Del auge a la descomposición de un proceso de cambio

Roger Cortéz Hurtado

del auge a la descomposición de un proceso de cambio BOLIVIA 2013-2021

Esta publicación cuenta con el apoyo financiero de Pan para el Mundo (PPM) es el resultado de los análisis de coyuntura cuatrimestrales elaborados por Roger Cortéz entre 2013 y 2021.

Del auge a la descomposición de un proceso de cambio.

Bolivia 2013-2021 D.L.: 4-1-1143-2022 ISBN: 978-9917-605-44-7 © Centro de Estudios y Proyectos S.R.L. (CEP) Pan para el Mundo (PPM) c. Muñoz Cornejo 2741 Tel/fax: (591-2) 2415949 – 2420654 La Paz – Bolivia cep@cep.org.bo www.cep.org.bo Primera edición: enero de 2022 Corrección de estilo y cuidado de edición: Patricia Montes R. Diseño de interior y diagramación: Juan Francisco Taborga Diseño de tapa: Juan Francisco Taborga Publicación digital y en físico Impreso en Plural editores

Las opiniones expresadas en este libro no necesariamente reflejan la posición de las instituciones auspiciadoras.

Índice Presentación......................................................................................................... 5 Introducción........................................................................................................ 9 Popularidad a prueba de fuego........................................................................ 13 Identidades censales y desarrollismo como ideología estatal...................... 23 Aguinaldo extra y guerra anti ONG............................................................... 31 “Descolonización” de las FF. AA. y redes de extorsión................................. 37 Cumbre de la hegemonía del MAS................................................................. 45 Triunfo anunciado............................................................................................. 51 Panorama después de las elecciones nacionales............................................ 57 Elecciones regionales: primer desmarque aymara........................................ 63 Triunfo de la certidumbre y la compulsión reeleccionista........................... 71 Anexo.................................................................................................................. 80 El Fondo campesino y la contraofensiva por la reelección.......................... 83 La búsqueda oficial de victoria en el referendo ............................................ 93 La huella del 21 de febrero.............................................................................103 Derrota en el referendo y maniobras para anularla....................................115 Aterrizaje de Trump y despegue de la contraofensiva al 21 F...................129 Recrudece el plan para atropellar la soberanía popular.............................141 Anexo................................................................................................................150 Desarrollismo versus pueblos indígenas......................................................153 Golpe contra la Constitución y la soberanía popular ................................167 Clases medias en debate y la hipótesis de Morales prescindente..............185 Burguesías estatales y la violencia in crescendo...........................................199 Golpe de Estado consumado.........................................................................209 Aires de tormenta............................................................................................221

4 Incendio de bosques y de descontento social..............................................235 La caída.............................................................................................................247 Pugnas sociales y política en era de pandemias..........................................273 Enfermedad y bloqueos..................................................................................283 Triunfo y retorno.............................................................................................291 Fractura aymara en occidente, tráfico de tierras en oriente......................303 Escenarios endógenos y externos ante una estrategia de poder................319 Anexo: referencias noticiosas.........................................................................330 Época de marchas y contramarchas..............................................................339 Anexo de referencias noticiosas....................................................................347 Sobre el autor...................................................................................................353

Presentación La presente publicación recopila los análisis de coyuntura y prospectiva que, de manera sostenida e ininterrumpida, difundió cuatrimestralmente el Servicio de Asesoría y Apoyo (SAA) de Pan Para el Mundo (PPM) en Bolivia entre 2013 y 2021.

Son los aportes elaborados por nuestro colaborador Roger Cortez Hurtado, quien periódicamente nos sacudió con una mirada aguda y profunda en torno a los diferentes momentos y tendencias del contexto político, social, ambiental y económico del país. Sus contribuciones, que no comprometen a PPM ni al SAA, se orientan a informar sobre el acontecer nacional y, sobre todo, a aportar a la reflexión y al debate interno tanto de la Oficina Regional Andina y de la División de América Latina de PPM, como de los equipos institucionales de las veinte entidades socias de PPM en Bolivia.

Aquí, en el marco de un espíritu plural, democrático y transparente, se recogen los análisis de coyuntura de los nueve años en los que Roger Cortez desentraña el complicado panorama nacional en sus diferentes dimensiones. No se trata de un recuento descriptivo de los hechos de cada período; es, más bien, un permanente esfuerzo de interpretación sustantiva y en profundidad que hace el autor sobre los hechos y sus tendencias.

El hilo conductor —al que acompañan temas propios de cada coyuntura— es la preocupación de que el país se mantenga en una especie de espiral recurrente de la que no puede salir, a pesar del periodo de bonanza económica —que alcanzó su cúspide en 2014, año a partir del cual empieza el declive— y del potencial de la biodiversidad y las oportunidades para cambiar la matriz productiva.

En varios de sus análisis muestra la permanente campaña electoral con recursos públicos que se impulsa desde distintos niveles de gobierno; la

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6 continua conflictividad social y política en una insistente actitud de polarización y confrontación para debilitar y destruir al adversario político; la crisis de la justicia, el control político de los órganos del Estado y la judicialización de la política; la corrupción y el derroche de los recursos y bienes públicos.

Muestra también las lógicas prebendales/clientelares y de debilitamiento de las organizaciones sociales para su sometimiento a la hegemonía del poder; la continuidad de un patrón de desarrollo de carácter extractivista y de saqueo de los recursos naturales; las quemas, incendios y deforestación de amplias extensiones de bosques, particularmente en la Amazonía y la Chiquitanía, ligadas al avasallamiento de las área protegidas con fines ligados a la dotación de concesiones mineras a supuestos cooperativistas y a la ampliación de la frontera agrícola y al tráfico de tierras a través de colonizadores —mal llamados interculturales, como señala el autor— para beneficio del agronegocio, controlado por intereses “empresariales”, especialmente de países vecinos.

Escruta, además, el flagrante debilitamiento de los pueblos indígenas, la división de sus organizaciones y la presión sobre las tierras comunitarias de origen (TCO), especialmente de tierras bajas, entre varios otros temas de emergencia y urgencia en la agenda política, económica, sociocultural y ambiental del país en el período 2013-2021, tales como los conflictos de octubre-noviembre de 2019 y el fallo anticonstitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó la candidatura oficialista. El autor caracteriza esa conducta como un auténtico “golpe de Estado”, al haber reformado ilegalmente la CPE. Cortez constata la recurrente ausencia, tanto en el oficialismo como en la oposición, de propuestas de cambio que trasciendan el modelo primario exportador de nuestra economía. Considera que es un imperativo generar propuestas renovadas y creativas desde todas las instancias de la sociedad civil, que constituyen un desafío en tiempos de la incertidumbre causada por la pandemia de COVID-19 y de la crisis global que vivimos, que conduce al planeta a situaciones de mayor riesgo y colapso, en el marco del cambio climático.

Para la Oficina Regional Andina de PPM y el SAA es una satisfacción presentar la compilación de estos análisis de coyuntura, que contribuirán a

7 la memoria histórica del país y a la necesidad de mantener la llama viva de la reflexión y del debate plural y democrático sobre temas sustantivos y de pertinencia para el futuro de Bolivia y de sus nuevas generaciones.

Lima, Perú y La Paz, Bolivia, diciembre de 2021

Adrian Oelschlegel Responsable ORA de PPM José Antonio Peres Arenas Responsable SAA de PPM en Bolivia

Introducción Estas páginas nacen de la solicitud de elaborar un documento que interprete la situación coyuntural y el rumbo de nuestro país entre diciembre de 2012 y abril de 2013. En ese momento no tenía la certeza de si se trataría de un análisis único o de una serie que se extendería por algún tiempo; nunca llegué a pensar que abarcaría casi una década, como ha ocurrido.

En abril de 2013, cuando se inicia esta colección de análisis, el Movimiento al Socialismo (MAS) alcanzaba el tope de su popularidad y aceptación social, vigorosamente arropado por los ingresos fiscales que proporcionaban una larga racha de precios extraordinarios de nuestras exportaciones y los ajustes favorables a las recaudaciones estatales que introdujo la nacionalización de los hidrocarburos. Tuvo igual importancia para lograr esa popularidad el cumplimiento gubernamental de los principales compromisos electorales de su campaña de 2005: una nueva Constitución, la recuperación del control estatal de recursos naturales y una amplia participación de sectores sociales mayoritarios, entre los principales.

Sin una real competencia partidista al frente, y en medio de una significativa expansión de los ingresos económicos y el ahorro populares, que marcaban el ritmo de un perceptible descenso de la pobreza y la desigualdad, el MAS se sentía dueño del futuro por lo menos durante largos años o, según algunos de sus dirigentes, por uno o más siglos.

Ninguno de estos jerarcas, convertidos en profetas provisionales, estaba preocupado por los tempranos signos de una honda y persistente descomposición de las prácticas gubernamentales en las que incurría una gran cantidad de funcionarios, electos y nombrados. Más bien las alentaban, distribuyendo dinero y privilegios a manos llenas entre la dirigencia de las grandes y poderosas organizaciones sociales sobre las que cimentó su poder. “Microcorrupción” la llamaría más adelante el vicepresidente.

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En 2010 el MAS había decidido deshacerse de organizaciones políticas aliadas, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), y fortalecer los rasgos partidistas de su propia organización que, más que como un partido en su acepción más convencional, actuó y actúa como un conglomerado de dirigentes de organizaciones sindicales, profundamente arraigados en una dinámica corporativista de preservación, a rajatabla y por encima de otras consideraciones, de los intereses y demandas de “su sector”.

Este comportamiento ha esterilizado cualquier intento —si es que en algún momento lo hubo realmente— de cambiar la forma del Estado, y ha fortalecido sus características más tradicionales, ratificando cuán equívoco es suponer que representa a la sociedad y su tendencia intrínseca a sectorizarse y sectarizarse, en beneficio de la perpetuación de los grupos e individuos que copan su mando.

En 2011, con su agresivo comportamiento frente a la marcha de pueblos del TIPNIS, el MAS optó por excluir a los indígenas del gobierno y del bloque de poder, optando por afianzar sus lazos con las organizaciones campesinas y de colonizadores (interculturales). Con su triunfo en las elecciones de 2014, ambas tendencias se estabilizaron como dominantes.

Al leer estas páginas, cabe tener en cuenta que cada título corresponde a los hechos más importantes ocurridos durante un cuatrimestre (empezando en abril de 2013). Estos textos, que ya fueron publicados en una escala reducida y para un público limitado, se han revisado para esta compilación, y se ha corregido únicamente errores de edición y estilo, dejando intactos los conceptos de fondo.

El sentido de publicarlos para una circulación más amplia es que permiten reconstruir la evolución histórica del país en la última década a partir de la experiencia continuamente verificada. La visión que utiliza el autor puede ser compartida, refutada o repudiada por las lectoras o los lectores; sin embargo, en cualquiera de esos casos, no les impide beneficiarse de revisar una cadena de hechos y de los juicios y apreciaciones que merecieron en su momento.

Este trabajo no pretende erudición alguna; se basa exclusivamente en el entrenamiento que proporciona una permanente, detallista y comprometida visión del acontecer boliviano y, en especial, del comportamiento

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de los sujetos sociales colectivos, constructores ciertos de la vida y de la historia del país.

Puesto que gran parte de los hechos escrutados han podido sucumbir a la fragilidad de nuestra memoria personal y a su exposición a la vertiginosa sucesión de noticias, es posible que, en ocasiones, valga la pena contextualizar una determinada situación mencionada en el texto, cotejándola con las referencias contenidas en el trabajo o con otros recursos similares.

Seguramente que el esfuerzo adicional valdrá la pena en este intento por comprender y asimilar mejor nuestro pasado próximo, del que no solo fuimos testigos, sino participantes y protagonistas de mil maneras distintas.

Además de los análisis cuatrimestrales, se incluyen algunos anexos o apéndices sobre cuestiones sobresalientes, o que explican las categorías de análisis utilizadas y varias veces elaboradas por el autor.

En tal sentido, la perspectiva desde la que se han formulado los análisis y previsiones aquí contenidos parte de considerar al régimen masista como producto de un proceso constituyente, iniciado en 1990 con la marcha indígena de pueblos del oriente boliviano y que se extendió hasta la aprobación de la Constitución vigente desde 2009. A su vez, este proceso constituyente es parte de un nuevo ciclo estatal que arranca con la emancipación campesina de la tutela política que ejerció el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sobre esta clase social, desde 1952 hasta finales de la década de 1970.

Los análisis de coyuntura aquí contenidos se fundan en un esfuerzo por entender los acontecimientos a partir de la movilización de sujetos sociales como los pueblos, las clases sociales o sus fracciones, antes que del comportamiento de dirigentes o “personalidades”, sean estos considerados “héroes” o “villanos”. La primera es la aproximación que prevalece en el tratamiento noticioso o de buena parte de la historiografía.

Queda claro que las intervenciones individuales pueden ser decisivas, pero, al final, serán verdaderamente inteligibles cuando se las considere como componentes de un cuadro mucho más amplio y complejo que nos sobrepasa a todos en tanto que personas aisladas, sin importar nuestros dones, virtudes o fallos.

La ruta propia que construimos bolivianos y bolivianas transita en esta época por caminos insospechados e insospechables, y que nos condicionan

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igual que al resto de la humanidad. El más constante y decisivo, pero todavía ampliamente subvalorado, resulta de la huella que hemos impreso con nuestra obsesiva búsqueda de una forma particular de “desarrollo” que ha conseguido situar como la fundamental la contradicción entre humanidad y naturaleza, después de que durante siglos este sitio lo ocuparan las contradicciones internas de la sociedad humana.

El otro conflicto, enredado con el anterior y dependiente de aquel, es la explosión de la primera pandemia de este siglo, que exhibe sin piedad la fragilidad de nuestros logros materiales, vapuleando, como no había ocurrido antes, nuestra confianza en la ciencia y en la tecnología y, por lo general, en el conjunto de nuestros conocimientos acumulados.

Ambos problemas amenazan la continuidad de nuestra especie y el conjunto de la vida misma sobre el planeta. Si no conseguimos entrelazar la resolución de problemas crónicos muy propios, como el racismo, la pobreza o el caudillismo (y no solo el político), con la atención de los que son comunes a toda la humanidad, es más que dudoso que podamos resolver cualquiera de ellos, así sea pasajeramente.

La mejor base con que contamos para enfrentar tales retos es rescatar y, si fuera posible, aglutinar la resiliencia de nuestros pueblos, que no solo han resistido y se han sobrepuesto a tan variadas y perversas formas de opresión y colonialismo, sino que avanzan incansablemente, consolidando, local y universalmente, el reconocimiento de su presencia, su fuerza y valor, como sujetos clave para resolver los más acuciantes conflictos de este crucial momento.

Roger Cortéz Hurtado Diciembre de 2021

Popularidad a prueba de fuego Si en 2012, e incluso antes, la oposición partidista denunció la “campaña electoral permanente” que le atribuye al MAS, en este 2013 todos los actores políticos parecen embarcados en prepararse para las elecciones de octubre de 20141.

Por eso, si se busca un asunto que haya dominado la escena informativa en este primer semestre, se impone por volumen e intensidad la confirmación de una nueva reelección de Morales y García.

Incluso en estos días en que el flujo informativo se concentra alrededor del estruendoso forcejeo entre autoridades y la Central Obrera Boliviana (COB), una avanzadilla de francotiradores mediáticos del bando oficial ha estado hostigando a los dirigentes cobistas, afirmando que convocan y organizan la protesta “para lanzar y promocionar publicitariamente al partido”2, que ha decidido constituir la central sindical imitando los pasos asumidos en 1995 por quienes crearon el “instrumento político”, hoy convertido en partido gobernante.

Lo notable de la presente oleada de reclamos callejeros y cortes de ruta es que no se origina en reivindicaciones salariales, puesto que en esta oportunidad se aceptó el 8% de incremento ofrecido por las autoridades, siempre con rezongos de insatisfacción, pero después de una negociación relativamente breve y con menos incidentes callejeros que en otras oportunidades.

1 Aunque al momento de editar y entregar este material se mantiene todavía la convocatoria para diciembre, lo más probables es que se apruebe la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral de adelantarlas dos meses, en previsión de que pudiera darse una segunda vuelta.

2 Véase: https://uit-ci.org/index.php/2013/03/10/bolivia-gran-congreso-convocado-por-lacob-funda-el-partido-de-los-trabajadores/

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Saldos acumulados La posibilidad de aglutinar fuerzas y motorizarlas en una escalada importante, como la que se ha observado este mes, con la consigna de aumentar las jubilaciones, puede revelar algunas cuestiones poco analizadas y discutidas por los medios de difusión masiva. Habitualmente, aquí como en otros países, las demandas referidas a jubilaciones convocan casi exclusivamente a jubilados y a sus beneficiarios. Es excepcional la participación asidua y entusiasta de otros grupos, como acontece aquí, excepto cuando se anuncian recortes, que es lo que ha sucedido recientemente en España y en otros países europeos.

Según la masiva campaña propagandística que sostiene el gobierno, en Bolivia los montos cobrados por “cerca del 80% de los trabajadores asalariados se han incrementado con la nueva ley de pensiones”3. En contrapartida, la posición de los sindicatos es que “Todo el ahorro del trabajador con más de 30 años de contribuciones continuas no alcanza para cubrir [pagar] lo que señala la Ley de Pensiones vigente: una pensión de jubilación equivalente al 60% del referente salarial del trabajador”. “El resultado es que las rentas que ofrecen las actuales administradoras de pensiones, casi en la totalidad de los casos, no llegan al porcentaje fijado por ley, sino a un promedio cercano al 40%”4.

Cuanto más reales las afirmaciones oficiales, más difícil de comprender resultaría el movimiento de protesta. Lo cierto es que si se considera el historial de conflictos del país, así como la experiencia —bastante generalizada— de que no es fácil agendar el tema de las jubilaciones como tema principal, y menos todavía como el único5, que es lo está pasando, tiene sustento la hipótesis de que lo que hay por detrás del reclamo explícito es un clima de malestar más o menos generalizado entre grandes grupos de asalariados.

3 Vicepresidente del Estado, entrevista-exposición, TVB, 19 de mayo 2013.

4 La afirmación es del CEDLA, una ONG especializada en temas laborales, y coincide con lo que señalan dirigentes de la COB, federaciones y sindicatos diversos. Véase http://www. cedla.org/content/2933 5 No me refiero a los jubilados, sino al universo de trabajadores activos contribuyentes, que difícilmente llegan a las calles por una cuestión que empieza a preocuparles cuando se acerca el momento del retiro laboral, según lo han medido múltiples encuestas en países donde se ha encarado reformas de la seguridad social. Al respecto, véase R. Acuña, Fondos de pensiones: Información, educación, cultura previsional y Asesoría entregada a los afiliados, Serie Regulaciones Comparadas, Santiago de Chile: FIAP, 2011.

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Se trata, por una parte, de una disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios6, escondida por la subestimación del índice inflacionario que aplica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y, por otra, de la precarización de las condiciones laborales. Estas condiciones afectan a un numeroso grupo de nuevos empleados públicos, contratados como “consultores” —y, por tanto, sin ninguno de los beneficios de los trabajadores de planta—, así como a una cantidad considerable de asalariados que trabajan en actividades informales7.

Otra importante fuente de insatisfacción proviene de la acumulación de conflictos, muchas veces provocados por el propio gobierno, resueltos a medias y sometidos a treguas forzadas, como ha pasado con los trabajadores de Salud o con los policías. El intento de cercenar una conquista laboral de los primeros inició, por iniciativa de las autoridades, una intensa batalla que ahora atraviesa por un largo paréntesis en el que se realizan “cumbres de Salud”, en tanto que los policías se quejan de una desatención crónica de sus reclamos y de un trato despectivo, que contrasta con los privilegios que reciben las FF. AA.

Redes y enredos A pesar de que el jefe de Estado cosecha índices de aprobación elevados, es ostensible que la confianza y la credibilidad de la administración están debilitadas por una prolongada sucesión de denuncias y evidencias de corrupción.

Las “barcazas chinas” y la adquisición de maquinaria para Papelbol han estado en vitrina en los meses previos, exhibiendo pérdidas millonarias, pero modestas en comparación con las que se sospecha que han ocurrido con el paquete de 2.400 millones de dólares para contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo responsable máximo fue apresado accidentalmente.

6 Silvia Escobar y Bruno Rojas, Situación de los derechos laborales en Bolivia, La Paz: CEDLA, 2010; también véase Enrique Velazco, Excedente bruto y remuneraciones, La Paz: INASET, 2011.

7 CEDLA, op. cit.: 26.

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Sin embargo, este año sobresale el develamiento de una o de un conjunto de redes de extorsión, enclavadas en centros neurálgicos del Estado.

Personeros clave del Ministerio de Gobierno están presos bajo el cargo de dirigir dichas redes y beneficiarse con extraordinarios e ilícitos beneficios.

Sin embargo, a pesar de su reclusión, exhiben señales de que acceden a información privilegiada8, y tal vez todavía cuenten con una importante influencia.

Son iguales o mayores las consecuencias de las denuncias contra el fiscal responsable de los llamados casos “terrorismo” I y II, debido a la alta renta política que le significaron al gobierno. La “victoria militar” a la que se refiere la teoría oficial “tras el desbaratamiento del separatismo armado organizado por el grupo La Torre” 9, se fundamenta en la trama que debían dilucidar los mencionados casos judiciales.

Las primeras denuncias de que los extranjeros acusados de encabezar la célula armada murieron ejecutados y no en un enfrentamiento se han visto reforzadas por grabaciones de audio, que confirman que los fiscales del caso actuaron al compás de las ordenes políticas del Ejecutivo. Además, proliferan las quejas respecto a que los encargados de la investigación se enriquecieron chantajeando a imputados y sus familias.

Ruta de una frustración colectiva La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es, con certeza, donde los hechos relacionados con estas redes de extorsión tienen más impacto, porque la mayor parte de las reales y presuntas víctimas de estas mallas político-delictivas radican allá. Sin embargo, los ecos de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autorizando una nueva reelección del presidente y su vice tienen impacto nacional, y afectan la reforma estatal más allá de los cuellos de botella que hoy la sofocan.

8 Alude a la denuncia, apoyada en pruebas documentales, de una senadora respecto a que al menos uno de los encausados tenía datos precisos sobre quién sería elegido a la cabeza del Ministerio Público. http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/SenadoraGonzales-Fiscal-General-favores_0_1828017242.htm 9 Álvaro García Linera, Las tensiones creativas de la revolución: la quinta fase del Proceso de Cambio, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2011. https://www.bivica.org/ files/tensiones-creativas.pdf

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La evaluación de Cusi, el magistrado del TCP10 que obtuvo la mayor votación en las elecciones judiciales, sobre los efectos de la sentencia que habilita la re-reelección no ha merecido hasta ahora reacciones de voceros oficiales. Sin embargo, estos mismos voceros no ahorraron adjetivos para desautorizar a la expresidenta de Diputados de la gestión pasada, que calificó el fallo como inconstitucional11.

La exuberante satisfacción oficial ante el pronunciamiento de los tribunos no sopesa el daño que produce el debilitamiento del crédito público del TCP, conquistado por esta instancia con algunas sentencias previas que enmendaron algunos yerros mayores, como la destitución de autoridades elegidas por una simple acusación formal.

Su entusiasmo le impide entender que las señales de un aparato judicial deforme y arbitrario impactan inclusive entre sus más fieles adherentes y, seguramente, contribuyen en alguna medida a alimentar diversas expresiones de protesta, incluyendo la que se ha comentado al principio de este documento.

La sentencia del TCP engrosa el flujo diario de datos que llevan a la población a sentirse desprotegida ante el crimen y las injusticias. Y es que demasiados policías aparecen demasiadas veces asociados con delincuentes o protagonizando delitos ellos mismos, mientras que fiscales y jueces, antiguos y nuevos, no dejan de exhibir su predisposición a inclinarse ante el dinero y el poder.

A ello se suma la pérdida de confianza colectiva que trae la decisión del TCP, que muestra una radical impotencia de este Tribunal para atender la sentida demanda social de construir una administración de justicia imparcial y autónoma.

10 “Prácticamente hemos perdido esa cualidad de ser Tribunal, ahora todo el mundo habla mal contra el Tribunal Constitucional, y eso que nos ha costado construir la imagen, pero lamentablemente por una sentencia hemos destruido todo” (Gualberto Cusi, entrevista en radio Fides, La Paz, 16 de mayo de 2013).

11 El artículo 168 de la CPE vigente desde 2009 establece que presidente y vicepresidente pueden ser reelegidos una sola vez de manera continua, y su disposición transitoria primera, inciso II, que: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

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Reinado de la aritmética Es cierto que, a estas alturas, no hay motivo para sorprenderse por el comportamiento del Ejecutivo, ya que, desde la elección de los magistrados a fines de 2011, quedó de manifiesto que había hecho lo posible para asegurarse la sumisión de estas autoridades judiciales electas, tal como antes había dejado claro que replicaría y reforzaría los tradicionales mecanismos de domesticación de los fiscales, indispensables en la hora de montar una persecución judicial a gran escala contra enemigos, rivales, competidores, disidentes o críticos.

La dureza con que actúa en este plano el partido gobernante se apoya, por una parte, en el legado ideológico del sindicalismo revolucionario y de muchas organizaciones de izquierda que se han asimilado al MAS-IPSP. Por otra, posiblemente más importante, en el sentimiento de invulnerabilidad que le reporta una sucesión de victorias electorales, que en apenas siete años se traduce en un 500% de incremento de electores (de los 581.800 obtenidos en 2002 a los 2,8 millones que lo respaldaron en la reelección de 2009) y en la evidencia de que la intención de voto se inclina nítidamente a su favor, frente a la marcada debilidad de sus competidores.

Ese cálculo supone que es automáticamente legal, justo y legítimo cualquier hecho que respalden sondeos o encuestas. La realidad, siempre más rica y compleja, muestra que la preferencia electoral de un ciudadano por una opción válida en un futuro próximo no anula su capacidad de entender que la Constitución prohíbe la reelección continua por más de una vez12.

Es más, que sus simpatías o inclinaciones electorales no lo privan de experimentar una profunda frustración por el desempeño de la administración de justicia, que se mantiene igual o peor después de varios años de promesas, reformas constitucional y legal, elección de magistrados y otros actos y símbolos de renovación y cambio.

La solidez de la convocatoria gubernamental se asienta, en primer lugar, en el profundo sentimiento de identidad cultural y étnica entre el presidente 12 Tal presunción omite la clara evidencias de la gran selectividad de los electores bolivianos, que en 2005 y en 2010 demostraron que más de un tercio de quienes respaldan al MAS en votaciones nacionales pueden —inclusive en el mismo día, como ocurrió en diciembre de 2005— votar por una opción distinta, eventualmente contraria, en los comicios regionales.

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y una porción significativa del electorado13. En segundo lugar, en la simbología del encuentro indígena-no indígena que refleja el binomio que encabeza el gobierno y, en tercer lugar, en un rango igualmente importante, en el récord de cumplimiento de compromisos contraídos con su base social.

La Asamblea Constituyente y la reforma integral de la CPE, la recuperación del control estatal de recursos naturales, la redistribución de una parte del excedente —proveniente del alto precio de las materias primas exportadas— a través de bonos selectivos y subsidios, la sustitución de una porción considerable de ejecutivos y gerentes estatales por personal reclutado de sectores populares, la denuncia y penalización del racismo y la discriminación, la construcción de plantas separadoras de gas, el incremento de la participación femenina en responsabilidades públicas, la interpelación a la dominación regional por EE. UU., la extensión de redes domésticas de gas natural y la política frente a Chile son algunas de estas realizaciones.

El presidente Morales y su partido han conseguido con ellas una acumulación política que se mantiene aparentemente intacta, pese: • a su intento de aplicar un “gasolinazo” que igualaba los precios de los combustibles en el país con los de la ciudad de Nueva York14; • al despliegue de miles de conflictos sociales anuales por año; • a la represión abierta y sistemática contra movimientos sociales, como los que impugnan en el TIPNIS; • a la ruptura frontal entre el relato proambiental del gobierno y su reiteración de prácticas desarrollistas rudimentarias y predatorias; • al reparto ilegal y arbitrario de recursos naturales —incluyendo tierras fiscales y yacimientos mineros— entre sus allegados.

13 Dicha franja abarca entre un tercio y un 40% de votantes, considerados —de manera más o menos reservada por dirigentes del MAS— su electorado cautivo. Está compuesto principalmente por la mayor parte de la población campesina (incluidos, en primer término, todos los colonizadores, y en especial los cocaleros), los cooperativistas mineros y transportistas, junto con una mayoría de pequeños comerciantes y el apoyo de pequeños (pero económicamente poderosos) grupos de empresarios que provienen de estas franjas populares, y que están muy bien representados en el Ejecutivo y Legislativo.

14 Las protestas en diciembre de 2010 impidieron que la medida se consolide.

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Sin embargo, la baja de aprobación que se ha dado en los peores conflictos se desvanece en pocas semanas. En este momento, cuando estamos por cumplir los siete años de su primera elección, su aprobación se aproxima a los dos tercios (entre el 59% y el 60% en abril).

En este año han continuado acumulándose evidencias de que el gobierno ha decidido frenar las reformas constitucionales más novedosas, como la descentralización, las autonomías, el control social o una pluralidad económica que vaya más allá del reconocimiento pasivo de que en Bolivia, tal como en muchos otros países, coexiste una diversidad de relaciones económicas.

El ritmo de las estatizaciones ha decaído, pero eso no descarta que pueda decretarse alguna sin anuncio previo, siempre que cumpla con el requisito de lograr buenos réditos electorales.

También se han extendido las rupturas gubernamentales con sectores populares, como los indígenas de tierras bajas y los obreros mineros e industriales (que representan menos de un tercio de todos los asalariados). También se ha desatado una guerra de baja intensidad contra algunas ONG15 (especialmente con las que han estado trabajando con indígenas y defensa ambiental), lo que ha incrementado la severidad de la reglamentación de su funcionamiento.

Entre tanto, se ha consolidado una serena cohabitación con grandes grupos empresariales de las finanzas, con agroexportadores y ganaderos de la zona oriental y con consorcios petroleros y mineros.

La violencia callejera ha avanzado con la incursión de sicarios; hay señales de que grupos criminales extranjeros16 estarían buscando establecerse en Bolivia.

15 El antioenegismo se relaciona con el hecho de que el gobierno conoce, por experiencia propia, la importante influencia de estas instituciones en un sistema de representación política en el que los partidos comparten su papel y responsabilidades con organizaciones sociales y corporativas, tanto como con instituciones sin fines de lucro. No es por nada que una proporción considerable de ejecutivos gubernamentales han sido reclutados de ONG. Se trata de una suerte de guerra preventiva contra una fuente de incubación de competidores individuales y de referentes para sectores de la opinión pública muy activos.

16 Principal, pero no exclusivamente, el Primeiro Comando da Capital brasileño (PCC).

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Frente a toda esta situación, la tendencia central es a que, entre tensiones y sobresaltos, el gobierno preserve su capacidad de control y mantenga una importante opinión favorable, apoyado en lo que se ha explicado más arriba, y en el temor, incluso entre algunos que lo desaprueban, a que en su ausencia los problemas se agravarían.

Mayo de 2013

Identidades censales y desarrollismo como ideología estatal

No es Bolivia el primer país en el que se presentan problemas debido a los resultados de un censo1 (el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, de 2012), pero es posiblemente el único en el que las protestas de este origen alcanzan una intensidad que las lleva hasta la calle, como ocurrió en la ciudad de La Paz el pasado 11 de septiembre, convirtiendo esta cuestión en la más importante del último cuatrimestre y en uno de los principales ejes de disputa de los siguientes meses.

La principal causa de esta poderosa y peculiar reacción ante la actualización de los datos demográficos del país es la reducción del flujo de fondos fiscales a las localidades en que se habría producido un estancamiento o una reducción de pobladores. La segunda es que también puede implicar un recorte de su número de representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Además de lo mencionado, este censo trae una contradicción muy llamativa: el bajo porcentaje (40%) de quienes declaran pertenecer a “alguna nación o pueblo originario campesino”, frente al 62% se autoidentificaban como tales en el censo de 2001. La importancia de esta modificación tiene que ver con que CPE declara en su artículo 2 que: Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos […] se garantiza su libre determinación 1 En Chile, donde se detectó una omisión censal del 9%, el presidente salió a pedir perdón por los errores, se declaró indignado por ellos y abrió la posibilidad de repetir el censo.

Véase: http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/08/674-536898-9

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[…] que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades.

Es decir que se los considera el sujeto central de la transformación y de la plurinacionalidad del Estado, lo que habría llevado a algunos de los que antagonizan con los cambios y la nueva denominación estatal a suponer que ambos tambalearían a consecuencia de estos nuevos datos de autopertenencia.

Sin embargo, tales conclusiones son extremadamente simplistas o tendenciosas porque olvidan que la autoidentificación presenta un dinamismo extraordinario, vinculado a tácticas y estrategias de sujetos sociales colectivos, como lo prueba el hecho de que la autoidentificación indígena trepó al 71% el año pasado, según el reporte de la Universidad de Vanderbilt, que detecta simultáneamente un nivel de autoidentificación como mestizo de un 76% de los encuestados.

Lo que verdaderamente bloquea, y eventualmente puede cerrar el paso a la culminación de la reforma estatal, es la voluntad del gobierno de seguir mezquinando el avance de la descentralización y las autonomías y, por encima de todo, la ruptura de la alianza entre indígenas campesinos y no campesinos, fomentada también desde la cúpula estatal. De modo que el problema no estaría en las fluctuaciones estadísticas de la autoidentificación.

Justicia, cárceles y muerte La matanza de unos 35 internos de la cárcel de Palmasola, ocurrida el 23 de agosto, impacta de manera directa sobre un grupo relativamente restringido de personas que pertenecen, además, a círculos habitualmente poco influyentes. Sin embargo, la extrema violencia y la seriedad de los hechos ha tenido mucho eco y ha colocado sobre la mesa el debate público de varias cuestiones.

Las declaraciones —y en cierta forma, las actuaciones— de las principales autoridades frente a los acontecimientos tienen un tono más cercano al de una asociación de voluntarios o de miembros de alguna iglesia; es decir, de instituciones ajenas a los acontecimientos y, desde luego, sin ninguna responsabilidad sobre su desencadenamiento. Con ello tratan de soslayar

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el hecho de que, durante los siete años de esta gestión gubernamental, y los dos que cumple en breve su reforma judicial, no solo la situación de las cárceles mantiene intactos todos los vicios del pasado, sino que estos han empeorado en varios aspectos.

En Palmasola, por ejemplo, el escándalo que desencadenó la catástrofe de agosto puso al descubierto cómo pequeños grupos de reos controlan el recinto carcelario —constituyendo quizás la primera autonomía plena y efectiva que se vive en el país—, ante la indiferencia de sus custodios, cuando no de su abierta complicidad.

La ausencia de cambios en esta esfera afecta a mucho más que al 85% sin sentencia de las casi 12.000 personas encarceladas2. Y es que los ciudadanos en general se sienten a merced de la Policía, el Ministerio Público y los jueces, quienes, antes que representar al sistema de justicia nacional, son parte de un círculo que aterra por su arbitrariedad, venalidad y predisposición a extorsionar a cualquiera que caiga en sus manos, ya sea para denunciar, reclamar justicia o defenderse3.

Este sentimiento de desprotección se fue agudizando por el frecuente develamiento de actividades criminales que involucran a altos jefes y oficiales de la Policía4 y por la acción abiertamente discrecional de fiscales, que rotan con enorme velocidad en sus cargos y que frecuentemente son destituidos por graves irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

En el primer artículo de esta serie de análisis se ha afirmado que, pese a las reiteradas y cada vez peores señales de corrupción e impunidad, los estudios de opinión no detectan variaciones significativas en los índices de aprobación al gobierno por la población. Sin embargo, experiencias previas 2 Véase: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/%EF%BB%BFmora-judicialafecta-85-reclusos/20130903013800447124.html 3 De acuerdo a estudios seriados actualizados en 2012, la confianza de la ciudadanía boliviana ocupa el puesto 23 de un total de 26 países americanos estudiados, respecto a su sistema de administración de justicia (Daniel Seligson et al., Cultura política en democracia 2012: Hacia la igualdad de oportunidades, Cochabamba: LAPOP, 2012).

4 En las tres últimas semanas un jefe anticorrupción de esa institución y los responsables de la lucha contra el crimen fueron sorprendidos en flagrancia, el primero por el FBI en Miami, los otros dos en El Alto por sus camaradas. Mientras que los principales exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, juzgados bajo acusación de haber montado redes para extorsionar a opositores perseguidos, insisten en denunciar a las principales autoridades gubernamentales de estar implicadas en tales actos.

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de sucesos tan serios como los mencionados operan cambios en la actitud del público, eventualmente silenciosos durante plazos prolongados, pero que a la larga estallan.

Fugas, omisiones y contrastes internacionales Si ante hechos como el sucedido en Palmasola el gobierno opta por aparentar prescindencia y candor, se ha cuidado mucho de actuar con firmeza e implacabilidad ante sus enemigos, como bien saben los dirigentes indígenas, que tienen tras sus pasos a un escuadrón de fiscales con órdenes de apremio, bajo severos cargos por haber castigado físicamente al representante de CONISUR, un impulsor destacado del plan oficial de la carretera a través del TIPNIS. Precisamente por tales antecedentes, la fuga del senador Pinto —hasta entonces refugiado en la embajada de Brasil— apenas tres días antes de la tragedia de Palmasola, amplifica la percepción de debilidad e impotencia estatal ante ciertas cuestiones. Con mayor razón cuando las autoridades han sido burladas por segunda vez5 y sus pedidos de que los prófugos sean devueltos por los países donde buscaron refugio han sido rechazados por segunda vez.

La huida del opositor sirvió, además, para sacar a la luz pública que las autoridades bolivianas, que denunciaran vigorosa y exitosamente el acoso contra el presidente por varias potencias europeas, habían incurrido en acciones similares, aunque de menor escala, al revisar naves diplomáticas brasileñas bajo el argumento de que en ellas podía encontrarse el exsenador Pinto.

A pesar de las expresiones de molestia de la presidenta de Brasil por la manera en que actuaron algunos de sus representantes diplomáticos en el caso del opositor boliviano —acusado por el oficialismo en varios procesos judiciales—, el que le hayan otorgado refugio aporta su propia cuota de desgaste a la credibilidad de imputaciones y procedimientos judiciales llevados adelante por miembros del gobierno6.

5 Poco antes, el exgobernador de Tarija huyó a Paraguay.

6 Opera en el mismo sentido la insistencia gubernamental, y particularmente la del presidente, de cargar sobre las espaldas de ONG (en este caso, las especializadas en derechos

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La victimización del jefe de Estado y la amplia y sincera solidaridad que atrajo el hostigamiento que sufrió de parte de “potencias democráticas” se desportilla ante la acumulación de antecedentes que muestran un divorcio entre sus denuncias y las prácticas en que incurre en la política doméstica.

Obras con orientación proselitista El que Bolivia mantenga una posición económica rezagada en el continente, pese al evidente ensanchamiento de sus ingresos y al volumen general de su economía, no afecta la amplia aceptación interna de la política económica oficial. Entre otras cosas, porque además de que gran parte de la población ignora ese dato o le resulta indiferente, celebra la ampliación de planes sociales, subsidios y subvenciones, así como el masivo incremento de los ingresos fiscales, provenientes de la recuperación de empresas estatales y de los buenos precios de los productos de exportación.

La capitalización de esa buena voluntad pública ha sido explotada por el gobierno, que se esmera en ensancharla cada nuevo día, para así mantener y ampliar la importante distancia con sus rivales que muestran las encuestas sobre intención de voto. Según la mayor parte de ellas, si las elecciones se dieran de inmediato, el MAS obtendría una votación mayor a la suma de sus dos más inmediatos competidores y muy próxima a la que obtuvo en 2005 (que no en 2009).

El financiamiento de grandes obras públicas, con masivas inversiones (1.400 millones de dólares para una represa en Santa Cruz; 300 millones de dólares para el satélite Túpac Katari; 260 millones de dólares para el teleférico de La Paz, etcétera, etcétera) es parte de tal estrategia, que aparentemente no sufre menoscabo por las grandes pérdidas en negocios tales como el montaje de fábricas, importación de maquinarias y otras que se conocen hasta ahora. humanos) la supuesta culpa de obstruir la formación física de los militares, puesto que estas se movilizan y denuncian maltratos, torturas y asesinatos en cuarteles. Estas declaraciones presidenciales se repiten periódicamente; la última vez, el mes pasado, cuando en unos actos militares acusó de traicionar a la patria a los jefes militares que en 2005 entregaron misiles a EE. UU.

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Además, también se prodiga al incrementar ventajas y obsequios a algunos de los sectores sociales que lo apoyan de manera más militante, como los llamados cooperativistas mineros7, a quienes está transfiriendo más áreas de reservas minerales, avaluadas en miles de millones de dólares.

Lo más nocivo de este modo de asegurarse lealtades es el poderoso estímulo a un fortalecido corporativismo, que ya se ha manifestado varias veces en enfrentamientos entre sectores populares por copar o monopolizar la captura de rentas provenientes de la extracción de recursos naturales.

La intensificación de las presiones sobre ONG —no únicamente las que trabajan con DD. HH., sino varias que trabajan con indígenas y medio ambiente— avanza con los aprestos electorales, como si algunos altos funcionarios temiesen que sus competidores políticos se beneficien de un respaldo similar al que ellos percibieron en los años de formación del MAS. Esta actitud desconfiada y muchas veces agresiva se manifiesta en el coercitivo proceso de negociación de nuevos convenios, en el que las ONG sospechosas corren el riesgo de ver cancelada su personería, ya que desde los círculos oficiales se las ve y trata como competidoras y/o rivales del sistema de representación política.

Ante la aceleración de los aprestos electorales oficiales, los opositores han respondido estas últimas semanas estructurando coaliciones de amplio espectro —es el caso de Unidad Nacional con el Frente Amplio— y combinando alianzas con elecciones internas —como lo hace el Movimiento Sin Miedo—.

Estas iniciativas refuerzan la sensación de que el partido oficialista enfrentará a varios oponentes, sin que cristalice ningún proyecto de cohe7 Los cooperativistas constituyen un amplio sector en el que, bajo una sola identidad, se confunden pequeños grupos de dirigentes que operan como patrones y, eventualmente, como beneficiarios de las mayores ganancias de las cooperativas. Debajo de ellos se ubica una capa de capataces, que ostentan algunos privilegios, y una amplia masa de trabajadores asalariados con ingresos precarios y casi ningún beneficio, pero que parecen asimilarse plenamente a la identidad única, sin reparar en las importantes y crecientes diferencias internas. Distinciones similares se verifican en otros sectores, con características propias y diferenciadas, como el de los cocaleros, en que las líneas de distinción se expresan en torno a la distinta capacidad para contratar crecientes cuotas de asalariados —especialmente para la cosecha—, la experticia comercial y los contactos comerciales, así como la influencia y el prestigio sindical y político.

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sión de las principales fuerzas opositoras. Dicha tendencia se afianza ante la falta de evidencias que indiquen que un proyecto unificado pueda atraer una mayor cantidad de votos que la que convocan ahora, por separado, sus potenciales adherentes.

De este modo, cuando faltan 15 meses para las elecciones nacionales, no hay señales de que en esos comicios pueda estar en juego un cambio de titulares del gobierno, incluso si los actuales pierden las dos terceras partes que hoy controlan el Legislativo.

La firmeza de esta tendencia aparentemente solo podría ser socavada por un vuelco adverso, inesperado y espectacular de la situación económica, un nuevo gran paso en falso oficial, como el gasolinazo de 2010, o una exacerbación súbita y muy seria de sus contradicciones internas.

Pero, inclusive en un escenario de tal naturaleza, las fuerzas opositoras se enfrentarían a desafíos extraordinarios, ya que si alguna o dos o más coaligadas entre sí llegaran a ser gobierno, necesitarían una estrategia — hoy por hoy completamente inexistente— para lidiar con la formidable oposición del actual partido oficial, coaligado con casi toda la dirigencia de organizaciones sociales y, además, ampliamente arraigado en posiciones clave del Estado, donde, con solo formalizar nombramientos con su actual ventaja en las Cámaras, se asegura copar tales espacios (empresas estatales, contraloría, aparato judicial) por varios años.

Agosto de 2013

Aguinaldo extra y guerra anti ONG Las autoridades bolivianas mantienen fresca e intacta su capacidad de sorprender y descolocar al público y, especialmente, a sus adversarios, como ha vuelto a probarse con la promulgación del decreto que obliga a todas las empresas legalmente registradas (públicas y privadas) a pagar un aguinaldo adicional al vigente1 cada vez que el crecimiento interanual del PIB iguale o supere los 4,5 puntos porcentuales.

Dicha decisión impacta sobre varios campos, y hasta ahora parece superar la capacidad de los críticos para abarcarla en sus múltiples dimensiones.

Por lo pronto existe un amplio consenso respecto a que esta disposición, que busca ventajas electorales, incrementará la inflación en una medida difícil de anticipar, y que pondrá en apuros a un amplio espectro de empresas medianas y pequeñas, así como, ciertamente, a muchas ONG, aspecto este último del que me ocuparé más adelante.

En el espacio electoral, el beneficio que espera cosechar la administración masista es el aporte contante y sonante que deberán cotizar muchos de los funcionarios agraciados con él.

Artillería pesada Más importante que lo anterior es que este segundo aguinaldo implica un esfuerzo para atender diversas señales de descontento de los asalariados, cuya participación neta en el reparto de beneficios de los ingresos extraordinarios del país ha quedado rezagada en comparación con los empresarios 1 Así tenga un carácter esencialmente retórico, este aguinaldo extra se trata probablemente de la primera propuesta del gobierno que podría caracterizarse como anticapitalista (aunque victimice eventualmente a los representantes más débiles y precarios de este modo de producción).

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y grupos como cooperativistas, campesinos ricos, comerciantes importadores, transportistas y otros que componen el núcleo principal del nuevo bloque de poder.

La decisión política de endulzar las relaciones con los asalariados se ratifica con la advertencia presidencial de determinar el traspaso obligatorio a manos de los trabajadores de los activos de aquellas empresas que rehúsen pagar el aguinaldo adicional2.

Esta amenaza buscaría diluir la noción de que la transferencia neta de los excedentes extraordinarios capturados por el país en estos años de buenos precios de los exportables se ha canalizado principalmente en beneficio del sector patronal, con un retroceso relativo de la participación de los trabajadores, pese a los incrementos salariales y al avance del mínimo salarial3. Si lo consigue, se aproximará a su meta de afianzar el apoyo electoral de trabajadores desencantados con el “proceso de cambio”.

Es muy difícil anticipar la evolución que tendrá el impacto inflacionario de la inyección masiva de recursos que supone el pago del aguinaldo adicional, debido al desconocimiento efectivo de: i) la proporción de asalariados que existe en el 70% o más de puestos de trabajo que oferta la economía informal y ii) las formas en que estos asalariados tratarán de conseguir un beneficio adicional en este final de año, así como la eficacia que tengan sus negociaciones o presiones para conseguir ese propósito.

A mayor eficacia, la inflación será más elevada y se prolongará más tiempo. Lo anterior significa que el saldo favorable o adverso que puede tener electoralmente la medida oficial está aún por definirse.

El gobierno no ignora la variabilidad de una acción que, si bien ha descolocado a sus opositores4, genera un margen de incertidumbre lo suficien2 El avance concreto del capitalismo durante estos años se refleja, especial y concretamente, en el incremento de la masa de trabajadores asalariados, independientemente de la “formalidad” o “informalidad” con que se despliegue la compra-venta de fuerza de trabajo. Los cosechadores de coca, los empleados de los comercios “populares” o la masa de cooperativistas, como ejemplos, cobran y viven de un salario, independientemente de que estén o no registrados en las cuentas nacionales.

3 INASET, Ensayos para el Debate, La Paz, julio de 2011.

4 A algunos, como los ex “verdes” y ahora “demócratas”, tan profundamente que su reacción inicial fue adoptar una posición contraria más dura que las asociaciones empresariales, con argumentos absolutamente propatronales. La rectificación de este reflejo se demoró en lle-

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temente grande como para volcarse en su contra en determinadas circunstancias. Pero sería completamente erróneo suponer que el oficialismo se juega a una sola carta la considerable ventaja que ha acumulado frente a los siete aspirantes que hasta ahora han anunciado su decisión de competir en las elecciones de 2014.

En realidad, el próximo año empezarán a cristalizar los resultados de un ancho abanico de grandes inversiones estatales, entre las que sobresalen la planta de separación (secado) de gas natural, el satélite Túpac Katari, el teleférico para las ciudades de El Alto y La Paz, la planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo y varias otras. Este paquete se verá reforzado por el avance o la finalización de decenas de obras camineras, que incluyen la apertura, ampliación y restauración de las principales carreteras5.

La perspectiva y el tono desarrollista que ha terminado por afianzarse en el discurso oficial, en detrimento de los matices indigenistas, comunitarios o socialistas, permiten augurar que la campaña para la re-reelección cabalgará sobre un pilar central que reivindicará la gran cantidad de obras ejecutadas, complementado previsiblemente por la ostentación propagandística de los resultados obtenidos en enfrentar la pobreza y la indigencia, así como en la acumulación de ahorro interno y la independencia de las decisiones nacionales frente al imperialismo.

La importancia que la conducción estatal asigna a las inversiones y obras no se reduce a la intensificación geométrica de la propaganda sobre estos temas, sino a la notable promoción que se ha dado a los acuerdos entre el gobierno y la cúpula empresarial cruceña, a tal punto que el mayor publicista oficial ha caracterizado el ingreso del presidente a la feria cruceña (la Expocruz) como la “expresión de la hegemonía revolucionaria”, y el propio mandatario ha reaccionado ácidamente a críticas sobre lo forzado de tal caracterización.

gar­y el daño electoral en las regiones a las que aspiran extender su influencia tiene grandes probabilidades de ser considerable.

5 No formará parte de este paquete vial la conexión entre Cochabamba y el Beni, a través del TIPNIS, porque está perfectamente claro que el gobierno ha optado por postergar esta pelea seguramente hasta después de las elecciones.

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Cuesta arriba La oposición política exhibe la misma falta de reflejos y de recursos de siempre, y su mayor muestra de recuperación se restringe a exhibir señales de aglutinamientos parciales, cuya máxima expresión es el Frente Amplio, seguido por el anuncio de agregación de “sectores” que ha publicitado el MSM antes, durante y después de la realización de su congreso.

El lanzamiento de la candidatura del máximo dirigente de esta organización puede interpretarse como una expresión de la limitación de sus posibilidades y de la fragilidad de las adhesiones grupales que proclama haber conseguido, ya que ninguno de tales aliados ha podido proporcionarle siquiera una candidatura vicepresidencial6 novedosa.

Algunos medios han interpretado que el hecho de que discursivamente el FA, el MSM y el MDS se inclinen por caracterizar al país como una república y no como un Estado podría ser el punto que permita la confluencia de todos ellos, o de los principales, en una sola fórmula electoral (Página 7, 15 de diciembre de 2013). Dicho pronóstico expresa, seguramente, un elevado voluntarismo y una muy escasa solidez, porque una abstracción teórica y doctrinal tan elaborada no parece tener mayor atractivo para el electorado al que aspira atraer.

Tal y como están evolucionando los acontecimientos, la oposición puede mellar considerablemente la capitalización de lo que hasta hoy parece ser su mayor oportunidad: avanzar en su presencia parlamentaria7. Ninguno de los opositores ha planteado, ni remotamente, ideas novedosas, como la de llevar a toda la plana mayor de los diferentes partidos y frentes 6 En este punto de avance del proceso electoral parece haberse descartado un viraje novedoso, como podía haber sido el que toda la plana mayor de las fuerzas opositoras se postule para puestos en la Asamblea Legislativa. De acuerdo a las tendencias de intención de voto detectadas por las encuestas, este será el principal campo de disputa, y un fuerte asalto opositor al mismo podría plantear serios desafíos a la próxima gestión de los reelectos. La rutinaria y previsible conducta —hacia la que se encaminan las fuerzas opositoras— de ofertar a sus principales figuras como candidatos perdidosos, puede debilitar sus chances de avanzar también en el campo legislativo.

7 Los sondeos muestran la posibilidad de que la oposición pueda llevarse el 40% de las bancas. Las mediciones se refieren a partidos solos, es decir, no a una hipotética coalición única, que —si bien tendría poco o ningún impacto en disputar el gobierno— podría incrementar las posibilidades de elevar la cuota parlamentaria ajena al oficialismo.

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al Parlamento y presentar nuevas figuras para candidatos presidencial y vicepresidencial. Estas figuras, eventualmente desconocidas, seguramente tendrían las mismas posibilidades (si es que no mejores) que las de sus jefes para reclutar adhesiones.

Si la oposición continúa descuidando el espacio legislativo, que hasta ahora se muestra como el más promisorio para su disputa con el oficialismo, no solo reeditará el pobre resultado de la acción de sus bancadas (incluyendo la elevadísima tasa de deserciones abiertas y encubiertas). Contribuirá también a fortalecer las ya muy marcadas tendencias continuistas del partido de gobierno, no solamente para las próximas elecciones, sino para varias otras, en una ruta bastante afín a la del orteguismo8 en Nicaragua.

Una guerra privada Si bien las políticas de máximo control y ajuste sobre las ONG no se restringen a Bolivia, sino que están ampliamente diseminadas en el planeta independientemente de la línea ideológica que ostenten los gobiernos, es bastante claro que nuestro país sobresale en la rigurosidad de las medidas y del discurso público anti ONG de las principales autoridades.

En el análisis de mayo de 2013 de este boletín, se ha examinado el origen del encono oficial contra las fundaciones y organizaciones que desarrollan actividades entre los indígenas y campesinos y en temas de derechos humanos y ambientales9. Además de la sensibilidad “estratégica” de estas áreas, el gobierno es especialmente celoso de las tareas que desarrollan porque sabe, por experiencia propia, el alto potencial ideológico, organizativo, agitador y propagandístico de esas labores.

El gobierno exhibe ante todas ellas igual o mayor susceptibilidad que frente a un partido opositor porque está consciente de que, en un sistema de representación política como el nuestro, algunas ONG,—al igual que sindicatos, organizaciones sociales y corporativas de diversa naturaleza, 8 El Parlamento de Nicaragua ha aprobado en las últimas semanas una enmienda constitucional que permite al presidente Daniel Ortega postularse a la reelección sin límites.

9 Están, por otro lado, las ONG que se desempeñan en otras áreas, pero que son igualmente hostigadas por una razón distinta; es el caso de las que financia la agencia estadounidense USAID.

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medios masivos de difusión y otras instituciones— pueden comportarse como instancias informales de mediación y representación política. Por lo tanto, actúa frente a ellas en concordancia.

El pago del segundo aguinaldo amenaza con colocar a varias ONG en una situación de insolvencia insostenible. Esto ha empujado a que la red UNITAS se haya visto forzada a pronunciarse públicamente sobre el tema y sobre la autocensura que prevalece en el ámbito de las ONG en general por temor a represalias del régimen. Esta situación de coyuntura es un claro anuncio de que en los 16 meses próximos de campaña electoral agudizada10, hay espacio para que la ya conocida hostilidad estatal frente a las ONG se mantenga e incluso se exacerbe.

Diciembre de 2013

10 Se trata de dos campañas: para las elecciones nacionales y para las elecciones subnacionales para gobernaciones y municipios, hasta marzo de 2015.

“Descolonización” de las FF. AA. y redes de extorsión A pesar de que en la apertura del año se han declarado dos de las confrontaciones sociales más intensas e importantes de los últimos tiempos —las de cooperativistas y militares de baja graduación—, el gobierno mantiene una nítida ventaja en materia electoral, así como un elevado perfil en el área internacional, con la presentación de la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la preparación de la asamblea del Grupo de los 77 y China.

Ha sabido equilibrar su continua tentación de manejar electoralmente el reclamo marítimo con una amplia convocatoria, que ha incluido a expresidentes y excancilleres y a todos los gobernadores, manteniendo así una imagen no sectaria que sigue desequilibrando a la diplomacia y a casi la totalidad de los políticos chilenos, quienes reaccionan homogéneamente con reflejos y discursos indiferenciables de las corrientes ultranacionalistas y ultraconservadoras. Algo parecido a lo que le ocurre al gobierno boliviano cuando se topa con reivindicaciones que se entroncan con el espíritu constituyente, como las que plantean los suboficiales y sargentos.

La reunión del G77 y China le brinda a nuestra representación una oportunidad única de argumentar en pro de la causa que sustentamos en la Haya. Además, el hecho de haber seleccionado a Santa Cruz de la Sierra como sede del acontecimiento contribuye a ratificar el posible triunfo de la candidatura oficialista en un departamento extremadamente sensible ante señales que no proyecten una imagen exclusivamente andina del país.

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Asalariados y uniformados La armonía y la aparente simplicidad con que parece haberse resuelto la habitualmente accidentada y áspera pugna salarial —que suele copar el centro de la coyuntura los cuatro o cinco primeros meses del año— contrasta con la brusquedad que ha caracterizado la conducción del conflicto con los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, caracterizada por el total predominio de los reflejos cuartelarios, con la destitución, sin juicio previo, de centenares de efectivos y la expulsión de más de una decena de estudiantes de la universidad militar, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

Si tan feroces sanciones no se retiran en algún momento relativamente próximo, y persiste la impermeabilidad de las autoridades a las demandas de los movilizados, la reacción de los afectados puede alcanzar límites imprevisibles1, sin que esto signifique necesariamente que se revoque la relación de fuerzas que favorece completamente a los gobernantes por ahora.

El año pasado concluyó con el inesperado decreto que obligaba al pago de un aguinaldo extra, mientras que este arranca con la determinación de elevar en 10% el salario básico y en 20% el mínimo nacional2. Sin que se conozca hasta hoy una medición confiable del impacto inflacionario del primero, puede anticiparse que sucederá lo mismo con estas otras dos medidas, ya que no existe ninguna predisposición gubernamental para actualizar la metodología de ponderación inflacionaria, que se considera significativamente subestimada, según estudios de la Fundación Jubileo y del CEDLA3.

1 De hecho, uno de los principales voceros del movimiento amenazó con volarse con una carga de explosivos en la puerta del Ministerio de Defensa. Aunque tal advertencia parece tener un sentido propagandístico antes que práctico, no debe perderse de vista de que la pérdida de empleo somete a las personas a los más altos niveles conocidos de estrés; en consecuencia, condiciona las formas más extremas de respuesta a la tensión. Recuérdese lo que ocurrió años atrás con el trabajador minero que cumplió su amenaza de volarse en las instalaciones del Congreso. Kristofer J. Fenlason y Terry A. Beehr (“Social support and occupational stress: Effects of talking to others”, Journal of Organisational Behaviour, 15, pp.

157-175, 1994) analizan las reacciones ante la pérdida del empleo.

2 Véase: https://n9.cl/4zqy7 3 Las discrepancias sobre la inflación se presentan en un contexto de crecimiento del PIB boliviano que podría llegar a finales de este año al 5,5%, ubicándose segundo en la región, tan solo detrás del de Panamá, cuya proyección es del 7%. Véase: https://n9.cl/7n1iu

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Los incrementos ratifican la decisión gubernamental de mejorar su aceptación entre los asalariados, que es un sector que se ha sentido desfavorecido respecto a otros en su participación en el gran flujo de recursos que han ingresado a la economía del país durante la última década.

