la “Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular”. Este proceso nace luego del paro agrario del año 2013 con la convicción de construir una perspectiva colectiva sobre la problemática del

sector agrario y un discurso reivindicativo para trabajar con el Estado. La Cumbre Agraria (CA) se instaló oficialmente entre el 15 y 17 de marzo de este año y reunió a dos de los más amplios y significativos movimientos para el posconflicto: el “Congreso de los Pueblos” y la “Marcha Patriótica”, así como también a los indígenas de la ONIC, a los afrodescendientes del PCN y a los sindicalistas del agro, con Fensuagro. Posteriormente en mayo del presente año, como segundo resultado del paro nacional agrario, la CA propone al gobierno la creación de una “Mesa Única Nacional” para negociar los ocho ejes temáticos de su pliego unitario de exigencias, Mesa que se instaló oficialmente el pasado 3 de octubre, en la que se han ligado los movimientos y organizaciones ya mencionados, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) y las zonas de reserva campesinas reunidas en Anzorc. Se espera que de estos diálogos, entre el movimiento social agrario y el Gobierno, resulten logros significativos que se articulen a la lógica en que se está acordando sobre el desarrollo rural en la agenda de La Habana. Un quinto desafío para el posconflicto es la definición y aplicación de la justicia transicional. En la citada encuesta de la Universidad Externado de Colombia, a la pregunta de “si los miembros de las Farc deben ser enviados a la cárcel, el 57 por ciento respaldó esa opción, frente al 31 por ciento que dijo estar indeciso y al 12 por ciento que no está de acuerdo”. Por otra parte, aprobar un acuerdo con la guerrilla sobre un marco jurídico parece ser hoy más difícil. “Los problemas se concentran en cuál puede ser el alcance de la justicia transicional y sobre cuáles serían los beneficios jurídicos que se pueden o no conceder a los guerrilleros desmovilizados y sobre qué conductas de los múltiples crímenes que han cometido”. No cabe duda que esta situación muestra un gran reto tanto para la actual negociación como para la aplicación de los acuerdos a que se llegue en la etapa de posconflicto.

Mucho se habla de las contracciones de las Farc entre lo que dicen en las negociaciones y lo que hacen en las regiones en medio del conflicto, y realmente son incoherencias graves e infortunadas porque siguen produciendo dolor y violencia. Pero muy poco se hacen visibles estas contradicciones de la macro política económica del gobierno que le hacen un raquítico favor a la paz pero que le trabajan a los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales.

Durante la segunda semana de noviembre, en un evento organizado por la Universidad del Rosario, el Procurador Ordoñez recordó los límites que tendría un eventual acuerdo de aplicación de mecanismos de justicia a la guerrilla y, de otra parte, el Fiscal Montealegre reiteró su propuesta de crear mecanismos alternativos de cierre definitivo de los casos penales una vez se suscriba el acuerdo y se surtan los procedimientos de verdad y justicia que allí se convengan. A su turno, el negociador del gobierno Humberto De la Calle, propuso a las posiciones contrarias del Procurador y Fiscal, reabrir la discusión sobre el delito político y especialmente sobre las conductas que pueden ser consideradas conexas al mismo, con el fin de buscar nuevos caminos de solución. Las soluciones no están fáciles de encontrar. Sin duda es imprescindible “construir y aprobar un marco jurídico para la paz que traiga las reglas definitivas que se acuerden en materia de justicia, que adopte un procedimiento ad hoc de refrendación y que permita (constituir) instituciones también ad hoc para su implementación, inclusiNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

ve la de tribunales especiales para garantizar la ejecución de los acuerdos”. Esto lo han pedido las víctimas en La Habana, pues para ellos es uno de los caminos más plausibles para que aproximarse a la construcción de una verdad compartida y, para que no toque cargar durante décadas con la impunidad a cuestas, con el grave riesgo de que los colombianos nos volvamos a cobrar la factura y generemos nuevos estadios de violencia.

...el mayor reto para la SC, de cara al posconflicto, es profundizar estas sinergias e interacciones sociales y esforzase por concentrar capacidades y competencias a favor de una paz que responda a la incesante violación de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales que ha vivido el pueblo colombiano en su conjunto.

Un sexto desafío radica en el costo financiero del posconflicto. ¿Cuánto valdrá y cómo se financiará el posconflicto? Según algunos estudios de economistas las cuentas no dan. A pesar de que el gobierno ha dicho que cualquier cosa que se diga al respecto es una especulación y que el Departamento Nacional de Planeación apenas está empezando a hacer esas cuentas para el Plan de Desarrollo que presentará al Congreso, existen opiniones calificadas que dan luces sobre el tema. Una de estas es la del exministro, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien habla de una cifra preliminar solamente para el posconflicto rural, que puede fluctuar entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años. Este cálculo equivaldría a destinar anualmente, durante la próxima década, una suma parecida a la del impuesto al patrimonio para este solo propósito. A esta cifra hay que sumar el compromiso de la www.cinep.org.co

reparación a las víctimas del conflicto, que según el propio presidente Santos puede costar, en los próximos diez años, la suma de 54 billones de pesos. Lo que significa destinar casi un punto del PIB por año. De otra parte, el Bank of América calcula el costo del posconflicto en 187 billones de pesos –casi la mitad del PIB del país– para extenderlo en diez años. De esta suma, la mitad correspondería al programa rural y otra mitad a pagos de reparación. Durante la segunda semana de noviembre, seis Estados europeos recibieron al presidente Santos, el objetivo de su visita era buscar tanto apoyo político como crear un fondo para financiar el posconflicto. Todos los analistas coinciden en que tuvo más éxito en lo primero que en lo segundo. Santos logró el apoyo político y generó un ambiente favorable para el proceso de paz. En cambio para el fondo solo logró un crédito y no una donación que Alemania aprobará por un valor entre 75 y 100 millones de euros anuales hasta 2016, ligado a la agenda del proceso de paz. Préstamo que agrandará la deuda externa colombiana y del cual aún no conocemos las condiciones que nos impondrán. Considerar que la comunidad internacional sea quien deba pagar, por donación o incluso por créditos, el posconflicto es una salida facilista para el Estado y la sociedad colombiana. Así como los colombianos hemos asumido los costos de la guerra debemos asumir los costos de la paz. Políticas de reforma tributaria, control a la evasión y elusión de impuestos, persecución a la corrupción y un mejor diseño en la planeación y ejecución de los dineros públicos, son, entre otras, acciones que se hacen necesarias para financiar el posconflicto. En síntesis, el país debe alistarse para costear el posconflicto y poner todos sus esfuerzos para lograrlo, a pesar de los cambios y vicisitudes de la economía nacional y mundial. Hace tres años, en el 2011, el país vivía un ciclo económico positivo con un crecimiento envidiable del 6%, hoy la realidad económica de

Colombia está cambiando. Estamos pasando de una bonanza de los precios altos de materias primas (commodities), gracias a la fuerte demanda de China y la India, a un ciclo menos próspero. Los altos porcentajes de crecimiento de China están bajando y no necesitan de nuestras materias primas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) Latinoamérica a duras penas crecerá este año por encima del 1% y del 2% en el 2015. Para Colombia los bajos precios del petróleo, el carbón y el níquel será un duro golpe económico. Por eso es importante prender las alertas, ahora que se comienza a pensar en financiar el posconflicto. Todo lo anterior significa que la financiación del posconflicto requerirá de una gran imaginación para que las cuentas puedan cuadrar. El desafío de los costos del posconflicto, según las proyecciones económicas nacionales e internacionales, se torna sumamente complicado de resolver, por eso es necesario que, tanto el gobierno como la propia guerrilla, en lugar de asumir compromisos económicos inflexibles, “labrados en piedra”, comiencen a pensar en fórmulas más ajustadas a lo que se viene. Lo más sensato sería hacer unos compromisos que dependan sustancialmente del desempeño de la economía mundial y no de definiciones a priori y sin fundamento.

Considerar que la comunidad internacional sea quien deba pagar, por donación o incluso por créditos, el posconflicto es una salida facilista para el Estado y la sociedad colombiana. Así como los colombianos hemos asumido los costos de la guerra debemos asumir los costos de la paz.

En conclusión, es necesario admitir que los desafíos del posconflicto son múltiples y complejos, y que si bien el apoyo a la paz es necesario, también lo es apelar a la crítica sobre los límites y

evidentes problemas a los que ella se está enfrentando. Hasta ahora, el discurso del presidente Santos está enfocado en los teóricos frutos del posconflicto y, para la comunidad internacional, en la promoción de Colombia como el nuevo país líder económico latinoamericano, sin exponer cómo será posible alcanzar el posconflicto que se está amasando en La Habana. En este sentido, la entrega de esta revista No. 83 de Cien Días Vistos por CINEP, hace un aporte a la comprensión del posconflicto. En su conjunto los artículos analizan tanto la continuidad de la confrontación armada con las Farc y el rearme paramilitar en medio de los diálogos, como las posibilidades de construir el posconflicto desde el contexto regional, tomando los casos de la Costa Caribe y de Bogotá D.C. Otros escritos examinan la relación entre las víctimas desplazadas en Bogotá, las víctimas de la explotación minera del carbón en la Guajira y de las comunidades que están siendo impactadas por el fracking en Colombia y la superación de su situación en un contexto de posible posconflicto. Mientras que otros artículos indagan sobre cómo el posconflicto puede ofrecer posibilidades reales para la participación política y la construcción de la paz, de diversos actores como las Farc, el movimiento social y el sindicalismo. Finalmente, nuestros lectores tienen la oportunidad de leer una ponencia del Foro “Comunidades y Estado Neoliberal en Guatemala”, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril de 2013, en la que se muestra el paso en Guatemala del terror militar a la violencia neoliberal, luego de firmados los acuerdos de paz en 1996. Una realidad vivida por el pueblo guatemalteco y que nos advierte sobre los límites y riesgos de los procesos en su etapa de posfirma. Con esta entrega de la revista Cien días, deseamos a nuestros lectores una navidad colmada de buenas nuevas y un año 2015 abundante en esperanza para

construir una paz son justicia social en Colombia.a de no repetición a la gran mayoría de las víctimas del conflicto.

*Luis Guillermo Guerrero Guevara Director General del CINEP/Programa por la Paz

Referencias 1. El estudio fue realizado en alianza con la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos). En ella trabajaron los estudiantes de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado. Fue realizada en 10 ciudades del país, de manera presencial, y fue respondida por 1.102 personas. http://www. eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-del-externado-revela-respaldo-a-los-dialogos-de-la-habana/14624545 2. Basta Ya. Colombia, memorias de Guerra y Dignidad. Informe resumen. Centro Nacional de Memoria Histórica. Septiembre de 2013. Pág. 28 3. El índice de Gini mide la magnitud de la concentración, en este caso de la tierra. Cuando se acerca a cero (o) la concentración es baja, cuando se acerca a uno (1), la concentración en pocas manos, en este caso de la tierra, es alta. 4. http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html. Encontrado en Noviembre 15 de 2014. 5. Si bien, para algunos, esta influencia y objetivo (como la contrainsurgencia) de las Bacrim no es la misma http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-gobierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 6. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-gobierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 7. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-gobierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 8. El Fracking o fraccionamiento hidráulico es una forma de explotación de hidrocarburos en la que una mezcla de agua, arena y productos químicos es inyectada al subsuelo a alta presión con el fin de fracturar la tierra y liberar los hidrocarburos en forma de gas. Ellos están en la parte más profunda del subsuelo. Esta práctica ha sido condenada por su impacto en la salud humana, fruto de los gases que emana, por los efectos sobre el medio ambiente, sobre todo por contaminación de aguas, y emanación de elementos radioactivos, y por alterar las placas tectónicas generando temblores. Sus defensores dicen que estos son mitos. El Servicio Geológico de Estados Unidos, donde más de 15 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un lugar donde se hace fracking, encontró que el número de temblores ha pasado de 20 a 100 desde octubre de 2013 en estados como Oklahoma y Ohio debido a la reinyección del agua no reciclable en la tierra que se hace en esta actividad. www.semanasostenible.com 9. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-posconflicto-que-prepara-el-gobierno-en-contravia-de-la-construccion-de-la-paz-territorial?category_id=138 10.http://www.fescol.org/ 11. Organización Nacional Indígena deColombia 12. Proceso de Comunidades Negras 13. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 14. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 15. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-del-externado-revela-respaldo-a-los-dialogos-de-la-habana/14624545 16. http://lasillavacia.com/historia/hay-que-aprobar-un-marco-juridico-para-la-paz-49113 17. http://lasillavacia.com/historia/hay-que-aprobar-un-marco-juridico-para-la-paz-49113 18. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3 19. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/internacional/item/a-que-vino-realmente-santos-a-europa?category_id=139 20. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-del-posconflicto-no-dan/408351-3

No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Conflicto y Paz

La confrontación armada en medio de los diálogos Por: Teófilo Vásquez y Javier Benavides*

En este artículo nos proponemos analizar las tendencias actuales de la confrontación con las Farc y el rearme paramilitar en una perspectiva de largo y mediano plazo, y, en segundo lugar, describir las tendencias del conflicto armado y su relación con el debate político en el curso del primer mandato de Santos.

l gobierno nacional y las Farc decidieron adelantar un proceso de negociación sin cese al fuego. Dichas conversaciones han avanzado en tres de los cinco puntos de la agenda, un adelantamiento sustancial en contraste con escenarios pasados. Si bien la negociación está llegando a un punto de no retorno, realizarla en medio del conflicto la hace volátil y vulnerable. Ello, en buena medida, debido a la poca legitimidad y a las expectativas que la Mesa de negociación ha despertado en la opinión nacional y en la población de las regiones más afectadas por el conflicto, ya que especialmente para ellas son más evidentes las contradicciones entre el discurso de paz que se pregona en La Habana y el aumento relativo de la confrontación durante el primer periodo de Juan Manuel Santos. Tal situación coyuntural de la guerra y la paz debe ser explicada en una perspectiva de mayor duración.

Las tendencias de la confrontación en medio del diálogo: más allá de la coyuntura. A largo plazo1, las estadísticas indican que la intensidad del conflicto y la afec-

tación de la población civil no se han reducido: se mantienen en los mismos niveles de 1990 e incluso en algunos casos han aumentado. Por un lado, las acciones bélicas disminuyeron solo un 29,9% y, al contrario, las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aumentaron en 53,4%. Por otro lado, si bien el número de muertos en acciones bélicas se ha reducido en 61,6%, las víc-

timas por infracciones graves del DIH se han elevado en un 147%. Vistas las cosas a largo plazo, tanto las tendencias del número de acciones como del número de víctimas refuerzan el hecho de que es un conflicto que afecta a la población civil, lo cual contrasta con la poca intensidad de las acciones bélicas o de guerra propiamente dichas.

Relación entre acciones bélicas e infracciones al DIH, 1990 - 2013 2500

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acciones Bélicas

514 555 791 710 718 679 847 772 693 739 1154 1302 1653 1196 870 600 701 883 471 383 407 301 496 360

Infracciones al DIH

531 734 1144 1028 1141 1020 1445 1887 1273 1837 2487 2265 2378 2223 1692 1355 1124 1107 1099 1100 909 1389 972 1140

199 HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena. Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. 0

199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Comparación de víc mas en acciones bélicas (comba entes) e infracciones del DIH, 1990 - 2013 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

Acciones Bélicas

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2012

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2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Infracciones al DIH

Fuente: Banco de datos de DD.HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena.

Sin embargo, son notorias las transformaciones encontradas en el mediano2 y el corto plazo3. Así, con respecto al año 2002, los muertos en acciones bélicas decrecieron en un 82% y las víctimas civiles por acciones de grupos armados lo hicieron en un 72,6%. Sin embargo, durante la actual administración de Santos esa tendencia a la baja se ha desacelerado, e incluso las víctimas por violaciones del DIH aumentaron y los muertos en acciones bélicas disminuyeron escasamente. Es necesario analizar estas tendencias del comportamiento por cada actor armado, tanto de las dos partes que negocian en La Habana como de los grupos armados que no están en la mesa de negociación. En primer lugar, es preocupante que las Fuerza Armadas, que a mediano plazo venían mostrando una disminución del número de infracciones al DIH, hayan revertido esa tendencia en el periodo de Santos, pues de cometer 183 acciones en 2012 pasaron a 445 en 2013. Ni qué decir del constante incremento de las infracciones graves del DIH por parte de las Farc, que desde 2008 vienen mostrando una tendencia al alza, ligeramente revertida en el último año. En cuanto a las acciones bélicas, es evidente que, desde finales de los años 90, la contienda estrictamente militar

Los paramilitares, indistintamente de su denominación, presentan una actividad bélica fraccionada y residual –estadísticamente hablando–, en razón de que no son un grupo creado, organizado y estructurado para enfrentar directamente a la guerrilla sino que su actividad está orientada a retenerla o disputarle territorio y a golpear sus “bases sociales” mediante el terror generalizado. Eso explica que los grupos neoparamilitares o las denominadas Bacrim sigan siendo los principales infractores del Derecho Internacional Humanitario. Si bien su acción violenta y su cubrimiento geográfico han rebajado a mediano plazo, son preocupantes las actuales tendencias de incremento de las acciones violentas contra la población civil realizadas por las diversas agrupaciones armadas de carácter local.

se reduce a la Fuerza Pública y a las Farc, mientras la participación del resto de grupos armados es marginal. Por su parte, el ELN, como es evidente a largo y mediano plazo en términos de acción militar violenta, aparece como una guerrilla residual; con todo eso, es preocupante el relativo incremento de su actividad en los años 2011 y 2012.

Más grave todavía resulta observar que en el actual mandato de Santos –y después de una inicial reducción entre 2011 y 2012–, las acciones de guerra se elevaran en 2013.

Dinámica del conflicto armado en Colombia Acciones bélicas de actores armados 1990 - 2013 1200 1000 800 600 400 200 0

1990

1992 ELN

1994 FARC

1996

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2000

FUERZA PÚBLICA

2002

2004

2006

OTRAS GUERRILLAS

2008

2010

2012

PARAMILITARES

Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena.

No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Dinámica del conflicto armado en Colombia Hechos de infracciones del DIH por actores armados, 1990 - 2013

Las dinámicas de corto plazo, la confrontación armada y la disputa política por la negociación o la salida militar

1200 1000 800 600 400 200 0

1990

1992 ELN

1994

1996

FARC

1998

2000

FUERZA PÚBLICA

2002

2004

2006

2008

OTRAS GUERRILLAS

2010

2012

PARAMILITARES

Fuente: Cinep. Banco de datos de DD. HH. y violencia política. Elaboración: Alejandro Cadena.

Esa situación podría estar confirmando la tendencia histórica del fenómeno paramilitar: reactivarse e intensificar su actividad violenta a medida que se desarrollan las negociaciones con las guerrillas, tal como ocurrió en los años 80 y durante los diálogos del Caguán. A corto plazo el panorama no es alentador. De un lado, las acciones militares entre las Farc y las Fuerzas Armadas, así como las violaciones de los derechos humanos y del DIH cometidas por ellas,

no solo no se han detenido sino que están dando muestras de una tendencia al alza. Por otro lado, es preocupante, y debería ser motivo de mayor atención del gobierno, el alza de las acciones atribuidas a las bandas criminales o a los grupos neoparamilitares, lo cual constituye sin duda uno de los mayores desafíos para el actual gobierno.

Periodo presidencial Juan Manuel Santos_1 2010 - 2014 250 200 150 100 50

Infracciones al DIH

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Acciones Bélicas

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El primer semestre de 2010 estuvo caracterizado por el debate electoral y las discusiones sobre la guerra y la paz, y en ese momento el eje de la contienda electoral giró alrededor de cuál candidato era el verdadero heredero de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. En esa coyuntura, ni en el debate político ni en la opinión publica aparecía posicionado el tema de la solución política negociada del conflicto, y en el caso específico de las Farc se hacían alusiones acerca del rescate militar de secuestrados. Eso significaba –al menos en el discurso de ese momento4– la renuncia a cualquier propuesta de intercambio humanitario, ya que, para el gobierno, las pruebas de supervivencia presentadas en ese momento hacían parte de mecanismos “tramposos” de las Farc ante la ofensiva de la Fuerza Pública. En medio de dicho debate se presentó un incremento de la confrontación armada y la violencia. En mayo (primera vuelta electoral para la Presidencia) se produjeron 114 infracciones del DIH y 39 acciones bélicas, y en junio siguiente (segunda vuelta) 79 infracciones al DIH y 36 acciones bélicas, ambas cifras superiores al promedio de acciones registradas en ese año. Esta situación confirma la tendencia de largo y mediano plazo que tuvo el auge militar de las guerrillas destinado a sabotear el proceso electoral y la imbricación entre el debate político, la campaña electoral y las diferentes posiciones sobre el conflicto armado en el dilema que el país ha arrastrado desde hace tiempos: salida militar o negociación. Con tal entorno, la confrontación prosiguió afectando diversas regiones del país. El énfasis de la fuerza pública fue puesto en “objetivos de alto valor” que desencadenaron diversas operaciones contra miembros del Secretariado de las Farc que, en septiembre de 2010, culminaron en el abatimiento del

Las acciones militares entre las Farc y las Fuerzas Armadas, están dando muestras de una tendencia al alza. Foto: Archivo CINEP/PPP

‘Mono Jojoy’, jefe del Bloque Oriental de esa guerrilla, en una de sus zonas históricas del suroriente del país. No obstante la ofensiva puesta en marcha por la fuerza pública, empieza a hacerse evidente que las Farc habían logrado acomodarse a la Seguridad Democrática y a las ofensivas contra sus retaguardias históricas, expresadas en el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan de Consolidación Territorial. Ante eso, la guerrilla había reforzado el denominado “Plan Renacer”, consistente en recuperar la iniciativa militar. La acción desplegada en 2011 estuvo caracterizada por la puesta en marcha del “Plan Renacer” y la muerte de ‘Alfonso Cano’. En ese año se hizo más notoria la formación de nuevos escenarios geográficos de la confrontación y la imbricación del conflicto armado, las economías de la coca y el auge minero, que afectaron especialmente el Andén Pacifico, el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño. En medio de esa situación de inseguridad generalizada, los sectores políticos comprometidos con la salida militar comenzaron a desplegar las primeras críticas contra la política de

Santos frente a los problemas de la seguridad, la paz y el conflicto. Ante tal hecho, y como fruto de la ofensiva de las Bacrim y la puesta en marcha del “Plan Renacer”, el gobierno comienza a redefinir su política de seguridad y su estrategia militar. Esos cambios implicaron reforzar la estrategia en dirección a los “objetivos de gran valor” en lugar de la confrontación armada abierta, que había demostrado sus limitaciones en el gobierno anterior. El gobierno de Juan Manuel Santos, entendiendo que la confrontación con las guerrillas en sus zonas de retaguardia no es solamente un problema militar y que requiere una acción integral del Estado y su presencia en esos territorios, ordenó una revisión estratégica con la esperanza de que permitiera capitalizar los aprendizajes de una política que llevaba más de seis años en funcionamiento (Barrera, 2014). En ese año la estrategia enfocada en objetivos de “alto valor” tuvo su máxima expresión en el abatimiento de ‘Alfonso Cano’ cuando intentaba escapar del cerco militar que las Fuerzas Militares habían desplegado en su bastión histórico del sur del Tolima. El

golpe puso en vilo –como se reveló después– los diálogos que en sigilo ya se habían iniciado con las Farc, e implicó una contrarréplica de esta organización, que intensificó sus acciones en el nuevo eje de la confrontación armada, ubicado en los límites entre la Cordillera Occidental y el Pacífico nariñense y caucano. Tras el duro golpe asestado a la dirección de las Farc a finales del año anterior, el año 2012 se caracterizó por el despliegue de la nueva estrategia militar del Ejército –el Plan Espada de Honor–, que contrastó con el anuncio público de las conversaciones de La Habana entre el gobierno y esta guerrilla. En ese año se presentó un aumento de las infracciones del DIH, que alcanzaron su pico más alto en febrero, cuando llegaron a 142 hechos, en tanto que, entre julio y agosto siguientes, se intensificarían las acciones bélicas y las violaciones de ese mismo derecho. En ese momento se hicieron más evidentes el relativo auge de la actividad guerrillera y la intensificación de las acciones violentas cometidas por las Bacrim. En tal contexto arreciaron las críticas públicas del uribismo y la derecha a la gestión que en materia de seguridad, paz y negociación venía adelantando la administración Santos. Como respuesta a ellas el gobierno reformula la estrategia militar y comienza la puesta en marcha del Plan Espada de Honor y su despliegue en aquellas regiones donde el orden público daba muestras de alcanzar una situación crítica, como ocurría en el nordeste antioqueño y el Andén Pacífico (Chocó, Tumaco y Buenaventura). En septiembre de dicho año los contactos existentes entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc se vuelven noticia pública, suceso que repercute en los planes militares de las partes, en razón de que en ese momento de contactos exploratorios el cese al fuego o la suspensión de hostilidades no se habían contemplado.

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Para finales de 2013 el paramilitarismo intensificó sus acciones particularmente en la Costa Caribe.Foto: Archivo CINEP/PPP.

El año 2013 estuvo caracterizado por la concreción de alianzas entre actores armados, el desarrollo de los primeros puntos de la Mesa de Conversaciones y la continuación de la confrontación militar, todo lo cual hizo más evidente la distancia que había entre el discurso de paz de La Habana y la intensificación regional y subregional de la guerra en el territorio colombiano. En no pocas zonas del país la lógica de la acción militar y su relativa autonomía frente al proceso de La Habana siguieron su curso.

Sin embargo, igualmente se presentaron hechos alentadores, ya que era evidente que el desenvolvimiento de las negociaciones con las Farc en la capital cubana había logrado distender las relaciones conflictivas e incluso las dispuwww.cinep.org.co

tas territoriales que en Arauca, el Catatumbo y el Pacífico nariñense se habían presentado entre las Farc y el ELN. En efecto, los diálogos de paz habían conseguido cambiar esa situación, y ahora, más bien, se presentaban no solo alianzas militares sino asimismo una posición pública identificada con la negociación y los diálogos. En ese marco se hacen más explícitos los reclamos de diferentes sectores de la sociedad a favor de iniciar diálogos gubernamentales con el ELN, aunque este grupo intentaba establecerlos bajo la vieja premisa de exigir una negociación apuntalada en la exhibición de su fortaleza militar

En 2013 se agrava todavía más el protagonismo de las Bacrim: de un lado, se presentan confrontaciones con las Farc y el ELN y, del otro, el gobierno logra asestar importantes golpes a algunos de sus jefes regionales.

