Premio Reflexiones_final

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Edita Sanitaria 2000

Imprime: EDEN ISBN: 978-84-614-5019-0 Depósito Legal:

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X Premio

eflexiones a la Opini贸n Sanitaria

Í Í nnd di c ie c e Convocatoria del XI Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria 7 Jurado del X Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria 8

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Reformar el Sistema Nacional de Salud o el precio de no hacer nada Julio Mayol /Miguel Ángel Máñez A vueltas con el copago Juan José Güemes El síndrome del impermeable blanco Rafael Pacheco de Guevara Haití, todos lloramos por ti Jesús Sánchez Martos La salud mental, un problema de todos Rubén de la Fuente Mitos sobre la sanidad privada Juan Abarca Cidón A vueltas con la sostenibilidad José Luis de la Serna Aborto y objeción de conciencia Manuel Clavero Adicciones José María Peña Vázquez Apuesta por la sanidad pública María Ángeles Palacios Así es la vida: toser y cantar Juan Luis Bikuña Calderilla para la sanidad, con urgencias Pedro Jesús Valera Duque Claves para reducir el gasto Jaime del Barrio Control político en la sanidad pública Manuel Calleja Copago en la sanidad pública Juan Sánchez Vallejo Copago y demagogia Guillem López-Casasnovas Derecho a la salud y derechos individuales Miguel Berrueco Ferrero Dispensación excepcional, o como la llamen Manuel Pérez Fernández Ejercicio de libertad Bernabé Galán Sánchez

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Í Í nnd di c ie c e El copago sanitario Vicenç Navarro El gasto farmacéutico y el precio de los medicamentos Jesús Acebillo El precio simbólico del copago Josep Antoni Duran i Lleida El urbanismo: un reto para la salud pública Andreu Segura En la salud y en la enfermedad Ignacio Martínez En torno a un debate Joseba Arregi Envejecimiento saludable José Antonio Flórez Lozano Estoy enfermo... ¿quién decide?

Ramón Fernández Barquín Farmacia, recortes y futuro Fernando Paredes Fumadores pasivos Donina Romero 'Gripescépticos' Javier Sampedro Industria, distribución y botica, en crisis Guillermo Schwartz La cuestión científica del aborto Francisco Javier Romero La 'factura sombra' sanitaria Alejandro Cotta La farmacia toca fondo Francisco Peinado La sostenibilidad del sistema sanitario público Marciano Sánchez Bayle La teoría de los hechos antagónicos o la vanidad en atención primaria Asensio López Liberados sindicales y la reforma laboral Antonio Díez Murciano Libertad de prescripción, libertad de curación Eugenio Moure ¿Médicos o adivinos?

José Carlos Fuertes Rocañín No acostumbrarse nunca a lo espantoso Antonio Montero

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Í Í nnd di c ie c e No, cofinanciación María Ángeles Palacios Nuestras batas blancas ya no son nuestras José Luis Alcántara Rojas Parece igual, pero no es lo mismo. A vueltas con los conceptos profesionales Serafín Romero ¿Por qué lo llaman gasto farmacéutico cuando debía llamarse coste?

Carlos Muñoz Sanz Recetas y déficit público Jaume Puig-Junoy Salvarlos uno a uno José Ignacio Munilla Seguridad jurídica a la sanidad privada Ricardo de Lorenzo ¿Tenemos derecho a la muerte?

Jesús Sánchez Martos ¡Todos donantes a no ser que indiquemos lo contrario!

Jesús Sánchez Martos

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11ªedición

Bases del XI Premio a la Opinión Sanitaria

Sanitaria 2000 y la Fundación AstraZeneca convocan el XI Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria en aras a fomentar la opinión, la expresión libre y la reflexión dentro del sector sanitario.

Desde el nacimiento de nuestro necesario y exigible proyecto, 'Revista Médica' ha pretendido erigirse como una publicación de referencia dentro del nutrido campo de los medios de comunicación sanitarios. Por ello, y con el propósito de reivindicar la necesidad de contar con opiniones libres y formadas dentro del panorama editorial, Sanitaria 2000 y la Fundación AstraZeneca han resuelto convocar la undécima edición del Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria.

I. Podrán participar en la undécima edición del Premio Reflexiones el autor o los autores de todos los trabajos, escritos en lengua castellana, publicados o emitidos por los medios de comunicación escritos (especializados y generales) de todo el territorio español durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

II. Los participantes podrán enviar cuantos trabajos deseen.

III. El primer premio estará dotado con 6.000 euros. Asimismo, se concederán cuatro accésit.

IV. Para optar a los premios se enviará el archivo en soporte digital (formato word) a la siguiente dirección de e-mail, indicando una dirección de contacto: mrodriguez@sanitaria2000.com

V. La fecha límite de recepción será el 31 de enero de 2012.

VI. Los premios no podrán quedar desiertos. La decisión del jurado, independiente y compuesto por destacadas personalidades del sector de la comunicación y de la sanidad, será inapelable.

VII. Oportunamente se comunicará la fecha y el lugar donde el jurado anunciará el fallo del premio.

VIII. No se procederá a la devolución de los trabajos presentados a concurso que no hayan resultado premiados. Los artículos premiados se publicarán en 'Revista Médica', cuando la redacción de ésta lo considere oportuno.

IX. Los participantes asumen la plena aceptación de estas bases.

Jurado del X Premio Reflexiones Francisco Cañizares de Baya / Presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud Periodista especializado en el ámbito de la salud, en la actualidad es redactor de la revista Quo. Está al frente de la ANIS por un periodo de dos años.

Miguel Carrero López / Presidente de Previsión Sanitaria Nacional Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Diplomado en Medicina Escolar y Medicina de Empresa. Patrono de la Fundación Una Galicia Moderna. Ex presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña.

Máximo González Jurado / Presidente del Consejo General de Enfermería Doctor en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio­terapia y Podología de la UCM. Vicepresidente del Consejo Europeo de Órganos Reguladores de Enfermería.

Francisco Ivorra Miralles / Presidente de Asisa Licenciado en Medicina por la Universidad de Valen­cia y especialista en Medicina Interna y Reumatolo­gía y Rehabilitación.

Patrono de la Fundación Espriu.

Alfonso Moreno González / Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud Doctor en Medicina y Cirugía. Catedrático de Farma­­­cología de la Universidad Complutense de Madrid. Jefe del Servicio de Farmacología Clínica de Hospi­tal Clínico de San Carlos de Madrid.

Diego Murillo Carrasco / Presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora Licenciado en Medicina, con la especialidad de Ginecología, ha sido presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra.

Entre otros galardones, ha recibido la medalla de oro del Consejo Gallego de Médicos.

Carmen Peña López / Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Vicepresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica y académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la Academia Iberoamericana de Farmacia.

Juan José Rodríguez Sendín / Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Larga trayectoria en los órganos colegiales alcanzando la secretaría general de la OMC antes de su nombramiento como presidente.

Julio Sánchez Fierro / Secretario Ejecutivo de Participación Ciudadana y de Relaciones con los Movimientos Asociativos del Par­tido Popular Licenciado en Derecho por la Universidad Complu­tense de Madrid. Doctor en Derecho por la Univer­sidad de Alcalá de Henares. Patrono de la Fundación AstraZeneca. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Insalud, diputado, secretario primero de la Asamblea de Madrid y subsecretario del Ministerio de Sanidad.

Francisco Santolaya Ochando / Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos Licenciado en Filosofía y doctor en Psicología. Pre­sidente del Colegio Oficial de Psicólogos de la Co­munidad Valenciana.

Trabaja en la Unidad de Salud Mental del Servicio Valenciano de Salud. Colabora en organismos como la Comisión Estatal de Drogo­dependencias.

Federico Plaza Piñol (voz sin voto en el jurado) / Director General de la Fundación AstraZeneca y asesor del presidente de la Asociación para el Auto­cuidado de la Salud (Anefp) Previamente desempeñó los cargos de director general en la Fundación Abbott y director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

José María Pino García (voz sin voto en el jurado) / Presidente de Sanitaria 2000 Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAM y especialista en Neumología (Hospital La Paz). Autor de un centenar de artículos científicos.

a la Opini贸n Sanitaria

Reformar el Sistema Nacional de Salud o el precio de no hacer nada

E Julio Mayol / Miguel Ángel Máñez Diario Médico

n los países occidentales los médicos ocasionan el 90 por ciento del gasto sanitario. Múltiples factores influyen en la ineficiente toma de decisiones.

Ejecutar cualquier acción tiene un coste de oportunidad. No ejecutarla, también. Y en sanidad, seguir como estamos sólo hará que pronto estemos mucho peor.

Fundamentalmente porque para mantener el nivel de prestaciones y calidad que se proporciona ahora, sin introducir ningún cambio, tendremos que afrontar un aumento imparable en los costes y, consecuentemente, un incremento del gasto sanitario. Nos mantendremos así encerrados en el bucle producción-administración, sin ninguna capacidad para tomar una decisión de calidad que lleve a utilizar la sanidad como motor económico a través de la innovación. Mucho menos podremos integrar ésta en el aumento de la eficiencia y la productividad del sistema.

Es necesario preparar una estrategia nítida de cambio, que pueda convencer a todos los agentes de que el esfuerzo de hacer supera la comodidad de no hacer nada. Si lo dejamos todo igual, sólo conseguimos: a) seguir disfrutando de los beneficios actuales (realmente cortoplacistas), b) continuar asentando las costumbres y vicios del sistema, y c) consolidar los errores del pasado, que algunos exhiben como un triunfo. Debemos empezar a analizar punto por punto todo lo positivo que puede implicar una reforma del sistema iniciada desde abajo.

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La primera reforma radical está en el ámbito político. Nada más lejos de nuestra intención que cuestionar la organización del Estado, respaldada democráticamente, pero los ciudadanos tenemos la percepción de que la organización práctica del Sistema Nacional de Salud (SNS) es ineficiente como consecuencia del marco legal.

La Ley General de Sanidad, base común para todos los servicios de salud, se percibe como un obstáculo y no como un medio para construir escenarios que funcionen.

Las herramientas y estructuras que creó dicha ley ya cumplen 24 años y tal vez sea el momento de adaptarla a las necesidades de una sociedad diferente que precisa de un entorno sanitario ágil y sostenible. Hay que perder el miedo secular a modificar las leyes, ya que no son el escollo a evitar sino el eje que debe guiarnos; y más en el caso de una ley que ya está quedando claramente desfasada.

La clase político-administrativa, pese a tener claramente identificados los problemas organizativos, no ha podido elaborar soluciones reales a los problemas. Las debilidades del sistema siguen afianzándose y eso provoca que sigamos en un entorno sin fórmulas organizativas ágiles para los servicios sanitarios, sin una planificación de recursos humanos centrada en las necesidades y sin un mecanismo de incorporación de resultados de proyectos de investigación e innovación.

En un sistema basado en el conocimiento, sin información no puede haber una gestión eficiente, con todo lo que ello implica. Aunque estemos en un entorno tecnológico avanzado, nuestro sistema tiene tales defectos en la gestión de la informa-

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Primer premio ción que, por ejemplo, ni siquiera se dispone de un registro fiable de profesionales.

En la era de la comunicación, en todo el SNS resulta imposible usar y compartir herramientas interoperables, escalables y sólidas. Y lo que es peor, las actividades orientadas a su consecución por parte de los reguladores-financiadores son tímidas, lentas e ineficientes. Un buen comienzo sería el de compartir información por todos los servicios de salud, que sea pública, que se utilicen criterios idénticos en todo el país y que se asiente una cultura de transparencia en el sistema. Sin embargo, ¿estamos realmente preparados para ello?

Profesionalizar la gestión Además, no se puede seguir utilizando a los gerentes como piezas políticas. La profesionalización de la gestión sanitaria es otra reforma necesaria. Las consejerías deben confiar en sus técnicos, hacer benchmarking y olvidarse de la microgestión porque es un vestigio de una administración obsoleta y la base de la desconfianza de los profesionales sanitarios.

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Habría que desarrollar planes estratégicos que permitan la armonía de gestión y que proporcionen a los gestores las coordenadas de referencia para ser valorados, objetivamente, mediante indicadores adecuados para los objetivos propuestos. Si queremos exigirles resultados, es fundamental permitir cierto margen de actuación, proporcionar herramientas de gestión potentes y en el marco de una estrategia clara promover la competencia entre centros, la comparación y el intercambio de experiencias. Sin esas medidas es imposible una evolución de las organizaciones: cambiar desde la cultura proteccionista a una cultura de responsabilidad.

Según datos recientes, en los países occidentales los médicos ocasionan, directa o indirectamente, el 90 por ciento del gasto sanitario. ¿Qué les impide controlarlo?

Múltiples factores influyen en la ineficiente toma de decisiones: la falta de formación adecuada, una deficiente gestión de la información, la desconfianza en los niveles políticos y gestores, la ineficiencia de la Administración, la presión por pares, la presión social, el marco jurídico inadecuado, la desmotivación y el auge de la medicina defensiva, entre otros.

Intereses individuales y colectivos Además, las organizaciones corporativas profesionales deben aprender a alinear los intereses individuales con los beneficios colectivos, ya que es fácil que estos últimos se diluyan. Sólo de esta forma pueden llegar a un grado de responsabilidad tal que les permita hacer una reflexión colectiva y promover cambios que, a medio y largo plazo, impliquen un escenario mucho más sostenible en el sistema sanitario.

Así, tanto desde un punto de vista individual como colectivo, la última reforma radical pasaría por conseguir un compromiso global de los profesionales con la eficien-

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cia y la calidad. Para ello es necesario desarrollar tres ejes fundamentales: formación, desarrollo profesional vinculado a la estrategia global del sistema de salud e implicación en la gestión de sus instituciones sin cometer los errores ya conocidos del National Health Service.

Continúan surgiendo iniciativas que plantean análisis y propuestas sectoriales de reforma, pero se hunden en la timidez frente a la radicalidad. Ya tenemos experiencia del resultado de intentar evitar el pánico en épocas de crisis y ha salido una tragedia griega. Parafraseando a Einstein, en sanidad "insanity is doing the same thing over and over again expecting a different result".

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A vueltas con el copago

E Juan Nombre José Apellido Güemes Medio de publicación ABC Sevilla

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ste mes de junio se cumplen diecinueve años de la publicación del conocido como Informe Abril, en el que un amplio grupo de expertos dirigidos por quien había sido Vicepresidente del Gobierno bajo el mandato de Adolfo Suárez, hacían un amplio y certero diagnóstico del Sistema Nacional de Salud y ofrecían propuestas de mejora. Como es sabido, el Gobierno socialista que encargó el Informe prefirió ignorarlo, algo que el propio Fernando Abril Martorell atribuyó a la inclusión del copago sanitario entre las recomendaciones. No era la única propuesta, ni quizá la más relevante, pero su mera consideración bastó para descalificar más de nueve meses de intenso trabajo y para postergar la necesaria reforma de la Sanidad Pública. Aún hoy, casi dos décadas después, siguen plenamente vigentes muchas de las conclusiones y propuestas contenidas en aquel Informe; y seguimos dando vueltas al copago sanitario. Buena prueba de ello es la información desvelada por ABC hace unos días, en la que se daba cuenta de la intención inicial del Gobierno de la Nación de introducir el copago en Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para reducir el gasto público, que convalidó el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Llegados a este punto, conviene aclarar que el copago es un imposible, porque todos los recursos con los que se financia la sanidad pública proceden del mismo sitio: el bolsillo del contribuyente. Otros "copagadores" no han sido aún identificados. El mal llamado copago hace referencia a un sistema donde la sanidad pública se financia principalmente con los impuestos que pagamos todos, pero donde también todos los usuarios nos enfrentamos a una mínima parte del coste de algunos servicios en el momento de utilizarlos. De hecho, algunas de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud ya se proveen en régimen de copago: cada vez que un ciudadano acude a la farmacia con una receta de su médico de familia paga una parte de su precio al retirar el medicamento y contribuye a financiar la parte restante a través de sus impuestos.

El debate sobre tan controvertida medida se reduce a dos cuestiones esenciales: la eficiencia y la equidad. Nadie duda de que con demasiada frecuencia se produce un mal uso -cuando no un abuso- de los servicios sanitarios. No hay más que fijarse en las cifras de frecuentación de las urgencias hospitalarias o de las consultas de los centros de atención primaria, hasta un 40 por ciento superiores a la media de la Unión Europea; o en el gasto farmacéutico por persona, también muy superior al de los países de nuestro entorno. Y casi nadie pone en duda que el uso inadecuado de la sanidad pública que revelan esas cifras se debe en gran medida a la ilusión de gratuidad que provoca la ausencia de un pago -por mínimo que éste sea- en el momento de utilizar el servicio sanitario. Los detractores del copago argumentan que si su importe es demasiado elevado se pondría en riesgo la equidad, porque podría llegar a impedir el acceso la atención sanitaria a las personas con menos recursos; mientras que si el importe es lo suficientemente bajo como para no com-

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Accésit prometer la equidad, sería ineficiente, porque no desincentivaría el mal uso. ¿Se puede superar este aparente conflicto entre eficiencia y equidad? Lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente hace un uso responsable de la sanidad y acude a los centros sanitarios sólo cuando realmente lo necesita. Para ellos, el establecimiento de un copago de reducido importe difícilmente podría resultar excesivamente gravoso y menos aún impedir su acceso a la atención sanitaria. Para la minoría que utiliza mal -e incluso abusa- de los servicios sanitarios, un pequeño importe puede ser suficiente para disuadir del uso irresponsable. En realidad, lo que compromete la equidad es la extraordinaria distorsión que provoca en el funcionamiento de la sanidad pública su uso inadecuado por una minoría, que con toda seguridad se comportaría de forma distinta si tuviera que afrontar a título individual una pequeña proporción del coste de sus decisiones.

Esta es precisamente la experiencia de la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, donde desde hace años el copago sanitario está ampliamente extendido.

En Alemania se pagan 10 euros por la primera consulta y la misma cifra por cada día de hospitalización, con un máximo de 250 euros; en Bélgica se paga el 35 por ciento del coste de la visita al médico de familia y el 40 por ciento del coste del especialista, con un máximo en ambos casos, además de 12 euros por día de hospitalización; en Francia, los pacientes pagan también una parte del coste de la atención médica, que más tarde se les reembolsa; en Portugal se cobra 2 euros por consulta en atención primaria y 5 en especializada; y en Suecia, el importe del copago llega hasta 17 y 30 euros en primaria y especializada, respectivamente. En el Reino Unido no se aplica ningún tipo de copago en la asistencia sanitaria, pero la contribución del usuario por la prestación farmacéutica es comparativamente alta.

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En España no han faltado expertos de todas las adscripciones políticas pidiendo el establecimiento del copago en la Sanidad. Una de las propuestas más serias que se han hecho recientemente es la contemplada en el informe Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario, promovido por la Cátedra McKinsey de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que incluye dos medidas para promover la corresponsabilidad de los usuarios: la introducción de un pago fijo por visita en atención primaria y en urgencias; y la revisión del modelo actual de pago farmacéutico.

En todo caso, la introducción del copago sanitario no puede plantearse como una medida aislada sino que, en su caso, debería formar parte de una reforma mucho más profunda del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con el informe de Fedea que se acaba de citar, el déficit de la sanidad pública en 2010 podría alcanzar una cifra cercana a los 15.000 millones de euros, que es todo lo que prevé ahorrar el Gobierno de Rodríguez Zapatero en los próximos dos años con la reducción de las retribuciones de los funcionarios, la congelación de las pensiones y el resto de las

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medidas recientemente aprobadas. De no producirse cambios, el gasto sanitario y la brecha financiera seguirán creciendo y comprometiendo la sostenibilidad de un servicio público esencial.

Debemos pues actuar cuanto antes. Es necesario llevar a cabo una profunda revisión de los incentivos que condicionan el comportamiento de todos y cada uno de los actores que intervienen en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Ya se ha hecho referencia a los incentivos para promover un uso responsable por parte de los pacientes, pero también es preciso cambiar las normas e incentivos que rigen las relaciones con los profesionales y con la industria, para alinearlos con los intereses de los pacientes-contribuyentes. El rígido sistema de retribuciones vigente no sirve para reconocer el buen desempeño individual de los profesionales, ni para lo contrario. El resultado es que en la última década prácticamente se ha duplicado la retribución por hora trabajada, pero apenas ha aumentado la productividad, pese a la continua incorporación de avances tecnológicos en el sector. Del mismo modo, la industria debe comprometerse en la sostenibilidad del Sistema Sanitario. Su legítima exigencia de que se retribuya la innovación debe ser respetada y respaldada por los gobiernos, pero también debe imponerse como norma general que sólo se financien con dinero público los medicamentos y productos sanitarios que hayan demostrado una mejor relación entre su coste y su efectividad.

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Tenemos un buen sistema sanitario, del que podemos sentirnos orgullosos. Pero es un sistema frágil, que tiene ante sí un extraordinario desafío. Es responsabilidad de todos -gobiernos, pacientes, profesionales e industria- mantenerlo y fortalecerlo.

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El síndrome del impermeable blanco

C Rafael Pacheco de Guevara Ética y Estética Sanitarias (Blog)

ambiar conceptualmente la bata blanca por el impermeable del mismo color configura metafóricamente la lamentable actitud que refleja esa imagen.

A veces nos encontramos con profesionales de la medicina que, cansados de la rutina y aburridos por la presión derivada de la desmesurada demanda asistencial que soportan, adoptan, como mecanismo de adaptación al medio, una actitud consistente en situarse al margen de casi todo: desarrollan estrictamente sus obligaciones, realizan su tarea de manera aséptica... y dejan pasar el tiempo.

Cumplen con su horario y no faltan a sus deberes esenciales... pero han dejado de incorporar alma y corazón a su cometido. Han perdido mucha de su curiosidad por la patología y su ilusión por resolverla.

Sucede que, tras completar una difícil formación, alcanzar la estabilidad laboral y conseguir un cierto prestigio, a veces se echa en falta más sosiego para la labor cotidiana, menos inercia en el quehacer de cada día y una mayor valoración, por parte de pacientes, compañeros y superiores jerárquicos.

La excesiva vanidad es detestable, pero el anhelo de un justo reconocimiento es necesario y muy humano, sobre todo en profesiones arriesgadas, como la nuestra, concientes de estar siempre en el filo de la navaja, con la incertidumbre permanentemente presente y en el ojo del huracán social.

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Se vivencia con recelo la paradoja consistente en que, cuando la ciencia médica es más resolutiva que nunca, los médicos estamos mucho mas amenazados por las demandas de responsabilidad que quienes nos precedieron. Ésta, la responsabilidad profesional sanitaria, es una garantía social irrenunciable y un elemento imprescindible de autoexigencia para el médico... pero pesa y preocupa, llegando a agobiar a algunos.

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Unos pocos optan por la medicina defensiva, lo que es pernicioso para el enfermo y para el sistema sanitario porque desnaturaliza el acto médico, generando desconfianza, lentitud y derroche de recursos.

Los “quemados” a los que me refiero, ni siquiera elaboran esa dinámica a la defensiva, simplemente se colocan estratégicamente fuera y alejados de casi todo: de la cercanía a sus enfermos, de la cordialidad con sus compañeros y de la colaboración para el logro de los objetivos de su servicio, hospital o centro de salud.

Corren el grave riesgo de mercenarizarse, trabajando exclusivamente por los emolumentos que reciben a cambio y “resbalándole” (de ahí el impermeable) casi todo lo

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Accésit demás, lo que es radicalmente rechazable, en el seno de una profesión que se fundamenta en valores éticos y que se caracteriza por su esencial perfil de servicio a la sociedad.

Es labor de todos, pero más de las autoridades sanitarias, evitar en lo posible las condiciones ambientales, profesionales, laborales y sociales, favorecedoras de esta situación, tan negativa para la Medicina y para los médicos.

Hay que fomentar la implicación en los retos asistenciales, docentes e investigadores, así como incentivar la puesta al día, mediante una formación continuada que resulte imaginativa, útil y atractiva.

Se debe otorgar el merecido reconocimiento a la labor profesional bien hecha; con ánimo, entrega, dedicación a los enfermos e identificación con el sistema sanitario... y también (¿cómo no?) compensar económicamente la preparación, el conocimiento adquirido con esfuerzo, la experiencia acumulada y la responsabilidad constantemente asumida.

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Ésas son las claves para seguir contando con los mejores, dentro del sistema público de salud.

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Haití, todos lloramos por ti

A Jesús Sánchez Martos Médicos y Pacientes

l menos es el sentimiento que prefiero tener en estos momentos tras haber tenido la experiencia de convivir con quienes acaban de sufrir el terrible azote de un terremoto que se ha llevado más de 250.000 vidas. Gracias al Padre Ángel, Presidente Fundador de Mensajeros de la Paz, tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de voluntarios, médicos de distintas especialidades y una enfermera matrona, que con un cargamento de medicinas, material médico y la mochila llena de ilusiones y esperanzas, emprendimos un viaje con el único fin de ayudar a quienes estaban sufriendo, y hemos vuelto con el corazón roto y con la desesperanza de ver que se ha hecho mucho menos de lo que cabía esperar a la vista de la gran solidaridad de todos en cualquier parte del mundo.

Una popular y anónima frase dice que “si tienes 1.000 razones para llorar, seguro que tendrás 1.001 para sonreír”. La verdad es que razones para llorar no me faltan, pero desde que he vuelto de Haití, la sonrisa espontánea, esa que transmite templanza y serenidad, se ha borrado de mi cara; al menos es lo que me repiten aquellos que de verdad me conocen y me quieren.

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Al principio lloraba por las primeras víctimas del terremoto, las de los 30 segundos interminables, los fallecidos. Pero luego lo hice por los cientos de miles de heridos y damnificados y, cómo no, por todos los haitianos que siempre han sido, y lo seguirán siendo, víctimas de la desidia de sus gobernantes y del olvido de todos. Siempre recordaré la frase de Sor Guadalupe, una valiente Misionera de las Hermanas de la Caridad: “Esto que están ustedes viendo y viviendo, no es consecuencia del terremoto. Esto ocurría antes del desastre y seguirá ocurriendo si alguien no pone remedio”.

Comenzamos nuestro viaje rumbo a Miragoane, cerca de Puerto Príncipe, pero al llegar a Santo Domingo, la ONU decidió que seríamos más útiles en Los Cayos, al suroeste del país, porque preparaban la llegada de 50.000 personas que necesitaban ayuda y alejarse de la “zona cero” de Puerto Príncipe. Cuando llegamos al Hospital Inmaculada Concepción, el centro sanitario de referencia en todo el área de Los Cayos, el propio Director, además de no tener noticia alguna de nuestra llegada, se limitó a decirnos: “Pues pónganse a trabajar donde puedan”. Y así lo hicimos de inmediato. En un hospital donde reinaba el caos total y absoluto en cuanto a organización, preparación y actitud de sus profesionales. Nos distribuimos y empezamos a trabajar en la sala de Maternidad, en los quirófanos, en las salas de Medicina Interna y en Urgencias, donde además del caos organizativo, los heridos y enfermos del día a día estaban literalmente tirados en el suelo. Y si la familia llevaba una manta, era lo único que les separaba de un pavimento sucio y descuidado. Una sala de urgencias que siempre estaba repleta de personas y que en nuestra ignorancia tardamos dos días en enterarnos de que no eran familiares de los enfermos, sino sencillamente “mirones” que venían a husmear y alimentarse del morbo del dolor de sus compatriotas. No, no eran voluntarios. Eran mirones. Y el precio que tuvimos que

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Accésit pagar por controlar ese servicio de Urgencias fue el desconsuelo de la incomprensión y el desprecio, especialmente de las enfermeras, que lucían durante toda la jornada de trabajo un uniforme blanco e inmaculado sin una sola mancha de sangre y una cofia siempre inmóvil que al menos ayudaba a saber que alguna profesional sanitaria estaba cerca de cualquier situación de urgencia. Unas enfermeras que además de necesitar con urgencia una adecuada preparación clínica, mostraron en todo momento la peor actitud profesional y humanitaria que haya podido ver a lo largo de mis más de 40 años de experiencia. Nunca olvidaré que mientras Miguel y yo tratábamos de reanimar a una joven de una parada cardiorrespiratoria, como consecuencia de un coma diabético, tres enfermeras a un metro de nosotros estaban doblando gasas tras el mostrador de recepción de urgencias.

Ahora lloro de rabia y de impotencia por la sensación de fracaso que hemos tenido en esta inolvidable experiencia. Y a pesar de todo, cada uno de nosotros, Marta, Manuel, Miguel, Manel, Juan Carlos, Mark, David, y yo mismo, estamos dispuestos a volver, aunque con algunas condiciones en base al compromiso de quienes han sabido posicionarse en la foto de rigor, pero sin mojarse lo necesario. Y me refiero, sin miedo pero con dolor en el corazón, a la propia ONU y a los gobernantes de todos los países que no han sabido establecer una estrategia conjunta desde el principio.