El aumento se complementa con una ostentosa aproximación a la dirigencia de la COB y organizaciones afiliadas, como la de los fabriles, con visibles y exitosos resultados. Por ejemplo, frente al conflicto con los suboficiales, varios dirigentes laborales no han vacilado en salir a escena manifestándose a favor de las posiciones del gobierno.

La tregua lograda con los trabajadores y empleados deja pendientes varios problemas con ese sector, que en algunos casos ya se han exteriorizado y en otros permanecen encubiertos4. Sin embargo, ayudará a reducir algunas de las principales tensiones que se han venido acumulando durante los años en que el MAS es responsable de conducir la totalidad de los aparatos estatales.

Tal alivio no terminará de diluir el sentimiento de inequidad diseminado entre todos los sectores que no son parte del bloque de poder5, ante las continuas evidencias de que quienes lo componen, como la cúpula de los cooperativistas mineros, obtienen extraordinarias transferencias de excedentes mediante la concesión de riquezas naturales (yacimientos mineros, tierras, recursos forestales, etc.), rebajas o exenciones tributarias, subsidios especiales, traspasos y regalos de maquinaria, equipo e instalaciones. de COMIBOL. 4 Uno de los problemas propios de esta gestión gubernamental, y que afecta a decenas de miles de empleados de la administración pública, es el de los “consultores en línea”, que representan a cerca de la mitad de quienes trabajan en el Estado, según cifras proporcionadas por el Defensor del Pueblo. Estos “consultores” carecen de cualquier beneficio social y trabajan frecuentemente en condiciones de notable abuso en cuanto a régimen horario e indefensión ante abusos de toda índole. Véase: http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_ proc.asp?Seleccion=813. Otro problema de estos “consultores”, especialmente durante el primer año de experiencia, son las obligaciones tributarias y las sanciones que enfrentan en esa materia, debido a su total inexperiencia en manejarlas cuando obtienen un NIT. 5 Colonizadores, comerciantes y cooperativistas son los tres principales componentes del nuevo bloque; los cocaleros, con prácticas económicas y sociales que conjugan las de colonizadores y comerciantes, ocupan un lugar central, en alianza con académicos y políticos profesionales que componen la burguesía burocrática estatal. La consolidación de estos sectores se acompaña con la exclusión de otros, como los indígenas.

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El reciente choque en torno a la nueva ley de minería ha exhibido una vez más la magnitud de las recompensas que se hacen a nombre del conjunto de los cooperativistas, pero que se concentran entre algunos de los dirigentes que copan la representación gremial y política del sector. Estos dirigentes participan en la producción ejerciendo la propiedad práctica y efectiva —ya que no legal— de los yacimientos concedidos6.

La pugna en torno a la redacción del proyecto de ley minera ha desnudado contradicciones internas del bloque, magnificadas por la creciente desazón de una parte de los parlamentarios oficialistas que saben que no retornarán a sus curules7. También ha puesto de manifiesto las enormes dificultades del MAS para mejorar la calidad de la gestión de la nueva burocracia que se ha hecho cargo del poder público, a partir del desplazamiento de la que lo monopolizó el medio siglo anterior.

En resumen, las compensaciones salariales alivian las nuevas percepciones sobre desigualdad que pueden arraigarse en las presentes condiciones de aceleración del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas, a las que ha dado lugar el avance económico con el que se identifica la actual gestión de gobierno. Se ha institucionalizado la distribución de recursos naturales (y, con ello, el patrimonialismo) como complemento o sustituto de fuentes ingresos de diversos sectores (cooperativistas, campesinos e indígenas, entre otros).

6 El gobierno ha concedido 372.278 hectáreas a los cooperativistas (véase: http://www. defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=813) en los últimos siete años, además de millones de dólares en instalaciones, equipos y maquinarias de COMIBOL. También ha priorizado el predominio de las actividades extractivas y ha oficializado su antagonismo con los “ecologistas”, como los denomina en sus discursos de condena el presidente del Estado, al subordinar el uso del agua a las necesidades de las actividades mineras.

7 Por la experiencia de 2010, ya saben que la rotación de puestos, propia de la democracia comunitaria, no se aplica a los cargos de presidente, vicepresidente y ministros, pero, en compensación, afecta a la casi totalidad de ls parlamentarios del partido de gobierno. Este comportamiento también es un mecanismo para preservar la lealtad de nuevos dirigentes de organizaciones sociales, quienes han adquirido la idea de que su paso por el Legislativo es parte de sus derechos naturales y de la “indianización” y “descolonización” del Estado, al menos como la concibe el vicepresidente (véase: Álvaro García Linera, El oenegismo: Enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal), La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).

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¿Bienestar económico, indisposición moral?

El optimismo de los encuestados, visible en la casi totalidad de estudios y sondeos de opinión sobre las expectativas de mejoría de situación económica en el futuro inmediato, es mucho más fácil de medir que las reacciones ante la avalancha de informaciones sobre extorsión, nepotismo, prebendalismo, uso indebido de recursos y bienes estatales que se han instalado como dueños absolutos de la escena noticiosa del año, compitiendo con las novedades cotidianas referidas a la quiebra y entrega total del aparato judicial y de los fiscales a la voluntad del poder político (y económico también).

La mayor parte de los estudios de opinión carecen de preguntas referidas a la materia, y cuando existen, se orientan a interrogar genéricamente sobre confiabilidad institucional o cuestiones afines. Además, es habitual que los encuestados o entrevistados sean elusivos o ambiguos en responder a preguntas frontales sobre temas que, de alguna manera, el público considera riesgosos8.

En este cuatrimestre las sospechas se han extendido a los principales representantes del Órgano Ejecutivo, señalados de amparar la concesión irregular de contratos a allegados, incluyendo parientes, por una parte, y a controlar importantes inversiones, no registradas a su nombre, pero manejadas como de su entera propiedad9.

Estos escándalos se agregan a una larga cadena, en la que destacan lo ocurrido con la empresa Catler, que le costó la cabeza al segundo jefe del MAS y presidente de YPFB en 2008, la inminente pérdida de las ya pagadas barcazas chinas y el descubrimiento de mallas de extorsión conformadas 8 Es bien conocida la proverbial cautela de los bolivianos respecto a diversas cuestiones, entre las que destacan las preferencias electorales. Esto resta precisión a los resultados de sondeos referidos a esas cuestiones.

9 La concesión por invitación directa del servicio de refrigerios para la aerolínea bandera, en el primer caso, y el manejo de una extensa red de medios masivos de difusión, a la que se refiere el texto Control remoto, del periodista Raúl Peñaranda (La Paz, 2014), en el segundo. Los tres o cuatro millones de dólares del contrato de BoA son, en cualquier caso, una minucia frente a otros de altísimos montos, como el teleférico La Paz-El Alto, y aún mayores, como el fracasado convenio con la empresa Hydrochina para la construcción de la represa Rositas en el Río Grande (http://www.eldeber.com.bo/oferta-electrica-crece-peroproyecto-rositas-se-demora-/140413214212)

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por los principales asesores jurídicos y altas autoridades del Ministerio de Gobierno, y el denominado “INRA segundo” (o más bien clandestino) que funcionaba en Santa Cruz concediendo tierras discrecionalmente.

La huida del hasta hace poco todopoderoso fiscal del “caso terrorismo” ha impactado seriamente en el gobierno, que teme la caída del complicado andamiaje que le permitió neutralizar a la corriente más radicalizada y violenta de la oposición en el año 2009. Y es que, además de debilitar la credibilidad de la acusación, pone de manifiesto, nuevamente, el fracaso de la reforma judicial y la ausencia de algún cambio en el desempeño de la Policía.

Nuevos movimientos sociales La protesta de suboficiales y sargentos subraya la utilidad de distinguir entre movimientos sociales y organizaciones sociales. Estas categorías, que suelen usarse como idénticas por muchos autores, se confunden deliberadamente en el lenguaje de los teóricos gubernamentales para justificar expresiones como “gobierno de los movimientos sociales”.

Nos referimos aquí a los movimientos sociales que serían exclusivamente las manifestaciones de acción directa propias de las limitaciones o fallas del sistema de representación10, tan frecuentes entre finales del siglo anterior y 2005 en nuestro país. Con la recomposición del sistema de representación, la cantidad de movimientos sociales ha decaído notablemente, pero el gasolinazo, algunas protestas regionales o las marchas indígenas han demostrado que hay espacio para ellos, pese a la férrea unidad entre el partido de gobierno y la gran mayoría de los dirigentes de organizaciones sociales11.

La movilización de militares de baja graduación es un movimiento social característico, en el que destaca la protagónica participación de las esposas. Este movimiento social recupera las bases del proceso constituyente, 10 Entendiendo como tales no solo a los partidos y otras organizaciones políticas habilitadas legalmente para presentar candidaturas a puestos públicos electivos, sino también a sindicatos, asociaciones de productores, comités cívicos y todo tipo de organización gremial y corporativa.

11 Las organizaciones sociales son permanentes, necesariamente sectoriales, jerárquicas, más o menos burocratizadas, en contraste con los movimientos sociales, necesariamente efímeros, eventualmente multisectoriales, horizontales y poco o nada burocratizados (Roger Cortéz, El sistema de representación en Bolivia, Santa Cruz: UAGRM, 2011).

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no solo porque reivindica una aplicación consecuente de la Constitución, sino porque desnuda contradicciones de fondo que enfrenta el Estado, a partir de la congelación de las transformaciones políticas y, especialmente, de la descolonización y aplicación de la pluralidad, convertidas exclusivamente en referencias retóricas o simbólicas.

Cuestiona también, de hecho, la llamada “doctrina militar”, defendida con gran ahínco por los gobernantes y comandantes militares, aunados en un bloque sin fisuras, demostrando que dicho concepto no es más que la completa continuidad conceptual y práctica del aparato estatal represivo, incongruente con el pacifismo y la reconversión integral del Estado que dispone la carta magna.

Sin importar que muchos de los integrantes del sector que hoy día protesta, o todos ellos, seguramente ejerzan en su práctica social cotidiana las conductas verticales y autoritarias (hacia abajo y hacia arriba) que hoy cuestionan y proponen reformar, queda claro que el movimiento recupera la línea democratizante de las movilizaciones populares.

A pesar de que las tendencias predominantes apuntan hacia la desactivación y sometimiento de la movilización, esta tiene los componentes necesarios para impactar y dejar huella. Si, inesperadamente, el movimiento encuentra la ruta para no ser desarticulado, el tiempo que se tarde en atender sus demandas afectará la estructura estatal, tanto más seriamente cuanto más se demore en ello. Por lo pronto, es posiblemente la única movilización que puede mellar el puntaje electoral del oficialismo porque la represión a sus componentes toca fibras de amplios sectores populares, principalmente campesinos y migrantes del campo12.

Acciones opositoras y escenarios prospectivos Los partidos que compiten con el MAS se están esforzando en superar la inocuidad que ha caracterizado sus acciones. De esa manera, UN ha anotado dos importantes denuncias (la defraudación de impuestos en expor12 El “caso Macororó”, de 2003, que mostró al ministro de Defensa Teodovic, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, “regalando” la fuerza de trabajo de conscriptos a empresarios agroexportadores, dio la campanada final de la caída del ancien régime al proyectar una imagen de regresión total de los cambios de 1952, con los hijos de campesinos reducidos nuevamente a las prácticas serviles de antes de la Revolución.

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taciones de amalgamas y residuos de oro y el contrato de catering de BoA), al mismo tiempo que ha consolidado su presencia hegemónica en el Frente Amplio (FA), al imponer la realización de la consulta para elegir candidato, porque el suyo no tiene adversario viable entre los otros componentes de la coalición.

La convergencia del MDS (ex Verdes de Santa Cruz), sus aliados benianos y el MSM, se ha ganado, sin duda alguna, el sitio que corresponde al hecho más novedoso del panorama electoral, al haber aproximado a corrientes de orígenes ideológicos prácticamente antagónicos, aunque de extracción social muy similar: clase media urbana. Lo inesperado de esta convergencia no se traduce hasta ahora en un potenciamiento electoral, ya que los últimos sondeos muestran una intención de voto casi constante, que mantiene la ventaja del oficialismo por encima de la que equivale a sumar a sus tres inmediatos seguidores (FA, MDS y MSM).

La posibilidad de que la aproximación entre el MDS y el MSM cristalice en un acuerdo electoral tiene como consecuencia que la aparentemente descartada unidad opositora pueda volver a debatirse. Sin embargo, de momento no terminan de aclararse los términos en que podría viabilizarse, especialmente en lo que hace a las candidaturas que la presidirían, ni se manifiestan señales que demuestren que la concurrencia de todos garantice un incremento perceptible de la intención de voto.

Las acciones más resonantes de la oposición no han llegado al punto de alterar la relación de fuerzas vigente; el que esto ocurra sigue dependiendo de la evolución de los conflictos sociales. De allí que —pese a la acumulación de frentes de confrontación y desgaste— la tendencia central del proceso siga apuntando a un triunfo del oficialismo el 12 de octubre.

Abril de 2014

Cumbre de la hegemonía del MAS Este segundo análisis de coyuntura del año se realiza en dos entregas: la actual y una segunda, que se elaborará después de realizadas las elecciones nacionales del 12 de octubre. De modo que en esta ocasión lo electoral merecerá una mención secundaria porque dicho asunto será abordado de forma exclusiva en la siguiente entrega.

El sistema de representación política La inminencia de las elecciones concentra la atención colectiva en los partidos, predisponiendo a que se olvide la importancia de otros componentes del sistema de representación1. Sin embargo, en esta oportunidad el empeño exhibido por el gobierno para reclutar o consolidar el respaldo de diversas organizaciones sociales ha vuelto a poner de manifiesto su importancia como parte del funcionamiento del sistema.

La importancia que se le ha otorgado desde el bando oficial a la formalización de su alianza con la Central Obrera Boliviana (COB) ratifica la preocupación que le causaba la proliferación de señales sobre la sensación de discriminación que han estado experimentando varios sectores asalariados. Una de las causas es la distribución del excedente; la otra, el sesgo de las autoridades hacia grupos como los cooperativistas cuando sectores asalariados entran en conflicto con ellos.

El acuerdo suscrito con la COB y la cuota parlamentaria que le otorga busca reforzar el incremento salarial extraordinario, que significa repetir el pago del doble aguinaldo, para restañar heridas y mejorar la performance de votos que se busca entre los trabajadores que venden su fuerza de trabajo.

1 En un análisis anterior se ha desarrollado la idea de que dicho sistema involucra, en el caso boliviano, a diversas organizaciones corporativas, sindicales y sociales, además de algunas ONG, medios de difusión masiva y otros.

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Tan o más importante es que el partido de gobierno busca cerrar, con el convenio político con la COB, el control que ostenta sobre las principales organizaciones sociales del país. Aunque nunca dejó de ejercer una considerable influencia sobre la mayor confederación sindical, la relación se había desgastado, y en algún momento llegó a ser manifiestamente tensa.

Este es un pasivo que los estrategas de la reelección no querían arrastrar, pese a que, con toda probabilidad, están advertidos de que ni en sus épocas de mayor gloria la COB alcanzó a tener el predicamento necesario para ser un factor de peso sobre la decisión de voto de sus afiliados.

Después de haber reducido implacablemente las disidencias entre los indígenas, por ejemplo, mediante la persecución o la simple división, se ha apostado al valor simbólico de contar con el respaldo de la que en algún momento fuera la organización unitaria de los trabajadores.

Si se complementan las observaciones previas con las extraordinarias dificultades que encuentran todos los partidos y coaliciones de oposición para siquiera alcanzar presencia y organicidad efectivas en todo el territorio nacional —a lo que hay que agregar sus muy limitadas chances electorales, amén de la disminución de ONG críticas y el manejo de un enorme aparataje mediático—, vemos perfilarse una línea de horizonte en que el MAS, como partido dominante en lo electoral, hegemónico en lo ideológico y conductor de las direcciones de la mayoría de organizaciones sociales, consigue copar casi en su totalidad los canales del sistema de representación.

Esta situación incrementa en lo inmediato su capacidad de maniobra y control. Pero a la larga, y en cuanto se le presenten coyunturas desfavorables, se convierte en una importante vulnerabilidad, puesto que expone y amplifica las debilidades de una estructura construida principalmente con base a concesiones y licencias de corte corporativo, prebendal y clientelar.

Este tipo de agregación de intereses se agrieta con relativa facilidad y predispone a la proliferación de manifestaciones de indisciplina.

Señales de escasez Es en la dimensión económica donde resulta más probable que se registren choques entre los muchos y heterogéneos intereses, ahora coaligados bajo la conducción gubernamental. Por lo tanto, ese el espacio en el que, de

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preferencia, se expresarán las posibilidades de nuevos giros y apertura del abanico político.

Desde hace por lo menos tres años los organismos financieros internacionales vienen pronosticando descensos y frenazos en los países emergentes, que efectivamente se han cumplido, aunque por lo general con efectos menos intensos que los anunciados.

Se han ratificado, de manera unánime2, iguales presagios para el próximo año, con el agregado de que la tendencia a la baja del precio del petróleo y derivados se ha consolidado, pese a todas las turbulencias originadas en Oriente Medio y el conflicto de Ucrania. Esto tiende a impactar frontalmente a economías ultradependientes de la exportación de hidrocarburos.

A ello se suma, en nuestro caso, el que ha traído la baja de cotizaciones de minerales.

Los problemas de las economías de Brasil y Argentina3 nos tocan muy de cerca debido a los múltiples vasos comunicantes que mantenemos con esos países.

Por estas razones, no cabe duda de que las turbulencias económicas constituirán el máximo reto para el plan de nueva reelección, eventualmente indefinida, que concentra la energía de las acciones gubernamentales a partir de su certeza de conseguir un triunfo rotundo en el torneo del 12 de octubre.

Apertura de oportunidades El desarrollo de la campaña electoral ha dado lugar a que cuestiones postergadas de la reforma intelectual y moral —que han sido parte significativa del proceso constituyente— recuperen actualidad e impulso. Tal es el caso de la lucha para contrarrestar y erradicar la violencia contra las mujeres (al alza en gran parte de América Latina), que ha saltado al primer plano como arma de agresión electoral. El carácter instrumental y altamente oportunis2 Véase: https://n9.cl/xy6z3; también: https://n9.cl/2u3lv; y, de la CEPAL, https://n9.cl/i3av6 3 Esta última, con muy altos niveles de incertidumbre por la rapidez de la evolución inflacionaria, la crisis de pago con los fondos buitre y la imprevisibilidad del resultado de la elección general del año próximo. El inesperado ascenso de Marina Silva en el Brasil también introduce algunos interrogantes para nuestra relación con ese país.

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ta con que lo emplean los contendientes partidarios limita objetivamente la posibilidad de conseguir cambios drásticos a corto plazo.

Sin embargo, no debe subestimarse, y menos desperdiciarse, la sensibilización y relevancia que ha adquirido la cuestión, abriendo espacio a iniciativas que, desde la sociedad civil, incrementan la demanda de que los compromisos estatales para atender esta situación superen la superficialidad y el descuido actuales.

Lo mismo puede decirse de un tema muy vinculado al anterior: la explosión ampliada de los problemas que confronta la administración de justicia. El gobierno aborda el problema no exactamente priorizando la profunda insatisfacción social sobre esta cuestión, sino como una oportunidad para ajustar y blindar su completo control sobre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Debido a que las demandas sociales se contraponen francamente a dicho enfoque oficial, se pueden vislumbrar significativas oportunidades si se atienden, canalizan y apoyan tales expectativas sociales.

Las fronteras de la consolidación hegemónica La inminencia del triunfo oficialista, y la incapacidad esencial de sus contendores para enfrentarlo, subraya el auge de la potencia política e ideológica del MAS, que rebasa el plano de la conducción del gobierno y del Estado y se afirma en el espacio de las prácticas, creencias y comportamientos colectivos.

La ausencia de proyectos alternativos consagra la hegemonía4 del partido dominante, tanto respecto a la convergencia, unidad y representación efectiva de los intereses estratégicos del bloque dominante, cuanto a su capacidad de aparentar la representación del conjunto de la sociedad, incluyendo la de los sectores subalternos y oprimidos.

Pero, puesto que dicha hegemonía se ha montado sobre una narrativa y un lenguaje forjados en auténticas luchas populares, seguir representándo4 Se emplea aquí la noción de hegemonía como “consenso activo”, es decir, la creencia de que cierta dominación es no solo inevitable, sino también necesaria e, incluso, deseable.

Tal acepción es antagónica al uso del término ‘hegemonía’ como equivalente a ‘imposición’.

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las, al mismo tiempo que se transgrede cotidianamente sus contenidos en diversos ámbitos5, lleva a que el ascenso hegemónico se vea socavado por incongruencias tan marcadas que configuran una temprana decadencia de la fortaleza y la moral del aparato político que ha sabido capitalizar la movilización y las expectativas populares.

Eso hace que sus planes para prolongar (de ser posible, indefinidamente) su ejercicio y control del poder pasen a ser su flanco más vulnerable en los siguientes meses.

Septiembre de 2014

5 Participación y control social, transformación productiva, descentralización, autonomía, autogobierno y desarrollo armónico con la naturaleza, para citar algunos de los vacíos y mayores contradicciones en la transformación iniciada.

Triunfo anunciado En un análisis previo en el que se consideró las perspectivas del proceso electoral, se dio por hecho el triunfo de la fórmula oficial. Con base a los estudios de opinión sobre intención de voto y aceptación de la gestión de gobierno y principales autoridades, se pensó que era bastante probable que los reelectos consiguiesen una votación porcentualmente más próxima a la que lograron en 2005 que a la de 20091.

Ha sucedido, sin embargo, que los votos del MAS quedaron casi al medio de los que consiguió en ambas oportunidades. Obtendrá cerca de los 2,9 millones de votos a su favor en la anterior elección nacional, si es que se validan el “conteo rápido” y las proyecciones hasta el 15 de octubre. La novedad es que asciende al primer puesto en todos los departamentos, excepto en Beni.

La incertidumbre respecto a si este resultado alcanzará para que controle dos tercios en ambas Cámaras legislativas es, en gran parte, artificial y retórica. Aunque la diferencia fuese uno o dos diputados más que en las anteriores, la experiencia demuestra palmariamente que el MAS domina todas las artes para triunfar en cualquier votación legislativa2 y, desde luego, y con toda seguridad, en las más importantes.

Por otro lado, la lealtad de sus votantes ha quedado tan manifiesta que, desde un inicio, anula los intentos de explicar los resultados con razones “técnicas” (diversas modalidades de fraude, publicidad masiva y anticipada, uso de recursos estatales, etc.). En general, esta manera de interpretar los hechos obvia tener en cuenta los factores esenciales de la victoria oficial.

1 Véase el análisis titulado “Popularidad a prueba de fuego”, de mayo de 2013.

2 Hay que agregar a los antecedentes parlamentarios de la legislatura 2010-2014 las instantáneas conversiones de militantes ajenos, que hasta un día antes de pasarse a sus filas les juraban repugnancia eterna, como la diputada de CN y luego vocera del PDC que pasó a ser una devota oficialista pocos días antes de la elección en Santa Cruz.

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Estos factores decisivos pueden resumirse en: i) aprobación a la gestión económica (control de recursos naturales, redistribución de excedentes, alta inversión pública, descenso del desempleo abierto); ii) identificación cultural y étnica de buena parte de los electores con el jefe de Estado; iii) cumplimiento de la mayor parte de los compromisos electorales previos (nueva CPE, nacionalización, etc.); iv) política exterior no subordinada a EE. UU., propuesta marítima innovadora; y v) apertura y ampliación de derechos y posibilidad de participación política para importantes sectores sociales, anteriormente excluidos o desconocidos por el Estado.

Lo anterior no significa que los electores hayan perdido una capacidad crítica que los lleva a negar los significativos y recurrentes indicios de comisión de delitos, errores y fallas de muchos funcionarios, incluyendo a los de mayor rango3. Se trata, más bien, de un comportamiento ampliamente extendido en todo el planeta que se caracteriza por la habitual preferencia por lo conocido, mucho más cuando hay posibilidades de que un cambio pueda venir acompañado de turbulencias económicas y políticas. Esto predispone a pasar por alto las faltas reales o presuntas, especialmente cuando la opción seleccionada compite con propuestas ya conocidas e intrínsecamente desacreditadas en la mayor parte de los casos.

La franja de los electores esencialmente inmunes a aceptar las críticas, sin importar lo fundadas que estas sean, se reduce probablemente a menos de la mitad de quienes han persistido en favorecer con sus votos al oficialismo; más concretamente, son quienes subordinan su decisión electoral a consideraciones identitarias, antes que a las ideológicas o prácticas4.

La preservación del capital electoral y la consecución plena del conjunto de objetivos de su estrategia en esta fase otorga a los gobernantes una cómoda base para avanzar a su segunda etapa, que consiste en consolidar las posibilidades de preservar el control del Estado como mínimo hasta 2025.

3 “Gasolinazo”, represión a indígenas, redes de extorsión, gastos fallidos (Papelbol, barcazas, etc.) y excesivos, en una lista preliminar y no exhaustiva.

4 El escaso peso de lo ideológico en estas elecciones se ha verificado por la alta tolerancia de los electores a “acuerdos inéditos” de casi todos los frentes competidores, sumada al importante porcentaje de quienes respondían en los sondeos preelectorales que su segunda opción de voto era, precisamente, el principal rival de la candidatura que apoyaban (es decir, un votante de UD que votaría por el MAS, y viceversa), según el registro de la encuestadora IPSOS.

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Impacto en el sistema de partidos Una de las consecuencias más visibles de los resultados del 12 de octubre es que, mucho más que en los años anteriores, el MAS queda como partido solitario en la escena nacional porque ninguno de los otros exhibe las mínimas condiciones para asegurar su continuidad fuera del ámbito formal.

UD (el segundo en votos) nunca se propuso ser más que un acuerdo circunstancial, y así lo ha recordado uno de sus principales voceros5, por lo que está en duda su reaparición en las elecciones regionales.

Pero —dejando para más adelante el análisis de lo estrictamente referido a los partidos— se corrobora en este punto que el MAS, aparte de haber escalado más allá de su rol previo de partido dominante, concentra hoy en sus manos el control del conjunto del Estado, así como de los principales mecanismos de representación política, formales e informales, incluyendo a las principales organizaciones sociales y corporativas y a buena parte de las empresas y cadenas mediáticas más influyentes6.

Dicha capacidad puede facilitarle la gobernabilidad y el manejo de conflictos que surjan en el desenvolvimiento de su gestión. Sin embargo, en situaciones de crisis declarada, la inexistencia de canales para expresar demandas, descontento o propuestas incrementa las posibilidades de que los conflictos de alta intensidad deriven fácilmente en estallidos7. La ineficacia del sistema de representación es una segura incubadora de movimientos sociales (no de organizaciones sociales, con las que se los suele confundir), como hemos observado en la historia de nuestro país, en especial la más reciente.

5 Véase:http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/10/14/alianza-solo-para-comiciosnacionales-35222.html 6 En su publicación de 2013 Control remoto, el periodista Raúl Peñaranda aporta amplia información respecto al control gubernamental sobre cadenas televisivas, el matutino La Razón y varios otros medios.

7 La movilización que a inicios de 2010 protestó contra el “gasolinazo” y, finalmente, lo frenó es un típico ejemplo de estallido por falta de ruta de expresión. A los partidos opositores no les dio ni la talla ni la celeridad para responder, mientras que del Parlamento o de las organizaciones sociales controlados por el MAS no llegó a levantarse ni una sola voz sintonizada con la reacción popular.

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El debilitamiento del sistema de representación, debido al control que ostenta sobre él el partido de gobierno, se expresará también en pugnas y fracturas internas de sindicatos y otras organizaciones sociales; en algún momento, estas pueden alcanzar el mismo centro monopólico de poder en que se está convirtiendo el MAS. El incremento de inestabilidad dentro las organizaciones sociales puede dar lugar a su largamente postergada reforma interna, o a un prolongado debilitamiento y mayor pérdida de representatividad.

Las elecciones que vienen El hecho de que el MAS sea la única organización política con presencia nacional no le garantiza replicar los resultados de este mes en las elecciones regionales del año próximo. Es lo que nos muestran múltiples y persistentes experiencias previas, según las cuales es probable que experimente una merma de entre un cuarto a un tercio del apoyo que acaba de obtener8.

Esto, a pesar de haber incrementado su posición de ventaja, ante el debilitamiento extremo de sus rivales.

Es decir que debe entenderse que el resultado de octubre no se calca automáticamente en las elecciones municipales de La Paz, por mencionar un caso, incluso en la eventualidad de que el MSM pierda su personería jurídica. En el otro extremo, los resultados del Partido Verde9, con lo inesperados que puedan considerarse, no le garantizan éxito ni donde ha obtenido mejor votación.

La estrategia oficial se impuso principalmente gracias a que los partidos opositores carecieron, en mayor o menor medida, de la objetividad suficiente para entender que, al no tener chance para ganar el gobierno, podían concentrar fuerzas en la disputa parlamentaria inscribiendo a sus principa8 Así ocurrió en 2005 con la elección de prefectos el mismo día de la elección nacional, y en 2010, a pocos meses del triunfo nacional de finales del año anterior. La revisión de experiencias previas exhibe el mismo comportamiento, cualesquiera haya sido el partido ganador de la contienda nacional.

9 Se arriesga aquí la hipótesis de que la mayor parte del muy significativo apoyo que ha obtenido el PV se debe a la memoria y al sentimiento de alerta que provocó, y que aún despierta, la lucha de los pueblos del TIPNIS y al eco que lograron los pueblos indígenas (expulsados del bloque de poder) en sectores sociales urbanos, así como a la creciente influencia de causas y conflictos por la destrucción y deterioro de la naturaleza y el medio ambiente.

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les referentes en candidaturas para legisladores. Esto, en vez de desgastarse en la disputa por encabezar las alianzas o coaliciones10.

Las elecciones regionales son un campo de lucha altamente diferenciado del nacional. No se trata de mundos separados, pero está probado que el pragmatismo de los electores llega a lo superlativo en las elecciones regionales11, por lo cual es altamente probable que en ellas se produzcan nuevos e inesperados acuerdos, trituradores de cualquier frontera ideológica. Más importante todavía es que los electores se muestran muy abiertos y sensibles a la influencia de personas que consideran más próximas y accesibles, como ocurre con una importante proporción de dirigentes regionales y locales12.

La agenda que se abre La completa falta de claridad de la oposición política la privó de apuntar a las grandes falencias del gobierno para cumplir los principales mandatos que recibió. La construcción de una economía plural, la democracia intercultural, la descolonización, la descentralización, la autonomía, la participación, el control social o el vivir bien son a la fecha enunciados o simples frases; su consecución está, cuando no retaceada o congelada, postergada indefinidamente.

El MSM se refirió a estos temas circunstancial y entrecortadamente. No lo hicieron la UD ni el PDC, que representan a la franja electoral más hostil y desconfiada a las transformaciones que se han realizado, y cuyas jefaturas no entienden que la posibilidad de conducir alguna vez el Ejecutivo continuará bloqueada si no se proponen entrar en contacto, relación y cercanía con una porción del electorado que apuesta ahora por el MAS. 10 Un acuerdo entre el MSM y el PV, encabezado por la candidatura de este último, y con una lista de candidatos a legisladores que incluya al ahora exjefe del MSM, sirve como imagen para especular el giro que pudo experimentar la reciente pugna electoral si los opositores, sin necesidad de aglutinarse en un bloque único, escogían al Legislativo como el principal objetivo y campo de batalla.

11 Factor clave para entender por qué el actual alcalde Santa Cruz de la Sierra correrá con tan grandes posibilidades de reelegirse, con el respaldo del MAS, sin importar todas las acusaciones contra este funcionario en materia de corrupción y agresión contra las mujeres.

12 Las votaciones en Beni, Chuquisaca y Tarija muestran una vez más que es más fácil encontrar evidencias de influencia de dirigencias regionales sobre la elección nacional a que los electores obedezcan a quienes eligieron como dirigentes nacionales, si estos tratan de cambiar sus preferencias locales o regionales.

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Para los reelegidos, los principales retos que deberán encarar son: i) la disminución de ingresos que afrontará el país, a consecuencia de la disminución de precios de los hidrocarburos y minerales; y ii) las pugnas internas de su aparato de sustentación política.

Los organismos financieros internacionales, las consultoras internacionales más publicitadas y algunos de los gurús económicos más frecuentemente citados apuestan unánimemente a que la disminución de precios de las materias primas afectará a todos, y que será muy marcada y sostenida.

Sus pronósticos se han estado cumpliendo más lenta y menos intensamente de lo que esperaban; pero incluso bajas menores y no muy prolongadas tienen efectos mayores en economías como la nuestra. Una menor disponibilidad de recursos espolea las luchas sectoriales que conocemos y puede, además, reavivar las aletargadas reivindicaciones de autonomía en todos sus niveles.

Las demandas de igualdad, no circunscrita a movilidad social por mayores ingresos —como son los crecientes reclamos ante el avance de la violencia contra mujeres y menores—, seguirán creciendo. En este mismo espacio se inscriben las luchas indígenas por ejercer los derechos que les reconoce la CPE, y que les son recortados, cuando no negados13. Esta situación puede profundizarse por la posibilidad de que se dé nuevo impulso al proyecto de carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y que se lleven a la práctica los anuncios presidenciales de “revisar” la situación de varias tierras comunitarias de origen (TCO).

En suma, la menor disponibilidad de ingresos dificultará el cumplimiento de varios compromisos electorales, frente a una sociedad más dispuesta a incrementar sus demandas que a resignarlas. Esto incluye una tendencia a que se exacerben querellas corporativas (por ejemplo, cooperativistas contra trabajadores asalariados o colonizadores versus pueblos indígenas), además de reivindicaciones sectoriales y regionales.

Octubre de 2014 13 La división de la CIDOB y la CONAMAQ, impulsada por el gobierno central, la represión a dirigentes y bases en el TIPNIS y el manejo de las consultas previas son algunos antecedentes de este problema.

Panorama después de las elecciones nacionales El cierre del año subraya la importancia de los temas que se vislumbraban como los que marcarán la agenda de inicios de 2015: la disminución de ingresos fiscales; las elecciones regionales y el declive del sistema partidario; las convulsiones del aparato administrador de justicia y el auge de la violencia contra mujeres y menores.

La caída de precios de materias primas, especialmente los del petróleo, que aparentemente puede cerrar el “superciclo” de precios, tiene visos de ser parte de movimientos —algunos explícitos, otros soterrados— dirigidos a reajustar la correlación internacional de fuerzas del período unipolar que benefició a EE. UU. desde la finalización de la Guerra Fría.

Los planes de la potencia para recuperar su autosuficiencia energética y conquistar mercados de exportación, gracias a sus grandes reservas de gas no convencional, y a su más rápida recuperación de la crisis financiera de 2008 en comparación con Europa, tienen una influencia determinante en la reconfiguración de los mercados de materias primas, y ejercen una presión considerable sobre exportadores de petróleo como Rusia, Venezuela, Ecuador y Brasil, entre otros1.

Las maniobras de reordenamiento y ajuste de las cuestiones de poder internacional seguirán pesando más que las gravísimas advertencias en torno a que los desequilibrios ambientales2 están por alcanzar —si no lo han 1 Para referencias, véase: http://www.blogscapitalbolsa.com/article/4877/proyecciones_ del_banco_mundial_para_los_precios_de_los_commodities_en_2014.html; https://duckduckgo.com/?q=a+quines+perjudica+precios+petroleo+el+pais; http://www.paginasiete. bo/ideas/2014/12/7/cuan-larga-sera-caida-precio-petroleo-40335.html 2 Véase: http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/onu-entregara-pruebasconcluyentes-responsabilidad-hombre-cambio-climatico

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hecho ya— niveles irreversibles. Al pronóstico de serio retroceso regional económico para el próximo año, ha de agregarse el especial impacto que sufrirán economías como las de Brasil, Venezuela, Argentina3 y Ecuador, componentes clave del conjunto de países más respondones a la preponderancia estadounidense en la región.

¿Invulnerables?

Cuando se inscriben en ese cuadro, las expresiones y decisiones de nuestro zar económico, el ministro del área, resultan mucho más llamativas y desafiantes ya que, según su interpretación, las previsiones oficiales de que el PIB crecerá en un 5,9% durante el año siguiente se mantendrán tal cual, pese al retroceso internacional de los precios.

Así, con aplomo imperturbable, ha contradicho a algún colega del gobierno y ha tildado de “mezquina” la estimación de la CEPAL4 respecto a que el techo de nuestro crecimiento sería un 5,2%. Su principal argumento es que ya en el año 2008 superamos una situación aún más adversa, cuando el barril de petróleo cotizó en 30 dólares, y que “dependemos poco” del sector externo y mucho de la inversión pública y del “dinamismo de nuestro mercado interno”.

Es mucho más que una discusión teórica porque, dependiendo de lo prolongado e intenso que sea el retroceso de precios (de hidrocarburos, minerales, soya), se instalará, o no, una coyuntura de escasez que pondría a prueba la solidez del modelo económico, que exhibe hasta ahora un rendimiento muy favorable5 respecto a algunos vecinos, especialmente grandes exportadores de materias primas, como Venezuela, Brasil o Argentina.

3 Expuesta, además de a una inflación pujante, a las maniobras de los fondos buitre.

4 Véase: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ministro-deeconomia-de-bolivia-pib-superara-proyeccion-de-organismos-int 5 Aparece en cambio peor parado, al situarlo en un cuadro comparativo con el conjunto de países de la región, durante la última década, dado que si bien los avances en materia de disminución de pobreza, acceso a servicios y otros índices sociales son incuestionables y merecieron el respaldo político verificado en la última elección, no alcanzan para sacarnos del antepenúltimo lugar de la tabla. Véase: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_ Complete.pdf

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La firmeza oficial no ha quedado en las palabras, y su intransigencia en rechazar la postergación del pago del segundo aguinaldo es una clara evidencia de que se ha propuesto mantener su mensaje a toda costa, para también capitalizarlo como un activo para las elecciones de marzo.

Aunque de momento nadie sale a debatir con firmeza y persistencia la posición oficialista —debido, probablemente, a que la duración y profundidad de la caída de precios sigue siendo un enigma, y a que casi todas las veces anteriores los pronósticos pesimistas de expertos y opositores salieron malparados—, hay consenso, incluso entre miembros del oficialismo, respecto a que nuestra presunta inmunidad sufriría, primero, y terminaría resquebrajándose, a continuación, si la baja se mantiene estable o si empeora durante más de un semestre.

Las fronteras del dibujo libre Conocedor de los riesgos que se ciernen sobre el clima de estabilidad —pese al discurso de su principal vocero económico (no contradicho, pero tampoco respaldado por sus superiores)—, el MAS se propone obtener la mayor ventaja posible en la disputa electoral subnacional.

Concurrirá a la cita con los reiterados antecedentes, confirmados por las experiencias de 2005 y 2010, de que sus votos disminuirán hasta en un tercio respecto a lo obtenido en las nacionales6. Será un combate que le presentarán un mínimo de 150 frentes regionales (algunos armados por UN, MDS y PDC) y “agrupaciones ciudadanas”, según ha contabilizado el diario La Razón del 7 de diciembre de 2014.

Para las elecciones de 2015, sus posibilidades de incrementar su control sobre las gobernaciones se concentran en Tarija7; Chuquisaca podría 6 En 2010, pese a la mengua de unos 900.000 votos de los que obtuvo en la elección nacional, consiguió ser mayoría en 228 municipios (dos tercios), y ganar seis gobernaciones, pero tragando duras derrotas en los municipios de La Paz, Oruro, Achacachi, Quillacollo y otros a los que consideraba ganados por derecho propio.

7 De momento la disputa entre Carlos Cabrera, candidato masista, y el actual alcalde Montes (proveniente del MIR) parece estar muy cerrada. En Santa Cruz todavía encabeza las preferencias el actual gobernador, pero su victoria está amenazada por la suma de candidaturas (Antelo, Nagatami) que abrevan de la misma franja de votantes que el MDS, encabezado por Costas.

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entrar en zona de riesgo si no resuelve las disidencias internas que objetan la reelección del actual gobernador masista. El triunfo opositor en Santa Cruz permanece como tendencia predominante hasta antes del cierre de inscripciones de candidatos.

Con relación a los municipios mayores (La Paz y Santa Cruz) y otras capitales en las que perdió anteriormente8 (Trinidad, Tarija y Sucre), las opciones se pintan favorables a la oposición, con posible excepción de Oruro.

En la capital cruceña, el MAS cuenta con una estrategia de contingencia basada en su alianza con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra9. Si este se prorroga, como lo prevén todas las encuestas, puede mantener la misma amistosa relación que ha cultivado con el MAS en el último par de años.

Esa posible alianza, ubicada en la centro-derecha —espacio hacia el que se está desplazando el MAS— desagrada tanto al oficialismo como a UN, que se vería en la obligación de empalmarse con ella en condición subordinada. Todo lo anterior es válido mientras la predisposición social mayoritaria siga apostando a la estabilidad y mientras no se produzcan importantes alteraciones económicas (coyuntura de escasez), ni divisiones internas en el MAS y con sus aliados corporativos.

El MAS queda como único partido nacional vigente (con presencia y organización comprobable en todo el territorio del país) que, con la desaparición del MSM y el PV, carece de flanco organizado a su izquierda, mientras que a su derecha ninguna fuerza que carezca de la convocatoria para coaligar a esa franja tiene posibilidades serias de desafiarlo.

La única oposición que puede enfrentar al gobierno en tales circunstancias es una protesta espontánea que logre articular movimientos sociales, al margen de la cúpula sindical y corporativa, integrada en este momento al oficialismo.

8 En La Paz el actual alcalde tiene todas las de ganar, inclusive si UN presenta fórmula; pero esa certeza se debilitaría si aparecen más frentes que dispersen el voto opositor. Es este el enclave electoral que preocupa prioritariamente al MAS, porque asume que una victoria clara de la oposición en La Paz ciudad y Santa Cruz departamento, da pie a que la convergencia entre Revilla-Costas-Suárez, insinuada ya en la elección de octubre, siente bases para un frente opositor de mayor peso de los que ha enfrentado estos años.

9 Al que respaldó en el Concejo y otorgó una “cuota parlamentaria” en sus listas de uninominales, a través de la inclusión de Romy Paz y Carlos Subirana, muy allegados a la principal “operadora” política del alcalde.

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Dichas protestas espontáneas, articuladas al margen de las organizaciones sociales cooptadas por el oficialismo, tendrán un margen relativamente estrecho para apuntarse victorias, en tanto persista la situación de reflujo y pasividad que predomina actualmente. Esta situación se ha manifestado en una votación mayoritaria a favor de la estabilidad, con un claro sello de giro al conservadurismo, y totalmente alejada del “giro a la izquierda, por torsión gravitacional de la curvatura del tiempo-espacio”, como especula el vicepresidente del Estado.

Los movimientos sociales autónomos podrán incrementar su potencia en la medida en que las señales de estabilidad se debiliten y la compactación interna del oficialismo se resienta por causas probablemente originadas en disputas de los sectores corporativos y aliados, por el control de excedentes (en una coyuntura de escasez) y/o de recursos naturales (tierras, yacimientos minerales, agua, bosques, etc.)

Las fisuras El juicio contra los tres miembros del Tribunal Constitucional que se sustancia en la Cámara de Senadores transcurre en un franco tono de opereta, con protagonistas que, de tan previsibles, resultan caricaturescos. Desmayos e internaciones se combinan con un viraje policíaco del Legislativo, enfatizando la agonía prolongada de la administración de justicia, que no se modificará ni con la defenestración de funcionarios ni con el cambio de mecanismos para elegirlos porque, según opinión casi unánime, las causas son múltiples y profundas.

La torpeza con que el partido oficial presiona a los acusados para que se vayan “por su cuenta” o echados por el Legislativo tiene mayores posibilidades de elevar el clima de incertidumbre, desconfianza y desesperación, que conseguir algún cambio que pueda ir más allá de una domesticación total del TCP. Si a lo anterior se añade la proliferación de acciones violentas y crímenes monstruosos contra mujeres y menores, se tiene una situación que seguirá jaqueando al poder, pero también interpelando al conjunto de la sociedad por el atraso de su reforma intelectual y moral.

Derecho a una justicia justa, pronta e imparcial y eficaces mecanismos de defensa y preservación de mujeres y menores contra la violencia y todo

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tipo de abusos, son temas que ya circulan en diversos espacios y que necesitan cohesión, organización y respaldo de la mayor calidad posible.

Diciembre de 2014

Elecciones regionales: primer desmarque aymara Unos resultados electorales regionales portadores de significativas señales sociales, junto con serias inconsistencias institucionales de los organismos electorales; explosión de evidencias incriminatorias de dirigentes que administran fondos públicos, en un contexto de enfriamiento del dinamismo económico y las iniciativas de reforma judicial, son los componentes más visibles del momento actual boliviano.

Lo previsible y lo nuevo La predisposición social de entusiasmarse con las competencias electorales se ha impuesto nuevamente, por encima de un cierto tedio, y prevalecen campañas rutinarias y poco novedosas, tanto en contenido como en forma.

A pesar de que las líneas generales de lo que finalmente ocurrió el 29 de marzo han reiterado fenómenos conocidos, también se han manifestado conductas y tendencias sorprendentes que manifiestan un alto potencial de generar modificaciones y giros.

Por el momento, el foco de la discusión que desarrollan públicamente los principales voceros políticos —tanto del gobierno como de sus oponentes—­ se ubica en un inútil tira y afloja sobre temas redundantes y generalmente engañosos sobre quién será el triunfador absoluto de los comicios o sobre el presunto vuelco masivo de las preferencias electorales.

Respecto a los elementos que podían anticiparse al día de la votación, bien vale rescatar algunos puntos, desarrollados en el análisis de diciembre de 2014, es decir antes de la campaña y de la selección final de candidatos:

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Conocedor de los riesgos que se ciernen sobre el clima de estabilidad —pese al discurso de su principal vocero económico (no contradicho, pero tampoco respaldado por sus superiores)—, el MAS se propone obtener la mayor ventaja posible en la disputa.

Para las elecciones de 2015, sus posibilidades de incrementar su control de gobernaciones se concentran en Tarija1; Chuquisaca podría entrar en zona de riesgo, si no resuelve las disidencias internas que objetan la reelección del actual gobernador masista. El triunfo opositor en Santa Cruz permanece como tendencia predominante hasta antes del cierre de inscripciones de candidatos.

El MAS queda como la única formación política nacional vigente (con presencia y organización comprobable en todo el territorio del país) que, con la desaparición del Movimiento sin Miedo (MSM) y del Partido Verde (PV), no tiene un flanco organizado a su izquierda, mientras que a su derecha no existe organización alguna con la convocatoria suficiente para coaligar a esa franja electoral y, por lo tanto, no le significa desafío alguno al régimen.

A pesar de que era posible anticipar con mucha certeza los principales resultados, tanto partidos políticos como medios masivos de difusión insisten en sobredimensionar el significado y las consecuencias de la merma de votos para el partido de gobierno. Dicha actitud se niega a reconocer que este descenso es la regla en nuestro país, al mismo tiempo que desconoce la ya tradicional inclinación de los electores bolivianos a diferenciar entre sus preferencias en los distintos escenarios2.

1 Según el avance actual del cómputo, la disputa entre Carlos Cabrera, candidato masista, y el actual acalde Montes (proveniente del MIR) parece estar muy cerrada. En Santa Cruz todavía encabeza las preferencias el actual gobernador (Rubén Costas), pero su victoria está amenazada por la suma de candidaturas (Antelo, Nagatami) que abrevan de la misma franja de votantes que el MDS. 2 Además de lo ocurrido en 2010, en 2005 muchos votantes de Morales para la presidencia se inclinaron por Pepe Lucho Paredes para la Prefectura de La Paz, y por otros muchos en varios distritos. Lo mismo sucedió en elecciones anteriores con otros partidos que gobernaban al país. No es menos sugestivo que menos de seis meses después de asumir la conducción del Ejecutivo y ser portaestandarte de la bandera de la Asamblea Constituyente, el MAS obtuviese tres puntos porcentuales menos en la elección de asambleístas constituyentes en 2006.

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Los resultados de estas elecciones regionales (autonómicas) no muestran una deserción brusca y masiva de votantes hacia la oposición, como porfían nuevamente hoy algunos de sus representantes. Tampoco ninguna de sus victorias locales o departamentales convierten automáticamente a esos triunfadores en rivales, a escala nacional, de la única organización política presente y vigente en el espacio nacional. ¿Puede inferirse de lo anterior que no existe ninguna importante modificación social y política? No, porque aunque la correlación general de fuerzas no ha cambiado, ni se ha alterado la tendencia central vigente —que concede amplia ventaja al partido oficial—, sí han surgido nuevos fenómenos y tendencias capaces de alterarlas en un plazo mediato.

Los más destacados han sido descritos en la prensa como la “rebelión aimara que venció al líder indígena”3, en alusión al origen étnico de Félix Patzi y Soledad Chapetón, triunfantes en el departamento de La Paz y en el municipio de El Alto. Dado el peso que tuvo y aún conserva el relato etnocultural con que se autoexplica y legitima el régimen, no puede subestimarse la importancia simbólica y práctica de la triple derrota oficial (incluyendo la de la ciudad de La Paz), aunque no se limita a este espacio.

En estos distritos, el presidente jugó a fondo su capacidad de convocatoria y autoridad, ordenando y exhortando a que no se vote por sus opositores, de manera que, aunque no lo reconozca, dio a estos comicios un carácter plebiscitario que no satisface sus expectativas.

De allí que la reacción oficial ante sus derrotas en La Paz, igual que ante la muy ceñida disputa que se ha verificado en Chuquisaca, es sensiblemente ácida y agresiva, ya que, aun cuando no lo reconozca abiertamente, entiende que reflejan un estado de ánimo sensible o irritable de sectores clave de un electorado considerado particularmente leal al MAS. El hecho de que lo hubiesen respaldado en las asambleas expresa que los vínculos entre representantes y representados están vigentes, pero la rebeldía para acatar las “instrucciones” y amenazas en la elección de autoridades ejecutivas deja claro que no existe una supuesta incondicionalidad.

Por la anterior razón, las explicaciones que solamente toman en cuenta el encanto y atractivo de los candidatos —o su género, como ha pretendido 3 Fernando Molina, periódico El País, España, 1º de abril de 2015.

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el jefe de Estado— son insuficientes, y omiten consideraciones respecto a la opinión del votante sobre la calidad de gestión y propuesta, y a su capacidad de tomar decisiones que pesan en el balance democrático de poderes y fuerzas.

La corrupción, actor electoral y político Ha sido el mismo presidente quien ha puesto en la agenda de debate el tema de la corrupción, al afirmar que la derrota de los candidatos masistas, especialmente para la gobernación de La Paz y el municipio alteño, se explicaría por esa causa4.

No queda claro si esta admisión implica algún grado de conciencia sobre la penetración de las prácticas corruptas en la administración pública, o si simplemente se trata de descargar responsabilidad ante las campañas y acusaciones de “medios de difusión y partidos enemigos”, sin reconocer el problema.

En principio, la inclinación sería por la segunda hipótesis porque, además de que no existe ninguna reacción o respuesta para encarar la corrupción, el partido gubernamental ha defendido a ultranza a los acusados (especialmente a su candidata a gobernadora por La Paz), y continúa oscilando entre la pasividad y el encubrimiento ante el destape de masivos malos manejos en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos (FONDIOC)5, al que en adelante nos referiremos como Fondo campesino, debido a que fueron las organizaciones ese sector, y no las indígenas, las principales beneficiarias de sus recursos (de aproximadamente el 80%).

4 “Lamento mucho que en La Paz hayamos perdido las elecciones. Pienso que ha habido acusaciones, especialmente en la ciudad de El Alto, y en el departamento, muy fuertes en temas de corrupción. Si eso es verdad, quiere decir que el pueblo paceño ha dado voto castigo a la corrupción”, afirmó el jefe del Estado (La Razón, 31 de marzo de 2015).

5 La ministra de Desarrollo Rural y presidenta del Fondo campesino arguye que ella no participó, y que tampoco podía frenar la aprobación de recursos porque estaba en minoría frente a ocho directores (dirigentes de organizaciones sociales) que determinaron el desembolso de más de 1.300 millones de bolivianos, en muchos caos depositados en cuentas personales. De estos desembolsos no existe respaldo documental, según el Contralor, o existe, pero “desordenado y disperso”, según la interventora nombrada por la ministra. Esta última no ha explicado por qué no impugnó esos procedimientos y la falta o debilidad de respaldo documental en los cinco años que encabeza el Fondo campesino.

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La Contraloría General ha elaborado un informe de supervisión que abre el cauce a develar irregularidades, pero lo ha hecho después de la persistente publicación de denuncias desde 2013 y al registro de por lo menos una muerte atribuida al intento de impedir que se esclarezca alguna de dichas denuncias6.

Más allá del peso efectivo que pudieron tener las acusaciones contra candidatos (que también existieron en las elecciones de 2014, con grandes escándalos sobre las redes de extorsión, jefes policiales aprehendidos en el exterior, etcétera, etcétera), o la actuación de tribunales electorales nacional y departamentales (corruptos en el sentido de usar su poder para beneficiar a un determinado grupo), el caso del Fondo campesino toca directamente los métodos y rutinas utilizados desde el Estado para relacionarse con dirigentes de organizaciones sociales.

No hay suficiente información para sostener categóricamente que la permisividad y benevolencia ante muchas y reiteradas acusaciones y hechos —que prueban múltiples actos corruptos en diversos espacios estatales controlados por el MAS— sufra un cambio. Es abrumadora la evidencia de que dirigentes de organizaciones sociales, coaligadas con el gobierno, disponen de una enorme o irrestricta discrecionalidad para manejar fondos públicos (además de su ventajosa posición para acceder a candidaturas y cargos de la administración gubernamental).

No se trata, ciertamente, de una novedad, pero las cifras pueden llevar a pensar en una reacción de alarma y rechazo ante uno de los ejes de una política estatal que se caracteriza por fomentar de prácticas corporativistas abiertas, y que se ha ido fortaleciendo en este sentido7.

6 “Jacobo Soruco Cholima, dirigente campesino de la comunidad 26 de Julio del municipio de San Javier de la provincia Cercado del departamento del Beni, fue asesinado por denunciar proyectos ‘fantasmas’ y la malversación de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC), aseguró el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi” (ERBOL, 23 de octubre de 2014).

7 El más reciente ejemplo de esas prácticas está en la transferencia de recursos financieros a cooperativas mineras, uno de los grupos corporativos más fuertes, ampliamente beneficiados anteriormente con transferencia de recursos naturales (yacimientos), equipos y maquinaria. Los medios acaban de informar que “El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, informó el lunes que las cooperativas habían solicitado ampliar los préstamos del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) y que se estaba proyectando ‘unos 100 millones de dólares para los próximos tres años’. El TGN desembolsará 100 millones de

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El abuso de poder y la apropiación de fondos y recursos públicos para beneficio de grupos, entre los que destacan partidos políticos y organizaciones sociales y corporativas (parte más o menos formal del sistema de representación política), está explotando en todo el continente. Involucra tanto a gobiernos “nacional populares” (Brasil, Argentina, Nicaragua, Venezuela), como a “neoliberales” (México, Perú, Chile). Es un factor que puede volver a cuestionar frontalmente a gobernantes de todo el continente, incluyendo al nuestro, como ya ocurrió hace varios años.

Blindajes y límites De cualquier manera, los contrastes en las elecciones regionales no alcanzan por sí mismos a representar un riesgo para un partido que ha desarrollado una auténtica maestría electoral, y que se aproxima a cumplir una década de control casi absoluto del conjunto de los aparatos de Estado.

Además, muestra sólidas credenciales históricas que justifican su fortaleza; ya antes ha revertido otros retrocesos, y podría hacerlo nuevamente.

Incluso con los elementos novedosos que se han identificado más arriba, incluyendo el desaliento que puede traer la derrota en La Paz y el serio riesgo en Chuquisaca para los posibles planes de organizar un referendo que autorice una relección, las amenazas podrían conjurarse si no convergieran con una disminución de ingresos fiscales y con la proliferación de choques entre fracciones internas del MAS. Sobre lo primero, y después de sostener obstinadamente que la caída de precios de materias primas no nos afectaría, el ministro de Hacienda ha admitido que las expectativas de crecimiento se han reducido casi un punto porcentual para este año8. dólares al FOFIM para canalizar préstamos a las cooperativas mineras ante los precios deprimidos de minerales en el mercado internacional” (periódico El Diario, La Paz, 10 de abril de 2015).

8 La pérdida de “no más de 40 a 60 millones de dólares” para todo este año —que presagiaban ese ministro y el vicepresidente— por la disminución del precio del petróleo, se triplica en solo un mes. Según el INE, en enero de 2015 los ingresos de divisas por la venta de combustibles ascendieron a 385,66 millones de $US, es decir 182,64 millones de $US menos que los 568,30 millones de $US registrados en 2014 (periódico Página Siete, La Paz, 4 de marzo de 2015).

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Resulta insustancial que este funcionario atribuya dicha disminución a “la baja tasa de inversión” de la empresa privada, cuando todos los países latinoamericanos están reajustando sus presupuestos y previsiones por el fin del superciclo de precios de las materias primas, y que en la “Cumbre de las Américas” —que tiene lugar en estos días— las voces de alarma por este motivo se hayan multiplicado.

Los resultados económicos —que acumuló incuestionablemente el modelo económico ecléctico9 practicado en el país— nos brindan un margen de defensa y alivio netamente superiores al de varios otros países del continente. Sin embargo, no alcanzan a constituir el blindaje del que se han jactado los responsables del área.

Los saldos de caja no ejecutados en años anteriores y el respaldo de las reservas internacionales alcanzan para contrarrestar choques durante este año, pero si las tendencias internacionales no se revierten, los efectos adversos crecerán y se magnificarán por los hábitos de la demanda corpo­ rativista.

La vigencia de este riesgo se complica con las fisuras en el aparato político oficial, que se han manifestado en estos meses. Algunos de los rivales más peligrosos que ha enfrentado electoralmente el MAS provienen de sus propias filas; pueden precipitarse nuevos desgajamientos debido tanto a la agudización de contradicciones, como a las revelaciones sobre lo que pudo haber pasado con los fondos del Fondo campesino.

En suma, la escasez (de ingresos y recursos) y las divisiones pueden establecer otro marco ambiental-político y darle una distinta proyección a los avances del mosaico opositor, que deberá resolver su carencia de proyecto, estrategia y estilo para poder crear algún riesgo tangible a su contendiente.

Los temas postergados Mientras se ven indicios de que las reformas de la administración de justicia y de la Policía, opacadas y pospuestas en la coyuntura de elecciones, 9 Me refiero a la combinación de avance estatal en la economía y en las políticas redistributivas con una marcada ortodoxia fiscalista y monetarista, que se ejecuta en Bolivia desde el gobierno a partir de 2006.