Para finales del año se presentó el mayor desborde de infracciones del DIH en el curso del cuatrenio santista, caracterizadas por dos factores principales: de un lado, la intensificación de las acciones que contra defensores de derechos humanos y líderes sociales de restitución de tierras venía adelantando el paramilitarismo, particularmente en la Costa Caribe5, y de otro lado, las violaciones contra los derechos humanos que miembros de la fuerza pública cometieron en desarrollo de los extraordinarios paros campesinos que estallaron en ese año. El saldo de todo ello fue un abrupto y alarmante ascenso de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, que de 58 casos comprobados en el mes de julio pasaron a 215 en agosto inmediatamente siguiente. En el año electoral de 2014 se hace más notorio el vínculo entre el dinamismo del conflicto, el diálogo y el debate político. Es el momento en que la disputa por la Presidencia enfrentó primordialmente a quienes se inclinan por una solución política negociada y aquellos

que se han comprometido más acérrimamente con la salida militar. Los resultados de las elecciones generales de ese año confirman una vez más la imbricación entre el debate electoral, la disputa política y el conflicto armado interno del país. El debate electoral tuvo como eje central una cuestión: la reelección de Santos para persistir en la búsqueda de la paz o la reedición de la política de Seguridad Democrática y la solución militar que proponía el candidato del uribismo. El examen territorial de los resultados así lo confirma: fue evidente que las regiones más integradas al país, para las cuales los diálogos de paz son una amenaza, votaron por el candidato uribista, mientras las regiones más periféricas y menos integradas a la vida de la nación le dieron el triunfo a Juan Manuel Santos y al proceso de paz, en el sentido de que esta opción representa una estructura de oportunidad para ampliar la comunidad política y establecer una relación menos conflictiva con el Estado central (Vásquez, 2014). En cuanto a la confrontación armada propiamente dicha, salvo algunas acciones aisladas, tanto la tradicional tregua de fin de año como la que se prometió por parte de las Farc en medio del proceso electoral que reeligió a Juan Manuel Santos, se cumplieron notoriamente. Hecho que expresa la capacidad de mando y el control que sobre las diversas estructuras regionales mantienen aún los jefes máximos de esta guerrilla, dato que además disipó las dudas que sobre la fragmentación de este grupo venían alimentando los críticos del proceso de paz. En contraste, en este año la ofensiva contra la infraestructura petrolera, tanto por parte del ELN como de las Farc en el Putumayo y Arauca, abrirían nuevamente el debate sobre la confrontación armada como freno al desarrollo, a la inversión extranjera y al auge minero y petrolero.

Conclusiones A la intensificación de la guerra como factor que hace vulnerable y volátil el

proceso de paz hay que sumar su “politización negativa”. En estos cuatro años últimos se hizo más notorio el criterio de que la confrontación armada y el proceso de paz pasan inequívocamente por la dinámica política, las agendas electorales y la opinión pública. Situación que “ata” de manera negativa las negociaciones a la polarización política suscitada entre el Santismo y el Uribismo, y a que como sucedió en el pasado, los posibles acuerdos sean objeto del poder de veto de los sectores políticos y económicos que sienten amenazados sus intereses por la implementación práctica y territorial de lo pactado con las guerrillas. Por otro lado, las expresiones que tuvo el conflicto armado en el curso del primer periodo presidencial de Santos y el inicio del segundo reforzaron una de sus principales trasformaciones territoriales a mediano plazo: el eje de la confrontación pasó de la Cordillera Oriental a la Occidental, más específicamente se trasladó del Caguán y del piedemonte amazónico al Pacífico del sur. También se hizo evidente que el proceso de conversaciones fue un escenario

que facilitó la distensión en las relaciones entre las Farc y el ELN, viraje que los ha llevado a mayores acercamientos en materia militar y política. No obstante, el mayor obstáculo en el camino de la negociación es la reactivación del fenómeno paramilitar. Es más: de confirmarse en el futuro esa tendencia, se podría afirmar que uno de los principales retos del posconflicto estriba en neutralizar la violencia representada en las bandas criminales organizadas. Finalmente, la conformación de la subcomisión encargada del cese de fuegos y dejación de armas acordada en La Habana, en la cual participan militares activos y mandos guerrilleros avezados en la confrontación, constituye sin duda un paso importante en el desenvolvimiento de las negociaciones, la firma final de los acuerdos y la preparación de la etapa del posconflicto. Por eso la labor de diseñar mecanismos específicos dirigidos a debilitar el conflicto armado se convierte en una posibilidad viable de “blindar” políticamente los diálogos y facilitar un escenario propicio para la implementación y concreción territorial de los posibles acuerdos.

*Teófilo Vásquez y Javier Benavides

Investigadores CINEP/PPP. Equipo Violencia, Paz y Construcción del Estado.

Bibliografía Barrera, Víctor (2014). Reiventar la consolidación. Cien Días vistos por Cinep/PPP(82) agosto, Bogotá. Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 2014. Boletín Nº 2, “¿Y si la tierra hablara? Ecos de la restitución”, septiembre, 2014. Disponible en: Dttp://issuu.com/cinepppp/docs/boletin_ecos_de_la_restituci__n_2_/0 Vásquez, Teófilo (2014). Geografía electoral y conflicto. Portal Razón Pública. Disponible en: http:// www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7736-geograf%C3%ADa-electoral-y-conflicto.html

Referencias 1. Entendemos como de largo plazo las tendencias que presentó el conflicto entre 1990 y 2013. 2. El mediano plazo se habría presentado en el periodo 2002-2013. 3. Por tendencias de corto plazo entendemos las que tuvieron lugar en el periodo 2010-2013. 4. Tal como se revelaría recientemente, en ese momento el gobierno de Uribe ya había intentado realizar acercamientos secretos con las Farc. 5. “[En 2013] en 13 hechos colectivos y nueve individuales 167 personas fueron amenazadas –la cifra más alta del periodo revisado […] Durante este año las comunidades de víctimas reclamantes, muchas de ellas pertenecientes a organizaciones, presentaron la mayor cantidad de amenazas: 114 personas. Por su parte, las amenazas a líderes siguieron aumentando, alcanzando un total de 34 líderes amenazados. ” (Boletín “¿Y si la tierra hablara?”, septiembre de 2014). No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Conflicto y Paz

Justicia transicional para víctimas en Colombia. Más allá del posconflicto Por: Camilo Andrés Hernández Barreto*

En este artículo se presenta una panorámica sobre algunos debates y tensiones frente al tema de las víctimas del conflicto armado interno colombiano, que destaca algunas limitaciones de los mecanismos de justicia transicional implementados para garantizar los derechos de las víctimas.

Las víctimas reclaman la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Foto: Archivo CINEP/PPP.

Introducción

na de las particularidades del actual proceso de diálogo entre las Farc-EP y el Gobierno hace alusión al hecho de que en la agenda se acordara incluir el tema de las víctimas, un asunto que históricamen-

te no ha sido explícito en esa agenda de negociación sino resultado de ella, en la mayoría de los casos varios años después de la firma de acuerdos de paz. En los últimos años el paradigma de la Justicia Transicional (JT) ha ganado espacio dentro de nuestro ordenamiento jurídico mediante la adopción de diversos mecanismos, con los

cuales se ha intentado reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación sin dejar de lado los anhelos de conseguir la paz. En el proceso han sido determinantes la presión de la comunidad internacional, el fortalecimiento e independencia de las instituciones judiciales y la persistencia de las víctimas y de

Foto: Archivo CINEP/PPP.

sus organizaciones que en medio del conflicto continúan reclamando sus derechos. Para entender cómo se ha debatido este problema en el contexto nacional hacemos un breve análisis del contexto político bajo el cual se han ido adoptando mecanismos de Justicia Transicional en Colombia y de la manera como estos se han adecuado para responder a la tensión entre las garantías de derechos para las víctimas y los beneficios jurídicos para adelantar procesos de negociación, primero con las AUC y luego con las Farc-EP. En este periodo (2002-2014) surgieron dos leyes que se inscriben en modelos de JT, como son la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), las cuales, si bien han permitido una mayor visibilidad y reconocimiento de las víctimas, han resultado insuficientes para garantizar su reparación integral, entendida

como medio para la reconstrucción de proyectos de vida. Finalmente se identifican algunos aprendizajes de este proceso de cara al posconflicto.

Implementación de Ley de Justicia y Paz en el tema de víctimas El proceso adelantado por la administración de Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2002-2006) no contemplaba en sus inicios la aplicación de mecanismos de JT. Estos se fueron adoptando con el transcurso del proceso para ganar credibilidad frente a la comunidad internacional y, en el plano interno, frente a los poderes judiciales, en particular las altas Cortes. Ante todo, el objetivo principal del Gobierno era lograr la desmovilización de las AUC, y por eso la agenda que se pactó no incluyó temas políticos ni sociales; tal fue el afán por lograr un resultado, que el proceso no se interrumpió

a pesar de las sucesivas violaciones al cese de hostilidades decretado por este grupo armado.1 Desde el comienzo, el proceso fue muy criticado por organizaciones internacionales y nacionales, temerosas de que alrededor de la desmovilización se estuviera gestando un proceso de impunidad. Aun así, el gobierno logró expedir la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), lo cual provocó serios enfrentamientos con las Cortes nacionales y condujo a revisiones y reformas2 de fondo de la misma. Si bien estos impedimentos hechos por las Cortes3 buscaron defender y reivindicar los derechos de las víctimas, también contribuyeron a convertir un proceso concebido como “negociación política” entre las AUC y el Gobierno en un proceso de sometimiento a la justicia de estos grupos armados. Lo anterior provocó el estancamiento de varios procesos judiciales, mientras el tiempo No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

de condena continuaba corriendo. En la actualidad, muchos de los paramilitares postulados a Justicia y Paz han cumplido o están por cumplir sus condenas sin haber confesado todos los crímenes cometidos y sin reparar a sus víctimas. En este contexto de tensiones políticas entre el poder ejecutivo y el poder judicial se hizo el primer intento de instalar los derechos de las víctimas como eje articulador de la Ley 975 y exigir a los postulados su contribución a la verdad, la justicia y la reparación sin importar si se desmovilizaban colectiva o individualmente, o si pertenecían a grupos guerrilleros. Llama la atención el hecho de que el objeto de esa ley es facilitar el proceso de desmovilización y garantizar los derechos de las víctimas, es decir, facilitar la transición a la paz sin dejar de lado la justicia. La Ley 975 de 2005 también promovió la construcción de la memoria histórica del conflicto y ha servido de marco para apoyar proyectos de memoria locales y nacionales. Este asunto no es nuevo y, por el contrario, desde los años 80 ha sido una de las exigencias históricas de las organizaciones de víctimas (principalmente víctimas de crímenes de Estado).

En términos de justicia, esta ley indudablemente contribuyó al conocimiento de muchos crímenes cometidos por los paramilitares y abrió la puerta a la participación de las víctimas en procesos judiciales, pero éstos no resultaron tan exitosos debido a que la metodología utilizada en las audiencias y las versiones libres hizo que las intervenciones de las víctimas fueran más bien marginales o que fueran traducidas por terceros (como mediadores o fiscales presentes en las salas), a partir de lo que éstos consideraban jurídicamente relevante. En algunos casos hubo excepciones, pues los jueces o fiscales regionales de Justicia y Paz permitieron réplicas de las víctimas a las confesiones hechas por los paramilitares.4 Por lo anterior y a causa de las tensiones surgidas entre los magistrados de las Cortes y el entonces presidente Álvaro Uribe, la ley no sirvió para reducir la impunidad en el sistema judicial y mucho menos para desmontar efectivamente todas las estructuras paramilitares, muchas de las cuales continúan teniendo influencia en la vida política y social de las regiones.5 En cuanto a la reparación, los resultados son todavía menores, pues la ley solo benefició,

económica o simbólicamente a algunas comunidades y familias victimizadas, pero sin dar garantías efectivas de no repetición.

La Ley 1448 de 2011, un nuevo intento de corregir el rumbo hacia la reparación de las víctimas Ahora bien, los vacíos dejados por la Ley 975 de 2005 en torno a las exigencias y los derechos de las víctimas han sido objeto de especial atención por parte de la administración Santos, en parte como consecuencia de la presión internacional hecha contra las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas y los asesinatos de defensores de derechos humanos y las escandalosas cifras del desplazamiento forzado que afecta a más de cinco millones de colombianos. Por lo anterior, este gobierno buscó crear un ambiente propicio para el inicio de un proceso de diálogo con las Farc-EP y por eso apoyó la iniciativa que llevó a la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

En comparación con la Ley de Justicia y Paz, la Ley 1448 de 2011 avanza un poco más en la tarea de aclarar y regular los mecanismos de JT que buscan garantizar los derechos de las víctimas.

En la foto pancarta alusiva Jaime Garzón, asesinado en agosto de 1999. Su hermana, Marisol Garzón, hizo parte de la segunda delegación de víctimas en La Habana. Foto: Archivo CINEP/PPP.

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Así, en términos de memoria, propone, entre otras cosas, suscitar un debate más amplio en torno a este tema y ampliar la definición de la reparación simbólica. Por ejemplo, estipula la construcción de un Museo Nacional de la Memoria. Sin embargo, en la actualidad esta idea continúa siendo uno de los escenarios de disputa de la verdad, puesto que el bum memorístico que vive el país ha servido para promocionar en las regiones más afectadas por el conflicto armado proyectos de memoria que en ocasiones han entrado en confrontación con la memoria construida por las pro-

Foto: Archivo CINEP/PPP.

pias víctimas o las comunidades victimizadas.5 En cuanto a la mesa de conversaciones, el pasado 2 de junio de 2014 las Farc-EP y el Gobierno acordaron una serie de principios6 bajo los cuales comenzaron a discutir el problema de las víctimas, enfatizando en el reconocimiento de responsabilidad frente a ellas y en el compromiso de su reparación. Al igual de lo que había ocurrido con los anteriores puntos de la Agenda, se realizaron foros regionales en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla y uno nacional en Cali, destinados a recopilar propuestas e insumos para la mesa. Adicionalmente y con el mismo fin, delegados de organizaciones de víctimas se han reunido en La Habana con las partes negociadoras. Por otra parte, se creó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Chcv), la cual ampliará en sus informes el periodo histórico trabajado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aunque sin llegar a tener la estructura, los alcances y los estándares mínimos internacionales que exige una Comisión de la Verdad, el nuevo organismo buscará crear insumos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad.7 La presencia de las víctimas en La Habana, más que un acto de representación es un gesto simbólico, pues el

universo de víctimas es tan amplio, que difícilmente podría llegar a ser representado por las cinco comisiones que han estado viajando para ser escuchadas por los delegados de la Mesa de Conversaciones. Por otro lado, no hay que hacerse ilusiones de que alrededor del asunto haya nuevos resultados que vayan más allá de los beneficios que establece la Ley 1448 de 2011.8 Al igual que con los foros, el objetivo es recoger insumos para las discusiones de la mesa, pues estas comisiones, aunque no tienen poder de decisión, pueden contribuir a la consolidación del proceso y a crear un escenario más favorable a la refrendación de los acuerdos que eventualmente se firmen. Hasta el momento de escribir estas notas la mesa de conversaciones de La Habana ha escuchado a cuatro comisiones. Los miembros de esas comisiones han sido seleccionados por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional, que realizan consultas previas con varias organizaciones de víctimas y tienen el acompañamiento de la Conferencia Episcopal. El criterio para la selección ha sido el de reflejar “todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno”.9

En este escenario, la principal tensión política se ha presentado con algunos sectores víctimas de las Farc-EP que no se sienten representados en la mesa de La Habana. Pero los mayores opositores al proceso en general y, en particular frente a la discusión de este tema con las Farc-EP, pertenecen al grupo encabezado por el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe.10 Tales sectores consideran que a la mesa deberían asistir solo víctimas de las Farc-EP y no de los paramilitares y del Estado, olvidando que este no es un escenario para judicializar a la guerrilla sino para discutir una serie de condiciones mínimas para su desmovilización. Otra tensión que hay que tener en cuenta se refiere a los beneficios jurídicos (amnistías o penas alternativas) a los cuales eventualmente accederán, tanto desmovilizados de las Farc-EP como miembros de la Fuerza Pública. Hasta ahora se ha creado un Marco Jurídico para la Paz (también con elementos de JT), que las Farc-EP han rechazado rotundamente por no haber sido producto de la negociación y, de momento, poco se sabe de posibles mecanismos adicionales que se estén discutiendo en La Habana. Igualmente, el Gobierno está intentando ampliar el Fuero Penal Militar por considerar que es esencial para el buen No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

funcionamiento de la Justicia Penal Militar y para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública11. El problema con ello es que puede seguir suscitando interferencias con las investigaciones que la Fiscalía12 adelanta contra miembros de la institución castrense por crímenes de lesa humanidad.

Retos a la participación de las víctimas en la solución del conflicto social y armado Ahora bien, el problema de las víctimas se ha vuelto ineludible para la resolución efectiva y definitiva del conflicto armado que vive el país. En parte por las exigencias y avances de la justicia internacional frente al asunto, pero también por la visibilidad que han ganado las víctimas en el escenario político nacional. Esto hace que la “victimización” sea manipulable políticamente. Como señala Tickner,13 el término víctima es un concepto en disputa, pues en conflictos prolongados como el colombiano es muy difícil trazar una clara línea divisoria entre víctimas y victimarios. Muestra de ello es la apropiación que del término han hecho grupos armados considerados por el DIH como combatientes, como ocurre con las AUC, las Farc-EP o el ELN, y también con la Fuerza Pública, que para justificar su guerra oculta muchas de las atrocidades que ha cometido. Los primeros alegan que son víctimas de la guerrilla y del abandono del Estado, los segundos que son víctimas de la opresión de la clase dirigente que controla el Estado, y los terceros que han recibido dicho estatus por el hecho de ser “funcionarios públicos” que han sido victimizados por las guerrillas. El escenario es más complejo, si se piensa en los miles de jóvenes reclutados para la guerra, quienes al mismo tiempo son víctimas y victimarios. En segundo lugar, el actual contexto de negociación sin cese del fuego imposibilita que las necesidades de las víctimas y la exigencia de sus derechos sean tramitadas por el simple hecho de que la guerra sigue dejando más vícwww.cinep.org.co

timas y revictimizando a quienes ya habían sido victimizados en el pasado, como es el caso de los líderes de los reclamantes de tierra. Un cese al fuego verificable con las Farc-EP no solucionaría por sí mismo este problema, debido a la existencia de reductos del paramilitarismo y bandas de narcotraficantes, pero sí contribuiría a reducir a corto plazo la violencia que persiste en ciertas regiones del país. Para que el fin de la guerra sea efectivo y definitivo es muy importante contar con el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Para las víctimas, además, es importante que el proceso pueda contribuir al conocimiento de la verdad en términos de reconstrucción de la memoria histórica. La creación de la Chcv como un escenario que espera complementar el trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido una decisión que, sin llegar a tener efectos judiciales, deberá ayudar a entender las causas del conflicto, pero de las víctimas dependerá la dignificación de la memoria de sus familiares, sus proyectos de vida y sus proyectos políticos. El mayor reto es lograr índices altos o siquiera aceptables de justicia, pues el logro de esto no depende únicamente de la voluntad política de los negociadores, ni de las propias víctimas, sino de una serie de profundas reformas del sistema judicial que permitan reducir la impunidad y dar garantías de no repetición. A pesar de que los choques suscitados entre los mismos órganos estatales han afectado el acceso a la justicia, es necesario encontrar fórmulas que permitan garantizar los derechos de las víctimas, y ello necesariamente incluye que se tenga que discutir posibles amnistías condicionadas para miembros de las Farc-EP y que se avance en los procesos en curso respecto de los paramilitares. El actual proceso podría abrir la puerta al reconocimiento de víctimas que han quedado excluidas de las políticas estatales. Es el caso de las víctimas de crímenes de Estado, las mujeres y los familiares de guerrilleros, entre otros.

Por último, es probable que crímenes cometidos permanentemente en la guerra sobre los cuales poco se ha avanzado –como la violencia sexual o la desaparición forzada– no logren un avance tan significativo en un periodo de pos-acuerdo. Los mecanismos de JT utilizados en Colombia no son los más idóneos para llegar a esclarecerlos, lo cual plantea un desafío mayor, no solo para las víctimas sino también para la sociedad en su conjunto, puesto que los mecanismos de la justicia ordinaria tampoco han logrado dar cuenta de ellos, y aunque se están fortaleciendo mediante la adopción de tratados internacionales, es muy probable que el esclarecimiento de crímenes se opere en un periodo que va más allá de lo que se contempla como una etapa posterior a los acuerdos de paz.

Si bien el escenario político actual es propicio para discutir en torno a las víctimas de la guerra, es importante entender que La Habana no es la instancia que va a agotar estas discusiones, pues las demandas de las víctimas superan el producto que pueda salir de las mesas de negociación.

Sin embargo, desde este escenario y a corto plazo, se puede contribuir a un reconocimiento más amplio de las víctimas, especialmente las que no han sido especificadas en ninguna de las legislaciones comentadas, como ocurre con las víctimas de crímenes de Estado. Lograr que las Farc-EP reconozcan y reparen a sus víctimas es un estadio que solo se alcanzará si el Estado hace lo mismo con las suyas. Y este proceso se verá reflejado, a largo plazo, en cambios profundos de la institucionalidad que den garantía de no repetición a la gran mayoría de las víctimas del conflicto.

Referencias

Bibliografía

1. De hecho, en la declaración del cese de hostilidades de 2002, las AUC propusieron hacer “contribución al retorno de quienes debieron desplazarse a raíz del conflicto armado”, sin aclarar cómo sería tal contribución. Por su parte, la Comisión Exploratoria creada en 2003 entregó al Gobierno una serie de recomendaciones referidas exclusivamente a temas operativos del proceso (DDR) y nada relacionado con garantías de derechos de las víctimas (Álvaro Villarraga, 2013. “El gobierno de Uribe frente al conflicto armado y la paz. Acuerdo con las AUC, en: Biblioteca de la paz, 2002-2010, vol. VI. Bogotá, Fundación Cultura Democrática, p. 70-79). 2. La polémica con las cortes se presentó desde el inicio mismo del proceso con las AUC, debido a las exigencias hechas a la Ley por no cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas. Adicionalmente, para Orozco, esta tensión y el posterior limbo jurídico en el que quedaron quienes estaban postulados en Justicia y Paz se deben a la adopción de enunciados de la justicia internacional dentro del derecho interno hecha por muchos de los magistrados, lo cual ha fortalecido la autonomía del poder legislativo frente al ejecutivo y hecho de éste un órgano altamente político (Iván Orozco, 2009. Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá, Temis, p. 169. 3. Primeramente la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-370 de 2006, declara inconstitucionales varios artículos de Justicia y Paz y luego, en 2007, la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 26945 del 11 de julio de 2007) niega que se reconozca a los paramilitares el estatus de delincuentes políticos, mediante la figura de la sedición. 4. Centro Nacional de Memoria Histórica (2012). Justicia y Paz ¿verdad judicial o verdad histórica? Bogotá, p. 56 y 75. Consultar Capítulo 1 y conclusiones de este estudio. 5. Si bien, para algunos, esta influencia y objetivo (como la contrainsurgencia) de las Bacrim no es la misma que tenían los paramilitares, sí es claro que la presencia de ellas en muchos departamentos se apuntala en las estructuras dejadas por los paramilitares en los territorios. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09714.pdf Recuperado: 29 de octubre de 2014. 6. Acevedo, Oscar (2012). Geografías de la memoria. Posiciones de las víctimas en Colombia en el periodo de justicia transicional (2005-2010), Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, p. 70 y sig. 7. Este documento se titula Declaración de principios para la discusión del Punto 5 de la agenda: “víctimas”. Puede ser consultado en: “Gobierno y Farc anunciaron acuerdos para iniciar punto de víctimas” (7 de junio de 2014) El Colombiano http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_y_farc_anunciaron_acuerdos_para_iniciar_punto_de_victimas/gobierno_y_farc_anunciaron_acuerdos_para_iniciar_punto_de_victimas.asp Recuperado el 10/09/2014. 8. Sánchez, Efraín, (25 de agosto de 2014) “¿Qué pueden esperar las víctimas en La Habana” disponible en: http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7840-%C2%BFqu%C3%A9-pueden-esperar-las-v%C3%ADctimas-en-la-habana.html , recuperado 9 de octubre de 2014. 9. Comunicado del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, 29 de julio de 2014 10. “Uribismo insiste en que a La Habana sólo deben ir las víctimas de las Farc” (19 de agosto de 2014) en EL Espectador, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribismo-insiste-habana-solo-deben-ir-victimas-de-farc-articulo-511351 , recuperado el 12 de octubre de 2014. 11. “El fuero militar: esencial para fortalecer la justicia penal militar” disponible en: http://senado.gov.co/sala-de-prensa/opinion-de-senadores/item/17361-el-fuero-militar-esencial-para-fortalecer-la-justicia-penal-militar , recuperado: 29 de octubre de 2014. 12. De hecho, este proceso se inició con la reforma de la Constitución Nacional introducida por el Congreso el 11 de diciembre de 2012, mediante la cual amplió el fuero militar casi hasta el punto de dejar que el juzgamiento de las Fuerza Pública quedara en manos de la justicia castrense. Ver capítulo 3 del informe general del grupo de memoria histórica (GMH, 2013), ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Imprenta Nacional, p. 236. 13. Tickner, A. (20 de agosto de 2014). “Víctimas, un concepto en disputa”, en El Espectador. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/victimas-un-concepto-disputa-columna-511624 , recuperado el 12 de octubre de 2014.

Acevedo, Oscar (2012). Geografías de la memoria. Posiciones de las víctimas en Colombia en el periodo de la justicia transicional (2005-2010). Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Centro Nacional de Memoria Histórica (2012). Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica? Bogotá, p. 56 y 75. Consultar Capítulo 1 y Conclusiones de este estudio. Orozco, Iván (2009). Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá, Temis. Prieto, Carlos (2013). “Bacrim y crimen organizado en Colombia”, en Policy Paper 47, Bogotá, Fescol. Villarraga, Álvaro (2013). “El gobierno de Uribe frente al conflicto armado y la paz. Acuerdo con las AUC”, Biblioteca de la paz, 2002-2010, vol. VI, Bogotá. Fundación Cultura Democrática. Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda Víctimas. Puede consultarse en El Colombiano. Gobierno y Farc anunciaron acuerdos para iniciar punto de víctimas, 7 de junio de 2014. http://www.elcolombiano.com/ BancoConocimiento/G/gobierno_y_farc_anunciaron_acuerdos_para_iniciar_punto_de_victimas/ gobierno_y_farc_anunciaron_acuerdospara_iniciar_punto_de_victimas.asp Recuperado el 10/09/2014. GMH (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá. Imprenta Nacional, p. 236.

*Camilo Andrés Hernández Barreto

Investigador CINEP/PPP. Equipo Iniciativas de Paz.

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Conflicto y Paz

Se cambian armas por curules: una reflexión acerca de los posibles desafíos de la transición de grupo insurgente a partido político legal Por: David Rampf*

¿Qué pasa después de la firma de un acuerdo de paz? Esta pregunta y sus posibles respuestas ocupan no solo a la sociedad de países en conflicto sino también a los grupos insurgentes, ya que el cálculo racional de costo-beneficio respecto a una solución negociada se basa en últimas en las expectativas del “cómo” será el escenario de pos-acuerdo.

ado el carácter multidimensional de cada proceso de desmovilización, desarme y reinserción, tales preocupaciones y especulaciones no se limitan al nivel individual de la transición de combatientes a ciudadanos “comunes”, sino que también ganan importancia en el nivel colectivo o de organización, ya que a menudo giran en torno al problema de la proyectada transformación del grupo insurgente en actor político legal. Al partir de la suposición de que la inclusión representa la panacea de conflictos causados, entre otras razones, por una tradición de exclusión política, social y económica, como ocurre con el conflicto armado colombiano, adquiere gran importancia el ejercicio de reflexionar sobre preguntas como éstas: ¿cuáles son los desafíos de procesos de transición de grupos insurgentes en partidos políticos?, y, más específicamente, ¿cuáles son los factores que pueden inclinar el cálculo costo-beneficio hacia un cambio de estrategia pasar de la lucha armada a la participación

política legal) por parte del grupo insurgente? Después de una breve reseña sobre el estado del arte de la discusión académica frente al tema y de algunas lecciones aprendidas de procesos similares, este artículo expone apuntes iniciales y ofrece un análisis del posible cálculo de la relación costo-beneficio

que puede hacer dicho grupo en el proceso de negociación. Si bien se ha escrito mucho sobre los diversos motivos de la rebelión, sobre las estructuras internas de los grupos insurgentes y sobre sus efectos en el modo de actuar, así como acerca de los retos del desarme, la desmovilización y

Es fundamental en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) considerar tanto el nivel individual como el colectivo.

de elección (sistema de mayoría o de representación proporcional), las formas de apoyo estatal (financiación de las campañas, acceso a medios de comunicación, etc.) y el proceso de reconocimiento legal de nuevos partidos se vuelven variables de análisis importantes. Mientras que algunos de estos factores identificados son influenciables directamente por el mismo grupo insurgente, otros quedan fuera de su alcance. Ejemplo del primer grupo es el diseño institucional, el cual, al igual que la temática de seguridad, ha constituido un punto importante en negociaciones de paz, desde Acheh (Indonesia) hasta Zimbabue, y también en los procesos de paz colombianos de los años ochenta y noventa. Por otra parte, la posible intervención de actores internacionales, las características del grupo insurgente e incluso la manera como el conflicto termina, con frecuencia no parecen influenciables o son consecuencia de eventos y decisiones del pasado. Sentado esto, ¿cómo se puede interpretar el preacuerdo respecto del segundo punto de la agenda de las negociaciones con las Farc-EP (participación política) publicado en septiembre de 2014? Es claro que desde el momento en que se definió el tema de la participación política como uno de los seis pun-

tos de la agenda, las “revisiones y […] ajustes institucionales necesarios [para posibilitar] una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales” (Farc-EP y Gobierno Nacional, 2013, 2) están sobre la mesa. Tanto las propuestas del grupo insurgente como el preacuerdo alcanzado respecto del tema en noviembre de 2013 tocan casi todos los factores identificados como importantes y que se relacionan con el diseño institucional (régimen electoral, proceso de reconocimiento legal y apoyo estatal), como muestra la Tabla 1.