Ahora que tanto se habla de “pactos” en España y en toda Europa para que podamos salir de la crisis, me pregunto dónde está el “pacto necesario y obligado” para ayudar a los haitianos a salir de su crisis, la del seísmo y la de su propio país.

A Lloro al recordar la gran capacidad de sufrimiento de todo el pueblo haitiano. Sus rostros de dolor con mirada de desconfianza y desesperanza, pero aceptando en todo momento y de buena gana, cualquier acción sanitaria que nos proponíamos emprender con cada uno de ellos, y sin la más mínima queja. Pero también lloro por el olvido de la mayoría de los medios de comunicación, ahora que no hay cadáveres que sacar en las imágenes de los distintos informativos y que no pueden ser ya portadas de los diarios porque ya han sido de sobra utilizadas. Lloro porque Haití volverá a ser noticia en el mundo entero cuando comiencen a morir miles de personas como consecuencia de las riadas, fruto de la temporada de lluvias que ahora están viviendo. Cuando ese agua descontrolada se lleve las tiendas de campaña improvisadas y de plástico, donde malviven muchos haitianos. Cuando comiencen a morir como consecuencia de las epidemias de malaria o de cólera. Lloro porque si no hay muertos, no hay noticia. Y lloro porque he sido testigo de que sin llegar a morir, son muchas las víctimas que deberían ser noticia para que el mundo siga llorando con ellos y ayudándoles como hasta ahora han hecho.

Todos los que hemos dado lo que hemos podido, reclamamos a las autoridades que sean competentes y responsables y que nos cuenten con todo detalle qué han hecho, qué están haciendo y qué van a hacer con la solidaridad de todos. Unos

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habrán aportado un solo euro, otros 10 y otros, quizá 10.000. Y seguro que muchos que no podían dar otra cosa, han ofrecido sus oraciones y sus sentimientos. Y todos queremos, porque tenemos ese derecho, conocer con rigor el paradero y la utilización de nuestra solidaridad. Además de verles en la foto, queremos saber hasta qué punto se están implicando. Sinceramente, me siento decepcionado por tantos gobernantes que no han sabido dar la talla ante una verdadera situación de crisis como la que está viviendo el pueblo haitiano. Me gustaría saber si tenemos derecho a conocer los resultados de una verdadera auditoria en toda regla.

Son tantas las razones que tengo para llorar que no encuentro ninguna para sonreír.

Por eso me pide el corazón, y lo hago con la mente despierta, decir con la voz alta aunque temblorosa por la desilusión y la pena: ¡¡¡Haití, todos lloramos por ti!!! O al menos eso quiero seguir pensando.

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La salud mental, un problema de todos

M Rubén de la Fuente El Norte de Castilla

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añana, domingo día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha en la que se pretende sensibilizar y concienciar a la sociedad de la cada vez mayor importancia de las enfermedades relacionadas con la salud mental. En este día, la Organización Mundial de la Salud recuerda la necesidad de un bienestar emocional del individuo a lo largo de su existencia como requisito esencial para disfrutar de la salud en su conjunto. Además se apuesta por la divulgación de unas normas básicas para disfrutar de una adecuada salud mental, instrucciones que deberíamos seguir todos las personas y no sólo aquellas que ya sufren una enfermedad mental. No podemos ignorar que actualmente las enfermedades mentales afectan al 9 por ciento de la población, independientemente de su edad o sexo. El estresante ritmo de vida al que habitualmente estamos sometidos, adicciones, problemas y situaciones dramáticas, son factores que afectan directamente a la salud mental de las personas.

Depresión, ansiedad, anorexia, esquizofrenia, fobias, trastorno bipolar… Vivimos en una sociedad en la que la enfermedad mental está estigmatizada y que suele ser víctima de marginación y exclusión. Y precisamente lo que se persigue con la celebración del Día de la Salud Mental es derribar las barreras que impiden a estos enfermos el derecho a llevar una vida normal. Pero esta conmemoración pretende además generar un debate en torno a las inversiones que la sociedad está dispuesta a hacer en servicios de prevención y tratamiento de las dolencias mentales. A menudo, se dice que la enfermedad mental es la 'hermana pobre' de la sanidad. Esta afirmación, aun teniendo algo de cierto, sobre todo si la comparamos con el tratamiento que habitualmente reciben otras enfermedades, muestra el enorme desconocimiento que se tiene de este problema social y sanitario de primer orden.

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Durante los últimos años se ha avanzado significativamente en Castilla y León en la dotación de recursos para atender a las personas con enfermedad mental. Gracias a la puesta en marcha de unidades de psiquiatría en los principales hospitales de cada provincia, se ha dado respuesta al tratamiento de la enfermedad en su fase aguda. También, se han creado nuevos dispositivos de rehabilitación psiquiátrica, públicos y concertados, que atienden a estas personas en los momentos críticos de la enfermedad. Sin embargo, estos avances en la creación de nuevos mecanismos han sido menores en los casos concretos del tratamiento de la enfermedad mental prolongada y crónica. Y es ahí precisamente donde las instituciones públicas y privadas deben trabajar conjuntamente para conseguir un espacio sociosanitario que atienda, no sólo los aspectos sanitarios de la enfermedad, sino también los aspectos sociales que lleva consigo. El reto no es precisamente pequeño, ya que la cantidad de recursos necesarios para la adecuada intervención en los casos prolongados son numerosos: residencias, cuidados especiales y especializados, asistencia sanitaria, soporte psicológico y social… un sinfín de aspectos que, por regla general, suelen prolongarse por periodos de tiempo largos, o incluso de por vida.

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Accésit Experiencias de éxito, como las miniresidencias para personas afectadas por una enfermedad mental grave y prolongada, demuestran que este espacio sociosanitario funciona correctamente cuando son la suma del compromiso y colaboración de todos los agentes que intervienen en la asistencia de estas personas: personal médico, familiares y allegados, voluntarios e incluso el propio enfermo.

Por otro lado, la hospitalización en centros hospitalarios y/o residenciales de media y larga estancia es, a menudo, una opción también necesaria y complementaria a los llamados "dispositivos intracomunitarios", ya que dan respuesta -en momentos puntuales- de mayor demanda asistencial de la persona enferma o de los familiares.

Conocedores de esta realidad, los tres centros de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León centran su labor desde hace 129 años en programas que buscan la rehabilitación de las personas que sufren enfermedad mental, reducir su discapacidad personal, laboral y social, y paliar el efecto que la enfermedad produce en el entorno familiar. Estos centros de media y larga estancia son, por lo general, lugares en los que tradicionalmente se ha interiorizado la marginación y el estigma que ha acompañado secularmente al enfermo mental desde siempre. Por lo tanto, tienen también entre sus objetivos, el contribuir a la construcción de un espacio social favorable al enfermo, así como promover acciones informativas y de impacto social, a fin de lograr cambios de actitud hacia la enfermedad mental en la sociedad.

M Por lo tanto, en la atención a la enfermedad mental no sobra nadie: administración, instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones de familiares, los medios de comunicación, y la sociedad en su conjunto, que tiene que comenzar a entender, como afortunadamente lo está haciendo en los últimos años, que la enfermedad mental es una tarea de todos.

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Mitos sobre la sanidad privada

H Juan Abarca Cidón Público

ace pocos meses se constituyó el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Esta fundación –que, por el momento, aglutina a más del 80 por ciento de los operadores sanitarios privados– tiene como objetivo poner en valor la aportación de este sector dentro del marco sanitario nacional y dotarlo de una representación acorde con su peso real en un contexto de colaboración y complementariedad con la sanidad pública. La sanidad privada, que da servicio a 8,5 millones de usuarios y sus familias, ha de contemplar en ocasiones el ataque deliberado por parte de quienes, sin ningún dato objetivo, consideran que la sanidad privada, la sanidad que deciden elegir libremente tantos usuarios, es, per se, de mala calidad.

En el artículo titulado “La sanidad española”, publicado a finales de julio en este periódico, su autor trataba de justificar la falta de inversión en sanidad pública denunciando que se estaba prodigando lo que él denominaba “la polarización de la sanidad” en privada y pública, destacando la primera por cuestiones fundamentalmente hosteleras y la segunda, y cito textualmente, porque “es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada”.

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En ocasiones, el desconocimiento o la falta de información sobre el funcionamiento del sector sanitario en nuestro país hace que se lancen mensajes que en nada favorecen al sistema en su conjunto y que están muy lejos de la realidad. En muchos casos son opiniones fácilmente refutables que, sin menospreciar en ningún caso a la sanidad pública, podrían rebatirse haciendo un listado pormenorizado sobre dónde se encuentran los principales avances tecnológicos de este país a nivel sanitario. No voy a entrar en ello en este artículo, aunque quiero dejar claro que la calidad del sector sanitario privado está fuera de toda duda, como lo demuestra por ejemplo el hecho de que, año tras año, más del 85 por ciento de los funcionarios, a través de Muface, eligen libremente el sistema de sanidad privada frente al sistema sanitario público. Tomando este ejemplo como referencia, o el simple hecho de que hay millones de usuarios que mantienen un doble aseguramiento, me pregunto: ¿en base a qué se llegan a esas conclusiones respecto de la sanidad privada?

Lo único que es válido y objetivo para determinar la calidad en sanidad son los resultados sanitarios y, hoy por hoy, no hay ninguna institución pública, sí las hay privadas, que los exponga públicamente. Ni siquiera sirve como indicador el índice de satisfacción de los usuarios precisamente por su subjetividad. El único análisis válido que se puede hacer es por especialidades, por la morbilidad y la mortalidad de los procesos y por el pronóstico y la evolución de las enfermedades. Todo lo demás y las comparaciones que se puedan realizar –que, por cierto, siempre vienen desde el mismo lado y demuestran una gran animadversión hacia el sector privado–, lo único que contribuyen es a aportar confusión a los ciudadanos, producir el

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Accésit desaprovechamiento de los recursos sanitarios y empeorar en general la oferta sanitaria de este país.

Se da la circunstancia de que la sanidad privada, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, no está integrada, sino que es complementaria al sistema público, ya de por sí universal y gratuito. Además, la sanidad privada está sufragada principalmente de forma voluntaria por unos cuantos millones de usuarios a través de mutuas y aseguradoras a las que realizan unos pagos que contribuyen directamente a descargar el gasto sanitario público, ya que lo que se realice en el sector privado se lo ahorran las arcas públicas. Se estima que este ahorro supone 1.300 euros por persona y año. Por tanto, parece bastante inadecuado, sobre todo en tiempos de crisis, echar tierra sobre un sector que contribuye de forma directa a la sostenibilidad del sistema.

Aunque existiera una sanidad privada con escasos medios y recursos –que no es el caso, afortunadamente–, la actitud debería ser muy diferente. No hay que olvidar, además, que el sector privado está sometido a la legislación vigente y que las autoridades ya se encargan de velar por que se cumplan unos mínimos en la calidad de los medios y servicios que se dispensan.

H Por tanto, insisto, ¿cuál es el fundamento que hace que se concluya que la sanidad privada es peor que la sanidad pública? Y ¿qué pensaran los 300.000 trabajadores del sector cuando se está poniendo permanentemente en tela de juicio su profesionalidad y su dedicación?

En este país, afortunadamente, disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos que existen en el mundo. Y dadas las dificultades que se plantean en la cada vez más compleja asistencia sanitaria, tener un sistema público universal y gratuito es un auténtico lujo que no comparte casi ningún ciudadano de los países de nuestro entorno. Pero esto no hace que sea admisible que se critique de la forma que se hace, con tan poca base y de forma gratuita, un sistema sanitario privado que también es un lujo y un éxito para nuestra sociedad, precisamente porque compite con un sistema sanitario público de cobertura universal y gratuito.

Lo único que debería ser válido en un tema tan serio y sensible como la salud son los resultados sanitarios. Con lo que realmente habría que acabar es con la polarización sanidad pública-sanidad privada, porque hay hospitales públicos y privados que son referencias nacionales e internacionales y también hay otros centros, tanto en un sector como en el otro, que habría que replantear.

Por eso habría que abogar, entre todos, por hacer exigibles los resultados sanitarios.

Lo demás es demagogia.

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A vueltas con la sostenibilidad

T José Luis de la Serna

enemos un sistema sanitario bueno, aún. Tiene calidad, es universal, bastante solidario –a pesar de algunas diferencias entre autonomías– y está bien valorado por la ciudadanía. Y también es barato. España se gasta en sanidad 1.200 euros por habitante y año. Menos de lo que desembolsan la mayoría de los países del entorno. Que esta factura no se haya disparado se debe, sobre todo, a que aquí los sueldos de los profesionales son discretos.

El Mundo Sin embargo, ahora –en tiempos de crisis tan severa y con una deuda sanitaria de grandes proporciones– se empieza a hablar, y mucho, de la sostenibilidad de todo este tinglado. Proliferan los foros en los que se discute qué es lo que puede pasar con nuestra sanidad y en ellos se escucha de una forma constante que hay que hacer lo que sea para paliar el riesgo de catástrofe.

Los expertos insisten en que el sistema, tal como lo conocemos, está en situación propicia de colapsarse un día. Por eso, lo inteligente es encarar reformas de calado que no deben obviarse por más tiempo.

Los políticos –independientemente del partido al que estén afiliados– tendrán que asumir con gallardía la cuota momentánea de impopularidad que conlleve consensuar medidas sanitarias que controlen el gasto y añadan eficacia y eficiencia, sin que eso signifique indefectiblemente tener que disminuir la calidad. No es tarea sencilla y para conseguirlo hay que ser generoso, perder protagonismo, evitar demagogias y tratar de armonizar ofertas y demandas con gestiones modernas.

28 Es absurdo hablar hasta el hastío de que estamos al borde de la quiebra por culpa de que la población está envejeciendo y de que cada día se incorpora al mercado una tecnología mágica que cuesta muchos euros adquirir. Vivir más años y mejor es algo que no había pasado nunca en la Historia, luego es una conquista. Las nuevas tecnologías, cuando se usan bien, mejoran resultados y son armas magníficas para controlar las patologías crónicas que provocan el montante más gordo de la cuenta total.

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Sería absurdo también seguir insistiendo en el maniqueísmo de la sanidad pública frente a la que es privada. Ni una es siempre excelente y barata ni la otra es cara y medio cutre porque anda preocupada por la cuenta de resultados anual. Sólo debe haber una sanidad en todo el mundo: la buena. El resto son modelos de gestión que tienen que armonizarse para sacar de cada uno de ellos, y en sinergia, lo mejor.

Llevamos 30 años construyendo un sistema sanitario muy digno. Quizá ha sido una de las mejores cosas que han pasado en España en las últimas décadas. Sería lamentable que el caos financiero en el que nos encontramos acabara con él. Habrá que repetirlo las veces que haga falta: "mantenerlo y no dilapidarlo depende sobre todo de nosotros".

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Aborto y objeción de conciencia

D Manuel Clavero Diario de Almería

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esde la promulgación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se están produciendo acontecimientos de gran importancia, en España y fuera de España, que es conveniente divulgar. Es sabido que el artículo 30 de nuestra Constitución estableció, en relación con las obligaciones militares, que la ley regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia. Fernández Miranda Campoamor la ha definido con la negativa a cumplir un mandato o una norma jurídica invocando un imperativo de conciencia que impide el cumplimiento. El Tribunal Constitucional ha consagrado, en materia de aborto, la posibilidad de aplicación del derecho a la objeción de conciencia.

En la sentencia de 11 de abril de 1985, sobre la inconstitucionalidad de la primera ley del aborto, además de una importante doctrina sobre la protección del feto, el Constitucional abordó una cuestión planteada por los recurrentes en orden a que la ley no regulaba la necesidad de información para la mujer y otras materias fundamentales y dijo que tales cuestiones eran ajenas al enjuiciamiento constitucional del proyecto, y añadió que, no obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Es por ello por lo que la objeción de conciencia ha de interpretarse extensivamente, tanto subjetiva como objetivamente.

El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en su artículo 19.2, establece que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. Queda por determinar cuáles son los profesionales directamente implicados en el aborto y qué procedimiento ha de seguirse para ejercer tal derecho. Hay colegios profesionales que han recurrido las disposiciones administrativas de desarrollo de tal precepto porque, a juicio de los mismos, restringen la objeción de conciencia, y también hay colegios profesionales que han distribuido entre los colegiados modelos escritos para ejercitar el derecho a la objeción de conciencia en materia de aborto.

El pasado 7 de octubre hubo un amplio debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sirvió de base al debate el informe de la diputada británica Chistine McCfferty en el que se defendía la limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos a la objeción de conciencia, en especial para los que trabajan en centros sanitarios y no quieran intervenir ni participar en abortos. La Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea rechazó el informe y lo sustituyó por otro docu-

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mento en el que expresamente se reconocía el derecho a la objeción de conciencia al personal sanitario y se negaba que el aborto fuera un derecho. En los comentarios al debate y al nuevo texto se puso de relieve la situación de Europa en la que se vive una gran crisis demográfica junto a una inmigración prolífica.

En España ha ocurrido el 14 de julio de 2010 un acontecimiento importante, no directamente relacionado con la objeción de conciencia en materia sanitaria, pero sí con el aborto. En el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra determinados artículos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se planteó la medida cautelar de suspensión de los artículos recurridos, durante la tramitación del recurso. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no regula las medidas cautelares de suspensión en los recursos de inconstitucionalidad y ello fue determinante para que el Tribunal Constitucional desestimara la suspensión cautelar de los artículos y disposiciones recurridas.

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Cinco magistrados formularon votos particulares, y en ellos, además de recordar que tampoco estaban prohibidas las medidas cautelares en el recurso de inconstitucionalidad, se preguntó en uno de ellos qué pasaría con los fetos abortados durante la tramitación del recurso si éste, luego, se estimara. Creo que era un caso excepcional que hubiera justificado la adopción de la medida cautelar solicitada.

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Adicciones

E José María Peña Vázquez Hoy

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s extraño que una sustancia tan perjudicial y tan poco aromática nos tenga, ¡a tantos!, tan sometidos a su suave dictadura, por no dramatizar más y calificarlo de tiranía, ante la cual es inútil tratar de oponerse analizándola con criterios racionalistas, dada su singular simpleza. Me refiero al vicio de fumar, pero que se puede decir también el placer de fumar o la costumbre de fumar, hoy en absoluto entredicho y presa de un complicado y confuso conflicto de intereses encontrados: por un lado se prima a los productores de la materia prima, el tabaco, permitiéndoles que sigan con su producción, en lugar de reservar todas esas cantidades como inversiones para que los agricultores afectados cambien a otro cultivo; por otro lado se recrudecen los avisos más dramáticos y aun trágicos de los perjuicios inherentes a la inhalación de nicotina, alquitrán y demás subproductos propios de la mezcla de muy diversas sustancias con el tabaco listo para fumar, advirtiendo a los fumadores de las peores calamidades si se sigue con tan inquietante y hasta mortífera costumbre. Hay una tercera cara del mismo asunto en las actitudes vinculadas al hecho de fumar, cual es la contribución a las arcas públicas de cada vez más elevados impuestos al consumo del tabaco.

Soy de los muchos que, acosado por las insistentes alarmas sobre la salud de los fumadores, más que por las normas que a buen seguro se aproximan para marginar a los fumadores, que no para buscarles una solución a su problema, hemos tomado la resolución más drástica: abandonar la adicción. Después de recurrir, sin éxito, a los parches de nicotina y a tratamiento farmacológico, al final me decidí por la abstinencia sin más, y, harto de estratagemas, llevo dos meses sin fumar, amparado por la débil pero prestigiosa estrategia de sentirme liberado de un vicio dominador, y con el apoyo del cigarro electrónico.

Lo cierto es que he acabado por tirar la toalla, mejor dicho, por sublimar la situación y me he dicho que el vicio de fumar es (era), en mi caso al menos, una cuestión espiritual, moral, de desafío, de una actitud inmaterial antes que una mera adicción a una sustancia, sea la nicotina o sea cualquier otra de las materias que se combinan para intoxicar los pulmones. Antes que admitir que estaba sujeto al influjo de determinados humores materiales de insana influencia, me dije que mi adicción no era tal, sino la práctica de algunos ritos de los que somos partícipes los que quemamos este viejo incienso del tabaco para ofrendarlo a los dioses como fuego sagrado y humo purificador. Así es que como se hace en las iglesias al sustituir el fuego vivo de los pebeteros por el ficticio de la luminaria eléctrica dedicada a los santos más celebrados, hago lo mismo con mi asidua ofrenda de la candela del cigarro encendido como rescoldo en favor y homenaje de la divinidades más domésticas y, en lugar del fuego sagrado he tomado el hábito de trastear con un cigarro electrónico que me permite aspirar auténticas bocanadas de estelas de humo que, después de pasar a los pulmones como vivificante vapor humoso, sale al exterior de mi cuerpo por la boca y la nariz en espirales mágicas e incorpóreas completando así el rito oferente del fuego divino.

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Con este paso, hechas las pertinentes intentonas de dejar de fumar mediante el obtuso procedimiento de intoxicarme más con parches impregnados con lo menos agradable que proporciona el tabaco y, después de dos meses de práctica del ritual electrónico que permite, sin nicotina ni adictivos, aspirar estimulantes caladas para después expulsarlas en relajante gesto de satisfacción, completando así el ciclo de la liturgia ancestral de paciencia y consolación pedidas a los dioses menores que rigen nuestro destino cotidiano para augurar satisfacciones y parabienes tanto en los quehaceres hogareños como en los del trabajo romo y rutinario, o a los espíritus mayores de la consolación jubilar. No, si el que no se consuela.

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Apuesta por la sanidad pública

E María Ángeles Palacios

l sistema sanitario español se ha consolidado como uno de los más desarrollados del mundo. Nuestro sistema se basa en los principios de universalidad, gratuidad, equidad y accesibilidad. En consecuencia, la práctica totalidad de la población tiene cobertura sanitaria pública, financiada con impuestos de todos los españoles. El acceso a la sanidad pública como un derecho universal y basado en la equidad, hace de nuestro Sistema Nacional de Salud uno de los más completos.

La Verdad Además, el sistema cuenta con su principal activo: los profesionales, que en España reciben una formación de calidad en todos los campos de ciencias de la salud, lo que les hace acreedores de los mayores elogios por los distintos servicios de salud europeos, y por qué no decirlo, deseos de que formen parte de sus plantillas. Ha sido incuestionable la decidida voluntad política para potenciar el sistema sanitario público en España, antes con el Insalud, y después de las transferencias sanitarias con todos los gobiernos de distinto signo tanto de la Administración del Estado como en las comunidades autónomas.

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Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud tiene importantes retos comunes a todas las comunidades autónomas: las listas de espera, la mejora de la calidad asistencial, la búsqueda de la eficiencia en la gestión de los recursos y la sostenibilidad del sistema sanitario. Sostenibilidad que debe estar garantizada, máxime en los momentos actuales de fuerte desequilibrio financiero y cuando se ha perdido la oportunidad de acordar un buen modelo en el nuevo sistema de financiación, que en el caso de la Región de Murcia, ha obviado los incrementos de población. Estos retos, que se abordan por separado en todas las regiones, están centrando los esfuerzos en materia de gestión sanitaria, y es por esto que todas las comunidades autónomas buscan nuevos modelos para lograr mejores resultados, sin que todo ello suponga variar el modelo sanitario público. No hay que confundir sanidad pública con gestión de la sanidad pública a través de los instrumentos que la ley establece.

Y con esta afirmación no estoy añadiendo nada novedoso. La Ley 15/1997 de 15 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada con el consenso mayoritario de los partidos políticos que conformaban las Cortes Generales, garantiza y preserva en todo caso la condición de servicio público al que se realiza dentro del Sistema Nacional de Salud, ya sea prestado de forma directa o indirecta, o mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.

No debemos descartar a priori ninguna forma de gestión, tienen amparo legal y pueden ser un instrumento eficaz, que mejore nuestro sistema sanitario, y entiendo que ese es el sentido que podemos encontrar en las palabras de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, cuando respondió a una pregunta sobre

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este tema en una reciente visita a Murcia: «La concesión Administrativa no significa que esos hospitales no estén dentro del sistema público, sino que son concertados.

Forman parte del sistema público. Es un modelo que estamos introduciendo, y lo prudente es esperar para realizar una evaluación». Como dijo la ministra, son nuevas fórmulas, que se ponen en marcha después de concienzudos estudios, y con el único objetivo de mejorar la calidad a la vez que reducir el gasto.

Se ha generado un debate en el que se acusa erróneamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de querer privatizar la Sanidad. Parece que se trata de confundir y politizar una cuestión en la que todas las comunidades autónomas, sin importar el signo político, están trabajando desde hace tiempo.

La apuesta por la sanidad pública es decidida, y lo digo claramente, no debemos confundir a los ciudadanos. Si ponemos en funcionamiento una nueva forma de gestión amparada en la ley, afirmar que estamos privatizando la sanidad pública, no es verdad, entre otros aspectos, porque sería ilegal cambiar el modelo actual.

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Es nuestra responsabilidad aplicar las medidas más adecuadas que hagan sostenible nuestro sistema sanitario. Las nuevas formas de gestión serán evaluadas constantemente y deberán cumplir objetivos en cortos espacios de tiempo, como mejorar la calidad, disminuir las listas de espera y hacer eficiente el gasto sanitario.

Se trata de avanzar en el funcionamiento de la sanidad pública, no de privatizarla.

Una vez que superemos este falso debate, será esencial que la Administración cuente con la colaboración de todas las instituciones y agentes sociales para acometer estas mejoras, que beneficiarán tanto a pacientes como a profesionales.

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Así es la vida: toser y cantar

T Juan Luis Bikuña Deia

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al día como hoy de 2005, "sus señorías" aprobaron la Ley Antitabaco; en octubre pasado se reformó la ley y ahora el Gobierno ordena subir los impuestos del tabaco para recaudar 780 millones de euros más. Según la vicepresidenta del Gobierno, la señora Salgado, la razón fundamental de la subida es de salud pública, pero (como quien no quiere la cosa) "servirá para compensar la caída de ingresos" de las arcas del Estado. La verdad, no comprendo este sí pero no. ¿Realmente le preocupa al Gobierno la salud pública? Si la cosa va por ahí, lo lógico sería prohibir el tabaco porque "el tabaco mata", según reza la publicidad y aseveran los médicos. Y así, como dice el refranero popular, "muerto el perro se acabó la rabia". Pero da la sensación de que el asunto no va por ahí, no. El tabaco supone una significativa fuente de ingresos para las arcas del reino. Está claro que hacen falta esos bichos raros, paisanos no reconocidos en las listas de adictos o enfermos, esos geniecillos contaminantes a los que sacarles la pasta. ¿Que los dineros del Gobierno escasean? Impuestos a los fumadores. Y así, pese a la supuesta preocupación de la señora Salgado por la salud pública, los fumadores se han convertido en un importante sector que, con sus impuestos, contribuye al engorde de las arcas del Estado y a encarar esta crisis. No se prohibirá el tabaco aunque sea uno de los factores nocivos para el cuerpo. Pongámonos las zapatillas, sentémonos cómodamente en casa… O en cualquier tertulia que se precie para hablar de lo divino y… no me dirán que un buen "habano" no contribuye a mantener una conversación más agradable y pausada. Eso de acortar la vida… Vean cómo felicitó Groucho Marx a un amigo: "Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote". El escritor Mark Twain, gran fumador, dijo en un arrebato que "si en el cielo no permiten fumar, yo no voy".

Amigos, así de vaga es la vida, relajada… Toser y cantar.

T X Premio Reflexiones

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Calderilla para la sanidad, con urgencias

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a sanidad pública no es gratis, la pagamos todos, o casi todos. La cuestión es: ¿cuánto nos cuesta y cómo la pagamos? 1) ¿Desde principios de equidad, universalidad y solidaridad?, 2) ¿Desde pólizas privadas y facturas puras y duras?, 3) ¿O con el copago?

Pedro Jesús Valera Duque La Verdad

1. Sistema público que garantiza la asistencia sanitaria para todos y pagados con impuestos directos.

2. El privado, que ha crecido un 57 por ciento en volumen de primas en los últimos años y ha incrementado su beneficio en un 23,4 por ciento. El murciano cada vez suscribe más esta asistencia sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué pagar dos veces por el mismo servicio? ¿Existe fraude detrás de este fenómeno?

3. El copago, modelo que ya existe en España a través del medicamento, lo pagamos total o parcialmente. Pagamos por nuestra salud y ahorramos a la sanidad pública, por ejemplo, con la medicina homeopática, entre consultas y productos, 3.600.000.000 euros (cifra anual en España).

España cuenta con un sistema tributario progresivo. Paga más quien más tiene, está garantizada la solidaridad y la cohesión social. La asistencia sanitaria es uno de los grandes pilares de la sociedad del bienestar.