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retornarán a la escena, es cada vez más probable que se sume a ellas la demanda de que se extienda también al Órgano Electoral, cuya credibilidad decae a saltos en cada nueva elección10.

La oferta presidencial y de otras autoridades respecto a que se abrirá una fase de consulta y deliberación para encarar la reforma de la justicia —sobre la que escasean propuesta de cualesquiera de los actores e interesados— ha quedado flotando. Queda pendiente verificar si se materializará como recuperación de la iniciativa oficial o si se impondrá como producto de la suma de aberraciones que infaliblemente cometen jueces, fiscales y otros funcionarios del ramo.

Al lado de esta cuestión central, se vislumbra la posibilidad de que las demandas de descentralización y avance de las autonomías vuelvan a perfilarse en el horizonte.

A diferencia de años anteriores, cuando la exigencia de autonomías departamentales esgrimidas por tradicionales grupos de poder regionales ocupaba el centro de ese campo de lucha, se abre la opción de que nuevos actores, desde otros espacios territoriales y políticos, demanden la recuperación y el ensanchamiento de los avances descentralizadores congelados o perdidos. Asimismo, que exijan el cabal cumplimiento del ejercicio autonómico establecido en la CPE, ahora retaceado y asfixiado por leyes, procedimientos y actitudes estatales, que han fortalecido la concentración del poder y el manejo de recursos.

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10 No es que se haya generalizado la sospecha de fraude, sino que se ha puesto en evidencia —con inhabilitaciones de candidatos y la aplicación parcializada de normas, como principales ejemplos, siempre en beneficio del partido gubernamental— la falta de idoneidad y la sumisión de este incompleto poder estatal.

Triunfo de la certidumbre y la compulsión reeleccionista Pocas cosas son tan seductoras para el género humano como la certidumbre; así lo percibía y definía hace casi cinco siglos el filósofo inglés Thomas Hobbes (fundador de la ciencia política, en mi modesta opinión).

Cuando tal necesidad de certeza se confunde con un espíritu revolucionario, como aparentemente lo ha hecho el vicepresidente del Estado, se abre un ancho margen para la polémica o para el error, según como se miren las cosas.

El hecho de que “un pueblo izquierdizado en más del 60%” —como lo diagnosticó el segundo mandatario al analizar las elecciones de octubre pasado1— volcase su preferencia por candidatos ajenos al esquema reinante puede considerarse otro síntoma de que, inclusive en Bolivia, los electores hacen apuestas principalmente basadas en criterios prácticos más que en la exaltación ideológica.

Estabilidad en tiempos de marea baja Si a esos datos electorales —que exhiben el repliegue de una gran franja de votación habitualmente fiel al oficialismo— se les agrega la actual oleada de conflictos y reivindicaciones sectorializadas, se corrobora lo poco apropiado que resulta hablar de un giro social a la izquierda, ya que falta el espíritu revolucionario, caracterizado imprescindiblemente por banderas y consignas generales (universales), alejadas del gremialismo que ahora prevalece. También está ausente la manifestación transversal entre varias capas y sectores, propia de una conciencia inclinada hacia la izquierda.

1 Álvaro García L. “El nuevo horizonte de época”, en el periódico La Razón, La Paz, 2 de noviembre de 2014.

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Lo establecido, lo duradero, lo mutable Mal que le pese a quien le pese, el MAS ha ratificado su consolidación como la única formación política organizada nacional, y su gobierno, como el más poderoso, arraigado y popular en más de un siglo (si no desde el inicio de nuestra misma autodeterminación estatal). Al aproximarnos a la primera década de su vigencia, puede verificarse que tramos importantes del relato masista se han instalado cómodamente en los imaginarios sociales. Esto, a pesar de que otros no menos significativos, como el referido a lo indígena y a la Madre Tierra, se han desmoronado, despedazados por sus propios autores.

Los triunfos electorales oficiales constituyen una tendencia que, aun cuando se relacione tan íntimamente con la fase de prosperidad de nuestro comercio externo, ha alcanzado el rango de una marca propia, con la que el público identifica y distingue a esta tienda política.

Para una importante cantidad de electores, el crecimiento económico, y las obras y flujos redistributivos que lo acompañan, son creación del talento gubernamental. Para esos fieles votantes en los comicios nacionales, la existencia de factores favorables externos no le resta méritos.

El voluntarismo característico de las reuniones presidenciales y ministeriales y la vertiginosa movilidad del jefe de Estado, que cruza nuestro territorio en todas direcciones, además de sus periplos internacionales, premiaciones doctorales, etcétera, son parte de un paquete de “dedicación, abnegación y pasos bien pensados”2 que apuntan en favor de la gestión gubernamental.

Seguramente ni una improbable e imprevista catástrofe borrará este tipo de memoria, cuando se rememore más adelante la gestión gubernamental de 2006 a este año. Pueden —e indudablemente podrán— registrarse matices, desde los más fervorosos hasta los más escépticos, pero todos dentro de los márgenes de ese registro.

Más allá de los errores de interpretación y el triunfalismo, son la constancia de votos y lo favorables que se muestran los sondeos cuando se pide 2 Esa es la interpretación más ajustada de los altos niveles de aprobación de la gestión gubernamental, casi inquebrantable durante la mayor parte de los tres períodos encabezados por el equipo gubernamental.

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al público expresar su opinión sobre el gobierno los que han impulsado al alto mando político gubernamental a unificarse firmemente alrededor de su ya antiguo plan de reelección continua, que venía rondando las cabezas de varios de sus más destacados representantes desde 2006. Ahora, la cúpula masista en su conjunto y la de sus aliadas organizaciones sociales, parece estar compactamente convencida de esta línea, con base en los resultados electorales de diciembre de 2014.

En otras palabras, la sensación de certeza respecto a que el régimen se ha consolidado, y que se basa en datos objetivos, sirve de plataforma a la gran operación para la legitimación y legalización de la reelección presidencial, eventualmente perpetua, como una vía segura para mantener el control del poder público por lo menos hasta 2025.

Puede percibirse que el consenso se articula en torno a la muy sencilla noción de “ahora o nunca”, nacida del balance entre tareas por cumplir y adversidades y riesgos. Los resultados de las elecciones regionales, especialmente en La Paz, han sido el revés más duro sufrido por esta estrategia. Sin embargo, hasta el momento se han hecho todos los esfuerzos por superar y olvidar el mal trago, confiando en que tendrá cortas proyecciones.

La apuesta se apoya en dos pilares: i) la consolidación gubernamental ha madurado y no cuenta con adversarios partidarios, ni siquiera a escala de proyecto inicial; y ii) la hegemonía ideológica del régimen tolera perfectamente las deserciones y abdicaciones en las que este ha incurrido en su transición de poder constituyente a poder constituido. Ambos elementos representan lo establecido y durable del proceso, mientras que los estrategas masistas prefieren obviar o subvalorar todo aquello que genera tendencias de modificación, inestabilidad o fractura.

Realizaciones versus abandono De las tareas y objetivos que originaron la reforma estatal, son los del área económica los que han alcanzado el más alto nivel de cumplimiento. Esto es visible principalmente en la recuperación del control estatal de riquezas naturales, en el ensanchamiento del rol del Estado en la economía y en una mayor redistribución del excedente a través de un cambio inamovible, de subsidios y bonos focalizados y otras medidas similares.

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Las “grandes obras”, que ocupan cada vez más espacio en la gestión, pueden inscribirse eventualmente en este rubro, con beneficio de inven­ tario en un balance sobre costos y beneficios (incluyendo los que capturan informal e ilícitamente miembros de la burocracia gubernamental y sus clientelas), que debe incluir precios, beneficios reales, actuales y en proyección.­ Los voceros económicos gubernamentales insisten en atribuir todas las ventajas y avances a la presunta vigencia de un modelo económico “social comunitario” y casi ninguna al gran flujo de recursos que proviene de buenos precios de nuestros exportables. Como ya se ha apuntado en ocasiones previas, lo sustancial del cambio de modelo, que efectivamente se ha dado, radica en una combinación exitosa de la nacionalización de hidrocarburos con un monetarismo convencional y una restringida, pero importante, derivación de recursos al gasto social.

Los grandes vacíos económicos se resumen en el práctico abandono de estrategias y políticas para modificar la matriz productiva y la regresión hacia un esquema de crecimiento desarrollista propio de mediados del siglo XX, que no ha podido alcanzar hasta ahora ninguna de sus pregonadas metas de industrialización3.

En la esfera política, el abandono de la idea de construir un Estado plurinacional es la más visible de las renuncias de la conducción política gubernamental. Esta deserción estratégica se desnuda con la inmovilización de las autonomías4, que concuerda con la manifiesta propensión a concen3 Los mayores hitos que se han conquistado en este rubro se resumen al secado del gas natural; la planta para elaborar urea y una reducida planta experimental de extracción de litio. Ni siquiera los cocaleros, con toda su fuerza y representación en el gobierno, han visto avances en la industrialización de la coca. El gobierno, que ha construido febrilmente carreteras, no garantiza la viabilidad permanente de los caminos que unen Cochabamba y Santa Cruz, por lo que su obstinación en construir la carretera del TIPNIS bien puede interpretarse como un afán de compensar a la población del Chapare, ofreciéndole, de hecho, “soberanía” sobre nuevos territorios de donde se pueda extraer una considerable masa de recursos naturales, abriendo campo a los agronegocios y la ganadería y, principalmente, al mercado de tierras que acompañará la ampliación de la frontera agrícola y económica en general.

4 Sencillamente negadas y proscritas, como pasa con el ejercicio de los derechos constitucionales para los pueblos del TIPNIS, o reducidas a una discreta modalidad de autonomía municipal para los pueblos que han optado por la vía formal que ofrece la Ley Marco de Autonomías.

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trar el poder, que atropella de frente a las generalizadas demandas de mayor descentralización. Esto evidencia que el gobierno rema por recortar y dar marcha atrás a procesos avanzados antes de su llegada.

Este estancamiento, aunado a la cancelación del ejercicio de control social mediante acuerdos nítidamente prebendales con dirigentes de organizaciones sociales, así como el cierre de vías para cualquier avance de formas democráticas interculturales, ha trastocado la edificación de un Estado plurinacional por la de un Estado “policorporativo”, a cuya sombra prospera la acumulación capitalista de fracciones empresariales, nacidas y derivadas de sectores populares5.

La manera en que se han dispuestos decenas de millones de dólares (más de 300 millones, según algunas estimaciones) en el Fondo campesino (FONDIOC), sumada a que la única rotación de cargos es la que se aplica a candidaturas parlamentarias y municipales, a la distribución de diversos puestos burocráticos gubernamentales y a nombramientos de dirigentes de organizaciones sectoriales, así como la condonación de deudas, asignación de áreas de trabajo o, directamente, entrega de yacimientos u otros recursos naturales, es como se aseguran alianzas con las dirigencias de las más importantes organizaciones y estructuras cor­ porativas.

Todas estas flaquezas no han agotado la expansión de la participación política de importantes sectores populares, que expresan de diversas maneras una creciente conciencia sobre el ejercicio de sus derechos; esto amplía objetivamente el espacio democrático. Sin embargo, se mantienen y empeoran formas de presión y proscripción sobre la oposición partidaria organizada6, así como sobre la disidencia y cuadros sindicales, e inclusive sobre organizaciones sociales íntegras, remisos a disciplinarse ante las órdenes oficiales.

5 El anexo de este documento se ocupa una vez más de las contradicciones y de la evolución que ha ido tomando cuerpo en el seno de clases y sujetos sociales populares, especialmente en la ruptura entre indígenas y campesinos, como cuestión central.

6 El deterioro de la antes ya pésima administración de justicia, la domesticación de los tribunales electorales y el desquiciamiento de la Policía —cuya fuerza se usa con la de las FF. AA. para beneficio oficial, intercambiando estos servicios por una actitud permisiva y laxa respecto a las irregularidades que se verifican en esos aparatos represivos— es parte de las mencionadas restricciones.

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El mayor retraso se verifica en la reforma ética e intelectual que prometía el proceso de cambio. El progreso observado hasta ahora queda en una focalización de la atención social contra las expresiones más descarnadas de racismo y discriminación. Pero los avances legislativos para ponerle coto a esta herencia colonial son francamente insuficientes, lo mismo que las casi inexistentes políticas para promover cambios educativos y de relaciones sociales que las modifiquen consistentemente7.

Tres obstáculos Vistos la contraposición y el equilibrio entre fortalezas y debilidades, avances, rezagos y retrocesos del proceso y sus cambios, puede corroborarse que la voluntad social prevaleciente sigue inclinándose por la indulgencia ante el régimen. Este y el próximo año serán decisivos para verificar la profundidad y la firmeza de la adhesión y permisividad ante el desempeño del gobierno, en una fase en la que crecerán adversidades que hasta ayer eran débiles o inexistentes.

La mayor de estas pruebas es la situación de estrechez relativa a la que nos conduce el declive de los precios de hidrocarburos y minerales y, secundariamente, de los alimentos (que tienen mejores y más rápidas posibilidades de recuperación que los anteriores). Un vigoroso dueto entre el ministro de Hacienda y el vicepresidente han fortalecido la propaganda en sentido de que las inversiones estatales y el consumo interno nos protegerán de los efectos recesivos importados.

Los importantes recortes de ingresos y, consecuentemente, de las coparticipaciones tributarias, desacreditan tal interpretación y obligan a que se baje el tono, aunque sin dejar de insistir en que, de cualquier manera, permaneceremos fuera de la zona de riesgos mayores.

Adicionalmente, esta primera amenaza para mantener la estabilidad y, consecuentemente, el plan de reelección continua, aumenta con la adopción de recortes presupuestarios, supresión de subsidios y alza del celo recaudador estatal.

7 De hecho, las agresiones contra mujeres y menores no han dejado de proliferar y empeorar, como en otros países del continente; pararlas es un desafío mayor.

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Inhibidos en principio de poder recortar las inversiones para obras gigantescas (teleféricos urbanos, carreteras como la del TIPNIS, centralita nuclear) —ya que tales proyectos cumplen un rol central en viabilizar la estrategia continuista—, los funcionarios responsables del Servicio de Impuestos Nacionales realizan excursiones de cacería para apretar a los contribuyentes habituales y alcanzar a nuevos y reticentes. Con ello buscan amortiguar la merma de ingresos, lo que está provocando el incremento y la aceleración de la segunda amenaza, que consiste en el surgimiento de exigencias corporativas y de diversas formas de presión sobre los precios al consumidor.

La política gubernamental intenta paliar estos efectos con sus planes de grandes obras y realizaciones (a las que debería agregarse la demanda planteada ante la Corte Internacional Judicial de la Haya), entre otras8. Todas ellas refuerzan el viraje programático de tipo desarrollista, con un componente nacionalista cada vez más marcado, que se apoya en las declaraciones oficiales de que estaríamos en condiciones de aspirar a un rol de “potencia regional”.

De ese modo, la propaganda sobre la centralita nuclear9, asociada a la consigna de “núcleo energético continental”, se difunde bajo una modalidad esencialmente emocional e irracional, de orgullo patrio, soslayando el debate sobre cuestiones objetivas, como costos, beneficios, riesgos y ventajas comparativas. Es la misma manera en que el Ejecutivo ha procedido hasta ahora con la carretera por el corazón del TIPNIS. Es indiscutible la eficacia de este enfoque y la de los mensajes que genera y acompaña, vistos desde la óptica de los resultados en las elecciones nacionales­y desde la agregación persistente de poder que le han consentido montar al MAS. Pero las obras realizadas y proyectadas no permiten con8 Los significativos éxitos internos que ha conseguido hasta ahora con un enfoque de frente unido y plural, al lado de la estruendosa molestia que embarga, por vez primera desde 1879, a la Cancillería de Chile y a casi todos sus políticos, pueden continuar siendo capitalizados políticamente por el oficialismo (mientras no se supere un cierto límite de sobreexplotación al que se ha estado acercando). Esto, hasta que se resuelva la objeción presentada por Chile, cuando se abrirá otra etapa, que estará signada según cómo dirima la Corte de la Haya estos asuntos.

9 La denomino así porque, con un presupuesto de algo menos de 2.000 millones de dólares, su capacidad de generación será muy limitada. Véase: http://www.cienciayenergia.com/ Contenido/pdf/020313_rad_tn.pdf, p. 40.

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tener­la seguidilla de presiones corporativas10 —el segundo riesgo para la estrategia de reelección— que se ha desatado como producto de la menor disponibilidad de recursos, y de los ajustes y recortes que se está implementando.

La estrechez económica relativa y el crecimiento de las demandas sectoriales-corporativas condicionan una agitación interna dentro del MAS, acrecentando sus fisuras internas, que se perfilan como un tercer escollo que puede cobrar una proyección insospechada. Justo ahora que se requiere mantener y reforzar su monolitismo para acometer reformas institucionales que abran los candados constitucionales o una “vía alternativa” (mencionada pero no explicada por algunos dirigentes campesinos) para legalizar la reelección.

Las reformas institucionales en proceso o en espera (electoral, judicial, de la Policía) tienen un potencial de riesgo suficiente como para conformar más adelante un cuarto frente contra el plan de reproducción del poder constituido. La mediocre y declinante calidad de la gestión, los altos niveles de abuso de poder y otras formas de corrupción ya han desatado, en anteriores coyunturas, explosiones de exasperación social.

La ventaja que hoy representa para el Ejecutivo tener a su disposición a las directivas de las organizaciones sociales puede llegar a serle rápida y gravemente perniciosa, porque la neutralización de los canales formales para transmitir al Estado demandas y reclamos (partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales) y el bloqueo de los informales (papel que ejercían las ONG, medios masivos de difusión, organizaciones “cívicas” y otras, hoy notoriamente intimidadas), prácticamente empuja a que la protesta y la demanda social se inclinen por generar movimientos sociales (entendidos como acción directa espontánea). Esta es la modalidad más temida por el gobierno, que conoce íntimamente su alto poder de impacto.

De tal forma que la pérdida de autonomía social que se ha venido alentando metódicamente desde el Estado para fortalecer su poder y capacidad 10 Las de panificadores, comerciantes de carne y cooperativistas mineros son las que están en curso, junto a movilizaciones regionales en desarrollo o listas para iniciarse, en tanto que se anuncian las de campesinos (probablemente vinculadas a la gran inquietud de muchos dirigentes complicados por el lento avance de las investigaciones sobre el FONDIOC).

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de control político, lo pone en la perspectiva de caer preso de su propia trampa.

Y es que al ejercer no solo el monopolio del uso de la fuerza, sino el de la representación política por la vía de fusión partido-Estado-organizaciones sociales11, obliga a que reivindicaciones relativamente sencillas de resolverse puedan entrabarse fácilmente y derivar en choques mayores, debido a la pesadez burocrática de un aparato de representación política, agrietado, además, por las querellas de los intereses de los sectores que lo sustentan.

La búsqueda de recuperación de autonomía social y las demandas de autonomías territoriales, incluyendo las departamentales, que esta vez pueden empezar a hacer palanca desde lugares no tradicionales12 o convencionales, ocupará un espacio creciente en los siguientes meses. Si dicha tendencia cobra vigor, puede modificar notablemente la faz de los conflictos en el país.

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11 Lo que el vicepresidente del Estado llama “Estado integral”, en una acepción propia suya y muy alejada de la categoría de Gramsci, que trata de utilizar como justificación.

12 Como podría ser el departamento de La Paz, donde la autonomía obtuvo un respaldo llamativo, por encima del 78%, en el referendo de 2009 (por encima de lo que obtuvo en Santa Cruz en 2008 en su referendo departamental), y triunfó este año el candidato a gobernador de Sol.bo, cuyo programa puso énfasis precisamente en la autonomía. Las objeciones que el hoy gobernador ha presentado para modificar el proyecto de estatuto (apenas formalmente autonómico y, en el fondo, rutinariamente centralista) aprobado el año pasado por su Asamblea Departamental controlada por el MAS, muestran, por su debilidad —aunque ciertos opositores pueden sensibilizarse y tratan de incorporar estas demandas—, que ninguna corriente representada electoralmente ha reflexionado lo necesario para encabezar estas demandas y lograr el desarrollo de todo su potencial.

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Anexo

Nuevo bloque de poder y contradicciones entre indígenas y campesinos en Bolivia El bloque de poder depurado La composición de los responsables de la conducción estratégica del gobierno se corresponde con una depuración del bloque social en el poder, en beneficio de las fracciones campesinas de mayor grado de maduración empresarial (campesinos exportadores, principalmente cocaleros y medianos soyeros), importadores (“comerciantes populares”, como los llama el antropólogo Nico Tassi), grandes propietarios del transporte terrestre y una activa burguesía burocrática13, gestora de negocios y oportunidades para todos ellos.

Este núcleo del poder estatal reafirmó un acuerdo previo con la banca, que no es parte del bloque, pero que lo acompaña establemente y que ha avanzado un armisticio con los agroexportadores menos comprometidos con el sector duro de terratenientes que encabezó la resistencia anticonstituyente en 2008.

Esta franja de acompañamiento del nuevo bloque de poder se complementa con los ejecutivos de corporaciones petroleras y mineras transnacionales, quienes se han adaptado con rapidez al nuevo estado de cosas que rige en Bolivia.

13 Uso la categoría siguiendo la de Charles Bettelheim (1978, Las luchas de clases en la URSS, Segundo periodo, 1923-1930, vol. 1, Madrid: Siglo XXI, p. 36), quien la define como compuesta por “agentes de reproducción, distintos a los productores, que [...] tienen [el poder de disponer] efectivamente de los medios de producción que pertenecen formalmente al Estado”, así como del excedente que producen esos medios estatales. Afirma que no necesitan ser agentes conscientes de la burguesía, pero terminan asimilándose a ella por “su interés material y situación social”. Más adelante se identifican particularidades de esta fracción de clase en nuestro país.

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Diferenciación entre indígenas y campesinos La principal producción teórica que acompañó la evolución del proceso constituyente identificó a indígenas y campesinos como el agente revo­ lucionario propio y particular del proceso boliviano en este momento histórico.

A partir de esa noción, lo indígena originario campesino (IOC) se consagra como trinidad/unitaria, sujeto y esencia de la revolución democrática y cultural, según el art. 2 de la CPE y la definición del carácter plurinacional del Estado.

Lo IOC intenta fusionar lo clasista y lo étnico como eje de la economía, la democracia, la cultura y la justicia plural, y como ruta de tránsito hacia un distante socialismo comunitario. La IOC parte del entendido de que indígena es una categoría esencialmente cultural y campesina, clasista.

Asumiendo ese distinto sustrato, ambas aluden a un solo sujeto social colectivo, es decir, conglomerados con intereses y prácticas propias y diferenciadas, con capacidad de actuación política e ideológica autónomas.

Sin embargo, respetando la distinción entre clase y cultura, en nuestra realidad concreta es posible establecer particularidades económicas que distinguen a cada una de estas categorías y que se aplican en cuatro aspectos centrales: i) el tipo de propiedad predominante de la tierra entre cada una de ellas; ii) su relación con el mercado del trabajo; iii) la división técnica del trabajo y iv) su vinculación con corrientes migratorias y de urbanización.

Aplicando esos criterios, los campesinos son propietarios individuales de parcelas dedicadas principalmente a la agricultura o la ganadería, compradores y vendedores de fuerza de trabajo, que residen una parte considerable del año en áreas urbanas, que combinan sus actividades agropecuarias con multiempleo y multiocupación (comercio, transporte las más frecuentes, pero no las únicas) y con origen étnico y cultural indígena.

Los hoy llamados indígenas, habitualmente en posesión de “chacos” familiares, según las costumbres de su comunidad, residen en TCO, reconocidas o no legalmente como tales. Tienen una vinculación esporádica con el salario (casi siempre como vendedores de fuerza de trabajo), así como con actividades económicas ajenas a las que practican en su comunidad.

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Estas actividades incluyen recolección, pesca, caza y agricultura y ganadería en las tierras bajas y minería en las tierras altas; de allí el enfoque predominantemente territorial de sus reivindicaciones.

En términos demográficos, los indígenas representan una minoría neta del total de la población rural (incluyendo a la totalidad de comunidades de tierras altas y bajas) y su peso económico es casi indetectable en la actual composición del PIB. En contrapartida, en sus territorios se ubica prácticamente la totalidad de reservas hidrocarburíferas nacionales probadas y probables, yacimientos minerales, acuíferos y gran parte de las reservas de biodiversidad.

Con referencia a los campesinos —clase social cuya existencia se remonta a la Revolución Nacional de 1952—, debe tomarse en cuenta que la pequeña producción agropecuaria ha seguido una trayectoria que la conduce del mercantilismo al capitalismo, cuando es exitosa, o a la migración urbana que, a la postre, tiene un resultado similar en la mayoría de los casos, al ubicar al migrante relativamente exitoso en una situación de microempresario o de asalariado muchas veces proletarizado.

El proyecto político que ha ido decantando el MAS se basa en ignorar y negar las trayectorias divergentes de campesinos e indígenas, caracterizándolas como “tensiones creativas”.

Aquí se plantea como hipótesis que ese ocultamiento de las contradicciones favorece a las fracciones campesinas más competitivas desde el punto de vista capitalista. Estas fracciones se inclinan muy rápidamente, con activo impulso de sus representantes estatales, a incrementar su capitalización mediante la acumulación de tierras para la captura de rentas, ante la creciente demanda de agroexportadores extranjeros (brasileños, menonitas, colombianos, argentinos) y algunos locales.

Los problemas que confronta el gobierno con los indígenas, incluyendo los que han impulsado las marchas convocadas por la CIDOB, obedecen a la dinámica descrita, cuyo desenlace, si se resuelve como está ocurriendo hasta ahora, será a favor del grupo rentista de la tierra, para consolidar un activo mercado de tierras.

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El Fondo campesino y la contraofensiva por la reelección La relación entre el segundo capítulo de la guerra oficial contra ciertas ONG, el informe sobre el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos (FONDIOC), el voto en favor de estatutos autonómicos y el descenso de los precios del crudo definen los límites un espacio donde convergen las contradicciones y las pugnas de la sociedad.

Después de que lo electoral cedió el primer plano a las crecientes manifestaciones ante una coyuntura de desaceleración económica, desde el centro de ejercicio del poder se adoptan decisiones para diluir el impacto y la importancia de la disminución de ingresos, como condición indispensable para mantener su condición dominante por la mayor cantidad posible de tiempo.

No se trata únicamente de que el descalabro de los precios de los hidrocarburos, como parte del conjunto de materias primas que exportamos, ponga en evidencia la fragilidad e improvisación de las afirmaciones gubernamentales sobre las perspectivas económicas de este y el siguiente año.

Se trata también de que estas tendencias ponen en un brete las previsiones adoptadas para coronar la estrategia de reelección continua de las principales autoridades de gobierno.

Expectativas y realidades económicas Desde septiembre del año pasado, inclusive, hasta el primer trimestre de este, el ministro de Economía y el vicepresidente del Estado hicieron sus mayores esfuerzos para propagar la idea de que el final del superciclo de precios de materias primas afectaría poco o nada al modelo “productivo

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social comunitario” 1 que, según el lenguaje propagandístico que utilizan, rige y tiene vigencia en el país.

El avance de la tormenta económica internacional, en la que las turbulencias de la economía china están alcanzando cotas altas que afectan implacablemente a los vendedores de commodities, ha obligado a que el optimismo gubernamental realice un ajuste del 22% a la baja de sus expectativas de crecimiento (del 5,9 al 4,6%).

El presidente del Estado, quien desde el año pasado se mostró más cauteloso que sus voceros económicos, reconoció en su discurso anual ante el Congreso que la reducción de ingresos bordearía los 2.500 millones de dólares2 —cifra que ya ha trepado a 3.300 millones de dólares al 7 de septiembre de 2015—, y ha alertado que será necesario “ajustarse los cinturones”.

Por lo pronto, la contracción de los precios internacionales obliga a una disminución de alrededor del 20% en los presupuestos departamentales, municipales y universitarios, con el consiguiente riesgo de que se detonen las demandas de cualquiera de esos sectores. El gobierno está decidido a desplegar esfuerzos para que no se vuelva a presentar una situación como la que tuvo lugar con el conflicto potosino, que es probablemente el último en el que las autoridades puedan exhibir una actitud de tan grande desdén y desparpajo3.

Sin embargo, pese a que el desempeño efectivo de la economía se ha distanciado de las optimistas metas oficiales, el país exhibirá un rendimiento claramente superior al resto del continente, manteniendo el vistoso primer puesto que se había pronosticado. Es más, los datos macroeconómicos ac1 La línea argumental descansaba en que la estructura del modelo, “basado en el consumo y la inversión pública”, recibiría un impacto “no mayor a 40 o 60 millones de dólares”, aunque los precios del barril de crudo descendieran hasta los 30 dólares. En consecuencia, la previsión de crecimiento de 5,9% anual del PIB que consigna el PGN se mantendría intacta.

Evidentemente, el consumo se ha incrementado, como lo demuestra el hecho de que entre “2006 y 2013, las ventas de los supermercados de los y los restaurantes se incrementaron casi 700%” (véase: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202510). A inicios de septiembre el gobierno ha vuelto a insistir en que creceremos por encima del 5% (véase: http://www. eldeber.com.bo/economia/economia-crecio-20-primer-semestre.html 2 Véase: https://n9.cl/58nul 3 A pesar de que más tarde se disculpó por la risa que le causaron al presidente las demandas potosinas (véase: https://www.la-razon.com/sociedad/2015/08/04/evo-dice-quecausan-risa-las-demandas-de-comcipo/), la inicial hilaridad oficial ante el pliego regional refleja muy bien el estado de ánimo prevaleciente hasta hace pocas semanas en el staff gubernamental.

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tuales le permiten demostrar al gobierno que las afirmaciones de sus críticos respecto a que las buenas cifras registradas durante la última década obedecerían únicamente a la elevación de precios de las exportaciones, no son correctas.

Era de reajustes Las tesis del “piloto automático” o de la “buena estrella” aplicadas a los resultados económicos del país, efectivamente se desintegran cuando se toma en cuenta que economías mucho más grandes y robustas, como las de Brasil o Argentina, experimentan graves problemas, al igual que la venezolana.

La producción bruta del país apenas ha crecido y, en varios casos, ha retrocedido respecto a sus índices históricos más elevados; es el caso del petróleo, minerales o varios alimentos. Afirmar que el modelo oficial sería una “economía comunitaria” es incongruente, dado el fuerte impulso que han experimentado las relaciones capitalistas.

La adicción del modelo oficial a los recursos provenientes de riquezas naturales no procesadas cobra ahora su factura, lo que se transparenta en la angustiosa búsqueda de nuevas fuentes de tributación, que confronta al fisco con comerciantes mayoristas de carne, cooperativistas y asalariados con sueldos mayores al promedio nacional.

Las contradicciones son todavía mayores cuando, bajo la enorme presión que supone la persistente caída de las reservas probadas de hidrocarburos, el gobierno adopta medidas de estímulo a las transnacionales para que aceleren o intensifiquen la alicaída exploración. Tales alicientes han llevado a levantar zonas de reserva y territorios indígenas y a ofrecer “premios” a gobernaciones, municipios, universidades y otros si invierten en exploraciones que resulten exitosas.

Ofensiva contra ONG y medios La desmedida importancia de los ingresos por exportación de hidrocarburos en una economía de corte desarrollista tradicional, y la ineludible necesidad de mantener abastecido al mercado interno a precios relativamente bajos, hacen que el hallazgo de nuevas reservas sea la mayor preocupación estratégica de los gobernantes en el campo económico.

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Como, además, estas necesidades de largo aliento se imbrican con su plan de reforma constitucional para la reelección continua, el despliegue de la segunda gran ofensiva contra ONG no alineadas se ha disparado con el mayor ruido posible. Los gobernantes sentían que era necesario para detener en seco cualquier acción que dichas instituciones pudieran estar llevando a cabo que se cruce con sus planes petroleros. Además, eso les permite obtener resultados disuasorios y de intimidación para cualesquier otra que quisiera hacerlo más adelante.

Ya se ha precisado en un análisis anterior que la instintiva desconfianza de este gobierno en particular4 contra las ONG se relaciona con el hecho de que algunos de sus más notables personeros conocen de primera mano, por experiencia propia, cómo y por qué algunas ONG han sido parte del sistema (informal) de representación política5. De hecho, la existencia misma del MAS-IPSP resultaría inexplicable sin el papel de nodrizas asumido por algunas de estas organizaciones en las primeras fases de desarrollo de dicho movimiento político.

Las capacidades de irradiación ideológica, agitación, propaganda y movilización, además de la especialización en formación, educación y promoción de cuadros de las ONG, son ampliamente conocidas. En gran parte, estas capacidades son el resultado casi natural de que tantas de ellas hayan nacido al impulso de iglesias (especialmente la católica) y que hayan servido de santuario y fuente de empleo a importantes contingentes de militancia izquierdista —principal, pero no exclusivamente— en tiempos de dictadura.

Una parte sustancial del debate de la reforma constitucional (2006-2008) muestra claras líneas de conexión6 entre la dirigencia de organizaciones y 4 Es bueno recordar que ese recelo se halla ampliamente extendido en una gran cantidad de países; inclusive en varios de los que previamente parecían otorgar carta libre a tales instituciones. La rebelión contra la influencia foránea, la lucha contra el terrorismo, el debilitamiento o el fortalecimiento del Estado son algunos de los argumentos que se ha invocado para justificar esta “epidemia” internacional de suspicacia.

5 De allí el despectivo mote de “parapartidos” que ha comenzado a darles el vicepresidente del Estado.

6 Las múltiples coincidencias entre las Constituciones de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, exhiben las conexiones entre dirigentes y organizaciones sociales, campesinas e indígenas principalmente, tanto como de redes de ONG y académicas, que han servido de usina y transporte de contenidos conceptuales muy significativos. En el texto El Pacto de Unidad y el

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movimientos sociales con determinadas ONG, o con individuos que las fundaron o que pertenecieron a una o varias de ellas.

Tales antecedentes se han usado en esta nueva ofensiva7 para crear un verdadero clima macartista, basado en el supuesto monopolio estatal ya no de la fuerza legítima, sino de la opinión y la acción política. La rudeza del ataque ocasionó críticas entre varios intelectuales, académicos y activistas internacionales tan destacados como Boaventura de Souza Santos y Alberto Acosta, entre otros, obligando a una respuesta vicepresidencial calificada de forzada e insincera8 por alguno de ellos.

En esta oportunidad el ataque se desarrolló simultáneamente contra varios periodistas y medios que sufren desde hace años acciones de hostigamiento y desprestigio, o a quienes se les niega participar en la torta publicitaria administrada por el Estado o, más frecuentemente, de ambas.

Esto muestra un pico en los niveles de intolerancia, habitualmente bastante elevados.

En una situación en que la economía aporta por ahora más preocupaciones que alegrías, mientras que los plazos y procedimientos para una reforma constitucional no dejan de enredarse, el talante oficial no es de los mejores para aceptar problemas en el espacio del sistema de representación, donde ONG y medios desempeñan tan importante papel.

Desde el punto de vista de quienes quieren y sienten que necesitan extender su control del poder indefinidamente, no basta con haberse asegurado una superioridad electoral tan categórica, ni con haber capturado a casi toda la dirigencia de organizaciones sociales. Creen que es indispensable impedir desde la cuna el surgimiento de focos de inconformidad o protesta.

Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado”, sistematizado y compilado por Fernando Garcés y publicado con apoyo de UNITAS, NINA, CEJIS, SENDA y otras (el PDF puede descargarse del sitio web de UNITAS), se encuentra una rica veta de pistas sobre estas relaciones. Además, los asesores de organizaciones sociales casi siempre son o fueron parte de esas organizaciones.

7 La anterior ocurrió en 2012 y se acompañó de la publicación de un texto vicepresidencial consagrado al tema.

8 El vicepresidente negó su amenaza de expulsar a las ONG “que hicieran política”, aunque está registrada en casi todos los medios de difusión. Esta negativa le ganó nuevas observaciones, véase: “ ‘Poco serio decir que fuimos engañados’. Maristella Svampa responde a García Linera”. Véase: https://pueblosencamino.org/?p=1696

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El desfonde del FONDIOC El Fondo campesino, que funcionó hasta agosto de este año, contribuyó decisivamente a remachar lealtades y apoyos de la dirigencia campesina mediante mecanismos clientelistas que se expusieron a la vista pública. Esto, debido en parte a la magnitud de la malversación y el fraude, detectados por algunos periodistas, pero sobre todo a la lucha de facciones dentro del MAS. La dimensión de los escándalos forzó el cierre y a la refundación inmediata del Fondo campesino, así como la renuncia de la ministra de Desarrollo Rural (figura muy cercana al presidente y muy apreciada por él9) debido al informe de la interventora. La reacción del gobierno tiende a asegurar buenas relaciones con los sectores usufructuarios del Fondo y a restaurar la dañada imagen del Ejecutivo, aunque en su afán de hacerlo no haya dudado en profundizar la separación entre campesinos e indígenas comunitarios, anulando la representación de estos últimos en el Fondo reestructurado10.

Con estas últimas decisiones, la confrontación entre indígenas y campesinos se ahonda y empeora, después de la prolongada historia de choques por el control y usufructo de tierras categorizadas como TCO, y que se quiere incorporar a la ampliación de la frontera agrícola y al mercado de tierras. La prolongada lucha por el TIPNIS es solamente la más grande y conocida de esas pugnas; también expresa las tensiones en torno a la falta de un auténtico reconocimiento estatal de una verdadera autonomía indígena.

Estatutos autonómicos y reforma constitucional Desde el punto de vista del funcionamiento de las autonomías, la importancia que le concede el gobierno a los referendos autonómicos de este mes 9 La exministra ya ha sido públicamente exculpada por el jefe de Estado, quien se ha referido a ella como una víctima de una representación excesivamente numerosa de dirigentes en el directorio del Fondo.

10 Si el nombre del Fondo reflejara lo que ha hecho o lo que se ha definido para el recientemente creado o refundado, habida cuenta de los criterios empleados para seleccionar a los proyectos y beneficiarios, más que Indígena o Campesino, debería llamarse “Fondo Partidario”.

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parece partir del supuesto de que el voto positivo en favor de estatutos elaborados por órganos controlados por su militancia reforzaría su imagen de actor favorable a las autonomías, y le auguraría buenos resultados en el próximo referendo constitucional.

Lo real es que todos esos estatutos, departamentales o indígenas, expresan las significativas restricciones que la Ley Marco de Autonomías ha impuesto no solo a un desenvolvimiento autonómico, sino incluso al grado de descentralización que se había logrado previamente. Por ello, su muy probable aprobación en todos los casos no modificará tales límites, ni la tendencia centralizadora del partido de gobierno. Al mismo tiempo, tampoco mejorará la chance del gobierno de ganar en un referendo destinado esencial, sino únicamente, a autorizar la reelección.

Los verdaderos problemas a los que se enfrenta la obtención de ese objetivo no son ni la oposición política —casi borrada de la escena— ni la acción crítica de medios, periodistas u ONG. El primer problema es el control de daños que puede ocasionar la merma de ingresos y recursos económico-financieros; el segundo es la complicada arquitectura de una reforma constitucional, que permita que los cambios ofrecidos, excluyendo la reelección, sean tan atractivos que viabilicen esta última.

La reforma de la justicia es el principal impedimento para desenredar el resto del ovillo, porque el tiempo que reclama parece excesivamente largo frente a las necesidades oficiales de abreviar plazos, antes de que se sigan sumando las estrecheces presupuestarias, y los actores a convocar sean demasiado numerosos e imprevisibles11.

Por ello, lo más probable es que los gobernantes se inclinen por una reforma “compleja” (es decir, con varias reformas), que tiene la ventaja de atender el clamor social de cambios en el aparato de administración de justicia, y puede servir para entreverar con otras la pregunta sobre la reelección, para inducir su aprobación y tratar de garantizarla.

11 Si se atienden las expresiones contradictorias de sus voceros, aparentemente el MAS no termina de decidirse entre presentar una ley de necesidad de reforma exclusivamente consagrada a autorizar la reelección, como lo ha afirmado el primer vicepresidente de los diputados, Víctor Borda, en “Diálogo panamericano” del sábado 5 de septiembre, o “40 otras reformas”, según el anuncio del dirigente Hilarión Mamani, titular del CONAMAQ oficialista.

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La insistencia vicepresidencial —seguida entusiastamente por todos los voceros oficiales— de reemplazar la palabra reelección por “repostulación” no atiende, ciertamente, a un criterio lógico o gramatical, sino al antecedente de que los electores desconfían de las reelecciones continuas, según lo han mostrado al menos tres encuestas nacionales12.

En cualquier caso, el conjunto de manifestaciones de voceros gubernamentales y de los dirigentes de la Coordinadora Nacional del Cambio (CONALCAM) traslucen que el oficialismo ya ha decidido acelerar la realización del referendo de aprobación de la reforma de la Constitución, lo que se explica por la aprensión que les generan las consecuencias de una prolongación de la coyuntura de escasez13.

También se ha hecho público que han definido introducir la figura de la doble reelección14, y que la autorización popular se envolvería, junto con otras cuestiones, en una sola pregunta sobre el referendo popular necesario para aprobar la reforma.

La oposición partidaria ha estado esencialmente ausente, y las pocas oportunidades en que algún representante aislado de sus filas ha logrado viabilizar iniciativas visibles para el público, se producen desinteligencias internas que disuelven la capitalización partidaria o frentista de dichas acciones15.

De hecho, la oposición está tan debilitada que es altamente probable que el MAS gane una nueva elección, incluso si cambia de candidato pre12 A contramano, efectivamente, de la última encargada por el gobierno a la empresa IPSOS, según la cual los encuestados a nivel nacional estarían a favor de la reelección.

13 Y su influencia en el aumento dentro la coalición de presiones corporativas y fuerzas centrífugas de fuerzas sociales nucleadas dentro y en torno al MAS, como se ha caracterizado en el análisis de coyuntura anterior.

14 “La dirigencia explicó que Evo Morales fue elegido en 2009 y en octubre de 2014 fue reelegido, por tanto el 2019 sería elegido y el 2024 debería ser reelegido, de ese modo se cumple el texto constitucional que habla de dos reelecciones continuas, lo que llevaría a Morales a permanecer en la silla presidencial por dos periodos” [el resaltado es nuestro] (véase: https://n9.cl/5mbvt).

15 Un ejemplo típico es Rafael Quispe, exdirigente de CONAMAQ y actual diputado de UN, quien da a conocer varias denuncias sobre el Fondo Campesino y que ha empezado a denunciar al jefe de su partido por supuestas amenazas anónimas que le atribuye. La virtual ruptura entre Demócratas y UN es otra expresión de las calamidades sin fin que promueve, impulsa y enfrenta la oposición partidaria.

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sidencial. Por ello, se puede arriesgar la hipótesis de que la búsqueda de la reelección puede convertirse, con el transcurso del tiempo, en el camino más peligroso para ese partido, porque si sus planes no funcionan como espera, pondrá en riesgo, más que su futuro electoral, el de su propia vida, pues no habrá conseguido superar la eterna historia de ultradependencia de sus jefes o caudillos.

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La búsqueda oficial de victoria en el referendo Si bien terminó imponiéndose la convocatoria a un referendo “simple”, en el que se decidirá únicamente por una nueva reelección, contradiciendo lo previsto en el anterior análisis, la evolución de los hechos que condujeron al MAS a escoger esa modalidad y no la de una reforma “ómnibus”1 no ha sido para nada sencilla, y presagia complejos nuevos escenarios.

Los tres planos principales que condicionan la futura disposición de fuerzas que empieza a dejarse sentir son: el curso desfavorable que se mantiene y refuerza como tendencia principal de la situación económica internacional y, especialmente, la baja de precios de los commodities; la restructuración de la disposición de fuerzas en el espacio continental y regional y, finalmente, el mantenimiento de un estado de crispación y confrontación de las escenas política y social en nuestro país.

Un vecindario agitado Las novedades que han traído las elecciones de Argentina y Venezuela se repiten tanto y concitan tal cantidad de comentarios y previsiones, que es fácil perder de vista que nuestro subcontinente y el Cono Sur muy pocas veces han sido escenarios apacibles.

1 Es decir, varias reformas en una sola consulta, como lo anunciaron voceros de la Coordinadora Nacional del Cambio (CONALCAM). Esta es la asociación de corporaciones y organizaciones sociales que, con base a la convocatoria de las principales confederaciones campesinas del país, respaldan a la gestión del gobierno actual. Los principales cambios a consultarse, si esa era la opción escogida, se referirían a la administración de justicia, que ha quedado ahora postergada, con el consiguiente crecimiento del descontento colectivo; también la retardación de la puesta en vigencia de un plan que permita al Ejecutivo reforzar su control sobre los operadores del Órgano Judicial, disminuyendo la visibilidad que hoy tiene esa sujeción.

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El denominador común múltiple en este tercer quinquenio del nuevo milenio se define por las dificultades que atraviesan prácticamente todos los gobiernos que decidieron aprovechar, con diferente éxito y profundidad, el espacio que dejó el repliegue hegemónico estadounidense en estas latitudes.

Brasil, Argentina, Paraguay y los principales participantes del bloque del ALBA adoptaron durante estos años políticas y rumbos que se zafaron ostensiblemente del libreto predominante en los años de la Guerra Fría, de las guerras de “baja intensidad” y de los “ajustes estructurales”.

Los gobiernos nacional populares2, que le dieron su sello particular a estos últimos años en América Latina, presentan ciertos rasgos comunes, aparte de cierta afinidad en política externa: una inclinación keynesiana, nacionalista y desarrollista3 de sus políticas económicas y una indiscutible mayor proximidad y permeabilidad a organizaciones, movimientos y sectores populares, campesinos y de trabajadores, en comparación con todos los gobiernos de la primera fase de la recuperación democrática.

La década de precios altos de las materias primas alentó el arraigo y la proyección de estos regímenes, pero prácticamente todos, con distintos matices y ritmo, están experimentando dificultades a partir del viraje del mercado mundial. La merma de ingresos se acompaña, también de manera bastante uniforme, con el descubrimiento o puesta en evidencia de gigantescos casos de corrupción, prebendalismo y clientelismo sistemático; además, en países como Bolivia o Ecuador, de persecución a organizaciones y sujetos críticos, incremento de tendencias represivas, cooptación de organizaciones sociales y otros rasgos afines.

“Mensalao” (escándalo de las mensualidades, sobornos pagados a los diputados para su apoyo a proyectos del Poder Ejecutivo) y “Lava Jato” (lavado de dinero que implica a grupos mafiosos, políticos y empresas) son 2 Descripción menos cargada ideológicamente que la de populista, usada más como adjetivo (des)calificativo que como categoría de análisis, excepto en el caso de autores que, como Laclau, se declaran teóricos del populismo e intentan emplear el término de un modo no peyorativo.

3 Autores como el uruguayo Eduardo Gudynas prefieren caracterizarlos como extractivistas, aludiendo a su estructural incapacidad de superar la dependencia de la explotación y comercialización de materias primas (de modo prácticamente idéntico a los gobiernos conservadores o liberales que desplazaron).

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nombres que se ha dado en el Brasil a gigantescas operaciones de investigación que están transparentando la colusión entre políticos (tanto de la coalición oficial como de sus adversarios) y ejecutivos de empresas estatales y privadas; solo en el caso de “Lava Jato” han costado no menos de 6.000 millones de dólares.

El enriquecimiento de la familia presidencial y muchos altos funcionarios en Argentina, así como de la “boliburguesía” venezolana, la concentración de poder y riqueza de la familia presidencial en Nicaragua, y muchos otros casos en todos los gobiernos calificados de “izquierdistas”, “socialistas”, “progresistas” o “populistas”, configuran el panorama que está llevando a los grupos conservadores a plantearse la supuesta apertura de un período de restauración4 “neoliberal”.

Sin embargo, tal como en el caso de la crisis económica, que se desarrolla en formas tan disparejas5, la situación política de cada uno de los países es sui generis y, en la mayor parte de los casos, autónoma la una de la otra6. De allí que el entusiasmo y la homogeneidad de los pronósticos que se hacen a partir de la caída del kirchnerismo y la derrota legislativa del gobierno chavista revelan más la impaciencia de los grupos dominantes de antaño por recuperar el poder, que el descubrimiento del mecanismo de una nueva oscilación histórica.

4 “Así, entre 2000 y 2015, mucha agua corrió bajo el puente. Frente a ello, vale la pena preguntarse si la tirantez entre transformación y restauración en este cambio de época no ha ido desembocando en un fin de ciclo, que bien podría caracterizarse como revolución pasiva —como afirma M. Modonesi (2012)—, categoría de análisis histórico que, asociada al transformismo y al cesarismo democrático, expresaría la reconstitución de las relaciones sociales en un nuevo orden de dominación jerárquico. Triste y lamentable final sería entonces el de nuestros gobiernos progresistas, que tanta energía colectiva y expectativa política conllevaron, lo cual incluye por supuesto no solo las experiencias populistas, en sus diferentes matices, sino las otras, como las del PT brasileño, que en el segundo mandato de Dilma Rousseff atraviesa hoy su hora más aciaga, marcada por la corrupción, el ajuste económico y el olvido de las promesas de transformación social” (Maristella Svampa en: https://n9.cl/nq9uu) 5 Como la venezolana, que se ha precipitado a una situación próxima a la quiebra, la ecuatoriana, mucho más controlada, la brasileña con características principalmente recesivas, o la boliviana, que continua exhibiendo cifras alabadas por los organismos financieros internacionales.

6 En nuestro caso, dicha autonomía es menor, dada nuestra dependencia de las economías de Brasil y Argentina, que son nuestros principales socios comerciales y los compradores de nuestra principal exportación, el gas natural.

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La salida de los Kirchner y la seria derrota del gobierno de Maduro en las elecciones parlamentarias aumentan las posibilidades de cambios gubernamentales en Brasil, Ecuador y Bolivia. Si esto llega a ocurrir, obedecerá a manifiestos errores de los gobiernos que enfrentan tal amenaza7, pero de ninguna manera cabe esperar que se retorne a la situación anterior.

Los gobiernos que puedan reemplazar a los que están en capilla se encontrarán con al menos dos profundos cambios, que hacen poco viable el sueño de restauración conservadora convencional. El primero es que está en pleno desarrollo una multipolaridad política que sustituye la presencia de EE. UU. como potencia exclusiva y excluyente. El segundo radica en la fuerza y arraigo del empoderamiento social que ha ocurrido en estos últimos años.

Es en América Latina donde los Estados Unidos han visto su mayor repliegue de los últimos años, cediendo espacio económico y político a nuevos actores, como China, y las posibilidades de que pueda recuperar su anterior posición son más que remotas.

Respecto a los movimientos populares de la región, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han hecho todos los esfuerzos por domesticarlos y someterlos8, con serias consecuencias para su autonomía, organicidad, fortaleza, unidad y democratización interna. Pese al enorme pasivo que eso representa, los intentos por desmontar y eliminar las conquistas y avances conseguidos encontrarán una resistencia cualitativamente superior a la del pasado y, en general, a una significativa maduración de la capacidad colectiva de identificar, reclamar y sostener el mantenimiento de derechos reconocidos a lo largo de este último siglo.

Realidades económicas y era de reajustes Los índices y tendencias económicos adversos se han seguido empeorando durante este año, en la misma medida en que las posibilidades de re7 La temprana defenestración de los gobiernos de Zelada, en Honduras, y de Lugo, en Paraguay, se diferencia de lo que está pasando ahora no solo por la participación militar, junto a una ostensible digitación estadounidense en esos hechos, sino por la debilidad y la escasa organicidad del movimiento popular en dichos países.

8 La relación entre el peronismo y los sindicatos en Argentina es muy anterior al kirchnerismo, y se rige por una dinámica muy diferenciada del resto de los países aquí mencionados.

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cuperación parecen cada vez más lejanas. La pérdida acumulada por la disminución del precio de nuestros productos de exportación supera las previsiones más pesimistas9, y a los problemas del deterioro de los términos de intercambio comercial están a punto de agregarse nuevas complicaciones, como el alza de tipos de interés que prepara la Reserva Federal estadounidense10.

Sin embargo, mientras más enredado se presenta el panorama, más optimistas y desafiantes son las declaraciones de los voceros económicos bolivianos, al pregonar que “estamos blindados” ante la crisis y que tienen fórmulas confiables y duraderas para sortearla o abortarla.

El mensaje oficial se atrinchera detrás de la información de que el desempeño económico de Bolivia es mejor que el de los otros países sudamericanos y en una defensa cerrada de las virtudes de su modelo, presuntamente basado en la “fortaleza del mercado interno” y la inversión pública.

Indiscutiblemente, más allá de la gravedad de las malas noticias y el entrecruzamiento de argumentos teóricos, el gobierno ha conseguido nuevamente sorprender con su capacidad de iniciativa al anunciar la concesión de créditos chinos por un monto inicial de 7.500 millones de dólares, que incluso subirían a 10.000 millones, con lo que podría ejecutar un ambicioso plan de obras de infraestructura caminera, energética e inversiones en otros campos (gran parte bajo la modalidad “llave en mano”, utilizada con tanta frecuencia que tiende a convertirse en la norma).

Lo que no ha empezado siquiera a discutirse es la necesidad, pertinencia y sostenibilidad de varias de las obras programadas porque, tal como con la carretera por el TIPNIS y varios otros proyectos multimillonarios, no se han dado a conocer los estudios y el respaldo conceptual, económico, ambiental y científico con que se ejecutarían.

De hecho, la ejecución de grandes proyectos urbanos, como los trenes de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, o la multiplicación de ramales del teleférico en La Paz y El Alto (que en conjunto se acercan a un costo de 9 La reducción de los ingresos por hidrocarburos y minerales alcanzará los 34.173 millones de bolivianos (más de 4.900 millones de dólares) antes de que concluya el año. Véase:www. paginasiete.bo/.../exportaciones-caen-317-superan-prevision-oficial- 78951.html 10 Véase:http://economia.elpais.com/economia/2015/12/06/actualidad/1449400109_ 854218.html

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1.500 millones de dólares), abren más interrogantes de los que resuelven, debido a su elevado costo y a su escaso impacto en la solución de los problemas de fondo de las principales urbes.

Otros, como el conjunto del plan nuclear (2.000 millones de dólares), incluyendo en primer plano la construcción de una minicentral nuclear de generación eléctrica, se siguen propagandeando como presunta base de la conversión de Bolivia en una “potencia energética regional”11, aunque sin poner sobre la mesa los estudios de costo-beneficio y disponibilidad de mercados. En cualquier caso, obedecen a una lógica que marcha a contramano de priorizar las inversiones en energías limpias y carentes de los riesgos que tiene la atómica12.

De cualquier manera, el gobierno afirma ahora que nuestra economía crecerá no al 5,9%, como anunció a principios de año, pero sí al 5,01%, con lo que se pagará el aguinaldo extra, que tiene una importancia crucial para la estrategia de campaña favorable a la reforma constitucional, en la que se decidirá la habilitación de Morales para una nueva reelección.

Mediante el gasto de reservas internacionales (RIN), un endeudamiento externo acelerado y a gran escala, el incremento de la presión tributaria y la penalización a los contribuyentes tradicionales, el gobierno apuesta a fondo por mostrar una economía invulnerable a las convulsiones externas. Lo ha conseguido en gran parte este año, pero es más que dudoso que pueda sostener esa burbuja por mucho más tiempo.

Los enunciados de industrialización han quedado reducidos a realizaciones vistosas13, pero definitivamente menores y completamente insufi11 La construcción de varias represas también presenta importantes cuestionamientos de carácter ambiental, mientras que la viabilidad de la venta de electricidad a la Argentina, en caso de que se construya las generadoras, entra en una fase de incógnita con el arribo de un nuevo gobierno a ese país. Prácticamente ningún proyecto de generación cuenta con estudios del costo de las líneas transmisoras a los posibles compradores internacionales.

12 La resistencia a la construcción de un centro de investigación nuclear en la zona de Mallasilla, en La Paz, ha mostrado el recelo ciudadano a aceptar sin explicaciones los planes del gobierno en este rubro. También ha puesto nuevamente de manifiesto la propensión que este tiene de enfrentar grupos y sectores para manipularlos en beneficio del cumplimiento de sus designios.

13 Las plantas de recuperación de líquidos del gas natural y la inconclusa petroquímica para obtener urea en el Chapare son las principales. El progreso de la industrialización del litio está más que demorado, y sin una clara perspectiva de evolución, mientras que la puesta en

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cientes para lograr una transformación de la matriz productiva y del patrón de acumulación.

La dificultad más grande que ha enfrentado y enfrenta el manejo de la economía del país, con los éxitos y limitaciones que muestra hasta hoy, es su completa funcionalidad a la visión de campaña electoral continua, practicada por el MAS durante la década que conduce el Estado.

Si esa lógica no cambia, las contradicciones y dificultades económicas tenderán a proliferar y, con ellas, las presiones para que este gobierno o el que lo suceda ingrese en una lógica de recortes y ajustes (devaluaciones incluidas) en desmedro de los trabajadores y los sectores populares.

La campaña del referendo Bien vistas las cosas, puede decirse que quien conduce las campañas, tanto por el Sí como por el No a la reelección, es el gobierno. La primera, obedeciendo a una decisión consciente y deliberada, y la campaña negativa, por defecto, con base a las omisiones, errores y enredos de la administración.

No existe ninguna conducción partidaria o social de la tendencia, hasta ahora mayoritaria, por bloquear la reforma constitucional que, a la medida de sus deseos, ha diseñado la conducción masista, y que será puesta a prueba la tercera semana de febrero de 2016. Lo que hacen los partidos opositores, los disidentes masistas y algunos dirigentes sociales arre­pentidos o nunca sometidos al partido gubernamental es tratar de amplificar y reiterar la oposición de los grupos sociales que se confrontaron al MAS desde el comienzo, o a la desilusión de aquellos que lo estuvieron apoyando.

Desde el uso del eufemismo “repostulación”, para amortiguar el reflejo negativo con que reacciona la mayoría ante la idea de la reelección, hasta una evidente aceleración de arrestos y trámites judiciales del caso de corrupción del Fondo Campesino —como parte de la campaña—, el gobierno continúa ensayando infructuosamente diversas fórmulas para volcar la marcha de metalúrgicas como la de Karachipampa presenta hasta ahora más problemas que soluciones.

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tendencia que se refleja en sondeos desde inicios de año hasta el último 6 de diciembre14.

Los mensajes y acciones ensayados para favorecer su opción intentan adecuarse a la información que recogen los estrategas, sin cambiar un sólido eje que convoca a votar por la estabilidad y la continuidad, por lo sabido y conocido. El viraje a este registro, típicamente conservador, no se ha iniciado en esa campaña; es la consecuencia necesaria de un vuelco, primero al centro, que se advierte desde las elecciones regionales de 2010 (el lema de campaña “Vamos bien” del año pasado lo retrata fielmente).

La base y el atractivo de este relato radican principalmente en la capacidad del gobierno de seguir controlando las principales variables económicas y de moderar los apetitos y las pugnas de los grupos corporativos que lo sustentan. Pero incluso si consigue tales objetivos hasta el referendo, todavía enfrenta el riesgo de que eso no alcance para asegurar la victoria que le permita habilitar una vez más como candidatos para 2019 a la dupla que conduce el Estado, el gobierno y el partido hegemónico.