Aunque en muchos puntos, como, por ejemplo, en el caso del régimen electoral, las reformas concretas quedan pendientes de ser definidas por una comisión con posterioridad a la firma del acuerdo final, el preacuerdo ya muestra claramente la importancia que ambas partes atribuyen a una nueva “ampliación y profundización de la democracia” (FarcEP y Gobierno Nacional, 2013, 1) en búsqueda de más pluralismo político bajo una igualdad de condiciones.

Reconocimiento legal

Régimen electoral

Tabla 1

Apoyo estatal

la reinserción de excombatientes, hasta el momento la cuestión acerca de las lógicas y dinámicas de procesos de transición de la lucha armada hacia la competencia electoral aparece muy pocas veces en el enfoque de los estudios académicos. Al basarse en una amplia muestra de casos de África, Asia y Centroamérica, expertos en la materia1 indican, sobre todo, que tiene importancia el entorno en el cual se efectúa la transición. Por un lado, los autores resaltan el papel que ciertas variables, relacionadas con el carácter del propio grupo insurgente (tamaño, base de apoyo, reputación, etc.) y con el fin del conflicto (empate y negociación, derrota o victoria militar), desempeñan en el contexto regional en general y en especial en la situación de seguridad de la nación. Algunos se preguntan incluso por la función de facilitadores u obstaculizadores que cumplen los actores internacionales. Mientras que una derrota militar lleva en muchos casos a una marginalización de las organizaciones vencidas, como muestra el ejemplo del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, las negociaciones de paz pueden brindar a grupos insurgentes cierto grado de reconocimiento como actor político legítimo. Igualmente, organizaciones como el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) o la Unión Nacional Africana de Zimbabue, lograron capitalizar, después de la firma de acuerdos de paz, su control territorial y el respaldo de amplios sectores con una base electoral significativa. Por otro lado, y sobre todo desde un enfoque neoinstitucionalista, se llama la atención sobre factores conectados al diseño institucional, particularmente los relacionados con el régimen electoral, que, al definir las reglas del juego, pueden constituir elementos decisivos en el momento de hacer el cálculo de costo-beneficio. Es decir, en caso de que el diseño institucional favorezca el surgimiento y el avance de nuevas fuerzas políticas, la opción de buscar los objetivos por medio de las urnas resulta mucho más atractiva. En este sentido, cuestiones como el número de curules asignadas por distrito electoral, el modo

Preacuerdo

Propuesta de las Farc-EP

Creación de misión electoral especial para elaborar recomendaciones de reformas (2.3.4.). Mayor autonomía del CNE. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los territorios más afectados por el conflicto (2.3.6.).

Asignación directa de curules en instancias parlamentarias a Farc-EP y partidos que surjan del proceso de paz (23). Circunscripción especial de paz en el Congreso para garantizar participación de las Farc-EP y de los partidos que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz (24). Participación directa de nuevos movimientos políticos en el CNE (27).

Eliminación de obstáculos para obtener y conservar la personería jurídica. Delegación de requisitos de la superación de un umbral en elecciones de Congreso (2.3.1.1.).

Promoción de cambios institucionales necesarios para que las Farc-EP puedan transformarse en un movimiento político legal (25).

Régimen transitorio por ocho años, que incluye financiación y divulgación de programas para promover nuevos partidos políticos (2.3.1.1.). Aumento del fondo de financiación de partidos (2.3.1.2.). Creación de canal institucional de televisión para divulgación de plataformas políticas (2.2.; 2.3.).

Financiación adicional especial para partidos políticos que surjan del proceso de paz (10% del fondo total de financiación) (26). Condiciones espaciales de acceso a medios de comunicación para nuevas fuerzas políticas (28).

Fuentes: Farc-EP, 2013; Farc-EP y Gobierno Nacional, 2013. No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Al igual que en una reforma del régimen electoral, varios puntos del preacuerdo se centran en la cuestión de seguridad para los participantes en la política legal. Aparte de una adecuación normativa e institucional encaminada a fortalecer la investigación y la judicialización de delitos contra líderes políticos y de unas estrategias de prevención, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política incluye también medidas de protección para “quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes de partidos y movimientos” (Farc-EP y Gobierno Nacional, 2013, 5). Además, gran parte del así llamado Estatuto de Oposición apunta a una mejor garantía de derechos políticos por parte del Estado.

De acuerdo con el estado del arte atrás reseñado, y aunque el preacuerdo, a diferencia de las propuestas de las Farc-EP, no incluye cuotas para representantes de la organización en cargos políticos locales, regionales o nacionales, parece entonces que los puntos pactados acerca de los factores que sí se pueden influenciar hacen viable llegar a un escenario favorable a la transformación de la guerrilla más antigua de Colombia en una fuerza política legal. Aunque es muy temprano para prever el contenido final de los reajustes, al menos, sobre el papel, se tocan todos los puntos destacados por la academia como importantes y se busca aproximar una igualdad de condiciones en un ambiente seguro. Pero, ¿todo esto es suficiente para una participación

exitosa de las Farc-EP en la política legal a mediano y largo plazos? Al reflexionar sobre esta pregunta específica se pueden identificar dos aspectos que parecen deteriorar las perspectivas de una participación exitosa del grupo insurgente. Por un lado, si bien es importante reconocer que el proceso de La Habana parece tener en cuenta todos los factores identificados por la academia internacional que sí se pueden influenciar, ese es justamente un factor per se, que no es influenciable sino que forma más bien parte del contexto en el cual se adelantan las negociaciones, lo cual da motivos de preocupación: la opinión pública, primordialmente reservada frente al grupo insurgente en general y, en especial, a su participación política legal. A pesar de que una solución negociada brin-

Colombia debe recoger las lecciones aprendidas de procesos anteriores. En la foto Carlos Pizarro Leongómez en la desmovilización del M-19 en marzo de 1990. Pizarro fue asesinado en abril del mismo año. Foto: Archivo CINEP/PPP.

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En los procesos de DDR es necesario trabajar para transformar la cultura política del país.

daría a las Farc-EP un reconocimiento oficial como actor político, no por eso su reputación necesariamente va a mejorar; se trata de un punto clave, ya que bajo esa reputación se desarrollaría la base electoral que aseguraría los sufragios suficientes para ganar curules. Según una encuesta de abril de 2013, aunque el 75% de los bogotanos respalda la reincorporación a la vida civil de desmovilizados de las Farc-EP, el 69% de los entrevistados rechaza una hipotética participación del grupo en la arena política legal (Cárdenas, 2013, 51). A la luz de lo anterior, el preacuerdo de crear Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en regiones donde el grupo insurgente tiene sus bases sociales tradicionales, cobra especial importancia y se interpreta como una búsqueda destinada a equilibrar el rechazo en las zonas de mayor aglomeración demográfica.

Por otro lado, las lecciones aprendidas de los cuatro grupos guerrilleros que se desmovilizaron en Colombia entre 1990 y 1991 llaman la atención alrededor de otro factor del entorno general, que en la discusión académica internacional no ha sido lo suficientemente tenido en cuenta. Al igual que el segundo preacuerdo de La Habana, los pactos de paz del M-19, el EPL, el PRT y el Maql incluyeron un apoyo estatal inicial a sus proyectos políticos legales (financiación y campañas mediáticas), así como esquemas de seguridad para sus líderes políticos más visibles. El Pacto Político por la Paz y la Democracia del M-19, además, recogió algunas reformas del régimen electoral que, sin embargo, se hundieron posteriormente en el Congreso. Más allá de estos arreglos, los acuerdos con el EPL, el Maql y el PRT, inclusive incluyeron cuotas para una representación especial de los mismos en la Asamblea Nacional Cons-

tituyente (ANC). No obstante, a largo plazo, ninguno de los grupos listados logró establecerse como fuerza política alternativa. Tras éxitos electorales considerables en las elecciones a la ANC de 1990 y de Congreso de 1991,2 la ADM-19 experimentó un declive rápido y en las elecciones del Congreso de 1994 no logró obtener ni una sola curul en el Senado. Según algunos protagonistas de esa alianza, aunque el diseño institucional era favorable y la opinión pública recibía a los grupos desmovilizados generalmente de manera positiva, las verdaderas razones de ese fracaso se pueden ubicar en una serie de factores internos3 y en el hecho de que arreglos y acuerdos formales no llevan automáticamente a cambios en la manera como se hace la política en el marco de las reglas del juego; es decir, de la cultura política del país. Es posible que también, gracias a esos aprendizajes del pasado, la cultura No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

política ocupe un lugar importante en el debate de La Habana. Varias cuestiones apuntan a “promover una cultura política participativa, fundamentada en el respeto de los valores y principios democráticos, la aceptación de las contradicciones y conflictos propios de una democracia pluralista y el reconocimiento y respeto por el opositor político” (Farc-EP y Gobierno Nacional, 2013, 17), todo ello mediante campañas de medios de comunicación, talleres de capacitación y una lucha en contra de prácticas clientelistas y corruptas y en pro de más transparencia en el manejo de la cosa pública. Ahora bien, aunque aún queda por ver si tales mecanismos en verdad serán capaces de cambiar patrones tradicionales de la política colombiana, tales como la compra de votos, el clientelismo y la corrupción, al menos las Farc-EP parecen mostrarse optimistas. Al haber aceptado el preacuerdo respecto del segundo punto de la agenda, los mecanismos y reformas acordados parecen ser percibidos como suficientes para inclinar la relación costo-beneficio del grupo hacia un cambio de las armas por las urnas.

*David Rampf

Investigador CINEP/PPP. Equipo Iniciativas de Paz.

Lo quee brec ensom na

a La Hab

Publicaciones CINEP - Ediciones anteriores

Referencias

1. Ver, por ejemplo, Allison (2006), Shugart (1992), de Zeeuw (2008). 2. En las elecciones de Congreso Nacional de 1991 la Alianza Democrática M-19 obtuvo el 26,7% de los sufragios emitidos en las elecciones para la ANC y obtuvo nueve curules en el Senado y trece en la Cámara de Representantes. 3. Según muchos protagonistas de la ADM-19, factores internos, como la falta de una estructura interna que garantizara la cohesión de las diferentes fuerzas dentro de la alianza, y decisiones tácticas no pertinentes (alianzas electorales con elites tradicionales, el descuido en la elaboración de una plataforma política, etc.), desempeñaron un papel importante en el declive del nuevo partido político (Rampf y Chavarro, 2014).

Bibliografía

Allison, Michael (2006): The transition from armed opposition to electoral opposition in Central America. En: Latin American Politics & Society, vol. 48, No. 4, 137-162. Cárdenas Ruíz, Juan David (2013). Opinión pública y proceso de paz. Actitudes e imaginarios de los bogotanos frente al proceso de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. En: Ciudad paz-ando, vol. 6, No. 1, 41-58. De Zeeuw, Jeroen (2008). From soldiers to politicians. Transforming rebel movements after civil war. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Farc-EP (2013). Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional: 100 propuestas mínimas. En: http:// resistencia-colombia.org/pdf/100-PROPUESTAS-MINIMAS-2-PUNTO-PARTICIPACION-POLITICA.pdf Farc-EP y Gobierno Nacional (2013). Borrador conjunto. Participación política. En: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica?ver=es Rampf, David y Chavarro, Diana (2014). Entrar en la escena política. Un análisis de las experiencias de exguerrilleros en la política legal colombiana. Inclusive Settlements Paper 2. Berlin: Berghof Foundation. En: www.ips-project.org Shugart, Matthew S. (1992). Guerrillas and elections. An institutional perspective on the costs of conflict and competition. En: International Studies Quarterly, vol. 36, No. 2, 121-151.

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Conflicto y Paz

Paz territorial sí, pero, ¿cómo?

La propuesta de las Zonas de Reserva Campesina Por: Pablo Andrés Durán Chaparro*

Presentación de la propuesta programática de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina como una iniciativa agraria de paz. Análisis de esta propuesta en el marco de dos escenarios de importancia nacional: el proceso de paz con las Farc-EP y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Respuesta a la pregunta sobre qué representan las Zonas de Reserva Campesina de cara a la perspectiva de la paz territorial y qué tipo de tensiones crea frente a otras propuestas de paz territorial y desarrollo rural. Introducción

l capítulo XIII de la ley 160 de 1994 sentó las bases constitucionales para que en Colombia se pudieran establecer Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Luego de varios decenios de lucha por la tierra, los campesinos colombianos, especialmente los colonos, vieron materializadas con esta ley sus demandas de acceso a la tierra, de desarrollo rural y de formalización y estabilización de su propiedad. A lo largo de estos años, muchos de ellos han visto en la figura de las ZRC, no solo la posibilidad de permanecer en su territorio sino también la puerta de entrada a una reforma agraria estructural que, además de garantizar el acceso a la tierra, permita la producción campesina del territorio en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Veinte años después de la Ley 160, el actual proceso de paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, ha

Marcha de cierre del III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Marzo 22 y 23 de 2013. San Vicente del Caguán - Caquetá, Colombia. Foto Anzorc.

vuelto a poner el foco de atención sobre esta figura. Sin embargo, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) ha insistido en sostener que el tema de las Zonas de Reserva Campesina no puede estar amarrado exclusivamente al proceso de paz. El gobierno,

por su parte, ha dicho que respalda las actuales zonas y las que están por venir, aunque en la práctica este apoyo no se haya evidenciado en una ruta de financiamiento clara para ellas o en el levantamiento de lo que es visto por los

Instalación de Valla de Bienvenida a la Zona de Reserva Campesina de hecho del Catatumbo. Anzorc.

campesinos como un veto institucional a la constitución de varias de ellas. Recientemente, el país asistió a la emergencia de un movimiento social unitario sin precedentes en el campo colombiano: la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Mientras el movimiento social construye desde allí su propuesta agraria a partir de la unidad, el gobierno nacional hace lo propio y, a través de proyectos de ley como el de baldíos (presentado a la Cámara de Representantes el 3 de octubre del presente año), pone en evidencia su modelo de desarrollo rural, que sin duda haría parte de su derrotero de políticas públicas para la paz territorial. En este contexto vale la pena preguntar: ¿qué representan las Zonas de Reserva Campesina en el marco del actual proceso de paz, y específicamente frente a la perspectiva de la paz territorial? ¿Por qué es importante el escenario de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para la construcción de la paz? Y ¿cuáles son las tensiones, con relación www.cinep.org.co

a la paz territorial, entre propuestas de desarrollo rural como la de las Zonas de Reserva Campesina y la de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico?

Propuesta programática para la paz En el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2013 en San Vicente del Caguán (Caquetá), la Anzorc presentó a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de La Habana su propuesta programática para la paz de Colombia (Anzorc, 2013). En cada uno de sus puntos (reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos, modelo de desarrollo rural, economía campesina, explotación de recursos minero-energéticos, ordenamiento territorial y ambiental, Sistema Nacional de ZRC y Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina) se recoge allí la visión de paz de la organización

campesina. Se trata de una propuesta marcada por la necesidad de solucionar los problemas estructurales del campo colombiano. Una parte de esta propuesta construida por las campesinas y los campesinos de la ZRC, efectivamente, quedó recogida en los acuerdos de paz, cuyos borradores fueron publicados recientemente. Allí, bajo el título “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, fue incluido el plan de las Zonas de Reserva Campesina, principalmente en el apartado sobre cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva. El IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, realizado en Tibú, región del Catatumbo, durante los días 19 y 20 de septiembre del presente año, amplió la discusión de la paz alrededor de cuatro temas (los cuales fueron tratados en igual número de mesas agrupadas en el foro Zonas de Reserva Campesina: iniciativa agraria de paz): ZRC y participación de las comunidades campesinas en los acuerdos

de paz; ZRC, conflictos interculturales y mediación comunitaria; ZRC, estrategia de paz para el campo en la implementación de acuerdos de paz; y comunidad internacional y apoyo a las ZRC como estrategia de paz para el campo. Mientras que el tercer encuentro nacional de ZRC se concentró en la discusión de los problemas estructurales del campo colombiano, cuya solución es vista desde la Anzorc como la garantía para una paz con justicia social, estable y duradera, el cuarto encuentro nacional de ZRC fue mucho más allá y con las cuatro mesas mencionadas puso de presente no solo la discusión de estos problemas que permiten la pervivencia de la exclusión y la violencia, sino también la de temas propios de la construcción de paz y la implementación de acuerdos.

Paz territorial sí, pero ¿cómo? Si bien, como lo ha dicho la Anzorc en repetidas ocasiones, el de las Zonas de Reserva Campesina no es un tema exclusivo del actual proceso de paz y la implementación de los acuerdos que de él surjan, sí es claro que la discusión sobre ellas es un tema de una importancia trascendental para la construcción de la paz en Colombia. Lo es fundamentalmente en tres sentidos, que hacen parte de la propuesta programática de este movimiento social y de las conclusiones de su más reciente encuentro nacional: a) se trata de una figura que, acompañada de otras políticas públicas rurales, permitiría la solución de algunos de los problemas más importantes del campo colombiano; b) mediante su propuesta de territorios interculturales, el proceso de ZRC puede contribuir a la resolución pacífica, dialogada y concertada de futuros conflictos territoriales internos; y c) es una figura que, por tratarse de una iniciativa agraria de paz construida desde la base, permite la perdurabilidad de la implementación local de los acuerdos de paz.

Río Cimitarra. II Campamento Ecológico de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Octubre 4 al 8 de 2014. Agencia Prensa Rural. Foto Anzorc

Paz como justicia social La propuesta de paz de la Anzorc, como movimiento socioterritorial, tiene que ver con una iniciativa que no solo busca que cese la confrontación armada en sus territorios sino que también se apliquen allí medidas de ordenamiento campesino de ese territorio que permitan un desarrollo económico, social, político y cultural justo. En este sentido, las Zonas de Reserva Campesina, al igual que muchas zonas de paz que han sido exitosas en otros lugares del mundo, buscan no solo referirse a los problemas de la “violencia externa” sino asimismo a los problemas sociales que nutren esas condiciones violentas (Hancock e Iyer, 2007, 47). Algunas de las propuestas presentadas por las ZRC que apuntan a solucionar estos problemas sociales que alimentan la violencia han sido recogidas por Carlos Salgado, de la organización Planeta Paz, en el texto “Nueve razones del por qué las Zonas de Reserva Campesina son un aporte a la paz”. Salgado afirma que las ZRC son una figura que, entre otras cosas, “ayuda a la reorganización del territorio colombiano; estabiliza y reconoce a la

población campesina y fortalece las economías locales y los mercados de bienes rurales de alimentos y materias primas; da un uso sustentable a los recursos ecosistémicos y construye democracia en los territorios” (Salgado, 2014, 1).

Paz como trámite de conflictos. En los últimos tres encuentros nacionales de la Anzorc, el tema de la interculturalidad ha sido transversal en las discusiones y en la construcción de su propuesta de paz. Recientemente, gracias al proceso de unidad de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, esta propuesta ha ganado más fuerza, ya que en ella se plantea la posibilidad de que en un mismo territorio, comunidades campesinas, indígenas y afros, de conformidad con sus visiones, usos y construcciones territoriales, convivan y tramiten sus conflictos de una manera pacífica. El cuarto Encuentro de ZRC avanzó en esa dirección al proponer mecanismos de mediación y resolución de conflictos interculturales inmersos en conflictos territoriales.

No. 82 | Septiembre - Noviembre 2014

Caficultores de las ZRC. I Encuentro Nacional de Pequeños y Medianos Caficultores de las Zonas de Reserva Campesina. Febrero 16 y 17 de 2014. ZRC Pato Balsillas, municipio Guayabal, San Vicente del Caguán - Caquetá, Colombia. Foto Anzorc.

Paz como implementación de acuerdos

La paz territorial después de La Habana

Landon Hancock y Christopher Mitchell plantean la necesidad de un diálogo entre eso que es entendido como la paz nacional y las iniciativas locales de paz (Hancock y Mitchell, 2007, 174177). Esta complementariedad, afirman, aunque es difícil de construir debe tener en cuenta, especialmente, las iniciativas de paz que se han construido desde la base. Un ejemplo de cómo puede haber un diálogo entre lo nacional y lo regional/local se presentó en relación con la discusión del punto de los cultivos de uso ilícito o drogas ilícitas, como fue llamado en la mesa de La Habana.

El 3 de octubre de 2014, con posterioridad a una asamblea de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, tuvo lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación la instalación de la Mesa Única Nacional de diálogo entre esta cumbre agraria y el gobierno de Juan Manuel Santos. La cumbre agraria, que nació en marzo del presente año en medio de fuertes discusiones, así como la construcción de propuestas emanadas de las comunidades campesinas, negras e indígenas, son el producto de la organización social y política de un sector que ha entendido que sus reclamos no pasan necesariamente por La Habana o por alguna otra mesa de conversación para la finalización del conflicto armado (ver los análisis que en este sentido se hicieron en el documento El país que no pasa por La Habana, aparecido en el No. 79 de la revista Cien Días). Mediante la movilización, estas organizaciones sociales le han pedido al gobierno nacional una visión mucho más integral de la paz, la cual, según ellas, debe ser entendida no solo como cese del conflicto armado sino

La propuesta de las ZRC acerca de la sustitución gradual y concertada de estos cultivos, que incorpore alternativas de economía campesina viables y competitivas, debería ser tenida en cuenta en el momento de la implementación de los acuerdos que sobre este punto se han construido.

www.cinep.org.co

también como un proceso de reordenamiento del tejido social, político, económico y cultural de la nación. Por esta razón, la opinión pública ha visto a la Cumbre agraria como el escenario por excelencia para la discusión de la construcción de la paz rural una vez se hayan suscrito los acuerdos con las Farc-EP y muy probablemente con el ELN (Bermudez, 2014, 1). Al acto de instalación de esta Mesa Nacional asistió Juan Manuel Santos, acompañado de varios de sus ministros. Con su asistencia, el Presidente, además de poner en evidencia el fracaso de su pacto agrario en tanto que pacto incluyente, reconoció como interlocutores válidos a los líderes y representantes de las organizaciones sociales de la cumbre. En su discurso, el Presidente de la República reconoció las Zonas de Reserva Campesina como un instrumento legítimo de desarrollo rural creado por la ley. Si bien este gesto fue bien recibido por las organizaciones de las ZRC, al Presidente se le ha pedido mayor coherencia entre sus declaraciones y lo que en la práctica ocurre con las Zonas de Reserva Campesina, muchas de ellas estancadas institucionalmente. Sin embargo, ese mismo día el ministro de Agricultura

radicó en la Cámara de Representantes el proyecto PL 133-2014C-Terrenos Valdíos (sic), el cual cambia por completo la destinación de los terrenos baldíos de la nación para las familias y los campesinos pobres. Como señala Camilo González Posso en una reciente columna de opinion (González Posso, 2014, 1), en menos de cien días Santos firmó, el 18 de julio, la Ley 1728, la cual guarda el sentido de la Ley 160 de no sobrepasar la UAF y busca que los baldíos se entreguen a colonos que los estén usufructuando, y después, el 3 de octubre, su ministro de Agricultura radica el proyecto en mención, donde –para las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico de terrenos baldíos– se le da prioridad a la entrega de estos terrenos de la Nación a grandes proyectos de latifundistas y especuladores. Las contradicciones del actual gobierno con relación a los baldíos (los cuales, según la Ley 160 del 94, pueden ser destinados para Zonas de Reserva Campesina) y, de conformidad con el proyecto presentado el 3 de octubre, deben ser manejados por gestores empresariales que concierten “alianzas productivas” con los campesinos sin tierra, no llamarían tanto la atención si no se presentaran en el marco de las constantes alusiones de ese mismo gobierno al posconflicto y a la paz territorial. La pregunta es: ¿cómo construir paz si, al mismo tiempo que se reconoce una de las principales herramientas para que los campesinos pobres estabilicen y formalicen su propiedad, y todo lo que esto significa, se impulsa un modelo de desarrollo rural que pone el énfasis en la productividad agroindustrial y la explotación del campo por compañías multinacionales? “El país que no pasa por La Habana”, el documento de Cien Días al cual se hacía referencia atrás, en uno de sus artículos llama la atención sobre un par de experiencias internacionales (Sudáfrica y Guatemala) donde las medidas de política agraria no tuvieron el alcance proyectado en el momento de la firma de los acuerdos de paz de los

cuales nacieron. Los autores señalan que una de las razones por las cuales en esos países las políticas agrarias del posconflicto referentes a la restitución y el acceso a la tierra tuvieron un alcance precario, fue la dependencia de estas políticas de los principios del mercado, los cuales profundizan una estructura agraria desigual (Arboleda y Coronado, 2013, 8). No vaya a ser que en Colombia pase lo mismo.

No vaya a ser que los altos poderes, enceguecidos por el indicador de la productividad, olviden los reclamos de justicia a los que la construcción de la paz debe responder y de esta manera se termine entregando las tierras baldías, no a los campesinos pobres sino a los grandes poseedores y al capital extranjero.

Conclusiones La propuesta de más de cincuenta procesos sociales agrupados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina es una propuesta que se mueve, por lo menos, en tres dimensiones de la paz: la solución de las causas estructurales que hacen posible el surgimiento de la confrontación violenta, la mediación comunitaria de los conflictos locales y la construcción de la paz como un diálogo entre las iniciativas de la base y la dimensión nacional de ella. Esta propuesta campesina de paz riñe con otras visiones de la paz territorial, cuyo énfasis está en la promoción de un modelo de desarrollo rural que en los primeros puntos de su agenda no inscribe el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la economía campesina, la agroecología y la sustentabilidad ambiental. Se trata entonces de decir: paz territorial, sí. Pero también de preguntar:

¿qué tipo de paz territorial se quiere? Es necesario pasar de la mención de conceptos tan abstractos como paz y territorio, a unos más cercanos a las realidades de las colombianas y los colombianos. En la medida en que podamos hacer esto, la discusión se cualifica, los matices emergen y los enfoques se delimitan.