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La decisión de incrementar un céntimo el precio de los carburantes rompe en parte ese principio de equidad en la financiación del sistema sanitario, al ser un impuesto indirecto. Es un error y una huida hacia adelante. No resuelve el problema estructural de la sanidad. Además, se percibe negativo, ya que paga igual la persona que ha defraudado a Hacienda y ha blanqueado dinero negro.

La subida del combustible, desequilibra un presupuesto familiar sobreendeudado y se paga por partida doble. A saber, la subida en sí y los precios de productos y servicios, como el transporte, la electricidad (un 50 por ciento en los últimos 4 años), el IVA, la alimentación… y aún se espera que la confianza del consumidor y el consumo familiar sea motor de la economía.

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Esta medida no resuelve la financiación sanitaria. Habrá que establecer prioridades de ahorro en el gasto sanitario y mayor eficiencia en la gestión. Con lo que nos cuesta la sanidad, son inexplicables las listas de espera, los retrasos en las pruebas diagnósticas…

La sanidad regional necesita decisiones con consenso social. Sería deseable que la coincidencia en la aplicación de este impuesto en comunidades autónomas de distinto signo se reprodujera en medidas de eficiencia y ahorro en la sanidad, como reducir el gasto farmacéutico que asciende a 515 millones. ¿Cómo es posible?

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Parece que 450.000 usuarios no son reconocidos para la financiación autonómica.

Ello suma más déficit para la sanidad, pero también lo es que las transferencias sanitarias se aceptaran con un enorme déficit y ahora tenemos que pagar.

Esta medida, sin diálogo ni participación social, es dar la espalda al que paga la cuenta y eso provoca rebeldía ciudadana, disgusto y decepción, por considerar insolidario que pague igual un parado, estudiante, mayor, trabajador, con salario hipotecado hasta los dientes, que otro con una fortuna incalculable en dinero negro.

Mientras se pide sacrificio una y otra vez (hay que apretarse el cinturón), el usuario se pregunta ¿Dónde está el dinero negro del boom inmobiliario? Sólo la evasión fiscal se eleva a 304 millones al año. La economía sumergida en Murcia se eleva a 5.400 millones, un 2,5 por ciento del dinero negro de España. Luchar con firmeza para acabar de una vez por todas con el fraude fiscal podría financiar varios sistemas sanitarios, coordinando planes entre administraciones que sacara a flote sólo una parte anual de lo que existe y no haría falta crear impuestos indirectos que grava a todos por igual.

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El 76,7 por ciento de los arrendamientos en la región son sumergidos, 26.700 sin declarar, 44,6 millones anuales. Los juegos o apuestas por Internet no pagan ningún impuesto y facturan unos 600 millones anuales (en España). El mercado negro de transporte de personas y de mercancías subió 5,5 puntos. Por otro lado, si el Tribunal Europeo de Justicia, tal y como se prevé, va a suprimir este impuesto, ¿quién tendrá derecho a la devolución? ¿Cómo se organizarán las devoluciones? ¿Por qué no estudiar medidas como la fiscalidad verde, un mínimo impuesto en el uso de las bolsas de plástico o un impuesto que grave la compra vehículos de gran cilindrada?

O la reforma sobre el tramo autonómico del IRPF para afectar a un número reducido de ciudadanos, ya que podría tomar como punto de partida los 67.700 euros de renta (hechas deducciones)?

No es injusto subir los impuestos a 7.000 murcianos, que pueden ser los afectados por la aplicación de un recargo del IRPF.

Con todo lo que las arcas autonómicas dejan de ingresar por fraude y dinero negro, los 34 millones del céntimo sanitario son calderilla y, sin embargo, el precio que pagamos desde las economías familiares es más caro: el de la confianza en el futuro.

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Claves para reducir el gasto

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iseñar y aplicar intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento más adaptadas al sustrato genético de cada paciente y al perfil molecular de cada enfermedad no sólo ya es una realidad clínica, sino que puede convertirse en la solución al impacto negativo que está teniendo la actual crisis económica en la gestión sanitaria y la atención médica en España.

Jaime del Barrio Diario Médico

Mientras que la medicina clásica es mayoritariamente reactiva y curativa (trata los síntomas cuando aparecen), y muy empírica (los tratamientos se administran muchas veces por ensayo y error), la Medicina Individualizada es más predictiva y preventiva, estimando riesgos y susceptibilidades de padecer enfermedades en función del sustrato genético y entorno familiar y ambiental de cada individuo, y se basa en terapias de diseño racional y dirigidas de forma mucho más específica a dianas terapéuticas.

Este nuevo paradigma de medicina tiene una traslación clara e inmediata a nivel asistencial, ya que se aumenta la eficacia y la seguridad en el proceso de manejo de las enfermedades. Gracias a la incorporación de técnicas y abordajes que nos proporcionan un conocimiento más completo y preciso de la variabilidad genética y molecular de las enfermedades y los individuos que las padecen es posible intervenir más tempranamente en el continuo salud-enfermedad.

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Pero las consecuencias no se ciñen únicamente al ámbito asistencial, sino que van más allá. La medicina individualizada nos está aportando herramientas cada vez más precisas para afinar el diagnóstico, así como para establecer un pronóstico del curso más probable de la enfermedad, seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente y monitorizar su eficacia y toxicidad. Gran parte de estos avances se sustentan en tecnologías innovadoras y, por definición, con un coste elevado.

Sin embargo, la evolución de los costes que han experimentado en muy poco tiempo algunos de estos recursos también invita al optimismo. El ejemplo más clarificador es el de los sistemas de secuenciación genómica; el precio de secuenciar un genoma humano completo ha pasado en poco más de un lustro de más de 300 millones de dólares a estar por debajo de los 6.000 dólares. La evolución es imparable, y en el momento en que esto tenga un coste asequible (unos 1.000 dólares), este recurso entrará de lleno en los hospitales universitarios.

Además, es esperable que en muchas patologías (especialmente las más complejas y prevalentes como el cáncer, la diabetes y la enfermedad cardiovascular) el desarrollo de la medicina individualizada, por su mayor componente preventivo y predictivo, permitirá a la larga una contención del coste.

De lo que no cabe duda es de que poder identificar tempranamente a los pacientes de riesgo y facilitar un abordaje más dirigido y específico de las enfermedades opti-

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miza el coste-efectividad de las intervenciones. Y es que ahora disponemos de los recursos técnicos adecuados y los conocimientos precisos para predecir o prevenir la enfermedad en la fase preclínica, cuando los gastos asociados aún son escasos; habitualmente, es a partir del diagnóstico y la fase de manifestación clínica de las enfermedades cuando los costes empiezan a dispararse.

Uno de los grandes y más importantes retos que se plantean a nuestros sistemas sanitarios a la hora de incorporar estas innovaciones a la práctica clínica es hacerlo sin que ello suponga un aumento de los costes imposibile de asumir. Pero lo cierto es que casi todos los agentes implicados, no sólo la industria farmacéutica y los gestores sanitarios, ya empiezan a contemplar a la medicina individualizada no sólo como una oportunidad, sino como una necesidad acuciante.

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Control político en la sanidad pública

E Manuel Calleja La Tribuna de Toledo

l pasado mes de julio, la Consejería de Sanidad inició los trámites para la aprobación de un decreto sobre la provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de la región. En este decreto que define la Jefatura de Servicio como un puesto de gestión de recursos públicos, por lo que se convierte en un puesto de especial confianza. Esto quiere decir que, a partir de la aprobación de dicho decreto, los jefes de Servicio serán nombrados, y cesados, a dedo, y no en un proceso de selección por concurso público.

Los argumentos que se ofrecen para justificar la sustitución del Decreto 89/2005, de 26 de julio, que regula hasta ahora la provisión de las plazas de jefe de servicio es, textualmente: “Las razones de especial confianza residen en la necesaria cooperación de estos responsables en la difusión y cumplimiento de las instrucciones y normas de las autoridades sanitarias y directivos del Servicio de Salud”.

Sin embargo, el jefe de un servicio médico o quirúrgico no es, ni debe ser en ningún caso, un cargo directivo y, por tanto, un mero transmisor de las decisiones de la Gerencia. Muy al contrario, debe ser un cargo de carácter técnico de máxima cualificación profesional que debe entender de la forma más adecuada de administrar la infraestructura hospitalaria y los recursos asignados para lograr el máximo beneficio para sus pacientes, cuya atención sanitaria es su responsabilidad. De hecho, los intereses de los pacientes a menudo chocan con los de la Administración, y es el jefe de Servicio el único que puede persuadir, presionar o incluso denunciar estas situaciones.

Por ello, la estabilidad de las jefaturas de servicio debe estar protegida legalmente.

42 Además, este Decreto se contradice con la recientemente aprobada ley 5/2010, de 24 de junio, sobre “Derechos y deberes en materia de Salud de Castilla-La Mancha”, en la que se reconoce que los profesionales sanitarios tienen derecho “a la autonomía científica y técnica”, además de tener la obligación de “prestar una adecuada atención sanitaria a los pacientes y usuarios”. Difícilmente estos dos puntos podrán ser cumplidos con independencia de criterio por personas que deban su cargo al “dedo” del gerente de turno y cuyo mismo dedo puede cesarle sin explicación alguna.

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Afirmando que los jefes de los servicios médicos deben ser personas de su confianza están queriendo ocultar su verdadero objetivo: que éstos se plieguen dócilmente a sus órdenes políticas, renunciando a la aplicación de los imprescindibles conocimientos y criterios médicos en su práctica diaria, con la independencia necesaria para ello. El comportamiento dócil que pretenden lograr compromete la óptima atención a los pacientes, objetivo último de una institución hospitalaria, y merecedora de todas las garantías en la planificación, realización y control de su tratamiento. Si preguntáramos a los pacientes, ¿preferirían ser operados en los plazos, con las técnicas y utilizando los materiales que decidieran los políticos o, por el contrario, querrían que estas decisiones estuvieran en manos de los médicos?

X Premio Reflexiones

Cuando dicho Decreto entre en vigor, el gerente de un hospital puede decidir economizar en el número de quirófanos necesarios, lo que pondrá en peligro la vida de los pacientes en lista de espera. ¿Qué ocurrirá si decide que se puede esperar para operar a un paciente el doble de tiempo que lo que opina el jefe del servicio? ¿Quién va a asumir las responsabilidades si el paciente muere durante la excesiva espera? Si hay un jefe de servicio independiente de la dirección no tolerará este atropello para sus pacientes. Si, por el contrario, el jefe de servicio ha sido designado “a dedo” y puede ser cesado “a dedo”, como pretende el nuevo decreto, los pacientes dejarán de ser tratados con criterios médicos y pasarán a ser tratados con criterios políticos. ¡Dios nos coja confesados!

Cuando este Decreto entre en vigor, nuestras vidas estarán en manos de los políticos que han “gestionado” Caja Castilla-La Mancha, o la construcción y gestión del aeropuerto de Ciudad Real, o los que nos prometieron para 2008 el mejor hospital de España para Toledo, con tecnología en algunos casos innecesaria e inútil para el bien de los pacientes, y que hoy está aún en construcción. ¿Nos parecerá bien que sean ellos quienes decidan cómo, cuándo y con qué criterios debemos ser operados?

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¿Es acaso adecuada la actual política de subvenciones a instituciones de dudoso interés general, a asociaciones afines al poder político, o incluso a programas culturales de muy discutible calidad? Mientras, desde nuestra Comunidad se están enviando pacientes a Madrid para ser operados de corazón, por ejemplo, y se han producido muertes de pacientes por el excesivo tiempo de espera, gracias a la decisión de un gerente de hospital para no poner los medios necesarios.

Mientras existió un jefe de servicio que no debía su puesto al gerente de turno, sino a su capacidad profesional, dicho jefe de servicio propuso soluciones e, incluso, denunció ciertas situaciones, en el intento de que los derechos de los pacientes fueran respetados. Por todo ello fue cesado, aunque de forma ilegal, como dictaminan dos sentencias firmes del TSJ de Castilla-La Mancha. Si esto ha ocurrido con un jefe de servicio que obtuvo su plaza por concurso público, ¿qué pasará cuando el responsable sea designado a dedo?

Creo que no es posible ser optimista. La degradación de la práctica médica por la injerencia del poder político en nuestra sanidad pública, considerada justamente hace unos años como la mejor del mundo, no ha dejado de crecer en los últimos años; esto es solo una vuelta de tuerca más. Los españoles nos hemos resignado a ver cómo los técnicos son apartados o controlados cada vez más, prevaleciendo los criterios políticos sobre los técnico-profesionales, con evidente perjuicio para la sociedad civil.

Tenemos las competencias en Sanidad transferidas desde 2002, pero… para este viaje no necesitábamos alforjas.

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Copago en la sanidad pública

S Juan Sánchez Vallejo El Correo

egún recientes informes de la OCDE, el gasto sanitario en España es menor que el de la media europea, pero el escenario de "presión sobre el gasto sanitario" se situará en España nada menos que en el 12,8 por ciento en 2050, que con políticas de contención del gasto, y manejando cifras optimistas, se podría rebajar al 10,1 por ciento. Lo que está claro es que los presupuestos sanitarios son los que son y no se estiran, por lo que las soluciones para una adecuada y suficiente financiación pasan por aumentar los ingresos o por reducir los gastos.

Una de las fórmulas que más suena últimamente para la adecuación financiera de nuestra sanidad pública es el llamado copago. El mismísimo consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha declarado en varias ocasiones que el copago es una buena fórmula de aumentar los ingresos mediante el pago directo de algún porcentaje de los servicios utilizados en Osakidetza, si bien su departamento estudia al parecer la aplicación más justa y progresiva de dicho modelo. Añade también (y con razón) el consejero que el copago contiene un elemento ahorrador o, cuando menos, contenedor del gasto sanitario a través de la inevitable "disuasión" que todo gasto directo ejerce sobre aquel usuario que se dispone a utilizar los servicios de Osakidetza; se supone que este elemento disuasorio atenuaría en última instancia la actual demanda abusiva y sin límites.

Tendríamos así en el copago un instrumento administrativo-financiero de primer orden a la hora de valorar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario a medio y largo plazo.

44 Al hilo de estas consideraciones recuerdo las declaraciones de los prestigiosos doctores de Harvard Blendon y A. Jovell en las que afirmaban que "una asistencia pública, universal, gratuita y de calidad es económicamente insostenible, por lo que todos los países occidentales acabarán por recurrir tarde o temprano a sistemas de copago o incrementos impositivos". El doctor Jovell explicaba que "lo que es gratuito no suele suscitar mucha demanda de información…".

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Pero a estos prestigiosos colegas de Harvard habría que hacerles también algunas pertinentes observaciones, y la primera sería la de advertirles de que nuestro sistema sanitario no tiene nada de gratuito, sino que está financiado con los impuestos de los ciudadanos; bien se ve que en su país la sanidad pública, como resultado de un sistema político-económico más o menos redistributivo, "ni se huele". Asimismo habría que argumentar que a veces las grandes soluciones traen aparejados grandes problemas, porque el hacer pagar directamente parte de los servicios a los usuarios rompería definitivamente algunas de las bases sobre las que se asienta nuestro sistema sanitario público, como la equidad o la solidaridad. Por otra parte, la instauración del copago exigiría la introducción de los mecanismos administrativos y de facturación correspondientes, con sus costes añadidos.

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Los detractores del copago, entre los que me encuentro, pensamos que antes de abordar estas medidas presuntamente eficaces habría que analizar a fondo los problemas estructurales y funcionales que van deteriorando nuestro sistema sanitario. Porque las necesidades de la población van cambiando mucho en los últimos años; la población envejece, por lo que las enfermedades crónicas y degenerativas se han disparado. Este hecho y el enorme despliegue tecnológico explican el fuerte incremento del gasto sanitario, aunque debiéramos tener siempre presente que el primero de los factores que viene alimentándolo es el uso abusivo de los servicios por parte de una población con mentalidad consumista que se preocupa de su salud sin ocuparse de ella. Aún no he oído hablar a ningún político de la imprescindible y urgente necesidad de establecer una adecuada educación sanitaria a la población, encaminada a cambiar ese "chip" consumista y neurótico que la coloniza y encamina hacia esta demanda sanitaria hipertrofiada e insostenible: radiografías, ecografías, tomografías y un larguísimo etcétera de pruebas diagnósticas, muchas veces prescindibles, sobre todo si los propios interesados, como antes decía, cuidaran de su propia salud y no la enajenaran a médicos, fármacos y aparatos.

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Los potentísimos medios de comunicación que hoy están al alcance de cualquier usuario no hacen sino incentivar esta filosofía del 'acuda usted a su médico o farmacéutico'. Si a ello añadimos las periódicas alarmas, injustificadas y probablemente estimuladas desde el ámbito de la globalizada industria farmacéutica, como ha quedado demostrado con la gripe A, tenemos un magnífico caldo de cultivo para potenciar la demanda asistencial desbocada.

Quiero concluir resumiendo lo que un servidor, médico y con 38 años de labor profesional en la sanidad pública vasca, piensa en estos momentos de crisis sobre el copago sanitario: -Para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario existen otras actuaciones probablemente mucho más eficaces y justas que el controvertido copago u otras fórmulas coyunturales más o menos improvisadas. Me refiero a la educación sanitaria (si bien su eficacia no se plasmaría a corto plazo), o a la reestructuración funcional del sistema sanitario público, priorizando la atención de enfermedades crónicas y estimulando la coordinación entre los diversos estamentos sanitarios -Dedicar mayor esfuerzo en la prescripción de genéricos (apenas se llega al 15 por ciento frente al 40 por ciento de media europea).

-Como último recurso y sólo si 'las cuentas no salen', echar mano de los impuestos finalistas.

Pero por encima de todas estas consideraciones y críticas al copago, entiendo que éste es un tema que, por impopular y antipático que nos parezca, no debería cerrarse. Sospecho que sobran maniqueísmos en nuestra sanidad y se hace cada vez más necesario el espíritu cooperador y constructivo. Así pues, ¡que prosiga el debate!

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Copago y demagogia

L Guillem LópezCasasnovas ABC

os copagos en servicios públicos no son más que una modalidad de ingresos de la Administración. Nada que ver con precios privados, la privatización de los servicios, o un "sálvese quien pueda" ante el racionamiento de la oferta asistencial. Reforzar nuestro sistema de salud en lo que tiene de bueno con más ingresos públicos, y en lo que no lleguen los impuestos (no va a poder crecer la presión fiscal muchos puntos por encima de la presión del gasto sanitario), que lleguen los otros ingresos públicos.

Los copagos son compatibles con la idea de la universalidad. Universalidad no quiere decir todo para todos gratis, sino que todo el mundo es "elegible" en razón de su situación (de renta, necesidad relativa y otras). De modo que el copago puede ser universal pero casi cero para determinados colectivos. El copago no siempre es un elemento financiero. Como tiquet moderador, su virtualidad es que no recaude nada: que detenga consumos innecesarios.

No es una cuestión de economistas: Si los profesionales identifican lo que ellos dicen son los abusos y los políticos los quieren afrontar por el lado de la demanda (usuarios) y no de la oferta (disciplinando a prescriptores), los economistas podemos acudir en su ayuda. Digan los profesionales, donde localizan despilfarros y ya intentaremos aplicar los antídotos. La exclusión de una prestación (por tardanza en el suministro, baja calidad..) equivale a un copago del cien por cien. Mejor, por tanto, una tasa pública tutelada que un precio privado, ya que lo que no oferta el sector público no queda prohibido.

46 Reconocido lo anterior, y contra los entusiastas del copago: una buena idea mal aplicada, acaba siendo una mala idea. Nuestro sistema puede que hoy necesite copagos del mismo modo que necesita una priorización explícita de servicios en catálogo y un selectivismo más diligente.

L X Premio Reflexiones

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Derecho a la salud y derechos individuales

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l 28 de diciembre, Fernando Savater publicó en EL CORREO el artículo 'Contra la imposición de la salud', en el que me cita. Lejos de mí polemizar con él: no dispongo de su capacidad de análisis ni de su dialéctica, aunque creo que en esta ocasión ha estado escaso de ambas.

Miguel Berrueco Ferrero El Correo

No voy a discutir los efectos del uso del tabaco sobre la salud. Es un debate zanjado por la ciencia. Prefiero contestar sus argumentos sobre los derechos individuales. Es obvio el derecho a cuidar la salud propia como cada uno quiera. Nadie pretende obligarle a hacer gimnasia ni a dejar de fumar. La nueva ley pretende garantizar que quien quiera fumar pueda hacerlo, pero sin obligar a otros a respirar el humo con el que llenan los locales cerrados y los pulmones de los no fumadores. Establecido inequívocamente el objetivo de la ley, quiero aclarar también que no es bueno mezclar el marmitako con las témporas.

En España el no fumador está sometido por una minoría privilegiada que son los fumadores y no puede acudir a espacios cerrados sin inhalar humo del tabaco. Los fumadores imponen el humo de sus cigarrillos a todo el sector de la restauración: clientes y trabajadores, ignorando el derecho a la igualdad o a la no discriminación «por cualquier otra condición o circunstancia personal o social» reconocido en el artículo 14 de la Constitución (independientemente de otros artículos que hablan del derecho a la salud).

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Los espacios cerrados (bares y restaurantes) son espacios de uso público, no espacios públicos de uso privado. Usted propone que una mayoría no fumadora (el 70 por ciento de la población) deje de acudir a esos locales para que una minoría (el 30 por ciento) pueda seguir fumando tranquilamente. En ese mismo orden de cosas supongo que se debería permitir circular por las carreteras a la velocidad que cada uno quiera, que para eso venden coches que corren a 250 por hora, y el que no quiera ser embestido que no use la carretera, que según su argumentación será también bien público de uso privado (¿o puestos a prohibir, además del tabaco prohibimos todos los coches en vez de poner normas de circulación?).

Puesto a defender el tabaco, esperaba de usted argumentos de más altura. Yo, que llevo muchos años trabajando en la prevención del tabaquismo (y no soy antitabaco) le recomiendo leer el artículo 'El apartheid de los no fumadores', publicado por Ubaldo Cuadrado en 'Diario de Cádiz' del 16 de diciembre y en el que, a partir de un hecho puntual (el despido de Luis José Merino de un trabajo en el que llevaba 15 años, por pedir que se cumpliera la Ley 28/2005 en una empresa que almacena miles de litros de material inflamable), recoge con perspectiva histórica la lucha de los no fumadores por el derecho a respirar aire no contaminado por humo de tabaco. Le aseguro que describe la situación de los no fumadores mucho mejor que ningún experto. Explica cómo ya "en 1884 Ida B. Wells, de raza negra, había adquirido un

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billete de primera en el ferrocarril de Cheasepeake & Ohio. El revisor le pidió que se levantara y fuera al vagón de los Jim Crow (forma despectiva de referirse a los negros). Ida se negó alegando que tenía su billete y que el vagón al que querían enviarla era... ¡de fumadores! y ella era una dama. Esta activista que no renunció a su asiento 70 años antes de que hiciera lo mismo Rosa Parks puede considerarse la primera luchadora antitabaco". A mí me ha hecho reflexionar y estoy seguro de que si usted lo lee le sucederá lo mismo.

Desde el respeto que reclama para su identidad cultural, permítame decirle que se trata de que todos estemos en igualdad de condiciones y nadie imponga nada a otros. Los no fumadores estamos inmersos en una larga marcha para ser ciudadanos de plenos derechos, y el hecho de ser fumador no debe nublarle la vista para saber que en este caso la defensa de los derechos individuales está del lado de los no fumadores.

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Dispensación excepcional, o como la llamen

E Manuel Pérez Fernández Correo Farmacéutico

l objetivo es atender adecuadamente a nuestros pacientes, y si para ello es necesario actualizar y ampliar los listados de principios activos susceptibles de ser dispensados sin receta, hágase, o si existe otra fórmula mejor, aplíquese. Que conste que digo principios activos y no marcas comerciales o presentaciones, pues es incongruente la situación en la que nos encontramos los farmacéuticos a diario.

Los primeros escollos que tenemos que salvar son los nuestros, que hasta ahora siempre nos hemos venido manifestando con una excesiva prudencia, como si no estuviéramos demasiado convencidos de nuestras capacidades o como si tuviéramos miedo a herir determinadas susceptibilidades. Y pienso que no hay ningún motivo para no empezar a hablar abiertamente porque nos acompaña el interés de los pacientes, nuestra formación y capacidad profesional y, sobre todo, la razón.

Ha llegado el momento de que este tema sea abordado de forma independiente y tranquila, sin prisas pero sin pausas, aprovechando el debate sobre prescripción abierto en la Sanidad española. Explico por qué. Hasta ahora, los enfermeros a nivel hospitalario o ambulatorio y los farmacéuticos comunitarios hemos ido realizando toda una serie de actividades vinculadas o no a nuestras atribuciones, cuyo objetivo fundamental era cubrir o tapar los defectos del sistema y "no pasaba nada".

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Pero, de pronto, por no se sabe qué arte, la Administración ha entendido que los enfermeros están muy bien preparados y que es positivo que puedan prescribir determinados medicamentos, y que los farmacéuticos también lo están, tanto como para poder dispensar sin receta la pdd.

Pues bien, tras la apertura de estos debates es un disparate el escenario actual. Los pacientes, pidiéndonos por favor -o a gritos- que les dispensemos medicamentos que sin receta no podemos darles; la Administración mirando para otro lado y sancionándonos si lo hacemos (no me cansaré de repetir hasta la saciedad el insulto profesional que ha supuesto que un compañero sevillano haya sido sancionado con 3.000 euros por dispensar un naproxeno de 550 mg sin receta, cuando existen en el Nomenclátor presentaciones del mismo principio activo que no la necesitan); los colegios recomendando y vigilando el cumplimiento de la legislación; los farmacéuticos haciendo lo que pueden, y algunos médicos "mandando a los pacientes a la farmacia" con cualquier cosa menos con una receta oficial bien cumplimentada, o con P-10 o volantes desde la mismísima Administración que nos sanciona.

La injusticia de castigar al farmacéutico En este escenario, castigar a los farmacéuticos es una clarísima injusticia, más cercana a una presunta "vía alternativa de financiación" que a una necesidad imperiosa de hacer cumplir la legislación, y, aunque aumentar los listados que permitan a los farmacéuticos dispensar sin receta ciertos medicamentos no lo solucionaría

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todo, podría poner algo de orden en todo este disparate y, sobre todo, equipararía las responsabilidades de los farmacéuticos a sus capacidades, formación y compromiso con la salud pública.

No deja de ser una flagrante incongruencia que se nos pretenda obligar a dispensar sin receta a una menor de edad un complejo medicamento hormonal, y no la de dispensar un antiinflamatorio, un analgésico o un antibiótico a un adulto que acude a nuestras farmacias con un fuerte dolor de muelas y un síntoma tan evidente como un flemón pero sin receta o solicitándonos su tratamiento crónico habitual. ¿Lo entiende alguien? Si es así, que me lo explique.

Si se le permitiera, saldrían ganando primaria y los servicios de urgencia, frecuentemente colapsados de forma absurda por pacientes que sólo demandan la receta y no asistencia médica; saldrían ganando los pacientes, que no tendrían que verse en situaciones a veces verdaderamente esperpénticas para que el fin de semana le den en una farmacia un determinado medicamento, y se haría justicia a los farmacéuticos, que nos vemos abocados a situaciones de alta tensión emocional al tener que discernir si incurrimos en un presunto delito de omisión del deber de socorro o si incurrimos en una falta grave por dispensarlos sin receta.

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Lo de menos es si a eso le llamamos indicación farmacéutica, prescripción farmacéutica o dispensación excepcional. Lo de menos es el nombre. Lo que hay que corregir inmediatamente es la situación insólita que padecemos los farmacéuticos, que no podemos seguir siendo los sufridores de los defectos del sistema y los profesionales a sancionar por nimiedades. No es razonable y no es justo.

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Ejercicio de libertad

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ibertad: En palabras sencillas, hacer o no hacer lo que deseas sin molestar a los demás y respetando sus decisiones. Es hermoso ejercer la libertad. Pero aún es más placentero y edificante permitir que otros la ejerzan, la sientan y la disfruten.

Bernabé Galán Sánchez Comcordoba

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Conozco un ejemplo de actuar en libertad que me ha llamado la atención y me ha enternecido. Nuestro ejercicio profesional como médico de Familia se engrandece en ocasiones (yo diría que con mucha frecuencia) cuando, gracias a la confianza depositada en ti por tus pacientes, te enteras de situaciones como la que voy a relatar. Me la ha contado uno de los dos protagonistas que intervienen, de los que no voy a poner ni el nombre, sexo, edad, profesión, ni ningún otro dato identificativo.