Escenarios prospectivos En el caso de que los esfuerzos no le alcancen al gobierno para un triunfo del Sí, el MAS todavía tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2019, aunque, ciertamente, afrontando riesgos y complicaciones que no ha conocido previamente. Una manera de hacerlo es presentando enrocados a sus actuales candidatos (Morales a la vice y García a la cabeza), fórmula que no está prohibida en nuestra Constitución. La otra es entregando la posta a nuevos candidatos, de la mayor lealtad y docilidad posibles (un poco al estilo Cámpora-Perón en la Argentina de 1973).

El orgullo y el amor propio del supremo conductor político serían la primera y más evidente traba de la primera solución, y el riesgo de desatar una pugna interna, eventualmente incontrolable, el de las dos señaladas.

Pero, incluso si triunfa el Sí por un estrecho margen, las condiciones que se avecinan no le dan al MAS la certeza de que pueda volver a imponerse en 14 En todas, excepto en la encargada por el gobierno y ejecutada por la empresa peruana IPSOS, el No lleva una ventaja aproximada de 10 puntos porcentuales, que varían según la amplitud y la localización de la muestra seleccionada.

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2019. Y es que, por todo lo señalado hasta aquí, va tomando forma, como tendencia central de la coyuntura, que de esas elecciones nazca un gobierno débil, ya sea continuista o de fuerzas opositoras.

Si es del actual oficialismo, estará muy socavado por su errores y contradicciones internas; si es de algún partido o coalición opositora, porque los oficialistas de hoy mantendrán el control de muchos puestos gerenciales clave del Estado, incluyendo posiblemente el aparato judicial y el Ministerio Público, encabezados por las más grandes organizaciones sociales.

Desde luego que este curso se alteraría seriamente si el empecinamiento oficial por mantener y profundizar yerros lleva al desarrollo de escenarios de desastre15.

En el fondo, dado que el gobierno se ha inclinado por dar una respuesta economicista a todos los problemas, incluyendo los políticos y los estratégicos16, todo dependería de la suerte del modelo ensayado por la conducción de esta área. Hasta ahora, como se ha apuntado reiteradamente, ha sorteado los principales escollos y ha vadeado los sombríos pronósticos opositores, pero es cada vez más inverosímil que pueda mantener dicho desempeño a largo plazo con el desmoronamiento de los precios del gas17 y el deterioro de aquellos de los minerales (que podrían tener un porvenir menos negativo, igual que los alimentos).

Aunque la oposición carece de propuestas, estrategia de triunfo o solidez organizativa, este gobierno, igual que cualquier otro, necesitará consultar y acordar un plan para enfrentar las dificultades que ya han comenzado.

Incluso puede verse ahora que el uso de reservas y el endeudamiento masivo para mantener la inversión pública serán insuficientes para preservar (y 15 Como ejemplo e hipótesis, basta observar el deterioro actual del Órgano Judicial, plagado de redes de extorsión, igual que la Policía, a lo que se añade la política benevolente con que el Ejecutivo se relaciona con las Fuerzas Armadas. Si no se enmiendan y rectifican, pueden dar sustento a grandes sobresaltos institucionales, que podrían desembocar en una nueva crisis estatal.

16 Con esta denominación aludo a las trabas y deserciones observadas en la inconclusa reforma y descolonización del Estado, la transformación de la matriz productiva y el patrón de acumulación, así como a la apenas iniciada renovación ética e intelectual.

17 Este energético se ha abaratado más que el petróleo debido a la consolidación de enormes reservas mundiales de gas esquisto. Por esta razón, la renegociación de precios con nuestros compradores tiende a carecer del resguardo que le proporcionaba el estar vinculado al del petróleo, y con muy pocas probabilidades de mejorar sustancialmente, por lo menos en el próximo quinquenio.

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menos para mejorar) la cantidad y calidad del empleo, la capacidad adquisitiva de los salarios y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en forma de bonos y subvenciones. Mucho menos se podrá mantener los privilegios de los dirigentes corporativos y de grupos como cooperativistas, cocaleros o colonizadores.

La situación social y política puede deteriorarse con extrema rapidez, si no se produce una rápida y consistente modificación de los hábitos de las autoridades de imponerse a como dé lugar y confrontar continuamente a sus críticos, para pactar, más bien, una plataforma conjunta de medidas de emergencia, de reprogramación y reestructuración de la inversión pública.

Esta debería incluir pasos serios y verificables para transparentar las adquisiciones y contratos, así como la correspondiente rendición de cuentas en todos los casos.

La reforma de la administración de justicia y de la Policía, el relanzamiento de las autonomías y la descentralización, la recuperación de la independencia sindical y la democratización de los sindicatos y organizaciones sociales son otros temas que deben estar presentes en la búsqueda de acuerdos. De otro modo, cada uno de estos asuntos puede originar movimientos sociales espontáneos y rebeldes que busquen soluciones por la acción directa.

Es muy difícil que se produzca semejante viraje, no solo por la reticencia gubernamental, sino porque esa modificación sería interpretada por sus adversarios como una debilidad y, en su intento de explotarla, podrían esterilizarla fácilmente.

Pero si no se consigue imprimir un cambio significativo en esa dirección, todos los escenarios tenderían a privilegiar la exacerbación de los choques y a incrementar el costo y el sufrimiento para todos los actores, excluyendo, quizá, a los más privilegiados.

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La huella del 21 de febrero A las tres fuerzas que erosionan la gobernabilidad, identificadas en el análisis de diciembre de 20151, se agrega ahora el notable debilitamiento de la convocatoria y la credibilidad gubernamental, objetivado en su derrota del 21 de febrero.

Este descenso es producto de la interminable seguidilla de hallazgos que indican o prueban una constante falta de honradez en el desempeño de la administración del país, que van desde la falta de veracidad de los altos funcionarios, incluyendo al presidente, hasta la opacidad y las dudas que provocan mil millonarias contrataciones directas para la ejecución de obras públicas.

El último referendo constitucional, realizado por iniciativa y decisión exclusiva del MAS, establece una marca imborrable que influirá decisivamente en los acontecimientos, lo que obliga a quienes se interesan por el quehacer social y político del país a esforzarse para descifrar sus resultados y las tendencias que abre.

El certamen de la corrupción Durante el primer cuatrimestre del año casi había dejado de hablarse del gran desastre ocasionado en el Fondo campesino por su directorio de dirigentes y los ministerios representados en esa instancia. Mientras que las noticias que tenían origen en los desmanes y desfalcos en esa institución financiera ocuparon por aproximadamente un semestre los titulares noticiosos en 2015, este año han pasado a segundo plano, si es que sencilla1 El curso desfavorable de la situación económica internacional y, especialmente, la baja de precios de los commodities; la restructuración de la disposición de fuerzas en el espacio continental y regional y el mantenimiento de un estado de crispación y confrontación de las escenas política y social en nuestro país.

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mente no se han borrado, opacadas por las novedades relacionadas con los negocios que se entrevén alrededor de una cantidad todavía desconocida de contrataciones directas (sin licitación) ejecutadas por las autoridades2.

Es probable que la situación no hubiera alcanzado tal intensidad si Morales Ayma no aparecía en el centro del entramado, a partir de la denuncia que lo vinculó con la gerente de una de las compañías chinas beneficiadas con la adjudicación de contratos directos para ejecutar algunas grandes obras públicas.

El foco informativo se ha trasladado a este escándalo, al que se culpa de haber causado la derrota de la reforma constitucional que debía abrir paso a una nueva reelección de los dos primeros mandatarios en 2019.

Predomina actualmente en el tratamiento noticioso el enfoque sobre la relación sentimental y familiar de los involucrados, giro que también seduce a la oposición política3. Sin embargo, paulatinamente ha empezado a abrirse espacio el tema de las cantidades y modalidades en que se ha adjudicado la mayor parte de obras públicas a cargo del gobierno central.

De todas maneras, se ha instalado como una corriente de opinión en pleno desarrollo la idea de que la corrupción a gran escala y profundamente arraigada en el conjunto de la administración estatal forma parte existencial del régimen. La suma de denuncias previas, incluyendo redes de extorsión, contrataciones sobrevaluadas y fallidas, negocios en empresas estatales y un largo etcétera, se han condensado en estas semanas y adquieren una nueva fuerza y significado luego de que la estrategia para la reelección se estrellara contra la determinación democrática de los electores.

2 “Desde 2006, el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) reporta 54.583 contrataciones directas, más de la mitad de las cuales fueron impulsadas por entidades del nivel central. Según la base de datos, a partir de 2006 también se realizaron 7.456 contrataciones por excepción, además de 18.641 licitaciones públicas y 153 invitaciones públicas. Del total de contrataciones directas, al menos 27.862 fueron ejecutadas por ministerios, empresas públicas estratégicas y otras entidades de la administración central. Mientras que en 2004 unos 600 mil Bs fueron asignados por contratación directa, en 2014 este monto llegó hasta 19.603 millones de Bs” [el resaltado es nuestro]. Periódico Página 7, La Paz, 13 de marzo de 2016, p. 10.

3 Buena parte de las disputas entre los representantes de la comisión parlamentaria que entrevistó a Gabriela Zapata en la cárcel se debieron a que los opositores pugnaban por preguntarle sobre temas personales, antes que los referidos estrictamente al tema de tráfico de influencias (véase más sobre el tema en Página Siete del 19 de marzo de 2016, p. 2.

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A diferencia de lo que ocurría antes, los últimos hechos quiebran la invulnerabilidad gubernamental y la del presidente. Son permanentes las denuncias de que el poder público se utiliza en favor de intereses grupales e individuales, continua y metódicamente, reforzando la percepción no solo de problemas que se multiplican, sino de que se está en una fase de descomposición.

El aguinaldo no alcanzó Entre las medidas con que el frente oficial se preparó para ganar o ganar el referendo plebiscitario que montó para el segundo mes de este año, tenía un puesto muy destacado el pago del aguinaldo adicional al que obliga la ley cuando el crecimiento del producto interno nacional supera el 4,5%.

La administración estuvo insistiendo en que durante la gestión 2015 se habría superado un crecimiento del 5% del PIB, pero el reciente 4 de mayo publicó la información de que se habría alcanzado el 4,83%, en contraste con las cifras de organismos internacionales4, que se quedan en 4,3 o 4,4%.

Para esta gestión se pronostican cifras parecidas.

Las décimas de diferencia con la gestión pasada tenían durante la campaña un significado mucho más grande que el pago o no del segundo aguinaldo; con ellas se dilucidaba si se mantenía (o caía) el prestigio de la gestión económica, en los términos y alcances definidos por el gobierno nacional5.

Los mensajes que predominaron en la campaña se aparcaron en el espacio de transmitir confianza en lo conocido, ratificando que los dos principales mandatarios constituían una carta de garantía para mantener el consumo y los niveles de bienestar y para asegurar una nueva década de enormes inversiones, obras públicas y planes de avanzar, desde una presunta condición de “nueva potencia regional”. Esto hacía indispensable mantener la idea de que se superaría el 5% de crecimiento6.

4 Véase: https://n9.cl/j3l2a; también: http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/ so/2015/CAR042915AS.html 5 Eso significa que crecer al 4,3% en 2015 y en 2016 es un logro notable, al menos en términos “macro” y de estadísticas, en comparación con los rendimientos de toda la región, que ha ingresado en un segundo año de contracción.

6 Aunque con un déficit público del 6,1% y de 953 millones de dólares en balanza comercial.

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El aguinaldo adicional por sí mismo, aunque solo se brinda a la minoritaria porción de asalariados “formales”7 (es decir, debidamente registrados en las estadísticas oficiales y usufructuarios de los beneficios sociales legales), tiene un alto valor simbólico y político porque representa el viraje con el que los gobernantes se aproximaron en 2014 a este sector, que tiene una elevada capacidad de movilización social en las ciudades. Así sellaron el pacto que mantienen con la principal organización que aglutina a los entes federativos y gremiales que los representan: la COB. En su momento, esa medida, sumada a la política de incrementos salariales y aumento del nivel del salario mínimo, resolvió un creciente alejamiento de los asalariados, que pueden considerarse hoy una especie de columna central de las clases medias urbanas, tanto las tradicionales como las denominadas nuevas o “vulnerables”8. Analistas gubernamentales, y no solo ellos, consideran que la recuperación de terreno perdido por el MAS y su gobierno con esa franja social hasta 2014 se dio gracias a incrementos salariales y al doble aguinaldo, consolidando su gran victoria electoral de ese año.

De allí que, a pesar de haberlo impuesto contra toda resistencia el año pasado —lo que no impidió que perdiera 700.000 votos el 21 febrero9 respecto a la votación de 17 meses antes— su derrota causa una confusión tan grande en el oficialismo, que hasta ahora no termina de hilar una explicación única y verosímil de los acontecimientos10.

7 El indudablemente rápido y consistente avance de las relaciones capitalistas que ha ocurrido en Bolivia y en toda América Latina durante la última década se expresa en el continuo aumento del número de asalariados, independientemente de si los nuevos asalariados son “formales” en términos jurídicos.

8 Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, critica la manera en que suele caracterizarse y utilizarse la idea de una “nueva clase media”, en el sentido de que categoriza erróneamente a un segmento de la “clase trabajadora”, sin tomar en cuenta la facilidad con que puede regresar a la situación de pobreza de la que estaría emergiendo. Véase: https:// n9.cl/smtch 9 Votos urbanos en su gran mayoría, y muchos de los asalariados que recibieron el doble aguinaldo.

10 Las justificaciones más constantes las ha proporcionado el vicepresidente: la “ingratitud y la dudosa calidad moral” de un millón de nuevos “clasemedieros”; la unidad y las “mentiras” de la oposición; la influencia de las redes sociales digitales, “manipuladas por tuiteros enviados directamente por el imperio”; la “migración” de dirigentes sindicales a cargos públicos, entre las principales.

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Dicha confusión empezó a expresarse con la idea de “empate técnico”, planteada la misma noche en que se dio a conocer el resultado final con tres puntos de ventaja para el No, y prosigue hasta hoy por un carril que retorna continuamente al supuesto de que el fracaso se debería a un engaño (“del imperio”, “de la derecha”). Esto deja margen a buscar una revancha, una “segunda vuelta” o un “segundo tiempo”, en palabras del presidente, su séquito y la mayoría de dirigentes nucleados en la CONALCAM, quienes, coincidentemente, enfrentan problemas actuales o lo harán en perspectiva cuando avancen las hasta ahora muy lentas o detenidas investigaciones sobre los desfalcos del FONDIOC11.

Lo duradero y lo transitorio Lo que puede ser más difícil al organizar una información que ayude a hacer inteligibles las causas de lo ocurrido es discriminar y jerarquizar los factores que lo condicionaron, especialmente entre los más profundos, prolongados y gravitantes y los menos. Si se toma a los medios masivos de difusión como guía, muy posiblemente terminaremos convencidos de que el affaire con la novia presidencial, la existencia del hijo y, tal vez, las víctimas del incendio de la alcaldía alteña serían los que inclinaron la balanza.

Un examen más detenido probablemente lleve a otras conclusiones, si se toma en cuenta que, a pesar del trágico balance de seis víctimas mortales, el apoyo a la reelección se impuso en El Alto12. Si a esto se añade el comportamiento marcadamente práctico que rige la lógica del voto en nuestro país, y se suma el enfoque conservador del mensaje oficial (“votar por lo bueno conocido”), la importancia de factores menos mencionados en las noticias, pero más constantes y hondos en la experiencia social, cobra mayor significado.

11 Es muy importante destacar que, en las últimas semanas, dirigentes de la CSUTCB —cuya cúpula está muy comprometida con ese desfalco al haber recibido grandes desembolsos— han declarado públicamente que ya no cabe insistir en la reelección; más bien hay que ver los relevos y nuevos candidatos que encabezarán la fórmula masista en 2019.

12 Atribuyo la constante mayoría que mantiene en esa ciudad (aunque con tendencia al descenso) al predominio del “voto identitario”, condicionado por la importante presencia de migrantes y descendientes de migrantes rurales. Ese comportamiento es propio de la franja más firme de electores que encuentran en el presidente del Estado un legítimo e inigualable representante propio desde el punto de vista cultural y de clase: campesino, colonizador y migrante.

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Así, la desaceleración económica, que impacta sobre la oferta laboral y el precio de los jornales en actividades muy sensibles a la velocidad de rotación del capital (como la construcción) y, con igual rango de importancia —como lo reconoce el vicepresidente en una de sus entrevistas—la desconfianza frente a la permanencia demasiado prolongada de un partido en el control del gobierno y el Estado13, junto con la creciente percepción y sensibilidad ante la corrupción, son probablemente las principales causas de la victoria del No. El affaire con la novia tiene ingredientes sociales y políticos fuertes (súbita conciencia de la presencia china y su creciente peso, alerta inicial sobre la discrecionalidad en la firma de contratos y concesión de grandes obras), pero dichos elementos comienzan recién, lenta y dificultosamente, a abrirse paso. En tanto, la faceta de culebrón e intriga ha estado en primer plano noticioso; sin embargo, son dudosos sus efectos electorales, si se considera el contexto machista, patriarcal y demasiado permisivo ante la omisión de obligaciones familiares14 que prima en nuestro medio.

Recetas para salir del atolladero Existen, pues, razones para dudar de que los temas privilegiados por los medios y por las redes sociales virtuales hayan alcanzado el rango que privilegia su tratamiento noticioso, Sin embargo, está fuera de discusión que han golpeado frontalmente el aplomo y la capacidad de respuesta e iniciativa que caracteriza a los gobernantes.

Sin ofuscarse tanto como lo ha hecho la diplomacia chilena ante la causa entablada por nuestro país en la Haya, el conjunto de voceros, mensajeros y 13 Es preciso recordar que, como respuesta a que las encuestas más tempranas focalizaban el recelo de los electores ante gobiernos demasiado “largos”, la propaganda oficial desechó referirse al término reelección y puso la máxima presión para que propios y extraños se refiriesen a la “repostulación”. La desconfianza de los electores toca fibras de la memoria larga, como la descomposición del MNR, y en ese sentido puede considerarse como parte de una cultura democrática en proceso de afirmación.

14 Es posible que el impacto y el costo electoral resultado de cuestiones morales y emocionales recién se esté acumulando, ante la cadena de abusos contra la señora Zapata, apabullada por un Estado movilizado para respaldar al presidente hasta en los temas más dudosos.

Esto mella aún más la figura de Evo Morales, pues lo muestra como alguien que se esconde detrás de otros, lo que socava el mito de hombre intrépido que ha alimentado por años.

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mensajes oficiales ha perdido la velocidad y contundencia de otros trances.

Desde el principal dirigente, pasando por “su secretario” (que es como el jefe de Estado califica al vicepresidente), hasta el último de los ministros, parlamentarios, gerentes y otros que han salido al ruedo en calidad de garantes de la buena conducta e intenciones del presidente, han quedado en situación muy precaria ante el público si se los compara con otras situaciones de emergencia15.

Después de todos los balances sobre los resultados del 21 de febrero y de la emergencia comunicativa que trajo el affaire Zapata, el vicepresidente resume una fórmula muy comprimida para remontar el contraste: “Si logramos mantener el crecimiento económico e industrializarnos; si logramos convertirnos en centro energético; y [si seguimos] reduciendo la desigualdad y ampliando la ciudadanía económica para las personas, estaremos en mejores condiciones para afrontar la campaña de 2019”16.

Aunque la fórmula parece sencilla, no lo es, como se verá a continuación; es más, puede resultar simplista porque desatiende varias aristas, problemas y fuerzas que se encuentran en plena evolución.

Su primera y mayor debilidad es que reduce todo al plano económico, cuya importancia es enorme, pero definitivamente insuficiente para comprender la realidad en su conjunto. Al final de cuentas, aunque el vice lo olvide, el MAS ganó la primera elección por la esperanza colectiva en transformaciones y no por estímulos económicos.

Y, según avanzan las cosas, son cuestiones políticas, morales, de anhelos y expectativas las que se le está enredando y las que podrían pesar más en su declive, junto al indudable y creciente deterioro que vive nuestra economía a partir del viraje negativo de los precios de las materias primas en el mercado mundial.

Pero, comenzando por el riesgo de un sesgo simplista en el análisis de las autoridades, los planes oficiales para llenar el hueco producido por la caída 15 Pese a ello, Morales continúa con una aprobación del 61%, incluso en medio del agitado conflicto de las personas con discapacidad, según la encuesta de la empresa Tal Cual, con una muestra de 1.800 personas en las ciudades del eje e intermedias, realizada la segunda quincena de abril de 2016 y difundida por la red televisiva ATB. 16 Véase: www.notimerica.com/politica/noticia-vicepresidente-bolivia-asegura-mas-masdebil-morales-20160307131744.html

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del precio de exportaciones, con préstamos de la China (entre 7.500 a 10.000 millones de dólares) y el uso de reservas para mantener un plan de inversiones públicas masivas, puede efectivamente funcionar en el corto plazo.

Pero si se prolonga la brecha entre el promedio de 10 dólares que se estuvo cobrando por el millón de BTU y los 2,5 que se obtienen ahora, ni siquiera las fuentes extraordinarias serán suficientes; mucho menos si una parte de los recursos se desvían a bolsillos de intermediarios y comisionistas.

La segunda parte del plan oficial consiste en sostener una masiva inversión pública, aplicada a infraestructura y, principalmente, al campo energético, con una inversión de unos 32.000 millones de dólares hasta 2025 para sostener las reservas de hidrocarburos y llegar a generar unos 8.300 MW, que se exportarían en su mayor parte. Pero hay muchas dudas respeto al éxito que pudiera tener lo que los expertos caracterizan unánimemente como un insuficiente y tardío esfuerzo exploratorio.

En cuanto al proyecto de exportar electricidad, los mercados argentino y brasileño pueden absorber fácilmente nuestra oferta, pero el financiamiento presenta grandes interrogantes, mucho más si la recuperación del precio de nuestros actuales productos de exportación es lento o vacilante.

Adicionalmente, la construcción de grandes represas implica desafíos ambientales (y respuestas sociales); para responder a ellas se necesita de confianza, convocatoria y credibilidad política, que se están desmoronando.

Pero antes, es un serio problema construir nuevas termoeléctricas cuando no se garantizan las reservas de gas para hacerlas arrancar y mantenerlas en funcionamiento.

Antes de poder alcanzar esa gran conversión de nuestras exportaciones, están los muy gelatinosos resultados de inversiones ya realizadas, como las de las plantas separadoras de gases y la de urea y la proyectada de polipropileno, que traen más preguntas que respuestas, principalmente respecto al mercado internacional y, nuevamente, al costo de las plantas.

Pese al recorte de ingresos y recursos, no se ha modificado la priorización de grandes y costosas obras urbanas, con bajo impacto en resolver problemas tales como el transporte masivo y otros, y que simplemente están dirigidas a apuntalar cosméticamente imágenes de “desarrollo”.

En lo cotidiano, los presupuestos de todas las instituciones estatales continúan achicándose; han comenzado los primeros recortes de planillas,

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y serán mucho mayores en los próximos meses17. Al mismo ritmo, proliferan las protestas de los contribuyentes por el celo excesivo, o el sesgo casi extorsivo, con que se cobran y exprimen tributos, en un desesperado afán por equilibrar las cuentas.

En el gobierno parece olvidarse, finalmente, que una de las principales razones para lanzar y fomentar la aventura del referendo fue tratar de prevenir el coletazo que ya se esperaba por la caída del precio de las materias primas, y legitimar los recortes y ajustes de los que aún no hablan los voceros, pero que ya sobrevuelan el ambiente.

El campo institucional El congelamiento y archivo de la reforma estatal, no solo en sus componentes mayores —referidos a la descolonización, al reconocimiento y apertura de espacio a todas las expresiones de pluralidad, al ejercicio de autonomías o al control social—, ha servido de prólogo a espacios de simple regresión, como ocurre con la descentralización y la desconcentración, sofocadas por una concentración creciente del poder y por un deterioro de la siempre maltrecha institucionalidad, como se observa en la administración de justicia.

Lo mismo aplica al manejo de los aparatos de seguridad y represivos, unidos al quebrantamiento del respeto a derechos y garantías constitucionales18.

El control de dos tercios en el Legislativo no se ha usado para regularizar los altos cargos y gerencias estatales. Los interinatos se mantienen, y cuando toca regularizarlos —como pasa con el próximo nombramiento de Contralor—, proliferan las señales de que los gobernantes privilegiarán la 17 En relación a este tema, la experiencia de la última década ha mostrado una enorme inflación de las planillas públicas centrales y subnacionales y, junto con ella, un deterioro constante de la calidad del empleo, porque se ha virado a contratar “consultores” sin beneficios, sin estabilidad y con derechos laborales recortados. Es una década en que el Estado se ha exhibido como un patrón con los peores hábitos y tics neoliberales en materia de empleo.

18 Concretamente, la de asociación atropellada, con intervenciones estatales subrepticias sobre organizaciones sociales, cuando expresan disenso o protesta, o su división y manipulación; la del hostigamiento de periodistas críticos y la severa discriminación en el reparto de la gran torta publicitaria estatal, así como la multiplicación de causas judiciales contra alcaldes, gobernadores y otros representantes electos de organizaciones opositoras; la de los derechos de pueblos indígenas y contra la Madre Tierra (con la apertura de áreas de reserva), etcétera.

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lealtad y la subordinación partidaria por encima de cualquier otra consideración. Lo mismo se presagia con el inminente nombramiento de un nuevo Defensor(a) del Pueblo.

Las “precumbres” y la subsecuente “cumbre” de reforma de la administración de justicia ofrecen un panorama desalentador, porque hasta ahora son solamente una cámara de resonancia del nuevo viraje propagandístico oficial, según el cual será posible una nueva, y esta vez verdadera, “revolución” de la justicia (en palabras del procurador del Estado), simplemente mediante una nueva reforma de la CPE, en que se reemplazará la elección de magistrados por una selección meritocrática, encomendada a los dos tercios de la mayoría oficial que domina el Legislativo. Es decir, los mismo que eligieron a los candidatos que se votaron en las elecciones de magistrados19.

Al cabo de dos meses transcurridos desde la realización del referendo —durante los cuales el ala oficial y todos sus adherentes y asociados20 no han dejado de reiterar que su derrota ha sido circunstancial y reversible—, la reforma de la justicia se encamina a ratificar su principal vicio: su dependencia absoluta del poder político y económico. Y es que las autoridades no se resignan a perder el brazo de contención y castigo a sus rivales y críticos, ni quieren una administración neutral cuando les toque rendir cuentas de sus actos21.

Escenarios prospectivos Este último comportamiento se ampara y trata de justificarse, adicionalmente, en las situaciones que se viven hoy en Brasil y Argentina, donde 19 Especialistas en la materia que militan en la oposición han expresado críticas a la ruta de la “cumbre” que lleva adelante el Ejecutivo, y han presentado propuestas alternativas para que la decisión de una auténtica reforma incorpore a otros actores además del propio personal de gobierno y dirigentes de organizaciones sociales aliadas (véase: https://n9.cl/ unxag; también: https://n9.cl/9i1c7).

20 Excepción hecha de la CSUTCB, cuya máxima dirigencia se ha desmarcado de los demás en una sola oportunidad, al afirmar que debe dejar de buscarse “segundas rondas” y que hay que concentrarse en hallar el relevo para la candidatura de 2019.

21 Aunque oficialmente se ha desmentido que en el MAS se esté considerando la posibilidad de aprovechar una reforma constitucional que elimine la elección de magistrados para volver a consultar sobre una nueva reelección, la susceptibilidad se mantiene ante la reiterada alusión a nuevas “vueltas” o segundos tiempos.

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la administración de justicia, ya sea por independencia o por inclinación favorable a los rivales de los aliados internacionales de nuestro gobierno, está mostrando los serios daños que pueden infligir administraciones de similar conducta.

Por todo lo anterior, la tendencia central del proceso en nuestro país fortalece la predisposición defensiva del personal principal del régimen, que endurece su preferencia por la confrontación y la imposición. El resultado de tal sesgo será una reforma de la administración de justicia que preservará el abominable funcionamiento del Órgano Judicial y el Ministerio Público, bajo control absoluto del Ejecutivo y dejando al desamparo a la población que se atreva a recurrir a ellos. La frustración y el sentimiento de derrota moral que tienden a acarrear tal situación pueden ser devastadores.

Los votos adversos que cosechó el régimen en febrero no han alcanzado para persuadirlo de la necesidad de un ajuste, y menos, de un viraje. Por ello, lo que se ve venir en el campo de la justicia, en el nombramiento de autoridades titulares y en el nulo enfrentamiento de la corrupción tiene grandes posibilidades de repetirse en la esfera económica.

Esto significaría continuar privilegiando la política de simular que la desaceleración no nos afecta, manteniendo un programa de grandes inversiones, desvinculado de la necesidad de ajustes en la priorización de obras, sin consenso con los actores económicos y sometido a los sobrecostos de intermediarios corruptos (estatales y privados), con el agravante de un rápido avance del endeudamiento externo, escasamente sustentado en una transformación productiva de envergadura y en un incremento de la productividad nacional.

Ratificando la previsión del análisis previo: “si no se consigue imprimir un cambio significativo en esa dirección, todos los escenarios tenderían a privilegiar la exacerbación de los choques y a incrementar el costo y sufrimiento para todos los actores, excluyendo, quizá, a los más privilegiados.”

Una complicación adicional es que los problemas y enredos del partido dominante y en control del poder tampoco alcanzan para catalizar entre sus opositores una regeneración que les permita asumir que, en tanto no comprendan que necesitan ensamblar una plataforma capaz de atraer a una franja significativa de votantes del oficialismo, sus posibilidades de ganar

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permanecerán petrificadas. Esto pasa por tener la capacidad de reconocer aquellos elementos económicos, políticos, éticos e intelectuales abandonados por los gobernantes, pero representativos de las transformaciones que la sociedad buscó.

Los proyectos rupturistas o restauradores del anterior orden vigente se han estrellado una y otra vez en las elecciones previas. No existe fórmula unitaria capaz de subsanar la cortedad de vista del sistema partidario tradicional, y el continuo desgaste de gobernabilidad, que ya se ha iniciado, continuará socavando a este gobierno y pasará lo mismo con el que lo suceda, ya sea continuista u opositor.

La falta de recursos se acentuará, con una pugna creciente por el menguante excedente entre sectores sociales e intereses corporativos o regionales, lo que aumentará las tensiones.

Para que la sociedad civil rescate sus reclamos y sus avances democráticos es indispensable recuperar la independencia de las organizaciones acopladas a la maquinaria estatal, hoy por hoy sumidas en una crisis de corrupción y burocratización mayúscula. Indudablemente, ese paso solo pueden darlo las bases de esas estructuras y, por lo tanto, su ritmo y amplitud, tanto como la calidad de los cambios individuales y organizacionales, dependerán de la acumulación previa y la calidad de los actores que se estén formando ahora mismo.

La reflexión sobre las metas incumplidas que fija la CPE, su pertinencia, actualidad y la manera en que se pueden aplicar y proyectar es una posible herramienta para establecer balances y para fijar rutas, etapas y alianzas de esa gran mayoría democrática que animó el proceso constituyente y que vive un distanciamiento creciente de los grupos e individuos que llegaron a conformar la herramienta a la que se confió la conducción del proceso.

Abril de 2016

Derrota en el referendo y maniobras para anularla En el semestre transcurrido desde el 21 de febrero, cuando se realizó el referendo constitucional, el gobierno nacional ha enfrentado diversos episodios adversos, que ha proclamado invariablemente como victorias o medios triunfos1. Parece proceder así en parte por el hábito de no reconocer derrotas, en parte por la estrategia que ha ensamblado para neutralizar y revertir el duro fracaso que obtuvo en el último referendo.

En todos los casos resulta relativamente sencillo advertir que la interacción entre la disminución de ingresos y recursos con el ascenso de exigencias y presiones de las columnas corporativas sobre las que se asienta el poder gubernamental, más la aceleración de contradicciones internas y abuso de poder, crean un circuito perverso por el que el partido de gobierno resulta ser el enemigo más constante y eficiente de sí mismo.

Durante los dos últimos meses, cuando las contradicciones sociales y políticas se han caldeado, generando una cuota mayor de sangre y muerte, ese comportamiento se ha intensificado en extremo y ha terminado por obligar al gobierno a tomar decisiones que acelerarán el conjunto de tensiones acumuladas.

Anclados en una discusión distractiva El MAS trató de recuperarse del atolondramiento inicial que se apoderó de él cuando no cabían más dudas sobre la votación del referendo último, intentando montar un contraataque, conducido como una operación de 1 Respecto al último, que es, además, el más serio, el presidente ha proclamado que “ha derrotado un golpe de Estado”.

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guerra psicológica, que en oportunidades previas le había brindado resultados satisfactorios.

Con ese fin, urdió una narrativa en torno a cargar el fracaso electoral a “una mentira contra el pueblo” (¿¿??), fabricada por “la fuerza del imperio” e instrumentalizada por un “cartel de la mentira”2, bajo el “auspicio de la oposición de derecha”.

Este enfoque, ratificado y reforzado durante la presentación de cargos de los fiscales contra Gabriela Zapata, trata de despolitizar al máximo los resultados desfavorables del 21 de febrero, atribuyéndolos a una reacción básicamente emocional del público, ante las “falsas noticias” sobre una oculta relación sentimental del presidente y una “dudosa paternidad” originada en esta.

Durante los 17 días que transcurrieron entre la revelación de la novia, el hijo y la votación, los medios masivos de difusión y la oposición parlamentaria concentraron sus pesquisas y publicaciones, casi exclusivamente, en los aspectos sentimentales y morales, y casi nada en sus consecuencias sobre contrataciones y nexos con empresas chinas.

La posible existencia de tráfico de influencias recién empezó a tomar cuerpo después del 21 de febrero, y la comisión legislativa que examinó los contratos con la CAMC se formó y empezó a funcionar varias semanas después3.

Sin embargo, la estrategia de comunicación oficial, deliberada y maliciosamente, funde ambas cosas en un solo acto, tratando de hacer aparecer como que la inexistencia de una criatura procreada por la pareja debería borrar cualquier sombra de duda sobre el manejo de las contrataciones di2 Que sería una especie de consorcio entre medios de difusión masiva, periodistas y activistas, especialmente los de las redes sociales virtuales, tal como lo describió el ministro de la Presidencia en su extensa presentación ante la Asamblea Legislativa el 19 de mayo pasado4.

Esta cronología relativiza enormemente el peso del episodio en la conducta de los votantes, y lo incrementa en favor de la desaceleración económica y la corrupción, en especial, pero no únicamente, la del FONDIOC. 3 De todas maneras, la comisión manejada por el oficialismo detectó problemas en al menos dos de los contratos, mientras investigaciones periodísticas, como las del matutino Página Siete, señalan que el precio del ingenio de San Buenaventura es 160% mayor que el de uno privado, construido recientemente en Santa Cruz, con similar capacidad de producción de azúcar y alcohol. Detecta evidentes contradicciones en la información sobre la rescisión del contrato de la vía ferroviaria Bulo Bulo-Yapacaní y el manejo de las boletas de garantía, además de otros problemas en otros contratos con la corporación china.

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rectas. De estas, solo se examinaron seis casos, pero hay centenares que ha ejecutado el gobierno nacional5, para no hablar de la gran cantidad de contrataciones que manejan bajo las mismas condiciones los gobiernos subnacionales.

La actuación de los fiscales y de la ministra de Transparencia, al unísono, se concentran en propalar la versión de que la expareja del presidente “no ocasionó ningún daño económico al Estado” y dejan de lado alusiones sobre el problema central, referido a la calidad y transparencia de las contrataciones directas por montos megamillonarios.

Entonces, el primer paso apunta a concentrar toda la atención en lo que la campaña denomina “la mentira original” (“no hay hijo”, por tanto, no se ha favorecido a la exnovia). El siguiente encarga la investigación de los contratos a una instancia subordinada y sometida, cual es el Legislativo, controlado férreamente por el MAS. Por último, se escenifica un enjuiciamiento severo y sumario de Zapata que, con la exclusión de posible daño al Estado, terminaría demostrando que se ha engañado a parte del pueblo.

El resultado esperado es que, al abrir de algún modo el espacio para una nueva consulta, el presidente sería habilitado por el voto de los “engañados-arrepentidos”. Entonces, finalmente podría presentarse nuevamente como candidato en la próxima elección nacional.

El caso se reduciría a que una estafadora habría esquilmado a incautos, nacionales y extranjeros, prometiéndoles favores que no podía cumplir; de este modo, el gobierno obtendría un resonante triunfo. Esta es la impresión que se esmera en dar. Pero el problema radica en que estas conclusiones solo pueden ser asumidas si se olvidan varias piezas clave de lo ocurrido.

Amnesia selectiva Para empezar, todo lo que viene pasando en el transcurso del año no hace más que ratificar que la dilución de la credibilidad pública de las autoridades se vincula muy directamente con la desconfianza que promueve el avance de la desaceleración económica4, sistemáticamente minimizada por el gobier4 Encuestas de distintas empresas (Tal Cual, IPSOS, Mori), realizadas entre abril y julio, coinciden en detectar una tendencia a la baja en la aprobación del presidente, que desciende

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no. En igual medida, nace de la proliferación de denuncias sobre múltiples tipos de abuso de poder, incluyendo, en primerísimo plano, la corrupción (es decir, el uso del poder público para beneficio de individuos o grupos), antes que la reacción moralista de una fracción del fiel electorado oficialista.

Lo anterior pone una enorme de duda sobre la eficacia del millonario esfuerzo propagandístico para “revelar” un amarre entre el hegemonismo norteamericano5, la oposición política y la alianza de medios masivos de difusión con redes sociales virtuales en pacto.

La experiencia histórica demuestra que el intervencionismo de EE. UU. y su deseo de mantener su hegemonía en nuestro continente es una constante, pero que está en proceso de repliegue y declinación desde el 11 de septiembre de 2001, cuando esa potencia dirigió su atención a otras latitudes. De allí que la mayor parte de las veces, y posiblemente todas, en las que el MAS se declara víctima del intervencionismo externo, solo está mostrando impotencia para resolver un problema o usando un recurso propagandístico de victimización.

No es mejor el resultado que le deja al gobierno su contraofensiva, si se analiza el saldo de las “bajas” que ha logrado con su avalancha de acusaciones para barrer con sus críticos, al menos simbólicamente o mediante la emigración forzosa. Y es que de todos a los que señaló y acusó, solo dos han cedido a sus presiones y actos intimidatorios6, mientras que los demás, tanto o más estigmatizados o temidos por el oficialismo, se mantienen en lo suyo, igual que los medios y agencias de comunicación acusados de conformar el “cartel de la mentira”. hasta el 52% en julio. Al cabo de una década, conservar una mayoría favorable continúa siendo excepcional, pero contrasta con los registros mucho más altos (rondando el 70%) que ha exhibido el primer mandatario. Las expectativas económicas y las relacionadas con el empleo manifiestan similar comportamiento.

5 La información disponible no permite confirmar, ni descartar, que aparatos de inteligencia norteamericanos hayan intentado sacar ventaja de la situación, pero no desmiente ninguna pieza esencial del affaire Zapata. La actuación del periodista Valverde, que huye al mismo tiempo que da fe de que no existe el hijo cuyo certificado publicó él, y ahora su ruidosa reaparición al publicar videos donde se exhibe parte de la cruel experiencia que terminó con la vida del viceministro asesinado en el conflicto último de los cooperativistas, resulta muy conveniente para las explicaciones conspirativas que usan los gobernantes.

6 Ellos son Carlos Valverde y Wilson García, director del Sol de Pando, quienes se han refugiado en la Argentina y Brasil, respectivamente.

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Le ha ido mejor al gobierno al haber postergado por dos años la caducidad de licencias para radios y televisoras porque, además de las irreprimibles expresiones de alivio de los empresarios de medios masivos de difusión, estos se han comprometido a abrirse más al flujo noticioso de las obras realizadas o emprendidas por el Ejecutivo.

Entre febrero y agosto se verifica el agotamiento de la racha triunfal del oficialismo, que caracterizó a la década cumplida en enero. Desde el referendo hasta el último choque con los cooperativistas y las tensiones que demandan un pacto fiscal, pasando por las disputas con los transportistas y las personas con discapacidad, los costos que ha tenido que asumir para imponer su voluntad son muy altos, y crecen con cada nuevo conflicto.

Pero la peor de las derrotas (por el costo estratégico que impone al país), y la que menor atención periodística y política ha concitado es el reconocimiento —planteado en tono de suficiencia y desafío— de que tenemos por delante cuando menos 20 años de extractivismo.

Fractura del bloque en el flanco cooperativista El repliegue casi inmediato de los miles de bloqueadores convocados por la dirección de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN)­después de que se localizó y levantó el cuerpo inerte del exviceministro del Interior Rodolfo Illanes (secuestrado y asesinado por dirigentes cooperativistas), se ha asumido, irreflexivamente, como un presunto triunfo gubernamental.

Amargo y cruento, pero triunfo al fin, según la visión oficialista, obviando que existen demasiadas indicaciones de que el saldo final de los acontecimientos se inclina hacia el otro lado.

Durante las horas previas al asesinato del viceministro, los voceros oficiales reiteraron, de manera uniforme y constante, que la intención oficial era no romper definitivamente con el sector7, refiriéndose a guiños y mensajes sobre los alcances de una negociación “flexible” e “inteligente”.

7 Solo como ejemplo, el exministro de Gobierno Moldiz aseveraba en “Diálogo Panamericano” (en radio Panamericana), el sábado 21 de agosto pasado, que “los cooperativistas no van a salir del bloque de poder” y el 31 de ese mismo mes, el vicepresidente se esmeraba en separar la responsabilidad de “unos pocos dirigentes (cooperativistas) de sus bases”.

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El origen de tan inusual cordialidad con un grupo con el que se está en conflicto radica no solamente en el importante número de socios directos de la FENCOMIN8 (y de familias no cooperativistas cuyas actividades giran alrededor de estos), sino en el carácter de ejército paralelo que puede jugar el sector, como lo ha demostrado en diversas ocasiones, y en el 34% que aporta a la producción total de minerales del país durante los últimos años.

Pero más importante que su peso económico, político y electoral es el hecho de que funciona como una válvula de escape a la enorme presión que implica la nunca resuelta escasez de fuentes de trabajo. Por ese motivo, es una auténtica pesadilla para cualquier gobierno la posibilidad de que los malos y precarios puestos de trabajo que proporciona el cooperativismo disminuyan o se esfumen, ya sea por la baja de precios, por el agotamiento de las vetas o por la prolongación de los conflictos sociales.

Lo anterior no debe perderse de vista en ningún momento para entender los inverosímiles equilibrios de las autoridades para no llegar a una colisión frontal con la enorme y poderosa corporación con la que se asoció, y que contribuyó decisivamente a que el modelo plurinacional sea sustituido por un modelo de gobierno corporativista y un bloque de poder basado en las más cohesionadas organizaciones sociales de origen popular (cocaleros, cooperativistas, colonizadores, campesinos, comerciantes importadores de electrónicos y otros bienes de consumo, propietarios de flotillas de transporte, etcétera).

El bloque constituyente incluía a los indígenas, que fueron marginados rápidamente, en medio de una operación política y propagandística que trata, hasta el día de hoy, de negar y confundir las diferenciaciones históricas que se han desarrollado, a partir de la Revolución de 1952, en las poblaciones indígenas del país. Para ello, apelan, por una parte, a identificar al jefe de Estado como indígena y, por otra, a mantener la ficción histórica y sociológica que unifica y disuelve fronteras entre pueblos indígenas y campesinos (nacidos y vinculados ciertamente con esa matriz, pero portadores 8 Quienes, sumando a sus peones y asalariados, alcanzarían un número de entre 100 a 150 mil, según las múltiples y dispares apreciaciones que existen al respecto y que podrían involucrar a otras 30 a 50 mil personas en actividades colaterales a la producción de las cooperativas. Es decir que en el escenario más alto representan un potencial de casi medio millón de votos, equivalentes a un 15,7% de los que ha logrado el MAS en su votación más alta (3.173.304 votos, dentro y fuera del país en las nacionales de 2014).

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de una identidad propia que los distingue de aquellos y que es fuente de choques y contradicciones entre ambos).

La razón principal de la exclusión de pueblos indígenas de tierras bajas, principalmente, y de algunos de la región andina, está causada, en primer lugar, por la consolidación del patrón de acumulación extractivista y rentista, cuya dinámica condiciona y favorece el proceso de centralización y concentración de poder que se da en la última década.

La ruptura con los cooperativistas tiene un origen casi exactamente opuesto, porque no hay ninguna iniciativa estatal para forzar su salida —que es lo que pasó con los indígenas—, sino la mayor elasticidad para favorecer su permanencia9. Sin embargo, lo que los acomodos y acuerdos no declarados ya no pueden resistir es la gran ofensiva cooperativista, originada en la disminución de sus ingresos por el descenso de precios de minerales en el mercado mundial.

Esta declinación de ingresos lleva a la dirigencia cooperativista a tratar de obtener lo que se les había negado con la aprobación de la Ley Nº 535, de Minería y Metalurgia, promulgada el 19 de mayo de 2014, con la cual, de todas maneras, habían logrado significativas concesiones.

De allí que incluso la denuncia gubernamental —que atribuye un carácter conspirativo a la movilización de los cooperativistas, cayendo completamente en su libreto habitual para explicar y manipular las situaciones de conflicto— pueda haberse quedado corta ante la magnitud de las pretensiones esquematizadas en la “agenda nacional cooperativa”.

Es así como lo entienden investigadores del CEDIB10: el triunfo del pliego cooperativista solo era posible mediante un quebrantamiento abierto de la CPE respecto a la propiedad de los recursos naturales, el control legislativo de contratos y el régimen ambiental, además del desconocimiento de 9 Lo que incluye, además de los créditos, cesiones y transferencias de equipos y maquinarias, la transferencia de nuevos yacimientos (Colquiri, por ejemplo), la consolidación de anteriores, una “amnistía” por convenios suscritos entre cooperativas y privados (incluyendo multinacionales) y otra, de facto, por la casi total omisión de las cooperativas en el cumplimiento de regulaciones y obligaciones de mitigación y remediación ambiental, con costos tan altos como la completa contaminación de la cuenca del Pilcomayo y una significativa participación en los problemas de la cuenca endorreica del Poopó.

10 Se puede bajar el texto completo desde el siguiente enlace: http://www.cedib.org/wpcontent/ uploads/2016/08/TomarelEstadoporAsalto-final.pdf

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atribuciones del Legislativo y de la recuperación de posiciones en el Ejecutivo. Por ello, en su trabajo, no dudan en caracterizar la estrategia cooperativista como de “toma del Estado”.

Inmediatamente después del secuestro, tortura y asesinato del viceministro del Interior, el gobierno todavía dio muestras de una cierta dubitación. Recién entre el 1 y 2 de septiembre adoptó un franco vuelco, con la aprobación de cinco decretos11, algunas resoluciones administrativas y otras medidas que prácticamente desechan las exigencias del pliego petitorio y la movilización cooperativista.

Es difícil discriminar cuánto pesaron las consideraciones estratégicas sobre cortar las pretensiones de cooperativistas y empresas privadas asociadas a ellas, o las de corto plazo, relacionadas con la idea de despejar las dudas que han provocado las omisiones, la negligencia y la falta de transparencia con que respondieron las autoridades a la captura de su colega.

El Fondo y otro riesgo de grieta En otro frente, es necesario no perder de vista —en relación con los problemas y contradicciones del funcionamiento de un gobierno corporativista— los descalabros que ha traído y continúa amontonando el destape de los desfalcos del Fondo campesino (FONDIOC).

El manejo discrecional y opaco de sus recursos sirvió, en un principio, para anudar las relaciones con las corporaciones campesinas, que juegan también como participantes protagónicos del bloque de poder. Sin embargo, el destape del escándalo por la prensa a fines de 2013 obligó a una intervención oficial dos años más tarde.

El lento y laberíntico avance del proceso ha significado en un principio la cárcel para dirigentes de base y dirigentes medios. Más adelante, ha afectado a dirigentes nacionales y a dos exministras. El descontento y la 11 En resumen: se revierten al dominio del Estado las áreas sobre las que se suscribieron contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas; se revertirán las áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad; se verificará el número de asociados, la entrega de información del volumen y valor de producción, y la distribución de los ingresos por cooperativista; se ampara bajo la Ley del Trabajo a los asalariados y peones que no sean socios y, por último, se prohíbe y castiga penalmente el uso de explosivos en movilizaciones.

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desconfianza que produjo no se ha amortiguado ni un poco con las declaraciones presidenciales que cifran (sin ningún respaldo o prueba) en un máximo de dos y medio millones de bolivianos todo el daño infligido al Estado, ni con que el vice llame “microcorrupción” a los 71 millones de bolivianos y los 102 millones de bolivianos que la Contraloría y la interventora, respectivamente, detectan en sus informes.

Mantener el giro adoptado ante los cooperativistas mineros manifiesta el predominio momentáneo de una tendencia interna que trata de iniciar una nueva fase de la política gubernamental, caracterizada por el predominio de la razón de Estado (más que de institucionalización o de imperio de la ley), para sobreponerse a las presiones corporativas que amenazan con completar un proceso de implosión del esquema gubernamental.

Proyectar la imagen de un Estado fuerte, que se ubica por encima de las demandas de quienes componen el bloque de poder, desconcertaría nuevamente a opositores y seguidores, y podría entusiasmar a la franja de clases medias urbanas que reclaman imponer el orden. Con todo, tiene pocas probabilidades de sostenerse en el tiempo, mucho menos en tanto subsista y se prolongue la coyuntura de escasez12 y se mantenga el temor a reiterar pérdidas electorales como la observada en Potosí.

Una respuesta unívoca Por ello resulta dudoso que el equipo de gobierno se embarque realmente en una reingeniería política y social que implique abandonar o verda­ deramente alterar el molde corporativista vigente, virándolo hacia un esquema bonapartista, que se asienta más en un accionar represivo13 que, de aquí en adelante, incluya entre sus víctimas a otros componentes del bloque de poder.

12 ¿Con qué fuerza puede el gobierno predicar la necesaria subordinación de los intereses particularistas a los generales, cuando en su manejo cotidiano hace exactamente lo opuesto?

13 Se trata de un esquema basado en concentrar toda la autoridad en manos de un jefe, al que se atribuye una condición de genio y de héroe, capaz de comandar la superación de una gran crisis. Se basa en las ilusiones ideológicas de sus seguidores y votantes. Supone habitualmente la neutralización del Parlamento, lo que no es necesario en nuestras circunstancias, dada la completa subordinación de este órgano al Ejecutivo. El cambio radicaría, más bien, en apaciguar la conducción de las organizaciones sociales, con el ejemplo que se intenta dar a través del tratamiento ahora aplicado a los cooperativistas.

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Si bien el descabezamiento de la FENCOMIN favorece que las grandes heridas infligidas al sector permanezcan silenciadas o musitadas en voz baja, no facilita sus relaciones con un régimen cuya apuesta principal sigue siendo la habilitación del actual presidente como candidato para su cuarta reelección. Es un régimen que, por tanto, no puede darse el lujo de una ruptura con una franja tan importante de electores.

La brecha abierta con los cooperativistas va mucho más allá del completo quebrantamiento de sus estructuras organizativas y de la proscripción de su dirigencia, objetivamente comprometida como cómplice en los hechos que culminaron con el asesinato del viceministro. Implica los cinco muertos durante las refriegas, así como el rechazo de sus demandas y una pública y muy extendida estigmatización social que deja como saldo14. El precio de levantar el bloqueo caminero y el posible y prolongado reflujo que afectará a los cooperativistas puede llegar a ser muy alto para la estrategia “reeleccionista”.

Las recientes declaraciones de Evo Morales Ayma, afirmando que se habría resignado a alejarse de la presidencia a la conclusión de su mandato constitucional en enero de 2020, son una pista de que, al menos subconscientemente, el alto mando del MAS empieza a percatarse de que la suma de obstáculos dificulta cada día más ejecutar su estrategia, subordinada a un solo objetivo: permanecer en el control del poder, manteniendo habilitada la carta electoral de su jefe máximo.

Sin embargo, la comprensión de que jugar todo a una sola carta es una equivocación no se abrirá paso fácilmente en el MAS, ya que la suma de intereses, compromisos y cultura organizacional en que se sustenta es demasiado pesada y compleja.

Deconstruirla y sustituirla por un planteamiento diferente que remate en alternativas flexibles necesitaría, por ejemplo, cambiar radicalmente la lógica de imposición de intereses sectoriales (el corporativismo como egoísmo de grupo), para sustituirla por una visión de conjunto. Los plazos parecen demasiado cortos para ese fin que, además, requeriría una radical 14 La preocupación que produce en el equipo de gobierno la ruptura con los cooperativistas ha empezado a expresarse con los llamados públicos a reiniciar negociaciones después de que entreguen a los comprometidos en el asesinato (véase La Razón del 5 de septiembre de 2016).

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renovación de las cúpulas corporativas, que han enajenado la autonomía de sus organizaciones por apetitos e intereses cada vez más mezquinos.

Respecto a la cultura que rige la organización interna del gobierno y las relaciones entre este y las organizaciones corporativas de origen popular, se caracteriza por consagrar al máximo dirigente como un ícono intocable e incuestionable. Esto prácticamente anula la selección del mejor reemplazante electoral porque el culto al jefe viene acompañado de celos y sospechas infinitas.

Debido al temor que prevalece entre los aspirantes a aparecer como esa figura, que fácilmente puede convertirse en la figura de un “traidor”, la selección del sucesor tiende convertirse en la búsqueda del peor candidato.

Eso puede reavivar la opción “Cámpora” (o Putin) simplificada, en versión boliviana15.

La obsesión por mantener el control del Estado mediante el atractivo electoral de su único jefe y conductor reduce las posibilidades de que esta fórmula, que ha funcionado en el pasado, lo haga indefinidamente. Si el MAS continúa aferrándose a ella, en tanto subsistan las condiciones materiales adversas que enfrenta, se arriesga a que, al forzar esa carta, ni siquiera con ella pueda garantizarse una victoria en la próxima elección nacional.

La extrema crispación que puede alimentar la desesperación partidaria por imponer su criterio a una sociedad que se aleja de este se arraiga en un contexto continental en el que la caída de los gobiernos de Argentina y Brasil se acompaña del gran deterioro del venezolano y las dificultades del ecuatoriano; es decir que la malla de soporte internacional más próxima está muy debilitada. Esta correlación adversa se afianza, en tanto que en Europa y Estados Unidos se multiplican las novedades de recuperación de las fuerzas más conservadoras.

15 Ya se mencionó en un análisis anterior esa posibilidad, en sentido de que el actual presidente y el vice se presenten en una fórmula en la que intercambien sus cargos. Bastaría con que, luego de las elecciones el candidato a vicepresidente se comprometa a renunciar públicamente a la presidencia para traspasar el mando al nuevo vice (Morales Ayma).

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Una renuncia estratégica La expresión vicepresidencial del 18 de agosto: “Nosotros vamos a usar el extractivismo todavía un par de décadas; si no ¿de dónde vamos a sacar el dinero para mantener los bonos [y] las condiciones de formación intelectual y humana de las personas?”16, va más allá de lo circunstancial y se convierte en una llana admisión de derrota estructural, puesto que el cambio de matriz productiva era uno de los más importantes compromisos en el momento de asumir el poder. De hecho, los esfuerzos gubernamentales por cumplir con ese compromiso se anotan como una clara diferencia con las administraciones anteriores17, pero resultan tan insuficientes que nuestra economía en su conjunto ha profundizado su dependencia de la extracción y exportación de riquezas naturales.

La escasa relevancia noticiosa que ha recibido y el poco tráfico de debate que ha generado en las redes sociales virtuales demuestran que apenas se ha aquilatado su verdadera importancia como signo de derrota y apocamiento oficial. El hecho de que esta admisión (“no pudimos hacerlo, ¿y qué?”) haya logrado pasar casi desapercibida podría explicarse porque el conjunto de partidos políticos, organizaciones sociales oficialistas o independientes, las universidades, la mayor parte de ONG y otros actores y sujetos, comparten esa resignación del gobierno.

Lo que ha dicho el vice confirma una escasa información y ningún interés por comprender que la magnitud de los retos ambientales globales no deja margen a que nuestra posición sea: “si ellos [los grandes capitalismos del norte] lo hicieron, nosotros no tenemos por qué privarnos de repetirlo”.

Tal tipo de silencios o respuestas imperceptibles da la pauta de que el plan económico gubernamental de largo plazo, que consiste en intentar incrementar la generación eléctrica mediante megahidroeléctricas y plantas termogénicas de ciclo combinado y mediante un mayor avance de la fron16 Véase: http://www.la-razon.com/economia/Garcia-extractivismo-produccion-PNUDBolivia pobreza_0_2547945273.html.

17 Las plantas de secado de gas natural, la de urea, la de polipropileno y la experimental de litio son sus mayores realizaciones. Sobre cada una de ellas existen observaciones, no solo en cuanto costos muy inflados, sino sobre su eficiencia, rentabilidad e impacto ambiental.

Pero incluso superando o descartando todas las críticas, el mismo gobierno reconoce que no modifica la matriz productiva que recibió de herencia.

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tera agrícola y ganadera (sacrificando bosques), competirá con fuerza con propuestas similares y menos creíbles de sus oponentes. Y es que el gobierno aún preserva la credencial de estar a la cabeza del crecimiento regional y de mantener un cierto equilibrio al que se aferra una mayoría electoral.

Sin embargo, la recuperación mundial y regional no se ajusta a las expectativas oficiales porque se mantiene el estancamiento de los precios de commodities, principalmente del petróleo. Una coyuntura de escasez prolongada y severa no puede conjurarse con los proyectos de endeudamiento e inversión presentados por el gobierno. Además, la ventaja de asumirse como el generador del incremento de la capacidad y expectativas de gastos de la llamada “clase media precaria”, puede volcarse abruptamente en su contra.

Planes de inversión gigantescos, como los del Chepete/Bala, empiezan a mostrar significativas grietas en su concepción, sostenibilidad ambiental, social y económica18. Toda la generación basada en gas está amenazada por el estancamiento de reservas, y los préstamos para realizar grandes obras urbanas (transporte, principalmente) pueden apresurar el tránsito de desaceleración a crisis. Las cifras gigantes de decenas de miles de millones de inversión pública se tornan cada vez menos sustentables, mucho más al compararlas con las increíbles grandes deficiencias en servicios básicos, salud o educación.

Se ratifica una tendencia central a profundizar confrontaciones y tensiones, a las que se incorpora el riesgo de estallidos de violencia focalizada.

Persiste el hecho de que, aunque el debilitamiento interno del MAS llegue a implosionar, eso no constituye a una alternativa por sí misma.

Si el MAS requiere liberarse de su dependencia hacia su jefe, los partidos de oposición están en una situación similar porque el presidente y sus mayores opositores representan, juntos, este momento histórico y los nudos que se aprietan. La renovación partidaria y electoral será insuficiente si las organizaciones sociales no superan la situación de secuestro por la que atraviesan y recuperan su autonomía.