El actual gobierno debe ganar en claridad frente a los que ahora son sus legítimos interlocutores en Bibliografía la Mesa Única de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica ySergio. Popular, Arboleda, Zohanny, Coronado, “Pos-el conflictomovimiento y política agraria. Una mirada llamado social rural del a las experiencias internacionales”, en posconflicto. Si no sabe escuchar y Cien Días, No. 79, Cinep, Bogotá, agosto, atender los reclamos que esta mesa p. 5-9. le está haciendo con relación a los Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, urgentes 2013. “La propuesta de problemas del campo coAnzorc a la sociedad colombiana y a las lombiano y se empeña en imponerpartes de la mesa de conversaciones de le paz modelos injustos, la paz, de La Habana”. Disponible en: por lo menos para la ruralidad colombiahttp://prensarural.org/spip/spip.php?arti11.10.2014. na,cle10505, estará consultado destinadael al fracaso. Bermúdez Liévano, Andrés, 2014. “La Cumbre Agraria: el movimiento político del posconflicto”. Disponible en: http:// lasillavacia.com/historia/la-cumbre-agraria-el-movimiento-politico-del-posconflicto-48711, Consultado el 11.10.2014. González Posso, Camilo, 2014. “Golpe a los baldíos: carambola en La Habana”. Disponible en: http://www.indepaz. org.co/wp-content/uploads/2014/10/ golpe-a-baldios.pdf, Consultado el 11.10.2014. Hancock, Landon E., Iyer, Pushpa. “The Nature, Structure, and Variety of Peace Zones”, en Mitchell, C. R., Hancock, L. E. (eds.), 2007. Zones of Peace, Bloomfield, Kumarian Press, p. 29-50. Salgado, Carlos, 2014. “Nueve razones de por qué las Zonas de Reserva Campesina son un aporte a la paz”. Disponible en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article15225, Consultado el 13.10.2014.

*Pablo Andrés Durán Chaparro

Investigador CINEP/PPP. Equipo Iniciativas de Paz.

No. 82 | Septiembre - Noviembre 2014

Desarrollo

¿Fracking para la paz? Por: Catalina Serrano y Tatiana Cuenca*

Con la utilización de yacimientos no convencionales2 para la extracción de gas y petróleo a través del fracturamiento hidráulico o fracking, Colombia asume la bandera del extractivismo en una de sus facetas más agresivas y arriesgadas. Aunque se ha desarrollado un amplio debate en términos mayoritariamente técnico-ambientales, la sociedad colombiana no cuenta todavía con herramientas de análisis suficientes para localizar los impactos reales de esta práctica. El presente texto busca contribuir al debate visibilizando los territorios de influencia directa de estos proyectos y arrojando luces sobre los posibles escenarios de posconflicto que se avecinan y sobre el papel que en ellos desempeñará el sector de los hidrocarburos.

urante el último semestre, el gobierno presentó a la opinión pública la iniciativa de implementar la técnica de fracturamiento hidráulico para la extracción de gas y petróleo atrapado en rocas de esquisto. Esta noticia ha suscitado una fuerte polémica que trasciende las fronteras nacionales y se posa en un campo de debate mundial. Mientras unas naciones –como México– adoptan ese método como política nacional, otras promueven moratorias en sus territorios, como es el caso de Francia, Bulgaria y Alemania. Los medios colombianos, haciéndose eco de distintas voces, han arrojado al respecto todo un flujo de información, que a continuación se presenta de manera sucinta con el fin de que se comprendan los términos centrales en que se desarrolla el debate.

Argumentos a favor: • Frente a la crisis energética mundial, el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales es una alternativa posible. Su implementación en Estados Unidos ha aumentado exponencialmente sus reservas de crudo, lo que anuncia cambios en el panorama político y económico mundial (El Espectador, 23 de septiembre de 2014). Por su parte, Co-

El fracking ha suscitado multiples debates en Colombia.

lombia dispondría de un potencial para aumentar sus reservas hasta 10.000 millones de barriles en veinte años (Ministerio de Minas y Energía, 2014). • El gobierno le apuesta a la extracción de hidrocarburos y minerales como el pilar del desarrollo del país, por lo cual, en el curso de siete años, sus reservas de petróleo han aumentado en un 80% (Ministerio de Minas y Energía, 2014). Actualmente la extracción de este recurso es la activi-

dad que arroja más divisas para el país, al aportar el 4,6% del PIB total (Bernal, 2014). Por eso ya se insinúa que el fracking es una necesidad para el financiamiento de las medidas de atención y reparación de víctimas en las condiciones del posconflicto armado. • Uno de los argumentos centrales del Gobierno ha sido el riguroso proceso de construcción del marco regulatorio, que fue entregado en marzo de este año (Vallejo, 2014). Para ello, se

• El método tiene igualmente efectos nocivos para el aire y la atmósfera, como resultado de las emisiones de gas metano y material particulado, así como para ecosistemas y poblaciones cercanas, debido al aumento de la contaminación auditiva y la degradación de sus entornos (DeJusticia; WWF; FNA, 2014). Lo anterior se traduce en fuertes impactos sobre la salubridad pública, asociados al surgimiento de enfermedades que afectan los órganos sensoriales, además de los sistemas respiratorio y renal de los seres humanos (Borón, 2013).

Regiones de histórica tradición agrícola han sido concesionadas para fraking en Colombia. En la foto una zona de explotación minera en Boyacá. Foto Archivo CINEP/PPP

utilizó la experiencia estadounidense como modelo de referencia y se le dio especial énfasis a la conservación del recurso hídrico (Bermúdez, 2014).

Argumentos en contra: • Diferentes actores de los niveles nacional e internacional han expresado sus reparos frente al uso del fracking en YNC. De hecho, en países como Francia, esta técnica ha sido prohibida, y en otros, como Sudáfrica, Irlanda, Australia, República Checa y Bulgaria, así como en 200 ciudades de los Estados Unidos y otras tantas de Argentina, ha entrado en moratoria. En Colombia, varios personajes públicos y otras entidades estatales han expresado su desacuerdo, como ocurre con el constitucionalista Rodrigo Uprimny, de la ONG Dejusticia, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Fund Life, o WWF Colombia), quienes han solicitado la moratoria de este proceso mediante carta abierta al público (DeJusticia; WWF; FNA, 2014). Igualmente, la Contraloría General de la República, basándose en el principio de precaución estipulado por la Constitución, emitió en 2012 una Función de Ad-

vertencia en la cual se señalan varios de los efectos negativos que esta iniciativa tendría en el país (Contraloría General de la República, 2012). • Algunos de los argumentos que estos actores exponen tienen que ver con la conservación del recurso hídrico; un pozo de fractura hidráulico exige más del doble de agua que un yacimiento convencional y crea altos riesgos de contaminación adyacente a causa de los químicos utilizados. De hecho, el Centro Tyndall de la Universidad de Manchester “[...] analizó 260 productos químicos usados en el fracking. De ese total, 17 fueron considerados tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8 cancerígenos probados y otros 6 sospechosos de serlo, 7 elementos mutagénicos y 5 producen efectos en la reproducción” (Contraloría General de la República, 2012, p. 4). Lo más preocupante de esta cuestión es que en muchos países el contenido de este coctel de químicos ha sido mantenido bajo secreto industrial (El Espectador, 23 septiembre, 2014), lo cual pone en tela de juicio la transparencia de las empresas y atenta contra el derecho a la información, fundamental para procesos como el de Consulta Previa.

De acuerdo con la Contraloría General, al realizar el cruce de las zonas prospectadas para utilizar el fracking en Colombia y definidas por la ANH, podrían verse afectadas algunas áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos, y en general la alta montaña andina (Córdoba L., CGR, 2012).

• El fracking ha sido asociado a la aparición de sismos, respecto de los cuales la CGR advirtió en torno a la existencia de “Riesgo geológico ante la fractura en zonas identificadas como vulnerables por sus condiciones geológicas, y la consiguiente posibilidad de generación de efectos que incluyen la (re)activación de sismicidad” (Contraloría General de la República, 2012, p. 3). • Por último, es importante mencionar que varios de estos argumentos hacen énfasis en la precariedad de la información científica obtenida hasta el momento, tarea para la cual son necesarios por lo menos diez años más de investigaciones. Esta situación acentúa la incertidumbre sobre los efectos reales de la técnica y sobre la capacidad técnica e institucioNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

nal de las entidades encargadas de hacer regulación y seguimiento en el país (DeJusticia; WWF; FNA, 2014). Lo que no mencionan los argumentos esbozados hasta ahora es que, si bien la polémica se desató hace apenas unos meses, el proceso de implementación de esta técnica se inició hace más de una década (Roa, 2013). En la formulación del Plan de Desarrollo 2010-2014 se estableció como una prioridad identificar y desarrollar el potencial del país en yacimientos no convencionales, con el propósito de aumentar las reservas de

crudo colombianas, atender a su abastecimiento interno y arrojar excedentes exportables (ANH, 2013). A partir de entonces, el Ministerio de Minas y Energía dio inicio a la construcción del marco regulatorio, el cual, mediante la Resolución 18 1495 de ese mismo año y la Resolución 18 0742 de mayo de 2012, fue la continuidad de reglamentos técnicos establecidos desde 2009. La Ronda 2012 inauguró de manera oficial la oferta de Yacimientos No Convencionales y otorgó seis contratos de este tipo, y antes de 2012 se habían

otorgado ya 17 bloques exploratorios con potencial no convencional.

Los territorios de incidencia directa del fracking Hasta el momento, las razones expuestas han hecho alusión a consideraciones técnicas y ambientales; sin embargo, poco se ha hablado de los bloques que serán desarrollados, sus zonas de influencia y las empresas operadoras. Una relación de los mismos acompaña estas notas. (tabla siguiente)

Áreas concesionadas para fracking en Colombia, 2014 Operador (casa matriz)

Hectáreas

Departamentos[H2]

Municipios

Río Ranchería

Drummond (EE. UU.)

31.497

La Guajira

Albania, Fonseca.

Guama

Pacific Rubiales

9.479

Magdalena

Astrea, Ariguaní, Nueva Granada, Santa Ana, Pijiño del Carmen.

La Loma

Drummond (EE. UU.)

87.058

Cesar

Chiriguaná, La Jagua de Ibirico.

VMM-2

Exxon-Canacol (EE. UU.-Colombia)

36.809

Cesar

Aguachica, Gamarra, Río de Oro.

Santa Isabel

Canacol (Colombia)

41.092

Bolívar, Cesar, Santander.

Morales, Puerto Wilches, Aguachica, Gamarra.

VMM-3

Shell (Inglaterra-Holanda)

33.714

Cesar, Santander.

Río Negro, San Martín, Aguachica.

VMM-27

Shell (Inglaterra-Holanda)

67.730

Bolívar, Santander.

Simití, Puerto Wilches.

VMM-28

Shell (Inglaterra-Holanda)

54.551

Bolívar, Santander.

Simití, San Pablo, Puerto Wilches.

Barbosa

Nexen (Canadá)

238.078

Boyacá, Santander.

Chiquinquirá, Pauna, Vélez, Barbosa, Santa Sofía.

Chiquinquirá

Nexen (Canadá)

119.189

Boyacá, Cundinamarca.

Carmen de Carupa, Buenavista, Chiquinquirá, Coper, Fúquene, Ubaté.

Garagoa

Nexen (Canadá)

146.383

Boyacá

Garagoa, Macanal, Almeida, Miraflores, Somondoco.

COR-33

YPF (Argentina)

43.429

Cundinamarca, Tolima.

Bogotá, Fusagasugá, Pasca, Nilo, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Melgar, Icononzo.

COR-12

YPF (Argentina)

76.807

Huila, Tolima.

Alpujarra, Colombia.

COR-14

YPF (Argentina)

34.502

Huila

Baraya, Tello, Villavieja.

Sueva

Nexen (Canadá)

96.106

Cundinamarca

Guasca, Guatavita, Machetá, Junín, Tibiritá, Manta, Gachetá, Gama.

VMM-37

Sintana-Exxon (Canadá- EE. UU.)

17.465

Santander

Puerto Wilches

Bloque Antes de la RONDA 2012

www.cinep.org.co

VMM-4

Sintana-LOH Energy (Canadá)

62.690

Cesar

San Martín, San Alberto.

Ecopetrol-ExxonMobil (EE. UU.)

81.863

Tolima

Carmen de Apicalá, Cunday, Dolores, Icononzo, Melgar, Prado, Purificación, Villarrica.

RONDA 2012 COR-62

VMM-29

Ecopetrol-ExxonMobil (EE. UU.)

177.813

Cundinamarca, Tolima.

Agua de Dios, Alvarado, Ambalema, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Armero (Guayabal), Beltrán, Cachipay, Coello, Fusagasugá, Guataquí, Icononzo, Jerusalén, La Mesa, Lérida, Melgar, Nilo, Piedras, Pulí, Quipile, San Juan de Rioseco, Tibacuy, Tocaima, Venadillo, Viotá

VMM-5

Ecopetrol S.A.

146.485

Antioquia, Santander.

Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Berrío, Puerto Parra, Yondó (Casabe).

116.565

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima.

Armero (Guayabal), Falán, Honda, La Dorada, Lérida, Mariquita, Norcasia, Puerto Boyacá, Puerto Salgar, Sonsón, Victoria.

VMM-16

Ecopetrol S. A.

CAT-3

Ecopetrol S. A.

153.875

Norte de Santander [H3]

Parex (Canadá)

61.679

Santander

Cúcuta, Villa del Rosario, Ragonvalia, Herrán, Sardinata, El Zulia, Gramalote, Salazar, Santiago, San Cayetano, Chinácota, Pamplonita, Los Patios, Durania, Bochalema.

RONDA 2014 VMM-9 TOTAL

Cimitarra

1.934.859

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la ANH, el Ministerio del Interior y la Revista Colombiana de Energía, N° 7.

En los datos presentados pueden observarse dos tendencias centrales. En primer lugar, al posicionar estos bloques sobre el territorio, se crea una línea que atraviesa transversalmente el país a partir del norte del Huila, cruza el Tolima, Cundinamarca y Boyacá y se posa sobre los Santanderes, el sur de Bolívar y Sucre. Se colige entonces que el Magdalena Medio y la Cordillera Oriental son las regiones donde se desarrollará más intensivamente el fracking. La región de la Cordillera Oriental se corresponde con uno de los índices poblacionales más altos del país, debido a los múltiples centros urbanos que allí se ubican y a zonas rurales dominadas por micro-minifundios3. Esta situación origina probables expulsiones de campesinos de las zonas de influencia

directa de dichos proyectos, así como multiplica los impactos en caso de contingencias asociadas al aumento de la sismicidad (Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, 2013). Es importante saber que, históricamente, esta región ha sido de tradición agrícola y no extractivista, por lo cual se prevén impactantes reconfiguraciones territoriales y desde ahora se evidencian interesantes brotes de movilización social en contra de dichos proyectos. En segundo lugar, es evidente la presencia cada vez más notoria de multinacionales como Shell y Exxon Mobil. Este fenómeno será estimulado por la normatividad recientemente presentada, que establece mínimos estándares técnicos y financieros para acceder a la explotación, entre ellos un patrimonio

neto de doscientos millones de dólares y una producción operada de veinte mil barriles por día, entre otros requisitos (ANH, 2013). Esto quiere decir que solamente los grandes del ranking mundial podrán desarrollar este tipo de yacimientos en el país, y de ahí que compañías más modestas, como Canacol o Sintana, estén buscando alianzas o cediendo sus derechos a esas dos grandes empresas (Colombia Energía, 2014). Es importante tener presente que algunas de las empresas más beneficiadas con esta iniciativa serán las prestadoras de servicios, que cuentan con los equipos y las tecnologías especializados para esta labor. Las estadounidenses Wheatherford, Halliburton o Baker son algunas de las compañías que ya están vinculadas al negocio colomNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Elaboración propía con base a información obtenida de la ANH, el ministerio del Interior y la Revista Colombiana de Energia N07(2014)

Producido por el Centro de Investigación y Educación Popular - PPP

Base Cartográfica DANE Elaboró: Sistema de Información Georeferenciada - SIG Noviembre - 14

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División Departamental Division Municipal

biano (Colombia-Energía, 2014) y que hacen parte del importante monopolio estadounidense que ha consolidado su conocimiento y control en esta materia durante los últimos años (Roa, 2013).

Extractivismo y posconflicto Ante la polémica que ha desatado el problema del fracking en el país, la posición del gobierno ha sido argumentar que la extracción de las riquezas naturales y la utilización de recursos del subsuelo a partir del fracturamiento hidráulico son necesarios para el país, ya que ellos permitirían generar recursos económicos para asumir medidas de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado interno en el escenario de transición hacia la paz. El ministro de Minas señaló ante los medios de comunicación que “el fracking es necesario para la paz”, ya que los recursos que arroje esa actividad permitirían atacar la pobreza y financiar las inversiones sociales que requiere el establecimiento de la paz (González, 2014). Ante los peros que despierta el fracking, el gobierno ha señalado que en Colombia esta práctica se desarrollará de manera responsable y sin causar da-

ños al medio ambiente. Sin embargo, este mismo argumento se ha venido repitiendo en el caso del extractivismo convencional, sin que se tenga una total certeza de que la norma haya sido capaz de evitar graves consecuencias ambientales sobre las áreas de intervención. Por otro lado, poco se ha dicho de los efectos sociales que pueden acarrear estos proyectos en el marco de un posconflicto o una transición hacia la paz. Generalmente, los proyectos de extracción de recursos naturales provocan tensiones en las comunidades que habitan las zonas de influencia del proyecto dado. En algunos casos se presenta la división de las comunidades entre quienes están a favor y quienes están en contra del desarrollo del proyecto, así como también se manifiesta el descontento generalizado de la población al percibir que los ingresos arrojados por la extracción de recursos naturales en su territorio no se traducen en mejores condiciones de vida para sus habitantes, mientras que sobre ellos recaen consecuencias ambientales y sociales como la pérdida de sus formas tradicionales de sustento.

El fracking podría generar impactos negativos en el medio ambiente y en las dinámica sociales. Crédito: Foto: Archivo CINEP/PPP.

El contexto colombiano, donde prevalecen los conflictos territoriales por el control y el uso de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos extractivos, ha estado asociado a luchas sociales de los campesinos y las comunidades étnicas que son seriamente afectados por este tipo de proyectos.

La explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fracturación hidráulica podría convertirse entonces en un nuevo generador de conflictos, si se tiene en cuenta la polémica que ha desatado la implementación de esa técnica alrededor de los riesgos de contaminación y las fallas sísmicas que ella acarrea.

Ejemplo de ello es la historia del Magdalena Medio, zona colombiana donde se realizará con mayor intensidad el fracking y que, de hecho, se configuró en gran medida alrededor de la extracción petrolera durante los últimos 80 años. Una revisión rápida de este contexto da cuenta de cómo, al amparo de una débil institucionalidad nacional, caracterizada por las bajas capacidades administrativas, nacieron hondas inequidades sociales en la distribución de la riqueza, enclaves de poder alrededor de la industria petrolera e incluso estímulos a la formación de grupos paraestatales que pusieron en marcha altas manifestaciones de violencia. A la par con ello se propició el abandono del sector agrario como consecuencia de la desestabilización de las economías locales y los fuertes impactos ambientales sobre ciénagas y caños, así como los imaginarios de opulencia que este tipo de industrias crearon en las poblaciones locales (Avellaneda, 2003). Ese complejo panorama dio origen a vibrantes movilizaciones sociales, como las de los trabajadores petroleros y las de campesinos e indígenas, que idearon modelos propios de desarrollo local. Ante los retos planteados por estos actores sociales, la necesidad de extraer cruNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

do en tasas altas de producción propició de manera directa e indirecta violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, la fuerza pública, los actores irregulares en armas y las mismas empresas (Avellaneda, 2003, p. 457). Ante este panorama surge entonces la pregunta: ¿verdaderamente el camino hacia la paz pasa por una incursión agresiva en el extractivismo? Pese a que cada vez más voces llaman la atención sobre el papel de la inversión privada en los procesos de reconstrucción de los países que superan el conflicto armado (Fernández y Pérez, 2010), son muchos los ejemplos que dan cuenta de las distorsiones que puede tomar este tipo de iniciativas en diferentes contextos. Vale la pena revisar el caso de Nigeria, en el África occidental, que para finales de los años sesenta puso fin a la cruenta guerra de Biafra, que dejó más de dos millones de muertos (Vargas, 2014). En la etapa de posconflicto, compañías como Shell, Chevron, Eni, Texaco y Exxon Mobil asumieron un papel protagónico en la reconstrucción de ese país, y pese a que en la actualidad la nigeriana es la economía más creciente de ese continente, su pobreza, que antes

cubría a 19 millones de personas, pasó a afectar a 90 millones (Hennchen, 2010). En ese caso el petróleo ha sido un motor procreador de conflictos territoriales y se ha convertido en un dinamizador del conflicto armado. Si bien la multinacional petrolera Shell manifestó su compromiso de ser un agente propiciador de paz y desarrollo en esa zona, sus acciones han derivado en disputas entre actores locales por los mecanismos compensatorios de la empresa, lo cual ha dado ocasión a graves disturbios civiles y a una creciente violencia en la zona, así como a la vulneración de los derechos humanos. Por su parte, las iniciativas contempladas en el marco de la responsabilidad social empresarial de la Shell no han tenido efecto real en las actividades locales, ni han logrado aliviar los daños ambientales que deja la extracción del crudo. Los problemas ambientales se muestran en este caso como uno de los aspectos claves para entender las causas de los conflictos (Hennchen, 2010). Tanto en la experiencia de Nigeria como en la compleja historia del Magdalena Medio es dable identificar factores que propician la conflictividad alrededor

de los proyectos extractivos. Algunos de ellos son la ausencia de instituciones estatales fuertes, transparentes y autónomas, la militarización de territorios y el cuidado de intereses particulares como respuesta a la movilización social; el deterioro acelerado de ecosistemas claves y fuentes de usufructo alternas al petróleo, así como los imaginarios distorsionados sobre los daños hechos a la naturaleza y la polarización social que provocan los proyectos extractivos dentro de las poblaciones. Al pasar revista a las implicaciones socio-políticas de la implementación del fracking y a las características de los territorios de influencia en el país, así como a experiencias similares en otras latitudes, puede concluirse que la puesta en marcha del fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales es una iniciativa poco favorable para un escenario de construcción de paz, pues convoca a nuevos conflictos socio-ambientales y territoriales que pueden llegar a complicar aún más el conflicto social y armado colombiano, así como propiciar nuevas violaciones a los derechos humanos de la población civil.

El Sistema de Información General Es la estructuración de un conjunto de bases de datos del CINEP/Programa por la Paz que, sustentada en el acumulado investigativo de la institución, analiza, clasifica y hace seguimiento a los conflictos sociales, políticos, paz, luchas sociales, derechos humanos y violencia política en Colombia.

Apostamos por la vida. Trabajamos por una sociedad justa, sostenible y en paz.

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Catalina Serrano y Tatiana Cuenca

1. Investigadoras Cinep/PPP: Equipo de Tierras y Derecho al Territorio.

Referencias 2. Los Yacimientos No Convencionales (YNC) poseen características físicas, químicas y geológicas diferentes de las presentes en los yacimientos convencionales, lo cual crea otras dificultades al momento de explotarlos. Su rentabilidad económica exige la aplicación de diferentes técnicas de estimulación, fracturamiento y recuperación de los hidrocarburos. Hay diferentes tipos de YNC: metano ligado a mantos de carbón, gas de centro de cuenca, hidratos de gas, petróleo y gas esquisto (Shale-oil-gas) y tight gas. La técnica de fracturamiento hidráulico o fracking, que consiste en aumentar la porosidad de estos yacimientos a partir de fuertes inyecciones de agua y diferentes preparados químicos. Es utilizada sobre todo en yacimientos del tipo Shale y Tight (Gallegos, 2014). 3. Particularmente en los departamentos de Boyacá y Santander. 4. Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014). Acuerdo N° 03 de marzo 26 de 2014. Recuperado de ANH: http://www. anh.gov.co/Documents/Noticias%20 ANH/Acuerdo%2003%20de%202014_ Reglamento%20Contratacion%20No%20 Convencionales.pdf 5. Avellaneda (2003). Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia. Cárdenas y Rodríguez (ed.). Guerra, sociedad y medio ambiente. Foro Nacional Ambiental (p. 455-501). Bogotá: Fescol. 6. Bermúdez, A. (22 de septiembre de 2014). Así se aprobó la hoja de ruta para el fracking. Obtenido de La Silla Vacía: http://lasillavacia.com/historia/asi-fuese-aprobo-la-hoja-de-ruta-para-el-fracking-48615 7. Bernal, A. (29 de septiembre de 2014). Matando la gallina de los huevos de oro. Parte II. Obtenido de La República: http://www.larepublica.co/matandola-gallina-de-los-huevos-de-oro-parteii_173911

8. Borón (2013). Lista de países que prohibieron el fracking. Antecedentes para la discusión. Obtenido de Eco-Portal: http:// www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Lista_de_paises_que_prohibieron_el_fracking_._Antecedentes_para_la_discusion 9. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi (2013). Petróleo en la provincia de Sugamuxi. Obtenido de Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/home 10.Colombia-Energia (2014). La explotación de No Convencionales, oportunidad inaplazable para la industria. En: Revista Colombiana de Energía, N° 7. 11.Contraloría General de la República (septiembre 7, 2012). Función de Advertencia. Principio de precaución y desarrollo sostenible. Posibles riesgos. Hidrocarburos no convencionales. Obtenido de: http://justiciaambientalcolombia. org/2014/0/06/advertencia-contraloria-fracking/ 12.DeJusticia; WWF; FNA. (s. f.). Apelando al principio de precaución en materia ambiental, solicitud de moratoria al uso de fracking en Yacimientos No Convencionales. Obtenido de Semana Sostenible: http://static.iris.net.co/ sostenibilidad/upload/documents/Documento_31820_20140915.pdf 13.El Espectador (23 de septiembre de 2014). Los peligros del “fracking”. Obtenido de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/ elmundo/los-peligros-del-fracking-articulo-518521 14.Fernandez y Pérez (2010). La empresa como actor de la reconstrucción posbélica. En M. Prandi y J. M. Lozano. La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor (p. 135-145). Barcelona: Escola de Cultura de Pau (UAB)/Instituto de Innovación Social (Esade). 15. Gallegos, E. (2014). ¿Qué son los Yaci-

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mientos No Convencionales? Obtenido de Fracking Argentina: http://frackingargentina.org/2014/01/fracking-no-convencionales/ 16. Gonzalez, T. (septiembre 27 de 2014). “El fracking es necesario para la paz: Ministerio de Minas” (entrevistador: Noticias Uno). Obtenido de: http:// noticiasunolaredindependiente. com/2014/09/27/noticias/el-fracking-es-necesario-para-la-paz-ministerio-de-minas/ 17. Hennchen, E. (2010). El papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell. En: M. Prandi y J. M. Lozano. La RSE en contextos de conflicto y posconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor (p. 135-145). Barcelona: Escola de Cultura de Pau (UAB)/Instituto de Innovación Social (Esade). 18. Ministerio de Minas y Energía (2014). Gestión hidrocarburífera para yacimientos no convencionales. Obtenido de Agencia Nacional de Hidrocarburos: http://www.minminas.gov.co/minminas/ downloads/UserFiles/File/Grupo%20 de%20Participacion%20Ciudadana/AudienciaPublica2014/04B-GestionHidrocarburifera-ANH-JavierBetancourt.pdf 19. Roa, T. (2013). Los hidrocarburos no convencionales. Un crudo panorama. Obtenido de Censat Agua Viva http:// censat.org/es2/analisis/los-hidrocarburos-no-convencionales-un-crudo-panorama-2 20. Vallejo, G. (13 de septiembre de 2014). Con el fracking el gobierno no está improvisando (Revista Semana, entrevistador). Obtenido de http://www.semana.com/nacion/articulo/gabriel-vallejo-con-el-fracking-el-gobierno-no-esta-improvisando/402641-3 21. Vargas, G. A. (2014). Nigeria y el conflicto por el petróleo. Obtenido de El Nuevo Diario: http://www.elnuevodiario.com.ni/ opinion/322410-nigeria-conflicto-petroleo

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Desarrollo

Restitución en la Costa Caribe: procesos judiciales y perspectivas de paz Por: Andrea Jeannette Lopera Lombana*

Pasados dos años de la expedición de la primera sentencia de restitución de tierras proferida en ejecución de la Ley 1448 y, según los datos oficiales, presentadas por el Gobierno Nacional, entre octubre de 2012 y septiembre de 2014 se han emitido alrededor de 700 sentencias que han devuelto aproximadamente 80.000 hectáreas a 10.700 víctimas reclamantes; son 1.450 predios reintegrados a 2.000 familias de 224 microzonas sometidas a intervención1. El Observatorio de Tierras del Cinep/PPP, “Tierra y Derechos”, en su tarea de hacer seguimiento a la aplicación de esta política ha concentrado su atención en la Costa Caribe colombiana. A continuación se presentan los elementos principales que han surgido de tal labor. Zonas de intervención y hectáreas restituidas

ntre octubre de 2012 –fecha de emisión de la primera sentencia de restitución de tierras bajo la Ley 1448– y agosto de 2014 se han emitido 162 sentencias de restitución en la Costa Caribe, distribuidas de la siguiente manera: Magdalena (45), Sucre (39), Bolívar (32), Córdoba (25) y Cesar (21)2. De esta muestra el Observatorio de la restitución de la tierra en Colombia, “Tierra y Derechos”3, ha sistematizado 104 sentencias que priorizan los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba. Del análisis de estos fallos surgen elementos impor-

tantes para hacer un seguimiento a la aplicación de la política de restitución de tierras en el país desde una perspectiva regional. En estos departamentos, que están distribuidos en tres de las macrozonas priorizadas para la restitución4, a saber, Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María, Magdalena y Cesar, se han intervenido zonas en 25 municipios, de los cuales cuatro fueron microfocalizados en su totalidad, y 14 corregimientos, 120 veredas y 25 predios que fueron microfocalizados de forma individual5. Las 104 sentencias sistematizadas arrojan un aproximado de 4.250 hectáreas restituidas a 340 familias. Estas sentencias se distribuyen en 13 municipios y representan el 5%

Hectáreas restituidas (aprox.)