Incluso no diré cual de los dos ha sido mi confidente. Los llamaré con sendas letras de nuestro abecedario, que para no complicarlo escogeré las iniciales de mi nombre y primer apellido. Serán B y G. Resulta que a B le interesa el tema de la muerte como fuente de conocimiento de los sentimientos de otras personas. Le gusta conocer qué opinan los demás, qué sienten, cómo se comportan, cómo se expresan, etc., quienes le rodean, cuando surge el tema en una conversación, o cuando lamentablemente hay que hacer frente al fallecimiento de alguien conocido y/o querido. Pero, como es natural, también tiene de vez en cuando que afrontar el pensamiento de la posibilidad de su propio final.

Esto no le preocupa. Aunque le quedan por hacer muchas cosas que ha ido dejando atrás en sus prioridades a lo largo de su vida, considera que tiene motivos más que suficientes para estar satisfecho y tal vez orgulloso por todo lo que ha realizado. Aún así no es capaz de frenar su ímpetu por seguir innovando y participando en todo lo que supone avance y mejoras para los demás. Este “fallo de frenos” le impide ir cerrando procesos aún abiertos hace tiempo, lo que le produce cierta inquietud ante el pensamiento de que su propia muerte llegara y no le hubiera dado tiempo de completar su proyecto de vida.

Pero esta incomodidad de visita no esperada y a destiempo, es mínima comparada con el desasosiego que le produce pensar en la presencia del dolor y el sufrimiento llegados los últimos momentos de su vida. Y que llegado ese tiempo B perdiese el raciocinio.

Teniendo en cuenta esta última posibilidad, esta persona, quiso dejar bien claro que, dado el caso de perdida de la razón, el equipo médico que estuviera atendiéndolo le facilitara una muerte digna y sin dolor.

Andalucía es la Comunidad Autónoma pionera al promover una Ley de Muerte Digna, que regula el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, con la

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garantía de las instituciones sanitarias. Siendo B conocedor de esta Ley, diligenció sus últimas voluntades y designó a G, persona amiga suya, como su representante en caso de que, llegada la hora de decidir, B no tuviera sus facultades mentales lúcidas para ello. La eligió como su portavoz decisorio porque la conocía, y sabía que podría ser su alter ego, y que no se dejaría llevar por sentimentalismos ni subjetividades a la hora de decidir, y que por su experiencia sabría escoger el mejor momento para “desconectar”.

Pero... Hay un pero: no se puede designar un representante para tomar una decisión en esos momentos cruciales sin haber pedido antes su autorización. B se lo había insinuado en una ocasión a G, recibiendo una respuesta neutra, para salir del paso, no quedando clara su aceptación. A los pocos días de esta conversación no terminada, B y G iban a dejar de verse por algún tiempo. Por otros motivos, B escribió a G solicitándole información sobre dos temas que le concernían y aprovechó para pedirle formalmente si quería ser su representante en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. Como sabía que esta petición suponía un compromiso importante y difícil, terminaba su correo-e “pidiéndote disculpas de antemano por el "embolado" que pueda suponer, pero de antemano siendo respetuoso y comprensivo con tu libertad de respuesta”.

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Esperó días, semanas, meses. No recibió contestación a ninguna de las tres demandas. Podría haber contestado a alguna de las otras dos preguntas menos comprometidas, pero no fue así. B pensaba en la posibilidad de que a G no le hubiese llegado su e-mail y por ello no contestaba. También le pasó por la cabeza esperar un tiempo y cuando se volvieran a ver preguntarle directamente, con la condición de obtener una simple respuesta de si o no, sin explicaciones, si le había llegado su escrito.

Tenía que respetar la libertad de G. Si no le había respondido tendría sus razones y había que acatarlas. El simple hecho de preguntar acerca de la recepción del escrito coartaba la libertad de G, ya que podía forzarle a decidir positivamente algo que no le apetecía. O podía hacerle pasar un mal rato a G pensando que B creería que al no recibir respuesta, lo había ignorado y que no lo apreciaba.

El relato finaliza: B fue respetuoso con la decisión de G y jamás le preguntó. Sin embargo siguió apreciándole y teniendo una relación con G igual que hasta ahora; incluso se esmeraba en que fuese mejor y más satisfactoria.

Aquí está la grandeza del ejercicio de la libertad, con que comenzaba este relato: no solo consiste en hacer lo que te apetece o inhibirte cuando quieras. También es acatar lo que libremente deciden los demás, siempre que sea justo. En este relato vemos un claro ejemplo de respeto en la toma de decisiones de dos personas.

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El copago sanitario

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xiste una percepción generalizada en algunos sectores políticos del país de que la población está abusando del sistema sanitario. Se cita el hecho real de que el número promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la Unión Europea de los 15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo al nuestro) como indicador de tal abuso.

Vicenç Navarro Público

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Cada habitante visita al médico, como promedio, nueve veces al año, cuando el promedio de la UE-15 está alrededor de cinco veces. De ahí deriva aquella percepción sobre la cual se basan una serie de propuestas encaminadas a corregir este supuesto abuso. Y, puesto que una de las causas de este abuso se asume que es la gratuidad de los servicios, se está proponiendo un copago (la cantidad más frecuentemente utilizada es de un euro por visita) para desincentivar tal abuso. Según tal teoría, si la gente tiene que pagar un euro por visita, se lo pensará dos veces antes de ir al médico, reduciendo las visitas a las estrictamente necesarias.

El problema con estas propuestas es que están basadas en una percepción errónea, resultado de haber calculado mal el número de visitas promedio por habitante.

Cuando analizamos la naturaleza de tales visitas, vemos que no menos del 25 por ciento de estas visitas responden a necesidades de tipo administrativo (tales como necesitar la firma del médico para trámites médicos), que en otros países no se contabilizan como visitas médicas, puesto que es el personal administrativo el que se encarga de tal menester. A ellas se suma otro porcentaje que llega a representar un 20 por ciento más de visitas que, de nuevo, en otros países no se contabilizan como visitas médicas, pues las hacen las enfermeras (que en nuestro país están enormemente subutilizadas) pero que, aquí, en nuestro país, se contabilizan al realizarlas los médicos. Cuando se descuentan visitas de tipo administrativo y las que podrían atenderse por parte de otros profesionales, resulta que el número de visitas realizadas estrictamente por razones médicas, que deben ser atendidas por médicos, es un número incluso menor que en el promedio de la UE-15.

El problema no es el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población, sino el diseño de la atención primaria sanitaria, que sobrecarga al médico con responsabilidades que en otros países realizan otro tipo de profesionales, como los de enfermería o personal administrativo. En este aspecto, el Plan de Reforma de la Atención Primaria, de reciente aprobación por la Generalitat de Catalunya, es un buen paso en esta dirección. Tal programa da más responsabilidades a las enfermeras y utiliza mejor a los médicos, dándoles, además, más autonomía.

En cuanto al supuesto impacto disuasorio, no creo que un euro por visita disuada a la mayoría de la población que utiliza los servicios sanitarios. Sí, en cambio, puede disuadir a los individuos de baja renta, los cuales son un número considerable. No hay que olvidar que 10,8 millones de trabajadores en España son mileuristas; es

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decir, 6 de cada 10 trabajadores cobran mil euros al mes o menos (algo superior al salario mínimo interprofesional, 633 euros al mes). Es precisamente en este colectivo donde no se debe desincentivar la utilización de servicios, pues se tiene gran evidencia de que este colectivo es el que precisamente tiene mayor número de enfermedades y las que tiene son más graves. De ahí que, si se decidiera establecer un euro por visita, debiera ponerse un límite (en cuanto al número de euros al año), pues en caso contrario se desincentivaría el consumo entre los grupos más necesitados.

En realidad, lo que está ocurriendo es que se pide al usuario que cubra los grandes déficits de fondos al Estado, resultado de la escasa carga impositiva de las rentas superiores (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el salario promedio de los directivos de las empresas que cotizan en Bolsa es de 56.250 euros al mes) y del enorme fraude fiscal entre tales rentas, las cuales tienen una carga fiscal sensiblemente inferior al promedio de la UE-15. Como la mayoría de la ciudadanía es consciente de que los ricos en España no contribuyen lo que deberían, es comprensible que la ciudadanía se oponga al copago.

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Habiendo dicho todo lo anterior, la realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada (el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de la UE-15). Y quedan todavía áreas de servicio por cubrir, tales como odontología, es decir, servicios de dentista. En España se puede ver la clase social de los niños mirándoles su sonrisa. Un niño de clase trabajadora no cualificada tiene siete veces más caries que un niño de familia burguesa. La boca y dentadura de la población es un indicador de su clase social. De ahí la urgencia de que tales servicios se ofrezcan, rompiendo con los corporativismos profesionales que se oponen a ello. Esto quiere decir que la sanidad pública debiera ofrecer tales servicios (y otros, como podología, atención a personas con problemas en los pies) con precios definidos por el sector público, limitando la cantidad a pagar al año a una cifra accesible a la mayoría de la ciudadanía y excusando el pago a aquellas personas que no pudieran pagarlo.

Aquí el objetivo de la tasa no es desincentivar (no existe razón para desincentivar estos servicios necesarios), sino recoger fondos que complementen los fondos públicos. El argumento de que sería mejor aumentar los impuestos para cubrir tales servicios me parece convincente y lo comparto. Pero mientras ello no ocurra, algo tiene que hacerse, pues lo óptimo no puede ser el enemigo de lo necesario.

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El gasto farmacéutico y el precio de los medicamentos

D Jesús Acebillo Diario Médico

e forma paradójica, al mismo tiempo todos reconocen la infradotación presupuestaria de la sanidad en España: dedicamos casi 1,5 puntos menos de PIB que la media de los países de nuestro entorno a financiar la sanidad pública. Lo que puede llegar a ser insostenible no es el gasto sanitario, sino la situación de insuficiente financiación del sistema. Dicho esto, esto no quiere decir que no se deba mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, que es un imperativo de cualquier empresa y de cualquier gestor público. Y ello implica analizar, en primer lugar, los componentes del gasto sanitario: en torno a la mitad del gasto está constituido por los gastos de personal. Es obvio que ésta es una de las primeras preocupaciones de las Comunidades y una razón por sí sola muy evidente para coordinar políticas a nivel de toda España.

Otra de las partidas que es objeto siempre de vigilancia es el gasto farmacéutico que, según cifras del Ministerio de Sanidad (Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2008, p. 137), representa el 18,59 por ciento del gasto sanitario. En este punto me querría detener para hacer tres consideraciones.

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La primera: el gasto farmacéutico público ha crecido por debajo del PIB en los años de bonanza (tiene un claro componente anticíclico) y ha ido perdiendo peso en el gasto sanitario, pues su crecimiento ha sido inferior al gasto sanitario no farmacéutico: según datos del propio Ministerio, entre 2004 y 2007 el gasto farmacéutico público ha crecido a una media anual del 5,56 por ciento, mientras que el gasto sanitario no farmacéutico lo hizo 4,5 puntos por encima (el 9,98 por ciento). La segunda: el crecimiento del gasto farmacéutico se debe exclusivamente al número de recetas, que crecieron el 4,94 por ciento en 2009, mientras que el precio medio disminuyó (-0,45 por ciento). Y este es un fenómeno que dura ya desde 2004, como consecuencia del crecimiento de la población, el envejecimiento, el progresivo énfasis en la medicina preventiva y, desde luego, las fuertes medidas ya existentes de control de precios. La tercera: los precios de los medicamentos en España están muy controlados a través de un doble mecanismo. En primer lugar, los nuevos fármacos están sujetos a una estricta intervención por el Ministerio de Sanidad, que hace que sistemáticamente España aparezca como uno de los países con los precios más bajos de Europa. Según Eurostat, los precios de los medicamentos en España se encuentran un 23 por ciento por debajo de la media de países de la UE-25.

En segundo lugar, para medicamentos que han perdido su patente, el Sistema de Precios de Referencia se ha revelado como un instrumento extraordinariamente eficaz para reducir los precios de forma continuada en el tiempo. Desde la puesta en marcha del nuevo SPR en 2007, la industria ha sufrido una merma de ingresos de 1.200 millones de euros. Es más, es previsible que esta tendencia se acentúe en los próximos años, por la inminente pérdida de patente de productos de alto volumen de ventas.

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Los dos esquemas anteriores, junto con un mix de consumo muy eficiente (la cuota de mercado de los medicamentos en el Sistema de Precios de Referencia supera el 34 por ciento de las unidades consumidas), han dado sus frutos y en la actualidad, el precio medio de la prescripción en España no crece. De nuevo, un dato puede resultar tremendamente ilustrativo: mientras que en los últimos cinco años, el IPC general creció un 13,4 por ciento, el IPC de la subclase de medicamentos decreció un -25,4 por ciento.

Para concluir, es evidente para cualquier observador imparcial que, de ser necesarias medidas para moderar el gasto farmacéutico, éstas deben centrase en la gestión de la demanda de recetas y en ningún caso sobre los precios. Es ahí donde compete a todos un uso responsable de los medicamentos.

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El precio simbólico del copago

V Josep Antoni Duran i Lleida

ayan guardando en la hucha la vuelta de las compras, que tal vez tengamos que ir al ambulatorio con suelto en el bolsillo: suena el runrún del copago sanitario como posible reforma en el horizonte. En las últimas semanas hemos oído hablar repetidamente de esta fórmula de financiación, y aunque la ministra de Sanidad sonríe cuando le preguntan, y niega que sea un globo sonda, la experiencia nos dice que cuando el río suena, riada viene.

Público No sabemos dónde se aplicaría ese copago, si en los medicamentos, en algunas prestaciones, en urgencias, en la consulta del médico de cabecera, o todo a la vez. En cualquier caso, nos insisten, sería una cantidad “simbólica”. Suele salir en los debates la cifra de un euro por visita al médico, con la que pretenden tranquilizarnos: “Ya ves, un eurito de nada, lo que te cuesta un café.” Yo les animo a que usen estrategias comerciales, y en vez de un euro nos cobren 0’99, que siempre parece más barato.

Dicen que, aparte de contribuir a la financiación, serviría para concienciar a la ciudadanía de que la sanidad cuesta dinero, y así hacer un uso más racional. Yo preferiría un esfuerzo educativo, más que nada porque dudo de que nos convenzamos del elevado coste de la sanidad pública a ese precio. Al contrario, recuerda al chiste del mendigo que pide un euro para un bocadillo: qué barato, toma dos y me traes otro para mí.

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En lo que sí coincido con los partidarios del copago es en que sería un pago “simbólico”. Sí, y eso es lo más preocupante: pagar por la sanidad acabaría siendo un símbolo de algo mayor. Para ser más exactos, habría que decir “volver a pagar”, pagar dos veces, pues que yo sepa la sanidad ya la financiamos con nuestros impuestos. En vez de copago habría que hablar de repago.

Pero como decía, el eurito por consulta tiene un valor simbólico, sí, pero en otro sentido: por lo que representa a efectos políticos, ya que supone una fractura, por pequeña que parezca, en el modelo de sanidad universal y gratuita. Renunciar a ello abriría la puerta para otras posibles reformas mucho más graves. Y por sólo un euro.

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El urbanismo: un reto para la salud pública

E Andreu Segura Diario Médico

l siete de abril de 1948 se creó la OMS y, desde entonces, se celebra en tal fecha el día mundial de la salud, que este año se dedica a la ciudad. Una ocasión oportuna para recordar que las ciudades y la salud pública nacieron simultáneamente y, desde luego, para insistir en la conveniencia de una profunda reorientación de los sistemas sanitarios que ya se planteó en la primera conferencia sobre promoción de la salud el 1986 en Ottawa. Lo que la crisis económica que padecemos hace, si cabe, más actual todavía.

Los primeros asentamientos humanos estables son de hace unos diez mil años y destacan entre ellos los que corresponden a la bíblica Jericó, aunque el emplazamiento más antiguo, en Tell es-Sultán, dista unos dos kilómetros de la ciudad actual, y Çatal Hüyük, en el altiplano de Konya, en la península de Anatolia, donde se estima que llegaron a residir unas diez mil personas.

Sin un abastecimiento adecuado de agua potable, almacenes para conservar alimentos y procedimientos para evacuar los residuos -vertederos, letrinas y algo parecido a las alcantarillas- la vida urbana no es viable. También se requiere algún sistema de inhumación de los cadáveres. Actividades que hoy denominamos de protección de la salud y que constituyen el núcleo de los servicios básicos de la salud pública. Aunque, en cierta forma sean también actividades de promoción de la salud, porque hacen más confortable y placentera la vida de los vecinos. Así pues, las ciudades y la salud pública son instituciones humanas contemporáneas.

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Una relación que se estrechará aun más en tiempos del imperio romano, cuando Augusto crea el primer cuerpo de funcionarios imperiales responsable del abastecimiento de agua a la urbe, una actividad compartida con la inspección de los mercados urbanos. Mucho después, en 1848, se promulgará en Inglaterra la primera ley de salud pública, entre otras razones como respuesta a las epidemias de cólera que asolaban periódicamente las grandes ciudades y que supone la asunción por parte del gobierno de la responsabilidad sobre la protección de la salud de los ciudadanos.

Más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades, proporción que no deja de incrementarse, de manera que el entorno urbano es el medio en el que se desarrolla la mayor parte de la vida humana por lo que las características de las ciudades ejercen una notoria influencia sobre la salud de las personas. Así, por ejemplo, la incidencia de las enfermedades cardio vasculares depende en buena parte de la prevalencia de hipertensión arterial o de hipercolesterolemia, factores de riesgo frente a los que el sistema sanitario reacciona detectando las personas afectadas a las que a veces les proporciona información y consejos sobre estilos de vida saludables y casi siempre les prescribe medicación para controlarlos. Una estrategia que consume gran cantidad de recursos, en visitas médicas y de enfermería, en analíticas de control y en recetas. Consumo que lamentablemente no resulta eficiente, por

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el escaso cumplimiento de la medicación y la persistencia del sedentarismo o de la alimentación inadecuada, ni tampoco equitativa, dado que las personas que más lo necesitan son las que menos se benefician.

La actividad física y la alimentación son conductas que no son fáciles de modificar simplemente con información y consejos, puesto que vienen notablemente condicionadas por otros determinantes muy poderosos del entorno geográfico y cultural de las ciudades. De ahí la conveniencia de actuar también sobre los equipamientos de los barrios, sobre la organización del trabajo, el transporte, el acceso a una alimentación más saludable o el funcionamiento familiar. Todo lo cual supera con creces las posibilidades de intervención de los sistemas sanitarios. Y requiere la adopción de políticas globales que aborden transversalmente los determinantes de la salud y del bienestar.

Conviene pues, que la salud esté presente en todas las políticas. No se trata, sin embargo, de medicalizar la política ni de subordinarla a los intereses y objetivos de un sector particular, sino de que la salud, entendida como una mejora de la autonomía personal y del apoderamiento -o mejor emancipación- social, de la cohesión comunitaria y de la vitalidad de las personas, sea uno de los ejes de la acción de gobierno junto con otros más tradicionales como el bienestar social o el crecimiento económico a los que, como es natural, también puede contribuir la mejora de la salud.

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En la salud y en la enfermedad

H Ignacio Martínez Granada Hoy

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ay algo de emocionante en una ley que pretende garantizar la dignidad de las personas en el proceso de la muerte. Así se llama, más o menos, lo que conocemos como ley de la muerte digna. La angustia que provoca el sufrimiento y el dolor de pacientes cercanos, familiares o amigos, es una experiencia que cualquiera ha vivido alguna vez y que en este momento afecta a unas 60.000 personas con graves dolencias en Andalucía. Alfonso Pedrosa contaba en este diario el jueves que esta ley aprobada en el Parlamento regional es imposible aplicarla en todos sus términos de inmediato. No hay plazos y ahora se va a hacer un estudio sobre cómo mueren los andaluces. Estamos, pues, en el inicio de un proceso.

Es conmovedor el deseo de cuidar al máximo la dignidad de un ser humano en la hora de la muerte. Y también lo es presenciar una votación por unanimidad en el Parlamento regional, convertido en ocasiones en corral de vecinos. Conforta ver a una consejera saludar a los representantes de todos los grupos, que se felicitan de buena gana por un logro común, más allá de ideologías, estrategias o fundamentalismos. El PP hizo notar su disidencia por la falta de concreción sobre los comités de ética y la ausencia de una objeción de conciencia. He oído sobre esto un argumento muy interesante: más que establecer el derecho de un profesional de la sanidad a objetar su participación en el tratamiento paliativo del dolor de un paciente, porque alguna extraña creencia se lo aconseje, debería de existir el derecho de los pacientes a objetar que determinados sanitarios les atiendan, para no ser víctimas de semejantes creencias, cualesquiera que sean. Personalmente, si me veo en semejante trance espero que me toque un doctor Montes, como aquel perseguido por el consejero Lamela del Gobierno de la señora Aguirre. Montes y su equipo de Leganés fueron acusados de malas prácticas médicas en una denuncia infundada según el Tribunal de Justicia de Madrid, que la archivó.

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Otra noticia nos ha acercado a la salud esta semana. La sanidad pública es muy costosa, y el Gobierno de la nación y los de las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para tomar medidas sobre los medicamentos para reducir la factura anual en 1.500 millones de euros. El PP propone además un acuerdo de largo alcance que garantice la sostenibilidad del sistema para los próximos 10 o 20 años.

Habría que poner sobre la mesa otras iniciativas, como el copago, en particular para las rentas más altas. La sanidad pública es un tesoro a mantener y mejorar. Piensen, por comparación, en los problemas que tiene el presidente Obama para introducir una mínima sanidad pública en Estados Unidos, donde la sutura de una herida cuesta mil dólares en una clínica privada. Y verán cómo emociona el cuidado de la dignidad de la salud y en la enfermedad.

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En torno a un debate

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unque el título quizá debiera rezar en torno a un 'no debate'. Y no es el único caso de la política española, pues junto al debate, o no debate, en torno al proyecto de ley llamado del aborto, tampoco en otras cuestiones el debate merece el nombre: se discute más de los dedos que indican la cuestión que de los contenidos o de los elementos que configuran los problemas.

Joseba Arregi Hoy

En relación al nuevo proyecto de ley que pretende regular el aborto se ha discutido hasta la saciedad sobre el derecho de la Iglesia a opinar -innegable-, sobre el hecho de que los parlamentarios legislan para todos los ciudadanos y no sólo para los católicos -también indudable, pero sin afectar al núcleo de la argumentación de los obispos-, sobre la obligación o no de las menores de edad de informar a sus padres de la decisión.

Todo ello, puede que importante, no afecta, sin embargo, en nada al núcleo de lo que está en cuestión, ni entra a valorar los elementos más importantes que están en juego en el debate. Uno de los argumentos que los defensores del proyecto de ley más han utilizado es el de que la ley anterior se había convertido en un coladero que permitía abortos en cualquier momento con tal de presentar algún certificado de algún psiquiatra.

La cuestión radica en que para corregir problemas reales y graves, en lugar de buscar otras vías, se recurre a un proyecto de ley de nuevo cuño en el que cambia radicalmente toda la filosofía en torno al aborto. Éste deja de ser tratado desde la perspectiva de la despenalización y se eleva a la categoría de derecho indiscutible de la mujer.

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Supone éste un cambio radical que conviene analizar en toda su significación. Es cierto que como indican algunos, Rosa Díez por ejemplo, los derechos los establece la Constitución y las leyes positivas los regulan, de manera que ninguna ley puede crear un derecho nuevo como lo hace este proyecto de ley. Pero se puede ir aún más allá: ¿En qué consiste ese derecho? En la construcción de una persona absolutamente soberana, autista, incomunicada, sin relaciones, que en una cuestión que es fruto de una relación sexual, de algún tipo de comunicación, queda eximida de su definición como ser relacional y comunicativo.

En este caso la sexualidad pasa a ser algo totalmente animal, sin consecuencias en la estructura relacional de la persona, de la mujer, pues ésta, después de la relación, después de la comunicación, puede decidir en perfecta, divina y absoluta soledad y soberanía. No otra cosa significa transformar el aborto despenalizado en un derecho incondicionado de la mujer, en el que ni el 'partner' de la comunicación sexual previa ni la sociedad pueden ni deben tener interés alguno. Otra cosa será que la mujer decida continuar adelante con el embarazo, dando lugar al nacimiento de un niño: entonces la sociedad, por mediación del Estado, hará responsable de todo lo habido y por haber al progenitor en una relación y en una comunicación que, hipotéticamente, había dejado de ser tal en el derecho incondicionado de la mujer a abortar.

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Otro elemento crucial y de graves consecuencias en el debate es la argumentación a partir de la adecuación necesaria a la realidad social. Es preciso adaptarse a lo que realmente sucede. Se llega a decir que, por supuesto, el aborto es un mal, pero que, ya que existe, es preciso regularlo de la mejor manera posible. Dejando de lado las truculencias que se le añaden a este argumento, esta forma de argumentar viene a incidir en algo que va obteniendo cada vez más aceptación social: bien si se trata de sentencias, bien si se trata de las decisiones que debe adoptar un juez, la referencia a la sociedad, a lo que la sociedad entiende o deja de entender, al sentimiento social, a la alarma social, a la realidad social, se convierte en la decisiva fuente de legitimidad de la aplicación del derecho, e incluso del mismo derecho.

Espanta constatar cómo se nos ha llenado la sociedad de hegelianos que no se reconocen como tales: lo real es lo racional, y lo racional es lo real, escribió el filósofo suavo. Una fórmula totalitaria: nada hay que pueda criticar la realidad ni someterla a esfuerzos por mejorarla si toda la racionalidad se agota en la realidad existente.

Uno creía que la modernidad se había conquistado gracias a la capacidad de distinguir entre el ser y el deber ser, entre la evolución y la historia. Uno creía que era patrimonio de la izquierda europea advertir sobre la naturalización de las evoluciones sociales para, sometiéndolas a la crítica racional, luchar por la conquista de la libertad. Libertad que, también para la izquierda europea, nunca se puede plantear desde el autismo y el solipsismo individualista, sino siempre desde la idea del sujeto relacional y comunicativo.

A Pero parece que a nadie le importan ya las ideas derivadas de la Ilustración tal y como las entendió un marxismo de voluntad humanista, con intención de evitar precisamente las naturalizaciones a las que lo sometió el mismo Marx. No: hoy se vende como el triunfo del progresismo la realidad social existente, y, lo que es peor, se proclama que el derecho se debe adecuar a esa realidad, en lugar de someterla a un examen de razón.

De la misma forma que por medio de la liberalización de la ley del aborto, con la píldora del día después -y parece que viene la píldora de cinco días después-, con la educación sexual que no conoce otro límite que lo técnicamente factible, se va creando una atmósfera de irresponsabilidad en el comportamiento sexual, aunque se afirme que el fin último de todo es precisamente contribuir a una sexualidad responsable, pero poniendo para ello todos los medios que sólo pueden conducir a lo contrario.

Siempre se ha podido criticar que la Iglesia tuviera un concepto biologista de la sexualidad: vinculada sólo a la procreación. Ahora la izquierda campa por los mismos predios: la sexualidad es a-relacional, manifestación pura y simple de la voluntad de goce sin consecuencias de relación ni de comunicación. ¡Viva el posmodernismo!

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Envejecimiento saludable

E José Antonio Flórez Lozano El Comercio Digital

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l aumento de la cultura, de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, de la calidad de vida y de una tendencia cada vez más acrecentada hacia el envejecimiento activo, en el que no existen límites para ningún tipo de actividad (física, intelectual, cultura, social, política, científica y política), va a generar un nuevo contexto sociocultural absolutamente distinto de la vejez y, por lo tanto, ello se va a traducir en nuevos enfoques, necesidades y recursos que superan los tradicionales paradigmas de intervención psicosocial con relación a los mayores. Efectivamente, el nuevo vector de desarrollo en el mundo de las personas mayores apuesta por unos estilos de vida distintos y revolucionarios, tales como la actividad física regular, la dieta equilibrada, una vida intelectual y socialmente activa y, naturalmente, una mayor participación (huyendo de paternalismos trasnochados) en el tejido socioeconómico y político de la sociedad. Asimismo, cada vez más, la sociedad es consciente de la importancia de alcanzar ese envejecimiento competente pletórico de comportamientos saludables (potenciadores de la salud de los mayores).

Un envejecimiento saludable, cuya palabra clave es 'autonomía', implica dominio del ambiente, relaciones positivas con los demás, crecimiento personal, aceptación de sí mismo y propósito de vida, es decir, vivir la vida pletóricamente. En todo este proceso, las relaciones personales con los otros son esenciales y en ellas debe haber muestras de afectividad, intimidad y preocupación por el bienestar de los demás. El crecimiento personal implica sentimientos de desarrollo constante, verse a sí mismo en continuo crecimiento y estar abierto a nuevas experiencias. Y para ello, la educación para la salud y la prevención de la enfermedad son mecanismos indispensables que necesitamos potenciar a través de un mayor conocimiento y concienciación del fenómeno del envejecimiento en la población general; en fin, una nueva ancianidad que trata de superar el carácter impersonal y marginal de su vida cotidiana, satisfaciendo al mismo tiempo el anhelo de compañía, intimidad, apoyo emocional y amor. Porque el envejecimiento nos afecta a todos. Inexorablemente, envejecemos y la vejez es vida, es decir, actividad, participación, sentimiento de ser útil, de mantenerse ocupado en tareas que han de ser valoradas socialmente, lo cual se traduce en una potenciación de la "imagen personal", de la seguridad y de la confianza en sí mismo. Además, esta nueva forma de "envejecimiento activo" disminuye significativamente las tasas de morbilidad y mortalidad. Un ejemplo de auténtico envejecimiento activo fue Dercy Gonzalves, actriz de 103 años, fallecida recientemente. Mujer irreverente, trabajó durante más de 80 años en televisión, teatro y radio. Siempre dijo que todo lo que aprendió en la vida lo consiguió de la mejor manera posible: ¡viviendo!