Septiembre de 2016 18 Véase como muestra la ficha ambiental y otras publicaciones en: https://fundacionsolon. org/category/pacha/el-bala/

Aterrizaje de Trump y despegue de la contraofensiva al 21F El XI aniversario del ascenso del MAS al gobierno se cumplirá apenas tres días después de la ceremonia de transmisión de mando en EE. UU. Así, mientras en el centro imperial se consagra la culminación de un ciclo completo, del “progresismo” de Obama al “ultraconservadurismo”1 de su sucesor, aquí, aparentemente, la situación mantendrá una inverosímil estabilidad, proyectada hacia el futuro con la ya declarada intención de abrir espacio para la cuarta reelección presidencial.

Pero si a Donald Trump puede no serle tan fácil volcar abruptamente la política que su país ha mantenido por casi medio siglo hacia China, aniquilar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) antes de su nacimiento, construir la muralla con México y expulsar a 11 millones de migrantes, no será ni más sencillo ni más grato para los gobernantes bolivianos remontar la desaceleración, enmendar el deterioro de su imagen en materia de eficiencia administrativa o corrupción o ejecutar cualquiera de las “cuatro vías” 2 (la mitad de las ocho alternativas de las que habló García 1 El entrecomillado se justifica ampliamente porque, más allá de las imágenes, el gobierno del primer presidente negro deja como herencias tantas flagrantes contradicciones en su caracterización de progresista, como dudas e interrogantes el comportamiento que realmente tendrá o podrá tener el nuevo gobierno norteamericano. La designación de los principales secretarios no deja duda sobre las intenciones regresivas, o francamente reaccionarias, del nuevo presidente, pero queda por delante un período de prueba respecto a la efectiva capacidad de cumplir sus promesas y amenazas en política interna e internacional.

2 A saber: i) iniciativa ciudadana para reformar parcialmente la CPE; ii) reforma constitucional aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa; iii) interpretación constitucional del art. 168 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y iv) renuncia de Morales antes de cumplir con su actual mandato (véase La Razón del 19 de diciembre de 2016, en su amplia cobertura del congreso del MAS en Montero).

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Linera) que, según cree, estarían a su alcance para neutralizar o burlar los resultados de la negativa popular que obtuvieron el 21 de febrero (21F).

Es tan previsible que el nuevo gobierno estadounidense tendrá serias dificultades para llevar a cabo sus planteamientos, como que la instalación de Trump en Washington complicará todavía más las perspectivas de nuestras actuales autoridades.

La merma de capacidad de estas últimas para sostener la iniciativa y allanar el camino para sus planes —como única forma de ejecutar la “agenda patriótica”, convertida en una especie de curalotodo del conjunto de problemas del país— se ha confirmado al reducir el relato oficial a una pugna permanente con sus enemigos, quienes tratan de impedir que se abra camino a la reelección presidencial.

Los cambios en el hemisferio norte El arribo de Trump a la Casa Blanca consolida el viraje conservador en nuestro planeta, que empezó a manifestarse en Europa y que tiene sus propias manifestaciones en América Latina.

Los resultados electorales de España, las tendencias electorales prevalecientes en Francia, Italia, Austria y el Brexit británico son algunas de las señales que muestran el fortalecimiento de corrientes conservadoras, sean tradicionales o nuevas, como aparente respuesta a la inestabilidad económica y financiera, a la intensificación de ataques yihadistas y al masivo flujo de refugiados que huyen de la guerra en Medio Oriente y del hambre y las guerras en África y otros continentes.

A diferencia de la ola neoliberal de hace tres décadas, varios de los nuevos referentes conservadores reniegan de la globalización y abogan por vías proteccionistas que, hipotéticamente, llegarían a vulnerar, y en el peor de los casos, a anular algunos de los acuerdos comerciales más extensos e importantes vigentes, o en vías de consolidarse, abriendo paso a extendidas guerras comerciales que complicarían notablemente la economía mundializada.

El obligado repliegue económico de los países latinoamericanos, afectados por la finalización del ciclo de superprecios de materias primas, no mejoraría en ninguno de los escenarios que supone el avance de las tendencias económicas y políticas conservadoras del hemisferio boreal.

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La presidencia de Trump, que hoy por hoy implica un elevado factor de incertidumbre, tiende a potenciar las dificultades de la región y a crear un entorno cada vez más hostil para los gobiernos etiquetados como “progresistas” que sobreviven en esta latitud. El hecho de que sobre el nuevo presidente estadounidense recaigan sospechas en su país de ser afín con Putin no significa que los gobiernos sudamericanos que simpatizan con el gobierno ruso vayan a beneficiarse de una actitud más complaciente de la nueva administración estadounidense3.

Si a la seria y prolongada disminución de inversiones provenientes del hemisferio norte que experimenta Sudamérica —complicada con la elevación de las tasas de interés decidida por la Reserva Federal— se le agregan presiones políticas y económicas, puede construirse un escenario bastante peor que el de este año que, según el ministro de Economía, Luis Arce, habría sido hasta ahora el más desventajoso del último decenio.

Lo que no debe perderse de vista es que los presidentes de estirpe y orientación estrictamente conservadora, como Macri en Argentina y Temer en Brasil, no abren una puerta ancha para una mutación política y social, como ocurrió en la era neoliberal, porque la resistencia interna hacia sus políticas muestra, desde el inicio de su gestión, una intensidad y una persistencia que no se vieron el pasado.

El anudamiento de nuevas contradicciones políticas y económicas a escala global fortalece la evolución de una tendencia que eleva los riesgos de estallidos, en un contexto de acelerado desequilibrio ambiental. Este desequilibrio también tiende a incrementarse a causa de los triunfos políticos de fuerzas negacionistas del cambio climático, tanto en EE. UU. como en algunos países europeos, además de un recrudecimiento de reflejos desarro3 Las múltiples y elogiosas menciones a Putin por Trump se complementan con el nombramiento de Rex Tillerson como su secretario de Estado. El nombramiento de este ex máximo ejecutivo de la Exxon, conocido como el “occidental mejor relacionado con el presidente ruso”, ha obligado al Partido Republicano a suscribir la iniciativa de los demócratas para investigar si Rusia intervino en el proceso electoral estadounidense mediante ataques de hackers, por ejemplo. Evo Morales, por su parte, escribe literalmente en su tuit: “Saludar triunfo de @realDonaldTrump Esperamos trabajar contra el racismo, machismo, la antiinmigración, por la soberanía de nuestros pueblos”. Con los antecedentes de la relación EE. UU.-Rusia, en Bolivia, no hay acuerdo sobre si la temprana salutación del presidente Morales al triunfante Donald Trump se explica por las simpatías internacionales del presidente electo o si, más bien, encierra una dosis de ironía.

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llistas e industrialistas de viejo cuño en prácticamente todos los gobiernos de los países menos desarrollados, independientemente de la inclinación ideológica de sus gobiernos.

De tal manera que el encono político y social tiende a ser opacado por la creciente fuerza y gravitación de la contradicción entre sociedad humana y la naturaleza, sin que los planes multilaterales ensayados y practicados hasta ahora consigan aplacar o modificar esa tendencia.

Un inmovilismo engañoso La impresión de que Bolivia pueda quedar al margen de los cambios que se están acumulando alrededor nuestro y más lejos es un típico espejismo. Si bien la obsesión gubernamental de reescribir el pasado impregna la agenda noticiosa y política, alcanzando a crear esa sensación, en realidad se producen continuas modificaciones, frecuentemente de una manera muy rápida.

El congelamiento de la imagen a captarse —debido a que a fines de este año, tal como a su inicio, seguimos hablando de reelecciones, “repostulaciones” y cuestiones afines, como si el referendo constitucional de febrero jamás hubiese ocurrido—, el resquebrajamiento del bloque de poder, consecuente con el estallido cooperativista minero y la agregación de escándalos y conflictos, ha conducido a una situación antes desconocida, que puede caracterizarse como de agrietamiento estratégico del proyecto hegemónico en el país.

La dirigencia del MAS y sus aliados, que conducen las mayores organizaciones sociales4 (encabezadas por las “trillizas” campesinas: CSUTCB, Colonizadores y “Bartolinas”), hacen los máximos esfuerzos por tratar de probar que el apoyo del “pueblo” al partido y al proyecto gubernamental sigue incólume, y que lo único que impide verlo es la pérfida manipulación que torció el voto en febrero, cuando las “mentiras” y “calumnias” sobre el presidente, su novia y su hijo desportillaron fugazmente la confianza de una franja de votantes fieles.

4 La salida y el reingreso de algunas de ellas, como la COB, simplemente ratifica el predominio absoluto de la dinámica corporativista que impregna las relaciones entre el gobierno y la dirigencia de estas organizaciones. Así, la COB amenaza con no respaldar las iniciativas para la reelección, incluido el intento de “anular” el referendo de febrero, si los gobernantes no hacen concesiones a sectores asalariados.

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Según esta interpretación, repetida a diario, ni la desaceleración económica —con sus cada vez mayores impactos sobre las actividades económicas en general, el empleo y los ingresos—, ni los indicios y evidencias de corrupción y arbitrariedad, ni la explosión de escándalos que van desde los choques internos hasta las muertes que llegan a ocasionar, consiguen afectar el crédito del presidente, su partido y sus asociados.

Sin embargo, los sondeos y encuestas revelan que este año la credibilidad del jefe de Estado ha descendido, sin recuperarse a continuación, como había ocurrido invariablemente en todos los años anteriores. En concordancia, la aún imbatible fortaleza electoral del MAS enfrenta su peor y más continuo enflaquecimiento en términos de intención de voto.

El hecho de que la cúpula masista sienta que se juega la vida en demostrar que no hubo error al convocar al referendo, que la convocatoria de Evo Morales está intacta y que, por lo tanto, se justifica cualquier camino para volver a llevarlo a la cabeza de la candidatura partidaria, no ha sido suficiente para lograr que la sociedad lo crea, aunque el flujo noticioso avance y se retuerza alrededor de ese eje único.

Chepete-Bala: proyecto tóxico y quimérico Si el enfrentamiento entre gobierno y cooperativistas en agosto alertaba sobre los límites de los acuerdos y alianzas de conveniencia, que permitieron construir el agregado corporativo sobre el que se apoya el gobierno, el surgimiento de dos conflictos, aparentemente de menor rango, pondrá a prueba los planteamientos de largo alcance con los cuales ha venido justificando su vigencia y la supuesta necesidad de que se mantenga por un plazo adicional no menor a una década.

El jubiloso anuncio, formulado por el propio presidente el 16 de julio recién pasado, de que la construcción de una represa en el estrecho del Bala sería el inicio de un amplio y raudo proceso de sustitución de exportaciones, que nos permitiría reemplazar los ingresos perdidos por la disminución de los precios del gas y, a la larga, pensar inclusive en reemplazarlos completamente, pudo seguramente aportar cierta dosis de serenidad ante el panorama de dificultades económicas que no dejan de sumarse desde hace dos años.

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Esa posible tregua, si existió, llegó a durar muy poco, debido principalmente a la cerrada negativa gubernamental de cumplir su obligación de difundir los estudios5 en los que basa sus esperanzadoras informaciones.

Estas, siempre muy escuetas, afirmaban en un principio que el “proyecto Bala” requería para construirse 6.000 millones de dólares, pero que aportaría 1.250 millones de dólares de ganancias anuales desde que se finalice su construcción, que duraría unos siete años; en otros siete años habríamos pagado su costo.

De allí en adelante, “el departamento de La Paz y el TGN” contarían con ingresos frescos y de libre disponibilidad. Por ello, cualquiera que se oponga al “proyecto Bala” o lo cuestione era un enemigo innato de La Paz y del país y, como tal, representante de intereses foráneos, seguramente proimperialistas.

La filtración, primero, de la ficha ambiental y, semanas después, del “Estudio de Identificación del proyecto hidroeléctrico El Bala”, elaborados ambos por la consultora italiana Geodata, proporcionan un panorama completamente distinto a la optimista versión oficial.

Para empezar, el proyecto que el gobierno se empeña en llamar “El Bala” corresponde a la construcción de una enorme represa a más de 40 km al suroeste de esa angostura, en la desembocadura del cañadón que vincula las serranías del Beu y de El Chepete, por lo que se trata en realidad del componente Chepete, con un costo inicial no de 6 mil millones, sino de casi 7 mil millones de dólares, según el mencionado estudio.

El componente Bala se construiría, eventualmente, unos 20 años (op. cit.) después de concluido el gigantesco embalse de 159 m, que detendría las aguas del río Beni por 6 a 7 meses en el Chepete, para presuntamente generar unos 3.300 KW de potencia, que deberían venderse en algún momento a Brasil. El componente Bala aportaría apenas un 12% adicional a la capacidad de generación del Chepete.

Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna negociación o aproximación con el gobierno brasileño que respalde la decisión de exportarle 5 A la falta de transparencia se suma la abierta intención de confundir y manipular a la opinión pública cuando, por ejemplo, el presidente y su vice insinúan que el agua de las represas hidroeléctricas sobre el río Beni podría servir para aliviar la escasez de agua potable (véase: https://n9.cl/zhg1j, y también: https://n9.cl/5i9hi).

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esa importante cuota de energía6. Sin comprador seguro7, con capacidades menguantes de financiar el proyecto8, los 11 millones de bolivianos que costaría el proyecto de prefactibilidad (estudio de Identificación del proyecto, según la nomenclatura vigente) y los 12 millones de dólares para el estudio a diseño final, encomendado también a Geodata, podrían llegar a servir absolutamente para nada y perderse, como ya ha ocurrido con los estudios que se han realizado para la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza.

Por lo elevado de estos montos, el exembajador del gobierno de Morales ante las Naciones Unidas, Pablo Solón, ha lanzado la hipótesis de que la sola elaboración de estudios termine convertida en una redituable “industria” para las consultoras que los elaboran y los funcionarios que las licitan o adjudican directamente.

Las principales observaciones que ha merecido hasta ahora el proyecto Chepete/Bala, además de su altísimo costo y su baja e incierta rentabilidad, radican en que afectarían entre cuatro a seis tierras comunitarias de origen (TCO) de un igual número de pueblos indígenas. Estos sufrirían inundaciones y una expropiación de hecho de sus territorios9, la práctica aniquila6 El déficit anual de Brasil ronda ahora los 7.500 MW. Según su plan de expansión energética, se irá desplazando hacia la generación eólica, en la que planea invertir más 50.000 millones de dólares hasta 2025. Las licitaciones brasileñas para compra de energía demuestran que estas se adjudican con unos ocho años de anticipación. De modo que si Bolivia quisiera llegar a ser un proveedor de electricidad para 2025, como se define en el estudio de identificación del proyecto Chepete/Bala, los acuerdos tendrían que haberse cerrado este año. El ministro de Energía de Brasil, que visitó al nuestro hace pocas semanas, no mencionó el proyecto Chepete ni una sola vez, y recalcó que el interés brasileño en materia de generación hidroeléctrica se centra en la construcción de la represa binacional Riberao sobre el río Madera.

7 Dos intentos bolivianos previos de vender a Brasil electricidad generada lejos de su territorio han fracasado. En 1996 un consorcio privado encabezado por Julio León Prado, principal accionista del Grupo Bisa, ofreció 600 MW generados en una planta termoeléctrica ubicada en Bulo Bulo, obteniendo una expresión de interés, con la condición de que la generadora se traslade a Puerto Suárez. El gobierno actual avanzó aceleradamente con los estudios para construir en Cachuela Esperanza una hidroeléctrica con capacidad de generar unos 900 MW, pero debió desistir porque la parte brasileña expresó que su interés es la hidroeléctrica binacional Riberao, en el nacimiento del Madera. Véase Jorge Molina Carpio (2006), “Análisis de los Estudios de Impacto Ambiental del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera: Hidrología y Sedimentos”. https://n9.cl/6m7vv 8 Según el estudio de Geodata, el proyecto sería viable si el Estado boliviano lo financia en al menos el 30% (unos 2.100 millones de dólares); con el 70% de financiamiento externo se calcula que habría que pagar una elevada cuota como costo financiero.

9 Véase los blogs de 2016 de Daniel Robison: https://n9.cl/wmt02 y https://n9.cl/fvkw6

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ción y esterilización del río Beni10, que concentraría en el embalse desechos tóxicos provenientes de La Paz y poblaciones yungueñas, convirtiéndolo en una gigantesca cloaca que aniquilaría la vida en ese remanso y las 70 hectáreas de bosque inundadas.

Aguas abajo, desde el Chepete hasta la confluencia del río Beni y el Mamoré, por cientos de kilómetros, el río, desoxigenado y privado de los sedimentos minerales que arrastra y que se retendrían en la represa, perdería sus bondades fertilizantes y erosionaría velozmente su curso, afectando, de paso, múltiples acuíferos que se encuentran por debajo de su lecho11.

Lejos de retroceder, el presidente de ENDE ha anunciado que el presupuesto de 8.800 millones de dólares contemplado en la “agenda patriótica”, se multiplicaría hasta alcanzar 27.000 millones principalmente para la construcción de megarepresas en áreas boscosas. Sin embargo, nunca ha aclarado por qué los estudios y proyectos apuntan en esa dirección, cuando ENDE ha identificado en las cuencas altas de las cordilleras Oriental, Tres Cruces y Apolobamba un potencial mayor a 14.400 MW (cuatro veces el del Chepete) sin afectar bosques, biodiversidad y territorios indígenas.

El agua y las nuevas sensibilidades La escasez de agua que afecta a la sede de gobierno desde noviembre de 2016 puso en evidencia fallas esenciales de la gestión gubernamental y de su ambicioso programa de inversiones a largo plazo12, llamado “agenda patriótica”.

10 Roger Cortéz y Daniel Robison (2016), “Incógnitas tóxicas y verdades ocultas del proyecto del Chepete/Bala” (documento inédito).

11 El único daño que reconocen el estudio y el gobierno son los 670 km2 de selva que quedarían anegados, con pérdida parcial de biodiversidad, especialmente especies piscícolas. Las críticas multiplican muchas veces la superficie y el daño ambiental y humano, por el impacto sobre todo el curso del río y la interrupción violenta de ciclos y relaciones de un sistema que abarca múltiples subsistemas.

12 Los resultados de otras grandes inversiones, como la planta separadora Chaco (más de 300 millones de dólares) o el ingenio de San Buenaventura (265 millones de dólares), entre las principales, son suficiente muestra como para cuestionar tal tipo de megaobras. La planta separadora tiene serias dificultades de abastecimiento de materia prima y el propano que produce se vende a Paraguay a un precio 16% menor que el subvencionado que pagan los consumidores bolivianos de GLP. En San Buenaventura apenas se ha plantado el 8% de la cantidad de caña que el ingenio puede procesar y la expansión de cultivos para alimentar la producción de azúcar compromete suelos tropicales muy frágiles, vecinos al Parque

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La Paz viene a ser la cuarta ciudad, capital de departamento, que enfrenta problemas de abastecimiento de agua potable, ya que Cochabamba, Sucre y Potosí los sufren, en algunos casos desde hace décadas. Con el ingreso de La Paz y El Alto al círculo de la escasez del líquido vital, se visibilizan los problemas que no han podido superarse en los diez años de gestión del actual gobierno, pese a haber sido lubricados con el mayor flujo de divisas extranjeras de nuestra historia.

Así, los éxitos en materia de disminución de la pobreza, avance de infraestructura y mejora de algunos servicios básicos que exhibe continuamente en su defensa la gestión gubernamental muestran una fragilidad extraordinaria, ya que una amenaza similar pende sobre Santa Cruz, que, debido a la contaminación de sus acuíferos, afronta el riesgo de retroceder en su calidad de vida en el mediano plazo.

Al mismo tiempo, cuando se examina el programa de enormes inversiones de la agenda proyectada por el gobierno hasta 2025, se advierte que fines muy nobles y necesarios, como la transformación de la matriz eléctrica de termo (que cubre más del 70% de la demanda actual) a hidro, o la necesidad de ampliar el abanico de exportaciones, incluyendo la venta de electricidad, quedan completamente desfiguradas por la falta de acuerdos sólidos con posibles compradores (o su inexistencia, más bien), por la selección de los peores espacios geográficos y sociales para construir las generadoras y la sospecha de negocios ilícitos por la priorización de contrataciones directas.

La situación no mejora al considerar otras grandes inversiones, como los teleféricos y trenes eléctricos, que suman más de mil millones de dólares. Son productos muy atractivos para la imagen de las ciudades, pero con poco impacto en la solución de sus problemas de transporte.

La ampliación de la frontera agrícola a expensas de bosques y biodiversidad es también parte central de la mencionada agenda. Por esa vía, lejos de incrementar su adaptabilidad y resiliencia al cambio climático, que avanza implacablemente y más rápido de lo previsto, el país estará­ Nacional Madidi. La reciente inauguración de la planta de urea (800 millones de dólares) presenta interrogantes igualmente perturbadoras, ya que la vía férrea que debe trasladar su producción a Montero está lejos de concluirse, y sus costos de exportación amenazan con una absoluta falta de competitividad.

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lleno de deudas, debilidad y estancamiento económico, con una mayor de­pendencia política y económica, con mayores dificultades para su transformación económica y social y con una pérdida considerable de fuentes de oxígeno, agua y biodiversidad, ignoradas como las fortalezas principales del país y sacrificadas tras un desarrollismo de perspectivas muy dudosas.

Bajo esa lógica, las anteriormente abundantes reservas internacionales merman muy rápidamente, mientras que los usos para los que se ha programado las que aún restan se asemejan más a “armas económicas de destrucción masiva”, dado su alto costo y escaso beneficio para un país que sigue siendo sustancialmente pobre.

Tales problemas se complican mucho más cuando el norte de la gestión gubernamental es abrir la oportunidad de perpetuarse a través de la reelección, manteniendo e incrementando la falta de transparencia y de rendición de cuentas.

Escenarios La porfía del aparato oficial de no renunciar a la candidatura de Morales Ayma para la elección de 2019 traslada a la escena política el ánimo de confrontación abierta del MAS y sus aliados, como tendencia política y social principal que irá creciendo a medida que se aproxime el momento de imponer su punto de vista.

No habiendo definido aún por cuál de las “cuatro vías” definidas en el congreso de Montero optará, las señales emitidas hasta ahora apuntan a que se imponga alguna de las que no requieren una votación popular, es decir, la reforma parcial de la CPE por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, o su interpretación, encomendada al TCP, como cuestión de puro derecho, según la cual el MAS impugnará el número limitado de reelecciones (dos) que la CPE impone, porque “coartaría el derecho del soberano”.

La iniciativa ciudadana que entusiasma a la dirigencia de las organizaciones sociales aliadas del oficialismo —porque permitiría, supuestamente, que cada facción, grupo e individuo pruebe y presuma de su capacidad de convocatoria— es cada vez peor recibida por la cúpula partidaria, que está

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al tanto del debilitamiento de la fuerza electoral de su propio jefe máximo y candidato13.

La indignación de los partidos opositores no tiene mayor posibilidad de alterar los planes e intenciones del oficialismo, debido a la debilidad congresal, electoral y de crédito público de estas tiendas políticas. A ello hay que agregar, obligatoriamente, su incapacidad de diferenciarse estratégicamente del desarrollismo gubernamental. Sus diferencias en lo económico y en las relaciones internacionales se ubican en su nítida predisposición a diluir la presencia estatal en el campo productivo y a estrechar lazos comerciales y políticos con EE. UU. y Europa Occidental, alejándose de China, Rusia e Irán; en lo político, buscan ceñirse más estrictamente a la formalidad legal e institucional14.

Las organizaciones sociales independientes, principalmente algunas indígenas, tienen posibilidades de lograr convocatorias a veces extraordinariamente mayores que su dimensión y capacidad organizativa, pero siempre en situaciones concretas y transitorias. En el espacio de la academia, las ONG y gran parte de la intelectualidad, así como en el de los medios de difusión, se mantiene el impacto de las sucesivas y continuas agresiones montadas por el gobierno, aunque aquí y allá aparecen nuevos reductos de resistencia.

En ese cuadro, los mayores enemigos del oficialismo continúan siendo la estrechez económica y de recursos vitales, como el agua y los alimentos, que se sentirá cada vez más asfixiante debido a las expectativas que ha sembrado el triunfalismo gubernamental. En un destacado segundo lugar, el corporativismo de sus asociados seguirá empujando a sus dirigencias a pedir mayores privilegios, disputándolos con otros aliados. Finalmente, 13 La sugerencia del procurador general, Arce Zaconeta —considerado uno de los principales cuadros jurídicos del gobierno—, de impulsar una reforma parcial que no solo modifique el artículo de la reelección, sino que “se refuerce” con la cadena perpetua contra violadores de menores, planteada por la “cumbre judicial” de 2015, refleja el temor de algunos dirigentes de introducir únicamente la reelección, sin un apoyo o lubricación discursiva y legal, incluso en espacios como el Congreso, donde la orden emitida desde el Ejecutivo se acatará sin demora.

14 Los partidos con posiciones descentralizadoras y autonómicas, con mayor sensibilidad ambiental, indígena y profemenina, como el Verde y el MSM, apostaron por su extinción al equivocarse rotundamente en sus cálculos electorales para 2014, cuando desplegaron vicios caudillistas y sectarios muy similares a los de los partidos y sindicatos tradicionales.

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pero no de menor riesgo, está el paquete compuesto por la baja calidad de la gestión pública, la corrupción y las divisiones internas del MAS. Sin embargo, es posible que mejoren algunos precios de commodities.

La movilización, indignación y reclamos espontáneos son los más probables adversarios del gobierno, debilitado además por su expectativa y deseo de habilitar a su candidato. Así, la mayor parte de los conflictos por demandas económicas y sociales tenderá a derivar en expresiones que critiquen al continuismo, lo que, a fuerza de repetirse y acumularse, debilitará la potencia electoral oficialista, incluso si logra imponer la candidatura de su jefe máximo.

Lo más novedoso y riesgoso en la perspectiva de los próximos meses es que la cerrada determinación gubernamental de mantenerse a cualquier costo (“hemos llegado para quedarnos”, en palabras del presidente) introduzca un sesgo de fuerza y violencia, inducida desde el propio aparato del Estado.

El conflicto del TIPNIS ya inauguró la era de movilizaciones ambientalistas y proindígenas, que pueden ampliarse ante la obstinación por seguir invirtiendo en la lógica de la “agenda patriótica”; esta tendencia se verá dificultada por la pérdida de músculo financiero gubernamental15. Nuevas rachas de escasez de agua o crisis producidas por avance de megaobras tenderán a estimular respuestas amplificadas, en las que cabe la posibilidad de que los jóvenes y su actividad en las redes sociales digitales cobre creciente protagonismo.

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15 Que puede tratar de compensar incrementando la dependencia económica y política de fiadores y prestamistas internacionales, como China.

Recrudece el plan para atropellar la soberanía popular La ilusión que nos asalta frecuentemente en sentido de que la agitación interna siempre supera a la externa se ha visto notablemente resentida en estos primeros meses del año, en los que las turbulencias foráneas llegaron al extremo de sugerir, en algún momento, que retornaba el espectro de la guerra nuclear. La combinación y contraposición de la personalidad del nuevo presidente estadounidense con la del risueño emperador norcoreano creó esa imagen, aunque el análisis de los hechos deja claro que, por ahora, se trata antes que nada de una febril competencia simbólica.

En cambio, el simbolismo ha cedido en estas tierras harto trecho a manifestaciones muy materiales, que se acumulan en: i) la intensificación de la ofensiva gubernamental para garantizar la posibilidad de inscribir a su único candidato presidencial en la justa de 2019; ii) una nueva ofensiva estatal intimidatoria y iii) la agregación de casos de corrupción y grandes fallas administrativas.

En el cuatrimestre destaca por encima de todo que, por una vez, la disidencia y el descontento les ganaron a las fuerzas gubernamentales en la calle, en la jornada para recordar el referendo constitucional del año pasado (el 21F, como se lo llama ahora).

Tumultos boreales y convulsiones australes El nuevo y ostentoso mandatario de EE. UU. no termina de cumplir con los principales objetivos que prometió, bloqueado por los guardavallas institucionales y los recursos de contención del propio sistema interno de poder.

Hasta aquí no ha encontrado una vía para canalizar sus propuestas más provocativas —el muro con México y la abrogación de la reforma sanitaria—, y

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ha requerido un bombardeo sobre Siria para acallar la avalancha de denuncias de los nexos de su entorno íntimo con el presidente ruso. Eso sí, no se ha detenido en desmontar los siempre pobres e insuficientes compromisos de su país para enfrentar el cambio climático, acelerando las exploraciones petroleras y la extracción de carbón y disminuyendo impuestos a los más ricos.

Steve Bannon, todavía asesor principal de Trump —igual que unos cuantos analistas dados al sensacionalismo y a las conclusiones fáciles1—, está comprobando que la globalización no se acaba con el anuncio de revisión ni con la abolición de acuerdos comerciales.

Lo que aún está por dilucidarse es cuán posibles son los abruptos cambios en política internacional que pretende introducir la nueva administración en casos como el de Irán, que, dado lo inestable del tablero del Medio Oriente, pueden desencadenar desastres profundos y duraderos, como la masiva emigración de los que huyen de las guerras.

Esto confirma que la fase experimental del ascenso del nuevo jefe de Estado, caracterizado por su marcada inestabilidad, puede prolongarse, creando situaciones imprevistas, incluso cuando hasta ahora la fortaleza del sistema ha prevalecido sobre los impulsos de Trump. De cualquier manera, el gobierno estadounidense cuenta con la ventaja de una situación económica en despliegue, más estable que la de los europeos.

La supuesta oleada de triunfos de los neoconservadores eurófobos2 se ha frenado con su derrota en Holanda y el ya anunciado fracaso de Le Pen en la segunda ronda electoral francesa. Pero eso no compensa el profundo 1 El vicepresidente de Bolivia se ha mostrado como uno de los más entusiastas voceros de esa interpretación, basada en el llamado fenómeno “populista” de los países avanzados.

Véase: https://n9.cl/vtg3s. Sin embargo, la globalización no es una conjura, un capricho ideológico, un gran pacto comercial internacional o la suma de todos ellos. Es la fase actual de desarrollo del capitalismo en todos sus planos y niveles: económico, cultural, político e ideológico. Se sustenta en los cambios tecnológicos aportados por la informática, las telecomunicaciones y la caída de las murallas mercantiles que aún sostenía la vigencia de un bloque soviético hasta los años ochenta. En esa misma época, China ya se había inscrito como nave principal de la globalización, en su condición de fábrica planetaria y reina de las inversiones transnacionales.

2 En el otro lado del espectro, se ha enfriado el impulso de formaciones como PODEMOS, en España, al influjo, probablemente de experiencias como las de Syriza, en Grecia, y del recrudecimiento de temores en el electorado al momento de decidirse por alternativas desconocidas. Habrá que ver si en Francia el salto de Melenchon sigue el mismo curso, una vez que perdió el acceso al ballotage.

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malestar que viven los ciudadanos de la Unión Europea, acentuado después de la salida británica3, por los elevados niveles de incertidumbre y lentitud y lo errático de su recuperación económica.

Aun así, este año muestra una tendencia lerda pero sostenida a la recuperación de precios de los commodities, con excepción del petróleo (con alto impacto en economías como la nuestra), que no termina de equilibrarse pese al inédito acuerdo de los productores OPEP con los no asociados, suscrito a finales de 2016.

Nuestro continente está sacudido por la dureza del enfrentamiento interno en Venezuela, en una supuesta agonía de larga duración, escenificada dramáticamente por los medios de difusión desde hace más de dos años y por la explosión de ondas de corrupción estatal que afectan a casi todos los países. Lo de Brasil4, con el caso Odebrecht, que compromete a todos los partidos, desde el PT hasta la derecha extrema, es un símbolo de cómo los políticos profesionales, cualquiera sea su ideología, han extremado sus prácticas para saquear los bienes públicos y estafar a los ciudadanos.

El triunfo de Lenin Moreno en Ecuador rompe la uniformidad del giro electoral, pero no la tendencia a que se eclipse a los gobiernos que prevalecieron en la escena sudamericana. La experiencia de Macri y Temer muestra también, simultáneamente, que el giro hacia políticas “neoliberales” tiene que afrontar la resistencia de sociedades mucho más empoderadas y conscientes de sus derechos que aquellas en que se pudo aplicar los lineamientos del consenso de Washington a finales del siglo pasado.

Los costos no importan Nadie ha puesto en duda la fortaleza de la decisión del MAS boliviano para revocar los resultados de la consulta popular sobre la reelección en 2016 y, 3 La gran cuestión que abre la consumación del Brexit no radica en los duros espasmos de la ruptura, que pueden extenderse por largo tiempo, sino en un balance más prolongado, en el que habrá que ver si el aislacionismo británico termina por encoger a esa potencia que, por sí misma y con sus aliados más próximos (nacidos de su mismo vientre: EE. UU., Canadá, Australia, etc.) ocupó gran parte del protagonismo de los siglos previos.

4 Se manejan con mayor discreción situaciones como las de Perú, donde los tratos con Odebrecht arrojan sombras no solo sobre ex presidentes, sino sobre el actual mandatario, Pedro Pablo Kuzcynski.

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durante los últimos meses, el partido oficial no ha hecho más que confirmar lo tonto que hubiese sido ponerlo en duda.

Más bien, ha querido reforzar el mensaje de que su decisión es inquebrantable y que los que la resistan puedan resultar lesionados, si es que no reducidos a añicos. Así ha de leerse que haya metido fuelle a los juicios ya instaurados contra políticos y dirigentes opositores, o la apresurada expulsión del Centro de Documentación e Investigación del Desarrollo (CEDIB) de su sede provisional en Cochabamba. El rector de la universidad estatal de ese distrito, amigo muy cercano del régimen, consiguió en pocos días intimidar de tal manera a los investigadores, que estos prefirieron quedar casi a la intemperie ante el inminente riesgo de violencia5.

El despliegue de fuerza siempre se ha complementado con el de un enorme flujo propagandístico estatal (y con los viajes del presidente), que hace un año había costado 5.300.000.000 Bs (cinco mil trescientos millones de bolivianos, unos 750 millones de dólares), durante el quinquenio previo6. De modo que, considerando la intensificación de campañas favorables a la reelección y descalificadoras del triunfo del No el año pasado, la cifra, conservadoramente actualizada para este año, sobrepasará los 900 millones de dólares para el periodo que viene desde 2011.

La considerable dificultad de siquiera acercarse a estos montos para poder competir —principalmente en anuncios y transmisiones de radio, TV y, cada vez más intensamente, en presencia en las redes sociales virtuales—, se equilibró en esta ocasión con un enorme despliegue callejero para conmemorar la celebración de los resultados del 21F. La superioridad de la concurrencia popular a los actos de reafirmación del No se verificó incuestionablemente en La Paz y otras ciudades, mientras que la de Santa Cruz de la Sierra resultó un fiasco, debido a que la convocatoria no se unificó y hubo actos dispersos. La ventaja de contar con la participación obligada de empleados públicos no fue suficiente para que el 5 Este antecedente consagra el hecho de que las ONG dedicadas a cuestiones indígenas y al medioambiente son las más expuestas al severo escrutinio estatal, dispuesto a borrar a cualquiera que parezca sospechosa de contradecirlo. El expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador ha analizado la persecución al CEDIB como una típica muestra de la regresión de los gobiernos “progresistas” del área (véase: https://n9.cl/wx2zp).

6 Véase: https://n9.cl/6z5p5

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MAS reedite la convocatoria aplastante que ha mantenido por años en sus actos; en esta ocasión debió resignarse a un segundo lugar.

Una característica notable de esa jornada de movilizaciones es que fue convocada y protagonizada por colectivos ciudadanos, en tanto que los partidos opositores que aportaron efectivamente con asistentes permanecieron en un discreto segundo plano. Se trata de una señal adicional que apuntala la necesidad de un cambio fundamental en el sistema de representación política7.

La preocupación oficial por este hecho no mella su plan inicial, y solo fortalece —como ya ocurría previamente— su predisposición a favorecer las cuatro alternativas no electivas del menú que maneja para desconocer el referendo del 21 de febrero.

La artillería económica A pesar de la ya anotada dificultad de recuperación de los precios del petróleo, la política económica oficial sigue ostentando las mejores marcas continentales8, incluso cuando es vista con los criterios más conservadores de los organismos internacionales, como la CEPAL9, que pronostica un crecimiento del PIB del 3,8%, casi un punto por debajo de la expectativa del ministro Arze. El ministro se arriesga a sostener que se llegaría al 4,7%, encendiendo explícitamente las expectativas sobre el pago del segundo aguinaldo al concluir la gestión.

Es ostensible el esfuerzo gubernamental por mantener el buen récord de cifras, que lo ha llevado a endeudarse por la vía de una nueva emisión de bonos (deuda soberana) de 1.000 millones de dólares, principalmente para alivianar la rápida caída de reservas, según interpreta el expresidente del BCB Juan Antonio Morales, a costa de pagar intereses de unos 45 millones de dólares anuales.

7 Que, tal como se ha señalado y argumentado en análisis previos, incluye a partidos, sindicatos, organizaciones sociales, ONG políticamente activas, medios masivos de difusión y otras instancias que, en la experiencia social boliviana concreta, intervienen como centros de emisión ideológica, formación y organización política.

8 Igualada por Paraguay y superada solamente por República Dominicana y Panamá.

9 Véase: https://n9.cl/5l7n50

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Mantener una buena imagen de su manejo de las finanzas públicas (cuando Venezuela se hunde en la superinflación, Argentina no acaba de recuperarse y Brasil sigue estancado) es, en términos prácticos, crucial para los planes de reelegirse10. También es un poderoso mensaje político, porque le permite mofarse de las previsiones opositoras que, cada año, tienden a cargar las tintas sobre los escollos que tendrá que sortear la política económica gubernamental.

El párrafo siguiente, de autoría de Gonzalo Chávez, uno de los analistas económicos críticos más conocidos, se inscribe en la línea de tales advertencias: Para mantener el producto en torno del 4% al año a futuro, la política económica de corto plazo tiene muy pocos grados de libertad. Debe escoger entre rezar para que vuelvan a subir los precios de las materias primas o quemar ahorros interno y externo para mantener la burbuja de consumo. ¿Por qué después de 11 años de gobierno y haber gastado 60.000 millones de dólares extras (medio Plan Marshall a precios de hoy) no tenemos ninguna fuente adicional de ingresos externos que no sean los recursos naturales?

Las exportaciones cayeron en torno de 4.000 millones de dólares y no hay ningún sector alternativo que puede darnos ni 50 millones de dólares. Pero como vivimos al día y lo que interesa es la política antes que la economía, se fuerza el modelo primario exportador, aunque esto signifique sacrificar el futuro. Claro, el pretexto de la conspiración del imperio siempre está disponible para ocultar errores internos de la fiesta del rentismo. Tal vez el ajuste del país a la realidad económica lo tendrá que hacer otro gobierno (véase: http://chavezbol.blogspot.com/2017/04/cebando-el-carburador.html).

Además de la importancia electoral de mantener cifras de buen desempeño, está la necesidad de contar con una base para realizar las monu10 El duro rechazo popular para abrir la reelección en Paraguay (respaldada también de la bancada del expresidente Lugo) aparentemente no ha sido del mayor agrado del gobierno boliviano, advertido hace muchos meses por encuestas de que, en general, tampoco el público de nuestro país ve con los mejores ojos la prolongación indefinida de los gobiernos. De allí nace precisamente la idea de hablar de “repostulación”, buscando endulzar el término.

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mentales inversiones de la “agenda patriótica” (57.000 millones de dólares solo en energía, de los cuales 27.000 irían a megarepresas). La tendencia declinante del crecimiento de estos dos últimos años, la desaceleración general y el crecimiento del déficit fiscal (que ronda el 7%) no contribuyen a garantizar las enormes deudas que se necesitará contraer para ejecutar el programa planeado hasta el año 2025.

Para una apropiada valoración de la actual disposición de fuerzas y preferencias, debe anotarse que la actitud ante el desempeño del gobierno y la confianza que suscita han dejado de declinar, según lo muestran los primeros sondeos del año.

Foto, democracia y silencio La inesperada aparición de un manifiesto firmado y acompañado de la fotografía de los seis dirigentes opositores más publicitados11 ha dado pie a un espectáculo noticioso durante semanas, debido a su carácter sorpresivo y, sobre todo, a la campaña propagandística del vicepresidente, quien desafió a todos los signatarios a un debate, para luego condicionar el reto hasta eludirlo completamente.

La primera aparición conjunta y solidaria de los representantes partidarios se ha referido exclusivamente a cuestiones políticas (violaciones democráticas, persecución judicial a opositores, planes de reelección y cuestiones afines), pero no contiene una sola mención crítica al programa de gobierno, con su masivo plan de inversiones y la alta intensidad de acciones lesivas al ambiente que entraña (ampliación de la frontera agrícola, concesiones de tierras, megarepresas).

Se verifica de este modo que el gobierno mantiene la iniciativa y puede seguir alimentando la corriente central del debate público en torno a la reelección de su candidato, contando con respuestas puramente reactivas.

La ausencia de discusión desde las filas de los partidos opositores, así como del planteamiento de un modelo alternativo de desarrollo al que actualmente se ejecuta y preconiza, deja esa responsabilidad a individuos y 11 Véase: https://n9.cl/b4hv5r

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organizaciones de la sociedad civil, con gran menoscabo de sus posibilidades de llegar al conocimiento del público en general12.

Las escaramuzas tácticas próximas —como la realización de nuevas elecciones judiciales— no brindan esperanza alguna de negociación fructífera entre las fuerzas parlamentarias, porque los esporádicos gestos oficiales de apertura no modifican cuestiones de fondo relacionadas con su determinación de preservar el control sobre el conjunto de los poderes estatales, pues esto les garantiza habilitar a su candidato y ganar las elecciones de 201913.

De tal modo, el avance inicial —es decir, que la oposición dejara de identificar la propia elección de los altos magistrados como el fondo del problema y considerara la selección de candidatos como el tema crucial— queda en punto cero14.

Como sinopsis, puede afirmarse que el tensionamiento de contradicciones continúa dando la fisonomía a la coyuntura de este cuatrimestre, y se perfila como tendencia central del proceso. En la oposición partidaria se 12 El seguimiento de una de las iniciativas gubernamentales, el tren bioceánico, muestra la enorme dificultad de materializar las gigantescas obras que conforman ese programa. Aunque desde hace más de un año los voceros oficiales anuncian un inminente avance, hasta ahora solo se ha conseguido la adhesión de Uruguay y Paraguay, pero no la de Brasil, que es quien tiene la real capacidad de decisión. El antagonismo entre el gobierno de Temer y el de Bolivia genera un escenario totalmente privilegiado de negociación para Brasil. Eso explica el inconsulto cambio de diseño del tren bioceánico, que ya pactó con Perú, y que excluye su paso por Bolivia. Decisiones internas bolivianas, como la aprobación de la Ley de la Coca, son consideradas por Brasil como auténticas agresiones (porque ante una presunta mayor oferta de coca y cocaína, esperan un alza correlativa de crímenes y violencia en su territorio) que entraban aún más las negociaciones. De ese modo, se alejan las posibilidades de que la gran agenda estratégica del gobierno boliviano pueda concretarse.

13 Por ejemplo, conceder mayor participación al sistema universitario (vía CEUB) en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, pero manteniendo otras observaciones que llevan al exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima, a considerar que los 21 millones de dólares que costará la elección judicial serán un desperdicio. Véase: https://www.facebook.com/Ivanlimamagne/posts/10212604351646445 14 En las condiciones actuales de la coyuntura política y social, va cobrando cuerpo la discusión de si Bolivia puede reproducir en los próximos meses una dinámica parecida a la que se observa hoy en Venezuela, producto de la obstinación del régimen por desconocer los avances de sus contrarios y mantener un control cerrado de todas las fuentes y recursos de poder. Se trata, con seguridad, de una especulación fundamentalmente vacía, no solo por las históricas diferencias abismales entre ambas formaciones sociales, sino por las características que identifican a los sujetos sociales colectivos que definen en Bolivia la coyuntura y la construcción histórica del país.

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advierte que el inicio de acciones conjuntas es el nuevo mecanismo para incrementar su eficiencia política y mejorar su entrenamiento en algunas acciones de fiscalización parlamentaria; sin embargo, mantiene una ausencia completa en el cuestionamiento estratégico y programático.

Sin vestigios de tregua en el horizonte, las protestas espontáneas y los movimientos sociales (entendidos como explosiones de insatisfacción, sin conducción política orgánica) siguen siendo los adversarios más probables y eficaces de un régimen cuyo perfil se reduce cada vez más al de un ente que proclama la estabilidad, la continuidad y la permanencia como sus mejores atributos, mientras exhibe una completa falta de capacidad para enmendar un giro cada vez más represivo y enfangado en la corrupción.

Mayo de 2017

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Anexo

Coca y neocolonización de territorios indígenas La objeción más frecuentemente empleada para resistir y criticar el avasallamiento, de hecho y/o legal, del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) es que la superficie restada de los territorios indígenas o de las reservas naturales será asimilada por un persistente incremento de los cultivos de coca. Este argumento se aplica a casi cualquier situación parecida, y su popularidad reside principalmente en que, de manera abierta o implícita, se supone que los avasalladores están necesariamente vinculados a los “narcos”.

Se trata sin duda de una noción falsa. No en vano tales acusaciones se han estado formulando desde el primer día del ascenso del régimen sin causarle la menor mella ni impedir que su votación haya subido constantemente en las elecciones nacionales. Tampoco parecen haber jugado ningún papel en su derrota en febrero de 2016. Llamar cocalero y narcotraficante al presidente y sus seguidores entusiasma a la franja de electores conservadores y ultraconservadores (usualmente entre el 20 y el 25% del electorado) que le ha sido adversa desde un principio, pero no a la mayoría de electores que ha respaldado al MAS. Uno de los problemas de esta interpretación es que obvia el hecho de que Bolivia es el país que tiene la superficie más estable de cocales durante los últimos 30 años15 (a excepción del descontrol durante la década de 1980 y la erradicación radical durante el gobierno de Banzer), según se verifica al hacer un seguimiento de los informes de la UNODC (la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés) y de los del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la producción andina.

Los informes de EE. UU. tienen un estimado promedio de alrededor del 50% por encima de los de Naciones Unidas, ya que en 2016 informan de 15 Laserna, quien opina que nuestra tendencia es ascendente, ha sistematizado importantes observaciones sobre los cocaleros de Yungas y Chapare, obtenidas a través de visitas de campo. Véase: http://www.cepes.org.pe/cendoc/eventos/Libro-Foro-ReformaAgraria-2007/12- laserna-bolivia.pdf

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una superficie de 37.000 ha, frente a las cerca de 25.000 ha que registra la UNDOC. En ese lapso Colombia y Perú han mostrado grandes oscilaciones, con Colombia como el caso extremo, ya que en 1980 tenía una superficie de 8.000 ha y se espera que este año supere las 180.000 Aun en el supuesto de que los cultivos del trópico cochabambino tuvieran el triple de extensión que la de los informes (220 km2, en vez de 77 km2, es decir, 22.000 ha en vez de las 7.700 que autoriza la nueva Ley de la Coca), eso implica que la superficie dedicada a labores agropecuarias en la provincia Chapare16 es muy reducida. Esto permite hacerse una idea respecto a la noción de que en esos sectores ya se “habría agotado” la tierra para sembrar coca17.

Afirmar que el gobierno está empeñado en fomentar la producción de coca hasta convertir las 1.200.000 ha del TIPNIS en un inmenso cocal significa creer, con base a los resultados de la actual erradicación —que alcanza un promedio de 10.000 ha/año— que la siembra de coca avanzará, más o menos incólume, durante los siguientes 120 años. Lo que es peor, lleva a pensar que los demás aspectos de la política del régimen pesan poco frente a esa cocalización, que sería el motor principal de sus acciones.

La centralidad que se le da a la expansión de cultivos de coca y la satanización de los cocaleros deforma la perspectiva amplia y predispone, además, a suponer que cuando cambie el gobierno podría sobrevenir una política de eliminación de cocales, como en su momento lo hizo la administración Banzer-Quiroga, que terminó fortaleciendo, y finalmente entronizando, al actual presidente del Estado.

No se plantea subestimar los enormes problemas que nos acarrea la elaboración, comercialización y consumo de cocaína al que se destina la mayor 16 Datos del Censo Nacional Agropecuario 2013 muestran que en el municipio de Villa Tunari se encuentra la mayor cantidad de unidades de producción agropecuaria, respecto a los municipios que conforman la región de trópico cochabambino. Este municipio tiene una superficie cultivada de verano de 27.238 hectáreas y 28.404 unidades de producción agropecuaria. Véase: https://www.ine.gob.bo/index.php/villa-tunari-el-platano-banano-es-el-principal-producto-cultivado/ 17 En términos de peso demográfico, los cocaleros suman un total de aproximadamente 100.000 familias, con lo que representan alrededor del 3% al 5% del padrón electoral (6,4 millones aproximadamente, en 2017), pero compensan largamente su bajo peso en las urnas con su potencia en las calles y en la movilización.

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parte de la hoja de coca producida en el país. Se trata, más bien, de salir del círculo de soluciones ensayadas que tienen como factor común el haber permitido que sean el Estado y los cocaleros quienes negocien y tomen las decisiones.

Precisamente por la seriedad de los problemas en materia de corrupción política y judicial, de incremento de la delincuencia y de los hechos violentos, inseguridad, hostigamiento internacional y otros, es necesario construir nuevas opciones basándonos en la norma constitucional que obliga a que la participación y el control social sean la base de la definición de las políticas públicas.

En tanto que la superficie de cocales tiene tantas repercusiones en varios planos, toca plantear el funcionamiento de un mecanismo de concertación para que la representación del Estado y la de los cocaleros se encuentren con todos los demás sectores y, de manera conjunta, adopten decisiones sobre la superficie legal de cultivos, la calidad de la coca (orgánica, por ejemplo), el régimen tributario que le corresponde, etcétera.

Una instancia de esa naturaleza —impensable en las condiciones políticas vigentes— tiene que ocuparse también de las políticas para atenuar impactos en los sectores cuyos ingresos y posibilidades reales de empleo resulten afectados por las decisiones que adopte. Desde una perspectiva democrática, es impensable pensar en reproducir prácticas corporativas, esta vez haciendo que otros sectores amenacen o se confronten con cocaleros (o cooperativistas), que es a lo que induce el tipo de confrontación que hoy prevalece en nuestro país.

Agosto 2016

Desarrollismo versus pueblos indígenas Una marca que mantiene imbatible el MAS es su capacidad de sostener una constante iniciativa política, que destaca en la escena debido a la perpetua reactividad de sus oponentes.

La rutina ha vuelto a repetirse durante los últimos cuatro meses en los que la reiteración, aceleración y amplificación del destape de negocios turbios1 que comprometen a altos funcionarios no frena que se introduzcan (o reiteren) propuestas y acciones del oficialismo que mantienen ocupados a quienes difunden noticias y acoquinados a quienes las padecen.

De todas, destaca por sus ecos y proyecciones la nueva ofensiva sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), que ha culminado con la aprobación de una ley que anula los acuerdos que se dieron entre Estado e indígenas con la VIII marcha que llegó a la ciudad de La Paz en 2011, después de la represión que sufrieron en Chaparina.

La “desintangibilización” del TIPNIS tiene la peculiaridad de que no solo se impone en la coyuntura, sino que la conecta con el largo plazo porque resume y representa la propuesta programática, la visión de país y la política masista, al condensar la estrategia contenida en la Agenda 2025 y empalmarla con la habilitación de la candidatura y reelección del actual presidente.

Desmenuzar esta nueva ley permite una excepcional oportunidad de ver y entender los planos temporales y acciones concretas de la visión política hegemónica en Bolivia.

1 Una buena proporción de estos episodios se relacionan con el total predominio de contrataciones directas o de la gran discrecionalidad que reciben los máximos ejecutivos para contratar “llave en mano” o EPC (Engineering, Procurement and Construction). Carreteras, plantas hidroeléctricas (Corsan), taladros, planta de polipropileno (la obra más cara en la historia boliviana, pero menos de un tercio de lo que costaría el Chepete) encabezan una larga lista de denuncias sobre las más grandes anormalidades detectadas y denunciadas.

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Del paquetazo electoral a la ofensiva estratégica En el semestre que va desde la aprobación de la Ley General de la coca hasta la de la Ley 969, que “anula la intangibilidad del TIPNIS”2, se han acumulado decisiones gubernamentales propias de una gran contraofensiva táctica, orientada a anular y revertir la derrota sufrida un año atrás y despejar la ruta que rehabilite al presidente como candidato en las próximas elecciones nacionales.

Las acciones legislativas y administrativas3 que conforman la columna vertebral de esa contraofensiva apuntan a reaglutinar y vigorizar el núcleo central de la base social del MAS, resquebrajado por incumplimientos de compromisos estatales y pugnas internas del partido dominante. En segundo término, buscan afinar la fachada institucional que consumará la maniobra destinada a anular los resultados del referendo constitucional de 2016.

Durante los últimos cinco años, la cúpula gobernante manifestó de diversas formas su inquietud por un sentimiento de deuda con los colonizadores4 y por el retraso de uno de sus planes más preciados, al haberse visto obligada a postergar el proyecto de carretera a través del TIPNIS por la marcha indígena de 2012. Esa traumática experiencia fue vivida como un retroceso simbólico y material inaceptable que tenía que revertir más temprano que tarde.

2 El entrecomillado se debe a que se utiliza aquí la nomenclatura que ha predominado en el encuadre periodístico (y que se refiere a la anulación de la intangibilidad) porque, como se desarrolla más adelante, tal denominación se presta a confusiones.

3 Casi simultáneamente al tratamiento de la Ley 266, pueblos indígenas del territorio indígena multiétnico (TIM) —en que conviven los pueblos mojeño, trinitario, yuracaré, movima y t’simane o chimán— protestaron por el incremento de presiones sobre el bosque tsimán, a pesar de que se reconoció como su territorio en 1990. Estas presiones se producen al amparo de resoluciones del INRA, que pretenden convertirlos en familias colonizadoras, cada una con su dotación de 50 hectáreas. De este modo, la mayor parte de las 185.000 hectáreas de ese bosque pasaría a ser “reserva fiscal”, es decir, tierra disponible para distribuir entre nuevos colonizadores. Véase: http://cejis.org/cinco-pueblos-indigenas-inician-movilizacion-la-caminata-de-reafirmacion-de-nuestro-derecho-historico-sobre-el-area-del-bosque-chiman/ 4 Llamados “interculturales” por la CPE, con la fallida intención de desvincular a este importante sector campesino (tradicionalmente familias campesinas pobres migrantes, en búsqueda de nuevas tierras de labranza) de las connotaciones que tiene el término ‘colonialismo’. Los cocaleros son la fracción menos numerosa, pero la más activa políticamente y la más consolidada organizativamente, de esa franja campesina.

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En cuanto a los cooperativistas mineros, las derivaciones del cruento levantamiento con que hace un año pretendieron imponer sus reclamos corporativos necesitaban con urgencia una conciliación y reparación de daños. Así, en aparente compensación por la dureza de su choque con la directiva de FENCOMIN después del asesinato del exviceministro Illanes, el gobierno anuncia que dispondrá de 500 millones de dólares para la prospección de nuevas áreas que otorgar a las cooperativas5.

Cooperativistas y colonizadores (cocaleros incluidos) han actuado como mazo y yunque del régimen en batallas decisivas, en las que la capacidad de movilización ha sido el elemento clave. De modo que, al haber facilitado al gobierno proseguir con sus nuevos desafíos, se hacía impostergable atender los principales problemas pendientes con ambos6.

En el espacio institucional, la preparación de las elecciones judiciales, ahora reprogramadas para diciembre de este año, exhibió desde su convocatoria la vacuidad de la retórica oficial desplegada por meses. Tanto en la cumbre judicial como en múltiples otras tribunas públicas, se intentó mostrar que, a diferencia de 2011, el procedimiento haría énfasis en los méritos profesionales y académicos y que se superaría el sectarismo, que caracterizó la calificación de candidatos en la experiencia anterior.

El temprano repliegue de la universidad pública paceña (UMSA) del espacio que se otorgó a las universidades para participar de la selección y calificación de aspirantes a candidatos se respaldó en denuncias de parcialidad del proceso. Con esta y otras evidencias, quedó claro que la mayor aspiración oficial sobre estas elecciones es que el nuevo plantel de altos magistrados ayude a olvidar la patética historia de sus predecesores7; 5 Véase: https://notibol.com/noticia/gobierno-invierte—500-millones-para-las-cooperativasmineras/1170321. En 2016 reclamaban por lograr un mejor régimen impositivo que el que tienen, y que se legalicen sus uniones con privadas y transnacionales en las concesiones que se les ha otorgado. Estas concesiones no son necesariamente marginales; la de Colquiri, por ejemplo, contiene una reserva estimada en unos 5.000 millones de dólares a precios de los minerales en 2014.

6 Incluyendo las consecuencias del recrudecimiento de la pelea interna del MAS, entre fines del año pasado e inicios de este, entre los que se incluye el notorio recorte de poder y gravitación de la tendencia del excanciller Choquehuanca.

7 En especial, la manera en que el Legislativo, acaudillado por el Ejecutivo, castigó con el mayor ensañamiento las disidencias y rebeldías de miembros aislados del Tribunal Constitucional, para dejar claro que su precio es el escarnio público de los indisciplinados, hasta el

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asimismo que, en lo posible, los nuevos funcionarios resulten algo más creíbles, dada la gravedad de las decisiones que el Ejecutivo ha dispuesto que asuman.

El segundo asalto al TIPNIS La importancia central de la batalla por el TIPNIS parte de la hipótesis de que en esta se concentran las mayores contradicciones del nuevo ciclo estatal: la definitiva cancelación del proyecto de construir un Estado plurinacional. Esto pesará decisivamente sobre la definición de las tendencias que determinarán el rumbo del país durante no menos de una década. Hasta ahora, el desenvolvimiento del debate público sobre el tema ha sufrido una simplificación extrema, dejando de lado explicaciones que abarquen lo que realmente entraña esta prolongada confrontación Del lado oficial, se ha tratado de explicar la situación como si se tratara de la resistencia de los “aliados internos del imperialismo”, quienes, bajo un ropaje de ambientalismo colonial, tratan de salvar los intereses de potencias externas que nos habrían impuesto la creación de reservas naturales en su propio beneficio. También estarían los intereses de hacendados (principalmente madereros y ganaderos), que ya no podrían esconder su presencia, ni el vasallaje que al que estarían sometiendo a los pueblos indígenas.

Según este relato, la carretera a construirse permitirá, además, atender las necesidades básicas de esos pueblos y, gracias a la integración de Beni y Cochabamba, logrará un manifiesto avance del desarrollo económico y social de todo el país8. extremo de una práctica muerte civil, que es como el extribuno Cusi describió su experiencia después de haber sido defenestrado de su cargo.