Familias

Mujeres

Hombres

Menores de edad

2.273

163

171

Cesar

382

Bolívar

717

167

192

Córdoba

878

153

315

369

Departamento Magdalena

de las hectáreas y el 15% de los fallos de restitución emitidos en el país. Las familias beneficiarias están integradas por un promedio de cinco personas, entre las que se cuentan al menos dos menores de edad, y la cantidad de hectáreas restituidas por familia es de 3 a 24, en dependencia del municipio y el departamento. Una revisión de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para cada uno de los municipios6 en los que se han emitido estos fallos da como resultado que la cantidad de hectáreas restituidas por familia se encuentra muy por debajo de la UAF en todos los casos analizados.

En el municipio de Ciénaga (Magdalena) la UAF es de 78 a 105 has., pero de las 95 familias restituidas, 47 han recibido cinco hectáreas o menos; 11 han recibido una hectárea o menos; 25, entre 2 y 3; y 11, entre 4 y 5; las 48 familias restantes han recibido entre 6 y 23 hectáreas, como máximo.

En la Costa Caribe colombiana se han emitido 162 sentencias de restitución. Foto: Archivo CINEP/PPP.

Esta tendencia se repite en los municipios con sentencias emitidas, en cada uno de los departamentos revisados: en Montería y Valencia (Córdoba) la UAF es de 8 a 10 hectáreas y las familias están recibiendo un promedio de 5 has. En los municipios de María la Baja, Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno (Bolívar), la UAF es de 35 a 48 has.; sin embargo, las familias solo están recibiendo un promedio de 5,5 hectáreas; y en los municipios de Cesar en los que se están restituyendo 19 hectáreas por familia, la UAF es de 36-48 has. Si se asume el establecimiento de la UAF como aquella empresa de producción agrícola que permitiría a las familias su sostenimiento a través de la remuneración de su trabajo y la capitalización de un patrimonio propio, se trataría de un objetivo que la restitución de tierras debe coadyuvar a cumplir. Pero la tendencia que se entrevé en las sentencias analizadas muestra que, al contrario de esto, la restitución no está creando las condiciones propicias para el cumplimiento de tal objetivo, pues, si se piensa en la consolidación de los proyectos productivos

como una estrategia de sostenimiento de las familias beneficiarias a mediano y largo plazos, si éstas no cuentan con la tierra suficiente, no podrán hacer un ejercicio de producción más rentable, que no dependa exclusivamente de la llamada “vocación productiva” de las zonas en las que se encuentran los predios titulados, por lo cual tampoco se estaría cumpliendo con un ejercicio de restitución transformadora y que mejore las condiciones de vida de las comunidades.

Duración de los procesos judiciales y oposiciones En el artículo 91, parágrafo 2, de la Ley 1448 se establece que los jueces y magistrados deberán dictar el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la solicitud, y que en caso de incumplir estos términos incurrirán en falta gravísima. Sin embargo, en las sentencias analizadas en cuatro de los departamentos de la Costa Caribe el proceso judicial de restitución de tierras ha tenido un promedio general de duración de seis meses y medio – que va desde la instauración de la de-

manda hasta la emisión del fallo–. El caso del Juzgado Civil Especializado en restitución de tierras de Santa Marta, por ejemplo, que es el que mayor cantidad de sentencias ha proferido en la Costa Caribe, alcanza un promedio de mayor duración, que va hasta los ocho meses por proceso judicial. En todos los casos analizados el promedio de duración de los procesos judiciales excede el tiempo establecido por la Ley 1448, y esto puede deberse, tanto a la gran cantidad de solicitudes represadas en los juzgados como al corto número, tanto de jueces como de magistrados de restitución, ya que, aunque la meta para este año preveía como mínimo 134 jueces y 60 magistrados especializados en restitución de tierras, actualmente solo están activos alrededor de 34 jueces y 15 magistrados7 en todo el país, de los cuales solo 15 jueces y tres magistrados se ocupan de la Costa Caribe. Por otro lado, este promedio general de duración de la etapa judicial de la restitución incluye, además, veinte sentencias que presentaron oposición –de las 104 analizadas–. Este hecho resulta preocupante, ya que los procesos sin oposición, que, en la práctica, deberían tardar menos en ser resueltos, están teniendo una duración igual o mayor de la de aquellos que requieren una segunda instancia para ser fallados, como es el caso de los procesos con opositores, que deben ser remitidos de los juzgados a los tribunales, por ser éstas las instancias con competencia para dictar la decisión. Lo anterior lleva a pensar que una reforma de la Ley 1448, en su capítulo de Restitución de Tierras, que promoviera la restitución en una única etapa administrativa en los casos que no presentan oposición, podría ser una buena alternativa para disminuir la duración de los procesos, si se tiene en cuenta que una restitución por esta vía sería mucho más expedita. Otra alternativa que debería contemplarse es la aplicación masiva del principio de acumulación procesal, que permitiría que las solicitudes de restitución de predios colindantes puedan fallarse en una sola No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

sentencia, lo cual no solo serviría para aligerar la emisión de sentencias sino que además ofrecería mayores garantías para el retorno de las víctimas en zonas donde las condiciones de seguridad todavía no son óptimas.

Beneficiarios y uso de la tierra antes y después de la restitución En las sentencias analizadas no se encontraron casos de restitución destinados a grupos étnicos ni afrocolombianos, a pesar de que Oficinas territoriales como las de Cesar y Magdalena ya han recibido solicitudes de estas poblaciones. Así, en todos los casos revisados los beneficiarios han sido comunidades campesinas que fueron víctimas de abandono forzado de sus predios o de despojo en sus distintas modalidades 8. Por su parte, la principal actividad económica de los predios despojados y restituidos en las sentencias analizadas ha sido la agricultura, y con respecto a esto cada departamento presenta su particularidad. Mientras en Montería (Córdoba), Valledupar, San Diego y Agustín Codazzi (Cesar) la actividad principal era la ganadería mediante el arrendamiento de predios a terceros, en los municipios de Bolívar, y en Ciénaga y Chibolo (Magdalena), se mantenía una vocación agrícola de manera casi exclusiva, aunque en algunas zonas, dadas las condiciones de los terrenos, se mantenía la crianza de ganado. Estas diferencias en el beneficio de la tierra tienen que ver, entre muchas otras cosas, con las particularidades que siguieron a los hechos de violencia en cada departamento. Mientras en los municipios de Montes de María, en Montería y en otros del departamento de Cesar los hechos de violencia no solo significaron el despojo masivo de tierras sino además el abandono forzado que obligó a sus habitantes a no poder regresar durante un largo periodo –ni siquiera cuando el proceso de restitución de tierras culminó–, en algunos de los municipios de Magdalena muchas de www.cinep.org.co

las víctimas regresaron a sus predios dos o tres años después de los hechos de violencia, por lo cual pudieron continuar explotándolos a pesar de que los actores armados que habían ocasionado el abandono mantenían el control territorial.

Esto también ha arrojado resultados diferentes en la restitución, ya que en las zonas en las cuales las víctimas tuvieron la posibilidad de regresar más pronto, la restitución de tierras ha sido, en su mayoría, una formalización de la relación jurídica de los predios, ya que los beneficiarios actualmente los habitan.

Sin embargo, estos casos han sido más la excepción que la regla, porque, además de Magdalena, ningún otro departamento de la Costa Caribe presenta este contexto; por el contrario, en los cuatro departamentos restantes el retorno de las familias beneficiadas ha

sido un proceso que no ha terminado de consolidarse.

Perspectivas de paz y restitución En los últimos meses del año el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd) ha dicho que los cálculos sobre los cuales se fijaron las metas para los primeros años de implementación de la restitución de tierras fueron establecidos sobre la base de un sobreestimado del universo de potenciales reclamantes y solicitudes probables, y que el hecho de que se haya recibido menos de una tercera parte del estimado inicial (de 160.000 solicitudes posibles, pasados tres años la Uaegrtd ha recibido el modesto número de 66.166), permite hacer un reajuste de las metas para los años que siguen 9. La razón de mayor peso que se presenta como causa de esta baja cantidad de solicitudes es que se está restituyendo en medio del conflicto armado, por lo cual las víctimas aún no se sienten en condiciones de volver a sus predios o al menos de empezar un proceso de restitución.

Los beneficiarios de la restitución en la Costa Caribe colombiana han sido en su mayoría comunidades campesinas que fueron víctimas de abandono forzado de sus predios o de despojo en sus distintas modalidades. Foto: Archivo CINEP/PPP.

La solución de esta cuestión, que ha empezado a discutirse en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, es justamente hacer un reajuste en el cual las metas se basen en algo menos que un sobreestimado y que incorporen las “lecciones aprendidas” en tres años de aplicación de la Ley, es decir, se está pensando en ajustar las metas sobre lo que se ha hecho, al parecer sin atender a las críticas y recomendaciones que han surgido durante los últimos tres años, o sin tener en cuenta que, por ejemplo, el universo de posibles reclamantes, en vez de disminuir puede seguir aumentando en la medida en que se prioricen más zonas para la restitución de tierras. Sin desconocer que el hecho de restituir en medio del conflicto es una limitante para la aplicación de la política en ciertas zonas del país, es bastante inquietante pensar que la solución de problemas como la falta de celeridad en cada una de las etapas de la restitución, la falta de retornos efectivos, la poca coordinación interinstitucional para hacer efectivos los mandatos de la ley, así como los múltiples problemas de ejecución que la misma tiene, pretendan ser resueltos haciendo un nuevo cálculo que solamente disminuya el número de posibles reclamantes, a fin de ajustar las metas a lo que se puede hacer en medio del conflicto. En este contexto, pensando en que el primer punto de discusión de la mesa de negociaciones de La Habana es precisamente el asunto agrario, toda modificación de metas, de cifras y del universo de posibles beneficiarios de la restitución de tierras debería ser realizada a la luz de la ruta establecida para el cumplimiento de los acuerdos logrados en este punto, teniendo en cuenta principalmente la participación de las víctimas del conflicto armado y sus propuestas en torno a las formas de ordenamiento rural y el derecho a la tierra, a la propiedad colectiva, a la creación de Zonas Agroalimentarias y Zonas de Reserva Campesina, etc.

En este contexto, los avances en términos del reconocimiento de los derechos campesinos logrados en el marco de la Cumbre Agraria10 cobran una importancia mayor en la discusión vigente sobre la problemática agraria del país. La restitución de tierras, como parte fundamental de un proceso más integral de reparación a las víctimas, no podrá tener resultados efectivos para la nación si ella ocurre de forma aislada de la refrendación y el cumplimiento de este tipo de acuerdos adquiridos entre el movimiento social y el gobierno nacional, y en una perspectiva mucho más amplia a la de aquellos que se puedan originar en un proceso de paz que aún está en ciernes.

La restitución enfrenta múltiples desafíos, por lo que es fundamental atender las criticas y recomendaciones de las comunidades y líderes reclamantes de tierras. Foto: Archivo CINEP/PPP.

*Andrea Jeannette Lopera Lombana Investigadora CINEP/PPP. Equipo Tierras y Derecho al Territorio.

Referencias 1. Cifras presentadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Foro “Tierra, paz y posconflicto en Colombia”, realizado en Bogotá los días 1 y 2 de octubre de 2014. 2. Unidad de Restitución de Tierras http:// restituciondetierras.gov.co/?action=category&id=34. Consultado por última vez el 07/10/2014. 3. En 2011 el Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del Cinep/PPP creó el Observatorio de la restitución de la tierra en Colombia, “Tierra y Derechos”, con el fin de hacer seguimiento a recientes experiencias de restitución de tierras adelantadas en el país. Una de las herramientas metodológicas utilizadas para tal fin es la matriz de sistematización de sentencias de restitución de tierras emitidas en ejecución de la Ley 1448, que es la principal fuente de los datos presentados en este artículo. 4. Una de las medidas para garantizar la gradualidad y progresividad de la restitución de tierras, estipuladas por la Ley 1448 de 2011 es la focalización de áreas geográficas del país atendiendo a tres criterios: 1) seguridad, 2) densidad histórica del despojo y 3) condiciones para el retorno. Esta focalización se divide en dos etapas sucesivas: macrofocalización de zonas de gran extensión (departamentos y subregiones) y microfocalización de áreas de menor extensión dentro de tales zonas (municipios, corregimientos, veredas y predios). Las dos instancias de coordinación respectivas que establece la Ley para llevar a cabo cada una de las eta-

pas de este proceso son, respectivamente, el Ministerio de Defensa, a través del Consejo de Seguridad Nacional, y el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd) y sus oficinas territoriales (tomado del Boletín “¿Y si la tierra hablara? Ecos de la restitución”, nota de pie de página No. 2). 5. Unidad de Restitución de Tierras http:// restituciondetierras.gov.co/?action=category&id=34. Consultado por última vez el 07/10/2014. 6. Resolución 041 del 24 de septiembre de 1996. 7. Revista Semana. Columna de Opinión.http:// www.semana.com/opinion/articulo/leonvalencia-otra-vez-sobre-la-restitucion-detierras/405704-3 Consultada por última vez el 14/10/2014. 8. Mientras en los casos analizados en el municipio de Ciénaga (Magdalena) hubo un alto grado de abandono de los predios sin que existiera alguna modalidad de despojo, en los municipios de los departamentos de Cesar, Bolívar y Córdoba la mayoría de víctimas reclamantes perdió la titularidad de sus predios bajo distintas modalidades de este fenómeno (despojo). 9. Caracol Radio http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-ajustara-sus-previsiones-sobre-restitucion-de-tierras-a-desplazados/20141002/nota/2443491.aspx Consultada por última vez el 27/10/2014. 10. 11 Ver Decreto 870 de 2014.

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Movimientos Sociales .

¿ H abrá reparación, justicia, verdad para las víctimas de las multinacionales? Por: Zohanny Arboleda* y Martha Cecilia García**

Esta pregunta quedó flotando después de escuchar la Declaración final del Tribunal Ético y Político contra la agresión minera en La Guajira, llevado a cabo el 7 de agosto de 2014 en el municipio de Hatonuevo, sur de La Guajira. Durante el tribunal, dieron testimonio de las múltiples violaciones a sus derechos fundamentales las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas de Oreganal, Patilla, Tabaco, Tamaquito II, Manantial, Caracolí, La Gran Parada, Jamiche, Roche, Palmarito, Las Casitas, Tamaquito I, de los resguardos indígenas de Provincial, Cerro de Hatonuevo, Trupiogacho, jóvenes Wayuu, y sindicalistas de Sintracarbón.

odas las comunidades, salvo las pertenecientes a los resguardos y los sindicalistas, fueron víctimas de desalojos forzosos 1. Los nombres de sus poblados hoy permanecen dolorosamente grabados en la memoria colectiva de sus moradores desterrados, pero para la mayoría de la población del país nunca existieron o simplemente son tajos en explotación o botaderos de los que las empresas mineras denominan “material estéril” (es decir, aquel que no está aún contabilizado en sus cuentas). Los testimonios dieron cuenta de las afectaciones sociales, ambientales, culturales, económicas, y de las victimizaciones que, tras más de treinta años de explotación carbonífera, ha dejado esta actividad extractiva a gran escala en La Guajira. Asimismo, se evidenció la responsabilidad que por ellas les

corresponde a las empresas ejecutoras del megaproyecto minero, las políticas estatales que han permitido el desalojo forzado de una veintena de comunidades y los reasentamientos involuntarios. Según la ONU, los desalojos forzosos siempre pueden atribuirse directamente a decisiones, leyes o políticas específicas de los Estados o a que éstos no hayan impedido que terceros los lleven a cabo. La práctica de los desalojos forzados puede constituir en sí una violación de los derechos humanos y, además, puede comprometer muchos otros derechos humanos durante y después de los desalojos (Folleto informativo N° 25). Existe una extensa legislación internacional sobre el tema y Colombia se ha adherido a ella, sin embargo, las comunidades afectadas por los desalojos forzados plantean preguntas respecto a la aplicación normativa:

¿Por qué, si los desalojos forzosos son incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia es signataria y, además ratificó mediante Ley 74 de 19684, sucesivos gobiernos han permitido estas prácticas con las comunidades de La Guajira y de otros rincones del país?

¿Por qué, si Colombia se comprometió durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en 1996 a “proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley,

En la foto miembro de la comunidad de Tamaquitos II del sur de La Guajira. Foto: Archivo CINEP/PPP.

tomando en consideración los derechos humanos, a garantizar la protección y reparación judicial en esos casos; [y] cuando los desahucios sean inevitables tratar de encontrar otras soluciones apropiadas” (Hábitat II. Comisión de Derechos Humanos, resolución 1993/77), en febrero de 1999, mediante Resolución 80224 del Ministerio de Minas, se expropiaron los derechos de posesión sobre “un predio baldío denominado Tabaco”?3 Teniendo en cuenta que “muchas de las características de la práctica del desalojo forzoso son análogas a las de fenómenos conexos como el desplazamiento interno” –comenzando porque “siempre contienen un elemento de fuerza o coacción” (ONU, Folleto informativo N° 25)– y, ante un posible escenario de posconflictoen el que se habla de reparación y garantía de no repetición para víctimas de desplazamiento, cabe plantear la discusión sobre el carácter de víctimas de estas comunidades –de todas las comunidades afectadas por proyectos extractivistas

que en su gran mayoría están en manos de multinacionales– que, en nombre del progreso y el desarrollo fueron despojadas de su tierra y desplazadas a la fuerza. Y, entonces, surgen más preguntas: ¿quién debería reparar a estas víctimas? ¿Quién debería responder por años de impunidad? ¿Quién y cómo se garantizaría la no repetición y la no revictimización de estas comunidades?

Al Estado y a las mineras ¿quién las ronda? Previo a los reasentamientos involuntarios en La Guajira en los que se ha intentado un proceso de negociación entre la empresa y las comunidades, como en el caso de Tamaquito II y Las Casitas, se dieron casos de desalojos forzados y expropiación de tierras por parte del Estado, como les sucedió a las comunidades de Tabaco y Espinal. La cuestión de fondo que muestran todos estos casos ha sido el discurso y la negligencia estatal que ha

considerado estas tierras como disponibles para realizar actividades extractivas pasando por alto la existencia de comunidades étnicas y campesinas y las implicaciones de tener que reasentarlas para dar vía libre a los proyectos de desarrollo económico. En Colombia no hay un marco normativo que guíe los reasentamientos involuntarios y existen pocos estándares para llevarlos a cabo, sin embargo, existen una serie de principios del BID y del Banco Mundial que parten de la necesidad de evitar al máximo la realización de un reasentamiento (BID, 1998). Sin embargo, “si es inevitable y completamente justificado, se debe exigir la formulación y financiación de un plan de acción para el reasentamiento (PAR), para asegurar que la gente desplazada reciba las oportunidades de desarrollo que mejoren, o por lo menos restauren, los niveles de vida que tuvieron antes del proyecto” (González, 2011:9). Para el caso de las comunidades guajiras, su reasentamiento se volvió inevitable cuando No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

el Estado otorgó las licencias para la extracción de carbón, dando autorización para el despeje de las zonas mineras y posteriormente a causa de las afectaciones ambientales y territoriales que imposibilitan la continuación de un proyecto de vida rural en aquellas zonas otorgadas a la mina. Para el BID, un plan de reasentamiento involuntario por proyectos del BID, exige: información de base, participación de la comunidad (resultados de las consultas), indemnización y rehabilitación, marco jurídico e institucional, consideraciones medioambientales, cronograma, seguimiento y evaluación (BID 1998, Reasentamientos Involuntarios). A su vez, el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional contempla la Norma de Desempeño 5 –PS5- sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario, en la que establece que debe haber un diseño de alternativas del proyecto para minimizar los riesgos de reasentamientos, compensación y beneficios para las personas desplazadas, consultas (todo debe ser acordado con la población), mecanismo de atención a quejas y planificación y ejecución del reasentameinto e indemnizaciones (IFC, 2010). Esta norma de desempeño ha sido la que empresas como Cerrejón han seguido para la realización de los reasentameintos involuntarios (Franco, 2014). Sin embargo, en la práctica no se han cumplido dichos requerimientos y se ha incurrido en la violación de mutiples derechos. Cabe anotar, que la falta de claridad y de un marco normativo para estos procesos da cabida también a que su no cumplimeinto no se vea reconocido ni se le exijan procedimientos de reparación a las empresas.

3. Desplazamientos involuntarios. El caso de la comunidad de Las Casitas El avance del proyecto extractivo de carbón fue reconfigurando el territorio a medida que iba desalojando y desplazando comunidades. En 1997, www.cinep.org.co

el corregimiento de Oreganal fue desplazado, generando cambios drásticos en la vida de otras comunidades cercanas, como Las Casitas, cuyos habitantes desarrollaban actividades de estudio y trabajo allí. Posteriormente, en julio de 2009 la empresa Cerrejón se acercó a la comunidad con la intención de negociar frente al desplazamiento que debían llevar a cabo debido a las condiciones ambientales de contaminación y su ubicación estratégica en el avance del proyecto (Denuncia pública en Tribunal de Opinión, agosto 2014).

Los habitantes de Las Casitas fueron sujetos de violación a varios de sus derechos colectivos durante el proceso de negociación del reasentamiento.

En este sentido, la comunidad de Las Casitas presenta características diferentes al desalojo forzado vivido por Tabaco en la medida que hubo un intento por parte de la empresa para negociar su reasentamiento y que en efecto se trasladó a 33 familias de las 69 existentes en el territorio. Sin embargo, como se describe a continuación, Las Casitas ha tenido que sobrellevar un periodo de vulneración de varios derechos, tanto colectivos como individuales de los habitantes, y aún hoy hace parte de las comunidades que esperan condiciones dignas de reasentamiento y reparaciones a los daños causados. En línea con lo planteado, la clase de daños que sufren las comunidades desplazadas por megaproyectos son tan específicos y complejos en cuanto a su temporalidad (es decir, que hay daños que sólo se perciben después de varios años como la pérdida de costumbres y conocimientos tradicionales) que se dificulta tener claridad con respecto a la dirección de las reparaciones e indemnizaciones.

En primer lugar, su derecho al territorio y a la libre circulación por el territorio se vio vulnerado cuando se les cortaron las vías de acceso y libre circulación con respecto a las otras comunidades que comenzaban a ser desplazadas; se violó también su derecho a la igualdad y a la no-discriminación, en razón de edad y derechos de los mayores en la medida que la empresa realizó un censo discriminatorio para determinar qué familias serían sujeto de reasentamiento y cuáles no, aislando y definiendo bajo su propio criterio quiénes eran nativos de las comunidad y quiénes no. También se les vulneró el derecho a la libertad de opinión y de expresión, en relación al derecho a comunicar y recibir información, pues a pesar de ser uno de los principios fundamentales para los reasentamientos involuntarios por parte del BID, se les negó información sobre cómo se realizaría el proceso y sobre las condiciones en las que se les reasentaría. Debido a ser una comunidad ancestral en el territorio, en la cual algunos miembros se auto-reconocen como población afrodescendiente, se les violó también el derecho a ser sujetos de consulta previa sobre la expansión del proyecto. Y, a la fecha, los miembros de esta comunidad son sujeto de derecho a la reparación e indemnización por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, 36 familias persisten en el territorio antiguo de Las Casitas, 20 de las cuales esperan su reubicación y 16 que no alcanzaron los criterios impuestos por la empresa para ser reasentadas. Esta fragmentación social de las familias que componían la comunidad, causada durante la negociación, se refleja en la pérdida de fiestas culturales tradicionales y celebraciones religiosas. Por su parte, las garantías de desarrollo de una vida digna post reasentamiento para las familias reasentadas tampoco han sido cumplidas en la medida que los proyectos productivos que ofrece Cerrejón como fuente de sustento no son suficientes para convertirse en un proyecto de vida sostenible en el tiempo como lo

En la foto la jornada de consulta autónoma realizada en La Guajira en agosto. En la región las comunidades se encuentran en resistencia a diferentes megaproyectos de desarrollo.

era la producción agrícola y ganadera que tenían previamente (Testimonios de habitantes de la comunidad, 2014).