Estimular el interés de los programas de activación física y mental ('jogging cerebral'), que facilitan un envejecimiento "saludable" y un potencial de motivación desconocido, capaz de romper barreras, es la forma más eficaz de superar la pasividad anquilosante de las personas mayores. Estos programas terapéuticos no han sido bien aprovechados a favor de la propia estructura socioeconómica del país. Por

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todo ello, estamos convencidos de que las barreras que han impedido al anciano mantenerse activo se van a destruir, al mismo tiempo que surge, cada vez con más fuerza, una imagen social del anciano distinta que borra el estereotipo negativo de la persona mayor definido por su pasividad y limitaciones psicofísicas. Con mucha frecuencia, los mayores han sido vistos como una clase marginada (pobre, enferma, frágil, inútil), sin ninguna fuerza considerable en la población. Pero este siglo XXI pertenecerá a los nuevos ancianos, no sólo por el número creciente, sino también por el poder económico e intelectual acumulado. Nuestra mente no ha de entretenerse lamentando las ocasiones perdidas. Tenemos que dedicar nuestros esfuerzos a vivir plenamente, disfrutando del momento presente hasta el agotamiento. Ahí, siempre vamos a encontrar un manantial caudaloso de felicidad. Se trata de convertirnos en individuos responsables y liberarnos de pensamientos negativos. En un periodo de crisis, como sucede con el envejecimiento, tenemos que actuar con fuerza, energía y pasión. Podemos practicar múltiples actividades que están a nuestra disposición, a nuestro ritmo. Por ejemplo, bailar o nadar. Bailar es una buena forma de comunicarse. Actuando con tenacidad, podemos redirigir nuestra vida, nuestros compromisos vitales. Disfrutar de esos pequeños logros que vamos alcanzando, resulta excitante, vital para nuestra existencia. ¡Y maravillarnos de existir!

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En fin, en este modelo de envejecimiento activo y saludable, nos encontramos con mayores que son capaces de superar el estrés y la mera envoltura corporal exhibiendo en su mirada una determinación capaz de sorprender a su propia voluntad. Son muy conscientes de todo lo que ocurre en el escenario de su mente y han aprendido a relativizar (a saber que todo es transitorio y mutable) y a generar escudos protectores contra el pesimismo y la negatividad. Han desarrollado una buena autoestima y son capaces de controlar sus miedos porque tienen confianza en sí mismos. En todas sus acciones, ponen una gran humanidad que repercute positivamente en ellos mismos. Son individuos que aprovechan todas las posibilidades, que generan un gran entusiasmo y una gran actividad, que convierten la pereza, la negligencia o la falta de preparación en dosis de estímulo, superación y acción. Son personas que creen en sí mismas, que están conectadas a la vida y que huyen de cualquier tipo de negatividad. Se sienten motivadas, eufóricas, alegres y con la fuerza necesaria para cambiar la realidad que les rodea. Se inundan de satisfacción vital, detienen el tiempo y viven cada minuto como si fuera el último. Sin duda, ocuparán un lugar importante en la política, y desde ahí influirán decisivamente en los programas y necesidades específicas de la población de mayores y en el futuro de nuestra sociedad. Los nuevos ancianos, cuyo poder económico es importante, también empezarán a intervenir en la política de forma muy activa. De ahí que en EEUU la población senecta se haya convertido en un poderoso grupo de presión (American Association for Retired Persons) con el fin de velar por sus intereses y seguir tomando sus propias decisiones.

Estos cambios socioculturales lentos que se están dando en la cultura americana, también se empiezan a evidenciar en nuestro país.

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Estoy enfermo... ¿quién decide?

P Ramón Fernández Barquín

arece sencillo responder a la pregunta sobre quién tomará las decisiones en caso de enfermedad de una persona, cuando se cae en esta situación; frecuentemente de importancia vital, puesto que es la vida y su calidad las que pueden estar en juego. No obstante, la cuestión es más compleja de lo que a simple vista parece, y requiere una explicación pausada a la luz de los derechos de los individuos en materia sanitaria.

El Diario Montañés Antes que nada decir que sólo me referiré a aquello sujetos autónomos, con capacidad intelectual y legal plena para decidir por sí mismos. Otro caso distinto, y más complejo, es el de aquellos que están incapacitados para tomar sus propias opciones.

Siendo cierto que la ley, las normas deontológicas y la ética dictan sentencia clara en la toma de decisiones a favor del paciente arriba comentado, no es menos cierto que existen algunos actores, además del enfermo, que participan en esta obra: el médico, las instituciones sanitarias, las familias. Pero vayamos por partes.

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Es obvio que antes de que una persona deba tomar una decisión, necesariamente ha de acudir a un médico al sentirse enfermo. Este deberá evaluarle y descubrir ante qué tipo de enfermedad nos encontramos, si es aguda o crónica, si es reversible, si se curará o no, si dejará secuelas, y si es así de qué tipo y qué gravedad tendrán. Deberá establecer unos objetivos en el tratamiento que propone: curativo, paliativo. y además un pronóstico con las posibilidades de éxito en la recuperación del enfermo. Con todo ello, el médico deberá ofrecer al paciente el tratamiento que cree más beneficioso para el mismo, sin olvidar, si el clínico es honesto, las alternativas a dicho tratamiento que pudieran estar presentes, por mucho que las considere de inferior calidad o con peores resultados. Hasta aquí, como se puede observar el proceso no deja de ser técnico-científico en donde se investigan hechos dándose respuestas basadas en los conocimientos actuales de la ciencia. El profesional, de esta manera, actúa respetando el principio bioético de 'no maleficencia', que se basa en el adagio latino conocido por todos: 'primum non nocere'. Se trata aquí, de no causar daño y evitar situaciones que atenten contra el paciente aumentando su sufrimiento. Dicho principio está salvaguardado por la ley. Ello nos obliga a estar al día en nuestra profesión, a ser diligentes, honestos y prudentes ante nuestro paciente.

No debe confundirse el principio de "no maleficencia" con el de "beneficencia" en el que se pretende actuar en beneficio de alguien por encima de lo que se nos puede exigir como médicos: tiene que ver, este principio bioético, con la excelencia. Para que nos entendamos: se nos puede exigir que acudamos de forma urgente a la llamada de un paciente cuando este lo precisa (no maleficencia) pero no se nos puede exigir que al acabar la actuación médica nos quedemos con el enfermo a leerle el periódico (beneficencia). Señalar que la "beneficencia, últimamente, está muy mal vista al ser considerada", al menos cuando se exagera la nota, como paternalismo;

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sin embargo también es conveniente explicar que en algunos momentos cumple un papel importante aunque no sea lo fundamental en la relación clínica (relación sanitario-paciente).

Llegados a este punto debemos informar al paciente (si es competente nunca la preferencia es la familia, aunque es bueno tenerla de aliada) para que nos explique cuáles son sus preferencias siguiendo el principio de autonomía, según el cual las personas son capaces de tomar decisiones por sí mismas, decisiones, que estamos obligados a respetar. ¿Siempre? No. Como todo en la vida, tiene sus límites siendo aquí el que el enfermo nos pida algo que va contra la ley, un tratamiento no indicado o bien, cuando el médico aduce objeción de conciencia bien documentada, aspecto éste, que considero que ha de ser desarrollado.

Pero claro, para ejercer la autonomía, el médico debe saber si el paciente que tiene delante es capaz de tomar libremente su propio camino, siendo la competencia algunas veces difícil de determinar teniendo en cuenta que puede haber un límite muy difuso entre competencia/incompetencia, que el paciente puede ser apto para la toma de decisiones en algunos asuntos y no en otras cuestiones o que, por último, puede haber momentos en que sea apto y otros no, situación ésta que nos obliga a plantearnos si un sujeto que no es competente ahora, lo volverá a ser en algún momento y podamos esperar antes de decidir sobre la actuación. En fin, la valoración de la competencia se hará teniendo en cuenta algunos puntos a saber, como si nuestro interlocutor puede expresarse o comunicarse, si comprende la situación y las consecuencias de una decisión u otra, si entiende la información que le proporcionamos que, en todo caso, ha de ser clara, honesta y adaptada a la capacidad de cada uno de nuestros clientes. Por último valoraremos si es capaz de darnos razones ante nuestras sugerencias. Si esto no fuera así, declararíamos al paciente incompetente y se continuaría por otro camino que, como dijimos en la introducción, no corresponde al tema de hoy. Sólo apuntemos que la familia o el tutor legal, si los hubiera, tendrían que responsabilizarse de representar a su familiar o tutorizado. En caso de no existir ninguna de las dos figuras o que se tratara de una urgencia vital, obraríamos según el mejor interés para el enfermo.

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Un aspecto importante es que el paciente ha podido indicarnos sus preferencias ante una situación determinada, para cuando ya no pueda tomar decisiones, de forma implícita o explícita, lo cual, quedará debidamente registrado en la historia clínica para seguir, en su momento, si fuera preciso, las instrucciones recibidas. En este sentido el documento de Voluntades Previas, aunque limitado en su alcance, puede ayudar.

Ya se apuntó que además del médico y el paciente otros actores actuaban en esta obra. Las familias suelen tomar una parte activa importante. Los médicos hemos de saber que ante el paciente competente (también ante el no competente) nuestras

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obligaciones principalmente son para el enfermo y secundariamente con sus familias. Estas, aunque frecuentemente bien intencionadas, nunca pueden coartar las decisiones del paciente ni estar por encima de ellos. Sobra decir que la coacción sobre las decisiones del familiar son ilegales y éticamente deplorables, lo mismo cuando nosotros nos dirigimos a ellos, a las familias, saltándonos al paciente, todo, claro está, salvo indicación del protagonista que no quiera tomar ninguna decisión y traslade las responsabilidades de su toma un tercero.

Pueden producirse conflictos entre el sistema sanitario y el paciente. En dichas situaciones lo ideal es llegar a acuerdos en los que los comités de bioética pueden jugar un papel importante. Si estos problemas no se resuelven en el ámbito sanitario habrá que recurrir a la solución judicial.

Por supuesto que ante decisiones "raras" por parte del paciente no sólo debemos evaluar su capacidad de decisión. También es necesario que estemos atentos a presiones familiares conscientes o inconscientes, religiosas espurias, sociales, económicas..., que pudieran llevar a la persona enferma a tomar decisiones "heroicas" que de otra manera no hubiera hecho.

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Puede sonar chocante en nuestra cultura la presunta anulación de la familia como fuente de decisión principal. Familias que tradicionalmente tratan de proteger y aislar al protagonista de la historia que estamos contando, infantilizándolo y alejándolo de la toma de decisiones en el momento más importante de su vida. Pero esto es otra historia que requeriría otro artículo.

En definitiva, que la persona competente, cumpliendo una serie de requisititos, bien informada por los médicos, es la protagonista de la toma de decisiones con respecto a su salud.

P X Premio Reflexiones

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Farmacia, recortes y futuro

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esulta paradójico que, junto con Grecia y Portugal, tenemos los precios más bajos de los medicamentos de la UE y en aras de un ahorro totalmente polarizado en contra del profesional farmacéutico se acuda a la reducción del precio de los medicamentos, precios de referencia, limitación en los descuentos volumen de compras, el 7,5 por ciento de descuento y otras tropelías.

Fernando Paredes Correo Farmacéutico

Recorte tras recorte, esta política no es sostenible indefinidamente a riesgo de poner en peligro la disponibilidad de los medicamentos, la investigación de nuevas moléculas y la continuidad de la farmacia.

Aparte del mantenimiento a ultranza del margen (que pasó del 33 por ciento en tiempos pretéritos al actual del orden del 22,7), debemos cobrar ciertos servicios o remuneraciones complementarias y que se reserven para la dispensación a juicio del farmacéutico y sin posibilidad de publicidad ciertos medicamentos que no están sujetos a prescripción. De hecho, los asociados a la Asociación de Farmacéuticos Rurales de Cataluña (Afruc) perciben una remuneración por las charlas-taller que imparten, y además se deberían consensuar incentivos económicos por objetivos conseguidos.

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Ahorrar sólo a costa del farmacéutico es una forma perversa de abordar el problema. Necesitamos hacer auditorías generalizadas de lo que se gasta en analíticas, radiografías, personal sanitario, guardias y otros conceptos aquilatables, pues partidas sanitarias a las que se ha tildado como de gastos menores o, como se dice vulgarmente, equiparables al chocolate del loro pueden no ser tan nimias como se les viene considerando. Si hay que ahorrar, que sea desde rey a paje.

No es de recibo que la industria se enfrente a la distribución y a la farmacia propugnando en desacertadísimas declaraciones la bajada del margen, pues debe comprender que estamos en el mismo barco y las andanadas del contrario nos pueden hundir a todos. Ya se negoció con suerte dispar, si no adversa, lo de las tiras reactivas. Esperemos que el toro pastueño de los pañales no se transforme en burraco peligrosísimo que se aconche en tablas corneándonos sin piedad.

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El tema de los antimetabolitos e inmunosupresores que se querían dispensar en centros hospitalarios únicamente, afortunadamente y con sentido común, parece que sigue a bordo de las boticas.

Copago y dosis unitarias El asunto del copago es impopular y no resulta rentable políticamente, y va para largo, y acerca de las unidosis o la dispensación de cantidades menores aún de medicamentos por paciente, se tiene la experiencia negativa de su implantación al menos en dos comunidades. Tal y como envasa la industria actualmente está bien,

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pues se ha estudiado este factor de manera reiterada.

La sentencia de Luxemburgo viene a insuflar aire fresco, avalando la planificación si se justifica por fines sanitarios, siendo proporcionados a objetivos de salud.

De hecho, se calcula que 7.500 boticas podrían entrar en riesgo de supervivencia con los recortes y por ello el fondo que se pretende introducir, debe subsidiar a las de menores ingresos netos. No obstante, ya se sabe que los subsidios no son solución y debemos huir de ellos.

Opino modestamente que nunca la política debe entrar en la farmacia, pues perderíamos criterio e independencia. Lo que se debe hacer es luchar por un margen digno o unas retribuciones profesionales por servicios consensuados y bien tipificados por años comunes a toda España. Cuando demostremos documentalmente que resolvemos problemas sanitarios y que contribuimos al control del gasto con nuestra profesionalidad preparación y seriedad, sabrán que somos imprescindibles.

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También el RDL 8/2010 aprueba la creación de una central de compras que permita la adquisición conjunta de medicamentos, que supone una merma de nuestra capacidad dispensadora. Cabe preguntarse cómo articularán las autonomías esta central, si por un lado se prohíbe a la industria hacernos más de un 10 por ciento de descuento y para ellas pretendan un porcentaje más elevado, vulnerando claramente la libertad de empresa.

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Afirmaba Séneca que “no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”, caso no aplicable a los profesionales del medicamento. Nuestro papel está ligado a él, que es la razón de nuestra existencia. Ahora más que nunca nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos, despejada la calima tras la resolución de Luxemburgo.

Debemos mantener una alta autoexigencia, una apuesta inequívoca por la calidad de nuestros servicios, impregnada y aderezada con nuestra vocación de agentes sanitarios insustituibles.

Fumadores pasivos

M Donina Romero La Provincia

ás de una vez le escuché decir al presentador de televisión Jesús Hermida que "lo único que tienes es la vida, enamórate de ella, sé avaro de ella hasta su final", y estoy con él. La vida, tan hermosa, debemos vivirla sin urgencias ni acrobacias, pero siendo conscientes de que tiene fecha de caducidad porque la muerte, como digo en uno de mis poemas, que siempre está al acecho y está escondida detrás de cualquier puerta, nos puede llegar como un amurco de toro hendido en el costado, cuando menos lo esperemos, o quizá porque los dioses estén distraídos.

"Yalodejaré", se dicen a sí mismos, atrapados en el vértigo de la seducción del cigarrillo, adquiriendo un argumento fatigado y repetido que seguro se les hace difícilmente digerible, aunque intenten demostrar lo contrario. Creo que entre los empedernidos fumadores existe una connivencia, una conexión, un tierno clima de complicidad en el que defienden casi con efervescencia y en una tromba de palabras y adjetivos, que el auténtico fumador es aquel que cree que el tabaco no es nocivo para él ni para los que le rodean, que no sólo no fuman sino que ni siquiera soportan el olor. El fumador considera que conoce su más profunda realidad, su más arriesgado peligro, y que con la mágica frase del "yalodejaré", como una invitación a la tranquilidad para ellos mismos y para sus seres más queridos y cercanos, dan motivos para esperar milagros.

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Y se me agrupan los corajes porque no sé timonear con la pluma la solución a ese desdén de los fumadores hacia los no fumadores y hacia el peligro del tabaco, y porque no entienden que todos tenemos medido el tiempo de la vida, dependiendo de nuestra suerte y de nuestra capacidad para cuidarnos. Pero parece que dichas personas fumadoras no se dejan impresionar por esta verdad y continúan sumergidos (casi con un talante rebelde) en el placentero, denso y tibio humo del tabaco, como si les resultara fácil desprenderse "cuando ellos quieran" de este absurdo vicio.

"El cuerpo es un vehículo y nosotros su mecánico", dicen por ahí. Y a lo que no hay derecho es a que por culpa de estos fumadores desconsiderados arriesguemos nuestra salud, que tanto trabajito nos cuesta mantenerla en forma. Y considero que una buena regla para ir por la vida es el respeto al prójimo. (La pasada semana, un compañero de mesa en la celebración de unas bodas de oro no paró de fumar en toda la noche sin ninguna consideración para el resto de los comensales).

Todos sabemos que el tabaco es una lenta pero segura ruta, casi a paso de vals, hacia la enfermedad (a veces con la garganta huérfana de voz, bordada de silencios, y en las comisuras de la boca ni siquiera la sombra de una sonrisa) y la muerte. Pero lo lamentable es que el único culpable de su mal es el propio fumador, que quiere vivir de espaldas a lo irremediable sin tener para sí mismo un punto de misericordia.

Y algo les entiendo porque nuestra condición humana está llena de limitaciones y defectos, ¿pero y qué con nosotros, los fumadores pasivos?

X Premio Reflexiones

Algunos nos castigan injustamente con su vicio en salones, guaguas, restaurantes, oficinas públicas, cafeterías, reuniones privadas... (aunque a Dios gracias ahora está más regulado), porque creen que somos insensibles al humo del tabaco e ignoran, sin respeto, nuestra legítima libertad a no querer tragarnos "sus humos" y a no aceptar su desprecio por la vida de los demás, aunque ellos se estén ganando a pulso con su "yalodejaré" un rápido lugar en el otro mundo.

Por supuesto que ésta es una reflexión voluntaria de la que creo es como construir una casa sobre arena, pero ojalá esto que escribo sea un pequeño mensaje para esos extremos fumadores cuyo humo casi se edifica en el aire, en sus pulmones... y en los nuestros. Qué pena, penita, pena...

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'Gripescépticos'

T Javier Sampedro El País

ras desenmascarar la trama de las células madre, redescubrir la oposición social al aborto y sembrar dudas sobre la realidad del cambio climático, ahora toca poner en cuestión a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su manejo de la pandemia de gripe. La polémica ya estalló en España gracias a una monja de la abadía de Montserrat, licenciada en Medicina, pero ahora ha llegado hasta el Comité de Sanidad del Consejo de Europa gracias al ex presidente de dicho comité, Wolfgang Wodarg, también licenciado en Medicina.

Los gripescépticos acusan al organismo de la ONU de haber actuado en connivencia con la industria farmacéutica, con el objetivo de lucrarse mediante la venta de una vacuna inútil contra una epidemia ficticia. También denuncian el "cambio de definición" de pandemia que hizo la OMS justo en plena crisis. Piden por todo ello y por varias cosas más la dimisión de la jefa de la OMS, Margaret Chan. La consulta "falsa pandemia" en Google ya ha superado el umbral de los 300.000 resultados. La polémica está en el aire, quién podría dudarlo.

El problema es que los hechos no se avienen. Las actuaciones de la OMS han seguido el consejo de los mejores científicos especializados en el virus de la gripe, entre ellos dos autoridades mundiales como Robert Webster, del hospital infantil St. Jude de Memphis (Estados Unidos), y Tashiro Masato, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en Tokio. Los CDC de Atlanta colgaron en la Red desde el primer momento toda la información sobre el virus en bases públicas disponibles para todos los investigadores del mundo.

76 Gracias a esa ciencia transparente, resultó evidente en abril que la causa del brote mexicano era un virus de la gripe distinto de todos los conocidos -un virus nuevo-, hasta el punto de que provenía del mestizaje entre dos virus porcinos. Y que era altamente transmisible entre personas, puesto que en Nueva York se habían declarado 28 casos en la misma escuela.

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La web de la OMS decía que una gripe pandémica "causa un número enorme de muertes y enfermedades". A primeros de mayo, cuando un periodista de la CNN se interesó por ello, un responsable retiró la frase de la web. Esto fue un error garrafal.

Pero irrelevante para el caso.

Es cierto que, ya en los primeros días de mayo, Peter Palese, jefe de Microbiología del Hospital Mount Sinai de Nueva York, había reunido pruebas de que el virus no era muy letal. No llevaba la mutación que hizo más letal a los virus de las tres pandemias de gripe del siglo XX, ni la que hizo muy mortal al virus de la gripe aviar H5N1.

Pero el criterio de la OMS para declarar las fases pandémicas no es la letalidad, sino la transmisión. Y de ésta no cabía duda: nueve países con casos comprobados a finales de abril, 74 países a principios de junio. La OMS no hizo más que seguir su

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protocolo, que asocia el nivel de alerta pandémica a la propagación del virus. Este criterio es discutible, y algunos científicos apoyan ahora cambiarlo para incluir también la letalidad del virus. Pero era el que figuraba en todos los planes antipandémicos, aprobados por todos los gobiernos occidentales, antes y después de la "modificación de la definición de pandemia".

Wodarg también ha dicho: "Si no ha habido presiones, no se entiende el comportamiento de la OMS; o eso, o están locos". Este argumento médico, lo admito, es muy difícil de refutar.

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Industria, distribución y botica, en crisis

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lguien podría pensar que es un titular exagerado. Nada más lejos de la realidad. Un sector saneado, con empleo altamente cualificado (licenciados y doctores en torno al 70 por ciento e igual proporción de empleo femenino), se ha sometido a tal tensión económica que puede llevar a muchos a la ruina.

Guillermo Schwartz Correo Farmacéutico

Un sector que en los últimos 20 años ha sido sometido a casi una medida anual de contención del gasto. Un sector que es gestionado con capital privado.

Un sector que da beneficios, directos a sus propietarios y empleados e indirectos a los subsectores involucrados en la cadena del medicamento. En definitiva, un sector intervenido por el Estado pero con capacidad de generar dos recursos escasos: empleo altamente cualificado y beneficios económicos.

Y por qué, nos preguntamos muchos. La respuesta parece ser la imposibilidad de hacer frente a la factura de medicamentos; una de las facturas más bajas de Europa; uno de los más bajos costes de medicamentos combinado con uno de los menores gastos sanitarios per cápita de la UE.

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Hoy parece difícil de aceptar que un sector tenga rentabilidad económica; parece que el dinero público y la gestión profesional combinados nunca deberían dar beneficios económicos. Quizás sea éste el mal de toda la Farmacia española, que tiene buenos profesionales y gestores que la hacen rentable, por encima de la media europea en proporción, que no en beneficio neto final, con una cartera de servicios y prestaciones dentro de nuestro sistema sanitario que envidian muchos países. O, mejor dicho, que la hacían rentable. Detraer casi tres mil millones de euros de una factura que ronda los doce mil millones vía recortes es un disparate.

Evidentemente, es muy fácil hacerlo; la factura de medicamentos es transparente, se conoce al céntimo de euro la facturación de cada farmacia, las ventas de los almacenes y la producción de los fármacos que se ponen en manos de nuestros pacientes vía prescripción. Luego, bajando un precio, poniendo un descuento e impidiendo la realización de gestión comercial por aquí o por allá, puedo recortar el precio final.

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Alguien dirá: Les bajan los precios para pagar menos. ¡Y con razón! Hay muchas empresas que han cerrado, hay muchos profesionales que han cesado en su actividad. Es cierto, es la dura realidad. Pero ha sido porque esos sectores han dejado de producir o estaban relacionados con sectores que ahora no realizan actividad económica alguna. El nuestro sí que es activo. No se van a consumir menos medicamentos con estas medidas. Se van a tener que producir, comercializar y dispensar los mismos o incluso más. Quizás tengamos que hacerlo con menos empleados, con aún más trabajo y dedicación. Nuestra responsabilidad social, civil e incluso penal es la misma, pero no nuestro beneficio económico. Será, entre unos reales decretos

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y otros, casi un cuarenta por ciento menos, de promedio. Un cien por cien de menos para algunos, que se verán abocados al cierre. ¿Y qué se puede hacer? Seguir insistiendo al Gobierno en lo inadecuado de estas medidas, en que tenemos que sentarnos y negociar, en que los tres elementos que configuran nuestro sector tienen que ser oídos y participar en la toma de decisiones.

En todas, las buenas y las malas. Seguir insistiendo en que el control de la factura de los medicamentos debe realizarse también en origen. Tenemos todos que establecer un modelo de servicio farmacéutico para las próximas décadas que sea sostenible económicamente y de calidad.

Lo que no podemos hacer: cerrar. Dejar de trabajar. Prestar el servicio farmacéutico con peor calidad. Las reivindicaciones vía huelga o cierre, y sé que a más de uno esto no le va a gustar, no son nuestra solución. Ni siquiera es un derecho para nosotros: los empresarios, y, nos guste o no, lo somos, no pueden hacer huelga. A lo sumo un cierre patronal. No es un derecho reconocido para un profesional que ejerce su actividad como autónomo, el farmacéutico, y que gestiona su empresa, la farmacia, el hacer huelga. Es un error muy grave, y pasará una factura social inmensa al farmacéutico si la hacemos.

A Hay mucho trabajo por delante y no nos podemos permitir el lujo de perder lo que hemos conseguido: uno de los mejores servicios farmacéuticos del mundo con uno de los menores costes económicos. Lo dijo un conocido político en activo: “Sí, nosotros podemos”. Y vaya que podemos. Saldremos adelante, pero trabajando. Ideas no nos faltan, sólo hay que saberlas canalizar.

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La cuestión científica del aborto

L Francisco Javier Romero Las Provincias

a entrada en vigor de la llamada 'ley del aborto' del gobierno Zapatero plantea cuestiones muy profundas a la sociedad española, que han promovido chorros ingentes de tinta. Yo mismo he escrito en repetidas ocasiones en relación al conculcado derecho a la vida del no nacido, mucho antes de que se plantease siquiera esta nueva ley, e incluso con gobiernos del partido que actualmente ocupa la oposición. Un análisis relativamente sencillo de los últimos meses, en realidad de los últimos lustros, confirma que este debate no es tal.

Frente al Manifiesto de Madrid, que tuve la oportunidad de suscribir y firmar al principio de su circulación, la ministra se sacó de la chistera un contramanifiesto firmado por unos cuantos supuestamente científicos siempre 'a mano' del gobierno, del que no se ha vuelto a oír hablar ni se ha escrito una sola línea en torno a él.

Ciertamente es el único documento, a fecha de hoy, que, sin entrar en el fondo de la cuestión, dejaba abierta la cuestión biológica, queriendo atribuir a las creencias la posición defendida en el Manifiesto de Madrid. O sea, no discutir ciencia, tirar balones fuera y, si además caen cerca del extremismo religioso, tanto mejor.

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Ciertamente este es el paradigma de lo planteado en todos los foros por los defensores del aborto: no entrar al fondo de la cuestión científica de la irrefutabilidad de la existencia de vida humana desde el momento de la concepción, descalificar a los interlocutores por fanatismo religioso y enarbolar el estandarte de la defensa de los derechos de la mujer. Una de las cosas que mejor sabe y ha sabido hacer siempre nuestra izquierda es descalificar argumentos, sin entrar a rebatirlos. Es más fácil poner en tela de juicio el juicio de un científico, que evaluar sus argumentos y rendirse a la evidencia de una verdad absoluta: la vida del embrión/feto humano desde el momento de su concepción es única e irrepetible.