8 El vicepresidente del Estado es el principal responsable de esta línea argumental, comprimida en su folleto Geopolítica de la Amazonía (La Paz: Vicepresidencia de la República, 2013) y ratificada en su discurso oficial del 6 de agosto pasado. Esta narrativa carece de apoyo y referencias factuales que hagan verosímil su explicación de que grandes haciendas ganaderas y explotaciones forestales están instrumentando su oposición a la construcción de caminos, cuando en todas partes estas son sus abanderadas, ya que les son indispensables para mover su producción al mercado. Tampoco aborda la imperiosa necesidad de realizar el esfuerzo más serio y sostenido por salvar bienes escasos (fuentes de agua, oxígeno, biodiversidad) que se encuentran en las áreas que, despiadadamente, se nos habría impuesto por los grandes depredadores ambientales del planeta para inhibir, o simplemente cancelar, nuestras posibilidades de “desarrollarnos”. Desde FOBOMADE se

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La oposición, especialmente la partidaria, contraataca exhibiendo las flagrantes contradicciones entre las palabras y los hechos gubernamentales en todo lo que se relaciona a su declarada devoción por la Madre Tierra y los pueblos indígenas. Estos reproches se centran en la crítica central: denunciar que el verdadero objetivo de la nueva legislación sobre el TIPNIS sería abrir espacio a nuevos cultivos de coca9.

Como un complemento, desde la izquierda —en lo que podría interpretarse como un intento de contrarrestar la postura antiimperialista del gobierno— se pregona que la carretera a través del TIPNIS sería una imposición imperialista, principalmente de Brasil.

Las críticas al extractivismo gubernamental, así como la confrontación entre modelos de desarrollo, han estado presentes desde muy temprano, pero son las que reciben menor atención periodística e informativa.

Lo que prima en el espacio público son las descalificaciones del gobierno­ al ambientalismo colonial (“cuidadores de árboles para los gringos”) y las acusaciones del predominio de los intereses cocaleros (implicando que, en el fondo, serían “narcotraficantes”) con que responde la oposición partidista, con la esperanza de que su tono moralista le permita cosechar alguna ventaja10.

Si existe algún componente con real peso moral que pueda generar corrientes de opinión pública, es el que alerta sobre la saña y violencia con hace una crítica detallada a la visión vicepresidencial: http://fobomade.org.bo/2017/08/02/ sobre-la-geopolitica-vicepresidencial-el-tipnis-y-el-iirsa/ 9 Véase, como ejemplo: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Samuel-cree-que-meta-de-Evoen-Tipnis-es-mas-coca-20170809-0013.html El antropólogo Xavier Albó ha expresado una idea parecida. Toranzo subraya este enfoque en http://www.paginasiete.bo/opinion/carlostoranzo-roca/2017/8/30/coca-gran-peligro-150190.html. La enorme presión que ejercen los pobladores del Polígono 7, colonizadores y cocaleros, sobre los pueblos indígenas y su persistente demanda de carretera ha llevado a absolutizar el cultivo de coca como presunta causa de los planes gubernamentales sobre el TIPNIS y otros territorios indígenas. Por todo lo anotado, se ha elaborado un anexo que figura al final de este análisis, donde se consigna información relevante sobre el tema.

10 Tal expectativa tiene todas las de perder porque las acusaciones que llueven sobre el régimen desde el primer día de su ascenso no le han hecho la menor mella, ni han impedido que su votación haya subido constantemente en las elecciones nacionales, mientras que no parecen haber jugado ningún papel en su derrota en febrero de 2016. Está claro que llamar cocalero y narcotraficante al presidente y a sus seguidores puede entusiasmar a una cierta franja de electores, pero no cambia en nada el hecho de que, para que cambie el régimen, los nuevos gobernantes necesitarán atraer a una gran parte de los actuales electores del MAS.

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que el oficialismo interviene, divide, persigue y manipula a las organizaciones indígenas (las que representan a los pueblos del TIPNIS, la CIDOB y sus afiliadas, tanto como a la CONAMAQ, organización de los indígenas de tierras altas).

En su vertiente más atrasada, en vez de solidaridad, algunos grupos e individuos convierten su censura en una invocación a la piedad, frecuentemente acompañada de ideas paternalistas y esencialistas.

La montaña escondida Los conflictos en torno al bosque de los t’simanes, la represa del Chepete o el TIPNIS nacen y proliferan como resultado del afianzamiento y la depuración del modelo de desarrollo capitalista, que ha terminado por cristalizar como la visión de gobierno11. Este modelo se apoya en una política de colonización (no de cocalización) del TIPNIS en particular y, por lo general, de casi todos los territorios indígenas, así como de las reservas naturales.

Esto es parte de la Agenda 2025 (o “agenda patriótica”), que establece el compromiso de ampliar la frontera agrícola como eje central del modelo de desarrollo y de construcción de país. Esa agenda es, además, el principal justificativo del MAS para plantear una nueva reelección presidencial.

Así, el programa para la reelección da por supuesto que ampliar la frontera agrícola fortalecerá automáticamente la seguridad y la soberanía alimentaria, y que el desmonte sería la única manera de lograrlo, eliminando toda consideración sobre el rescate y rehabilitación de las extensas áreas que se han depauperado, erosionado y desertificado por las malas prácticas agrícolas12.

11 Escondida bajo discursos anticapitalistas, que derrocha recursos en grandes obras, obsoletas en su concepción y utilidad dentro de la actual realidad mundial. Un neocapitalismo, bravo contra el capitalismo en las palabras y generoso con él en los hechos. No en vano este régimen corresponde al período en que se han construido y prosperado gigantescos malls, shopping centers, galerías y boutiques, y con el consumismo más derrochador, alentado por el ejemplo del Estado, los altos funcionarios y una nueva burguesía burocrática.

12 La acelerada expansión de frontera agrícola de la última década obedece, de lejos, a la ampliación de cultivos industriales de exportación, soya y otras oleaginosas, en tanto que la mayor producción de alimentos no se empareja con la demanda interna (estimulada también por cierto grado de redistribución y disminución de la pobreza), de manera que la importación de alimentos se ha desbocado. Véase: https://n9.cl/wjxoq y la respuesta oficial sobre este avance de importaciones en https://n9.cl/li27r

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Esta política territorial y de redistribución poblacional que se viene realizando por lo menos desde 2008, con el masivo traslado de familias colonizadoras a Pando13 y, secundariamente, al Beni (con fines principalmente electorales en ese momento), busca replicar, reforzar y sacar partido del modelo espontáneo de migraciones campesinas internas que primó de 1952 hasta finales del siglo XX. Esta migración campesina desde las tierras altas consolidó el control interno del territorio, modificó la distribución demográfica, la geografía política y la influencia de patrones culturales.

Los colonizadores —ya que no interculturales, que somos todos los habitantes del planeta—, es decir, los campesinos migrantes que buscaban mejorar su producción, ingresos y perspectivas de futuro, jugaron así un rol protagónico en la ampliación y consolidación del mercado interno y favorecieron indirectamente la expansión de la influencia estatal, que se instalaba detrás de los migrantes.

Desde finales del siglo XX, la búsqueda de tierras para la sobrevivencia —que caracterizó a las corrientes colonizadoras iniciales— se ha ido combinando con movimientos orientados a hacerse de tierras para ampliar el mercado de tierras (alquiler y venta), especialmente en regiones aptas para el cultivo de soya y ganadería, como ha venido sucediendo en Santa Cruz durante las dos últimas décadas.

La “conquista” del TIPNIS obedece centralmente a esa lógica14, como presunta ruta crítica del desarrollo. Se busca replicar el modelo de ocupación de tierras, en principio por familias desplazadas por la pobreza, que abren espacio a ocupaciones mayores que, a su vez, son la plataforma de lanzamiento del mercado ampliado tierras, previo saqueo y destrucción del bosque y sus recursos.

La ampliación de la frontera agrícola bajo esta modalidad conduce a la depredación de fuentes de vida colectivas (agua, oxígeno, biodiversidad) y, con ello, a cerrarle el paso a un patrón de acumulación diferente, con base en el uso equilibrado de esas fuentes, cada día más escasas y valiosas a nivel del planeta. La que impulsa el gobierno se inclina, más bien, por repetir los 13 Véase: https://n9.cl/r3gw6 14 En 2015, el presidente Morales transparentó el fondo del problema al reflexionar en voz alta sobre la naturaleza de las prácticas del sector campesino-colonizador, del que proviene y al que representa. Véase: https://n9.cl/t2ks2

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intentos de un tipo de desarrollo ensayados infructuosamente desde nuestra declaración de independencia.

El significado profundo y las proyecciones del triunfo gubernamental (Ley 969) permanecen todavía poco visibles, cubiertas por la densa humareda de debates tan vehementes como estériles, que se resisten a asimilar que la corrupción gubernamental radica principalmente en los procesos de contratación de grandes obras públicas, de otorgación de licencias ambientales, en el manejo discrecional de instituciones recaudadoras, en el manejo partidista de la justicia y en la acumulación de rentas y beneficios ilegales para financiar su actividad política y mantener la fidelidad de sus clientelas.

Este fenómeno mundial, que estalla en escándalos como los de Odebrecht, explica mejor el comportamiento de los gobiernos que las teorías conspirativas, que sugieren que se deben a las influencias del “crimen organizado”.

La forma en que interactúan el gobierno y la oposición partidista sobre el TIPNIS muestra que el presunto antagonismo entre ambos es básicamente ficticio, porque unos y otros comparten una visión muy parecida de modernidad, mercado y desarrollo. Sus verdaderas discrepancias en cuanto a modelo económico, forma de distribución del excedente, relaciones internacionales y concepciones sobre lo democrático son insuficientes para distinguirlas en un plazo lo suficientemente largo.

Su cotidiano enfrentamiento por empoderar a los distintos sectores corporativos que representan y por mantener o capturar el poder político puede llegar a extremos violentos, sin por ello convertirlos en representantes de modelos de sociedad antagónicos.

El colapso del Estado plurinacional La política aplicada al TIPNIS, al bosque del pueblo t’simane y la que se proyecta para las tierras comunitarias de origen (TCO) en el área de influencia del Chepete es parte del corporativismo y el estatismo15, que han 15 En términos de centralización y concentración de poder, más que en contraposición de lo estatal con lo privado, esfera en la cual no puede acusarse al MAS de ejecutar o propiciar un capitalismo de Estado porque ha encontrado una fórmula que concilia economía estatal y privada, con amplio espacio para esta última, incluyendo a los grandes capitales transnacionales.

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bloqueado definitivamente construir la estatalidad plurinacional, proclamada en nuestra Constitución. La invasión, colonización y expropiación de territorios indígenas en favor de fracciones enriquecidas, especuladoras de tierra y que trafican con su influencia política, cancela la posibilidad de construir un Estado basado en el respeto por los territorios de pueblos indígenas, en la pluralidad económica y democrática, en la construcción y respeto de autonomías (sociales y territoriales), la participación ciudadana y el control social.

La jerarquización de intereses sectoriales propia del corporativismo premia a los afines y penaliza a los adversos, con lo que incrementa la división interna de la sociedad. A tal punto, que los sujetos sociales (campesinos e indígenas) que motorizaron el proceso constituyente y que le dieron contenido y fisonomía a la reforma estatal —hasta el extremo de que el plan estratégico del gobierno se orienta a materializar una contrarreforma agraria que terminaría por aniquilar a los pueblos originario— son definidos en el artículo segundo de la CPE como los sujetos históricos por excelencia.

De acuerdo a declaraciones oficiales sobre los resultados del saneamiento de tierras, a concluirse este año, se atribuyen 38 millones de hectáreas a “campesinos, pequeños propietarios y colonizadores”, 26 millones de ha a las TCO de pueblos indígenas y 17 millones de ha al “sector empresarial”.

El área que corresponde a las TCO viene siendo declarada por la CSUTCB, el presidente Morales y su vice, como excesiva respecto a la población que alberga, e “injusta” si se la compara con la masa campesina que representa de 10 a 15 veces la primera16. Tal enfoque considera idénticas las áreas aptas para a la agricultura y las de los bosques, y refuerza la visión señorial y patronal que ha caracterizado tradicionalmente a las TCO como “tierras vacías”.

Una fortaleza que transita a debilidad El modelo que supone que la producción de alimentos (o energía) es antagónica a la investigación y uso de las fuentes de vida (oxígeno, agua apta 16 El presidente Morales intuye que su propia experiencia individual se nutre de una tradición práctica, política e histórica, que asume con naturalidad y sin ningún conflicto personal interno. Véase: https://n9.cl/t2ks2

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para el consumo, biodiversidad) es ampliamente dominante entre el espectro de los políticos profesionales (tanto militantes partidarios como dirigentes sociales y sindicales), ya sean oficialistas u opositores, y entre los principales grupos empresariales.

Su visión, apegada a la explotación intensiva de recursos, no llega a comprender que las fuentes de vida son bienes cada vez más escasos y valiosos en el planeta, y que pueden convertirse en la base de una economía diferente a la que venimos ensayando, bajo diversas modalidades de modelos económicos (cuya distinción principal radica en el cambio de relación y predominio entre Estado y mercado)17.

Por otro lado, el estatismo corporativo, centralista e inclinado a formas impositivas y crecientemente represivas alcanza a exhibir congruentes actitudes nacionalistas y de insubordinación ante el imperialismo norteamericano, pero carece de recursos ideológicos y políticos para ir más allá de una economía de mercado tradicional y para prevenir que el país se desplace a nuevas órbitas de dependencia y subordinación económica y política18.

Es muy posible que el presidente y su estado mayor político todavía no caigan en cuenta de que preservar su política económica —una de sus mayores fortalezas, en tanto que ha conseguido sobrellevar la desaceleración mejor que la mayoría de los países vecinos— se convertirá en una trampa, si insisten en su agresivo y descomunal plan quinquenal de inversiones.

Resulta que la Agenda 2025, prácticamente ya convertida en el Plan general de desarrollo (PGDES), se propone conservar y ampliar la receta que los voceros oficiales suelen llamar “el milagro económico continental”, multiplicando la inversión pública en energía, infraestructura y producción agroindustrial. Esto solo sería posible mediante un endeudamiento masivo, a falta del flujo de capital con el que se contaba durante el ciclo de los superprecios.

17 Quizás lo más inquietante es que el sentido común de nuestra sociedad es consonante con estas nociones debido a la prédica de los partidos nacionalistas de todos los matices, incluyendo a la del MAS y a la mayor parte de las influencias intelectuales y a las propagadas por la asistencia internacional.

18 Por lo pronto, “los flujos de IED [inversión extranjera directa] neta hacia Bolivia disminuyeron en 26,1% respecto a 2015, al haber pasado de $us 555 millones a $us 410 millones, según el último Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia, publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en su página web”.

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Disponer de los 57.000 millones de dólares que se invertirían entre prospección y desarrollo hidrocarburífero y construcción de megarepresas para la exportación de electricidad, implica necesariamente contraer una deuda considerable. Lo mismo vale para la construcción de trenes eléctricos urbanos, la ampliación de la red del teleférico, la compra de nuevos satélites y otras megaobras.

Como ejemplo de lo que supone cumplir el programa de desarrollo de la “agenda patriótica”, su plan eléctrico se apoya en postulados propagandísticos abismalmente alejados de la realidad19 y en una completa omisión de las tendencias de generación de energías alternativas. Estos postulados se fortalecen, pese a importantes regresiones, como la política trumpista. La promesa de exportar 11.000 MW de electricidad generada en megarepresas se contrapone al hecho de que en 11 años de gestión no se ha modificado nuestra actual matriz eléctrica basada, en más del 70%, en la quema de gas.

El atraso en construir Miguillas, San José e Ivirizu (represas medianas) —que nos permitiría cambiar la matriz, sustituyendo la generación de menos de 1.000 MW y reforzando así la capacidad exportadora de gas— prueba categóricamente la existencia de fallas fundamentales en la capacidad de planificar y ejecutar, que no hacen sino empeorar cuando se subordinan a la visión electoralista, cada vez menos democrática, del partido dominante.

La única gran inversión futura que parece entusiasmar a inversores, la ferrovía transoceánica a través de Bolivia, ha conseguido adhesiones de países como Uruguay y Paraguay, que son actores secundarios en un proyecto que enlaza el puerto de Santos (Brasil) con Perú, pero no ha obtenido una decisión en firme de Perú y menos de Brasil. Las autoridades peruanas actuales han declarado estar dispuestas a revisar la decisión de los gobier19 Así se ve claramente cuando se contrasta la idea de que Bolivia se convertiría en el núcleo energético continental, “Si se considera que América Latina y el Caribe tienen una capacidad instalada de 349.035 MW/año (OLADE, 2014) y que, considerando todas las fuentes posibles, se alcanza un potencial 662.195 MW/año (ídem), la cantidad que Bolivia produce representa hoy el 0,004% del continente y si efectivamente llegásemos a exportar lo que se propone ENDE ascenderíamos hasta el 0,034, es decir del 4 por mil al 3 por ciento, en cifras correspondientes al año 2015” (Róger Cortéz y Daniel Robison, “Incógnitas tóxicas y verdades ocultas del proyecto Chepete/Bala”, La Paz, octubre de 2016, documento inédito).

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nos de Humala y Dilma Roussef, que excluye el paso por Bolivia20, pero sin resultado hasta ahora.

El gobierno federal de Brasil está mucho más dubitativo, pese a que gobernadores de estados vecinos a nuestro país han expresado interés en un rediseño del trazado oficial vigente. En todo caso, medidas internas asumidas por el gobierno boliviano que Brasil considera agresivas contra él —como la aprobación de la Ley de la Coca, por cómo lo afecta el significativo crecimiento del consumo de cocaína— no abren posibilidades para mejorar en breve las debilitadas relaciones diplomáticas entre los dos países.

Elecciones y democracia El permanente engarce entre el programa estratégico y la táctica electoralista del MAS corre el riesgo de hacer un cortocircuito en esta coyuntura, por la repetición de un error parecido al cometido en la preparación y lanzamiento del referendo constitucional de 2016, cuando se sobrevaloró la fortaleza propia y se menospreció la de la oposición social.

El reforzamiento del bloque de aliados, comentado al inicio, más una consistente recuperación de los índices de confianza pública del presidente y vice (49% y 43%, respectivamente), la certidumbre de haber aplastado a los representantes indígenas contrarios en el TIPNIS y, finalmente, el implacable avance de la calificación de candidatos para la elección judicial de fin de año, sirvieron para que el entorno presidencial evaluara que era necesario y posible redondear los insumos positivos con una categórica exhibición de fuerza (aprobación de la nueva ley sobre el TIPNIS), para rematar con una elección de magistrados estrechamente controlados, que ayudará en el futuro próximo a anular los resultados del 21F21.

La convergencia de conflictos muy diversos (TIPNIS, cocaleros de Yungas y Achacachi, con la teatral reaparición del Mallku), aunados por un 20 Sobre los problemas del trazado, véase: https://n9.cl/i0i97 21 Está, además, el tremendo golpe con que el presidente abolló la candidatura más temible que, según las encuestas, tiene al frente, la de Carlos Mesa, al revelar que el expresidente había buscado apoyo oficial para representar a Bolivia en la UNESCO. Véase: https:// n9.cl/71pyb. La revelación, que afectó notoriamente al expresidente, refuerza la aseveración de Álvaro García, quien lo caracteriza como “pusilánime”, el peor de los pecados de un político, según Maquiavelo, quien recomienda a los gobernantes que no duden en tomar decisiones, que se hagan temer, pero sin llegar jamás al extremo de hacerse odiar.

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común rechazo a la imposición, a que se aplaste adversarios, a la impunidad de militantes propios y aliados, sigue sorprendiendo al gobierno, que comienza a sospechar que incluso si consigue contener estos estallidos con cierta rapidez, le costará un gran capital político, estando tan cerca de una elección de la que ya se sabe perdedor.

Eso no lo arredra en principio, asumiendo que la valoración de fuerzas con que ingresa a ella sea correcta. Sin embargo, la nueva tendencia en que convergen los conflictos da la alerta de que los sectores hastiados con el gobierno rebasan el perímetro de las grandes ciudades y afectan con creciente frecuencia a reductos que consideraba inexpugnables. Aunque esto suceda todavía fragmentariamente, los nuevos choques atacan la imagen presidencial en sus fundamentos y comprometen, en consecuencia, las elecciones judiciales de diciembre e incluso las de 2019.

Así, los nulos y blancos, que ganarán en diciembre, como ya se sabía desde un inicio, pesan mucho más en un sentido plebiscitario sobre la gestión y la figura del presidente, ahora que están tan cercanos los efectos de los conflictos sociales.

La posibilidad de reservar al candidato Morales para una elección ulterior a la de 2019 está prácticamente cerrada, en una situación en la que forzar su candidatura es cada vez más peligroso para el MAS, debido a la resistencia social más que al fortalecimiento de sus rivales.

El carácter esencialmente antidemocrático de una elección, que elevará a la condición de nuevos altos magistrados a candidatos con un apoyo ínfimo en comparación con los votos nulos y blancos, neutraliza su credibilidad. Y, sobre todo, menoscaba profundamente a la del Órgano Electoral, que hasta ahora se siente obligado a administrar esta próxima elección sabiendo cuánto lo debilitará para presidir el gran evento de 2019.

Tratar de afrontar todos estos elementos adversos junto con el acelerado ritmo de inicio y entrega de obras, con estrechar relaciones con los sectores más afectos y con un recrudecimiento de la represión contra protestas y opositores, resulta claramente insuficiente y augura el rebrote de choques cada vez más duros y arriesgados para el gobierno.

Agosto de 2017

Golpe contra la Constitución Y LA soberanía popular La única claridad que parece haberse ganado colectivamente durante este año en la esfera política es que el MAS no puede entenderse ni imaginarse a sí mismo fuera del ejercicio monopólico del poder. Por ello, no escatimará recursos ni respetará fronteras de ninguna naturaleza para tratar de imponer esa su visión.

Desde los devaneos del referendo de 2016, cuando todavía insinuaba que su plan era una vez más y no pedimos más, hasta la sentencia constitucional del 28 de noviembre último, han caído todas las máscaras y los afeites con que estuvo intentando disfrazar su real, constante y existencial determinación.

No son lo mismo Desde la ofensiva contra el TIPNIS con que inició la actual fase estratégica, hasta la violación abierta de la Constitución y el desconocimiento de la voluntad popular soberana, el MAS ha desplegado un impulso y una agresividad tan agudos que pueden llevar a que se pierda de vista con qué intensidad tratan de esconder una profunda inseguridad de fondo.

El último incidente en que esto se revela cristalinamente es la atropellada reacción de los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al contestar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando ella comenta la necesidad de que el Tribunal Constitucional (TCP) aclare lo que implica su sentencia respecto al carácter vinculante del referendo del 21F1.

1 Véase: https://n9.cl/jh42y

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El casi “cállate y ocúpate solo de administrar elecciones”, que expresan el segundo y la tercera en la sucesión presidencial, es un claro intento de volcar la página noticiosa y pasar a otra cosa.

¿Por qué?

Porque la incómoda consulta de Katia Uriona devela cuán apresurada había sido la reacción de los medios masivos de difusión, comentaristas y analistas políticos y jurídicos cuando coincidieron en interpretar que el fallo del 28 de noviembre habilita la nueva candidatura de Morales Ayma. Así titularon o comentaron, casi de manera unánime, dando por hecho que el fallo puede aplicarse indistintamente a la ilegal reforma a la Constitución consumada por la Sala Plena del TCP, o a la anulación de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

La presidenta del TSE hace notar que son cuestiones distintas, como lo había reconocido enérgicamente el ministro de Justicia2, aunque con una intención exactamente opuesta. La consecuencia es que la candidatura no tiene la vía legal expedita sencillamente porque el fallo de ningún juez o tribuno, cualquiera que fuese, puede sobreponerse a la voluntad popular soberana, tal como lo desliza el comentario del expresidente del país y hoy representante ante la Haya cuando, comentando el fallo del TCP, tuitea: “la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo […] es su poder constituyente el que debe consultarse con preferencia”3.

En otras palabras, la sentencia del 28 de noviembre carece de valor para anular el resultado del referendo, razón por la cual la sentencia omite referirse directamente al tema. Es tan sensible este punto, que ha obligado al propio presidente, don Juan Evo Morales Ayma, a intervenir a continuación, “descubriendo” que la sentencia del 28 de noviembre respetaría el resultado del 21F porque el “TCP no ha reformado a la Constitución”, solo la ha interpretado4, en un intento tan forzado como inútil para tratar de deformar los hechos.

2 Véase el último párrafo de la noticia: https://n9.cl/jh42y. Antonio Costa, vicepresidente del TSE, aludió a esta misma cuestión en junio de este año. Véase: https://n9.cl/scuy3 3 Véase: https://n9.cl/jh42y 4 Véase: https://n9.cl/zya1t. Tienen similar orientación las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de sustituir la democracia de mayorías por una de consenso.

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No es que tanto atufamiento e improvisación vayan a cambiar la determinación masista de presentar a su único candidato en la elección de 2019. Lo que el gobierno y el partido dominante tratan de impedir es que la discusión deje en claro que la única manera de que la sentencia pueda imponerse legalmente al resultado del 21F es que se anule el art. 7 de la CPE, que establece que la soberanía reside en el pueblo5.

La prisa por conseguir que el debate se extinga se debe a que el MAS hará todo lo posible para esconder el hecho de que sus acciones vulneran el último argumento de autojustificación de su existencia: su presunta lealtad a la voluntad popular.

Un hecho central que se ha puesto de manifiesto, y que se está tratando de encubrir por la situación electoral que el gobierno central impone al país, es que los últimos acontecimientos demuestran que la Constitución vigente, como cuerpo conceptual, es ajena al MAS. Su máxima cercanía con ella se dio en los tiempos de la Asamblea Constituyente, cuando el MAS abrió la puerta a su aprobación, porque eso le convenía desde un punto de vista práctico para enfrentar a sus mayores adversarios, pero sin entender y sin asumir el contenido fundamental de la carta magna.

La dificultad opositora de asumir la defensa de la CPE como bandera fundamental de la recuperación democrática se basa en el extendido prejuicio que considera a la nueva Constitución una criatura del MAS6 (elaborada con asesoramiento de españoles y venezolanos). Sin embargo, los hechos demuestran invariablemente lo contrario. Para entenderlo, vale la pena repasar los cambios sustanciales de la CPE de 2009 respecto a sus predecesoras: 1) el reconocimiento de la pluralidad (cultural, económica, democrática, jurídica) como elemento gravitante del ser nacional (plurinacional); se trata de una comunidad de minorías diferen5 “Se ejerce [la soberanía] en forma directa y delegada, dice el texto a continuación, pero es indisputable que cuando existe un pronunciamiento directo del soberano ningún órgano delegado puede sobrepasarlo” afirma Rodríguez V., sin detenerse a aclarar el comentario.

6 De hecho, el proceso constituyente enfrentó un proceso destituyente como contraparte de las fuerzas y figuras del viejo régimen. Esta pelea, junto al intervencionismo del MAS y su gobierno, nubló, a los ojos del público, el contenido y la orientación de las luchas que se dieron en la Asamblea Constituyente.

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2) 3) 4) 5) 6) 7)

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tes que conviven, intercambian y se asimilan dinámica y creativamente; las autonomías (encabezadas por la indígena) como expresión del avance y proyección democrática, en tanto suponen autogobierno, descentralización y rendición de cuentas; los derechos colectivos de los pueblos; los derechos de la naturaleza y el derecho colectivo a un medioambiente sano y equilibrado; la participación y el control social; la denuncia histórica del racismo y la discriminación y la propiedad colectiva de los recursos naturales.

Al reflexionar en torno a esta lista, puede apreciarse lo ajena y distante que resulta de las prácticas del MAS, pero cuán representativa respecto a la experiencia y la acumulación histórica de la sociedad. En consecuencia, es crucial reivindicar a la Constitución como pieza clave de la recuperación democrática7, de la construcción institucional, del respeto a la ley, de la superación del corporativismo, del diseño de una nueva economía y de la necesidad de avanzar hacia una reforma moral e intelectual de nuestra sociedad.

Esta apropiación colectiva de la CPE no es incompatible con el debate de las modificaciones que requiere el texto constitucional para que resulte más congruente y sólido8. Por el contrario, brinda una guía histórica a las luchas sociales por la democracia, las libertades, las autonomías (empezando con la autonomía social frente al Estado y a los poderes económicos y políticos).

7 La primera alusión directa al tema por las cabezas de la oposición partidista se halla en el documento conjunto de ex presidentes y dirigentes partidarios, publicado como respuesta al fallo del TCP. Véase el texto completo del pronunciamiento “Defenderemos la democracia” en: https://n9.cl/jzfyr 8 Por ejemplo, eliminar los pasajes que escamotean la propiedad común del Estado, al afirmar que el Estado ejerce dicha propiedad. Si se asume que el Estado administra (es decir, no posee ni es dueño), se crean condiciones para exigir responsabilidad y rendición de cuentas (parte del control social). Otro ejemplo de lo que se debía hacer es enmendar la confusión que supone la fusión de lo indígena con lo campesino, que ha servido para consolidar la impostura gubernamental y ocultar su rol de fuerza represora de los pueblos indígenas.

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En ese mismo sentido, la reivindicación de la soberanía popular, con su fallo irrevocable respecto a la reelección indefinida, tiene el enorme poder de desnudar la descomposición del régimen y su deriva represiva. Resulta mucho más educativa y eficaz que hablar de dictadura, como ha sucedido con frustrantes experiencias opositoras (es el caso de la venezolana). Y, sobre todo, es indispensable para plantear una disputa ideológica a largo plazo que denuncie y arrincone el caudillismo, tan extendido y arraigado en nuestra sociedad.

Datos y consecuencias Pese a la experiencia anterior y a la claridad de sus lecciones, este 3 de diciembre último ha vuelto a reproducirse lo que ocurrió en 2011 con la primera elección judicial, cuando la oposición política, especialmente la partidista, interpretó que sus resultados constituían un plebiscito que se calcaría en las presidenciales. En aquel entonces, la alta proporción de nulos y blancos sorprendió a propios y extraños, pero dos años después, en 2014, el MAS obtuvo su mayor votación histórica: 3 millones de votos, equivalentes al 61% de los válidos.

Este año, más que en las elecciones de 2011, el voto tiene inconfundibles ecos y derivaciones políticas, que no consagran la futura victoria electoral de un oponente del régimen, pero que advierten del hartazgo y el disgusto creciente ante su comportamiento antidemocrático, verticalista y autoritario. También ahora la oposición ha intentado proclamar su propiedad sobre los nulos, con la esperanza de que se repita el resultado de 2011.

En la primera elección judicial, la explicación más utilizada por el MAS para justificar la elevada proporción de blancos y nulos era la inexperiencia del votante sobre las reglas y la dinámica de una consulta electoral atípica, así como la falta de difusión sobre las características novedosas de la elección y las cualidades de los candidatos. Y, desde luego, también estaban la mala fe y la perfidia de sus enemigos, que se negaban a renovar la administración de justicia para beneficiarse del descalabro de este Órgano estatal.

Ninguna de estas justificaciones podía sostenerse en ese entonces, y tampoco hoy, como se sustenta en la comparación de resultados entre una y otra elección.

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Elecciones 2011 detalle

TOTAL

PORCENTAJE

Ciudadanos inscritos

5.243.375

100,00%

Votos emitidos

4.176.549

79,65%

Votos válidos

1.758.283

42,10%

Votos nulos

1.838.903

44,03%

Votos en blanco

579.363

13,87%

Abstención votos

1.065.905

20,35%

Elecciones 2017 detalle

TOTAL

PORCENTAJE

Ciudadanos inscritos

6.438.801

100,00%

Votos emitidos

5.422.140

84,21%

Votos válidos

1.879.760

35,02%

Votos nulos

2.784.138

51,35%

Votos en blanco

739.363

13,63%

Abstención votos

1.016.661

15,79%

Fuente: elaboración propia basada en Órgano Electoral Plurinacional.

Los nulos alcanzaron el 51%, es decir, casi un millón de votos más que en 20119, lo que significa que aumentaron el 6%. Esto corrobora la interpretación que les atribuye un crecimiento de la crítica y la oposición social al régimen; en todo caso, no se debe a la falta de comprensión del sistema de elección. Sin embargo, los nuevos administradores de justicia asumen su cargo a pesar de que dos tercios los electores resisten su postulación.

9 Es interesante que los 2.784.138 votos nulos de las elecciones judiciales están muy cerca de los 2.682.517 que votaron por la No reelección. En cambio, si se restan de los votos por el Sí (que fueron 2.546.135) los 739.633 votos blancos de la elección judicial, se obtiene un resultado muy parecido al total de los válidos del 3 de diciembre. La participación (y la abstención) en el referendo y la última elección judicial son prácticamente e idénticas.

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La disminución relativa de la abstención entre ambas elecciones judiciales, del 20 al 15%, expresa un mayor interés político de los electores. Esto refuerza la constatación del incremento relativo de las votaciones obtenidas por los candidatos oficialistas este año en comparación con 2011, cuando el máximo porcentaje de votos válidos que logró el más votado apenas superó el 10%, porcentaje que ahora se ha superado ampliamente (en el universo de los votos válidos). Este incremento revela una conducta más orgánica y militante de los electores afines al MAS y una acción de campaña más eficaz por parte del Estado y de la dirigencia que controla las organizaciones sociales más numerosas.

Los 739.363 votos blancos (150 mil votos más que en 201110) lucen más críticos que neutrales en las circunstancias concretas de estas últimas elecciones11.

Todos los partidos, incluyendo al MAS en un primerísimo plano, contribuyeron a estimular la politización del voto. El gobierno, para contrarrestar el discurso opositor, lanzó una ofensiva comunicativa a gran escala y movilizó con carácter forzoso a gran parte del personal de las instituciones públicas, estableciendo que votar válido equivaldría a respaldar el proceso de cambio.

La enorme proximidad del fallo derogatorio de la Constitución emitido por el TCP el 28 de noviembre, para autorizar ya no el derecho de buscar una nueva reelección, sino la reelección perpetua, atizó el ambiente que empujaba al votante a sentir que su voto expresaría adhesión o rechazo no solo a los candidatos seleccionados por los parlamentarios masistas, sino a toda la política del régimen y a su reelección.

Con todo ello, se han intensificado los argumentos opositores para descalificar la elección como una forma apropiada de renovar a los altos magistrados, ocultando que la verdadera falla del sistema está en el mecanismo partidista-parlamentario de selección de postulantes.

10 Se trata de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”) o las Bartolinas, como se las llama comúnmente, y la Confederación de Colonizadores (los interculturales, anteriormente llamados colonizadores) 11 Uno de los graves errores de los opositores en sus campañas fue convocar exclusivamente a los nulos y omitir toda mención a los blancos.

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Lo único que parece molestar a la oposición partidista es que dicho mecanismo los excluya, ahora que el MAS, con sus dos tercios, puede seleccionar a su antojo. Dejan de lado su incapacidad para concentrarse en 2014 en la elección parlamentaria, que les habría permitido obtener un mínimo de 40% de las bancas, en vez de perder el tiempo en la caudillista competencia por el Ejecutivo, claramente perdida de antemano según todas las encuestas.

La elección de magistrados dejaría de ser una elección antidemocrática y, por tanto, una ceremonia inútil y costosa, si se modificara la ley electoral en sentido de que ningún candidato pueda ser considerado ganador si tiene menos votos que la suma de blancos y nulos12. Así se daría voz a la mayoría, que se manifiesta con millones de votos, y que es silenciada con el sistema actual. De ese, modo los votos ejercerían una verdadera presión para tener postulantes más independientes y de mejor calidad.

En el campo estrictamente judicial, nadie, ni siquiera los más caracterizados voceros del régimen, se animan a pronosticar que el cambio de personal en la cúpula de las instancias administradoras de justicia pueda mejorar en algo su situación de profunda crisis. La única modificación plausible es que los reemplazos que rigen desde el 4 de diciembre sean más dóciles y disciplinados con sus mandantes políticos.

Del Fondo al banco En el escenario en que se prepararon las elecciones ha destacado el estallido del escándalo que afectó al Banco Unión (BU) —el nuevo Banco del Estado—, al descubrirse un desfalco de no menos de 5 millones de dólares cometido por un solitario operador. Según la versión oficial del Ministerio Público y los voceros gubernamentales, este habría extraído el botín a lo largo de un año, a un escalofriante e inverosímil ritmo de 145.000 bolivianos por día en promedio (de lunes a sábados), de las arcas de una muy secundaria filial de la institución.

12 Si se hubiera habilitado una casilla para Ninguno, la suma los hubiera superado. Es indiscutible que resulta igualmente necesario modificar los mecanismos de difusión sobre los candidatos, para permitir que los votantes conozcan sus posiciones sobre cuestiones jurídicas fundamentales.

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El escándalo superó ampliamente la cuestión policial pues, al demostrar la vulnerabilidad del símbolo máximo de la seguridad que supuestamente son los bancos, ponía de manifiesto la negligencia, molicie y probablemente complicidad de autoridades bancarias, y tal vez también políticas. Esto, en un imaginario social sacudido a diario por denuncias de corrupción grandes, muy grandes e inmensas.

El monto desfalcado al BU es una reducida fracción de los recursos que se evaporaron del FONDIOC, cuya cuantificación final nunca ha sido presentada al público13. Y lo que se aplica al Fondo también se extiende a los muchos otros casos publicados. Sin embargo, aparentemente nadie se ha tomado hasta ahora la tarea de sumar los montos de todas las denuncias por defraudación, desfalcos y otros delitos contra las arcas públicas —al margen de las que corresponden a ineficiencia, negligencia y similares—, pero no es temerario calcular la cifra final en cientos de millones de dólares.

Sin embargo, pese a tales magnitudes, el timo del banco desató la indignación pública a niveles desconocidos, aunque el exministro de Economía, Arce Catacora14, afirmara que se trata de un monto insignificante que no afectaría el brillante desempeño de esa entidad financiera15.

Si durante el primer período presidencial del MAS (2006-2009) las encuestas exhibían una poderosa imagen anticorrupción del gobierno, desde del apresamiento de Santos Ramírez —segundo en la jerarquía partidaria y presidente de YPFB, vinculado a delitos de soborno, extorsión y asesinato—, esa imagen se ha ido difuminando hasta ser reemplazada por su opuesta.

El desfalco del FONDIOC posiblemente sea la más tóxica de esas experiencias, en tanto que, por encima del daño contra el patrimonio estatal, sobresalen las prácticas de cooptación sistemática de dirigentes de las más grandes organizaciones sociales (las campesinas) a través de la apertura 13 El último dato oficial lo proporcionó la interventora del Fondo, quien mencionó una cifra de unos 174 millones de bolivianos, es decir unos 25 millones de dólares, aunque, según las denuncias, el monto total superaría los 100 millones de dólares.

14 Su quizás definitivo alejamiento del gabinete, a raíz de la trama del BU, puede traer impactos inesperados, si se considera la influencia gravitante que ejerció por más de una década conduciendo la política económica del país.

15 El actual titular de la cartera ha reconocido que es posible que el seguro no pague el daño y que, en consecuencia, deba castigarse de las utilidades del banco.

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de una ventanilla de caja que les permitía acceder a grandes recursos financieros, prácticamente sin mecanismos de control ni fiscalización. Esto, además, implica una correlativa pérdida de autonomía de dichas organizaciones y una descomposición de sus estructuras organizativas paralela en ritmo y profundidad a la del gobierno.

La importancia que desde la cúpula del poder se da a preservar el control sobre estas organizaciones ha sido nuevamente ratificada, desde la perspectiva de lo ocurrido en el Fondo indígena: ha habido una reciente seguidilla de liberaciones de dirigentes y exautoridades, quienes, a partir del momento en que fueron imputados o investigados por el caso, estuvieron presos por varios meses.

La aplicación de medidas sustitutivas a la cárcel puede considerarse parte del conjunto de decisiones y actividades de la contraofensiva estratégica gubernamental, con el objetivo expreso de mejorar las relaciones con toda la estructura corporativa que mantiene y caracteriza al Estado16, como ya ocurrió con las medidas favorables a los cooperativistas mineros que se comentaron en el anterior análisis.

Represión en el Altiplano y visión de país del régimen Uno de los hechos que apenas se tocaron en el análisis previo es la dura confrontación entre el régimen y Achacachi. Según la explicación oficial, todo se debe a una fractura entre la pequeña burguesía urbana de Achacachi y los verdaderos campesinos y comunarios que respaldan a un alcalde, por muy acusado de corrupción que este pueda estar.

Para el MAS, el máximo representante de esa clase media provincial sería nada menos que Felipe Quispe, El Mallku, quien se ha visto obligado a permanecer en la más sigilosa clandestinidad desde que la represión doblegara la movilización de aquel bastión aymara, donde el vice confesara, en 16 Principalmente las exministras Achacollo y Ramos, así como la dirigente oficialista Melba Hurtado y el exmasista, ahora opositor, Damián Condori. No puede pasarse por alto que cuando el MAS sanciona a exautoridades, las mujeres llevan la peor parte: ni un solo ministro ha sido apresado o investigado, ni siquiera aquellos con acusaciones e indicios muy serios en su contra, como el actual representante en la ONU, vinculado directamente con la represión de Chaparina.

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un inesperado y sorprendente ataque de sinceridad, que había aprendido “a amar y matar”17.

Cabe preguntarse si la explicación clasista y presuntamente marxista del conflicto de Achacachi resiste el análisis concreto de la situación concreta, o si está más bien emparentada, aunque con un lenguaje más erudito, con interpretaciones y pronósticos al estilo del sol se esconderá y todo será tristeza18, que de cuando en cuando nos aportan las nuevas teorías con que se intenta justificar la retención y reproducción del poder en nuestro país.

La revuelta de Achacachi mantuvo un prolongado bloqueo carretero y catapultó a la cabeza del movimiento al más conocido dirigente indigenista, un aymara que perdió terreno ante el MAS por mantener obcecadamente su propuesta de reconstrucción del Kollasuyo y de repudio al Estado y la nación boliviana.

Su bullicioso y teatral retorno a la escena política tuvo como punto más alto la firma de un acuerdo con dirigentes del TIPNIS, que trajo a la memoria la imagen del largo camino de entendimiento entre las organizaciones campesinas y las indígenas de tierras bajas, del cual nació el Pacto de Unidad, probablemente el actor social más relevante dentro de la Asamblea Constituyente de 2006.

El convenio del Mallku con los representantes del TIPNIS ocurrió cuando el Pacto de Unidad ya había muerto y había sido enterrado subrepticiamente, en medio de la confusión política, ideológica e identitaria a la que se presta la trilogía “indígena originario campesina” a la que se refiere la CPE. Pero, sobre todo, este pacto había muerto por el feroz incremento de tensiones entre indígenas y campesinos que el Estado viene promoviendo desde el año 2010.

La represión concentrada en los pueblos de tierras bajas, en los episodios del TIPNIS, Takovo Mora, los ribereños del proyecto Chepete/Bala y otros, cayó esta vez sobre aymaras, justamente en uno de los centros más icónicos de su insurgente historia.

17 En un discurso pronunciado en diciembre de 2006. Véase: https://n9.cl/wsfv4 18 La muy plástica versatilidad con que el (o los) teórico oficial crea relatos para justificar los virajes y contravirajes del régimen empata bien con la caracterización de la alcaldesa de Taverny, Francia, quien, al referirse a su rival —que recientemente ganó la conducción del derechista partido de Los Republicanos— afirmó: “No resalta como persona, excepto en su capacidad de saltar de una convicción a otra en un mínimo de tiempo”.

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Al mismo tiempo, y a un ritmo tanto o más acelerado, la aproximación entre el gobierno y los agroexportadores y otros sectores de la gran burguesía no ha dejado de anudarse, lo que obedece a fuerzas nacidas del pragmatismo y el mercado, así como a dinámicas sociológicas que resulta más fácil probar que la mutación de campesinos en pequeñoburgueses urbanitas.

La intimidad entre el régimen y los empresarios ha sido especialmente denunciada en estos días por movilizaciones juveniles y femeninas en Santa Cruz de la Sierra19. Ese malestar no toma en cuenta que las contradicciones éticas y políticas que reprochan a sus representantes empresariales y a los del gobierno tienen raíces sociales muy profundas. Es el caso de los antiguos colonizadores que en los años cincuenta y sesenta migraron de los Andes, y que han conformado un grupo de miles de pequeños productores de soya que hoy se identifican (económica, tecnológica, política e ideológicamente) con las cámaras empresariales controladas por las fracciones burguesas de mayor concentración de capital y transnacionalización.

En ese sentido, un presidente colonizador, campesino y cocalero representa fielmente la deriva que, desde el mercantilismo simple, ha llevado a un sector de campesinos prósperos a asimilarse plenamente a la economía capitalista, desde la cual los acuerdos con otros sectores empresariales pueden considerarse tan naturales como su predisposición a utilizar la migración de familias de campesinos pobres (colonizadores) como el recurso más práctico para ampliar la frontera agrícola y el mercado de tierras. Los discursos anticapitalistas no modifican esa realidad, pero hasta ahora han probado ser buenos para alimentarla.

Así, unos y otros se identifican con propuestas centrales de la Agenda 2025, es decir, el programa para la reelección de Juan Evo Morales Ayma, que propone el desbosque de unos 15 millones de hectáreas para seguridad alimentaria, pero, más propiamente, para incrementar las exportaciones de soya y otras oleaginosas y otras cadenas productivas propias del ensanchamiento de la frontera agrícola y el mercado de tierras. Esta es la motivación real y profunda de proyectos como la carretera del TIPNIS. Por eso los entusiasma, de manera casi idéntica, el anuncio de la aprobación del nuevo 19 Movilizaciones donde lo rebelde se mezcla con influencias conservadoras, expresadas por ejemplo en el anhelo de reanimar al Comité Cívico Regional.

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Plan de Uso del Suelo (PLUS) de la Gobernación del Beni20, que completa y explica lo que se ha hecho con el TIPNIS. El vicepresidente resulta el mejor portavoz de la coalición de esos intereses, cuando nos conmina a mantener el desarrollismo extractivista por al menos dos décadas más, mientras sentencia que cuidar los bosques es un mandato imperial sustentado por los proimperialistas. En esa misma tónica, el director de la Autoridad de la Madre Tierra proclama orgulloso nuestro “derecho a emitir gases contaminantes”21, mientras que el ministro de Desarrollo Rural y Tierra defiende el derecho del gobierno a construir ingenios azucareros aunque no exista materia prima para operarlos, ya que más adelante se desboscará todo lo necesario… y más.

Todos estos derechos nacidos del vientre de la “agenda patriótica” son precursores del derecho reclamado por el MAS a que su candidato se habilite perpetuamente para participar en elecciones nacionales. Por lo tanto, se encuentran y se entrelazan, aunque hace pocos años se hubieran enfrentado con gran intensidad.

La economía y el proyecto de largo plazo La imposibilidad de pagar el aguinaldo extra es la más reciente muestra de las dificultades propias de la desaceleración que acompaña la baja de nuestras exportaciones, en volúmenes y precios, durante los tres últimos años.

Pese a ello, la política económica sigue siendo la mejor carta de presentación del régimen y de su plan de mantenerse en el poder.

La exhibición y reiteración de que tenemos el mayor crecimiento regional y las señales de estabilidad que se mantienen tienen mayor fuerza política y electoral que las advertencias de los especialistas sobre la evolución de un déficit que sobrepasa el 8% del PIB, o que los indicios de que están disminuyendo las oportunidades de empleo22. Así, el régimen intenta mostrarse invulnerable ante estos problemas e inmutable ante las recurrentes explo20 Véase: https://n9.cl/mocfe nuevo PLUS del Beni 21 Véase: https://n9.cl/lugdk 22 La drástica disminución de los recursos presupuestados este año para el pago del aguinaldo sería un indicador muy preciso, según esta nota periodística. Véase: https://n9.cl/ k3g7n

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siones que provocan las grandes lagunas en materia de educación y sanidad pública. Es igualmente eficaz para el gobierno su incansable repetición de que los opositores carecen de políticas económicas alternativas.

Un examen de las propuestas de los partidos de oposición confirma que el proyecto de construir grandes obras de infraestructura, especialmente represas, carreteras y de transporte urbano, obedece a la herencia común que han dejado los planes de desarrollo concebidos desde la década de 1940, bajo la inspiración de consultores como el norteamericano Merwin L. Bohan. Estos planes son asumidos por prácticamente todos los partidos como inevitables o, más bien, como altamente deseables, sin importar el costo ambiental que, en la actual situación del planeta, equivale a avanzar de frente a la catástrofe.

Los planteamientos que distinguen a los opositores resultan más bien poco atractivos para la mayoría de electores, porque prometen ajustes fiscales, sinceramientos cambiarios y reformas neoliberales de última generación, muy propatronales y nada prolaborales. Otra diferencia es el compromiso opositor de apartarse del estatismo del MAS23, que se constituye hoy en la principal línea divisoria con los demás partidos.

La falta de una alternativa económica congruente con la que bosqueja la Constitución al referirse a una pluralidad de formas económicas que coexistan constructivamente, y lo más armoniosamente posible, con la naturaleza24 muestra nuevamente a una oposición cuyas acciones en favor de la recuperación democrática —y tan dependientes de la búsqueda de un candidato— resulten insuficientes para la mayoría social, que ha avanzado sustantivamente en desacoplarse de la acción y del proyecto del régimen, pero que tendrá grandes dificultades en culminar ese recorrido, mientras persista tan ostentosa falta entre quienes tratan de presentarse como genuina opción política diferente.

23 El principal toque keynesiano de la política económica del MAS, la inversión pública como núcleo motor de todo el aparato productivo, viene tropezando desde un inicio con los bajos niveles de ejecución que, con cada año que pasa, no hacen sino empeorar. Véase: https://n9.cl/uhr07 38% de avance a septiembre 24 Es decir, una economía basada en las fuentes de vida (a las que solemos llamar muy imprecisamente recursos naturales renovables), tendiente a extinguir la dependencia (energética y fiscal) de los combustibles fósiles y a la sinergia entre la preservación y uso sostenible de las fuentes de vida, buscando avanzar al máximo en la innovación tecnológica en el campo energético y de la alimentación, conjugada con el impulso de la economía del conocimiento.

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Sin embargo, no entra en el debate público el hecho de que ratificar la estrategia de reelección continua para ejecutar la Agenda 2025 —con su desmesurado plan de inversiones, solo alcanzable elevando drásticamente los niveles de endeudamiento y el consecuente incremento de la dependencia del país— favorece indudablemente la permanencia del régimen.

El vacío de propuestas económicas y de visión de país alternativa permite al gobierno seguir presentando como grandes éxitos proyectos como el corredor bioceánico, al que recientemente ha logrado incorporar a Brasil después de una larga y dolorosa espera. Nadie conoce los hipotéticos beneficios que pueda traer a nuestra población, pero la experiencia prueba que —aun cuando estas megaobras puedan no alimentar a la población— nutren su anhelo de autoestima y orgullo nacional, operando como grandes estímulos electorales en favor de quien las ejecuta o promete llevarlas a cabo.

Esta fuerza es tan poderosa que puede borrar de la memoria la escasa utilidad de que YPFB tenga dos plantas separadoras de líquidos, excesivamente caras ambas y una sin casi materia prima para operar, o una producción de urea que se exporta al valor que cuesta producirla o por debajo de este, es decir subvencionando a los países compradores25. Esta realidad puede convertirse en un hábito si el gobierno lleva adelante su propósito de construir el Chepete, aunque no tenga un compromiso de compra por parte del Brasil, para después ofrecerle la energía y darle la opción de imponer su precio, pues sería el único comprador.

El nuevo orden Si la resistencia no obliga a que el régimen retroceda de su atropello a la CPE y a la voluntad soberana del pueblo, se consolidará un nuevo orden, descrito de la siguiente manera por un cientista político: Con la sentencia del TCP, lo que se vislumbra es el establecimiento de un nuevo sistema político. No la muerte de la democracia o su 25 El precio de $US 279/TM acordado con Brasil es apenas superior a los $US 204/TM que YPFB asevera cuesta producirla (véase al respecto: https://n9.cl/hsvdaz). Queda además por aclararse el verdadero costo del transporte, que en este momento es motivo de amenaza de paro por los dueños de camiones que prestan el servicio, ante la no conclusión del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero.

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desfallecimiento como mencionan la mayoría de los analistas y políticos opositores, pero si el deceso del multipartidismo […].

Asistimos al funeral de un modelo democrático para iniciar otro […]. En el mejor de los casos, para una concepción liberal y pluralista […] la edificación de un sistema bipartidista y, en el peor, un sistema de partido hegemónico y, a la larga, de partido único. El cambio político provocado no es menor, ya que de ahora en adelante solo habrá dos posibilidades para pensar la calidad y el modelo de la democracia.

La primera, quizás la más viable, es la configuración de un sistema donde el MAS deviene en el partido hegemónico. Ello garantizaría la continuidad del “proceso de cambio” a través del desplazamiento del “instrumento político” —todavía en manos de sectores, grupos y estructuras corporativas— a partido del Estado, semejante al PRI mexicano para gobernar de manera continua varias décadas.

La diferencia con el PRI mexicano sería que este proceso de asentamiento del “proceso de cambio” y del MAS en el Estado, girará bajo la egida de un solo líder […]. Los determinantes políticos están dados: la sentencia constitucional del 28 de noviembre fue la apertura de la primera puerta, y lograr dos tercios en las elecciones nacionales del 2019 será la segunda. De ahí, para adelante, todo estará en sus manos y en su cancha.

La segunda, quizás la más inviable dada la cultura política en la que nos movemos, es la configuración de un sistema bipartidista competitivo en la que las decisiones, y el propio ejercicio del poder, es resultado de la gestión política de constantes tensiones y juegos de equilibrios. Modelo deseable para el pluralismo y la democracia, ya que no todo descansa en la voluntad de una persona o una sola fuerza política, sino en la posibilidad del disenso, la competencia, el recambio y la alternancia. Para ello, se requiere que la oposición partidaria se congregue en una sola fuerza y se proponga, de manera sería y factible, no vencer y derrotar a Evo Morales y al MAS de manera definitiva; pero sí, al menos, frenar a la maquinaria gubernamental y voluntad hegemónica del MAS y Evo Morales en lograr el control absoluto del poder político (Fernando García Yapur26).

26 Este politólogo cochabambino ha trabajado durante varios años en fortalecimiento democrático en el PNUD Bolivia, como parte de un equipo encabezado por el exdirigente de

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El autor de la anterior cita tiene el mérito de decir frontalmente lo que ningún representante gubernamental se atreve, aunque posiblemente todos ellos lo ven como razonable y deseable, especialmente cuando alguien supone que el sistema democrático pueda ser compatible con un régimen monopartidista basado en la anulación de la Constitución y la soberanía popular.

Es posible que, a estas alturas, ni el más convencido de los cuadros masistas esté tan seguro de que Juan Evo Morales Ayma es invencible electoralmente, como lo afirma la cita. Por el contrario, todo indica que las manifestaciones de descontento y resistencia que se suceden desde el 21 de febrero hasta las últimas elecciones los conduzcan a pensar que su triunfo en nuevas elecciones es muy dudoso, especialmente si los opositores se presentan coaligados. Si se impusieran limpiamente, sería con la pérdida del control absoluto del Legislativo, y deberían hacerse cargo de una gestión que podría terminar antes de tiempo sin necesidad de golpe, por lo complicado de mantener un régimen asentado en corporaciones —que no es antagónico con un partido de Estado, como García Yapur supone—, carcomido por la corrupción y embarcado en un proyecto de endeudamiento, dependencia y devastación.

El mayor error de los pronósticos de las afirmaciones de García Yapur es que supone un estado social de resignación, apatía y permisividad que no se corresponde con los hechos, ni con la historia de cómo se han conquistado la libertad y la democracia ni con la fuerza con que se prosigue defendiéndolas.

La posibilidad de que se cumpla esa visión fatalista y complaciente, al menos en un trienio, es que la fuerza espontánea de resistencia no alcance para cristalizar una conducción política portadora de un programa y una propuesta que se agoten en el restablecimiento de la pura formalidad jurídica.

Diciembre de 2017

la COB Carlos Camargo. Véase: https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2017/12/06/ bipartidismo-o-partido-hegemonico-por-fernando-l-garcia-yapur%EF%83%97/

Clases medias en debate y la hipótesis de Morales prescindente En el espacio continental, la derrota de Correa en el referendo del Ecuador, el apresamiento de Lula1, el estrechamiento del cerco judicial sobre figuras clave del kirchnerismo y sobre la misma Cristina Fernández, la insubordinación social que desafía a Ortega en Nicaragua, tanto como el repliegue de seis Estados miembros de UNASUR2, expresan la pérdida y el debilitamiento de aliados del régimen en el entorno regional y de la malla de apoyos que lo sustentó en los períodos más duros.

En casa, el apresurado retroceso que se vio obligado a ejecutar el mandatario ante el cuestionamiento a sus políticas, que se pertrechó tras la bandera de impugnación de su nuevo Código Penal, vino acompañada de una caída de la intención de voto por debajo del 30% para Morales por vez primera desde la instalación del régimen. El amaño de las fisuras del bloque social que lo sustentan, y que han llegado hasta su núcleo cocalero, se ensamblan con las “malas vibras” que llegan de fuera de las fronteras.

1 Véase: https://n9.cl/x9hjm En esta crónica, Eliane Brun analiza el caso de Lula lejos de todo maniqueísmo.

2 Se trata, en principio, de un repliegue temporal y no una desafiliación definitiva de la mitad de los miembros de UNASUR (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay), que objetan la acumulación de problemas irresueltos por la prevaleciente confrontación ideológica (la acefalía de la Secretaría General), como lo señala el Canciller boliviano. Pero la intensificación de estas disputas ideológicas y el debilitamiento del bloque del ALBA hacen que UNASUR, y eventualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), enfrenten una parálisis prolongada e inclusive el riesgo de extinguirse o disolverse.

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Teorías pulverizadas Inmediatamente después del sofocón oficial a raíz de los resultados de las elecciones judiciales de 2017, la abrogación del nuevo Código Penal ha sido el mayor atolladero político gubernamental desde su fracaso en el referendo constitucional de 2016.

El adverso resultado de la elección de magistrados en diciembre pasado, muy relevante en tanto abierta expresión de censura social, probablemente fue menos doloroso para los gobernantes, no solo por el inmediatismo que prima en su conducta, sino porque no tuvo consecuencias tangibles inmediatas. En cambio, la resistencia de orígenes múltiples, ovillada detrás de la repulsa al Código, los obligó a adoptar la que constituye la más temida y odiada medida para el verticalismo corporativista estatal: tener que retractarse, por intervención directa y de emergencia del propio comandante en jefe del proceso.

Es difícil imaginar peor porrazo para el equipo estratégico encargado de la campaña electoral para las elecciones de dentro de escasos 18 meses. Y mucho más para el ambicioso y todavía encubierto proyecto de poner en pie un nuevo modelo posliberal, que consagraría la permanencia prolongada del Estado corporativo, mediante la implantación de un bipartidismo débil o un monopartidismo fuerte, según la fórmula a que se hizo referencia en el análisis previo3.

En un esfuerzo retorcido, a fuerza de complicado, el vice García ha tratado de presentar la caída del Código como resultado de la insurgencia de una “clase media decadente”, atemorizada por la masiva incorporación de nuevos adscritos a dicha franja, gracias al incremento de ingresos provistos por la política del gobierno a unos dos millones de personas, que antes subsistían en la pobreza. Esta masa de recién llegados, con ingresos individuales de “entre 3 a 4 mil Bs por mes”, según el vice, habría conflictuado a la “vieja clase media”, temerosa de tener que compartir prestigio y otros bienes intangibles4, lo que la condujo a una asonada contra el gobierno.