4. No hay tierra pa´tanto. Dentro del marco del posconflicto el problema de los reasentamientos involuntarios, desalojos forzados y reubicaciones no termina en el momento en el que posiblemente se realice el proceso de traslado ya que se encuentran frente a un panorama complejo de escaces de tierras, medidas reparatorias a la población desplazada forzadamente y una titulación minera que sigue en oferta. En una escala de priorización, las comunidades en reasentamiento se encuentran de últimas en la lista de acceso a tierras. Este es el caso de la comunidad de El Hatillo en el Cesar, quienes no han encontrado el espacio físico disponible para su reasentamiento. Para el caso del departamento del Cesar, el municipio donde se ubica esta comunidad ya tiene un 68,8% del área bajo titulación mineria (Coronado y otros, 2014) y el resto debe ser consultado a la Unidad de Restitución de Tierras para evitar entrar en la pugna por tierras que están bajo el proceso de restitución de tierras de la Ley de Victimas y Restitución para víctimas del desplazamiento forzado producto del conflicto armado interno

en Colombia (Testimonio de líder de la comunidad de El Hatillo, agosto 2014). Lo mismo pasaría con la comunidad de Nuevo Espinal quienes fueron reubicados en 1993 por el Incora en unas tierras que ya hacían parte del avance minero del Cerrejón y ahora nuevamente tendrán que irse del lugar en el que habitan sin haber recibido una indemnización, compensación y reparación por los daños que fueron causados. Así pues, estarán proximamente viviendo una revictimización de los hechos que aún no han sido ni reconocidos, ni reparados (Testimonio de líder de la comunidad, 2014). Este también es el caso de la comunidad de Las Casitas, quienes después de haber sufrido las violaciones expuestas anterirormente, han sido sujeto de tensiones por la constante amenaza de expropiación de las tierras de quienes aún persisten en el territorio. Además, la revictimización ocurre en otros procesos detallados del reasentamiento, por ejemplo, en la orden que se dio a las familias reasentadas de destruir con sus propias manos las casas en las que habitaban. Surge la pregunta entonces sobre el tipo de reparación que estas víctimas podrían tener, pero sobre todo, sobre las garantías de no repetición de los daños que la política minera, las em-

presas y el gobierno están pasando por alto. Se hace necesario entender que estas comunidades no tuvieron otra alternativa que abandonar sus territorios, al igual que las víctimas del conflicto armado. Los reasentamientos involuntarios, desalojos y expropiaciones son causa de diversos daños, incluyendo los daños morales, a los cuales se han referido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que “se reflejan en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, los padecimientos infringidos a la víctima por el evento dañoso” (González, 19). En un escenario de posconflicto y de búsqueda de reparación a víctimas las comunidades que han sido víctimas del avance de proyectos mineros y han sufrido múltiples violaciones a sus derechos deberían ser sujetos de las mismas reparaciones que se le ofrezcan a las víctimas de desplazamiento forzado. Aunque no se valide la presencia de las fuerzas militares que protegen el complejo minero, como actores armados del conflicto, es necesario suprimir la categorización de víctimas legítimas sólo si hubo presencia de actores armados en el hecho.

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El pasado 7 de agosto se realizaron las “Jornadas por la vida, la autonomía y la defensa del territorio” en el sur de La Guajira, donde participaron los miembros de cerca de veinte comunidades que han sido afectadas por la explotación minera de carbón en el departamento, así como miembros de otras comunidades del país que se encuentran en resistencia a diferentes megaproyectos de desarrollo, colectivos ambientalistas, académicos, organizaciones sociales en defensa de los derechos de las comunidades rurales a su territorio y la vida, y medios de comunicación. Además del tribunal de opinión, las jornadas se complementaron con cinco recorridos por territorios sagrados de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los municipios de Barrancas y Hatonuevo. También se realizaron dos procesos de consulta autónoma como ejercicios democráticos de autoreflexión y toma de decisiones autónomas sobre los territorios propios de un resguardo indigena Wayúu (el Resguardo de Provincial)

y un asentamiento indígena Wayúu (Tamaquito II). Se les preguntó a las comunidades su postura frente a la permanencia de la actividad minera en sus territorios. La totalidad de los votantes dieron un NO rotundo a la continuidad de la minería en sus territorios. Finalmente, se llevó a cabo la rememoración de los 13 años del violento desalojo de la comunidad afrodescendiente de Tabaco. El evento se hizo a orillas del predio La Cruz donde la empresa Cerrejón alguna vez prometió reasentar a la comunidad luego de haberla despojado de su territorio ancestral. Con esta rememoración, entre otros casos que se visibilizaron de las victimizaciones que ha dejado la actividad extractiva en La Guajira, se plantea entonces la discusión sobre el carácter de víctimas de estas comunidades y el grado de impunidad que sufren frente a la violación de sus derechos humanos y territoriales por parte de los proyectos de desarrollo al haber sido desalojadas involuntariamente, despojadas o desplazadas a la fuerza.

*Zohanny Arboleda y **Martha Cecilia García *Investigadora CINEP/PPP. Equipo Tierras y Derecho al Territorio. **Investigadora CINEP/PPP. Coordinadora del equipo Movimientos sociales.

Referencias

Notas al Pie 1. Los desalojos forzosos se definen como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Observación General N°7, 1997). 2. Colombia no ha ratificado el Protocolo Facultativo de este pacto, de 2008, que es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia a quienes sufren violaciones de sus Desc. 3. La comunidad de Tabaco, constituida por 427 familias, fue desalojada de manera violenta por unidades del Ejército Nacional, la Policía, guardias de seguridad privada de la empresa

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Carbones del Cerrejón, en presencia de delegados de Bienestar Familiar, todos actuando a favor de la empresa. Entre los excesos cometidos por la fuerza pública están la violencia física ejercida contra los líderes comunitarios, la destrucción de sus viviendas, la confiscación de sus animales, enseres y herramientas de trabajo, muchas de las cuales “todavía están encerradas en una bodega de Hatonuevo y hoy son comida para los comejenes”. La comunidad aún no ha sido reubicada en el predio La Cruz gracias a argucias jurídicas que han impedido la entrega de la escritura (Testimonio de Líder de la Comunidad de Tabaco, agosto 2014). Una crónica de la resistencia de la comunidad de Tabaco al desalojo en Cien Días vistos por Cinep N° 53, Junio-diciembre de 2004 (“Me quitaron a Tabaco, mi pueblo...”, de Natalia Paredes).

-Banco Interamericano de Desarrollo, 1998 “Reasentamientos Involuntarios”, en www. iadb.org. -Coronado, Sergio y otros, 2014 “Minería y conflictos en el Caribe colombiano. Hacia una ecología política de la minería de carbón”. Centro de Investigación y Educación Popular/PPP. -Franco, Ana María “El reasentamiento involuntario a raíz de la actividad minera y su efecto en las transformaciones socio-espaciales en el Corregimiento de Providencia-Antioquia” Tesis. Universidad del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Bogotá, 2014, en http://repository.urosario.edu.co. -González Perafán, Leonardo, 2011 “Desalojos forzados, reasentamientos involuntarios y Derechos de las Comunidades,” en Megaminería y Reasentameintos Forzados-Indepaz. -International Finance Corporation IFC (2010). Norma de Desempeño 5 – Rev. 0.1. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, en www.ifc.org. -Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Los desalojos forzosos y los derechos humanos. Folleto informativo N° 25, en www.ohchr.org.

Movimientos Sociales .

Retos y coyuntura sindical en Colombia. ¿Qué hacer durante y después de los diálogos? Por: Giselle Medina*

El presente artículo busca identificar los retos que tiene el movimiento sindical en el marco de los diálogos de paz y en un eventual escenario de posconflicto a partir del análisis del papel que ha desempeñado en la búsqueda de la paz, en la definición de políticas laborales y de algunos elementos de la coyuntura interna marcada por el reciente congreso de la confederación de trabajadores colombianos más importante, la CUT. Participación del movimiento sindical en la discusión sobre la paz

na de las principales objeciones que se hicieron inicialmente al proceso de diálogos con las Farc de La Habana tenía que ver con los sectores que participarían en la mesa, dado que solo existiría una delegación del gobierno y una de las Farc, lo cual dejaba de lado a la sociedad civil, principal afectada por el conflicto. Se decía que le faltaba una pata a la mesa. Otra de las críticas estaba relacionada con la agenda. En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se plantearon cinco puntos que fueron alabados por unos sectores debido a su concreción, y criticados por otros por excluyentes. Un elemento central afirmaba que esta agenda no tocaba el modelo económico, lo cual tuvo un buen recibo en el sector empresarial pero el rechazo de los sectores organizados de la sociedad civil que se sienten afectados y que protestan precisamente por las injusticias que la implementación del neoliberalismo

El movimiento sindical en Colombia atraviesa un momento complicado. Es necesaria la coordinación y articulación. Foto: Archivo CINEP/PPP.

vha instalado en la Salud, la Educación, los servicios públicos, la distribución de la tierra, la vida laboral y, además, en el tratamiento del conflicto social del país. En los últimos años ha habido un incremento de la protesta social en Colombia, así como de la participación de los movimientos sociales en las discusiones del país. Tal como se señala en el informe

de luchas sociales del año 2013 elaborado por el Cinep/PPP, el país vivió en el último año un interesante incremento de protestas en las cuales los asalariados tuvieron destacada participación1. Sin embargo, los altos niveles de movilización en materia reivindicativa contrastan con la poca incidencia que han tenido los trabajadores en los actuales escenarios de discusión

política, especialmente en los diálogos de La Habana, a diferencia de otros sectores, como el campesino, que ha cobrado gran preponderancia. Esto puede obedecer a varios factores, entre ellos los procesos de desindustrialización y privatización que han reducido a su mínima expresión el empleo asalariado estable y ampliado la reprimarización de la economía mediante la implantación de un modelo extractivista que ha vuelto a elevar al primer plano las disputas por el uso de la tierra2. Sin embargo, esa situación también tiene que ver con un momento complicado para el sindicalismo, que no logra actuar coordinadamente en la articulación de las luchas reivindicativas locales con las expresiones económicas y políticas de alcance nacional. Es claro que los conflictos sociales de nuestro país no se resuelven solamente con lo que se dialogue en La Habana en ese sentido. Pese a que en la agenda del actual proceso de paz no se ha tocado el tema laboral, hay múltiples elementos del mundo del trabajo y del movimiento sindical que deben ser analizados, dada la importancia que tienen para la economía y la democracia colombianas, sobre todo para considerar qué perspectivas se vislumbran para los trabajadores3 en un escenario pos-negociaciones.

El hecho de que, desde las centrales obreras, no se busque un mayor nivel de incidencia en las discusiones sobre el posconflicto, no significa que los trabajadores de base o no organizados no estén interesados en hacerlo. De hecho, este es uno de los principales reclamos que le hacen a la dirigencia sindical los trabajadores afiliados a la CUT que no pudieron participar en su sexto Congreso (Santa Marta, septiembre de 2014), que, por cierto, pasó notoriamente inadvertido por el mundo del trabajo. La ambigüedad de la posición de la CUT frente a los diálogos de La Habana no sorprende, si se tiene en cuenta que un buen número de miembros de su Comité Ejecutivo hacen parte o son cercanos al Moir, partido político de izquierda liderado por Jorge Enrique Robledo que ha suscitado polémica por las posiciones igualmente ambiguas en el debate nacional frente a los diálogos de paz.4 Como señala el investigador social del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, Alfonso Conde, “[…] los trabajadores organizados, esos que junto con el sector agrario han puesto la mayor parte de las víctimas del conflicto, se encuentran extrañamente marginados de la acción política por la defensa y consolidación de los diálogos de paz. No se trata, estoy seguro, de la falta de

Existe en Colombia un proceso de desregulación laboral y al mismo tiempo un declive del movimiento sindical. Foto: Archivo CINEP/PPP.

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voluntad de los asalariados, se trata de la ausencia de interés e iniciativa de la mayoría de esa dirigencia enquistada en la cúpula de las centrales sindicales, aquellos que en proporción importante fueron elegidos en forma fraudulenta…” (Conde, El Congreso de la CUT 2, 2014).

Sorprende que el movimiento sindical, que tantos elementos ha aportado históricamente a la construcción de la paz en nuestro país, tenga una participación limitada en la discusión sobre el posconflicto o la pos-negociación, más aún si se tiene en cuenta el alto número de personas que han sido víctimas del conflicto armado por su condición de dirigentes sindicales.

Incidencia del movimiento sindical en la política laboral del país En las últimas tres décadas el país ha vivido una contrarreforma laboral caracterizada por el desmonte de derechos laborales a partir de figuras como la tercerización, el contrato sindical, el pacto colectivo, los contratos de aprendizaje del Sena, etc. Según Miguel Antonio Caro, “Desde hace 22 años, prácticamente todas las reformas laborales y tributarias se han hecho con el argumento de aligerarles las cargas laborales a los empresarios y entregarles estímulos para que puedan generar empleo” (Caro, 2014). Sin embargo, la creación de empleo formal no ha ocurrido. Según datos del Dane, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos el desempleo descendió dos puntos porcentuales: pasó del 11,8% en 2010 al 9,6% en 2013 y se espera que el promedio siga bajando en 2014 (Dane, 2014). Esto significa que se han creado alrededor de 321.000 empleos; sin embargo, son varios los cuestionamientos que se

hacen a los criterios de medición de la tasa de desempleo, pues se tienen en cuenta labores ambulantes, esporádicas, independientes, de bajos ingresos, que en gran parte son informales y no garantizan la estabilidad ni mejoran la calidad de vida. Paralelamente a este proceso de desregulación laboral, el movimiento sindical presenta un declive en términos de organización, movilización e incidencia en la política laboral, que lo ha llevado a priorizar estrategias de lucha que en décadas anteriores no fueron las predominantes. Una de ellas tiene que ver con la acción internacional. Muchas de las políticas o programas laborales implementados por el gobierno han estado orientados por actores externos. Ejemplo de ello es el Plan de Acción Laboral (PAL) que se firmó en 2011 como requisito para la firma del TLC con Estados Unidos, debido a la presión que sindicatos cercanos al Partido Demócrata hicieron para que se establecieran garantías laborales y de libre organización sindical en el marco del tratado. El primer punto de ese tratado es justamente la creación de un ministerio del trabajo, pues el gobierno anterior lo había fusionado con otras ramas en el llamado Ministerio de la Protección Social. El acuerdo incluye otras medidas, como el establecimiento de inspectores de trabajo, la eliminación de la intermediación laboral y el cese de la violencia contra sindicalistas. En abril último, tras cumplirse dos años de la firma del plan, se publicaron varios informes sobre los avances que, en general –aparte del informe del propio Ministerio–, fueron negativos. Según Gustavo Gallón, “En los últimos tres años, 1.066 sindicalistas han sido objeto de violaciones a su derecho a la vida y la seguridad. De ellos, 79 han perdido la vida violentamente (73 asesinados y seis desaparecidos forzadamente), 31 han sufrido atentados y 953 han recibido amenazas de muerte. La impunidad promedio por estos casos se estima en 96,7%” (Gallón, 2014). Al respecto hay que señalar que las consecuencias del TLC, por cierto a

medio implementar, han sido rechazadas vehementemente por productores agrarios, en solidaridad de los cuales se movilizó todo el país, mientras que la acción sindical no ha estado enfocada en salir a las calles a protestar sino en colgar denuncias en redes de prensa internacionales. En este sentido, las centrales colombianas solicitaron al gobierno estadounidense la prórroga del PAL hasta el año 2018, ya que, contrario a lo que afirma el Ministerio, no se han cumplido las exigencias allí contempladas (La República, 2014). Como parte del apoyo internacional, la solicitud de las centrales estuvo acompañada de una comunicación del Washington Office on Latin America (Wola) enviada al ministro de Trabajo

con el reciente nombramiento como ministro de Trabajo de Lucho Garzón, exdirigente sindical y expresidente de la CUT, se ha reforzado la idea de que desde esta cartera se promuevan estrategias de fomento del empleo y de garantías laborales. No obstante, estas estrategias son ambiguas, pues al momento de concretarse se debaten entre los empresarios y los trabajadores y, finalmente, ese es el punto en el cual se hace evidente la debilidad de los trabajadores organizados para inclinar la balanza a su favor. Tal ha sido el caso de varias discusiones, entre ellas la relativa al reconocimiento del pago de las horas extras5 y la definición del salario mínimo, en las cuales generalmente son mínimas las

La mayoría de protestas de trabajadores asalariados registradas en 2013 obedece al reclamo de derechos económicos y sociales particulares.

saludando los avances que ha habido en materia legislativa pero señalando asimismo la persistencia de la violencia contra sindicalistas y mencionando algunos casos sobre los cuales solicita la acción del Ministerio (Wola, 2014). En efecto, pese a que el gobierno nacional se ufana de ser democrático, garante y promotor del derecho de asociación, los sindicalistas sufren todavía estigmatización y persecución judicial. Según la CUT, los avances laborales que presenta el gobierno no se corresponden con la realidad, y prueba de ello son los 28 sindicalistas asesinados entre 2013 y 2014 (hasta marzo, fecha de la declaración). Adicionalmente, entre fines del año pasado e inicios del presente, dirigentes de Sintracarbón, Sintraelecol, la USO y la CUT fueron detenidos arbitrariamente por su actividad sindical, en el marco del Estatuto para la Seguridad Ciudadana (“Sombras amenazan al sindicalismo”, Voz, 2014) En la campaña para su reelección, Santos se comprometió a bajar el desempleo a una tasa del 7,5% mediante el fortalecimiento de la economía, el apoyo a emprendedores, la mejora del programa de búsqueda de empleo, los incentivos de la Ley del Primer Empleo y el impulso de la Ley de Último Empleo (Tiempo, 2014). Cabe anotar que

ganancias para la parte asalariada. En este sentido, sería conveniente analizar si la mejor estrategia para incidir en estas decisiones es mediante el relacionamiento internacional o mediante la movilización social.

Entre el sindicalismo economicista y el revolucionario El informe del Cinep/PPP plantea que el actual escenario de las luchas sociales “daría la impresión de que en Colombia en 2013 se retornó a una cruda lucha de clases, pero es una apariencia.” En efecto, pese a que los trabajadores organizaron un grueso número de protestas y se supondría que ellas se enmarcan en la lucha de clases, lo que se evidencia es que, lejos de buscar la organización del proletariado como clase en aras de la toma del poder para imponer cambios estructurales, la mayoría de protestas de trabajadores asalariados registradas en 2013 obedece solamente al reclamo de derechos económicos y sociales particulares. Las más visibles estuvieron vinculadas al sector minero-energético y fueron motivadas por pliegos de peticiones no resueltos, la violación patronal de convenciones colectivas, el desconocimiento empresarial del derecho de asociación y No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

la retención del pago de salarios (Cinep,

Adicionalmente, este último ha hecho

después se convocó al Congreso, en el

En la foto Luis Alejandro Pedraza Becerra, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la instalación oficial del VI congreso CUT.

2014). Pese a que en algunas ocasiones los trabajadores también exigieron la atención a problemáticas ambientales, sociales y económicas regionales, la incidencia fue solo local. En el nivel nacional no se han visto recientemente organizaciones ni protestas significativas contra el desempleo o la informalidad, pese a que este último elemento, según una encuesta realizada por Datexco en el marco de la última campaña presidencial, era el principal problema que la gente esperaría que resolviera el Presidente elegido (El Tiempo, 2014). A diferencia del sindicalismo de decenios anteriores, vinculado a proyectos políticos revolucionarios que concebían la lucha obrera como una forma de impulsar la revolución bajo el entendido de que esa era la única manera de romper las cadenas de la explotación, y que llegaron a impulsar paros cívicos de un alto nivel de beligerancia que contaba como principales repertorios de acción las huelgas propias y las de solidaridad, el sindicalismo de hoy opta por la conciliación y el diálogo social como principio rector de la relación con los empresarios y el Estado. www.cinep.org.co

cada vez más evidente su dependencia de las agendas políticas de los dirigentes y las organizaciones que representan, en su mayoría, a partidos socialdemócratas y al Liberal. Cabe anotar que la incidencia del Partido Comunista, que fue decisiva en la creación de la CUT en 1986, ha disminuido cuantitativa y cualitativamente con el correr de los años. Dos de los más importantes directores de esa central hicieron del sindicalismo su vitrina política para llegar a cargos públicos de gran importancia: Angelino Garzón como vicepresidente de la república y Luis Eduardo Garzón, primero como alcalde de Bogotá y ahora, paradójicamente, como Ministro de Trabajo. La situación no es muy distinta por el lado de la CGT, cuyo presidente, Julio Roberto Gómez, está impulsando campañas regionales con la Alianza Social Independiente. En este contexto se realizó recientemente el sexto congreso de la CUT, bajo la consigna “Por paz, soberanía, democracia y derechos laborales”. Un congreso con debates fuertes y con un Congreso Alternativo previo promovido por el sector clasista da cuenta, por lo menos, de tres elementos: se convocaron primero elecciones del Comité Ejecutivo y meses

cual se supone que se define la política y se adoptan las grandes decisiones de la central; más de 500 sindicatos pequeños fueron excluidos de la participación del evento1, lo cual puso en tela de juicio la democracia sindical; y en la composición del nuevo Comité Ejecutivo fue palpable la ausencia de sectores estratégicos, como el minero-energético y el de la construcción civil, además de que primaron los vicios electorales (Voz, 2014). El congreso alternativo tuvo como principal objetivo encontrar a los sindicatos excluidos del evento convocado por la dirección nacional de la CUT y a los sectores clasistas para discutir en torno a los problemas mencionados atrás. La reunión, más que como un congreso alternativo, podría caracterizarse como una actividad preparatoria del congreso de la CUT, ya que, más que reemplazar u oponerse al evento oficial, buscaba definir posiciones dentro del sector “clasista” para llevar conjuntamente al congreso oficial y presionar a favor de cambios frente a las verdaderas problemáticas laborales del país. Cabe resaltar que este congreso planteó unas propuestas enfocadas a las principales discusiones nacionales, tales

como las de “respaldar activamente los diálogos de La Habana, exigir la apertura de diálogos con el ELN y el EPL, exigir el cese bilateral del fuego, contribuir a la movilización nacional para la refrendación de los acuerdos que se logren y la realización de un proceso constituyente, impulsar las transformaciones estructurales que conduzcan a una paz sostenible y duradera con justicia social y vida digna” (Voz, 2014).

Otra de las conclusiones del encuentro alternativo (que contó con la participación de 300 delegados de todo el país) fue el establecimiento de un consejo o aparato de coordinación nacional que trabaje política e ideológicamente para que la central recupere las banderas y los principios del sindicalismo clasista, pues, en general, los sindicatos reunidos consideraron que la actual dirigencia de la CUT ha asumido posiciones contrarias a aquellas por las cuales fue creada y que van en contravía de los intereses de los trabajadores afiliados.

Los participantes señalaron que la CUT abandonó la huelga como principal vía de acción del movimiento obrero y que no hay acompañamiento de la CUT a muchas huelgas y conflictos y que se han tomado decisiones de espaldas a los trabajadores, tales como la afiliación a la confederación internacional CSI, considerada de orientación patronal, así como la modificación de los estatutos (razón por la cual más de 500 sindicatos que representan alrededor de 70.000 afiliados no pudieron participar en el Congreso) (Hurtado, 2014). El movimiento alternativo impulsará la aprobación de un Estatuto del Trabajo donde se recojan las principales exigencias que en materia laboral necesita el país. El artículo 53 de la Constitución vigente establece que se debe crear este Estatuto, pero pasados 23 años aún no se ha promulgado, pese a las propuestas elevadas al Congreso de

la república por distintos actores y en diferentes momentos. Como argumenta el dirigente del magisterio Miguel Antonio Caro, “mientras los trabajadores y particularmente el movimiento sindical no se apropien del Estatuto del Trabajo y no lo conviertan en una de sus banderas, será muy difícil que pueda avanzar en el Congreso de la República” (Caro, 2014). En todo caso, pese al riesgo de acentuar las divisiones, resulta saludable la realización de actividades “alternativas” en los movimientos sociales; ellas ponen en evidencia las crisis, pero sobre todo despiertan el interés de algunos sectores por caracterizarlas y solucionarlas. Muestra de ello es que, como resultado de las discusiones del sexto Congreso en las cuales pudo participar el sector clasista, se lograron identificar varias críticas convertidas en planteamientos de acción. Uno de ellos, quizás el más esclarecedor, señala que “una afiliación sindical de menos del 4% es un cuadro que corresponde al mayor desafío que ha enfrentado en toda su historia el movimiento obrero y que a la CUT, en particular, la obliga a recuperar el protagonismo social y político, junto con el resto de fuerzas democráticas” (CUT, 2014). Al congreso oficial se llevaron dichas conclusiones y críticas. Conde señala que “Tal vez las mayores críticas fueron dirigidas contra las políticas conciliadoras desarrolladas por una fracción de la dirigencia sindical, que han privilegiado pésimos acuerdos favorecedores del crecimiento desbordado de las tasas de explotación y han desplazado al rincón del olvido la mejor herramienta de lucha de los trabajadores: la movilización y la huelga” (Conde, 2014). En este mismo sentido, Álvaro Delgado muestra que el decenio de 2001 a 2010 ha sido el que ha presentado el menor número de conflictos huelguísticos colombianos en el último medio siglo (1961-2010): 441 huelgas. El dato se compara con las 704 huelgas de los años 60, las 976 de los 70, las 1.388 de los ochenta y las 1.311 de los noventa (Delgado, 2013). El problema organizativo constituyó uno de los puntos más críticos y uno de

los detonantes de la convocatoria del congreso alternativo, dada la exclusión de los pequeños sindicatos. El Congreso no logró establecer una definición clara y, por tanto, la plenaria definió la realización de un congreso extraordinario para tomar definiciones al respecto (Conde, 2014). Delgado estima que el movimiento obrero ha estado dividido entre una línea economicista y una línea revolucionaria, y señala que, luego de un escalamiento de las luchas sociales entre los años 60 y 90, en la actualidad se vive un retroceso al economicismo como la etapa más elemental de la lucha obrera (Delgado, 2013). Puede decirse que la coyuntura que vive la principal central sindical colombiana confirma lo señalado por él. Sin embargo, la presencia de sectores críticos y sus propuestas pueden contribuir a que se recupere el nivel de incidencia que tuvo el sindicalismo en la sociedad colombiana en años pasados. Por lo pronto, y frente a la posibilidad de que se firme un acuerdo de paz, son bastantes los retos que tiene por delante el sindicalismo colombiano.

Retos del movimiento sindical frente al posconflicto Los avances que se han publicado de los diálogos de La Habana perfilan la creación de múltiples escenarios de participación destinados a ampliar la democracia. Es fundamental que los sindicatos, en tanto que organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado, participen de estos espacios y contribuyan a la discusión sobre la democratización del sistema político colombiano, sobre las garantías de verdad, reparación y no repetición y sobre la exigencia de una legislación garante de los derechos laborales, principalmente el derecho al trabajo y a la libre asociación. Son varios los frentes de lucha en los cuales esa participación política del sindicalismo puede afincarse para encontrar la vía correcta de su fortalecimiento: • Contribuir a la reconstrucción de la memoria de las luchas obreras coNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

lombianas y de la violencia de la cual han sido víctimas los trabajadores, a partir de iniciativas propias y de escenarios de memoria impulsados por el gobierno. • Exigir al Estado acciones de desestigmatización del movimiento sindical que contrarresten los relatos antisindicales, anticomunistas, anti-movilización, anti-izquierda que se han impulsado por sectores de la institucionalidad y el empresariado. • Reestructurar las centrales obreras para hacer de ellas organizaciones más democráticas y al servicio de los sindicatos y los trabajadores que se afilian a ellas. Incentivar la vee-

duría ética de la dirigencia sindical para que esto se cumpla. • Velar por la ampliación de la base de trabajadores con acceso a derechos laborales, ya sea a partir de la sindicalización de trabajadores que cuenten con trabajo estable o de estrategias para organizar a trabajadores precarizados, especialmente jóvenes y mujeres. • Impulsar movilizaciones a escala nacional por la restitución de derechos laborales al grueso de la población colombiana, que incluyan a desempleados, tercerizados, contratistas y trabajadores informales. • Impulsar la promulgación del Estatuto del Trabajo

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*Giselle Medina Sistema de Información General y Archivo de Prensa CINEP/PPP.