Las argumentaciones se han mantenido a la misma distancia y con los mismos razonamientos desde el principio. Podría hacer pensar en los raíles del ferrocarril, que nunca se aproximan por la existencia de las traviesas. Para los defensores del aborto, el símil les permite seguir instalados cómodamente en esta situación, donde los razonamientos circulan por cada raíl en dirección contraria y siempre a la misma distancia, pensando que los que deben recapacitar y rectificar son los otros. El pequeño detalle es que, mientras eso pasa y se actúa en el nombre de la defensa de los derechos de la mujer, y así evitar que vayan a la cárcel aquellas que han abortado (cuando no hay una sola mujer procesada en España por esta causa), mueren seres humanos. Las cifras son escalofriantes: se estima que en España se practicaron 116.000 abortos en 2009, de un total de 608.000 embarazos en España en el mismo periodo (según datos del Instituto de Política Familiar).

La ocurrencia del que ha diseñado la nueva campaña antitabaco, utilizando una imagen de un feto intrautero para provocar el miedo a perjudicar la salud del feto

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con el tabaco, tiene mucho de insulto a la inteligencia. Asociar el riesgo evidente del tabaco, algo indiscutiblemente negativo, con la imagen de la vida naciente dentro del seno de su madre, es, por lo menos perverso, cuando desde el mismo ministerio se está autorizando la eliminación de esos mismos individuos de las imágenes con total impunidad. El colmo de la supuesta sabiduría de nuestros gobernantes con estas medidas en torno al tabaco y la vida naciente, es que en España es denunciable y punible el consumo de tabaco en ciertas condiciones, y el asesinato en forma de aborto es un "derecho" de la mujer.

No nos engañemos, el enorme volumen de embarazos interrumpidos en España no corresponde al perfil de menor de 14 años embarazada, o embarazo fruto de violación. La mayoría de estos abortos proporcionan un perfil de mujer con pareja estable, mayor de 28 años y con un hijo al menos, según las estimaciones de las que se dispone a fecha de hoy. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar para otro lado y dejemos de defender unos derechos inexistentes para evitar este holocausto silencioso de los más indefensos. La mayoría de mujeres que han pasado por un aborto no están orgullosas de ello, no lo escriben en su currículum, prefieren no hablar de ello y generalmente lo ocultan. ¡Qué extraño que ejercer un derecho provoque estas respuestas! ¡Cuánta demagogia junta en torno al asesinato de un ser humano! Quisiera escuchar o leer el fundamento científico que permite usar la imagen de un feto de pocas semanas de vida para una campaña antitabaco, de la misma boca o pluma que defiende, que ese individuo de pocas semanas de vida es perfectamente prescindible sin ninguna justificación, porque es un "derecho inalienable de la mujer gestante decidir si mata o no a su hijo/a". Una lección más de congruencia a la que nos tienen acostumbrados nuestros actuales gobernantes, que para evitar que el peso de la crisis recaiga en las clases menos pudientes, sólo se les ocurre subir el IVA y decir que nadie lo va a notar. ¡Olé!

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La 'factura sombra' sanitaria

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omo vivimos a ritmo de galera, cada cierto tiempo nuestra clase política nos arroja un palabro de dudosa fisonomía para que lo devoremos hasta que el tambor marque otro compás. No hace mucho que circuló el "copago" y ahora le ha llegado el momento de gloria a la "factura sombra", y ahí andamos olisqueando y devanándonos los sesos sobre si será carne o pescado.

Alejandro Cotta Huelva Información

En los años 1998 y 1999 se estudiaron unas medidas de pago simbólico para contrarrestar el hiperconsumo de medicamentos (dio lugar al "copago") y otras referentes a los crecientes gastos asistenciales del Insalud (preludio de la "factura sombra"). El copago se aplicó en toda España mientras la factura sombra no prosperó y sólo existe hoy en el Servicio Gallego de Salud y en CatSalut de Cataluña.

A pesar de estos desalentadores antecedentes, a la factura sombra le han brotado tallos verdes desde que, a primeros del pasado junio, la consejera de Salud de Andalucía, en las X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, anunció su implantación, "con fines concienciadores", empezando desde el próximo septiembre en el Hospital Costa del Sol, de Marbella. A la vez, en sincronización perfecta con el proyecto andaluz, el Gobierno de España ha declarado recientemente su intención de extender la sombreada factura a todo el Estado, insistiendo también en su carácter meramente concienciador y no precopago hospitalario.

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El copago tuvo por finalidad un cambio de actitud del paciente para dejar el vicio de automedicarse, como quien deja el tabaco o el tinto. Pero la factura sombra no tiene tal finalidad. ¿Dónde se ha visto a nadie que, en su sano juicio, se vaya por gusto a un quirófano, por ejemplo? ¿Qué se pretende realmente con esta factura? ¿Sólo decirnos que la operación de la cadera de usted le ha costado al SAS un ojo de la cara? No se comprende que en un momento de recortes en personal y hasta de salarios consolidados se vaya a crear un nuevo servicio administrativo destinado a producir facturas cuya finalidad es precisamente no ser cobradas.

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Concienciar de que la sanidad no es gratis, aunque no se pague, es un esfuerzo caro -en muchos hospitales se rechazó el proyecto por aquellos años, precisamente por ese motivo-, además de superfluo, porque nadie como el paciente sabe que los servicios de salud los paga él mismo con sus cotizaciones.

Llegado el día del alta hospitalaria, el paciente y sus familiares están recogiendo la habitación, cuando un señor con bata les entrega un sobre con membrete del hospital. Ellos lo guardan, con las medicinas, en la maleta de vuelta a casa y allí, días después, alguien lo abre y se lleva un susto de muerte ante esa factura enorme que el paciente, indignado, no acaba de comprender.

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¿Para qué sirve todo esto?

Dado que la prestación del servicio público de salud no es un regalo de los cielos, sino el fruto de una vida de cotizaciones de muchos trabajadores, sobra decir que "no se la vamos a cobrar " y para nada sirve una factura que, como nunca puede presentarse al cobro porque no se debe, no tiene razón de ser.

Si a un cotizante ingenuo le dicen que "tu operación me ha costado tanto, pero no te asustes, que no te la cobraré", posiblemente llegue a experimentar un tierno sentimiento de gratitud infinita para el generoso benefactor. ¿Será esa la finalidad oculta? Mejor no imaginar a unos y otros políticos en sus pueblos o CCAA diciéndole a sus electores "nosotros no te cobramos, otros tal vez sí". La campaña electoral casi sobraría. No seamos maliciosos. Esas cosas nunca han sucedido ni volverán a suceder…

Una última duda: la insistencia de la administración sanitaria en proclamar que la factura no es precursora de copago de su importe, ¿no será una excusa no exigida y por tanto una confesión manifiesta de voluntad de lo contrario?

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Si se trata de concienciar al usuario de las evidentes bondades de nuestra Seguridad Social, debería ésta cuidar las formas, porque es de mal efecto para quien sale de una enfermedad o una intervención que le vengan a decir que esto ha costado tanto. Es algo aún peor que dejar, junto al regalo (que no es tal), la etiqueta con el precio de su compra. Cualquier dependiente te pregunta: "¿Es para regalo?", y, si lo es, suele eliminar hábilmente la cifra.

Bueno es que los usuarios de la sanidad pública seamos conscientes del servicio de que disfrutamos, pero otros medios hay de sobra para conseguirlo. Todo menos entregar el ramo de rosas con la factura colgando, por muy sombreada que aparezca. Será un detalle malogrado.

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La farmacia toca fondo

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reo que no me equivoco si digo que con el RDL de medidas para la contención del gasto farmacéutico muchos de nuestros compañeros tocan fondo. La gestión y continuidad de nuestros dirigentes ha conseguido viejos logros que fuera de este contexto habían constituido un rotundo éxito.

Francisco Peinado Correo Farmacéutico

Hablo de la actualización de las escalas del RD 5/2000, de la supresión del decreto de mutuas y de la modificación de lo que colegialmente conocemos como “medicamentos caros”. Pero estos logros se han diluido con los profundos daños que ha provocado un nuevo escenario en el que tendremos mucho que pensar, que decir y que hacer.

Y lo peor está por llegar, porque se trata de nuevo de una batería de medidas coyunturales destinadas a cuadrar las cuentas de los próximos meses, quizás del próximo año, pero cuyo efecto sobre el sistema se diluirá al tiempo que se asfixia un poco más la rentabilidad de la farmacia.

Otra vez volvemos a las políticas de improvisación y de ajuste rápido, y que no sirven para nada, salvo para comprometer seriamente la viabilidad de las farmacias, sobre todo de las pequeñas. Puestos a ahorrar recursos, creo que a cualquiera se nos ocurrirían medidas mucho más eficaces que seguir quitando de aquí y de allá a los farmacéuticos.

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Para empezar, no entiendo unas medidas que castigan tan duramente a los genéricos, cuando llevamos muchos años trabajando con la Administración en políticas de fomento de este mercado, y resulta que se les aplican bajadas que van a obligar a desaparecer a muchas industrias que apostaron por este segmento y a poner en peligro la viabilidad de otras muchas.

Menos aún entiendo la limitación de los descuentos por pronto pago o volumen a la farmacia. Que alguien nos explique cómo beneficia al ahorro del sistema. Parece evidente que se fomente la adecuada gestión de las compras en hospitales públicos porque el ahorro repercute directamente en el sistema, y nadie cuestiona que los privados tengan el mismo margen. ¿Por qué hay que limitar la de la farmacia? ¿A quién beneficia esa medida? Es ese margen de gestión el que nos permitía, por ejemplo en Andalucía, comprometernos con medidas de contención que se han demostrado eficaces, como el fomento de la prescripción por DOE. La limitación de los descuentos acaba con el pequeño colchón que permitía a las farmacias mantener la calidad de la prestación, en algunos casos, o simplemente sobrevivir, en otros.

Insisto: en Andalucía se firmó un convenio con el SAS para fomentar la prescripción por DOE en un contexto en el que los descuentos favorecían y estimulaban esta implantación. Si el contexto es diferente, como lo es, habrá que estudiar si la farmacia andaluza puede seguir soportando ese convenio.

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Y, por último, está la medida de pasar a hospitalarios fármacos de dispensación habitual en farmacia. A mi entender, primero, está por ver –no sé si alguien habrá caído o echado las cuentas, porque tenemos ejemplos en sucesivos “medicamentazos”– si el consumo no se desvía hacia otros principios activos. Y, segundo, constituye un ataque a la línea de flotación de nuestra razón de ser, abre una vía que nos puede ahogar y priva al paciente de la accesibilidad a estos medicamentos.

Poco importa que el problema del sistema sea otro muy diferente, relacionado con el incremento de la población y el aumento de las expectativas de vida, y que así la cuestión de fondo no se ataja, ni siquiera se aborda con un mínimo de seriedad.

Poco importa que esté demostrado que las políticas (como el fomento de EFG y de la prescripción por DOE) son las únicas que han contribuido seriamente hasta ahora a frenar el gasto. Poco importa que las nuevas medidas puedan llegar a perjudicar estas políticas que sí han funcionado. Poco importa que los farmacéuticos hayan sido hasta ahora los agentes sanitarios más comprometidos con la sostenibilidad del sistema. Sobre la farmacia vuelve a cargarse toda la responsabilidad del ahorro, pero no ya por la vía del compromiso y la implicación activa, sino por la drástica del tijeretazo a sus ingresos.

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En el COF de Huelva hemos hecho una simulación del impacto aproximado de estas medidas en la economía de nuestras farmacias y hemos refacturado los 6 últimos meses aplicando los nuevos precios y escalas del 5/2000 e incluyendo la pérdida de rentabilidad por la gestión de genéricos: las cifras globales para la farmacia de Huelva arrojan una pérdida de rentabilidad de 1.022 euros al mes por farmacia. Hay muchos compañeros en zonas rurales donde esa cifra o poco más era ya el umbral de rentabilidad. Nos dicen que debemos apretarnos el cinturón y pienso: ¿otra vez más? Deben de pensar que el nuestro es elástico y no se rompe nunca, pero eso está por ver y creo que esta vez lo tenemos al límite.

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La sostenibilidad del sistema sanitario público

D Marciano Sánchez Bayle El País

esde hace unos meses y especialmente al hilo de la crisis económica se ha abierto un debate en nuestro país sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. El debate está muy mediatizado por los intereses económicos en juego y resulta poco inteligible si tenemos en cuenta que nuestro gasto sanitario se encuentra por debajo de la media de la OCDE (313 euros per capita y 0,5 por ciento sobre el PIB) y muy lejos de los países que lo encabezan, siendo además de los menores si nos fijamos solo en los países más desarrollados (es decir si excluimos a México y Turquía). Por otro lado conviene tener en cuenta que el crecimiento anual del gasto sanitario en España en los últimos 10 años se situó en el 2,7 por ciento (promedio de la OCDE, 4,5 por ciento) y que en la curva que relaciona la esperanza de vida con el gasto sanitario la primera se sitúa por encima del lugar que nos correspondería, es decir nuestro gasto sanitario es muy eficiente al menos considerando como resultado la esperanza de vida de la población.

También llama la atención que se propugnen por algunas fuentes, e incluso por algunos políticos, medidas como el copago que, precisamente, son preponderantes en los países con mayor gasto sanitario y peores resultados en salud, y que todos los estudios señalan que tienen un impacto muy negativo sobre la equidad y que penalizan a las personas más pobres y mas enfermas, y más aún que esto se haga en medio de una crisis en la que hay más de 4 millones de parados, que no se prevé que dejen de serlo a corto plazo, y unas pensiones que en muchos casos están en el límite de la supervivencia.

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Sin embargo, los problemas de nuestro sistema sanitario son claros y sobradamente conocidos: un gasto farmacéutico muy elevado (en torno al 30 por ciento porque no se conoce con certeza ya que las comunidades autónomas no hacen público el gasto hospitalario, que es el que más crece), una creciente privatización que hipoteca a las administraciones públicas durante periodos muy largos de tiempo con costes muy por encima de los del sistema público, la sobreutilización tecnológica que es un rasgo común a la mayoría de los países desarrollados, aparte de una gran descoordinación en sus actuaciones y falta de objetivos de salud de todo el sistema sanitario.

Por eso los avances en el mantenimiento y mejora de la sanidad pública deberían de ir en los siguientes aspectos: 1.- Información y transparencia: Desde el sistema nacional de salud se debe de mantener una información homogénea y transparente hacia los ciudadanos, sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios. Los servicios públicos los pagamos todos y tenemos derecho a conocer una información detallada sobre su funcionamiento.

2.- Financiación adecuada: El sistema nacional de salud necesita una financiación acorde con sus compromisos con la población y con las necesidades de esta, y debe

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de ser una financiación finalista que garantice que los fondos que se destinan la sanidad , se destinen realmente a dichos fines.

3.- Políticas comunes y coordinadas: En todo el sistema nacional de salud es necesario que se elabore y se ejecuten políticas comunes para evitar la discriminación de algunos colectivos y la diferencia de prestaciones según que comunidad autónoma.

Para ello sería imprescindible la elaboración de un Plan Integrado de Salud.

4.- No a las privatizaciones: Hay que definir con claridad del modelo público de sanidad y paralizar el desvío masivo de fondos públicos y las concesiones a la empresa privada.

5.- Control del gasto farmacéutico: Se deben establecer mecanismos para un mejor control del gasto en farmacia, a través de elementos como los sistemas de información independientes y de calidad a los profesionales, el incremento en la utilización de medicamentos genéricos, y el control de la industria farmacéutica y sus influencias sobre los profesionales sanitarios.

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6.- Evaluación de la utilización de la tecnología: El sistema debe apostar por mantener el nivel de referencia técnico de los centros sanitarios públicos mediante una política continuada y sostenible de adquisiciones de alta tecnología.

7.- Política de personal: Hay que desarrollar una política que implique más al personal en el propio sistema para que se sienta identificado y comprometido en el sistema de salud, con estrategias como: - Dedicación exclusiva, para evitar colusiones entre lo público y lo privado.

- Desarrollo de formación postgraduada troncal de los especialistas.

- Incremento del número de profesionales de enfermería, adecuando sus competencias profesionales.

- Desarrollo de las especialidades de enfermería.

- Profesionalización de la gestión sanitaria.

- Desarrollo de carrera profesional.

- Asegurar la independencia, cualificación y profesionalidad de los cargos intermedios.

- Implementar medidas para el desarrollo de la calidad y excelencia entre los profesionales sanitarios.

Estas son medidas para desarrollar el carácter de excelencia de nuestra sanidad pública, para desarrollar sus potencialidades y para mejorar su eficiencia porque tal y como están las cosas parece que el mayor riesgo para la sostenibilidad del sistema nacional de salud está en quienes se empeñan en impulsar medidas que van contra sus valores esenciales: accesibilidad, gratuidad en el momento del uso y excelencia clínica.

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La teoría de los hechos antagónicos o la vanidad en atención primaria

C Asensio López Diario Médico

ualidad de vano; falto de realidad, sustancia o entidad; dicho de un fruto de cáscara cuya semilla interior está seca o podrida. Estas son algunas de las acepciones, las principales acepciones, que del término vanidad describe el diccionario de la Real Academia Española. Ahora que hemos establecido la definición, les propongo un sencillo acertijo: ¿Seguro que averiguan de qué asunto y de qué personas estoy escribiendo? Bueno, creo que es mejor no seguir por este camino de la quiromancia, pues resultará un tanto presuntuoso por mi parte asegurar que estoy en condiciones de entrar en sus pensamientos. Por tanto, retiro el acertijo. Pero no me resisto a seguir comentando esta cuestión, nos vamos a olvidar de de las posibles personas implicadas y nos vamos a centrar en el asunto.

Pues, en efecto, de lo que hablamos es de la tan llevada y traída alianza, o fusión, o integración, o encuentro, o morada, o como cada uno guste denominar... de la atención primaria. Bueno, escribiendo con mayor propiedad, de las sociedades científicas de atención primaria. Y traemos a cuento el término vanidad por una cuestión que seguro que no se les escapa.

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Llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo, oyendo hablar, proponer y apostar, a diferentes actores (tanto a los actores principales como a otros de reparto) por la necesaria, la imprescindible unión de la atención primaria. Y llama poderosamente la atención que cada uno de estos actores, especialmente alguno de ellos, no puede esconder su deseo de convertirse en el protagonista absoluto de la escena, representando el papel de aquel que se siente en posesión de la verdad absoluta. Y, lo que resulta más escandalosamente vanidoso, es que en la mayoría de las ocasiones se desprende ese tufillo tan particular, propio del actor que tiene como único interés demostrar que él es el auténtico valedor de la unión de la atención primaria y, las otras partes tienen que seguir su estela o estarán demostrando su falta de interés. En fin, que uno se cansa ya de tanto juego fatuo.

Me voy a permitir dos consideraciones. Una primera conceptual: ¿de verdad tanto va a cambiar la atención primaria española cuando, por fin, se unan las tres sociedades de primaria? ¿No será que estamos creando una maravillosa fantasía que nos sirve para encontrar consuelo y evitar enfrentarnos a algunos de los aspectos más dolorosos de nuestra realidad? Mi respuesta es clara al respecto. Estamos magnificando este asunto. En cualquier caso, estoy seguro de que en el balance global, esta futura unión tendrá ventajas claras, eso sí, serán ventajas pequeñitas. Pues creo que serán unas ventajas provenientes de cuestiones marginales. Porque sin duda, los equipos directivos de las sociedades dejarán de gastar energías, pues ya no tendrán que mirar de reojo qué hacen los otros; también, considero que muy probablemente, será posible invertir mejor (por ejemplo en investigación en atención primaria) los recursos que destina la industria farmacéutica, siempre que no decida destinarlos a otros colectivos; e incluso, tal vez se consiga transmitir un mensaje único a los inter-

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locutores con capacidad de influir, intentando que entiendan de una vez la importancia que tiene para un sistema sanitario público invertir en atención primaria. En resumen, no está mal: aunque sólo sea por algunas de estas cuestiones, merece emprender el viaje.

La segunda consideración es de naturaleza práctica. Va dirigida a observar el compromiso real de los actores. Para ello propongo que nos apliquemos la teoría de los hechos antagónicos. De tal manera que a partir de ahora procedamos a interpretar las declaraciones públicas de nuestros actores justo en el sentido opuesto a su contenido literal. Que mucho afirman y perjuran sobre su voluntad para unirse, pues pongamos en cuarentena sus voluntades. Que ofrecen encuentros y comilonas para buscar acuerdos, pues sospechemos de sus verdaderas intenciones. En definitiva, que aquellos que realmente quieran trabajar para encontrar un acuerdo, que lo hagan en silencio y sin ostentación, pues cuando vengan con soluciones concretas, ya les atenderemos.

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Y por favor, ¡que ninguno de los protagonistas vuelva a realizar declaraciones, salvo para ofrecernos resultados! Ya estamos un poco agotados de tanto soportar las presunciones de unos y de otros. Entre unos cuantos que buscan ponerse medallas ajenas, otros pocos que se gustan haciendo de celestinas y la dificultad de otros tantos en contener su ego, nos tienen aburridos.

Un ruego final: que gobierne el silencio hasta el día que despierten los hechos.

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Liberados sindicales y la reforma laboral

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n estos momentos especialmente tensos y convulsos se está produciendo un acoso mediático contra el liberado sindical, emitiéndose una serie de juicios que lo único que demuestran es el profundo desconocimiento que los comentaristas, de la índole que sean, poseen de las normas que regulan la representación sindical.

Antonio Díez Murciano Diario Médico

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Por una cuestión de síntesis diremos que dos son las leyes que regulan la representación sindical, la Ley 9/87 y el Título III, Capítulo IV de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que la modifica. En ninguna de ellas existe la figura del liberado sindical, ya que los términos legales son delegados de personal y juntas de personal y, en otro orden, los comités de empresa. El número de delegados de personal viene marcado por el número de trabajadores, según una escala preestablecida existente en las distintas empresas. En función de este número corresponde una cantidad de horas que oscilan entre las 15 y las 40 por delegado.

Y aquí, en esencia, se acaba la cuestión. Todo lo demás depende de las negociaciones existentes entre sindicatos y Administración y de éstas surge el número de horas necesarias para poder liberar a un delegado sindical completamente, ya que lo decide la Administración. Harán falta las horas de más de un delegado para poder liberar a uno solo de ellos. Del mismo modo, la Administración puede autorizar liberados, que se denominan institucionales, para ejercer trabajos conjuntos de estudios, documentación y negociación. Es decir, es el número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales el que puede determinar, por la adición de sus horas, la existencia de liberados; pero, lo más importante, y lo que desmonta algunos discursos interesados, es que sin la aprobación de la Administración no podría haber ni un solo liberado más de lo que corresponda. Una de las cuestiones que resalta la ley, y que muchos olvidan intencionadamente, es que "los miembros de las juntas y los delegados de personal no pueden ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por desempeñar su representación".

Incómodos para el Gobierno Una vez efectuada esta introducción procederemos a encajar el título del artículo.

Creemos que es obvio que, como consecuencia del rechazo a las restricciones económicas, a la regulación laboral y a la de las pensiones, la contestación sindical ha incomodado a un Gobierno acostumbrado a ejercer una plácida autarquía apoyándose puntualmente en muletas de dudosa estabilidad y en sindicatos hermanos o primos hermanos. Y la reacción ha sido intentar deslegitimar a todo lo que pueda suponer un frente de conflicto contra el Gobierno menos social desde que se instauró la democracia. Y ya que el Gobierno, sus terminales mediáticas y otros elementos profanos están intentando ridiculizar y criminalizar a los sindicatos, bueno será que la ciudadanía conozca cuál es la postura de sus políticos, referidos a los parlamentarios, en relación con sus derechos laborales, al cese de actividades y a las características de sus pensiones, porque para ellos ni hay reforma ni existe crisis alguna.

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Si se lee detenidamente el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los ex parlamentarios, aprobado por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, veremos qué diferencias existen entre lo que nuestros políticos aprueban para el resto de los trabajadores y lo que se aprueban para ellos mismos. Veamos algunas de las cuestiones más significativas, o mejor, las prebendas de los parlamentarios: 1. Cuando se disuelven las cámaras sus señorías perciben una indemnización para hacer frente al periodo de tiempo en que están cesantes. Pero si se acabara el tiempo con derecho a indemnización y no tuvieran ingresos o patrimonio tendrán derecho a percibir el 60 por ciento de la asignación constitucional hasta que alcancen el derecho a la pensión de jubilación.

2. Tienen derecho a pensión de jubilación tras sólo siete años ejerciendo el mandato como diputado o senador; los que llevan de siete a nueve años perciben el 80 por ciento, y con sólo once, el cien por cien de la pensión. Los trabajadores precisan actualmente de quince años -y dentro de poco de veinte años- cotizando para percibir la pensión mínima. Para obtener la pensión máxima se requiere, de momento, haber cotizado treinta y cinco años frente a los once de los parlamentarios. En el caso de que no hubieran estado el tiempo mínimo necesario para tener derecho a pensión podrán obtener una ayuda económica para ellos, para sus cónyuges viudos y para sus hijos menores de 25 años.

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3. Pueden disfrutar de otra pensión o pensiones coexistiendo con la pensión de parlamentario. Para los trabajadores es incompatible.

4. Tienen derecho a la jubilación anticipada y parcial; actualmente se está denegando a los profesionales alegando que dicha normativa sólo afecta al personal laboral, no a los funcionarios o estatutarios. Ante la disparidad de criterios entre las Salas de lo Social y Contenciosa del Tribunal Supremo, las administraciones las están rechazando por sistema. Los parlamentarios no tienen ese problema.

5. El parlamentario que con 55 años no tenga una actividad profesional o laboral permanente seguirá de alta en la Seguridad Social, abonándole las Cortes sus cuotas hasta que complete el escaso periodo necesario para causar derecho a pensión de jubilación. Los trabajadores sin trabajo no disponen de esa posibilidad.

6. Si el parlamentario fallece habiendo cotizado los siete años preceptivos para obtener la pensión de jubilación, su cónyuge viudo o sus hijos menores de 25 años percibirán una ayuda, en pago único, por el importe correspondiente a dos meses de asignación constitucional por cada año de mandato.

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7. Quienes no renueven su mandato como parlamentarios, algo análogo a quedarse en el paro, recibirán una indemnización por cese cuya cuantía será el equivalente a una mensualidad constitucional por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, durante un máximo de dos años. Hoy, al trabajador que quede sin trabajo se le abonará el equivalente a veinte días por año trabajado. Además, los parlamentarios podrán ejercer su derecho de huelga sin que se produzca ninguna retención económica. A los trabajadores se les retiene la parte proporcional de todos sus conceptos y complementos.

Críticas inciertas y coherencia Durante estos últimos días o últimas semanas se está demonizando al liberado sindical, asegurando que no trabaja y que no está sufriendo la crisis. Algo absolutamente incierto, por cuanto todos los que dependen de la Administración pública han sufrido los recortes de los demás trabajadores. Pero nada se dice de los parlamentarios, los verdaderos responsables de muchas de las graves situaciones que estamos padeciendo, y se intenta hacer iguales en lo malo a todos los sindicatos.

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Nos hemos limitado a efectuar un somero análisis de las circunstancias que rodean las pensiones y jubilaciones de los políticos, referidos concretamente a los parlamentarios, comparándolos con los requisitos que se exigen a los trabajadores y, fundamentalmente, con la regulación del sistema laboral y del régimen de pensiones. Ante lo expuesto no podemos por menos que dejar escapar una exclamación: ¡Qué incoherencia! Que no precisen más que siete años de mandato -al propio legislador le dio pudor emplear la palabra trabajo para designar lo que hacen habitualmente los parlamentarios en las cámaras-, y algunos ninguno; que se les paguen las cotizaciones para alcanzar la pensión de jubilación, que las cuantías de las subvenciones sean bastante más elevadas; que los días que se consideran para abonar los emolumentos por cese en su (des)ocupación sean tres veces superior a los que se les computan a los trabajadores, y que tengan derecho a indemnizaciones y subvenciones si no tienen conocimientos, preparación o capacidad para ocupar otro trabajo, sólo puede generarnos otra exclamación: ¡Qué poca vergüenza! La suerte de los parlamentarios es que muy poca gente conoce las prebendas y mamandurrias que poseen y que, desde luego, no se quedan sólo en las descaradas pensiones, subvenciones e indemnizaciones que reciben por razón de un cargo que, en la mayoría de los casos, no les cuesta nada conseguir, tan sólo ser sumisos al jefe político de turno para que los incluya en unas listas cerradas en un puesto que les garantice el sillón parlamentario. Y luego, a levantar el brazo o a apretar un botón una o dos veces por semana. Si la población conociera todas estas discriminaciones y agravios es probable que la abstención alcanzara cifras de mayoría absoluta o… algo peor.

Finalmente, es verdad que algunos sindicalistas pueden presentar comportamien-

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tos inadecuados, pero tambiĂŠn es cierto que todos los parlamentarios se han blindado en sus retribuciones, indemnizaciones, subvenciones y pensiones, cuando menos, de forma insolidaria.