3 Véase también Página Siete del 11 de febrero del presente año: https://n9.cl/c2fbo. Se trata del modelo desarrollado por el sociólogo Fernando García Yapur y sugerido por varias intervenciones de voceros oficiales, incluyendo el jefe de Estado.

4 Véase: https://n9.cl/frqko

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La bajada de línea vicepresidencial, para orientar y armar a la militancia ante a la incuestionable desmoralización que introdujo en sus filas el abrupto abandono de la hermética defensa del Código, no consiguió ni lo uno ni lo otro. Y es que, además de sus graves omisiones sobre los hechos, rebosa de nudos y lagunas teóricas propias de la improvisación, pues se trata de montar construcciones conceptuales destinadas a imponer una interpretación interesada de la realidad.

El rediseño de las clase medias urbanas en Bolivia es un fenómeno que no se restringe al incremento de ingresos5 ni al lapso de una década; tiene varias etapas y períodos. Se trata de una larga historia, con hitos clave a inicios del siglo XX, a partir de los primeros avances vigorosos de la urbanización y la traslocación de la identidad mestiza, heredada de la Colonia a la clase media, vinculada a la aceleración de la expansión de relaciones capitalistas en Bolivia.

La Revolución del 52 establece luego un hito fundamental, pues dinamiza la fuerza y presencia de los campesinos, la clase media por excelencia en formaciones sociales como la nuestra, y la matriz de la que nacen múltiples fracciones sociales, procedentes de la urbanización de familias campesinas.

Las migraciones internas que datan de ese período, con la creación y consolidación de categorías como los comerciantes populares, choferes y cooperativistas, generan nuevos sectores de pequeña burguesía urbana en bolsones territoriales relativamente bien diferenciados y acotados en las mayores urbes. Mientras que el avance territorial de estos grupos a zonas y barrios caracterizados como “residenciales” (es decir ricos, en el lenguaje coloquial del país) de las principales ciudades del país, es uno de los rasgos más destacados en las dos últimas décadas.

5 Que en ningún caso alcanzan los niveles mencionados por García Linera, quien manipula caprichosamente los datos sobre ingresos y otros para fundamentar sus apreciaciones. Los significativos avances en la disminución de la cantidad de familias pobres y extremadamente pobres, así como en la disminución de los índices de desigualdad que ha alcanzado Bolivia, están entre los más exitosos del continente, pero, tal como en otros países latinoamericanos, son aún frágiles y de relativamente fácil reversibilidad. Véase al respecto Susan Nicolai, Tanvi Bhatkal, Chris Hoy y Thomas Aedy (2016), Proyecciones sobre el progreso: los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, Banco Mundial. Quienes superaron la frontera de la pobreza están empleando todo su esfuerzo para no retroceder, y no en la competencia para ascender que describe el Vice.

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Existe la noción según la cual la pequeña burguesía tradicional resiente la disputa por bienes intangibles como el prestigio; supone que estos bienes, incluyendo el poder, serían objetos. Sin embargo, esto es manifiestamente equívoco porque se trata de relaciones sociales, y no aplica la noción de que existen en una cantidad dada y constante y que, por tanto, lo que gana uno lo pierde el otro.

Los protagonistas que tiene en mente el vice cuando describe los ímpetus de consumo y enquistamiento en el poder no se aplican, precisamente, a quienes acaban de superar la pobreza de una manera tibia, frágil e insegura. Se aplican, más bien, a la nueva burocracia que desplazó a la que tradicionalmente solía llenar los cargos estatales altos y medios, así como a los empleados de ONG hoy acorraladas o extintas y a los consultores excluidos de sus nichos habituales de trabajo. Pero tal forcejeo no se ajusta a la descripción de una oleada de pobres en ascenso, ni se disputa principalmente en el campo de bienes intangibles. Es, más bien, la continua pugna por empleos, y se da entre franjas sociales sólidamente decantadas desde antes del “proceso de cambio”.

En plan de afirmar el carácter reaccionario de las movilizaciones que frenaron en seco la aplicación del nuevo Código Penal, la teoría oficial evade escrutar la complejidad de la dinámica de la formación-disolución de clases y fracciones. Pretende reducirla a una visión economicista extrema, y olvida que la movilización de los médicos operó como un punto de concurrencia de múltiples reivindicaciones y sectores atropellados y humillados por la política oficial en anteriores choques, todavía muy frescos en su memoria.

El Código representa y condensa, para la coalición de sujetos sociales que acompañó y dio cuerpo a las protestas de médicos y estudiantes, la dinámica de un Estado que aplasta a oponentes sociales —los de Achacachi, los discapacitados, los del TIPNIS—. Representa también a un país ignorado, con la anulación de facto de los resultados del referendo constitucional por decisión del TCP. Es el rechazo al carácter antidemocrático de la elección judicial. Esta resistencia que enfrentó al poder político y terminó por imponer la abrogación del Código Penal no depende, ni puede entenderse o explicarse, por la reacción ante uno o algunos de sus artículos, por la sola acción de médicos

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o transportistas y, menos todavía, por el rechazo al carácter evidentemente progresista de algunas de sus disposiciones.

Los movimientos ciudadanos que llegaron a alinearse detrás de un refundado Comité por la Defensa de la Democracia (CONADE) son lapidados como si se tratara de partidos opositores, cuando estos, en realidad, manifiestan un temor considerable a que, desde ese flanco, les surja una competencia que no saben cómo conjurar. De momento, tal posibilidad es muy remota, pero el solo hecho de que sirva de incubadora a candidaturas ajenas a sus estructuras les resulta muy inquietante. Esa intranquilidad proviene de las evidencias de que las amenazas que se ciernen sobre el MAS los afectan también a ellos.

La imposibilidad de despegue de sus conocidas candidaturas está asociada al hecho de que el éxito oficial sería imposible sin la funcionalidad que exhiben los partidos opositores al régimen, con sus impotentes acciones, la facilidad de entregar un continuo flujo de tránsfugas que no cesan de engordar la bancada oficialista, o las mezquinas disputas internas cuando llega la hora de repartir secretarías y puestos residuales en las directivas camarales.

Este panorama no aparece por ningún lado en la primitiva y sesgada explicación vicepresidencial, que solo ve doctorcitos preocupados de que los que hasta ayer eran pobres les quiten sus puestos en la universidad, en las desharrapadas instituciones sanitarias o en sus clubes sociales. De modo que el gremio conseguiría movilizar a sus depauperados pacientes para, finalmente, aprovecharse de la sensibilidad presidencial. Dicha sensibilidad, ¿abrirá espacio, tal vez, a otro error? 6, que es como calificó al referendo de 2016.

Claro que el vice se cuida muy bien de enjuiciar las acciones del presidente, porque hacerlo supondría quebrantar los procedimientos que le han garantizado convertirse en casi el único sobreviviente de la vieja guardia de 6 El vice no ha caracterizado la abrogación como un yerro. Simplemente calla, después de que sostuvo que no se modificaría una coma de ese cuerpo legal. Pero cuando trata de distanciarse del referendo —al que califica de fallo (ha llegado a llamarlo “locura”) de cálculo de las organizaciones sociales—, se olvida completamente que esa táctica se basó en su apreciación de que los resultados de las elecciones de 2014 establecían un piso firme electoral del 60% para el MAS. Quienes le creyeron se apresuraron a forzar, un año después, el referendo constitucional, buscando explotar la presunta ventaja de contar con ese piso.

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acompañantes que ha capeado todas las crisis y depuraciones en el círculo íntimo del mandatario.

La intuición política del presidente alcanzó a percibir el carácter profundo del enfrentamiento, algo que su séquito necesita ignorar para poder vender sus alambicadas y cada vez más vacías explicaciones teóricas. De allí que las poses belicistas de “venimos a la guerra y no a caminar sobre flores”, que propala el vice, tuvieron que ser rápida y momentáneamente sustituidas por actitudes más cautas y conciliatorias cuando la conducción máxima percibió que era preferible abrogar el Código antes que arriesgar el control del poder.

Medidas de remediación No son muchas las ocasiones en que el régimen se ha visto obligado a dar marcha atrás de manera tan aparatosa como con la abrogación del Código Penal, pero no ha sido la primera. La renuncia a mantener en pie el “gasolinazo” ha sido la inicial, la más importante y duradera. La segunda, la “ley de intangibilidad” del TIPNIS, forzada por la marcha indígena, demostró que algunos retrocesos sirven para tomar impulso y retomar con mayor fuerza, más adelante, las políticas oficiales sacrificadas o, mejor dicho, postergadas.

El reflejo de autoconservación que condujo a abolir el Código tiene toda la apariencia de corresponder a esa segunda categoría, dado que no altera la hoja de ruta definida por el MAS para preservar el control del poder. En ella la aprobación del Código es una pieza importante, aunque no indispensable.

Precisamente como reacción ante la momentánea derrota, desde el gobierno se han multiplicado los esfuerzos e iniciativas para tratar de revertir la reducción de las posibilidades electorales de su candidato y recuperar la credibilidad desgastada por el grueso caudal de evidencias y denuncias de corrupción y por la multiplicación de confrontaciones sociales.

Así, el informe presidencial ante el Congreso, en enero último, reitera la interpretación exitista de los avances ciertos o supuestos que ha logrado el régimen y establece la línea propagandística en la que basará su promoción: “sueño cumplido”. De acuerdo a esa narrativa, es un gobierno popular de

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ensueño, encabezado por un presidente suprahumano que hará realidad los más profundos anhelos del pueblo. Ya se trate del Bala, el retorno al mar, Rositas o cualquier deseo o reivindicación nunca antes alcanzado, contamos con el personaje que puede lo que ningún otro.

Bajo este esquema escénico se presentaron los alegatos orales en La Haya, reiterando la ventaja que, en términos de imagen, consiguió desde un inicio el gobierno boliviano. Esta ventaja se vio amplificada por la obstinada reiteración de gestos prepotentes, esencialmente antihistóricos, de la parte chilena. Si el gobierno boliviano hubiese mantenido y ampliado las señales de apertura interna con los que constituyó el grupo de apoyo presidencial y de voceros, probablemente hubiese cosechado mayores éxitos de imagen7.

Pero la manifiesta electoralización del tema, las enormes incongruencias entre la narrativa con que se sustenta la demanda (cumplimiento de compromisos, justicia, acatamiento de las leyes) y las prácticas internas, sumadas a episodios de inocultable sectarismo (ataques a Carlos Mesa, exclusión de David Choquehuanca, entre otros), limitan su eficacia y verosimilitud.

Por eso mismo, la creencia de algunos fieles de que un fallo favorable de la Corte Internacional blindaría un éxito electoral en octubre de 2019 es propia de un subjetivismo desatado, incapaz de asimilar que los factores que definirán esos resultados son múltiples y que la tendencia declinante que ensombrece actualmente a la candidatura oficial no puede revertirse por uno de ellos. Pero como el esquema de control y manejo del poder no admite dudas8, el equipo de campaña no descansa en propalar por todos los canales que un eventual —y muy probable— triunfo de la demanda boliviana ante la CIJ equivaldría a goleada electoral el próximo año. La idea 7 Si, por ejemplo, hubiera convocado a gobernadores y alcaldes a presentar iniciativas propias, para dar un marco local a la presentación boliviana.

8 Dada la dinámica organizativa y de toma de decisiones del MAS y del gobierno, donde todo se subordina a la aprobación del jefe, con muy escaso o ningún debate, y donde, en consecuencia, el destino colectivo depende de imponer al caudillo. La comunicación, en tanto, exige exhibir el máximo nivel de optimismo respecto a realizaciones, resultados y perspectivas. Preservar en alto la moral del encargado de materializar las expectativas de los seguidores pasa, de ser un buen deseo o una simple expresión servil, a convertirse en un imperativo estratégico, aunque los hechos se contradigan con el panorama que se le muestra al conductor.

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ha calado profundamente en el presidente y también entre los partidos de oposición, que ciertamente no lo reconocen públicamente, pero lo temen reverencialmente.

La política económica se ajusta, como siempre, al mismo esquema, empujando a que el Banco Central y el Ministerio de Economía prevean el 4,7% de crecimiento para este año9, para apuntalar una cuasi promesa de aguinaldo extra. En tanto, el despacho de Energía le asegura al jefe de Estado que el informe sobre reservas probables de 100 TCF equivale poco menos que a contar con dinero en el bolsillo, de manera que el presidente ya promete recoger para Tarija regalías del orden de los 3.000 millones de dólares en las siguientes gestiones fiscales.

Pero, además de los cálculos alegres y la multiplicación de ofertas y promesas, el gobierno no descuida afinar y profundizar sus relaciones con las fracciones más importantes del gran capital. Toda la batahola de las protestas empresariales por el incremento salarial y la ley de empresas sociales es genuina, aunque calculadamente exagerada, porque en las últimas semanas el Ejecutivo ha hecho importantes concesiones y compromisos con empresas mineras, mientras regulariza pagos pendientes con las petroleras y da abiertamente luz verde a la producción de agrocombustibles, en tanto que son cada vez más laxos sus controles sobre semillas genéticamente modificadas.

Estas dos últimas medidas ratifican la importancia estratégica que el régimen asigna a la columna vertebral de su propuesta programática de la agenda 2025, referida a la ampliación de la frontera agrícola y a la producción de agroexportables. El segundo pilar, el anhelo de exportar electricidad mediante la construcción y puesta en marcha de megarepresas, está demorado, ya sea por la cuantía del financiamiento o por peleas burocráticas internas (como en el caso Rositas), que fácilmente podrían revelar disputas por tajadas de poder y beneficios que acompañen la asignación y administración de tan grandes contratos.

El completo copamiento de la Central Obrera Boliviana, a través de un forzado y rápido congreso, se ajusta a todo el esquema revisado, y apunta 9 Véase: https://www.bolivia.com/.../evo-morales-anuncia-que-en-2018-habra-doble-aguinaldo También: https://n9.cl/0rrvya

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a presentar la imagen de un movimiento popular organizado que se alinea fervorosamente con el régimen. Urgía la depuración de opositores individuales y lastrados por el oportunismo para reparar la portada de unos “movimientos sociales” cohesionados y adheridos sin fisuras al proceso.

La fortaleza asediada Si de algo nunca ha dejado estar consciente la cúpula del régimen es de que el debilitamiento de la economía del país acarrearía ansiedad y disputas entre las corporaciones, que son su apoyo social, y divisiones en el aparato político que dirige. Por eso su obsesivo empeño en propagar incansablemente los avances conseguidos, en silenciar o negar sus retrocesos y en estar a la caza de oportunidades para amortiguar los problemas acumulados durante la fase de desaceleración todavía vigente.

Tales recursos, sin embargo, son insuficientes para aplacar el impacto erosivo de la caída de los ingresos por exportaciones, el desperdicio de recursos por corrupción y los errores de gestión, derroche y clientelismo, que amplifican y extienden los efectos adversos de la baja de precios de las materias primas. Es demasiado conocido que los más importantes efectos se expresan en un descenso de las reservas internacionales netas (RIN), en la aceleración del endeudamiento y en el incremento del déficit fiscal (hoy casi idéntico al de los años de crisis de Estado y de colapso del régimen neoliberal).

Los argumentos de la defensa gubernamental mantienen por ahora su eficacia, mientras que los pronósticos económicos catastrofistas apenas influyen en mucho más que algunas franjas de población urbana, que año tras año han mostrado su tendencia a la exageración.

Sin embargo, una deuda desembolsada que está por encima de los 9.500 millones de dólares, la contratada solo con China, que supera los 7.000 millones de dólares10, además de otros compromisos ya aprobados, pero aún no desembolsados, suman una carga cada vez más difícil de afrontar, especialmente cuando las expectativas de retorno de gran parte 10 Véase: http://radiofides.com/es/2018/02/17/embjador-de-china-la-deuda-de-bolivia-esmayor-a-los-siete-mil-millones-de-dolares/

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de las inversiones productivas se encuentran muy por debajo de lo programado11.

Por ello, a pesar del manifiesto repunte alcista de hidrocarburos y minerales, la principal fortaleza gubernamental confronta amenazas cuya resolución no se vislumbra por lo menos en los próximos dos años. Dichas amenazas están activando los temidos resquebrajamientos de la base social oficial y el incremento de las contradicciones partidarias internas.

La disputa de Achacachi anunció que las confrontaciones anteriores entre campesinos y colonizadores con indígenas se convirtieron en fracturas que afectan también a los campesinos, En lo que va del año, la mayor novedad son las grietas en el núcleo colonizador-cocalero. Así, las disputas generadas por la queja de los Yungas sobre las ventajas de la Ley de la Coca para el Chapare han continuado en escalada; ahora se expresan en choques en el reducto cocalero paceño12.

Las pugnas intercorporativas tienen, a su vez, repercusiones en el MAS, atizando las querellas entre facciones; en ellas han ido sucumbiendo casi todas las que se confrontaron con el aparato conducido por el Vice13. Las recientes riñas entre “Ponchos rojos” y la militancia juvenil del MAS muestran la propensión de dichas contradicciones a agudizarse, prolongarse y multiplicarse.

11 La planta de urea, que funciona muy por debajo de su capacidad, las secadoras de gas natural subaprovisionadas de materia prima, el ingenio azucarero estatal, que casi carece de caña, son algunos de los principales ejemplos, pero la lista es mucho más larga.

12 La confrontación entre el Estado y los cocaleros yungueños se muestra cada vez más sórdida y enredada porque, para empezar, no es cierto que la hoja producida en La Paz se dedique exclusivamente al consumo legal: aunque en menor proporción que la de Chapare (cuyas cosechas tienen una productividad mayor), una parte apreciable se desvía de los circuitos legales.

En consecuencia, las disputas por el control del mercado y los circuitos de comercialización tienen una variedad de agentes e intereses, manipulados tanto por el gobierno, como por los dirigentes a los que intenta descabezar. Está, por otro lado, la abismal ventaja que el Chapare obtiene en materia de inversión pública (planta de urea, aeropuerto Chimoré, infraestructura, servicios, cooperación técnica, etcétera, etcétera) que crispa los ánimos en Yungas.

13 Mientras algunas luchas palaciegas, como las del vice con el excanciller Choquehuanca, son relativamente conocidas y de explicación no muy complicada, otras, como la del enfriamiento del aparentemente insustituible Arce Catacora y sus recientes y constantes esfuerzos de reaparición, son más turbias y herméticas. De todas maneras, el MAS, comparado con otros partidos, muestra una notable capacidad de resguardar su intimidad, pese a la elevada cantidad de bajas políticas que acumulan sus pleitos internos. Las filtraciones y revelaciones importantes son hasta ahora excepcionales.

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Momento de inercia y un escenario poco probable La oposición política (incluyendo a los colectivos ciudadanos) no ha encontrado vías para prolongar la defensa del voto y la soberanía popular, desconocidos por la sentencia del TCP. Nuevamente, las movilizaciones intrínsecamente espontáneas exhiben gran superioridad sobre las planeadas y organizadas por partidos u otras asociaciones políticas, con la desventaja de que la espontaneidad no estructura opciones electorales.

Los vacíos más importantes en la oposición son la falta de congruencia en la defensa de la Constitución, la incapacidad de articular luchas cotidianas y económicas con la resistencia democrática y una ausencia completa de cuestionamiento al programa que representa la reelección de Morales Ayma. Tampoco presentan una visión alternativa de país, conectada a un programa de gobierno que no se restrinja a la reivindicación formal del Estado de derecho y a una agenda de ajustes. A falta de un análisis y tratamiento de estas cuestiones, la oposición se limita a confiar en recursos judiciales presentados a instancias internacionales, a intrigar, armar revuelos anecdóticos y barajar candidaturas.

En tales condiciones, prospera el plan de la reelección, pese a la suma de tropiezos y adversidades. Su descarrilamiento sería posible si se lo encomendara a circunstancias imprevisibles y completamente ajenas a la voluntad y la previsión de fuerzas políticas organizadas.

La inercia de la coyuntura, más la voluntarista representación del futuro14 y la interpretación caprichosa de los acontecimientos (wishful thinking, en inglés), cierra prácticamente toda posibilidad de que los estrategas oficiales lleguen siquiera a considerar —así sea como simple ejercicio intelectual— los resultados y consecuencias que traerían el que Morales Ayma decidiera abstenerse a candidatear en 2019.

Ellos, como la oposición, dan por descontado que eso equivaldría a una derrota segura (“suicidio político”, en palabras del Vice), cuando hay im14 Que, en su versión pesimista, tiene atrapada igualmente a la oposición partidaria, ya que mientras el MAS se empeña en creer que lo realmente bueno está por llegar, esta se inclina por confiar en que la línea de descenso gubernamental es fatal e irreversible. Dicha actitud le impide entender y asumir las situaciones y hechos que aumentan las oportunidades gubernamentales: recuperación del índice de confianza en encuestas, aumento de cotización del gas y minerales, por ejemplo.

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portantes razones para pensar que un Evo Morales prescindente (en sentido de quedar alejado u omitido de la elección de 2019) podría más bien ayudar al régimen a resolver las mayores y más premiosas adversidades que está acumulando en su contra.

En esta “imposible” hipótesis de unas elecciones sin Morales, casi toda la narrativa opositora se desmoronaría tan rápido como su débil predisposición a unirse. Incluso en el supuesto de que el MAS se estancara en los niveles de intención de voto que registran las encuestas actuales15 (por debajo del 30%), tendría posibilidades en una segunda vuelta presidencial y, con las reglas electorales vigentes para la asignación de bancas, obtendría una representación parlamentaria próxima al 40%. Esta representación sería suficiente para bloquear las más importantes propuestas legislativas de sus contrarios, incluyendo todo tipo de juicios de responsabilidades.

Si a lo anterior se agrega que entre sus activos cuenta con el control de la alta gerencia pública (Contraloría, BCB, empresas estatales, autoridades fiscalizadoras, etcétera, etcétera), el manejo del Órgano Judicial, un enorme aparato de medios masivos de difusión privados y la adhesión fanática de la dirigencia de las mayores organizaciones sociales (cuyos líderes temen ser investigados y sufrir consecuencias que no alcanzarían a los funcionarios con caso de corte), tenemos que incluso estando en la oposición el MAS contaría con una enorme cuota de poder. La suficiente para acogotar a un débil gobierno, carente de programa estratégico y visión de país alternativa, hasta llevarlo a un revocatorio, a partir de la resistencia a las medidas de ajuste (devaluaciones, despidos de la administración pública y otras), de las cuales los partidos opositores no hablan, pero sí los académicos, expertos y analistas vinculados a sus posiciones16, cuando se refieren a las indispensables medidas correctivas que se están soslayando ahora. En tal escenario, 15 Lo que de ninguna manera resulta fatal, ya que con un binomio no digamos electoralmente bueno, sino simplemente no malo, con una oposición dispersa o, peor aún, atomizada, sus posibilidades se inflan.

16 Una columna publicada el 26 de abril último en Página Siete da por hecho que si el MAS es desalojado del gobierno en 2019, primará a tal punto el desconcierto y la división en sus filas, que su derrota definitiva sería inminente. Dicha apreciación no toma en cuenta el gran poder cohesivo que tiene el temor del colectivo de cuadros y dirigentes, partidarios, sindicales y allegados múltiples a que se quiebre la coraza de impunidad que lo protege, ni las gruesas limitaciones de un gobierno de coalición variopinta y ecléctica, que hasta ahora es la única opción visible de recambio.

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el sacrificio inmediato de la candidatura de Juan Evo Morales Ayma habría servido para habilitarla para, por lo menos, las subsiguientes dos elecciones nacionales.

Pese a su presunta inviabilidad, el análisis de un escenario de elecciones sin Juan Evo Morales Ayma encabezando la fórmula del MAS echa luz sobre varios rincones, tendencias, vericuetos y desenlaces improbables, pero no imposibles, de una coyuntura caracterizada por su fluidez, pese al empeño del régimen y al inercial acompañamiento que le brindan sus competidores institucionales.

Abril de 2018

Burguesías estatales y la violencia in crescendo El MAS necesita convencerse de que “a quien madruga Dios lo ayuda”. Y si eso falla, ¿para qué está el poder? Sin embargo, el lanzamiento de su enésima ofensiva —adelantar las primarias para la elección de binomios presidenciales— agita mucho a sus eventuales contendores partidarios, pero no revierte la inexorable declinación de preferencias y aprobación que reportan los estudios de opinión, en un ya dilatado lapso que dura varios meses. En otros términos, de tanto tender emboscadas, se asoma el MAS a la posibilidad de emboscarse a sí mismo.

No descansa ni un instante, y ya prepara la elección del Fiscal General, aumentando las sospechas de que busca a alguien que se preste a blindar a los altos funcionarios del Ejecutivo y allegados, más que a la persona mejor calificada para defender los intereses de la sociedad y el Estado.

Para fastidio de los aludidos, eso no impide que disminuya la sucesión y multiplicación de denuncias y señalamientos sobre todo tipo de irregularidades. El patético consuelo oficial parece ser que por cada diez que atañen al partido gobernante, aparecen unos cuantos contrafuncionarios opositores en las parcelas de poder que estos administran. Las informaciones son tan constantes que predisponen a los ciudadanos a asumir que dondequiera que haya un político profesional es seguro que se encontrará un entuerto1.

Destaca también en la coyuntura la información sobre el incremento de superficie cultivada de coca que brinda la oficina especializada de Naciones Unidas, que habitualmente se expresa con suma cautela al respecto2. Con 1 Que es la opinión muy mayoritaria que se tiene en las encuestas sobre los partidos políticos.

2 Véase el informe completo en: http://www.unodc.org/documents/bolivia/2017_Bolivia_ Informe_Monitoreo_Coca.pdf

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tales antecedentes, puede comprenderse cómo y por qué este tema ocupa tan importante y duradera franja de la escena central, disputando titulares en una coyuntura en la que los destapes de corrupción política cunden como hongos en el país y el continente3.

Lo que sobresale tan pertinazmente es que las preferencias y privilegios estatales hacia los cultivos y actividades paralelas que los acompañan están sólidamente arraigados para el Chapare, en abierta contraposición con la zona yungueña. En esta región se está desarrollando el conflicto de la Asunta4, que suma bajas humanas (incluyendo el asesinato de un oficial de Policía y por lo menos dos cocaleros al 30 de agosto de 2018), poniendo sal en heridas previas entre los campesinos de esa región y el gobierno masista.

Gastos y negocios imperiales En este tiempo, la explosión de reclamos y movimientos ciudadanos o del periodismo de investigación están poniendo al descubierto que muchos (demasiados) gobernantes de nuestros países, y no solo los que ocupan los más altos cargos, erogan gastos y acumulan fortunas abultadas, tan prominentes y dominantes que, con propiedad, se las puede llamar imperiales.

La rapidez y la masividad con que los capitales fluyeron generosos a las arcas estatales, gracias al prolongado ciclo de superprecios de nuestras exportaciones, contribuyó mucho a que, a la sombra de fulgurantes negocios públicos y privados, se amasaran con gran velocidad opíparos patrimonios de contratantes y contratistas de grandes obras. Sin olvidar que múltiples investigaciones que se remontan a épocas previas, cuando los ingresos eran 3 Es bueno recordar que el impacto electoral de las denuncias sobre tráfico de drogas vinculado al poder es casi nulo, aquí y en cualquier otro país donde se ha intentado usarlas con tales fines.

4 La Asunta no cabía en la franja etiquetada de “tradicional” en la legislación anterior y, de acuerdo a las estimaciones oficiales, alberga unas 6.600 hectáreas de cocales, que equivalen al 41% de toda el área de producción de Yungas. De estas, al menos 2.000 son completamente ilegales, de acuerdo a las autoridades. La superficie sembrada en la Asunta equivale a cerca de un 80% del área legal que se autoriza al Chapare. Véase: https://n9.cl/ j39s1

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discretos y magros los presupuestos5, ratifican que la tradición de grandes asaltos a las arcas estatales tiene una larga trayectoria.

Las investigaciones del “Lava Jato” en Brasil o, antes, las de la Sociedad Química y Minera de Chile, han mostrado en los últimos años que los pactos entre políticos y empresarios superaron hace mucho las barreras entre oficialistas y opositores. Desde cualquier posición o membrete ideológico, los profesionales de la política se han estado arreglando para percibir una cuota de aporte empresarial, especialmente ahora que las participaciones tienen, como se dijo, dimensiones imperiales.

Daniel Ortega (o “Somocita”, como cabe llamarlo, atendiendo los antecedentes históricos de Nicaragua6) y su consorte han subido las cotas del registro de violencia con que un gobierno, cercado por denuncias y evidencias de corrupción, se resiste a abandonar su posición de privilegio. La sangre que se está derramando en Nicaragua prueba que el uso criminal del poder público, tan ampliamente generalizado en esta fase histórica, se complementa con el ascenso de la represión como mecanismo cada vez más usual de defensa de los grandes privilegios. En los últimos tiempos, la experiencia venezolana es pionera en estas lides.

El “Lava Jato” brasileño involucra a prácticamente todos los partidos y empresas privadas más grandes de ese país. La investigación de los cuadernos en la Argentina da indicios parecidos. En nuestro país, las sospechas de conexiones público-privadas non sanctas se inclinan nítidamente hacia las empresas chinas, que copan el espacio de las grandes contrataciones para la ejecución de obras públicas7 durante los años de los superingresos estatales.

Que las principales empresas públicas bolivianas hayan manejado 75.000 millones de dólares en menos de una década8 —es decir, el 35% de los presupuestos generales correspondientes a ese período—, permite comprender con mayor facilidad la soltura y magnificencia del gasto, canalizado en parte a obras-homenaje, como el palacio presidencial boliviano, 5 Un ejemplo es el del expresidente nicaragüense Alemán Lacayo (1997-2002), considerado por Transparencia Internacional como uno de los diez mandatarios más corruptos de esta época.

6 Véase: https://n9.cl/qske7 y también: https://n9.cl/1cg5r 7 Desde luego que no faltan las excepciones, como la prófuga compañía española encargada de construir el importante proyecto hidroeléctrico de Miguillas, en La Paz. 8 Véase: https://n9.cl/kdoff

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con su modesto “cuarto y su camita”, que es la manera en que el vice García describe las instalaciones dedicadas al solaz y relax del jefe de Estado9, y “sin lujo alguno”, según asevera el ministro de la Presidencia10.

Los 42 millones de dólares que Bolivia ha aceptado pagar a Quiborax-Non Metallic Minerals, como coronación de un prolongadísimo arbitraje del CIADI del Banco Mundial, puede parecer una cifra discreta comparada con las múltiples denuncias sobre contrataciones directas por varios centenares de millones de dólares del régimen boliviano.

Sin embargo, el caso Quiborax-Non Metallic Minerals merece ser mencionado en este capítulo, porque la amplia información difundida en las semanas del debate deja claro que pudo resolverse con menos del 10% de ese monto, en algunos tramos de las tortuosas negociaciones entre el Estado y la firma (fraudulentamente) chilena. Esta es la versión de la defensa de Carlos Mesa, sobre cuyas espaldas quiere descargar el oficialismo toda la culpa de lo ocurrido.

Movimientos electorales y movimientos sociales Precisamente la combinación de movimientos tácticos gubernamentales para diluir sus responsabilidades en el pago de la onerosa multa, combinándolos con la búsqueda de beneficios electorales, sigue dejando abiertas varias interrogantes sobre la correlación interna de fuerzas en la cúpula gubernamental y la manera en que trata de neutralizar la protesta ciudadana, convertida hoy en un auténtico movimiento social que cuestiona la dolosa11 habilitación del binomio masista.

Si el mandato popular expreso de que los actuales mandatarios no deben ser registrados ni inscritos como candidatos ante las autoridades electora9 Véase: https://n9.cl/gslvq 10 El sentimiento de sobreabundancia, pese al notable descenso de alto impacto entre 20142017, se expresa en alguna medida en las prácticas displicentes y descuidadas que condujeron a la pérdida de la medalla presidencial en los días de fanfarria y desfiles cívicos.

11 Dolosa desde el punto de vista constitucional, porque según el expresidente y hoy principal encargado jurídico del caso marítimo, Eduardo Rodríguez Veltzé, al opinar que debe prevalecer el poder constituyente del pueblo (en este caso, el ejercido en el referendo de febrero 2016). Véase: https://n9.cl/7rhgq. Ninguna reforma a la CPE puede aprobarse sin consulta popular. Según la CPE, el TCP carece de facultades para alterar o corregir la CPE, como lo ha hecho con el artículo sobre reelección y con otros relacionados y, especialmente, con el 7º, que reconoce el carácter inalienable e imprescriptible de la soberanía del pueblo.

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les12 era un fallo irrevocable e inapelable en 2016, reafirmando la prohibición expresa del art. 168 de la CPE, en octubre del año siguiente se convirtió en movilización ante las amenazas gubernamentales de que habría un segundo tiempo, y en movimiento social cuando el TCP emitió su aberrante sentencia por la que usurpa las funciones del soberano y se arroga la capacidad de modificar la CPE y anular el resultado del referendo del 21F13.

Antes de establecer las precisiones de los términos, se estaba analizando la maniobra gubernamental que provoca e impulsa a Carlos Mesa a convertirse en un candidato condicionado y rehén del régimen. El juicio iniciado en su contra sirve tanto para hacer crecer la preferencia hacia su eventual candidatura (por solidaridad ante una víctima), como para frenarla, por desgaste (la corrupción que se proyecta sobre ella) o en seco (anulándola mediante un juicio). Y es que al congelar la fase parlamentaria del juicio que se ha impuesto, luego de que la Fiscalía gatillase el inicio del proceso, este puede revocarse si el jefe del Estado y la cúpula del gobierno y del MAS así lo deciden.

Debe sumarse a lo anterior el adelanto de las elecciones primarias, que tiene la intención de convencer al público de que las elecciones con binomio oficialista ya están en marcha y no se detendrán. En este escenario, la presencia de una candidatura como la de Mesa le da mayor credibilidad al espectáculo electoral, porque los otros contendientes aparecen, de acuerdo a todos los sondeos, descalificados antes de las eliminatorias. Además, 12 Esa es la prohibición del texto constitucional, que no se refiere a postulación alguna, ya que dicho término simplemente significa que alguien puede ser propuesto como candidato por alguien más.

13 Llamo movimientos sociales a las acciones masivas y espontáneas que cuestionan políticas públicas y decisiones estatales o plantean propuestas, derechos o reivindicaciones, por encima —y muchas veces, completamente al margen— del sistema de representación política (compuesto principalmente por partidos, asociaciones corporativas como sindicatos, cámaras empresariales y/o todo tipo de estructuras gremiales). Son, pues, muy diferentes de las organizaciones sociales (sindicatos y otro tipo de organizaciones corporativas). Estas últimas son exclusivas de un sector, son jerárquicas, permanentes, verticales, con tendencia a la burocratización y, frecuentemente, al caudillismo. En contrapartida, los movimientos sociales son temporales, poco estructurados, con tendencia a la improvisación y la horizontalidad de sus relaciones internas. A veces son tan amplios y fuertes, que albergan momentáneamente a organizaciones sociales, o inclusive responden inicialmente a su convocatoria, pero pronto la superan y subordinan. Ejemplos de organizaciones sociales: federaciones de fabriles, campesinos, constructores, federaciones y confederaciones de productores o empresarios.

Ejemplos de movimientos sociales: Coordinadora del Agua, resistencia civil al “gonismo”, resistencia al gasolinazo del MAS, marchas indígenas, resistencia al Código Penal.

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como se ha dicho, los juicios que penden sobre las cabezas de todos ellos pueden sacarlos de carrera si es que la jefatura del MAS así lo decide.

El diseño es verosímil, pero no explica los aparentes encontronazos, por ejemplo, entre el apuro de la Fiscalía y el abrupto anuncio de que “Mesa podría estar tranquilo, porque los plazos no dan para condenarlo” (según el expresidente del Senado y, a continuación, según el vice). Tal vez no llegue a dilucidarse pronto si se trata de un guion concebido con anterioridad o de fricciones entre fracciones (la del vice con algún ministro, por ejemplo), pero su efecto no parece garantizar que los resultados de la escenificación sean necesariamente los mejores para el binomio oficial.

Poder contra poder La decisión del Legislativo y del Ejecutivo de promulgar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y de ignorar la enfática y reiterada recomendación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no convocar a primarias partidarias hasta 2024 se inscribe perfectamente en el recetario previo.

La dirección masista parece convencida de que anticiparlas le asegurará la ansiada inscripción de su fórmula en plazos que ahorren cualquier sorpresa, en caso de que parte de los vocales la rechacen tan cerca a las elecciones como en junio de 2019, que es el mes en el que el TSE se hubiese pronunciado sobre si admitía o no la inscripción del binomio oficial.

Tiene, además, la seguridad de que las primarias de enero de 2019 jaquean a los partidos opositores, que no saben bien cómo enfrentar plazos tan breves para sus farragosas negociaciones en búsqueda de una opción que no reitere sus previas derrotas y humillaciones. Igual o más importante es que no solo las primarias, sino también la LOP, en texto y espíritu, cierran la puerta a la participación de actores como los colectivos y plataformas, que han adquirido un protagonismo tan importante en los últimos años.

Al ejecutar su movimiento táctico, la confianza del régimen exhibe una cota alta, porque se siente dueño de una cómoda mayoría incondicional en el TSE, apuntalada por los dos tercios (o más, por la alta permeabilidad al transfugio de la parte opositora) que controla en el Parlamento14.

14 El anuncio afirma que el TSE considera de “cumplimiento igualmente obligatorio” el resultado del referendo constitucional y la inconstitucional sentencia del TCP, con lo que

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La imagen de uno o más órganos estatales confrontados con otro se ha destacado en los últimos días invernales del año. Tiene mucho de espejismo, porque, tal como se anotó, la aritmética es inapelablemente favorable al MAS en la ALP y en el TSE. Pero el quid está en que cuando se trata de dinámica política y social, la aritmética es muy importante, pero no siempre decisiva.

La abrogación del Código Penal se lo demostró a los gobernantes, así como la impuesta elección y posesión de los magistrados del MAS en la elección judicial se lo prueba a la ciudadanía, que, con su voto ultramayoritario de repudio, expresó su voluntad de que tal cosa no ocurriera.

Una debilidad de forzar las fechas para elegir binomios partidarios podría ser que, si se hace pública la negativa de una fracción de vocales del TSE de inscribir al binomio oficial, esto pueda convertirse en un inesperado estimulante de la resistencia ciudadana, revitalizando su movilización15.

Si impugnar la maniobra de las primarias es un canal para expresar un malestar multisectorial, puede precipitar la salida (renuncia o expulsión) de uno o más vocales de la TSE. Esto desportillaría la imagen del proceso electoral y, eventualmente, aumentaría el número de posibles candidatos alternativos para una ciudadanía que no se afilia con ninguno de los tradicionales y que resiente las dubitaciones y contradicciones del expresidente Mesa sobre su eventual candidatura.

Colchón y campaña Uno de los aciertos gubernamentales menos reconocidos y asimilados por sus críticos es la acumulación de ahorro bajo la forma de reservas internacionales netas (RIN) que, a pesar de que han estado mermando lenta y continuamente desde 2014 (por la caída de los precios de nuestras exportadeja en el aire un enorme signo de interrogación sobre cómo resolverá tan flagrante contradicción.

15 No es fácil en principio que un acto preparatorio electoral —que puede parecer muy abstracto y ajeno a las preocupaciones cotidianas del público— genere una eclosión de protestas de las dimensiones y la constancia que provocó otro hecho abstracto, como la aprobación del Código Penal. Podría ocurrir, como sucedió en ese caso, que el repudio a las primarias (tan forzadas) sirva de paraguas para cobijar la insatisfacción de múltiples sectores, debido a ofensas, negación de pedidos o agresiones directas del Ejecutivo contra ellos.

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ciones), mantienen un nivel expectable16 que le da una estabilidad notable a nuestra economía, frente a los fuertes bamboleos de las divisas de varios países17 y el acelerado deterioro de la argentina y la brasileña en América Latina o la turca y la rusa en otras latitudes.

Inclusive si se acepta como acertada la explicación de que el haber atesorado las RIN debe atribuirse más a los rudimentarios y complicados sistemas estatales de gasto que a una metódica y estratégica previsión18, actualmente este “colchón”, como parte de la ecléctica política monetarista con toques keynesianos (alta inversión pública y medidas redistributivas), continua rindiendo réditos a los administradores del Estado, especialmente cuando se compara con varios de nuestros vecinos.

Se sabe que el gran límite de tales logros es el práctico inmovilismo del patrón de acumulación, así como la marcada ineficiencia para avanzar de manera suficiente y sosteniblemente y con la calidad necesaria en la atención de los servicios esenciales (educación y salud, principalmente). A ello debe sumarse la disminución relativa de capacidades productivas que está determinando una creciente pérdida de seguridad y soberanía alimentaria19, entre otros efectos altamente perniciosos.

El mayor daño que causa el anclaje de nuestra política económica en la matriz desarrollista y dependiente de riquezas naturales no renovables, es que su completa obsolescencia retrasa cada vez más al país en sus capacidades para responder a desafíos mayores, como el cambio climático, que exigen un nuevo patrón de acumulación, con base a la priorización de uso y cuidado de los recursos renovables y un cambio sustantivo en la infraestructura productiva20.

La prevalencia de actitudes básicamente pragmáticas y el temor a la innovación y a la incertidumbre que suelen prevalecer como actitudes determinantes del electorado constituyen ventajas de inicio con las que sigue contando el partido de gobierno, como ocurrió previamente.

16 Véase: https://n9.cl/ojegt 17 Véase: https://n9.cl/7w9n8 18 Según Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, en sus columnas y en entrevista personal.

19 Véase: https://n9.cl/fgkl1 20 Véase: https://n9.cl/p4nmy

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Lo mismo aplica a las visiones y prácticas con las que la mayoría del electorado asocia a la oposición partidista tradicional, principalmente en el área económica; desde las cámaras empresariales y por la mayor parte de los especialistas conocidos se predican las más conocidas y rechazadas fórmulas de ajuste estructural. El hecho de que los opositores partidarios no cuestionen el patrón de acumulación vigente y carezcan de propuestas alternativas empaña el horizonte del país de forma aparentemente indefinida.

Las medidas económicas que se ofrece en la campaña reforzarán un tipo de discusión completamente favorable al oficialismo, porque las críticas a sus evidentes deficiencias no tienden a volcar electores en su contra, sino al contrario: el innegable malestar ante la descomposición y los abusos puede atenuarse por el temor a cambios traumáticos, al estilo de los impuestos por Macri o Temer.

Ante la ausencia de una auténtica confrontación entre diseños y horizontes económicos y sociales diferentes, el conservadurismo favorable al régimen no solo se sostiene, sino que adormece la capacidad social de reaccionar ante los grandes riesgos que supone la ejecución del programa económico del MAS (Agenda 2025) con su alto nivel de gasto, sus inversiones descomunales e improductivas y su tendencia al endeudamiento.

Espectro de violencia El tiempo que transcurre entre la aprobación de la LOP y la inscripción de binomios incrementará las tensiones en todos los frentes, con la posibilidad, en ascenso, de que el uso de la fuerza que impuso el MAS con el golpe contra la Constitución ejecutado por el TCP el año pasado, se reitere y agudice, como lo ejemplifican la tónica con que el régimen afronta los conflictos sociales y el incremento de amenazas y exacciones para los que se atrevan a retarlo21.

En la misma situación están los colectivos y activistas del Bolivia dijo No y Respeto al 21F, a los que el gobierno y su CONALCAM se proponen 21 Los vocales electorales que se atrevan a plantear que la fidelidad a la CPE y que la voluntad soberana expresada democráticamente está por encima de sentencias manipuladas se arriesgan a enfrentarse con una implacable persecución, anunciada públicamente. Véase: https://n9.cl/es/s/gkid0.

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confrontar directamente en la calle, durante las movilizaciones convocadas por el Día de la democracia el próximo 10 de octubre22. Este medir fuerzas se acompaña con los primeros esfuerzos de replicar las tácticas divisionistas con que el régimen ha doblegado a la disidencia, esta vez la de las organizaciones sociales no subordinadas al gobierno, que han anunciado su intención de constituir una Central Obrera Boliviana (COB) paralela.

La posibilidad de que los choques sean cada vez más físicos y menos simbólicos es la tendencia central que rige durante los últimos meses de este año.

La resistencia social espontánea, más conectada a colectivos y plataformas que a partidos23, experimentará con la mayor crudeza conocida la decisión estructurada, financiada y respaldada por los aparatos estatales de imponer las reglas con las que el régimen quiere enraizarse de manera inextirpable.

Por todo ello, en este lapso se podrá verificar lo acertado o erróneo de la aseveración —también sustentada en estos análisis— de que las características históricas de la sociedad boliviana y sus tradiciones de lucha popular marcarán una nítida diferencia con las demás experiencias por las que los pueblos de nuestro continente intentan recuperar el pleno ejercicio de sus libertades, derechos y garantías a través de mecanismos democráticos y pacíficos.

Agosto de 2018

22 El endurecimiento de los planos señalados se acompaña con la sustitución de altos funcionarios, sospechosos de alguna forma de tibieza, por halcones como los nuevos Canciller y presidente del Senado, que podrían reforzarse con otros que están ahora en la banca de suplentes.

23 Las mayores vulnerabilidades de estas agrupaciones son su carácter exclusivamente urbano y una completa heterogeneidad ideológica, con cierta tendencia al conservadurismo político entre sus cuadros más conocidos, que suelen ser exdirigentes o exmilitantes mayores de 50 años de edad; los más jóvenes tienden a aparecer solo en los picos de las movilizaciones. Las aún pocas conexiones con sectores indígenas y campesinos es otro flanco a tener en cuenta. La abreviación de plazos electorales disminuye sus posibilidades de condicionar o subordinar las rutinas, prácticas y estilos de los partidos que nuclean a los profesionales de la política.

Golpe de Estado consumado Con su decisión de habilitar la candidatura del binomio del MAS, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) corona el ciclo de golpe estatal1 abierto por el TCP en noviembre de 2017, y liquida su propia legitimidad y capacidad para dirigir creíble, legítima y legalmente las elecciones de 2019, o cualquier otra.

Se cumple de esta manera la lenta pero pertinaz deriva hacia el predominio de la fuerza en las confrontaciones políticas y sociales, al compás de la caída de la convocatoria y credibilidad del régimen y del Estado, en primera instancia, y también del sistema de representación política del país.

Primarias y acrobacias Según García Linera, el empeño gubernamental para forzar la realización de las primarias, cuatro años antes de lo recomendado por los redactores de la ley de organizaciones políticas (LOP) y del propio TSE, se debería a que los estrategas electorales oficialistas vieron la oportunidad de “obligar al candidato [Mesa], que podría haber aglutinado a la oposición, a lanzarse prematuramente y tener más de un año para dejar que “afloren sus defectos”2, ya que cree que “[si aparecía] como outsider en julio de 2019 le hubiera ido muy bien”. Pero, gracias a la astucia y habilidad vicepresidencial de adelantar las primarias, “tuvo que hacerlo en noviembre de 2018”.

Solo puede estarse de acuerdo con esa apreciación si uno cree que durante los diez meses que median entre hoy y las elecciones de octubre la única voz 1 Denomino así al conjunto de acciones y disposiciones con las que el régimen instituido burla, soslaya o anula ilegalmente la vigencia de parte o del conjunto de la Constitución, para satisfacer sus necesidades u objetivos particulares.

2 Véase: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-revela-plan-que-el-MAS-uso-para-impedir -que-Mesa-sea-el-aglutinador-20181207-6592.html

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que se escuchará o tendrá validez será la de la campaña oficial, que así podría reducir a cero la intención de voto de su principal competidor. Pero incluso si ese deseo se pudiera materializar y la incompetencia del candidato opositor y su campaña alcanzaran tal extremo3, esa previsión omite que quien estará en la posición más expuesta en ese período será el propio régimen.

El espeso silencio del segundo al mando sobre el verdadero efecto —y el más evidente, también— de llevar tan apresuradamente a binomios únicos a primarias, deja entrever que la cúpula masista espera una gran concurrencia de militantes y afiliados en la votación del 23 de enero, frente a la menor que puedan acreditar sus competidores. Esta es probablemente la principal motivación para haber pisado el acelerador a fondo, dejando como víctima mortal la capacidad y legitimidad del TSE para presidir las elecciones de 2019.

Con relación a este hecho, la poca claridad de las consignas del movimiento 21F en el paro y movilizaciones de la primera semana de diciembre podría rectificarse si la manifiesta parcialidad del TSE conduce a que las próximas movilizaciones pidan la remoción de los vocales, titulares y suplentes. Y es que la conducta de estos, junto con el hecho de haber sido elegidos por el Parlamento —tal como los candidatos a cargos judiciales—, asegura su completa subordinación a la política dictada por el Ejecutivo. Por tanto, disminuye su imparcialidad y confiabilidad para presidir las elecciones nacionales.

En busca de un conjuro que pueda neutralizar la casi unanimidad de los sondeos de las últimas semanas, en sentido de que la intención de votos del binomio del MAS está en el rango del 30%4, y el predominio de quienes pronostican su segura derrota en una segunda vuelta, las primarias tratarán de proyectarse, desde el lado oficial, como una suerte de votación anticipada.

Se busca que en ellas el partido de gobierno ostente una ventaja apreciable de los miles de adherentes (voluntarios y forzosos) que han ido amonto3 No puede descartarse que el cálculo de García Linera se base en que el actual responsable de la campaña de Mesa no pueda mostrar un historial de triunfos en las campañas presidenciales de las que se hizo cargo y que haya incurrido en errores de apreciación tan chocantes como predecir que Bolsonaro perdería las elecciones la noche antes de la segunda vuelta en Brasil. Véase: https://twitter.com/ricardopazb/status/1056337821475266560 4 Los ejemplos de los estudios realizados en octubre son bastante sugestivos. La encuesta de IPSOS, para el canal RTP de La Paz (26 de octubre), es la única en la que el MAS supera el 40%. La de Página Siete, del 21 de octubre, lo sitúa en el 32%, pero el verdadero techo correspondería, en mi opinión, al 37% que en ese estudio afirma que “las cosas irán peor si el actual presidente no es reelegido”.

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nando en sus libros durante más de 13 años, para compararlos con los que a toda marcha e improvisadamente han registrado sus contrincantes, a veces en apenas semanas, como es el caso de la sigla que utiliza Carlos Mesa Gisbert, quien, según varias encuestas, puede doblegar al binomio masista5.

El TSE acaba de publicar el número de adherentes que reconoce a cada partido o coalición (gráfico 1), donde se verifica que el MAS tiene acreditadas cerca de un millón de firmas, mientras que la de los demás ronda el mínimo indispensable. Con las primarias, el MAS se propone explotar al máximo esta diferencia, con mensajes respecto a que la diferencia de votos que consiga Morales Ayma frente a los otros candidatos sería un adelanto de los resultados de octubre próximo.

Dicha propaganda omitirá, obviamente, el hecho de que gran parte de la feligresía oficialista que concurrirá a votar por el binomio oficial en las primarias está compuesta por funcionarios, obligados a anotarse so pena de perder sus puestos, y por afiliados a organizaciones sociales secuestradas mediante prácticas clientelistas. Esto, sin olvidar que las inscripciones probadamente falsas afectan al conjunto de partidos inscritos en el OEP6 .

Tratar de mostrar un mayor respaldo para el binomio del MAS es un acto de ilusionismo: no logrará modificar, por sí mismo, la intención de voto que vienen registrando las encuestas. Las posibilidades de atraer nuevos votantes son parecidas a las campañas para persuadir que la sentencia 084/2017 del TCP (que habilita la reelección indefinida) “no reforma la Constitución” 7, respeta el referéndum de 2016 y beneficia a la humanidad en su conjunto con el descubrimiento de un nuevo derecho humano.

5 Aún no se conoce las realizadas después del registro de binomios. Ninguna ha sondeado al 30% que representa la población rural dispersa, donde la inclinación por Morales Ayma es ampliamente mayoritaria en todas las elecciones desde 2005.

6 El TSE ha comunicado públicamente que ha detectado más de 30.000 inscripciones falsificadas detectadas en todos los partidos y sobre cuya investigación y penalización no ha proporcionado novedades hasta la fecha.

7 No solo en el art. 168 y en otros referidos a reelección, sino alternado los valores y fines del Estado, como ocurre con el art. 7: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, que resulta objetiva e incuestionablemente suspendido al concederle capacidad al TCP de anular de facto los resultados del 21F. Desde luego, todo el articulado referido a la reforma de la CPE no da margen a que las interpretaciones del TCP reformen la Constitución, ni le otorguen facultades para interpretar la Carta de San José.

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Los agentes del gobierno todavía albergan la esperanza de que maniobras tan toscas puedan serles de alguna utilidad, apostando a la muy discreta capacidad de respuesta que sus contendores han exhibido hasta ahora.

Gráfico 1. Militantes acreditados oficialmente por partido o coalición

1.200.000 1.000.000

991.092

800.000 600.000 400.000 95.391

200.000 0

MAS

PAN-BOL

MTS (*)

92.210 PAN-BOL

MAS

88.122

58.377

38.421

28.717

CC

MNR

UCS

PDC

CC

PDC

UCS

MNR

Beni

2.766

39.325

473

959

Chuquisaca

5.414

71.734

3.058

1.751

1.617

2.551

Cochabamba

18.068

235.366

10.796

4.680

4.618

4.292

La Paz

20.600

266.470

39.546

9.633

4.938

4.498

MTS(*)

1.724 17.401

* La delegada de MTS no quiso mostrar el detalle del número de sus militantes por región.

Nota 1: el TSE entregó la nómina final de militantes a cada uno de los partidos que participarán en las elecciones primarias de enero.

Nota 2: el delegado de “Bolivia Dice No” no llegó al TSE y se prevé que hoy se le entregue la nómina de militantes.

Fuente: infografía del diario Página Siete, basada en datos del TSE.

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Murallas externas y presiones internas Si en el cuatrimestre transcurrido los elementos que dominaron la escena noticiosa y definieron la tónica del debate público se concentraron en las escaramuzas libradas sobre la habilitación de Morales Ayma y su acompañante, en el pago del aguinaldo extra y en la proliferación de indicadores de la perspectiva de una ralentización económica —a contramano de la oficializada información del crecimiento del PIB—, la realización de las primarias y el desenvolvimiento de una feroz campaña son las que tienden a prevalecer al inicio del año siguiente.

El telón de fondo estará dado por una economía que soportará el descenso de precios de los productos exportables, de la demanda de gas por parte de Brasil y Argentina y, como consecuencia, de las reservas internacionales netas (RIN). Al mismo tiempo se incrementarán las presiones corporativas para obtener cada una su tajada8 a cambio de asegurar respaldo electoral, y varias guerras y guerrillas sucias, incluyendo las internas del oficialismo, para afianzar o eliminar competidores.

La gravitación de la coyuntura internacional sobre la nuestra no se limita a las variaciones que experimenta el mercado del gas natural de petróleo en el Cono Sur —a partir de que Argentina ha empezado a movilizar, todavía preliminar e incipientemente, sus reservas de 800 trillones de pies cúbicos (tcf)—, sino que incluye el cambio de relación regional de fuerzas9, impulsado enérgicamente por Brasil, donde Bolsonaro, como nuevo presidente, ha anunciado una actitud de distancia y reserva con nuestro gobierno y su respaldo a fracciones ultraderechistas de la oposición boliviana.

La atención que nos dedica concuerda con la declarada tendencia del régimen de carácter cívico-militar entronizado en las elecciones del país vecino. En esta línea, estrecha al nivel más íntimo sus relaciones con la administración Trump, secundándola tanto en su apasionamiento antimigrante, cuanto en sus excesivamente optimistas expectativas de 8 Esto incluye tanto a organizaciones sociales como a las empresariales, buscando beneficios como el que ha concedido el gobierno a los productores de caña, según los datos que presenta Francesco Zaratti.

9 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43235076

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reducir la gigantesca influencia económica que China logró durante el repliegue de EE. UU. en América Latina10.

El ministro boliviano de Economía reconoce que estos rápidos cambios del entorno nos impactarán, pero confía en que “el mantenimiento de una alta y creciente inversión pública y el dinamismo del mercado interno alcanzarán para sortear la brecha”.

Si se toma en cuenta que algunos proyectos de inversión (el camino por el TIPNIS, con 400 millones de dólares, por ejemplo) tienen períodos tan prolongados de maduración que resultan simplemente imprevisibles, otros, como el Chepete/Bala (que con 7.000 millones de dólares viene a ser las estrella del programa electoral del MAS), están objetivamente inviabilizados11. Por ello quedan en pie las preguntas sobre si el plan de inversiones crecerá realmente, o si la creciente brecha entre lo planeado y lo ejecutado continuará ensanchándose, como ha pasado sistemáticamente en cada 10 Véase: https://elpais.com/internacional/2018/12/11/argentina/1544485462_147936 html.

La bravuconería, la ignorancia y el desparpajo de Trump pueden seguir caldeando la guerra comercial con China, y también dar cuerpo a la posibilidad de un impeachment que sobrevuela su reinado desde el mismo día de su inicio, ya sea por sus escabrosas relaciones con Rusia o por una admirable acumulación de actividades irregulares detectadas por la investigación del fiscal especial Mueller.

11 Lo que en principio carece de toda novedad es que desde la presidencia de Rousseff a la de Temer no hubo una sola señal favorable para acoger el megaproyecto hidroeléctrico del gobierno masista, por razones que expusimos en análisis previos, y que son básicamente: i) la visión geopolítica prevaleciente en Brasil es, por principio, adversa a la compra de energía que se genere lejos de sus fronteras; ii) la contracción económica interna y los malos resultados financieros y ambientales de grandes hidroeléctricas —como Santo Antonio, que bordea la quiebra— llevan a cancelar la acometida de nuevos megaproyectos hidroeléctricos (incluso dentro de sus fronteras) y iii) el modelo de generación y distribución adoptado por Brasil se basa en subastas abiertas y no admite, en principio, acuerdos intergubernamentales.

El arribo de Bolsonaro refuerza esas condiciones previas, y agrega la alergia que siente por el gobierno boliviano, al punto de que, antes de hacerse cargo formalmente de la administración, ha lanzado una sombra importante sobre el tren bioceánico. Con respecto a este tren, de todas maneras, sus predecesores no establecieron ningún compromiso en firme, pese a la propaganda interna que aquí circula. El giro más negativo que podría presentarse es que el gobierno de Bolsonaro, consciente de la desesperación con que el régimen boliviano quiere embarcarse en el megaproyecto Chepete/Bala, incluso sin contar con ningún compromiso por parte de Brasil, aliente su avance mediante gestos y guiños, pero evitando la formalización de cualquier compromiso, para disponer de una fuente adicional de 3.300 MW estimados de potencia al precio que este país imponga, que necesariamente será de subvención a nuestro gigantesco vecino. Los beneficios propagandísticos del régimen presidido por Morales Ayma, y la seducción de inéditas cuotas de ilegales y beneficios colaterales podrían dar lugar a que nos embarque en la más peligrosa aventura inscrita en la Agenda 2025.

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gestión­y presupuesto. Y, principalmente, si el impacto del siguiente plan de inversiones permitirá mitigar el gran déficit y generar crecimiento real, y no simplemente estadístico, como lo esperan y argumentan los conductores de la política económica.