Referencias 1. La base de datos de luchas sociales del Cinep reportó un total de 1.027 protestas sociales en 2013. Es el número de luchas más alto encontrado desde 1975. 2. Si bien la mayor parte de los conflictos laborales recientes se ha originado en la violación de derechos laborales e incumplimiento de la legislación laboral por parte de empresas extractivas, dichos conflictos se circunscriben a las áreas de influencia de los respectivos proyectos, y pocos de ellos han sido visibles en el escenario nacional. 3. La población económicamente activa de Colombia se estima en más de 23 millones. 4. Pasada la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, Robledo protagonizó una confrontación con Clara López, candidata presidencial y presidenta del Polo, partido del cual hace parte también Robledo, en torno a la decisión que ella adoptó de apoyar a Juan Manuel Santos por representar la vía de la paz en el marco de la polarización entre Santos y Zuluaga, candidato éste que estaba en contra de los diálogos de paz. Para Robledo, el hecho de apoyar la reelección desdibujaba el carácter de oposición que ha identificado a ese partido. 5. Los empresarios aseguran no tener dinero con qué cubrir el incremento que esto implicaría, que se prevé sería de $320.000 millones anuales, aproximadamente $50.000 mensuales para cada trabajador. 6. Dada la controversia que despertó dicha exclusión, la dirección nacional de la CUT manifestó que dicha decisión se había tomado con base en los Estatutos de la central, que promueven una estructura que priorice los sindicatos de industria sobre los de empresa, que generalmente son pequeños.

Bibliografía Caro, M. (30 de abril de 2014). Una responsabilidad del sindicalismo. Voz, Separata, p. 2 . Cinep (2014). Luchas sociales en Colombia, 2013. Bogotá: Cinep. Conde, A. (6 de agosto de 2014). El Congreso de la CUT (2). Voz, p. 5. Conde, A. (1º de octubre de 2014). El sindicalismo se reorienta. Voz, p. 5. CUT (26 de septiembre de 2014). www.cut.org.co. Obtenido de http://cut.org.co/declaracion-politica-del-sexto-congreso-de-la-cut/ Dane (octubre de 2014). www.dane.gov.co. Obtenido de http://www.dane.gov.co/ Delgado Alvaro. Auge y declinación de la huelga. Cinep-Colciencias, 2013. Hurtado, J. (17 de septiembre de 2014 ). El Estado ante tribunal ético. Voz, p. 6. Hurtado, J. (17 de septiembre de 2014). Democratizar y no dividir a la CUT . Voz, p. 7. La República (10 de octubre de 2014, p. 38). Esta semana centrales obreras pedirán prorrogar hasta 2018 el plan de acción laboral con EE. UU. El Tiempo (27 de abril de 2014). Empleo y seguridad, las prioridades de los votantes, p. 2-4. El Tiempo (5 de mayo de 2014). Candidatos responden a las mayores preocupaciones de los colombianos. El Tiempo, p. 1-6. Tiempo (01 de mayo de 2014). Tercerizacion en el Estado también está en la mira. El Tiempo, p. 1-2. Voz (3 de septiembre de 2014). El encuentro alternativo, Voz, p. 3. Voz (23 de abril de 2014, p. 6). Escoltas preparan congreso. Voz (8 de enero de 2014, p. 6). Sombras amenazan al sindicalismo. Wola (21 de octubre de 2014). CUT. Obtenido de http://cut.org.co/carta-de-wola-a-luis-eduardo-garzon-ministro-de-trabajo/ www.cinep.org.co

Bogotá

La configuración de lo público como condición de una ciudadanía en posconflicto El mecanismo político de los presupuestos participativos de Bogotá Por: Marcela Fernanda Pardo García* y Juan Carlos Merchán Zuleta**

El mecanismo de los presupuestos participativos de Bogotá evidencia acciones orientadas a modificar condiciones y relaciones que hacen parte del conflicto existente y apostar por la configuración de los valores públicos con base en el control ciudadano sobre el Estado, la democracia participativa efectiva y la justicia redistributiva. Esta experiencia se ubica en un horizonte de posconflicto.

l posconflicto no es únicamente el fin de un conflicto armado, sino también un espacio de reflexión y acción desde el cual una sociedad tramita sus problemáticas en medio del conflicto político, apoyada en la capacidad de establecer un nuevo relacionamiento de la vida pública. En la experiencia de presupuestos participativos (PP) se evidencia una serie de acciones orientadas a modificar las condiciones y las relaciones tradicionales entre la ciudadanía y el Estado, y de la ciudadanía con ella misma, de tal manera que ellas se rijan por una visión no convencional de los asuntos públicos. Una ciudadanía capacitada para tramitar los problemas de la sociedad en la política, y no a través de la violencia, es una ciudadanía en posconflicto. En este artículo se presenta, en primer lugar, la propuesta de los presupuestos participativos de Bogotá; en segundo lugar, el proceso recién culminado de los presupuestos participativos de Juventud, como una iniciativa política para el manejo de recursos públicos, cuyo actor central es la ciudadanía juvenil. Finalmente, se analiza la utilidad de

Los jóvenes fueron uno de los tres reglones en los que se pusieron a prueba los presupuestos participativos en Bogotá. Crédito: Corporación Hatuey.

estas experiencias en la perspectiva del posconflicto.

Presupuestos participativos de Bogotá Los PP son un mecanismo no tradicional de definición o ejecución, parcial o total, de los recursos públicos de

un ente territorial por parte de la ciudadanía. Es un proceso de democracia participativa que combina elementos de democracia directa y en el cual la población discute y decide sobre presupuesto y políticas públicas, y asimismo es un proceso de democracia representativa que interactúa con las institucio-

En este proceso participaron 150 organizaciones juveniles de 19 localidades de Bogotá. Crédito: Corporación Hatuey.

nes gubernamentales elegidas popularmente (UN-HABITAT, 2014, p. 20). Tradicionalmente, tanto el diseño como la ejecución del presupuesto han estado en las manos tecnoburocráticas de los gobiernos de turno. El carácter no convencional de los PP apunta a un contrato político que incumbe a la interacción de la ciudadanía y los cuerpos estatales participantes, en cabeza de un gobierno que promueve este mecanismo, lo cual se traduce, tanto en democracia participativa y en control público sobre el Estado como en justicia redistributiva, que prioriza la atención a las mayores carencias de la población y no a las preferencias de los mayores contribuyentes dentro de una lógica clientelista (Rendón Corona, 2006, p. 218; De Sousa Santos, 1998, p. 113). Los PP de Bogotá comparten los criterios anteriores solamente para la ejecución del presupuesto, en tres renglones: vías de comunicación locales, gobernanza del agua y ciudadanos jóvenes, definidos a partir de ocho experiencias piloto y de los cabildos del Plan de Desarrollo desarrollados al inicio de la administración de Bogotá Humana en 2012. A partir de cada uno de estos tres asuntos se inició un proceso www.cinep.org.co

independiente. Los cabildos fueron entonces dispositivos de encuentro entre el Distrito y la ciudadanía, enderezados a la deliberación y la presentación de proyectos de inversión con el acompañamiento institucional correspondiente. Para el caso de las vías, se trató de una propuesta política encaminada a detener la segregación socio-espacial que se manifiesta en el deterioro de la malla vial vecinal y zonal. Durante este proceso se realizaron 117 cabildos que contaron con un total de 30.690 asistentes. La mayoría de los 2.652 segmentos priorizados corresponden a las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Suba (Secretaria Distrital de Hacienda, 2013, pp. 84-88), ubicadas en las periferias de Bogotá y que presentan una alta concentración de población víctima1, de estratos socio-económicos bajos y notable densidad, dato que delata un intento de mayor integración de estas poblaciones a la vida de la cuidad o, en otros términos, de reducción de la segregación. En los presupuestos de gobernanza del agua, el objetivo fue la construcción colectiva y permanente de un proceso de participación de la ciudadanía

frente al Eje 2 del Plan de Desarrollo de Bogotá, “un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua” para fomentar el debate sobre suelos de protección, manejo de basuras y gestión del riesgo, con miras a una apropiación y formación de una cultura ambiental ciudadana. El número total de asistentes a cabildos, precabildos, recorridos y jornadas de sensibilización se elevó a 2.333 y el número de iniciativas fue de 384. La distribución de los recursos fue proporcional, de acuerdo con la situación de pobreza, la densidad demográfica y la vulnerabilidad a las inundaciones; de conformidad con estos indicadores, hay una correlación directa entre pobreza, susceptibilidad de inundación y poco acceso al consumo anual de agua por habitante. Dado lo anterior, las zonas priorizadas están en las localidades de Kennedy, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar. Para el eje temático de juventud se pretendió acordar y definir, entre el Distrito y la ciudadanía juvenil, las necesidades vitales de esta población, mediante mediciones de segregación existentes en las localidades con base en seis indicadores: pobreza multidi-

mensional, coeficiente de Gini aplicado al ingreso, desempleo juvenil, percepción de la práctica cultural, percepción de la discriminación y tasa de escolaridad. El número de asistentes entre precabildos y cabildos fue de 20.664 y en el conjunto de la ciudad se priorizaron 397 iniciativas, con el mayor acumulado de ellas en las localidades de Suba, Engativá, Usaquén y Kennedy. Para la vigencia de 2013 del Distrito los tres presupuestos participativos realizados destinaron en total $332.641 millones 2; de ellos, $254.245 millones fueron a la malla vial, $44.396 millones a la gobernanza del agua y $34.000 millones a la partida de Juventud. A cada uno de estos PP concurrieron diferentes instituciones, de acuerdo con su competencia. En conclusión, aunque el presupuesto destinado para los PP fue pequeño con respecto al presupuesto total de 2013, es innegable que, en los últimos años de gobierno, la ciudad optó por promover la participación ciudadana unida a la ejecución del presupuesto y cambió la concepción de la cosa pública, de dominio meramente estatal a espacio compartido con la ciudadanía. Esta concepción también está orientada, por una parte, a equilibrar la destinación de los recursos con miras a la reducción de la segregación territorial y, por otra, al fomento de ciertas capacidades ciudadanas de ética pública útiles para el control social preventivo y la gobernanza conjunta.

en los cabildos. Ellos apuntaban a la organización y la participación; a la expresión, la creatividad y la conciencia; a la convivencia y la construcción de paz; a la igualdad, la diversidad y la no discriminación, los emprendimientos y la economía popular, las identidades y las nuevas tendencias (Secretaria Distrital de Hacienda, 2013, p. 95).

Presupuestos juveniles participativos en Bogotá

A partir del seguimiento que el Cinep/PPP hizo del proceso de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis) con aproximadamente 150 organizaciones juveniles de 19 localidades, se identificaron procesos de fortalecimiento e incidencia de dichas organizaciones en sus territorios, con lo cual se configuraron como sujetos sociales que, además, tenían manejo y gestión de recursos públicos. Asimismo se evidenciaron sistemas de articulación entre las organizaciones, las instituciones y las comunidades, lo cual incrementó las experiencias ciudadanas de confianza, cooperación y

A diferencia de los casos del agua y las vías públicas, donde la participación es el vehículo para decidir sobre condiciones materiales, el de los jóvenes presenta una particularidad importante, al menos por dos razones: la primera, debido a que la participación no solo es un medio sino que su fin es el fortalecimiento de la participación misma, circunstancia que se confirma en los criterios con los cuales se evaluó la pertinencia de las propuestas ciudadanas presentadas

La segunda razón que califica como especial el caso de los presupuestos de Juventud es que se trata de una inversión dirigida a una población determinada, que está dentro de un rango de edades entre los 14 y los 28 años3, lo cual devela una intención política presente en perspectiva del futuro. En el marco de los PP como mecanismos no tradicionales ni abiertamente reconocidos en las democracias, tal intención se orienta hacia un tipo de ciudadanía cuya esencia no es la representación sino la participación. Ellos otorgan a la ciudadanía un poder muy real, porque versan sobre la decisión respecto de recursos públicos, al tiempo que su ejercicio deliberativo desarrolla, con su repetición, capacidades para el uso efectivo de ese poder.

corresponsabilidad. Todo ello demostró que los jóvenes van ganando espacios en sus territorios y elevando sus niveles de reconocimiento, pese a las dificultades que esta población enfrenta, tanto por las prevenciones que alimenta frente a las condiciones sociales de sus contextos, como por la estigmatización hacia el “ser joven” (García, Zapata, Merchán, & Pardo, 2014, págs. 25-26). Aunque los presupuestos participativos de la juventud han sido escenario de avances en el desarrollo de las capacidades ciudadanas frente al sector público, es necesario reconocer que en el proceso se manifestaron tensiones que pueden convertirse en desafíos para la utilización de este mecanismo en el futuro. Entre ellos están: i) la discontinuidad de los actores juveniles y estatales a lo largo del proceso, problema que afecta la solidez y la permanencia de los proyectos; ii) las rupturas de la comunicación entre los diferentes actores debidas a la complejidad normativa que, en muchas ocasiones, no atiende a las condiciones socioeconómicas heterogéneas de la juventud; iii) el desconocimiento que la mayoría de los jóvenes y algunos actores estatales tienen en lo que compete al uso de recursos públicos; y iv) las dificultades para la creación de redes de comunicación entre las organizaciones juveniles, debidas al conflicto interno de intereses. Lo anterior exigirá esfuerzos encaminados a consolidar una pedagogía que involucre la participación y la utilización de los recursos públicos (García, Zapata, Merchán, & Pardo, 2014, pág. 26).

Capacitación de una ciudadanía en posconflicto El supuesto de que el posconflicto es el fin de la confrontación armada que vive el país está en contra del reconocimiento de las condiciones estructurales que son causa del conflicto existente, entre ellas la desigualdad socioeconómica, la injusticia en el acceso a la tierra, las consecuencias de la presencia diferenciada del EstaNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

La formación de una ciudadanía más activa y participativa es fundamental para la transición del conflicto al posconflicto. Crédito: Corporación Hatuey.

do en los territorios y los obstáculos erigidos para el goce de los derechos, como ocurre con la participación ciudadana con incidencia efectiva. Por tanto, el posconflicto no puede ser simplemente la visualización de una era venidera, ni tampoco una cortina de humo útil al marketing político de quien quiera utilizarlo. Contrariamente a este supuesto, el posconflicto es un horizonte político de reflexión y acción para la transformación de las condiciones y los tipos de relaciones propios del conflicto todavía existente, que exceden la mera existencia de un actor armado ilegal. En consecuencia, el posconflicto es un criterio orientador de todos los sectores de la sociedad que lo estimen como un desafío que exigirá una actitud de trabajo de generaciones sobre dichas condiciones y relaciones. Los PP de la juventud de Bogotá evidencian la importancia que revisten las acciones orientadas a modificar las condiciones y las relaciones sociales que hacen parten del conflicto armado existente, y luchan por la participación efectiva de la www.cinep.org.co

ciudadanía, mediante la configuración de un orden público sustentado en el control ciudadano sobre el Estado, la democracia participativa y la justicia redistributiva, lo cual ubica esta experiencia en el horizonte del posconflicto. A su vez, la deliberación, la toma de decisiones y la ejecución de los recursos que conlleva el proceso de PP estimulan las capacidades de tramitación de conflictos propios de la pluralidad de intereses de cualquier sociedad.

La posibilidad de tramitar los conflictos sociales marca la distancia entre una sociedad en guerra y otra en paz.

El posconflicto tiene el carácter de hito histórico nacional porque es el fin de uno de los enfrentamientos armados más largos del mundo, ade-

más de que es una forma de relacionamiento lograda como resultado de la capacidad de procesar los conflictos sociales por la vía política en un país particularmente acicateado por intereses contrapuestos. Cuando fracasa la política o no hay acceso a ella como posibilidad de tramitación del conflicto, solo queda la guerra. Por eso el paso del conflicto al posconflicto es el paso del conflicto armado al conflicto político –que vale tanto para el caso de la desmovilización de las Farc como para el acceso a la participación incidente de la ciudadanía, y que, más que el combate entre ideas e ideologías, es la confrontación por el acceso y el control de recursos dirigido a incidir en el espacio público y no exclusivamente en el estatal. Al contrario de lo que esgrime la teoría política tradicional, lo público no es de todos, sino de quien tiene el poder a través de los recursos. Al otorgar recursos, los presupuestos participativos otorgan poder de incidencia en lo público.

Bibliografía Congreso de la República de Colombia (29 de abril de 2013). Ley 1622 de 2013. Estatuto de ciudadanía juvenil . Bogotá, Colombia: Congreso de la República. De Sousa Santos, B. (1998). Presupuestación participativa: hacia una democracia redistributiva. Ruralter , 107-156. García, H., Zapata, P., Merchan, J., Pardo, M. (2014). Ciudadanías juveniles recreando sus territorios. La experiencia de los presupuestos participativos juveniles en Bogotá. En Cinep/PPP y S. D. Social, Somos la generación de la paz. Experiencias de participación juvenil y presupuesto participativo en Bogotá (p. 22-27). Bogotá: Cinep/PPP. Rendón Corona, A. (2006). Justicia distributiva: el presupuesto participativo en

Referencias Porto Alegre. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial (primer semestre), 217-244. Secretaría Distrital de Hacienda (2013). Presupuesto general del Distrito Capital, 2013. Bogotá: Secretaría Distrital de Hacienda. Secretaría Distrital de Hacienda (2013). Presupuesto participativo. Bogotá: Secretaría Distrital de Hacienda. UN-Habitat (2014). ¿Qué es y cómo se hace el presupuesto participativo? Quito, Ecuador: UN-Habitat.

1. Según el Sistema de Información de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, estas cuatro localidades concentran el 48,4% de la población victima en Bogotá. Se entiende por población víctima lo contemplado en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2013. 2. Teniendo presente que el presupuesto de Bogotá en el año 2013 fue de $19.382.504 millones, la destinación a los PP corresponde al 1,7% del mismo (Secretaria Distrital de Hacienda, 2013). 3. Este rango de edad es establecido por la Ley 2216 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

*Marcela Fernanda Pardo García y **Juan Carlos Merchán Zuleta Investigadores CINEP/PPP. Equipo de Ciudadanías y Desarrollo.

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Bogotá

La educación como parte del proceso de reparación de derechos de las víctimas. Retos para el escenario pos-Habana a partir de la experiencia con víctimas estudiantiles de Bogotá. Por: Dillyane de Sousa Ribeiro y Julián Gómez Delgado*

La percepción de algunos estudiantes víctimas del conflicto armado, así como de miembros del profesorado, evidencia los retos para el escenario posterior a las negociaciones de La Habana en torno al derecho a la educación como parte del proceso de reparación de las personas víctimas del conflicto armado. Introducción

a guerra civil colombiana es una de las más viejas del mundo y la única que continúa arrojando víctimas en el hemisferio occidental (Uribe, 2013). Hasta el 1º de octubre de 2014 la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) ha identificado 6.941.505 personas víctimas, de las cuales 5.964.405 por desplazamiento (Uariv, 2014). El Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que registra datos entre 1984 y 2012, Bogotá es el municipio que más desplazados ha recibido (385.185), seguido de Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Cali y Buenaventura1. Es probable que esa tendencia, que hace de Bogotá un escenario particular dentro de tal contexto, pueda mantenerse después de la firma de un acuerdo de paz, lapso que constituye apenas una primera etapa en la construcción de un escenario de posconflicto que exige, además, un proceso de aprobación de los acuerdos y una larga fase de implementación. En consecuencia, no son pocos los retos que en materia de cumplimiento de derechos tiene la ciudad frente al amplio núme-

Mujer participante de grupo focal orientado por CINEP/PPP. Foto Archivo CINEP/PPP

ro de víctimas que llegan (y llegarán) a rehacer su vida en ella. El gobierno nacional y las Farc-EP fijaron la reparación de las víctimas como un principio indescartable para iniciar la discusión del Punto 5 de la agenda de los diálogos de paz. En sus palabras, “restablecer los

derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental en la construcción de la paz estable y duradera” (Gobierno Nacional; Farc-EP, 2014). Ahora bien, queremos indagar sobre un aspecto muy poco recordado

en la obligación de “volver a la educación asequible, accesible, aceptable y adaptable” (Tomasevski, 2004)2. El sistema de las 4A fue el resultado de observar a la educación desde la óptica de los derechos humanos, definidos por: i) la obligación de asequibilidad o derecho a la disponibilidad de la enseñanza; ii) el derecho al acceso de la enseñanza; iii) el derecho a una educación aceptable, es decir, de calidad en la perspectiva de las familias y de los estudiantes de ambos sexos, y iv) el derecho a una educación que se adapte a los requerimientos de los estudiantes y garantice de esa manera su permanencia en el sistema educativo.

pero de esencial importancia: el derecho

La educación debe entenderse como un derecho para todos los colombianos. Foto: Archivo CINEP/PPP

a la educación. Nos preguntamos: ¿qué ha pasado con el derecho a la educación de las personas víctimas que han llegado a Bogotá? Las respuestas que se obtengan permitirán aclarar el tipo de obligaciones que se abrirán camino en un escenario pos-Habana, en el cual Bogotá puede seguir ocupando un lugar importante, no solo recibiendo a niños y niñas en edad escolar sino también a personas adultas interesadas en ingresar al sistema educativo, ya sea para continuar sus estudios o para comenzarlos. Este artículo traza un panorama de la situación que encararía Bogotá frente al derecho a la educación de personas víctimas del conflicto armado: niños y niñas adolescentes escolarizados en las Instituciones Educativas Distritales (IED) y mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que están escolarizadas en los respectivos programas oficiales (Epja). Este escenario plantea una serie de insuficiencias, lo cual nos lleva a deducir, en el último apartado del texto, algunos aspectos de la reparación del derecho a la educación de las víctimas, condición necesaria para la superación de un conflicto que se asienta en causas sociales y económicas profundas.

La escuela y el derecho a la educación La escuela, como espacio de socialización, es un lugar privilegiado para tejer y afianzar las redes de apoyo y cooperación, y ella cobra una importancia esencial en la estrategia de reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La situación de vulneración afecta directamente las posibilidades que tienen las víctimas de acceder y permanecer en el sistema educativo. Hay que recordar que entre los daños hechos por el desplazamiento forzado se encuentra la afectación directa propinada a la tasa de deserción y de extra-edad que reina en los colegios del país (CGR, 2005). La vulneración hecha a las víctimas del conflicto armado, particularmente como resultado del desplazamiento forzado, no solo conduce a que se pierdan el lugar de residencia y algunos vínculos familiares; también se deja de asistir a la escuela, esto es, “el segundo espacio de desarrollo vital y, por tanto [la persona pierde también] buena parte de sus relaciones sociales, con lo que aumenta la sensación de desprotección y vulnerabilidad” (Ib., 21). Es importante resaltar que el hecho de considerar la educación como un derecho compromete al Estado

La importancia de estimar la educación como un derecho en general consiste en que se le resta énfasis a la cobertura, lo cual ha conducido a que los diseñadores de política pública y los funcionarios de turno alimenten la sensación de un éxito que es falso:

se cree que, con la simple ampliación de los cupos, se ha hecho bien la tarea. Pero el criterio único de “atender a una demanda” es considerar la educación como un servicio, lo cual es netamente insuficiente si se piensa en contribuir a reparar los profundos daños hechos por el prolongado conflicto armado interno del país.

Incumplimiento del derecho a la educación y desconocimiento de la situación que afrontan las víctimas en Bogotá Con corte a enero de 2014, la Oficina de Planeación de la Secretaría de Educación Distrital (SED) registra en Bogotá a 21.373 niños, niñas, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado que están escolarizadas en las IED3 (SED, 2014). Las IED que más reciben ese tipo de personas están ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Suba. No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

Localidades con mayor número de personas víctimas en Bogotá

Ese monto, que ya es significativo, en realidad puede ser mucho mayor si se tiene en cuenta el evidente subregistro de la población víctima en el sistema de matrícula, al menos por tres motivos: a) actualmente hay una garantía de cobertura total, por lo cual las víctimas no necesitan demostrar tal condición para acceder al sistema educativo; b) las IED y las Dile (Dirección Local de Educación) no están preocupadas por hacer esta identificación; y c) debido a la carga de discriminación social e inseguridad que conlleva la situación de víctima, las personas prefieren no revelar esta información. ¿Cuál es la situación de la población víctima escolarizada en las Instituciones Educativas Distritales (IED)? Para responder, utilizamos los resultados de un instrumento que, en torno al derecho a la educación, recogió la percepción de 187 niños, niñas y adolescentes (NNA) de diez IED de las seis localidades con mayor presencia de población víctima, además de los datos recopilados en el seno de grupos focales y mediante encuestas hechas entre 94 mujeres de entre 13 y 62 años de edad que fueron víctimas del conflicto armado y que están www.cinep.org.co

escolarizadas en catorce IED de jornada nocturna o de fin de semana de las mismas localidades. Además, tenemos en cuenta las respuestas que sobre el reconocimiento de esta población dieron 57 miembros de ambos sexos de la comunidad educativa de doce colegios, distribuidos así: 27 profesores, 16 orientadores, ocho coordinadores, cuatro secretarios y dos rectores. Los resultados muestran que los problemas principales son dos: el incumplimiento del derecho al acceso de la enseñanza y la adaptabilidad de la escuela.

Accesibilidad A los estudiantes víctimas de la guerra no se les satisface el derecho al acceso a la enseñanza. No se les asegura una accesibilidad física, económica y geográfica, que son aspectos principales del derecho a la educación. Accesibilidad física. En el caso de los NNA, sobresale el hecho de que los baños estén sucios (según 130 de los 187 entrevistados) y cerrados (124 de 187). En el caso de las mujeres víctimas, además de las mismas consideraciones

sobre los NNA, ellas afirmaron que los baños se encuentran muchas veces en lugares de poca iluminación, lo que los torna inseguros. Destacaron también la falta de acceso a bibliotecas, a actividades recreativas, a la sala de sistemas y a laboratorios en las jornadas nocturna y de fin de semana. Accesibilidad geográfica. De los 187 NNA encuestados, 88 dijeron que sienten que el colegio queda muy lejos de la casa. En el caso de las mujeres, los grupos focales revelaron que una de las principales barreras para su permanencia son las dificultades que tienen para su desplazamiento al colegio, por diversos motivos: falta de recursos económicos para pagar el transporte, inseguridad y demora en el desplazamiento (lo cual afecta su asistencia, a causa de los horarios poco flexibles de las IED). Accesibilidad económica. De los 187 NNA encuestados, 28 afirmaron que han tenido que trabajar al mismo tiempo que asistir al colegio. Este dato llama más la atención cuando se aclara que el 72% de los encuestados está entre seis y trece años de edad; el resto tiene edades entre 14 y 18 años. En el caso de las mu-

jeres, la casi exclusiva responsabilidad en el trabajo del cuidado en sus hogares y las dificultades económicas son los obstáculos más aducidos para su baja permanencia en la escuela, por lo cual demandan políticas de bienestar, como transporte, alimentación y espacios de cuidado de los menores que las mujeres tienen a cargo.

Adaptabilidad El problema de una escuela que no se adapta a las necesidades de los estudiantes víctimas se aclara todavía más en la respuesta que el personal encuestado de las IED dio acerca del reconocimiento social de esta población. La permanencia y la asistencia de los estudiantes dependen de la adaptación de la escuela a sus necesidades. La ausencia de un enfoque que tenga en cuenta las particularidades de las víctimas, eso que se conoce como “enfoque diferencial”, es una señal en contra de esa aspiración. En primer lugar, se encontró que 36 miembros de la comunidad educativa de ambos sexos (profesores, orientadores, coordinadores, secretarios y recto-

res), de un total de 57, declararon que no han recibido ningún curso de formación sobre atención a población con enfoque diferencial, y que de las 21 personas que respondieron afirmativamente, solo trece afirmaron haber recibido un curso de atención a población víctima del conflicto armado. Además, el 70% de estas personas reveló que cuando una persona llega por primera vez al colegio, no se identifica si es víctima del conflicto armado. Lo anterior ocurre a pesar de que el 81% del personal educativo encuestado reconoce que las víctimas sí encaran necesidades específicas como consecuencia de la afectación por el conflicto armado, entre ellas las relacionadas con la atención psicológica, derivada de un nuevo estilo de vida, el contexto distinto, la pérdida de redes sociales y el peligro de la revictimización. El 19% de quienes no encaran tales necesidades particulares entiende que todos los NNA y las mujeres jóvenes y adultas de las zonas empobrecidas soportan el mismo tipo de vulneraciones.