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Libertad de prescripción, libertad de curación

D Eugenio Moure Diario Médico

ecía Karl Popper, filósofo de cabecera de un ministro de Sanidad de la era Aznar, que la libertad es el valor absoluto y los demás pasan a un segundo término. Semejante ideario parece ahora abandonado por sus herederos políticos visto el anuncio del Gobierno gallego de limitar el catalogo de medicamentos financiados para ahorrar 9 millones de euros mensuales. Obviamente la cifra es importante, en especial con la crisis en la que vivimos instalados, pero no a costa de sacrificar aquel valor.

Esas tentaciones no son nuevas. Hace diez años publiqué en otras páginas una tribuna titulada “La receta electrónica o el Leviathan”, en la cual criticaba el sesgo con el que se anunciaba lo que al cabo de unos años se convirtió en una realidad distinta. El cambio de la receta de papel y bolígrafo al documento informático era una necesidad acorde a los tiempos en que vivimos. Pero aquella iniciativa originalmente se inspiraba en el tabú del denominado “insoportable fraude médico”.

La creencia de que existe una alianza de intereses entre la clase médica y la industria farmacéutica para saquear las arcas públicas sonaba a confabulación judeo-masónica que alimentaba la desconfianza. Y si en el año 2000 se anunciaba una drástica reducción del vademécum disponible a los médicos del Servicio Gallego de Salud con el objetivo de limitar su libertad de prescripción, afortunadamente la receta electrónica que luego surgió con el Decreto 206/2008 desterró esa pretensión.

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Pero he aquí que ahora se retoma aquella primigenia idea aprovechando las herramientas informáticas instaladas, esgrimiendo razones de eficiencia en lugar de aquellas otras más perversas, pero con el mismo objetivo de limitar el catálogo de medicamentos que pueden dispensados en las oficinas de farmacia. Tal medida se topa con resistencias de índole legal, pero sobre todo con una idea nuclear en el credo político del partido gobernante en Galicia: la libertad del individuo.

En cuanto a las objeciones legales convendría recordar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ante una iniciativa similar en Valencia la anuló porque excedía el límite establecido por la Ley del Medicamento para la sustitución de fármacos.

Algunos gestores, aunque no se identifiquen con ideologías nacionalistas, actúan como si fueran “barones en su baronía” al modo de un estado confederal, ignorando que el Sistema Nacional de Salud es uno no la suma de diecisiete.

Esa huida hacia delante con la crisis como excusa ignora que aunque la financiación sea autonómica la prestación sanitaria obedece a una ordenación estatal común para garantizar la igualdad y la equidad. Queda así en evidencia la medida que se pretende adoptar, pues aunque quiera hacerse de la necesidad virtud, sustituir un fármaco de marca por otro genérico más barato sólo es posible de acuerdo a un sistema de precios de referencia que a su vez salvaguarda el derecho de competencia.

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Pero resulta que en Galicia no han sido suficientes las medidas de ajuste del Real Decreto Ley 4/2010, que incluyen una importante reducción de los precios de los genéricos con bajada incluida de los márgenes de las farmacias, pues el catálogo gallego excluye a todos los medicamentos de precio superior al de referencia, con lo cual no se da opción a adquirir uno más caro aunque el paciente quiera abonar la diferencia. A nuestros abuelos esto les recordará a la cartilla de racionamiento.

En definitiva, esta medida ignora que la libertad de prescripción es una garantía para el paciente. Sin embargo, la prescripción orientada la compromete gravemente porque la bioequivalencia de dos fármacos es un dato estadístico y cada uno reacciona de acuerdo a sus circunstancias personales. Al final resulta que algunos que presumen de liberales confunden las teorías de Popper con las arengas de un dictador bolivariano contra el capital, haciéndonos creer que libertad y licencia son lo mismo.

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¿Médicos o adivinos?

E José Carlos Fuertes Rocañín Aragón Digital

l desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del embarazo -que entrará en vigor el 5 de julio y que se encuentra en periodo de discusión- ha generado una enorme división entre los profesionales sanitarios y nos vuelve a colocar en el ojo del huracán, a la vez que en una situación incómoda, cuando no de auténtica inseguridad jurídica.

Según las informaciones que van apareciendo en los medios de comunicación, y tras una primera lectura del texto legal, seremos nosotros, los médicos, los que deberemos decidir si una menor que acude a abortar sin haber informado a sus progenitores de tan relevante decisión, lo hace por tener miedo a ser coaccionada, intimidada o maltratada, por sus padres, o, si por el contrario, el motivo de ocultar la información es fruto de sentimientos de culpabilidad o de cualquier otra alteración o estado emocional.

El médico debe pronunciarse, todavía no se sabe bien con qué medios ni de qué forma, sobre la veracidad de las manifestaciones de la adolescente que quiere abortar. Debe tomar una decisión tan importante como es la de practicar un aborto sin informar a los padres, basándose en la veracidad que le merezca el testimonio de la muchacha que tiene delante. Eso sí, para mejorar su nueva y compleja misión “investigadora”, podrá contar con el apoyo de un psicólogo y de un trabajador social, como si estos profesionales tuvieran la “bola de cristal” y la capacidad infalible de discernir la sinceridad de la mentira, la autenticidad del engaño, la madurez de la inmadurez.

96 Los políticos han vuelto a cargar toda la responsabilidad de un acto que ellos han gestado, sobre unos profesionales entrenados para salvar vidas y ayudar a sus semejantes, pero no para actuar como adivinos, ni tampoco como videntes. Y además, como en la película famosa, “nos dejan solos ante el peligro”, con una soledad que no sólo nos agobia como personas, sino que además nos puede crear muchos problemas éticos y también legales. En fin, que nos han vuelto a meter un gol por toda la escuadra.

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Me imagino la conversación entre el doctor y su “paciente-usuario-cliente adolescente”, “o sea, que usted señorita quiere abortar pero no se lo ha dicho a sus padres porque estos no le dejarían hacerlo, y además se iban a enfadar mucho”. “Pues no hay más que hablar, vamos a la faena, y a los papás dictadores y fascistas que les den, faltaría más…”.

En el afán obsesivo de lo “políticamente correcto”, en un intento de conseguir una “madurez” ficticia que no real, y de sustraer la patria potestad a aquéllos que legítimamente la ostentan, sus señorías, los legisladores, han diseñado una norma jurídica cuya aplicación se nos antoja complicada. Ni el médico puede saber si una ado-

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lescente es sincera y sus argumentos rigurosos, ni mucho menos, es competente para sustraer esa información a los que legítimamente ostentan su guarda y custodia del menor. ¿Cómo podemos medir y valorar la madurez de un adolescente? ¿Cómo podemos saber fehacientemente si la dinámica familiar es correcta y adecuada? ¿Qué datos técnicos podemos aplicar para conocer el desequilibrio o alteración que esa decisión puede tener sobre la joven que demanda el aborto? ¿Somos los sanitarios los que debemos investigar e indagar la veracidad de un testimonio? ¿Somos médicos o adivinos?

Además, ¿qué pasará cuando los padres presuntos “maltratadores”, “inconsecuentes” e “intolerantes” nos pidan cuentas ante un Tribunal de Justicia de la decisión que hemos adoptado? ¿Estaremos realmente protegidos ante la ley, o empezaremos a hablar de imprudencia, negligencia o impericia?

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Con un par de folios, unas cuantas horas y algo de imaginación se puede crear una ley, no en balde todos sabemos que “el papel lo aguanta todo”. Otra cosa muy distinta es la realidad y la aplicación de las normas, sobre todo en un momento social tan convulso como el que estamos viviendo.

Los médicos ya tenemos demasiadas cargas sobre nuestros hombros, la más dura es enfrentarnos todos los días con el dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes.

Debemos, y les doy mi palabra que así lo hacemos, consolar, aliviar y, si podemos, curar al ser humano enfermo.

No es justo que ahora nos quieran adjudicar también la de ser los únicos responsables a la hora de decidir el nivel de información que los padres deben tener en una decisión tan relevante, íntima y compleja como es el aborto llevado a cabo por una persona menor de edad.

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No acostumbrarse nunca a lo espantoso

B Antonio Montero

ueno; digo, malo: pues ya está en plena operatividad la Ley Orgánica de la Salud Sexual y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un eufemismo biensonante del aborto puro y duro, provocado, libre y gratuito, que segará en flor, no aún en fruto autónomo, la vida de miles y miles de seres humanos, los más inocentes, indefensos y dignos de protección; pero, ¡tranquilos!, porque eso ocurrirá "solamente" durante las catorce primeras semanas de su gestación en el claustro materno.

ABC Sevilla La sedicente "ley de plazos" sucede, a un cuarto de siglo, a la primera de 1985, cuya memoria no puede ser más nefasta: un millón con creces de víctimas cruentas, de las que el noventa y cinco por ciento lo fueron por el infame coladero de las certificaciones falsas sobre la salud psíquica de las madres. Las cifras anuales de abortos han ido creciendo, año tras año, hasta el pasado 2009 con ciento dieciséis mil en su trofeo, uno por cada cinco embarazos. Ninguna ley de aborto puede ser calificada como buena, pero sí diversificarse entre malas y peores. Tal es la disyuntiva en la que nos sitúan las de 1985 y de 2010.

Sobre la primera, me remito a lo dicho y, sobre la nueva, resumo en breves trazos su génesis y sus contenidos. Una ley de este género no venía reclamada por la opinión pública del país, ni figuraba en el programa electoral del partido gobernante; tampoco ha tenido el refrendo de los preceptivos Consejos, de Estado, Fiscal, o de la Bioética de España. Sí, empero, el de la Comisión de Expertos, creada por el Ministerio de Igualdad, con acreditados miembros proabortistas.

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Tampoco el debate parlamentario ni la delgada mayoría de votos le han granjeado nuevas adhesiones al texto legal, sino todo lo contrario: un abierto rechazo y contramanifestaciones públicas de las sesenta asociaciones provida, más las severas advertencias de la Asociación Nacional de Objetores de Conciencia, de la Asociación Médica Colegial y de otros entes paralelos de ginecólogos y de sectores diversos del personal sanitario; hoy por hoy, se presagia, sobre todo en los centros públicos, una masiva legión de objetores de conciencia. Ya veremos.

La accidentada prehistoria y el problemático futuro de la nueva ley se debe, sin lugar a dudas, a su antropología precaria y a la inconsistencia de los pilares éticos de su fundamentación jurídica. El día de su aparición en el BOE (6 del 7) la editorializó este periódico con el rótulo "La peor ley posible", argumentándolo en la "premisa inmoral de negar humanidad al feto, contaminando todo el discurso proabortista; y porque banaliza la muerte de seres humanos, ratifica el menosprecio de la ley anterior por los enfermos y minusválidos -que han exteriorizado su protesta-, considera el aborto como un anticonceptivo y convierte al Estado en su promotor".

Nada de esto se aviene con la recta conciencia del bien y del mal que anida en el corazón humano, a lo que se ha llamado siempre ley natural. El Concilio Vaticano II

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define el aborto como "un crimen abominable, un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad del ser humano… y hiere, gravemente también, la dignidad de quien lo comete" (Gs). El Papa Ratzinger en su discurso en Viena, a las autoridades nacionales y al Cuerpo Diplomático, el 7 de diciembre de 2007, afirmó por su parte que la tutela del bien fundamental de la vida humana forma parte de las obligaciones de la autoridad.

Y, con clara referencia a nuestro país y a nuestro asunto, la Conferencia Episcopal Española, en su LXXXVI Asamblea Plenaria (marzo de 2006), ya se anticipó en estos términos: "El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo, y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen". A raíz de la ley de plazos, diversas declaraciones episcopales han denunciado con firmeza su aberrante suplantación del derecho a vivir del nascituruspor el supuesto y tétrico derecho de su madre a darle muerte (dicho esto último con vergonzantes eufemismos). Silenciarlo, dicen los obispos de Aragón, nos convertiría en sus cómplices.

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Sobre el aborto en toda su magnitud y su escandalosa extensión social en España y en Europa, la Historia nos llamará a capítulo, según advirtieron Julián Marías y Miguel Delibes, y ahora lo hace el profesor Manuel Ollero; así ocurrió con la esclavitud en los primeros siglos cristianos, y con las prácticas inquisitoriales en la Europa cristiana del Medioevo y del Renacimiento, por las que el Papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia en el jubileo del año 2000.

Lo más triste y desolador del fenómeno abortista es que contamina a millones de personas, a ciudadanos normales e incluso gentes de bien, que, aunque ellos no lo practicarían, han caído en la trampa de justificar la libertad de otros para perpetrarlo y la del Estado para permitirlo y tutelarlo. Sin apercibirse de su propia dureza de corazón.

Lo peor de este pecado -aunque no delito, qué sarcasmo- no es la ley sino el aborto mismo y el desierto moral de la sociedad que lo asume. Habría que pedirle a Dios, recordando el pasaje del profeta Ezequiel, que nos arranque el corazón de piedra para convertirlo en corazón de carne. Lo primero es reafirmar nuestras propias convicciones sobre el don sagrado de la vida humana, sin dejarnos contaminar por todos los tópicos y sofismas de lo que han llamado los últimos Papas "cultura de la muerte". Decía el adagio latino: "Asueta vilescunt", lo acostumbrado pierde valor. No deberíamos jamás acostumbrarnos a considerar natural el sacrificio sistemático de personas inocentes.

Corresponde a la ciudadanía y a los partidos políticos con sensibilidad humanista el

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esfuerzo, sin fijar plazos, de sustituir la ley vigente por otra que proteja a la mujer encinta con miedo a la maternidad, en la gestación, el alumbramiento de su bebé, y la inserción digna de ambos en la sociedad. Se nos impone a todas luces a la Iglesia, los padres, los educadores y los creadores de opinión generar democráticamente en la sociedad una "metanoia" o conversión (gracias, Juan Manuel de Prada) para que se salve a sí misma evitando a toda costa su autodestrucción.

Decía mi inolvidable maestro y hermano Don Jesús Iribarren que los abortistas lo son porque sus padres no lo fueron. ¡Qué mal agradecemos hoy ese admirable don de la existencia propia y ajena! Santa Teresa de Calcuta le dijo en su tiempo a Ronald Reagan: "Señor presidente, no deje usted matar a tantos niños. Démelos a mí". ¡Cuánto bien están haciendo a este propósito los admirables movimientos provida de dentro y fuera de España! Ya estamos recogiendo los frutos en la reacción adversa a esta ley, herida en el ala por un ambiente social consciente y responsable.

Y déjenme terminar el sermón con un bellísimo recuerdo del Evangelio de san Lucas: la visita de Isabel a su prima en los montes de Judea, cuando estando ella de seis meses, danzó de gozo en su seno Juan el precursor ante la también presencia uterina de Jesús, en el seno de María, que lo estaba de tres. Estos sí que fueron plazos entrañables de la inminencia gozosa de nuestra salvación. ¿Saltarán también en el seno materno los hijitos a los que hayamos podido salvar en sus primeras catorce semanas? ¡Quiéralo Dios!

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No, cofinanciación

E María Ángeles Palacios La Verdad

l gasto sanitario crece de manera exponencial porque la población ha crecido más de un 20 por ciento en los últimos años, ha aumentado la esperanza de vida y no dejan de incorporarse nuevas prestaciones a la cartera de servicios. A pesar de ello, la financiación no ha crecido al mismo ritmo, porque el modelo obvió ese crecimiento durante diez años, desde 1999, y lo sigue haciendo, perjudicando a las regiones con mayores índices de aumento poblacional, como es el caso de la Región de Murcia, donde no se tiene en cuenta a más de 300.000 ciudadanos.

El principal problema de la Sanidad es que urge afrontar su sostenibilidad financiera y ello sin poner en peligro los grandes logros que han situado a la Sanidad española en el primer nivel mundial, gracias a una de las carteras de servicios más amplías que existen, los profesionales mejor preparados del mundo, la agilidad en la incorporación de nuevas tecnologías que facilitan la labor de los profesionales y mejoran los tratamientos de los pacientes o la existencia del mejor y más completo programa de trasplantes, por ejemplo, y todo, manteniendo el principio de equidad para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel adquisitivo.

Nuestra responsabilidad, como gestores sanitarios, es que se alcancen estos objetivos y garantizar una sanidad de calidad para nosotros y para las generaciones venideras, pero no a cualquier precio. Para consolidar nuestro sistema sanitario debemos actuar sin cercenar aquellas características que lo han convertido en un sistema líder y que mantiene una valoración altísima entre los usuarios.

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El mayor problema en la financiación de la Sanidad es que se ha desarrollado en 17 modelos diferentes, bebiendo de una fuente que no ha distinguido a ninguno de ellos, queriendo apaciguar la sed de todos a la vez, sin conseguirlo. Para lograr un sistema óptimo para todos, debe ser el Ministerio de Sanidad el que ejerza el liderazgo necesario y acometa reformas estructurales concretas, que todas las comunidades autónomas necesitamos.

Para afrontar este reto es necesario, por encima de todo, trabajar en un gran pacto de Estado por la Sanidad sobre el que construir un nuevo modelo de Sistema Nacional de Salud, evitando que cada autonomía desarrolle su propio sistema, sin diferencias estridentes en servicios sanitarios, aprovechando esa unidad para ser eficientes y aumentar la calidad, aunando esfuerzos en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y compras, racionalizando de manera global el gasto, la inversión en tecnología, y apostando de forma unitaria y decidida por la investigación.

Antes de hablar de copago sanitario hay que agotar otras vías: más financiación al sistema general, incrementar el fondo de cohesión, ser eficientes en la utilización de los recursos públicos... Hablar de copago antes de poner en marcha grandes medi-

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das globales para ganar en eficiencia económica y, a la vez, en calidad asistencial, es una opción que en la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia no contemplamos en este momento.

La central de compras, la puesta en marcha de la Plataforma Logística, el equipamiento de los nuevos hospitales con el arrendamiento operativo, las áreas únicas, la cirugía sin ingreso, los modelos de colaboración público-privada para servicios no sanitarios, continuar introduciendo medidas específicas para el uso racional de los medicamentos en ejecución del plan regional destinado a esta materia, la racionalización de la red de infraestructuras, las auditorías de gestión o la informatización de los procesos de citación son algunas de las medidas que están empezando a dar resultados en nuestra Comunidad, procesos que con una dimensión global aún ofrecerían mejores resultados.

De acuerdo con los últimos informes, el déficit de la sanidad pública en España en 2010 podría alcanzar una cifra cercana a los 15.000 millones de euros, que es todo lo que prevé ahorrar el gobierno de Rodríguez Zapatero en los próximos dos años con la reducción de las retribuciones de los funcionarios, la congelación de las pensiones y el resto de las medidas recientemente aprobadas. De no producirse cambios, el gasto sanitario y la brecha financiera seguirán creciendo y comprometiendo la sostenibilidad de un servicio público esencial.

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Para afrontar el problema es preciso primero voluntad, luego unidad, después trabajo y, por último, un liderazgo claro para la toma conjunta de decisiones. Y por encima de todo, una revisión completa y ajustada a cada comunidad autónoma del modelo de financiación, que sea capaz de responder a las necesidades del gasto sanitario de cada zona; en el caso de la Región de Murcia, provocadas por el fuerte incremento poblacional.

En definitiva, entre todos debemos trabajar por el mantenimiento y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario a través de medidas de calado, tanto en lo que afecta a una mayor financiación, como a medidas en la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero esto no será suficiente si no existe un gran pacto por la Sanidad que afronte estas medidas sin prejuicios.

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Nuestras batas blancas ya no son nuestras

O José Luis Alcántara Rojas Andalucía Médica

tra vez nos convierten en funcionarios a los trabajadores sanitarios del SAS. Tenemos otra consideración laboral, la de estatutarios, pero siempre que le conviene al gobierno de turno- y más en este auténtico régimen socialista andaluznos aprietan el cinturón de nuestra blanca bata para exigirnos sacrificios económicos, añadidos a nuestras penosas tareas diarias de mantener a flote una asistencia de la población manejada por sus mandarines, siempre a las órdenes de los dictados políticos de sus medidas populistas y dentro de los eslóganes de una “Andalucía imparable y pionera”.

En nuestro caso de médicos, nos han ido retirando nuestras “inveteradas prebendas”: nos quitaron nuestros números de colegiados, sustituyéndolos por otros, identificativos internamente en su “Sistema Sanitario”, liberalizaron esa “odiosa servidumbre a la obligatoriedad de colegiación” (cuando precisamente nuestros Colegios son los garantes de una buena práctica médica y, por tanto, de una excelencia de calidad asistencial). ¡Hasta nuestras batas blancas fueron marcadas con sus símbolos de pertenencia a la organización!

Consiguieron producir una cada vez mayor deserción a sueldos que no admiten el agravio comparativos con otras comunidades, hacernos emigrantes en una búsqueda en el extranjero de mejores salarios y mayor consideración social, o cumplir compromisos de plazos de espera de nuestros enfermos a base de consultas masificadas y sin apenas tiempo para poderlos diagnosticar adecuadamente.

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Ahora, sin acordarse de las pruebas que hemos ido superando (carrera universitaria de seis años y el sistema MIR de especialización, tras uno de los más difíciles concurso-oposición) quieren dar a la población la sensación de que tan solamente somos unos adocenados funcionarios…

Deben recordar que esas batas blancas, que antes eran para nosotros algo casi sagrado como simbolismo, las han transformado en meros uniformes de trabajo.

No obstante, los médicos seguiremos luchando por la dignificación profesional y por la salvaguarda de la salud de nuestros enfermos, fines último de nuestras vocaciones.

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Parece igual, pero no es lo mismo. A vueltas con los conceptos profesionales

T Serafín Romero Diario Médico

ras un periodo de calma vuelve el tema de las competencias, funciones y capacidades sanitarias a la actualidad periodística tras un cruce de declaraciones entre Javier López de la Morena, coordinador de la Federación de Médicos y Titulados Superiores de la Comunidad de Madrid, y Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, en las páginas de Diario Médico, en las que ambos abordan el perfil sanitario adecuado para hacerse cargo de las direcciones asistenciales en Madrid.

No podemos permanecer impasibles cuando de forma pública se utilizan conceptos como facultativo, facultado, licenciado, competencias y conocimientos y jerarquía asistencial para implementar el mensaje de que todos los profesionales sanitarios somos iguales, de que la atención sanitaria debe ser exclusivamente de forma transversal y de que todos, a partir del llamado efecto Bolonia, tenemos las mismas competencias en el plano asistencial. Este mensaje, que no es nuevo, ya representó un escollo insalvable en la modificación de la Ley del Medicamento y, a pesar de que en la redacción final ya ha quedado claro quiénes son los profesionales que pueden prescribir, el concepto prescripción por enfermería ha seguido ondeando como una reivindicación conseguida y arrebatada a la exclusividad de la profesión médica.

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Aclaración de conceptos Es un auténtico despropósito basado en un sofisma sacar de contexto el término facultado y transformarlo en el de facultativo, que en nuestro país, y en casi todos los de nuestro entorno, tiene unas connotaciones, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud y, concretamente, en el sanitario, referidas casi en exclusiva a la profesión de médico, precisamente por la capacidad diagnóstica que ostenta en exclusiva para determinar el estado de salud, lo cual le atribuye una autoridad clínica que no tienen otros profesionales del sector.

El único diccionario que sí registra el vocablo facultativo como sinónimo de médico, y no de enfermero ni de cualquier otra profesión sanitaria, es el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define dicho término como "persona titulada en Medicina y que ejerce como tal". Nos remite además a una locución muy utilizada que es la de parte facultativo, como sinónimo de parte médico, que es el comunicado oficial sobre el estado de salud de alguien.

Los referentes legislativos que expone Máximo González Jurado en relación con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias -tal y como él acepta en su tribunason perfectamente claros para diferenciar los campos profesionales y la autoridad clínica del proceso asistencial, en el ámbito formativo y competencial (art.2. 2a y 2b de la LOPS ). Dentro de las profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, se habla del nivel de licenciado y del nivel de diplomado, para cuyo ejercicio les habilitan -o facultan, si se prefiere- los correspondientes títulos. Como ejemplos de lo que a cada

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cual le corresponde dentro del desarrollo global del proceso de atención integral de la salud en nuestro sistema sanitario está el art. 6 de los licenciados sanitarios, 6.1 y 6.2 de la LOPS, y el art. 7 de los diplomados sanitarios, así como el art. 9 y 9.3 de la LOPS, que expone cuestiones sobre la autoridad jerárquica cuando hablamos de la relaciones interprofesionales y del trabajo en equipo.

En todos ellos, y sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de las demás profesiones sanitarias de los que no sean médicos, se atribuye la autoridad clínica y la dirección y evaluación del desarrollo global del proceso de atención integral a la salud a los médicos, basándose en su formación y competencias que les hacen ser los únicos del mundo sanitario capaces de diagnosticar el estado de salud o de enfermedad de las personas y de prescribir un tratamiento para cada proceso.

Este aspecto es tan fundamental para entender las diferencias entre lo que significa el término facultativo y, por tanto, quién tiene la autoridad clínica en el proceso integral de la atención a la salud y la asistencia sanitaria, que viene muy bien definido y articulado jurídicamente en las alegaciones presentadas por la OMC en diciembre de 2007 a la orden ministerial que desarrolla el decreto de Enseñanzas Universitarias Oficiales, por el que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio médico y que claramente indica, entre otras cuestiones, "que son las administraciones las que han de velar por que la denominación del título sea acorde con su contenido, coherente con su disciplina y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales".

T Los propios contenidos de los planes de estudio son pieza fundamental para delimitar el contenido del ejercicio profesional, como ha señalado la jurisprudencia de forma reiterada. En este sentido se reconoce que el concepto de enfermedad (Directiva 2005/36/CE) es parte inherente al concepto del ejercicio de la Medicina.

Pero no sólo la enfermedad es un elemento esencial de la Medicina, sino que el médico, y no otro profesional sanitario, es el único profesional capaz para determinar cuando una persona está enferma en el contexto del acto médico, y esto es lo que le diferencia, de forma sustancial, de cualquier otro profesional y le otorga la capacidad de prescribir un tratamiento. Los cuidados de salud, aunque fundamentales, son otra cosa o al menos pertenecen a otro contexto argumental. Esta capacidad de diagnosticar y tratar la enfermedad, exclusiva del médico, es también la que le otorga la competencia legislativa, ética y social para que se le considere autoridad clínica cuando hablamos de las relaciones interprofesionales o del trabajo multidisciplinar, el cual deberá articularse de forma jerarquizada (art. 9.3 de la LOPS).

Máster 'versus' grado En lo que respecta a que también somos tratados en condiciones de absoluta igual-

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dad académica como graduados en la reforma de los planes de estudios universitarios con motivo del Plan Bolonia, lo cual ha sido objeto de una multitudinaria manifestación por parte del colectivo médico, tampoco el presidente de Enfermería está acertado, ya que el propio Ministerio de Educación ha reconocido su desacierto en esta cuestión y, aunque todavía no está en el marco regulador, sí que está aceptado y se está trabajando en ello para que el antiguo título de licenciado en Medicina equivalga al máster automáticamente, algo que no ocurrirá con el grado que corresponderá a Enfermería.

Ante esta nueva situación, ambas profesiones deben poner sobre la mesa que: 1. Existen fallos en el proceso y en la definición de roles, competencias y autoridad clínica en los ámbitos de atención y asistencias del propio SNS. 2. Cada profesión, también dentro de las sanitarias, tiene un núcleo esencial y excluyente al que otros profesionales no pueden acceder, pues de lo contrario no existirían varias profesiones sanitarias sino sólo una, lo cual sería ilegal e inconstitucional.

3. Médicos y enfermeros somos profesionales sanitarios que pertenecemos a profesiones tituladas y reguladas y colaboramos, hemos colaborado, y colaboraremos conjuntamente al servicio del paciente. Médicos y enfermeros somos dos profesiones al servicio de la sociedad.

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Plantear un escenario en la práctica sanitaria sin jerarquía asistencial no sólo va contra toda lógica sino que puede repercutir negativamente sobre el paciente. La jerarquía no se establece sólo entre profesiones, sino también dentro de cada una de éstas, y el criterio esencial es que debe basarse en las competencias profesionales.

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¿Por qué lo llaman gasto farmacéutico cuando debía llamarse coste?

C Carlos Muñoz Sanz Canarias 7

uando el otro día en este periódico leía la columna de opinión del consejero de Sanidad, Fernando Bañolas, tuve sentimientos encontrados; por un lado de orgullo, como farmacéutico amante de mi trabajo y de mi profesión, y por tener el privilegio de hacer en la vida lo que más quiero: ayudar en la curación de la enfermedad, unas veces realizando los medicamentos, otras dando consejos sobre su uso y pauta del tratamiento a los enfermos, consejos sanitarios o haciendo ayuda humanitaria. Pero por otra parte tuve un sentimiento de culpabilidad porque, cada vez que la Administración sanitaria habla de farmacia y farmacéuticos habla del “gasto farmacéutico”. ¿Pero conoce usted, estimado consejero, qué es el gasto farmacéutico?