En la foto un niño escribe sobre el derecho a la educación. Crédito: Foto: Archivo CINEP/PPP.

Retos para el escenario de pos-Habana La preparación para el escenario pos-Habana debe partir de la coyuntura: pensar en el mañana es responder a los problemas de hoy. Así, pues, la garantía de que un posible acuerdo entre las partes negociadoras trascienda la firma y se convierta en un nuevo horizonte histórico de posibilidades para la paz depende de la reparación de derechos de las víctimas, tal como lo dice el Comunicado Conjunto que trazó los principios para la discusión del Punto 5, “Víctimas”, citado arriba. Allí también se observa la relevancia de un enfoque de derechos. Como parte de este propósito, hay que resaltar que la garantía del derecho a la educación, entendido éste de manera amplia, como se expuso arriba, es importante porque la escuela es un espacio de socialización y construcción colectiva de sentido que posibilita el desarrollo de capacidades necesarias para la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto. Por otro lado, la escuela también puede servir para la conformación de una red de apoyo entre compañeros, docentes y demás personas de la comunidad educativa, quienes pueden constituirse como una plataforma que ayude a los estudiantes víctimas en la exigencia de otros derechos, como el de una vida libre de violencias4. Lo anterior es evidencia de que las víctimas usualmente tienen que enfrentar un continuum de violencias. Para muchas mujeres víctimas, la frontera entre guerra y paz, por ejemplo, no parece ser tan significativa, ya que la violencia contra ellas no se termina cuando acaba la guerra; lo que tendría mayor significado sería entonces “hablar de la paz como situación contrapuesta, no a la guerra, sino a la violencia” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2014, 40). Las instituciones educativas deberían ser sensibles a esta situación, que es más generalizada de lo que se cree5. Además, hay que considerar la heterogeneidad de las víctimas, aquello que la Corte Constitucional, en el Auto 0926, llamó enfoque subdiferencial. Es decir, No. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

hay que tener en cuenta que existen diversos elementos que proveen una variedad de experiencias y necesidades entre las víctimas del conflicto armado. El género, la edad, el lugar de origen, la etnia, la raza, las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos victimizantes o en las que llegaron a vivir en Bogotá hacen que las víctimas no constituyan un grupo homogéneo. Con frecuencia, las estrategias de cara a un escenario de posconflicto se concentran sobre todo en aspectos económicos y políticos de corto plazo, por lo cual los componentes sociales de la reparación se dejan para una etapa posterior. No obstante, la educación, por ejemplo, tiene una importancia central en la reparación, invisibilizada incluso en el seno del sistema educativo, pues ni siquiera se lleva un registro fidedigno de quiénes son las víctimas. El reconocimiento, sin embargo, no es suficiente, pues, además, hay que garantizar asuntos como la accesibilidad económica, física y geográfica, la adaptabilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad. Es posible que las tendencias del desplazamiento motivadas por la confrontación bélica continúen incluso después de la firma de los acuerdos de paz. Bogotá puede continuar ocupando el primer lugar en la recepción de población desplazada. Asimismo, el probable proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los integrantes de las Farc-EP va a provocar una demanda adicional para la Epja que recibirá a los jóvenes y los adultos desmovilizados, así como las IED de las jornadas de la mañana y la tarde recibirán a los hijos de los combatientes, además de los niños y adolescentes desvinculados. Este escenario probable demanda que las deficiencias con respecto a la accesibilidad del derecho a la educación y las faltas de una escuela que no se adapta a las necesidades de la población sean resueltas. De lo contrario, Bogotá puede pasar al tablero y rajarse en la materia denominada Reparación del derecho a la educación de las víctimas del conflicto armado.

Referencias 1. Este último municipio, además, es el que más personas ha expulsado hacia otros municipios (117.608). 2. Esto es lo que la entonces Relatora del Derecho a la Educación de la ONU, Katarina Tomasevski, propuso en 1997 como marco conceptual y metodológico para analizar el derecho a la educación (Cinep-Dhesc, 2006). 3. Esto es lo que la entonces Relatora del Derecho a la Educación de la ONU, Katarina Tomasevski, propuso en 1997 como marco conceptual y metodológico para analizar el derecho a la educación (Cinep-Dhesc, 2006). 4. Efectivamente, los derechos humanos se caracterizan por su integralidad, es decir, que la vulneración de uno de esos derechos está acompañada por la violación de muchos otros. 5. El 47,9% de las mujeres víctimas encuestadas por el Cinep/PPP afirmó haber sufrido otro tipo de violencia. Además, el 34,9% de ellas informó que habían sufrido violencia intrafamiliar o sexual, o ambas. 6. El Auto 092 establece un enfoque diferencial para las mujeres víctimas del conflicto armado. Asimismo reconoce que éstas no conforman un bloque monolítico, sino que están atravesadas por diferencias determinadas por las edades, la raza, la etnia, etc. Al enfoque que reconozca estos aspectos la Corte lo definió como “sub-diferencial”.

Bibliografía Cinep-Dhesc (2006). Derecho a la educación. Documentos del Equipo de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Bogotá. Gobierno Nacional, Farc-EP (7 de junio de 2014). Comunicado Conjunto, La Habana, 07 de junio de 2014. Recuperado el 28 de octubre de 2014. Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia: www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-07-de-junio-de-2014. Presidencia de la República de Colombia (2013). Observatorio de Derechos Humanos. Datos de 1984 a 2012. Ruta Pacífica de las Mujeres (2013). La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá, D. C.: Ruta Pacífica de las Mujeres. SED (2014). Oficina de Planeación de la Secretaría de Educación Distrital. Sistema de matrícula con corte a enero de 2014. Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista Iidh , 40, 341-388. Uariv (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas). Reporte general sobre víctimas. Recuperado el 28 de octubre de 2014. http://www.unidadvictimas.gov.co/). Uribe, Mauricio (2013). La nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

*Dillyane de Sousa Ribeiro y Julián Gómez Delgado Investigadores CINEP/PPP. Equipo de Ciudadanias y Desarrollo.

http://www.nocheyniebla.org/ www.cinep.org.co

Internacional

Del terror militar a la violencia neoliberal1 Por: Carlos Figueroa Ibarra*

Este número de la revista Cien Días vistos por CINEP/PPP busca promover una reflexión sobre la construcción de futuros escenarios nacionales y territoriales en la perspectiva del posconflicto. En la coyuntura que vive el país reconocer la experiencia de Guatemala es un paso necesario para debatir y dar pasos firmes para anticipar futuros escenarios de posconflicto. Esto es necesario, no solo porque en dicho país se produjo un intenso proceso de negociación luego de una larga confrontación armada, sino también porque aprender de su experiencia permitirá advertir sobre problemas y conflictos que a la postre podrían activar nuevos escenarios de confrontación bélica.

Desde 1996 cuando se firmó la paz que puso fin al conflicto armado interno, la sociedad guatemalteca ha ido mostrando nuevas formas de violencia, que son continuidad, pero también ruptura, en relación a la que observamos en el ciclo anterior, es decir aquel que arrancó en 1954 y culminó precisamente en 1996 con la firma de dichos acuerdos de paz. Un elemento de ruptura es que durante los años del conflicto armado interno, la parte esencial de la violencia, o por lo menos aquella que llamó la atención a los especialistas, fue la violencia política. Es decir aquella que provino desde el Estado contra sus opositores y también, la que ejercieron estos últimos en contra del Estado mismo y en general del orden establecido. En la etapa del posconflicto no ha sido la violencia política la que ha acarreado el mayor número de víctimas, sino la delincuencial, provenga de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. La anterior aseveración puede constatarse con algunos recuentos y análisis que se han hecho durante los años del posconflicto. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el número de víctimas del conflicto armado interno

Conmemoración de la masacre de Totonicapán. Foto: Alba Sud Fotografia

ascendió entre 1960 y 1996 a aproximadamente 200 mil personas entre ejecutados y desaparecidos de manera forzada. Entre 1996 y 2010, el número de víctimas de la violencia delincuencial ascendía a poco más de 64 mil. Y se proyectaba que en los siguientes 36 años a partir del fin del conflicto, tal cifra podría ascender a poco más de 165 mil. Estamos lejos pues de vivir aquellos años en los cuales el terror militar,

era la forma más visible de la violencia en Guatemala. Hoy la violencia más importante en términos estadísticos es la que se observa a partir de los actos delincuenciales. Sin embargo es importante hacer precisiones que arrancan desde el título mismo de esta presentación. Una de ellas tiene que ver con lo que llamamos terror militar. Por tal entenderemos el ejercicio sistemático ejercido desde un

Estado cuyo eje vertebral eran las Fuerzas Armadas y cuyo alto mando tenía un control esencial de la represión del Estado. Este control existió independientemente de que la represión la efectuaran las distintas unidades del ejército, las distintas corporaciones policíacas o grupos que ejercían el terror clandestino como en su momento la Mano Blanca o posteriormente el Ejército Secreto Anticomunista. La otra precisión es que la violencia neoliberal no se agota hoy en la que genera la delincuencia organizada o común. La violencia neoliberal también es hoy ejercida por el Estado a través de la comisión de cruentos actos represivos ejercidos de manera abierta (por ejemplo la matanza en la cumbre de Alaska) o por omisión como sucede con la acción impune que se ejerce mediante el asesinato, amedrentamientos y hostigamientos de los activistas de los derechos humanos. La violencia que se ejerció desde el Estado durante los años del conflicto armado fue una modalidad que puede ser calificada como terror militar, porque fue el ejercicio de la violencia que no hizo distinción entre objetivos militares y población civil. En términos genéricos, esta es precisamente la definición de terrorismo: todo acto de violencia o amenaza de violencia extrema que no distingue a los objetivos militares de la población civil. Si hablamos de terrorismo de estado es por este tipo de violencia que se hizo desde el Estado. Y si hablamos de terror militar es porque fueron las fuerzas armadas sus conductores y perpetradores fundamentales. Esto no quiere decir que la responsabilidad del terror estatal se haya agotado en las fuerzas armadas. Responsabilidad esencial cabe también a la clase dominante cuyos intereses eran preservados a través de la violencia y que cedieron la conducción del Estado a través de la dictadura militar. La gran matanza acontecida en Guatemala entre 1954 y 1996 pudo ser posible porque el conjunto de la clase dominante, de manera abierta o vergonzante, la propició y la justificó. Cabe agregar que los sectores más extremistas de ella no sólo se beneficiaron del mantenimiento de un orden www.cinep.org.co

Encuentro de mujeres indígenas en Guatemala. Foto: CIDH

social excluyente e injusto sino fueron en ocasiones protagonistas activos del terror estatal. Por la forma en que el Estado se condujo en el ejercicio del terrorismo podemos distinguir al terror abierto del terror clandestino.

La necesidad de mantener una fachada de democracia liberal hizo que las acciones de terror abierto fueran menos pero no ausentes:

son elocuentes ejemplos la masacre de Sansirisay en mayo de 1973, la masacre de Panzós en mayo de 1978, el incendio de la embajada de España en enero de 1980. Sin embargo, la necesidad de la dictadura de embozarse en una democracia de fachada hizo que la inmensa cantidad de acciones de terror estatal fueron clandestinas. Entendemos por terror clandestino todas aquellas acciones de violencia terrorista que el Estado efectuó pero que lo hizo de manera embozada: la actuación del ejército o las policías en zonas rurales

aisladas, la organización de grupos operativos encubiertos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, la utilización de membretes que encubrían la acción gubernamental, utilización de seudónimos, casas de seguridad, etc. Por la magnitud de la violencia también puede distinguirse al terror selectivo del terror masivo. El primero de ellos se observó a través de la ejecución extrajudicial o desaparición forzada de personas en lo individual las cuales habían sido escogidas merced a un trabajo previo de inteligencia contrainsurgente. Generalmente las víctimas del terror selectivo fueron militantes políticos y sociales o personas de quienes se tenía sospecha de militancia subversiva. Entenderemos por subversión la acción de destruir, desmantelar o derrocar un orden opresivo e injusto. El terror masivo generalmente fue la ejecución extrajudicial o desaparición forzada en gran escala. Ejemplo prístino de terror masivo son las masacres de las comunidades mayas en el altiplano central y septentrional durante los primeros años de la década de los ochenta del siglo XX. Pero también el secuestro masivo de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores en junio de 1980 o el de los 17 sindicalistas en la finca Emaús Medio Monte en agosto de ese mismo año. Cabe hacer la precisión de que en muchas ocasiones el terror masivo tuvo

también un carácter selectivo en tanto que por su actividad, lugar de vivienda o cualquier otro motivo, las víctimas fueron convertidas en un objetivo represivo. La dictadura militar ejerció de manera alterna el terror clandestino y el terror abierto según las coyunturas que fueron presentándose. De igual manera puede hablarse del terror selectivo y el terror masivo. En términos generales puede decirse que el terror selectivo fue una constante en la vida política del país y fue acentuándose en la medida en que el Estado guatemalteco se fue convirtiendo en una dictadura militar. Este proceso de conversión se cristalizó con el golpe de estado de marzo de 1963. El terror masivo se ha reservado en Guatemala para aquellos momentos en que se han observado amenazas sustanciales al orden establecido como fue el proceso revolucionario iniciado en 1954, el momento climático del primer ciclo guerrillero y finalmente la gran insurrección indígena articulada al clímax del segundo ciclo guerrillero. Por este motivo podemos decir que en el país se han observado tres grandes olas de terror: la que se observó con motivo de la contrarrevolución de 1954, la que se desató entre 1966 y 1972 para derrotar a la primera insurgencia armada. Finalmente la más grande de todas, la que se observó entre 1978 y 1984, para derrotar al segundo ciclo insurgente. Una vez abatidas estas amenazas o sublevaciones, el Estado retornó a los momentos del terror selectivo como una forma de mantenimiento del orden en tiempos de “normalidad”.

En la Guatemala del momento actual, el debate es si la matanza en gran escala que se observó en el país puede ser calificado de genocidio o simplemente como un crimen humanitario.

Si entendemos el genocidio como la destrucción parcial o total de grupos hu-

manos, en términos de la verdad histórica lo que ocurrió en Guatemala indudablemente fue un genocidio. La discusión se ha suscitado en el campo de la verdad jurídica. Esto sucede porque la Convención para la Sanción y Prevención del delito de Genocidio aprobada por la ONU en 1948, se refiere solamente a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Alegan los adversarios de la interpretación como genocidio lo ocurrido en Guatemala, que en tanto no se persiguió destruir a ninguno de estos grupos, lo que sucedió en Guatemala no fue genocidio. Esta interpretación que es esgrimida sobre todo por la derecha contrainsurgente y sus abogados defensores, parten de una premisa cierta para llegar a una conclusión falsa. En efecto, el sentido del genocidio en Guatemala no fue el de una “limpieza étnica” o etnocidio. El genocidio en Guatemala fue más bien un politicidio porque el objetivo de la matanza fue acabar con un grupo político, los comunistas (reales o supuestos) y no con un grupo étnico. Si se hubiera conservado el espíritu original de la iniciativa, tal como había sido concebida en 1947 y se hubieran agregado los grupos políticos a los cuatro grupos anteriores, hoy no habría materia de controversia jurídica. La falacia contrainsurgente consiste en concluir que como no hubo intencionalidad etnocida no se puede hablar de genocidio. No importa que el genocidio anticomunista haya destruido parcialmente a diversos grupos étnicos en Guatemala, que haya provocado lesiones graves a la integridad física o mental de los integrantes de dichos grupos, que los haya sometido intencionalmente a condiciones de existencia que acarreó su destrucción física, que haya traslado por la fuerza a niños de estos grupos étnicos a otros grupos. El genocidio en Guatemala tuvo causas históricas de largo alcance: el hábito terrorista construido en la época colonial para mantener el orden en una sociedad sustentada en el trabajo forzado de los indígenas; el racismo construido para legitimar la represión y la expoliación a dichos pueblos indígenas; el orden dictatorial necesitado por la acumulación

originaria y la articulación a la exportación cafetalera; la paranoia anticomunista surgida después de la insurrección de 1932 en El Salvador y llevada a su máxima expresión por la guerra fría; el miedo oligarca que generó la década revolucionaria de 1944-1954 y finalmente el orden heredado por la contrarrevolución de 1954 que fue excluyente, autoritario y con escasa legitimidad. El resultado de todo ello fue el surgimiento de dos otredades negativas que fueron la fuente de legitimación para el genocidio: “el indio” y “el comunista”. Sabido es que las grandes matanzas siempre han necesitado de la construcción de tales otredades negativas para poder legitimar el exterminio en grandes magnitudes. Se construye un “nosotros” al mismo tiempo que se construye una alteridad que resume lo deleznable y lo que constituye una amenaza para ese “nosotros”: patria, familia, religión, identidad, raza. En Guatemala el “indio” fue expresión de una condición humana deleznable y expresada en vicios y defectos como la hipocresía, holgazanería, abulia, ignorancia y suciedad. El “comunista” fue expresión de seres humanos resentidos socialmente, apátridas, tributarios de Moscú y La Habana, enemigos de la religión y de la familia. Las otredades negativas unidas a una cultura autoritaria, oscurantista e intolerante se convirtieron en Guatemala en la cultura del terror. Por tal entenderemos un conjunto de valores políticos y morales intransigentes ante la diferencia y una propensión a eliminar al otro en lugar de entender sus razones. Hemos enfatizado ya en las diferencias que hay entre la violencia observada en Guatemala durante los años de la dictadura militar y la que hoy se observa en el contexto de la democracia neoliberal. Pero es necesario enfatizar en las continuidades. Por ejemplo la persistencia actual de la cultura del terror generada por el pasado colonial y la paranoia anticomunista. Hoy esta cultura del terror ha agregado nuevas otredades negativas a las que ya existían. En el contexto delincuencial que ha desatado el neoliberalismo ha surgido “el delincuente” figura que generalmente es asoNo. 83 | Septiembre - Noviembre 2014

ciada a la delincuencia común y ésta es asociada a la pobreza. La predilección de la cultura del terror por la eliminación de las otredades se expresa en esta ocasión en la popularidad urbana que tiene la noción de “limpieza social” denominación positiva que tiene la ejecución extrajudicial del malhechor. Si el auge delincuencial crea sus propias otredades negativas, las necesidades de la voraz acumulación neoliberal también crea las suyas. La expansión capitalista neoliberal que se apropia de ámbitos, territorios y productos antes no apetecidos por el capital, ocasiona perjuicios como son la depredación ambiental, el envenenamiento de las aguas, la disminución del afluente de las mismas, la expropiación de tierras, la destrucción de tejidos sociales y culturales y por tanto, la rebelión de todos los que se sienten afectados por tales atrocidades. Los llamados megaproyectos como son las minas a cielo abierto, las cementeras, hidroeléctricas, proyectos carreteros, cultivos de gran demanda en el mercado mundial (palma africana o caña de azúcar), la precariedad laboral, los bajos salarios, las reformas educativas neoliberales y las resistencias o rebeldías que generan, se plasman en la cultura del terror en una nueva otredad negativa: el “bochinchero”. Es decir todo aquel o aquella que organiza tumultos, barullos, alborotos o asonadas. “Bochincheros” son pues todos los activistas de los derechos humanos y sociales. También aquellos que luchan contra la impunidad de la que han gozado los violadores de los derechos humanos durante el conflicto interno. El “bochinchero” se asocia a otra categoría que tiene hoy una dimensión latinoamericana como es el “populista” y ambas son continuación en los tiempos de la posguerra fría, de la otredad negativa del “comunista”. Y si el “comunista” era tributario de Moscú y La Habana hoy el “bochinchero” lo es de Noruega y Suecia. En la lógica de la cultura del terror el “bochinchero” es un disolvente social que destruye la paz social que necesita Guatemala para encauzarse por el desawww.cinep.org.co

Marcha de la memoria en Guatemala. Foto:Surizar

rrollo. El desarrollo es lo que hacen los buenos guatemaltecos con su trabajo al propiciar la modernización que necesita el país. Desarrollo y modernización son todos los emprendimientos que invierten capital, crean fuentes de trabajo y construyen la senda del progreso. El “bochinchero” a menudo es un antiguo guerrillero o terrorista que no acepta la derrota que el ejército propinó a la guerrilla y que busca venganza en lugar de justicia. Por eso persigue el encarcelamiento de militares y civiles que defendieron la patria del comunismo y con ello abren viejas heridas, continúan por otras vías el conflicto interno y con ello están provocando una nueva guerra interna en Guatemala.

La consecuencia de la anatematización que genera la cultura del terror es una suerte de permisividad social ante el asesinato, agresiones físicas, amenazas de muerte, encarcelamientos de activistas de derechos humanos o bien de cateos, asaltos y destrucción de bienes a organizaciones sociales.

Lo que desde hace años observamos de manera creciente en Guatemala es el terror selectivo que se ceba en dichos activistas. Durante la guerra fría el terror selectivo y masivo, abierto y clandestino se efectuó en nombre del anticomunismo para aplastar las sublevaciones que genera un orden político (dictadura) y social (miseria y desigualdad) de carácter excluyente. En el contexto de la de-

mocracia neoliberal el terror sobre todo selectivo continúa a efecto de garantizar el orden que necesita la voraz acumulación capitalista neoliberal. Al igual que aconteció en los años de la reforma liberal del siglo XIX, lo que hoy estamos observando es un cambio en el modelo de acumulación que sustituye al fordista y keynesiano por uno más depredador, el neoliberal. Esto implica un ejercicio de la violencia que confirma el planteamiento de Marx de que en ocasiones la misma se convierte en una categoría económica. Un recuento de las agresiones contra activistas de derechos humanos publicado en 2011 por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), consignaba que entre enero de 2000 y febrero de 2011 habían ocurrido 2,285 agresiones. Estas agresiones comprendían desde asesinatos hasta amenazas telefónicas pasando por detenciones ilegales, persecuciones, robos y violaciones sexuales. Se observaba una tendencia creciente en el número de agresiones pues si en el año 2000 las mismas ascendían a 59, en 2009 llegaban a 353 mientras que solamente en enero y febrero de 2011 las mismas ascendían a 202. Contrastándolo con el año anterior (2010) en el cual las agresiones habían llegado a 305, en sólo los dos primeros meses de 2011, las agresiones a los activistas ya comprendían el 66% de todas las que habían acontecido en el año anterior. En los primeros dos meses de 2011, el promedio diario de agresiones a los activistas era de 3.4 y comparado con el primer bimestre de 2010, el de 2011 acusaba un aumento de las mismas era de un 336%. Resulta revelador el que de

neoliberal. A la par de esta violencia puede también observarse la que la acumulación capitalista provoca para poder lograr la reproducción ampliada del capital a través del despojo, la expoliación y la depredación ambiental. El Estado guatemalteco participa activa o pasivamente, por comisión o por omisión en esta última forma de violencia que tiene los rasgos del terror selectivo. La violencia de la democracia neoliberal en Guatemala presenta pues rupturas en relación a la violencia que se observó durante los años de la dictadura militar. Pero también hay continuidades en la cultura del terror, el hábito contrainsurgente, en el recurso del miedo para la reproducción de la ganancia y el privilegio.

S ociólogo y profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Especialista en estudios de procesos políticos y violencia de Guatemala.

Referencias 1. Presentación hecha en el Foro “Comunidades y Estado Neoliberal en Guatemala, un conflicto irresuelto”. Convocado por la Red de Solidaridad con Guatemala. Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 11 de abril de 2013.

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Entre estos se encuentra el crimen organizado -expresado fundamentalmente por el narcotráfico-, que tiene una presencia apabullante en el Estado y sociedad guatemaltecos. Además del narcotráfico se observa la creciente delincuencia común que asuela particularmente al área metropolitana del país. Estas violencias son expresión de un Estado fallido que en realidad 201 expresa una sociedad fallida, la del fracaso

*Carlos Figueroa Ibarra

201

Controversia DoscientosUno

Cuarta etapa

Diciembre 2013

ISSN 0120-4165

DoscientosUno

Cuarta etapa

A 16 años de haber concluido el conflicto interno con la firma de los acuerdos de paz de diciembre de 1996, el terror estatal protagonizado por la dictadura militar ha sido sustituido por una violencia201 generalizada que tiene diversos actores.

Diciembre 2013

ataques a defensores de derechos humanos. La gran cuestión a discernir es el papel del Estado en todos estos acontecimientos represivos. Podemos advertir una autoría estatal evidente en los actos de represión abierta (por ejemplo el despojo y represión en el Valle de Polochic en 2011 o en la matanza de la cumbre de Alaska en 2012). En los actos de terror selectivo la autoría puede ser a través de agentes estatales encubiertos o escuadrones de la muerte amparados en la impunidad. Buena parte de los asesinatos y otro tipo de agresiones han sido imputadas a sicarios probablemente pagados por las empresas involucradas en los proyectos mineros, cementeros o hidroeléctricos. Probablemente sea el caso de los tres campesinos indígenas asesinados en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango) el 1 de mayo de 2012. En todo caso estamos viviendo ahora de manera creciente una violencia neoliberal en la cual el Estado por comisión o por omisión es responsable de estas acciones que vuelven a ser actos de terror dirigidos a aniquilar cualquier voluntad de rebeldía o transformación. Finalmente, hay que terminar estas reflexiones por donde fueron comenzadas.

Controversia

las 202 agresiones acontecidas en el primer bimestre de 2011, 175 (87%) fueron dirigidas hacia pueblos indígenas y ambientalistas. Es decir las comunidades que se estaban luchando contra los proyectos cementeros y de minería abierta como acontecía con los pobladores de San Juan Sacatepéquez (Departamento de Guatemala) y San Miguel Ixtahuacán (San Marcos). En ese primer bimestre de 2010, 10 activistas fueron asesinados. Figuraron entre los asesinados sindicalistas, activistas comunitarios, artistas independientes, asociados gremiales y activistas indígenas. Las agresiones de diverso tipo, entre ellas el asesinato, de dirigentes y activistas sociales es algo que se está dando independientemente del signo político que tenga el gobierno de turno. Hemos consignado cómo durante el gobierno de Álvaro Colom, las cifras de agresiones crecieron y cómo en el primer bimestre del último año de su gobierno (2011) los datos fueron particularmente cruentos. En marzo y mayo de 2011 los campesinos K’ekch’is del valle del Polochic fueron objeto de brutales desalojos en beneficio de empresarios cañeros de la región. El nuevo gobierno encabezado ahora por el general Otto Pérez Molina se ha visto involucrado en masacres como la observada en la cumbre de Alaska contra los 48 cantones de Totonicapán. Entre febrero y marzo de 2013 el saldo ha sido de nuevo cruento: el asesinato del dirigente campesino Tomás Quej (28 de febrero), del dirigente Ch’ortí Ignacio López Ramos (5 de marzo), del dirigente popular Carlos Hernández (8 de marzo), del líder Tz’utujil Jerónimo Sol (12 de marzo), la captura arbitraria del activista de los derechos humanos Rubén Herrera (15 de marzo), el secuestro de cuatro dirigentes del pueblo Xinca y el asesinato de uno de ellos (Exaltación Ucelo, 17 de marzo), los asesinatos de la sindicalista salubrista Santa Alvarado (21 de marzo), la sindicalista municipal Kira Enríquez (22 de marzo). A esto hay que agregar allanamientos, amenazas de muerte, intentos de secuestro. Entre enero y octubre de 2012 organizaciones de derechos humanos registraron 254

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