El gasto farmacéutico no es otra cosa que la inversión en medicamentos, y éste se debe basar en su uso racional. ¿Alguna vez ha pensado cuál es el principal responsable del aumento de la cantidad y la calidad de vida del ser humano? Los medicamentos, ¿o por qué mueren los enfermos en el tercer mundo? Pues por hambre y falta de medicamentos.

Y yo me pregunto, ¿me debo sentir culpable porque mi forma de remuneración profesional sea el margen que oficialmente el Estado marca en los medicamentos?

No sé si sabe usted que 1 de cada 4 personas que entra en una farmacia se va con un consejo farmacéutico y sin medicamento.

110 Cuando uno es farmacéutico desde hace muchos años conoce a los niños, después padres y sus hijos, la gente confía en nosotros, somos el primer eslabón de la cadena sanitaria, ahora entiendo por qué nos formaron de una forma tan variada y completa con materias que no sabíamos que íbamos a usar. Si valorásemos el número de horas que invierte un farmacéutico en escuchar primero el problema y después en resolverlo, de una forma clara y concisa, la profesión farmacéutica no tendría precio, pero habría un problema, y es que no se podría cuantificar.

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Pero no sólo eso, los ciudadanos acuden a las farmacias para medirse la tensión arterial sin las esperas de los centros de salud, para pesarse o a realizar pruebas de glucemia. Sin ir más lejos, las mujeres embarazadas nos visitan durante toda la gestación, y después acuden con su bebé con un sinfín de cuestiones que resolvemos encantados; a muchos de ellos ahora los veo ir a la universidad.

Además, las oficinas forman una red que llega a todos los rincones que aprovechamos para realizar campañas gratuitas de dermofarmacia, nutrición, fotoprotección, dermatitis atópica y cuestiones de toda índole que tienen como único objetivo la promoción de la salud de la población, todo ello sin más remuneración que el margen comercial de los medicamentos. ¿Y tengo que sentirme culpable?

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Me rebelo al oír una y otra vez la palabra gasto, ¿usted sería capaz de decirle a un enfermo cuánto gasta cuando es ingresado en un hospital, cuánto gasta en habitación, en comida o en medicamentos, en médicos, enfermeros, auxiliares de clínica o celadores? Entonces como mínimo cambie usted la palabra “gasto” por “coste”, que suena mejor y es más respetuoso.

A los farmacéuticos, que estudiamos como otros sanitarios Medicina Preventiva, nos gusta más hablar de inversión en un buen uso del medicamento, seguro que no le cabe la menor duda de que la mejor inversión en salud, es prevenir la enfermedad y cuando se produce curarla, sino se cura, se hospitaliza, ¿podría cuantificar cuántas veces no se ingresa a una persona porque se le pauta una medicación adecuada y se cumple el tratamiento?

Por otra parte, la aportación del sector farmacéutico a la sostenibilidad del sistema sanitario autonómico no es nueva, por remontarnos tan solo 10 años atrás, el Real Decreto 5/2000 hace que todos los meses las oficinas de farmacia del territorio español devuelvan a su Comunidad Autónoma una parte de lo que han percibido por los medicamentos dispensados, es un descuento escalonado que se hace a la Administración, pero nunca se tiene en cuenta a la hora de informar del mal llamado gasto farmacéutico, al que habría que restarle esta cuantía para que fuera riguroso.

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Pero no sólo eso, desde entonces ha habido hasta once órdenes estatales de bajadas de precio y fijación de precios de referencia, lo que hace que cada año los medicamentos cuesten menos al paciente y a la Comunidad Autónoma a través de un esfuerzo compartido por la industria y las oficinas de farmacia.

Y si nos ceñimos sólo al último año, se han aplicado dos decretos de contención del gasto, el 4/2010, que afecta de forma exclusiva a las farmacias, y el RD 8/2010 que sufren todos los españoles y además el sector farmacéutico una vez más, ahora a toda la cadena del medicamento con la aplicación, muy compleja, de un descuento igual para la industria, la distribución y de nuevo la oficina de farmacia.

Habría que tener en cuenta que estos decretos producen recortes inasumibles en muchos casos porque en vez de ser escalonados, afectan por igual a una farmacia que se encuentre en una zona urbana que a una situada en un núcleo aislado, lo que ha llevado a nuestra presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, Carmen Peña, a transmitir al Ministerio de Sanidad un informe de estas farmacias de Viabilidad Comprometida (VIC) y le puedo asegurar que en nuestra Comunidad existen, y que su desaparición producirá un quebranto para la sociedad y para el usuario del sistema sanitario, porque el farmacéutico es en muchos casos el único sanitario de esa pequeña y alejada población.

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Cuando nuestra presidenta Carmen Peña estuvo en Las Palmas en noviembre para participar en el día de nuestra patrona subrayó que el farmacéutico una vez más es consciente de la situación actual, estaba arrimando el hombro y que codo con codo íbamos a realizar un esfuerzo adicional para la sostenibilidad del Sistema Sanitario nacional y canario, lo que ratifico y asumo como presidente de los farmacéuticos de nuestra provincia.

Ahora sí, le voy a pedir dos cosas, sólo dos: la primera es que nuestro trabajo sea remunerado en tiempo y forma, es decir, que se cumpla con el ingreso del coste de los medicamentos que dispensamos, no olvide que muchas personas de nuestra Comunidad, contadas por miles, dependen directamente del sector farmacéutico, y la cuantía presupuestada para medicamentos, muy poco realista en nuestra opinión, nos hacen pensar lo peor.

Y es que nos surge una gran duda, si la inversión en medicamentos se va a reducir un tercio, ¿significa eso que los médicos del SCS van a prescribir un tercio menos de medicamentos? Porque los recortes y el aumento de la prescripción por principio activo, entre otras medidas, no lograrán por sí mismas una reducción de 200 millones.

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De hecho, al ritmo actual de dispensaciones, no olvidemos que se dispensa lo que prescribe el SCS, el dinero presupuestado sólo alcanza para pagar la factura hasta julio, y sólo se nos ocurre que a esas alturas del año soliciten una ampliación presupuestaria, porque desde luego las farmacias no podrían soportar un impago de esas dimensiones.

Hasta ahora siempre se nos ha dicho que el pago está garantizado, pero no queremos palabras sino hechos.

Y en segundo lugar, queremos ver como nuestra aportación al sistema sanitario, nuestras deducciones, las aplicaciones de todos los decretos, conciertos y acuerdos, revierten en el sector sanitario e inciden positivamente en él; tenga usted por seguro que estos objetivos los pretendemos para el próximo año y sucesivos.

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Recetas y déficit público

A Jaume Puig-Junoy

nadie sensato le cabe duda de que la delicada situación de las finanzas públicas requería hace ya meses medidas extraordinarias de reducción del déficit. Por fin, el Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo ha puesto manos a la obra.

La principal medida adoptada consiste en una deducción sobre el precio de los medicamentos con patente vigente (fuera del sistema de precios de referencia) del 7,5 por ciento a favor del seguro público.

El Periódico Resulta impensable que el gasto público en sanidad siga creciendo eufóricamente varios puntos más que el PIB, como ha sucedido en los últimos años, precisamente cuando más rápidamente creció el PIB. El gasto sanitario público tiene un elevado peso en las finanzas públicas: uno de cada seis euros de gasto es sanitario. Pero el envejecimiento de la población, las innovaciones médicas y farmacéuticas y la instaurada cultura del todo gratis para todos impulsan la demanda con una inercia ajena a reducciones del PIB y que es imprescindible encauzar para garantizar la solvencia de la sanidad.

La reducción de precios de los medicamentos bajo patente tendrá una contribución escasa o casi nula en la contención del déficit público. Lo que hoy impulsa el gasto farmacéutico es el número de recetas que los pacientes recogemos en las oficinas de farmacia y no los precios. En el último año el número de recetas ha aumentado un 4,7 por ciento, mientras que el precio se ha reducido en un 0,3 por ciento. En los últimos siete años, el número medio de recetas por persona ha aumentado en más de cuatro al año, lo que supone un incremento de más del 25 por ciento.

114 En los últimos 10 años se han decretado de forma repetida rebajas unilaterales de precios que contribuyeron solo a una pequeña reducción del gasto en los siguientes 12 meses y cuyo efecto se desvaneció posteriormente. El gasto depende también del tipo de medicamentos que se prescriban (más o menos caros) y del número de recetas. Los economistas constatamos que cuando el Gobierno reduce de forma unilateral el precio de los medicamentos, al cabo de pocos meses el nivel de gasto se ha restablecido gracias a un mayor número de recetas y al desplazamiento hacia medicamentos nuevos y más caros. A los gestores y prescriptores corresponde justificar esta tendencia.

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Las medidas adoptadas dejan intactos los incentivos de los médicos, la industria y los pacientes. No se cuestiona la inclusión en la cobertura del seguro público de medicamentos nuevos de precio muy elevado y de escasa eficacia, comparada con otros más baratos para la misma indicación. Tampoco se pone coto a la supresión del copago para aquellos que se convierten en pensionistas, incluso con jubilación anticipada, y que causa un aumento del gasto por persona superior al 50 por ciento.

Conviene no actuar con mentalidad de silo sobre el gasto farmacéutico, sino sobre

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el conjunto del gasto sanitario (más gasto farmacéutico, por ejemplo, en mejorar el cumplimiento del tratamiento de enfermos crónicos puede en algunos casos reducir el gasto sanitario del paciente). Puestos a adoptar medidas efectivas de reducción del crecimiento del gasto, la mejor forma de garantizar la sostenibilidad de esta prestación pública es reconociendo que menos [recetas] puede ser más [salud].

Señalo tres líneas de actuación viables y efectivas a corto plazo.

Primero. Hay que adoptar criterios explícitos y transparentes en cuanto a qué medicamentos se incluyen y qué precio está dispuesto a pagar por ellos el Sistema Nacional de Salud: no pagar más por lo mismo (precios de referencia con equivalencia farmacológica y terapéutica y copago evitable a cargo del paciente si no se elige el fármaco de menor precio); dejar de financiar precios desmesurados por ganar un año de vida en fármacos nuevos que suponen una escasa mejora respecto de otros disponibles (poca eficacia relativa); y conducir el precio hacia el coste variable lo antes posible cuando expira la patente (genéricos).

A Segundo. Resulta necesario adoptar medidas que afecten al comportamiento de los pacientes (información transparente sobre la existencia de sustitutos de menor precio y sin copago evitable, así como de su carácter bioequivalente), el de los médicos (incentivos relacionados con la prescripción utilizando la denominación común internacional y prescripción de medicamentos de menor precio dentro de los del mismo grupo terapéutico o del mismo principio activo) y de las oficinas de farmacia (políticas de sustitución con las mínimas restricciones).

Y, tercero, hay que responsabilizar a los pacientes con una modificación urgente del trasnochado sistema de copago: todos, sean activos o pensionistas, deberían pagar un idéntico porcentaje del precio (por ejemplo, el 30 por ciento como en las mutualidades de funcionarios), con un límite máximo al gasto mensual de bolsillo soportado por el individuo; ello combinado con la aplicación de un porcentaje más bajo para medicamentos con mayor eficacia y mejor relación coste/efectividad y también más bajo (llegando a la exención) para el 10 por ciento de población con menor renta.

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Salvarlos uno a uno

U José Ignacio Munilla Diario Palentino

na vez más, la sinrazón se ha impuesto. El 5 de julio de 2010 pasará a la posteridad como un día negro en la historia de los derechos humanos. La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva (¡ironías del lenguaje!) da un marco legal al aborto libre, que de hecho ya se practicaba abiertamente en España, bajo un generalizado fraude de ley, conocido y consentido por casi todos. Legalmente, el aborto ha pasado de estar despenalizado en tres supuestos, a ser reconocido como un derecho. No cabe duda de que los empresarios de las clínicas abortistas pueden dormir ya mucho más tranquilos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados a la espera de los recursos judiciales? ¿Acaso la causa de la vida se reduce a la batalla legal? ¡Ciertamente no!..

Como dice el refrán, "más vale encender una vela que maldecir las tinieblas". En estos días he recordado una famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, pronunciada cuando el aborto se liberalizaba en Occidente, en medio de fuertes polémicas: "No los matéis, dádmelos a mí. ¡Yo sí los quiero!". Tampoco puedo olvidar que en cierta ocasión un periodista le preguntaba a la Madre Teresa cuál había sido su estrategia para salvar a tantos niños y desahuciados de la vida. Su respuesta no dejaba lugar a equívocos: "¡Uno a uno!".

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Pues bien, ha llegado el momento del "uno a uno"… La mayoría de las asociaciones provida han orientado su acción en los últimos años en esta línea. En muchos lugares -también en Palencia- ya vienen trabajando con gran éxito grupos de rescate, bajo la coordinación de la fundación RedMadre. Decenas de miles de vidas humanas han sido salvadas in extremis, cuando tenían ya puesta la cita en el abortorio.

Su método consiste en dar a la mujer embarazada soluciones alternativas al sacrificio de la vida de su hijo: acompañamiento personal, ayuda económica, pisos de acogida, asistencia médica y jurídica, etc. (Me permito dar el teléfono de contacto que coordina todos estos grupos en España: 902 188 988). ¡Es hora de arrimar el hombro!

Se trata de entender que para llegar a transformar la Cultura de la Muerte, la estrategia más eficaz es "de abajo arriba", sin limitarnos al "de arriba abajo"… La batalla legal por la vida se podrá plantear nuevamente en España, con mayores garantías de éxito, cuando salgan a la luz cantidad de niños y adolescentes que han sido rescatados de las garras de la muerte… El testimonio de su gratitud por el don de la vida, será necesario para que la Cultura de la Vida triunfe en el futuro.

No tengo la menor duda de que hay muchos valores en nuestra sociedad, que son resortes muy válidos y positivos en esta dirección que planteo… ¿Cómo es posible que hagamos una valoración tan laudatoria de la adopción de niños extranjeros entre nosotros, mientras que aquí desestimamos como absurda la alternativa de la entrega en adopción del niño? O, por ejemplo, ¿no habrá llegado el momento de

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valorar si el apadrinamiento de los niños del Tercer Mundo que realizamos a través de muchas ONGs civiles y eclesiales, no debería también ser complementado con el apadrinamiento (en forma de contribución a su alimentación o educación) de los niños que son salvados de ese trágico destino? Y por otro lado, ¿qué decir del abandono y del silencio vergonzante en el que muchas mujeres tienen que vivir el Síndrome del post-aborto, frente a la afortunadamente cada vez más creciente sensibilidad hacia las víctimas de la violencia de género? ¿No habrá que acompañar también a las mujeres que se han quedado moral y psicológicamente destrozadas después de haber abortado?

Tengamos en cuenta que el triunfo de la causa de la vida requiere de diversas implicaciones: en primer lugar, del mundo del arte y de la cultura, por el gran influjo que tienen en la conformación de los valores… (Baste señalar la gran aportación de la película Bella, de Eduardo Verástegui). Igualmente, el acceso y la utilización ágil de los medios de comunicación, especialmente Internet, en favor de la vida del nasciturus, será algo decisivo. Curiosamente, en el transcurso del anuncio, elaboración y tramitación de esta ley, por primera vez en la democracia española, hemos sido testigos de un notable desplazamiento de la opinión pública hacia el respeto y la defensa del no nacido.

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Pero, como es obvio, la clave definitiva del triunfo de la Cultura de la Vida estriba en la educación que reciban nuestros jóvenes. Me parece importante señalar que, en la práctica, uno de los influjos más nefastos de esta ley lo vamos a padecer en su traslado al sistema educativo. La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva pasa por encima, una vez más, del derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, al imponer obligatoriamente la ideología abortista y "de género" en la escuela (cfr. Art 5, 1, a).

Está claro que la causa de la vida está unida a la causa de la educación y a la causa de la familia. Es fundamental que todos aquellos que partimos de unos valores de pleno respeto a la vida y a la familia (en donde podemos coincidir creyentes y no creyentes), trabajemos en coordinación y cooperación, para educar en la verdadera libertad. Una educación íntegra jamás presentará el ideal de la libertad en contraposición al derecho a la vida de los más inocentes. No podemos convertir la libertad en una frívola licencia, porque eso destrozaría la misma Libertad, además de la Vida.

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Seguridad jurídica a la sanidad privada

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os leyes del pasado mes de diciembre van a tener una especial relevancia en el ámbito de la sanidad privada por su incidencia complementaria en el Criterio Técnico 79/2009, aprobado el pasado 13 de agosto de 2009, sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados.

Ricardo de Lorenzo Diario Médico

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La primera es la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Su disposición adicional decimoquinta, sobre Encuadramiento en la Seguridad Social del personal estatutario de los Servicios de Salud que realice actividades complementarias privadas, establece que el personal sanitario incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco que preste servicios a tiempo completo en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas y que, además, realice actividades complementarias privadas, por las que deban quedar incluidas en el sistema de la Seguridad Social, quedarán encuadradas, por estas últimas actividades, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Actividad pública y privada Textualmente dice: "Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y que, además, realicen actividades complementarias privadas, por las que deban quedar incluidas en el sistema de la Seguridad Social, quedarán encuadradas, por estas últimas actividades, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos".

Y añade: "A fin de cumplimentar la obligación anterior, en el caso de profesionales colegiados a los que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privados, podrán optar entre solicitar el alta en el mencionado régimen especial o incorporarse a la correspondiente mutualidad alternativa de las previstas en la disposición adicional decimoquinta de la ley". La publicación el pasado 13 de agosto del criterio técnico 79/2009 sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración, derogatorio del criterio técnico 62/2008, incorporaba aquellas situaciones en las que concurriera el supuesto de pluriempleo o pluriactividad.

El nuevo criterio supuso la incorporación, a modo de garantía jurídica para las clínicas privadas, del principio de prorrateo por los citados supuestos que así evitarían

X Premio Reflexiones

los excesos de cotización, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 110 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 9 del reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, lo que no venía produciéndose con las clínicas privadas.

No obstante lo anterior, se observó inmediatamente, y así lo recoge el preámbulo de la ley, una muy variada problemática que se venía planteando en el sistema, que hacía necesario establecer modificaciones de la normativa de Seguridad Social.

Eran aquellos casos del personal sanitario incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que prestaran servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y que, además, realizaban actividades complementarias en la sanidad privada.

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Evitar soluciones dispares Se hacía necesario regular el encuadramiento en la Seguridad Social del personal estatutario de los servicios de salud que realizaban actividades complementarias privadas, de modo que pudieran quedar encuadrados en el régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, evitando, dada la heterogeneidad que puede concurrir en estas situaciones, que se establecieran soluciones de encuadramiento de Seguridad Social dispares que, a su vez, pudieran provocar distorsiones importantes en la prestación de los servicios y, derivado de ello, en la propia concurrencia de los profesionales.

La segunda y en vigor desde el pasado 27 de diciembre de 2009, es la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha modificado cinco preceptos de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, introduciendo en esencia dos importantes modificaciones de singular importancia.

Ley de Sociedades Profesionales De una parte, se visibiliza algo implícito en la ley, cual es -en el marco de los principios comunitarios de libertad de establecimiento y libre circulación de servicios- que las sociedades profesionales de países miembros de la Unión Europea podrán desarrollar su actividad en España, siempre que estén constituidas y reconocidas como tales en su país de origen. Y de otra, se rebaja el nivel de control de los socios profesionales en el capital o patrimonio social y en los órganos colegiados de administración de las tres cuartas partes a la mayoría (mitad más uno), si bien se previene que las decisiones de tales órganos colegiados requerirán en todo caso una mayoría de votos de los socios profesionales que los integren, cualquiera que sea el número de miembros concurrentes.

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La publicación del Criterio Técnico 79/2009 sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incorporó a las actuaciones de la inspección los contenidos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, cuestión básica tanto a efectos de cotización a la seguridad social, como de responsabilidad profesional, permitiendo a la Ley de Sociedades Profesionales ofrecer un marco jurídico de la máxima utilidad para encuadrar las prestaciones de servicios sanitarios en régimen no laboral, con las consecuencias que comporta en materia de protección social.

La propia ley es consciente de la seguridad jurídica que con su promulgación se introdujo en el panorama de las actividades profesionales, como dice en su Exposición de Motivos.

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¿Tenemos derecho a la muerte?

E Jesús Sánchez Martos Madridiario

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l derecho a la vida está constitucionalmente garantizado en España, pero… ¿nos garantiza nuestra Constitución el derecho a la muerte? ¿es lo mismo el “derecho a la muerte” que el “derecho a morir”? Desde hace años, casi desde que tengo uso de razón clínica, gracias a mi profesión como enfermero y como médico, defiendo que no conozco a nadie que tenga “miedo a la muerte”, precisamente porque todos sabemos desde nuestra más tierna infancia, aunque no nos guste recordarlo, que la muerte es inseparable de la vida y que es una etapa a la que no podemos dar la espalda. Pero otra cuestión bien diferente es el “miedo a morir”. Y en este punto sí que todos tenemos ese miedo, no a la muerte, sino a la forma en que nos enfrentaremos a ella y especialmente al modo en que los demás, los que nos rodean, nuestros familiares, amigos y especialmente los profesionales sanitarios, decidan enfrentarse y ayudarnos ese “último proceso vital”. Pero parece que la sociedad no está por la labor de abrir un debate, necesario y obligado, sobre nuestro derecho a morir dignamente y como cada uno decidamos en un momento determinado y especialmente cuando lo hayamos decidido.

Hace tres años con el caso del terrorista De Juana Chaos y antes, en 1990, con los 60 del Grapo, se abría el debate social y legal sobre si el Gobierno tenía que garantizar sus vidas ante su huelga de hambre y al final en ambos casos se tomó la decisión de alimentarles para salvarles la vida, amparándose los jueces en que todos ellos estaban bajo la tutela del Estado. Ahora es Aminetu Haidar quién está en huelga de hambre por motivos muy diferentes, con una situación clínica que, de no ponerle remedio, acabará definitivamente con su vida. Y las preguntas surgen de nuevo: ¿Tiene derecho a morir cuándo y cómo ella decida libremente como al parecer ha expresado incluso por escrito? ¿Tiene el Gobierno la obligación de garantizar su vida obligándola a tomar alimentos, aunque sea por vía parenteral a través de los sueros y medicamentos necesarios en cada caso? ¿La única diferencia entre estos casos estriba en que Aminetu Haidar no está bajo la tutela del Estado? ¿Significa esto que cualquiera de nosotros, ciudadanos de pleno derecho, si no estamos bajo la tutela del Estado, que no lo estamos al ser libres, podemos decidir cuándo y cómo queremos morir?

Pero son muchas más las preguntas que deberíamos hacernos si recordáramos, que entiendo que deberíamos hacerlo, el triste caso de Marcos, el niño de 13 años que tras una caída de bicicleta falleció como consecuencia de su negativa y la de sus padres a recibir una transfusión que según los médicos podría haberle salvado la vida. En este caso, las cosas tampoco estuvieron nada claras. La Audiencia Provincial de Huesca absolvió a los padres defendiendo su libertad religiosa, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los condenó a penas de cárcel, sentencia que luego fue totalmente revocada por el Tribunal Constitucional, amparándose incluso en el derecho de Marcos, con 13 años, a decidir sobre su vida y su muerte por sus creencias religiosas como testigo de Jehová.

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¿Qué sucede si alguien trata de suicidarse, habiendo firmado antes el “documento de voluntades anticipadas” de forma legal? ¿Qué hace la sociedad, el gobierno, la justicia, las instituciones sanitarias y los profesionales sanitarios ante un intento de suicidio? ¿Le dejamos morir o intentamos por todos los medios salvarle la vida? ¿Y si ha tomado la decisión de acabar con su vida manteniendo plenas sus facultades mentales? ¿O es que tenemos que pensar que cuando una persona toma esta decisión, siempre es porque tiene algún trastorno mental? Y si es así, debería ser así en todos los casos. No, las cosas no están nada claras. Si Aminetu Haidar tiene derecho a decidir sobre cómo y cuándo debe morir, cualquier persona libre ha de tener el mismo derecho. ¿O es que una huelga de hambre no debe considerarse como una forma de suicidio? ¿Y si una persona, ante una enfermedad terminal o irreversible, decidiera desenchufarse de los aparatos que la mantienen con vida, sin la ayuda, connivencia o complicidad de nadie? ¿Cuál sería o mejor dicho, cuál ha sido la reacción de la sociedad, la justicia o el gobierno? Definitivamente, históricamente, la decisión ha sido siempre la misma: ninguna persona tiene el derecho a decidir el momento de su muerte.

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Ahora, una gran mayoría de jueces insisten en que Aminetu Haidar tiene todo el derecho a morir de la forma que ella libremente ha decidido a través de su huelga de hambre, pero hay otros, aunque en realidad son una minoría, que defienden todo lo contrario, recordando que ha de ser un juez quien determine que se la debe alimentar para evitar su muerte. Y esta discordancia, que tantos ríos de tinta está causando y que tantas tertulias está alimentando tanto en la radio como en la televisión, y no solo por motivos políticos, o al menos eso quiero pensar, ha de hacernos reflexionar a todos sobre la necesidad de legislar de una vez por todas el “derecho a elegir cuándo y cómo queremos morir” las personas que vivimos en libertad y en un Estado de derecho. Pero de momento, y mientras esta legislación no vea la luz y sigamos en este vacío legal, sinceramente creo que del mismo modo que se ha procedido en otros casos de huelga hambre, todos tenemos la obligación de evitar la muerte de Aminetu Haidar.

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¡Todos donantes a no ser que indiquemos lo contrario!

S Jesús Sánchez Martos Madridiario

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e acaban de cumplir 20 años de la historia de la Organización Nacional de Trasplantes y España sigue siendo el primer país del mundo en donación de órganos y esto además de ser importante para todos, nos hace sentirnos orgullosos de la solidaridad de quién entiende que después de haber fallecido puede estar contribuyendo a salvar más de una vida gracias a los avances de la tecnología moderna de los multitrasplantes. Y a pesar de todo, en estos momentos casi 6.000 personas siguen esperando esa llamada a su teléfono móvil, la llamada que les dará una nueva oportunidad para seguir disfrutando de la vida.

Hoy si queremos ser donantes de órganos después de haber muerto, lo hemos de dejar claramente expuesto y ser portadores de un “carnet de donante” que en su momento respetarán o no nuestros familiares más directos. ¿Por qué no se establece por ley que todos seamos donantes a no ser que especifiquemos lo contrario en vida? De este modo se podrían conseguir salvar muchas más vidas, como sucederá en Finlandia gracias a la ley que están a punto de aprobar en su parlamento: “Todos los ciudadanos se convertirán automáticamente en donantes de órganos después de haber fallecido, a no ser que dejen constancia de lo contrario”. Y es que seguro que no serán pocas las personas que por desconocimiento, por dejadez o por cualquier otra razón, les hubiera gustado convertirse en donantes de órganos después de haber fallecido, pero no dejaron constancia de este hecho, ni a través del documento de voluntades anticipadas, del testamento vital o de un sencillo carnet de donante. Pero también son muchos, los que siendo portadores de ese carnet, no se convierten en donantes, sencillamente porque algún miembro de la familia se opone a ello.

Hoy vivimos un momento importante en el desarrollo de la tecnología moderna de los trasplantes, por lo que el hecho de contar con más donantes de órganos asegura que haya muchas menos personas en esa “lista de espera de la vida”. Y tras un “año viejo” llega un “nuevo año” lleno de promesas saludables como el hecho de tratar de adelgazar haciendo una dieta o practicando ejercicio físico o incluso el saludable compromiso de dejar de fumar. ¿Por qué no hacernos la promesa de convertirnos en donantes de órganos? Y mientras los expertos en leyes y en derecho y nuestros gobernantes no tomen la saludable y solidaria decisión que acaba de tomar el gobierno finlandés, nosotros a nivel personal podemos hacernos donantes con una sencilla llamada al teléfono 91 314 24 06 o al 902 300 224. Y quien quiera navegar por Internet, puede hacerlo a través de la página de la Organización Nacional de Trasplantes: www.ont.es “Hoy por ti y mañana por mí” es uno de los lemas, a mi juicio el más importante de la ONT, que sin duda sirve para invitarnos a la reflexión de la solidaridad personal e individual.

Y si nuestras leyes no permiten afrontar esta situación como se está haciendo en Finlandia, será que son anticuadas y necesitan de un serio y riguroso debate en el

X Premio Reflexiones

Parlamento. ¿Os es que no es una decisión “políticamente” correcta y no le interesa abanderarla a ningún partido político en España? Sea como fuere, mi más sincera felicitación a los valientes defensores de la ley y el derecho de Finlandia.

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