La red de gobiernos vecinos amigos ha terminado por disolverse. En su lugar se está construyendo una muralla de vecinos suspicaces, cuando no sencillamente hostiles, alimentada por la intrépida política internacional propalada por el presidente Morales en persona, toda vez que alienta y respalda, solidaria e internacionalistamente, la represión abierta que ejercen Maduro y Ortega. Con estas actitudes dice querer construir “la última frontera” contra la oleada de gobiernos liberales, neoliberales, conservadores y pronorteamericanos que están ganando elecciones en el continente.

Una agenda cada vez menos patriótica y más impracticable

Dedicado a mostrar la completa ausencia de propuestas opositoras, más allá de las reivindicaciones democráticas y las que ha generado el movimiento del 21F, el MAS parece olvidar que el avance de la economía mundial con base a los cambios tecnológicos provenientes de la robótica, la nanotecnología y la ingeniería genética, entre los más importantes, hace cada vez más arcaica e impracticable su propuesta electoral de la Agenda 2025.

Sobre todo, en el contexto del cada vez más riguroso y acechante cambio climático. Quedan completamente desfasadas sus concepciones e ideas sobre el rumbo en que debe encaminarse nuestra economía para no volver a hundir en la pobreza a quienes la han superado en estos años, o a engrosar rápidamente la cantidad de pobres y miserables, como está sucediendo en Venezuela, Argentina o Brasil.

Ya ha quedado establecido que la presunta fortaleza del plan electoral oficial se afinca en simplemente transcribir y hace aparecer como suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de Naciones Unidas, que expresan metas universalmente reconocidas para enfrentar la pobreza, incrementar la educación y la salubridad, disminuir las desventajas que padecen niñas y mujeres y cualquier otra forma de discriminación, enfrentar los impactos del cambio climático, etcétera.

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

La verdadera esencia de la llamada agenda patriótica no es esa lista, a disposición de todos los gobiernos y candidatos, sino la manera en cómo alcanzar esos objetivos. El MAS tiene una respuesta perfectamente definida que se resume en mantener y profundizar la matriz productiva vigente; vender más hidrocarburos y empezar a vender energía eléctrica a los vecinos, autoproclamándonos centro energético continental; extender las áreas de exploración y explotación minera, especialmente a cooperativistas, sacrificando reservas naturales y bosques primarios; multiplicar por tres la deforestación actual para producir más soya transgénica y, además ahora, biocombustibles.

El problema es que la claridad de sus objetivos colisiona con la realidad, ya que llevar adelante un plan de desarrollo basado en las premisas del año 1940 (industrialización de materias primas, neocolonización de la Amazonía y el Chaco) en un contexto de economía mundial del siglo XXI y en pleno avance del más grave desequilibrio ecológico planetario, tiene más posibilidades de estancarnos y retroceder, sin importar que el protagonista sea estatal.

Esperar que en 20 años más de extractivismo (cifra fijada por el vice) acumulemos el capital que nos permita transitar a una economía del conocimiento es pedirle a la Historia y al mundo que se detengan para esperar los resultados de una nueva variación del mismo ensayo, con diferentes libretos, que estamos experimentando desde la época de la Revolución Nacional.

El club de los nuevos VIP y rutas hacia la confrontación

Lo que no se han atrevido a pronosticar, y ni siquiera a mencionar, ni el vice ni cualquier otro productor de narrativa gubernamental, es que el sujeto histórico que guiaría esta nave serían las nuevas burguesías de origen popular, cuya acumulación originaria de capital ha sido favorecida por el gobierno del proceso de cambio.

El presidente tampoco se refiere a este tema. En todo caso, responde a él sin mayores aspavientos teóricos cuando descubre y proclama que los más grandes y prósperos cocaleros ya no se dedicarían a cultivar coca, actividad relegada ahora a los peones12.

12 Véase: https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/12/11/evo-el-cato-de-coca-del-chapare-yaes-para-peones-202803.html

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Los empresarios cocaleros se dedicarían ahora, según Morales, al cultivo de frutas, piscicultura y otras actividades (transporte, comercio y empresas constructoras, de las que no habla, pero que son bien conocidas en el Chapare). La ampliación y diversificación de actividades de las burguesías de origen popular, que proclama el presidente refiriéndose a su propio sector, podría tomarse como un augurio sobre la proyección de los resultados que ha traído el proceso de cambio.

La verdad es que, incluso si resulta cierto que los cocaleros más prósperos han empezado a diversificar sus actividades y la inversión del capital que han acumulado13, es muy difícil creer que eso los lleve a renunciar a sus cultivos de coca (que, ciertamente han rebasado eso de un qhatu por familia). Lo más probable es que se inclinen a incrementarlos, comprándoselos a (o alquilándolos de) otros colonizadores, por ejemplo. Y es que, a pesar de su sincera decisión de diversificar sus inversiones, actividades y utilidades, jamás se privarán de una fuente tan segura y rentable de ingresos, aunque a la postre llegue a ser secundaria.

La acumulación de capital de las nuevas burguesías que encarna y representa el régimen corporativo del MAS es minúscula frente a las necesidades del país de encarar sin demora el cambio de matriz productiva y energética, así como la transformación de su infraestructura. Conseguirlo es imperativo para sobrevivir y acumular resiliencia ante el drástico y acelerado avance del cambio climático y la mutación de los mercados.

Pero no es su todavía incipiente poderío económico lo que inhibe a nuevos y viejos propietarios de capital, incluyendo a los que tienen ancestros campesinos y populares, a ponerse a la cabeza de las transformaciones. Son sus intereses, completamente amarrados a las caducas matrices y modelos de desarrollo vigentes. Los intereses corporativos (es decir, intereses privados que sustentan ciertos grupos) tienen dificultades intrínsecas para entender y asimilar los intereses comunes de la sociedad y, menos todavía, sus nuevas necesidades y sus perspectivas de evolución.

13 Es altamente posible asumir que se presentan similares inclinaciones y oportunidades para fracciones del bloque de poder corporativo sobre el que se sustenta el gobierno. Ya se ha visto que grandes comerciantes populares, importadores de bienes de consumo de China, asentados desde los años sesenta en Cobija, están invirtiendo en propiedades ganaderas, mientras que los cooperativistas mineros lo hacen, principal pero no únicamente, en el área inmobiliaria, tal como los grandes comerciantes populares en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades.

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

Hoy más que nunca queda claro que el futuro común de nuestra especie requiere preservar y regenerar los recursos llamados renovables, cada vez más escasos en el planeta. Las fuentes de vida (agua, oxígeno, biodiversidad) deben ser la base de un modelo alternativo de desarrollo, asentado en una gran producción de alimentos bajo un régimen de cultivos completamente distinto al del agronegocio, ampliando la frontera agrícola en tierras hoy desérticas e improductivas, pero en ningún caso con el sacrificio de bosques (que es de lo que se trata el plan conjunto del MAS y la CAO). Se debe tender a la producción de energías sustentables e impulsar un turismo no depredador, entre otros.

En contraposición, viejas y nuevas elites y VIP multiplicarán sus esfuerzos para que nada se mueva, porque sus ganancias son incompatibles con las inversiones y esfuerzos que requiere la transformación.

Esta defensa de intereses de los poderes económicos y políticos constituidos viene aunada a la necesidad de sus cúpulas políticas y económicas de que no se esclarezca los mecanismos con que transfirieron recursos públicos a sus bolsillos y cuentas, ni se rinda cuentas sobre ellos, blindando la impunidad, que es el motor primario de la relección perpetua y a como dé lugar.

Hasta ahora esa estrategia ha sacrificado leyes, comenzando por la Constitución, igual que derechos y garantías ciudadanas. Pero no se detendrá ahí; se encaminará a incrementar las cotas de choques violentos, como lo prueba el refuerzo de dispositivos represivos, la movilización de bandas parapoliciales y la intensificación de persecuciones judiciales14.

El gobierno todavía intenta que la situación no se descontrole, pero si le toca dejar fuera de juego a candidatos opositores que le representen verdadero riesgo, apelando a maniobras ilegales —como iniciar, inventar o acelerar juicios y sentencias—, está probado que no vacilará en hacerlo. Tampoco en aplicar mecanismos para desconocer la voluntad popular, como ya lo ha hecho con el referendo de 2016, o desechando el mandato de los votos nulos, que no daban margen para posesionar a autoridades judiciales sometidas al arbitrio del Ejecutivo.

14 En este análisis de coyuntura y escenarios prospectivos se planteaba hace exactamente un año que: “Con sus decisiones, el régimen está empujando a que la fuerza y su versión más descarnada, la violencia, ocupen un plano cada vez más destacado cuando se trata de dirimir conflictos sociales y políticos”.

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La resistencia civil espontánea, expresada en este momento por un bastante amorfo y muchas veces perplejo movimiento social que defiende los resultados del 21F, podría contener las tendencias que nos arrastrarían a reproducir experiencias al estilo de Nicaragua. Sin embargo, no alcanza para dirimir batallas estratégicas. Tampoco basta, hasta ahora, para democratizar y cuestionar a los dirigentes que han puesto a las grandes organizaciones sociales al servicio del régimen, al que rentan sus prestaciones, cuando no se han fusionado directamente con sus mandos.

Pero, incluso con todas esas debilidades, se muestra mejor orientado que los partidos y coaliciones, que tratan de cambiar el curso de los acontecimientos pidiendo mediante cartas al TSE que rectifique sus actos, mientras que en la movilización surgen iniciativas aisladas que apuntan a desconocer a ese tribunal.

La movilización tendría que cobrar mucha más fuerza y presencia respecto a sus niveles actuales para poder defenestrar al TSE e imponer un nuevo mecanismo que permita contar con un árbitro electoral confiable e imparcial. Si se llegase a tal situación —tan inimaginable en este momento como parecía el año pasado la abrogación del Código Penal—, la propia continuidad del TCP, como ente generador del golpe contra la Constitución y la democracia, podría quedar en entredicho. Y con ella, la efectiva capacidad del régimen para torcer invariablemente la situación en su favor, con el uso doloso de las instituciones que subyuga.

En el campo electoral asoma alguna candidatura que podría darle batalla a la fórmula oficial, pero no emite señales de que sea capaz, o de que esté interesada en forjar un programa y un proyecto de la calidad que las circunstancias reclaman. Tampoco de poseer la comprensión histórica y social necesaria para no convertirse en un endeble gobierno revocable, inclusive antes del plazo formal, víctima de la feroz oposición que hará el MAS con sus dirigentes corporativos e incluso dentro del Estado, donde dejará a una gran cantidad de sus cuadros en puestos clave.

La idea de que es suficiente ganar y mantener un gobierno de transición, que recupere las libertades recortadas e institucionalice la justicia o la Policía, es carta segura de derrota a la vuelta de las elecciones. La transición, en los términos que prevalecen entre los opositores, está sesgada hacia la noción de provisionalidad y de limitación de su propio horizonte.

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Para sobrepasar los planes del régimen e iniciar un avance democrático sólido, así como un cambio de matriz productiva y modelo de desarrollo, reformas radicales en la administración de justicia, educación y salud públicas —para mencionar las más urgentes e importantes—, es necesario atraer y ganar al menos a la mitad del electorado que confió en el MAS en 2014, incluyendo ciertamente un fuerte respaldo campesino. Tarea difícil, pero no imposible para una opción electoral que se desvincule de ataduras señoriales y se interese genuinamente en buscar y lograr una representación popular profunda.

Si no se entiende la magnitud de las tareas a encarar, los mayores resultados que puedan obtenerse no trascenderán el espacio de una frágil victoria electoral, más endeble inclusive que la que podría lograr el MAS si permanece en el poder recurriendo a cualquier tipo de maniobra fraudulenta.

El costo de cualquiera de esos desenlaces implicará un duro castigo a los más vulnerables, sumiéndonos en un período convulso y autodestructivo de duración imprevisible.

El horizonte de gobiernos revocables en dos o tres años se impondrá si no se estructura una fuerza capaz de comprender que las próximas elecciones, cualquiera sea el resultado, marcan la decadencia del MAS, pero también la de todo el sistema de representación política, tanto partidaria (vieja o flamante) como sindical, corporativa o de cualquier otro organismo que cumpla funciones, formales o informales, en ese espacio.

Diciembre de 2018

Aires de tormenta

Puede decirse que desde febrero último el régimen ha logrado, con poca bulla y escaso esfuerzo, introducir un giro en la relación social de fuerzas y en su tendencia central de evolución, de manera que vuelva a serle beneficiosa. Habiendo dejado atrás la ansiedad de fin de año, encuentra tiempo para hostigar a sus rivales, con diversas causas judiciales y en otros ámbitos.

En el panorama electoral, en tanto, el ya desvaído perfil de su principal retador ha empalidecido, sumiéndose en una grieta de la que no será sencillo resurgir.

La recuperación del MAS no debe atribuirse al oneroso juego que montó con las pseudoprimarias del 27 de enero, del que salió chasqueado, a pesar de la inversión de fondos públicos para mostrar la figura de un imbatible gigante electoral y organizativo, que enseñó más bien sus flaquezas. En esta oportunidad, como ha ocurrido continuamente, el partido dominante logra mantener su posición gracias a la debilidad, incongruencias y contradicciones de sus competidores partidarios En la vereda de la seguridad y las páginas rojas, al revés que en la de la política, la agitación ha alcanzado algunos picos electrizantes con el destape de nuevos ilícitos de altos jefes y oficiales de la Policía, probablemente empeñados en competir con el ritmo de enriquecimiento de funcionarios encargados de dotar tierras, autorizar licencias ambientales, aprobar contratos de obras públicas o administrar justicia (si es que aún puede llamarse así al funcionamiento del Órgano Judicial).

Todavía no sabemos si el encharcamiento de jefes y oficiales uniformados en el pantano de la corrupción repercutirá nítidamente en el espacio político, pero es seguro que lo está haciendo en lo que toca al destape de

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

sordas pero furiosas pugnas del entorno presidencial más inmediato1, y a torpes empeños oficialistas de pringar a sus opositores.

Resultados incómodos El triunfalismo de los jefes del MAS batió marcas previas en los días previos a las votaciones de partidos y coaliciones para ratificar ceremonialmente sus binomios —puesto que en ningún caso compitieron candidaturas—.

La base de su alharaca era la amplia difusión de las cifras de afiliados2 (mal calificados como militantes por partidos y medios) que le otorgaban aplastante ventaja.

Con base a tales datos, en el último artículo de análisis, de diciembre de 2018, señalaba que el mayor objetivo de la votación —sarcásticamente bautizada como “elecciones primarias”— era exhibir una supremacía tan aplastante que se difundiría como un presagio de la relación de votos en las elecciones nacionales, a realizarse en octubre y, como bono adicional, humillar a los partidos opositores, cuyos registros apenas bordeaban, en el mejor de los casos, un 10% del casi millón de afiliados de los que presumía el MAS. Los partidos opositores, que entendieron tarde y secundaron atolondradamente la jugada oficialista, apenas atinaron a balbucear que convocarían a no votar a sus bases, o haciéndolo en una proporción mínima. Ninguna 1 Las esperanzas silenciosas de algunos partidos opositores de que estos incidentes tengan impacto directo sobre los resultados electorales carece de todo asidero, como se ha visto aquí y en otros países. La acusación de “narcotraficante” es un arma arrojadiza empleada con gran frecuencia y casi ninguna eficacia. Concretamente, en todo lo relacionado al largo conflicto del TIPNIS, los sectores más conservadores esperaban que acusar al oficialismo de que su estrategia de avasallar al TIPNIS territorial y políticamente tiene como objetivo ampliar los cultivos de coca daría mayor impulso a la resistencia que las críticas basadas en hechos como la agresión contra la naturaleza, la Constitución, los derechos y la autonomía indígena.

2 La militancia, en términos prácticos y teóricos, entraña un nivel de afinidad ideológica, formación, organización y compromiso mucho mayor que el de quienes solo ratifican su condición de votantes del partido y avanzan un paso más, registrándose en sus libros, supuestamente públicos. En muchos países, incluyendo el nuestro, dicho registro suele estar fuertemente asociado a la búsqueda de oportunidades de empleo público, con un costo menor al que supone la militancia activa. Esta no supone incursionar, en lo absoluto, en las categorías propias de partidos revolucionarios.

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Bolivia 2013-2021

de esas fuerzas pudo exhibir la disciplina y coordinación necesarias para salir airosamente de la celada urdida por el partido de gobierno.

Quienes cayeron en su trampa, sin apenas soñarlo, fueron el MAS y su caudillo, porque el conteo rápido de votos la noche misma de la votación exhibió que apenas cerca de un tercio de los llamados cumplieron con las órdenes que impartieron los mandos partidarios para concurrir a las urnas, so pena de drásticas penalizaciones.

Gráfico 1. Aprobación de candidaturas

1.500K

1.000K

500K

0K MAS21FIPSP- 5,56% 33,18%

Militantes

CC4,34%

FPV3,50%

MNR5,71%

Votos válidos

MTS4,33%

PANBOL1,95%

PDC2,26%

UCS2,93%

Votos nulos, blancos, ausentes

Fuente: diario La Razón, de 28 de enero de 2019.

La siguiente tabla muestra los resultados del conteo rápido, comunicados oficialmente por el TSE la noche de la votación, con un 90% de actas escrutadas.

Sin reponerse del todo de la desagradable sorpresa que supuso la muy baja concurrencia de sus afiliados y los altos índices de nulos y blancos en

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

su votación interna, los “operadores” y estrategas del MAS “corrigieron” el problema, logrando que en los días posteriores el porcentaje, sin explicación congruente, matemática o estadística, ascendiese misteriosamente a una cifra final que ronda el 45%, cuando, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 35% que muestra el gráfico resultaba del 90% de las actas computadas3 Esta experiencia electoral bajo el mando y responsabilidad del TSE reviste mucha mayor importancia que el súbito salto de 10 puntos de la participación de las huestes del MAS: demuestra la influencia y el control decisivo que ejerce el Ejecutivo sobre el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), cuyas acciones lo encasillan como una dócil herramienta en manos del Ejecutivo4.

Las renuncias y despidos de “59 profesionales, incluidos cinco directores nacionales, genera una situación de seria preocupación”, según la carta del vicepresidente del OEP, “filtrada” a los medios y publicada los días 26 y 27 de abril recién pasados.

El candidato Carlos Mesa reacciona afirmando que “la situación del organismo electoral empieza a preocuparlo” [el resaltado es nuestro) (Página Siete, 27 de abril de 2018).

El silencio de los invisibles El sigilo o prescindencia son la característica distintiva del candidato Mesa frente a estentóreas y muchas veces dramáticas expresiones de descontento de significativos sectores sociales. Tal derroche de precaución equivale a una clara renuncia a convertirse en un canal adicional de expresión del descontento, o de ser una referencia caracterizada por la comprensión o solidaridad ante estos conflictos; se muestra más bien como una ausencia metódica, demasiado parecida a la indiferencia o al desdén.

3 Véase: https://n9.cl/w46jn 4 Entre las más graves, la habilitación de la candidatura de Morales y García, con el argumento de que el OEP carece de capacidad para salir en defensa de la CPE, y que sus acciones solo son administrativas, como lo comentó/instruyó públicamente el vice. Otra, negarse al censo de electores en las sedes extranjeras donde el MAS obtuvo menos votos.

Una que es materia para enjuiciar y destituir a todos los vocales: su completa pasividad ante las 55.468 inscripciones falsas de afiliados de partidos. Véase: https://n9.cl/ngjs3

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Ya se trate de la marcha del pueblo Qhara Qhara5, el avasallamiento de parques y reservas naturales, la sonada protesta de madres de infantes afectados por el cáncer, las de mujeres apaleadas por maridos en altas posiciones en el mando estatal, de amplios y documentados informes que revelan atrasos de años y pagos sospechosos a ejecutores de grandes obras viales (Caranavi, Yucumo-San Borja, Ixiamas, entre muchas otras), corrupción o subordinación judicial al gobierno, el binomio opositor más reputado considera que no es necesario, o que le resultaría desventajoso, expresar el menor reclamo sobre estas situaciones.

La marcha de los Qhara Qhara, por ejemplo, toca la médula del desarrollo de crecientes contradicciones entre campesinos y colonizadores con pueblos indígena, y desmonta la narrativa sobre el supuesto monolitismo de la trinidad indígena originaria campesina (IOC).

Más allá de esa indiferencia o ineptitud para responder, la renuencia de Comunidad Ciudadana (CC) para buscar un acuerdo o alianza con el núcleo campesino dirigido por el exdirigente de la CSUTCB y triunfador de las elecciones para gobernador en Chuquisaca en 2015, Damián Condori,­deja entrever6 las serias dificultades de CC para entender la importancia vital de que un nuevo gobierno sea representativo de una coalición social, en la que campesinos e indígenas están claramente representados. No solamente para ganar las elecciones sino, sobre todo, para sostener la gobernabilidad en épocas que serán, para decirlo con cautela, tormentosas.

El silencio es igualmente hermético (y unánime en el conjunto de la oposición partidista, esta vez) ante las decisiones del gobierno para acelerar 5 Véase: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252893 6 Algunas preguntas que sugiere este pasaje que determinó el alejamiento de la agrupación de Condori, quien al retirarse afirmó que no buscaría más aliarse con CC: i) ¿no está histórica, sociológica y políticamente demostrado que los movimientos y partidos capaces de realizar modificaciones sustanciales y dejar su huella han conseguido alianzas sólidas con campesinos e indígenas?; ii) el caso de Condori —que estuvo preso por el caso del Fondo Campesino, pese a que devolvió los Bs 6 millones que se transfirieron a su cuenta para que los asigne a “proyectos”— ¿no genera, acaso, una oportunidad muy importante para volver a debatir, bajo nuevas luces, uno de los peores casos de corrupción gubernamental y demostrar la completa impunidad que lo caracteriza?; iii) si la ruptura con Condori obedece al deseo de proyectar una imagen ajena a la corrupción, ¿cómo se entiende el trato diferenciado ante las acusaciones que el oficialismo esgrime contra Sol.bo?

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desmontes y ampliar la frontera agrícola con el fin de multiplicar los cultivos destinados a la fabricación de biodiesel. O ante la autorización para introducir nuevas variedades de soja transgénica —nuevas, porque casi toda la que existe en el país es genéticamente modificada (OGM), burlando prescripciones de la Constitución y de las leyes—.

Tales “omisiones” exhiben, sin apelación posible, la predisposición de todos los opositores a no confrontarse con los grupos de poder, que son aliados económicos del gobierno, pese a sus desavenencias y a su enfrentamiento político.

Cuando no callan, algunos representantes opositores se embarcan en acciones tales como pedirle a ese paladín de la democracia, la justicia y los derechos humanos —como consideran al actual presidente estadounidense— que interceda o intervenga en la resolución de la arbitrariedad e ilegalidad de la participación del binomio que preside nuestro país en las elecciones próximas, dándole munición para que este vuelva a presentarse como defensor de la soberanía nacional.

Hay pruebas abundantes de que el maximalismo suele conducir a derrotas aplastantes, igual que el minimalismo titubeante, y más todavía, la simple desaparición de la escena, que es la situación actual que se cierne sobre los partidos opositores. Su ausencia de batallas democráticas indispensables —como debiera ser una contestación intensa y permanente al TSE, como árbitro completamente inhabilitado de las próximas elecciones, o al TCP como garante de la Constitución— está asfaltando el camino para un triunfo del régimen.

La capacidad de ponerse al frente del debate y convocar a la movilización por estas cuestiones elementales no garantiza que vayan a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la estrategia de hacerlo, aun cuando solo supongan cuestionamientos parciales y de sentido simbólico, es ineludible para crear condiciones que templen e incrementen la confianza en las fuerzas propias, alienten a los espectadores a interesarse y tomar posición, a generar espacios donde concurran y se canalicen las múltiples protestas y se favorezca la consolidación y el avance de las tendencias sociales de carácter democrático y aspiraciones de cambio.

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El romance de las encuestas y el santuario económico Los costos de callar y desaparecer muestran su impacto en el cambio de tendencia que se observa en los sondeos y estudios sobre intención de voto.

Lo interesante al respecto es que hoy, en nuestro país, las guerras de encuestas que habitualmente se presentan en épocas preelectorales han sido sustituidas, desde inicios de este año, por una singular danza de convergencias y armonías entre estas.

Las cifras varían, según quién y cómo realiza los estudios, pero el punto de encuentro entre prácticamente las más importantes es una clara recuperación del MAS y un retroceso de la oposición.

La mencionada al principio de este documento7 vaticina que Juan Evo Morales Ayma ganará en primera vuelta con casi diez puntos de ventaja sobre el siguiente candidato (Carlos Mesa, de CC). La de Mercados y Muestras le otorga el 37% a Morales, Ipsos le asigna un 34%, y ambas, 28% a Mesa.

Las dos últimas encuestas de Mercados y Muestras, que estuvieron registrando previamente que CC ganaría, de todas maneras, en una segunda vuelta, apuntan ahora una caída de seis puntos del candidato de esa tienda en su intención de voto para la primera vuelta. La última de estas encuestas fija en solo cinco puntos su posible ventaja en una segunda ronda (véase Página Siete” del 28 de abril).

Con todo el sesgo8 del trabajo del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG), con su metodología de “preguntas dirigidas” –y que es más bien de respuestas inducidas—, este contiene datos referidos a la “Situación nacional y personal” (páginas 6 a la 10) y la de “Metas personales” (12 a la 15), 7 El informe completo de la encuesta realizada por esta ONG, afín a los gobiernos del ALBA y al partido español PODEMOS, se encuentra en: https://n9.cl/8nhbz 8 Se la encuentra en: https://n9.cl/dzw4z Las señales de tal sesgo se observan, por ejemplo, en la “Intención de voto: primera vuelta” (21), que pregunta ¿por quién votaría con mayor probabilidad para presidente de Bolivia en las elecciones de octubre de 2019? Esa formulación mezcla dos interrogantes de naturaleza muy diferente: i) por quién se piensa votar y ii) quién supone el entrevistado que tiene mayores posibilidades de ganar (justa y correctamente o no). La “Proyección de segunda vuelta” (misma página) rompe con la lógica y la congruencia metodológica al “proyectar” votaciones para todos los binomios, en una ronda donde solo serán dos los competidores. En vez de preguntar, los responsables del trabajo prefieren “proyectar”.

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que resultan interesantes. Así, la evaluación positiva para el régimen (desde “regular bien”, un tercio del total, a “muy bien”, totaliza prácticamente un 65%, y llega al 80% si se le aumenta el 15% de “regular mal”.

Aún si las cifras están infladas, queda de manifiesto que el apoyo al gobierno radica en que parte importante de la población mantiene la confianza en su gestión económica. Aparentemente, el gran público no muestra hasta ahora señales de impacto o inquietud por las malas noticias sobre exportaciones, reservas monetarias o déficits persistentes. Esto se reforzaría, según el estudio del CELAG, por una sensación muy generalizada de movilidad social ascendente, que se concentra en la clase alta (57,7%) y en la media alta (53,3%).

La clave que puede unir y explicar los puentes entre visiones y deseos que muestran las encuestas, según las necesidades e intereses de los que las diseñan e interpretan, es que la mayor fortaleza del régimen continúa siendo su política económica, debido a que sigue infundiendo certeza, o ilusiones, de que se mantendrá un equilibrio que contrasta cada día más, con las noticias de desastres, desajustes o incertidumbres de varios vecinos y de otros no tan vecinos.

Los fervientes deseos, ampliamente compartidos entre extensos y diversos grupos sociales, consisten en no toparse con desastres económicos a la vuelta de la esquina y, sobre todo, con un clima de incertidumbre. Por ello siguen protegiendo la gestión del MAS; incluso grupos empresariales que, pese a su descontento con varias decisiones gubernamentales y a sus propios pronósticos del porvenir económico próximo, temen más a lo desconocido.

El pragmatismo y los vaticinios de las elites económicas

Los grupos empresariales más fuertes y experimentados entienden que, tomando en consideración todo lo que se juega en los meses previos a las elecciones, pueden obtener más ventajas que en el pasado. No se trata de intuición, sino de la evidencia dura que representan las importantes concesiones que ha obtenido el agronegocio con los agrocombustibles, la legalización formal del uso de OGM y los agrotóxicos, igual que la flexibilización de las normas ambientales, la extensión de la amnistía fiscal, etcétera.

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Por eso no aflojan la presión, que exige incorporar más semillas transgénicas (sorgo, maíz, algodón) a lo que llaman engañosamente “uso de la biotecnología”, así como la liberación de exportaciones, junto con sus duras denuncias sobre la lentitud con que YPFB recibe y compra el etanol, o la vacilación de sus políticas para que las mezclas con etanol vayan arrinconando el uso de la gasolina corriente.

Pese a todas las ventajas que les otorga el régimen, el pronóstico de sus expertos sobre el porvenir económico cercano es áspero con el gobierno, como se muestra en los siguientes párrafos: La política fiscal muestra rendimientos decrecientes. A mayor déficit fiscal menor crecimiento real en términos relativos. La deuda pública está creciendo más rápido que el PIB. Mientras que en 2014 se requerían 60 centavos por cada Bs que aumentó el PIB en términos reales, en 2017 se necesitaron casi 2 Bs. [A ello] se suman los menores ingresos externos y fiscales relacionados con la exportación de gas.

La ineficiencia del gasto público en Bolivia alcanza al 6.3% del PIB, solo por debajo de Argentina (7.2%) y El Salvador (6.5%), mientras que el promedio para América Latina y el Caribe asciende a 4.4% del PIB. El gasto fiscal escaló de 35% del PIB a 55% del PIB entre 1990 y 2014, (debido principalmente al) gasto en compras públicas, que se duplicó, subió de 17% a 36% del PIB. La economía boliviana se ha debilitado. Se crece menos y con un costo fiscal cada vez mayor; los rendimientos del gasto y la inversión pública son decrecientes. Los indicadores muestran […] riesgos potenciales para la estabilidad macroeconómica. También […] que la disminución de la pobreza y la desigualdad se ha detenido.

Bolivia vive todavía la inercia de un modelo económico receptor de ingresos extraordinarios, pero ahora, habiendo cambiado el ciclo económico, tiene cada vez más dificultades para mantener el dinamismo económico y evitar que los desajustes de la política fiscal se acumulen y erosionen la estabilidad económica y social y comprometan el crecimiento futuro9.

9 Las citas están contenidas en el “Análisis de Coyuntura” de la Fundación Milenio. Véase: https://fundacion-milenio.org/coy-422-problemas-y-retos-de-la-economia-boliviana/ Esta

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Si el predominante optimismo colectivo que dice detectar el CELAG puede ser exagerado (teniendo en cuenta la conflictividad social), es fácil percibir que la sensación térmica prevaleciente, en concreto sobre lo económico, no está en consonancia con el denso pesimismo del documento de la Fundación Milenio.

Los hechos que presenta su informe de coyuntura provienen de fuentes oficiales, pero su mensaje tiene dificultades en calar socialmente, porque sus críticas y tendencia de pronósticos catastrofistas se han estado repitiendo, sin mayores cambios, desde el mismo inicio mismo de este gobierno en 2006.

La gran diferencia radica ahora en que las fuentes de ingreso han mermado realmente, y no hay alternativas visibles que las reemplacen. Las empresas creadas para sustituir ingresos funcionan muy por debajo de su capacidad instalada y los réditos esperados no aparecen. En su lugar, predominan las deudas y obligaciones de pagarlas, y las vías de despilfarro y fuga de los recursos colectivos se mantienen y se ensanchan.

Por todo ello, el choque entre la realidad económica y las promesas oficiales, aunque todavía no inminente, empezará a manifestarse poco después de las elecciones. Las fuentes más explosivas de conflicto tienen hoy otras vertientes.

La quiebra de los “aparatos del orden” y los intentos de reparar los daños

Autores tan dispares como Weber o Poulantzas coinciden, desde ópticas y nomenclaturas muy diferenciadas, en que la función general del Estado es la preservación del orden; esto, a partir de que el Estado ejerce la violencia legítima mediante el monopolio del uso de la fuerza, para impedir que la explosión de contradicciones sociales se generalice. La Policía es habitualmente la principal encargada de ejercer esa función.

Entre los síntomas más claros de la crisis de Estado que vivió el antiguo régimen, vigente por medio siglo, hasta implosionar en 2005, ocuparon un ONG nació durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y se mantuvo estrechamente asociada a él. En la actualidad sus principales analistas son asesores directos o referentes intelectuales de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

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destacado lugar la corrupción, la ingobernabilidad y la insubordinación policial.

Esta situación no experimentó cambios profundos, inclusive cuando hace más de cinco años el presidente Morales Ayma dio un ultimátum a la Policía para que se transforme a fondo en un plazo máximo de tres meses.

Las reformas con que este gobierno ha intentado cambiar la realidad policial han caído, una tras otra, en los más decepcionantes fracasos. Sus únicas consecuencias perceptibles son que fracciones internas se imponen sobre otras, o la manera en que infidencias, solicitadas o no por algunos altos miembros del gobierno contra alguno de sus colegas, generan escándalos y, más raramente, alguna modificación del gabinete.

La constante es que el régimen de la “revolución democrática y cultural” mantiene e incrementa el control y el uso partidario de la Policía. Heredó esta práctica de sus antecesores, pero la ha elevado al paroxismo.

La seguidilla de descubrimientos de delitos metódicamente cultivados por gran parte, o por todas las cúpulas policiales, se ha hecho más frecuente y se ha acelerado hasta el vértigo. En lo que va del año parece haberse igualado la cuota del año pasado, en un menú que incluye cobros y exacciones a los aspirantes a ingresar a la Academia de Oficiales, múltiples modalidades de tolerancia, complicidad y directa participación en actividades de fabricación, distribución, exportación y comercialización de cocaína, cobros y chantajes en el manejo de ascensos y destinos y mucho más.

El destape de una sólida alianza de algunos oficiales policiales mimados por el gobierno y, en consecuencia, “atornillados” en sus puestos, deja completamente mal parado al Ministerio de Gobierno y a figuras clave del régimen10.

Se vive nuevamente una situación tan incómoda para el gobierno como la que se dio cuando el general René Sanabria fue capturado en 2011 en una acción conjunta de las policías de Chile y de Panamá11. En realidad, es algo peor, porque comprueba que no se logró mayores cambios en ocho años, en los que buena parte de los comandantes generales de la institución están presos o procesados.

10 Véase: https://n9.cl/0wvow; https://n9.cl/ftn20; https://n9.cl/dydnu0; https://n9.cl/h24h7 11 Véase: https://n9.cl/7c4dl

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

La intención de extender los daños que ha supuesto el apresamiento del jefe de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz y varias de sus conexiones, desvelando escandalosa y teatralmente que Carlos Mesa le vendió en 2009 un inmueble a un allegado del coronel Medina, termina volcándose contra la maniobra de la diputada oficialista denunciante, conocida difamadora de figuras incómodas.

Si en 2009 el hoy jefe policial imputado ya había incursionado en actividades criminales, es decir, tres años después de instaurado el gobierno de Morales, y durante diez tiene una carrera de continuo encumbramiento, el problema es del régimen que lo estuvo promocionando y amparando12.

Todo lo que pueda considerarse circunstancial o anecdótico en la Policía no debe inducir a perder de vista el panorama general, que indica una lesión gravísima en uno de los sustentos más importantes del funcionamiento y la autoridad estatal.

Si esto se conecta con el descrédito total de la administración de justicia y del TCP y la crisis del TSE, estamos ante una situación de imparable deslegitimación, que intenta sostenerse apenas erogando fortunas en propaganda y razzias de intimidación selectiva y ampliada.

La completa pérdida de entusiasmo de los afiliados del oficialismo para simplemente caminar unas cuadras o kilómetros para votar por su binomio electoral (en las “primarias”), o la atrevida transgresión que se manifiesta en votos blancos y nulos (en esa misma votación), es una pequeña, pero muy profunda y significativa muestra de disolución de la hegemonía y de una desmoralización interna de proporciones.

La jefatura masista —aunque quizás no el máximo caudillo, adormecido por el murmullo de los aduladores— llega a captar el peligro y arriesga fuertes y desesperadas apuestas para amortiguar los efectos.

La aprobación de un Sistema Único de Salud (SUS) —deseado, necesitado y reclamado por la mayoría de la población, que carece de cobertura sanitaria— pone de manifiesto el amplio consenso respecto a que ponerlo 12 Se trata de un verdadero regalo para Mesa, que lo necesita urgentemente en esta su fase de invisibilidad, dado que desnuda la baja calidad y sustentabilidad de las acusaciones oficiales en su contra.

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en pie y mantenerlo en el tiempo requiere una arquitectura institucional y un cambio consistente de la priorización de la inversión y el gasto público.

Tal orientación está divorciada del proyecto gubernamental, que utiliza al SUS como una promesa de seguro universal, inalcanzable en los términos previstos y manejados por el gobierno13.

Por si falla el plan de convencer que con un aporte pequeño se podrá atender un océano de necesidades, el ingenio oficial descubre periódicamente “mares de gas”14, como estuvo prometiendo por más de un año con la perforación del pozo ultraprofundo Boyuy X2.

Un trimestre feroz Es posible que el lapso entre julio y octubre próximos nos lleve a situaciones desconocidas por la dureza de choques y el despliegue de violencia simbólica y verbal.

Si las cosas se quedaran congeladas en el punto en que nos encontramos, para el MAS sería relativamente fácil conseguir los puntos que le faltan para ganar en primera ronda (especialmente con la ayuda del TSE y teniendo como guardaespaldas al TCP).

Pero, por lo menos desde el espacio social, las posibilidades de que el inmovilismo se extienda parecen completamente remotas. Cada conflicto reivindicativo —y con mayor razón si se conecta de alguna forma con reclamos democráticos— profundizará el desgaste que afecta al Estado.

Aportarán lo suyo los reclamos corporativos, ya sea del campo popular o del empresarial, y cada uno de ellos sumado a los anteriores diluirá con cierta facilidad la recuperación o el avance de la intención favorable votos para el MAS. Pero si el principal retador electoral del MAS decide mantener su estado cuasi catatónico, nada detendrá el triunfo oficialista. Tampoco hay posibilidades de que, cerca de las elecciones, los demás candidatos logren un milagro.

13 Véase el resumen del plan de los médicos colegiados en: https://n9.cl/uolyt 14 Véase: http://190.129.90.36/cambio3/?q=node/62897

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

Hay que contar con que, inclusive con la más rápida y ágil reacción, un eventual triunfo de CC no subsanará fácilmente sus debilidades congénitas respecto a su comprensión del país, ni a al origen, naturaleza, composición y estilo de la coalición política que impulsa su candidatura.

Por lo tanto, ya sea que ascienda un nuevo y débil equipo de gobierno, o que el MAS, por las malas o por las buenas, se quede controlando el Estado, el agotamiento de su modelo lo conduce, igual que a sus eventuales reemplazantes, a enfrentar turbulencias extraordinarias a poco de iniciado el período constitucional 2020-2025.

Abril de 2019

Incendio de bosques y de descontento social El boletín de análisis de abril preveía que el siguiente cuatrimestre (es decir, el que concluye el 31 de agosto) sería “feroz” debido a las pugnas electorales, el avivamiento de demandas sociales y los choques internos en el MAS. Pero no sospechaba que la situación se caldearía al grado al que ha escalado por causas ajenas a los afanes y maniobras de los actores y sujetos habituales.

La guerra de encuestas, el desbocamiento de la corrupción policial, las nuevas tramas chuecas en todos los altos tribunales, las presiones corporativistas, incluyendo los afanes gubernamentales por satisfacerlas o calmarlas, y las ofrendas militares de lealtad no han dejado de intensificarse.

Con todo, cualquier pronóstico empalidece ante el desastre ambiental que suponen los megaincendios que no dan tregua y que, por el contrario, se disparan, mostrando un significativo potencial de afectar la correlación política de fuerzas, la jerarquía de cuestiones que capturan la atención pública y, eventualmente, las tendencias electorales.

Praderas y bosques en llamas No exactamente la llanura, sino más bien la superficie ondulada donde predomina el bosque seco de la Chiquitanía, empezó a arder inconteniblemente desde antes de julio. Pasa lo mismo en la Amazonía, el Pantanal y el Chaco.

Los hechos han demostrado que no existía la menor probabilidad de que el Estado respondiera oportuna y eficazmente. Este Estado y sus contrahechas reformas arrastran una sólida y muy estable tradición de prescindencia ante estos problemas. Además, esta respuesta estaba destinada a ser

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menos eficiente, si cabe, en año electoral y de consolidación de los lazos y compromisos, cada día más íntimos, entre el poder político y los capitales transnacionales que alientan y favorecen los agronegocios1.

Este sector dominante, objetiva e incuestionablemente favorecido por la extensión de los incendios, ha actuado como un socio privilegiado de la estrategia sectorial del gobierno para extender las fronteras agrícola y ganadera2.

La firma del D. S. 3793 —que autoriza la tala y quema de tierras privadas y comunitarias— el pasado 9 de julio en sede de la Asociación de Ganaderos de Trinidad, Beni, sella y rubrica el conjunto de pasos que han ido acercando al régimen con la franja más activa y agresiva de la burguesía aliada al capital transnacional. Sus avances previos han sido la autorización e impulso de la siembra de grandes extensiones de soja y otros cultivos para producir etanol.

El trabajo constante y minucioso de operadores, como el ministro Romero y el vicepresidente en persona —que ha cultivado una relación continua y vigorosa con representantes de los agroexportadores y ganaderos mediante visitas asiduas a Santa Cruz—, ha rendido resultados remarcables que empezaron a manifestarse hace años3, principalmente a través de la 1 Al respecto, el especialista Carlos Guzmán Vedia opina que “Los incendios, que arrasaron con 500 mil hectáreas en la Chiquitanía, son consecuencia de la política de expansión agrícola que promueve el gobierno y los agroindustriales, ambos sometidos a la agenda global que imponen las empresas transnacionales de la alimentación y agrotóxicos, cerca del 60% del negocio de semillas transgénicas e insumos químicos en el mundo.” Véase el artículo completo se halla en el suplemento “Ideas” del matutino Página Siete del 25 de agosto de 2019.

2 Tanto es así, que en Brasil se ha descubierto una trama entre grandes ganaderos y mercenarios (grileros) que han iniciado quemas a una tarifa de 243.000 dólares por cada mil hectáreas calcinadas, comenzando el llamado dia do fogo (día del fuego). Véase: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2019/08/grupo-usou-whatsapp-paraconvocar-dia-do-fogo-no-para.html 3 Un recuento preliminar de las cesiones y concesiones legales y reglamentarias está contenido en el informe del periodista Cándido Tancara, donde se señalan, entre las principales: i) la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques; ii) la Ley 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; iii) el 15 de septiembre del año pasado, el presidente aprobó la Ley 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; iv) el D. S. 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades orientadas a la ganadería y agricultura, en Santa Cruz y Beni. Véase el artículo completo en: https://n9.cl/peyx5

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conversión de hostilidades entre el gobierno nacional-popular y la oligarquía asentada en el oriente en entendimiento, proximidad y colaboración4.

La seguridad que confiere al gobierno el haber sellado alianzas con un sector que, teóricamente al menos5, podría contribuir a superar los baches de la caída de ingresos por exportaciones, junto con las prácticas habituales de la militancia masista, han dado lugar, durante la tercera semana de agosto, a la indiferencia y altanería derrochada por los máximos ejecutivos del MAS ante las novedades del incendio.

Así dejó traslucir la actitud del jefe de Estado, cuando, a su regreso de la inspección aérea que hizo sobre la zona de Roboré, rechazó terminantemente la posibilidad de aceptar cualquier ayuda externa para enfrentar el desastre. “Estamos preparados”, afirmó (¡!). Lo mismo cuando defendió y justificó las quemas, al aseverar que las familias pobres de agricultores no pueden prescindir de ellas, o al calificar uno de sus parlamentarios como “ley bendita” la legislación que autoriza las quemas y talas6.

Antes de que transcurra una semana, debieron recular ante la indignación popular, que se avivó cuando circularon las dramáticas expresiones de cólera y desesperación de pobladores de la Chiquitanía al reavivarse las llamas y ante los mezquinos esfuerzos gubernamentales para enfrentar la crisis.

La completa concentración del MAS y la plana superior de gobierno en la campaña y los aprestos electorales ha influido para que su respuesta sea más lenta y torpe que lo esperado. Sumidos en esa dinámica, para quienes defienden sus puestos y, en gran medida, sus ingresos y estilo de vida en la cita de octubre, es difícil concebir algo más importante y apetitoso que las cifras estadísticas, los cotilleos, la movilización y los gastos que suponen las elecciones.

Adormecida, o más bien enterrada, la retórica ecologista que les ayudó a acceder al gobierno y controlar el poder, hoy destilan desprecio contra quienes les echan en cara el abandono de todas sus promesas, convertidas 4 Véase: https://n9.cl/4v5np; https://n9.cl/ggigr 5 En una proporción muy escuálida, ciertamente, dada su real y escueta productividad.

6 Un parlamentario masista llamó “benditas” a las normas prochaqueo y proquema, mientras que el gobernador del Beni las ha defendido a capa y espada, igual que representantes de la asociación de ganaderos de Santa Cruz, FEGASACRUZ.

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en leyes incumplidas y atropelladas continuamente, no solo por el gobierno central, sino prácticamente por todas las instituciones estatales, incluyendo las que están en manos de opositores.

La parálisis opositora ha impedido que ninguna de sus expresiones haya desplegado la sensibilidad, agilidad e iniciativa necesarias para responder a lo que podría convertirse en el más serio flanco electoral del oficialismo.

Se entiende que el exgerente de la CAO y exejecutivo de CAINCO, actualmente a la cabeza de la fórmula Bolivia dijo No (BDN), sea más bien reticente a protagonizar una ofensiva sobre el tema. Son menos fáciles de entender las razones que hacen que Comunidad Ciudadana (CC) no se aplique al máximo en una poderosa contraofensiva que enfrente y revierta la persecución que sufren importantes dirigentes de esa coalición7.

La duración e intensidad de las quemas está comenzando a afectar la campaña electoral oficialista, que desde la última semana de agosto despliega una gran ofensiva mediática sobre el tema, pero sin deshacerse de la torpeza y rispidez de sus mensajes. Esto podría contribuir a que la situación marque una inflexión en las tendencias de intención de voto observadas hasta este mes de agosto.

Por encima de si se produce esa alteración, asoman las señales de que ciertas franjas de la población, predominantemente jóvenes (más probablemente los que tienen entre 18 a 25 años) y urbanas, están desplegando reacciones de repudio hacia las autoridades y, en general hacia los políticos profesionales, al observar su irresponsabilidad y desidia respecto a la naturaleza. Dichas manifestaciones no se producían desde la IX Marcha Indígena, en 2013, y deben tomarse como expresión de una nueva actitud frente al cambio climático, que tiene posibilidades de politizarse e irse asentando en la conciencia y la memoria colectivas.

7 Hasta ahora, las ocasiones en que CC ha salido al ruedo a través de su principal candidato son casi exclusivamente aquellas en que Carlos Mesa ha sido directa y personalmente agraviado, o amenazado por el MAS y el gobierno. CC ha emitido un pronunciamiento sobre los incendios, pero muy lejos de lo que la situación amerita, aunque CC es la opción electoral cuyo programa se ocupa más y presenta un mayor número de ofertas sobre el medio ambiente. La falta de congruencia entre esa plataforma programática y acciones e iniciativas concretas da pie para que algunas de las más agresivas críticas a su programa provengan no del gobierno, sino de particulares que se definen como opositores del MAS y eventuales votantes de CC. Véase: https://n9.cl/l7co5

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Más allá de la estupidez o la maldad Ya no hay manera de ocultar o negar el viraje que ha conducido al gobierno a adoptar como propias las más importantes reivindicaciones y demandas de los exportadores de soya y otras oleaginosas y de los ganaderos más poderosos.

La disminución de los precios y volúmenes de exportación del gas natural y, en segundo lugar, de los minerales, ha tenido en la coyuntura una significativa influencia para determinar dicho cambio. Sin embargo, sería completamente engañoso cerrar los ojos al hecho de que después de la derrota de la ofensiva prefectural-empresarial de 2008, con la ejecución del húngaro-boliviano Rozsá Flores y sus compañeros8, gran parte de la cúpula empresarial, y en particular la de los agronegocios, decidió cambiar de estrategia y reencaminar sus relaciones con el gobierno.

La clave de esa operación fueron las coincidencias centrales entre ese poderoso sector económico y los miles de pequeños y medianos productores de soya y otras oleaginosas, que son parte de la ola de colonizadores originarios de la zona andina (o sus inmediatos descendientes) que se asentaron en las tierras bajas del este y el Gran Norte Integrado de Santa Cruz, desde la época de la reforma agraria y aún antes.

Estos agricultores, en su mayoría descendientes de migrantes campesinos, principalmente potosinos, que abandonaron su territorio nativo entre las décadas de 1950 y 1960, encontraron, gracias a un denodado y muy sacrificado empeño, primero un nicho en la producción de la caña y luego de la soya. Ambos productos recibieron un fuerte impulso de empresas agrícolas y del Estado. El auge de estos productos significó una ventana de ascenso social y una fuente de prosperidad para un grupo no desdeñable de estos agricultores9.

De modo que comparten prácticamente los mismos intereses con las grandes corporaciones del rubro. Por eso, exigen conjunta y solidariamente que el Estado derribe todas las barreras para el uso de semillas transgénicas 8 En Wikipedia se encuentra una reconstrucción esquemática de esos sucesos: https://n9.cl/ jz9em 9 Unas 11.500 familias, según la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO). Véase: http:// agronegocios.com.bo/cao-realidad-de-la-produccion-y-exportacion-de-soya-en-bolivia/

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y el paquete tecnológico de agrotóxicos que las acompaña. También son entusiastas propulsores y ejecutores de la ampliación de las fronteras agrícola y ganadera.

Tal entusiasmo se justifica, primero, porque el avance de la frontera les permite combinar sus ingresos agrícolas con un impulso extraordinario al mercado de tierra: los nuevos chacos talados y quemados se venden o alquilan, al final de una enmarañada red de participantes, a inversores extranjeros: brasileños, argentinos, colombianos, menonitas, etc. Es una práctica que comparten “democráticamente” los soyeros, independientemente de su tamaño y origen geográfico o étnico10.

La concurrencia de estos intereses, que han terminado por hacerse hegemónicos en el bloque de poder que controla al régimen, está en el centro de las explicaciones de por qué y cómo se han impuesto sobre otros componentes del conjunto corporativo del que depende su fuerza y su convocatoria.

No por ello dejan de ser menos patéticos los esfuerzos de quienes componen el núcleo de emisión ideológica y construcción de relatos sustentadores de la hegemonía, como se ve en los esfuerzos realizados por el vice García y el ministro J. R. Quintana, que se aliaron para impulsar, en los años de la VIII Marcha Indígena, la idea de que la resistencia al camino por el núcleo del TIPNIS provenía de ganaderos y madereros (los dos sectores más ávidos de caminos y carreteras) y el “heroico” esfuerzo del vice para demostrar ahora que en Bolivia la relación entre árboles y habitantes es superavitaria en favor de los primeros11.

El acuerdo entre las franjas más prósperas de colonizadores y excolonizadores —que controlan las organizaciones de cocaleros (quienes pretenden convertirse en soyeros y ganaderos en el TIPNIS, por ejemplo) y pequeños productores de soya— y la burguesía agroexportadora, es la fuerza 10 Algunas referencias importantes pueden hallarse en: https://n9.cl/4hah2; https://n9.cl/ ezegl; https://n9.cl/b2uq0 11 La comparación que hizo entre Bolivia y dos países europeos, en su discurso del 6 de agosto de este año, prescinde de la indispensable referencia a la densidad poblacional de cada país, a la enorme asimetría de superficies, a la latitud geográfica y, especialmente, a lo inútil del esfuerzo estadístico en una época de calentamiento global, en que el valor relativo, incluso de mercado, de bosques, biodiversidad, así como de fuentes de oxígeno y agua, es cada día mayor y, de hecho, inconmensurable.

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modeladora más importante de la orientación estratégica asumida por el MAS. Es también el corazón de su propuesta programática, que tiene su núcleo principal en la ampliación de la frontera agrícola y en la construcción de megarepresas.

El gran colapso de los tribunales La parcialización irrestricta del Tribunal Suprema Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el gobierno se hizo visible y ostentosa por lo menos desde 2014. También se puso de manifiesto que la corrupción de sus miembros fue clave para garantizar que los miembros del anterior TCP respaldaran sin ninguna vacilación la sentencia que justifica la reelección12. De manera paralela, casi todos los miembros del TSE removidos en 2015 tenían una actitud similar ante el gobierno.

El nombre de Pedro Montenegro13 se hizo popular por su fuerte presencia noticiosa, originada en disputas y acusaciones internas de jefes y oficiales de la Policía. Al entregarse voluntariamente a la justicia, permitió vislumbrar al público el contorno de una extendida red de contactos y relaciones entre el sindicado —representante del Primer Comando Central (PCC), grupo dominante entre los criminales de Brasil, y a la vez, delegado de la ‘Ndrangheta calabresa14— y altos jerarcas de la Policía y la judicatura.

Las conexiones de este personaje abarcan a jueces, fiscales, jefes y mandos intermedios de la Policía y a operadores políticos de peso. Están tan frescas y vigentes, que han operado rápida y eficazmente para impedir su extradición a Brasil, cuando la justicia ha aceptado condenarlo en Bolivia por un delito menor de falsificación de identidad.

Lo más importante de esta historia policial y política es que el amistoso y popular detenido ha resultado ser el centro de un denso tejido de conexiones con miembros del TCP y del TSJ, cuyo muy alicaído prestigio ha 12 Véase: https://n9.cl/xl8o3 13 Véase: https://n9.cl/abx83 14 Se sabe que esta asociación delictiva tiene una estructura organizativa y una capacidad­ económica que la coloca a la cabeza del rango mundial, con ventas de bienes y servicios que superan el PIB de nuestro país. Véase: https://www.researchgate.net/publication/304703163_› Ndrangheta_mafia_calabresa

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sido golpeado por las revelaciones del caso y por otras más recientes, que señalan la elección fraudulenta de uno de sus componentes. En el caso del Consejo de la Judicatura, las filtraciones descubren la venta de puestos de jueces y otras ilegalidades mayores en audios filtrados a medios de difusión masiva.

Los problemas que representan la corrupción policial y la del conjunto de máximos tribunales (igual que de los intermedios y los de base), incluyendo el Ministerio Público, carecen de respuestas realistas del conjunto de tiendas políticas y de cualquier otra institución. Esto lleva a estar atentos a la germinación de una coyuntura, similar a la que obligó en Guatemala a solicitar apoyo de NN. UU. con la creación de la CICIG15, quizás como única forma inmediata de encarar la corrupción y la impunidad.

Los desajustes y las señales de abuso de poder y de corrupción, ampliamente generalizados en toda la estructura estatal, y los gravísimos problemas del conjunto de instituciones sobre las que el Estado ejerce su capacidad coercitiva (judicatura, Policía, FF. FA.16, sistema carcelario), junto con el resquebrajamiento de la fuerza persuasiva de su emisión ideológica, empiezan a configurar una crisis política de dimensiones considerables. Si esta confluye con la que se está gestando a partir de los desajustes económicos acumulados, la convulsión social y política puede alcanzar picos no vistos desde inicios del siglo.

Intención de voto y actores electorales Varias nuevas encuestas publicadas en el cuatrimestre muestran que hasta inicios de agosto el MAS no había logrado romper la barrera que encierra su intención de voto entre el 25 y el 39% durante los dos últimos años; en segundo término, que todas las categorías que pueden agruparse como indecisos llegan a representar hasta un cuarto de los votantes.

15 Véase: https://www.cicig.org/que-es-la-cicig/ 16 La sonoridad de las manifestaciones públicas de respaldo de altos jefes militares al régimen deja fuera de cualquier duda el sistemático esfuerzo gubernamental por capturar la buena voluntad de los mandos castrenses. Cada exhibición de lealtad es retribuida con cargos diplomáticos y otros, así como con una benevolencia extrema de los tribunales cuando se ocupan de problemas de corrupción entre ellos o entre exmiembros de la alta cúpula militar.

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La relativa constancia de esta importante proporción y la respuesta muy constante y mayoritaria de los encuestados que creen que “el MAS ganará” hace pensar en la figura descrita académicamente como la “espiral del silencio”17. De lo anterior se desprende la posibilidad de que una gran parte de quienes manifiestan estar indecisos en realidad ya han decidido su voto, pero prefieren no comunicarlo a los encuestadores.

En la forma clásica de la espiral, los “indecisos” que ya se habrían decidido por la oposición se consideran minoría —debido a la predominante impresión de que “Evo ganará”, que en todas las encuestas se manifiesta por encima del 60%— y temen expresar su decisión. Esto no implica que estén contentos con que Evo ganará; simplemente creen que sucederá “por las buenas o por las malas”.

Pero también podría afirmarse que una porción significativa de los que no saben/no responden estarían conscientes de la enorme cantidad de evidencias y denuncias de abusos y corrupción que pesan sobre el régimen, por lo que se avergüenzan de manifestar abiertamente su decisión de votar por este. Y esta su opción obedece posiblemente a la incertidumbre ante las consecuencias económicas que podría traer el cambio de gobierno18.

Algo irrebatible es que la candidatura de CC ha ido perdiendo terreno (o, por lo menos, que la entusiasta adhesión original ha mermado, hasta hacerse también vergonzante), gracias a la omisión de esa fuerza y sus principales candidatos en la coyuntura. La emergencia de nuevas figuras en las listas parlamentarias y sus significativos mensajes localizados no logran quebrar la gran ausencia de las cabezas de fórmula, con lo que la debilidad 17 La teoría de la espiral del silencio surge en 1977, propuesta por la politóloga alemana Elisabet Noelle-Neumann, que explica cómo la opinión pública funge como control social, al plantear que las personas adaptan su manera de comportarse a las opiniones predominantes en su contexto social sobre cuáles conductas son o no aceptables. Esta conducta tiene su origen en nuestro natural temor al aislamiento, que podría darse si expresáramos opiniones percibidas como minoritarias. Por eso los individuos estamos constantemente “sondeando” el clima de la opinión pública para determinar qué opiniones podemos expresar. La llamada “espiral”, entonces, es la figura que se dibuja a medida que aquellos que tienen posiciones minoritarias son enmudecidos, y las opiniones percibidas como mayoritarias aumentan y se vuelven dominantes. Véase: https://n9.cl/lgskm 18 Es notable la casi unanimidad de las encuestas respecto al elevado nivel de confianza de la mayoría de encuestado sobre las perspectivas favorables de la economía del país, así como las altas expectativas de que sus familias se favorecerán de esa tendencia.

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que percibe el público en una fórmula “indecisa” o “vacilante” se consolida a favor del régimen.

En todo caso, la coyuntura de los incendios hace más difícil la acumulación oficialista, y favorece la posibilidad de una segunda vuelta. Para la oposición, débil y desconcertada y, en consecuencia, con desventajas notables, sería complicado hacerse cargo del gobierno. Pero, simétricamente, el enorme desgaste de credibilidad que afecta al oficialismo por su comportamiento ante el desastre de los incendios toca una profunda fibra nacional (mal uso o dispendio de recursos naturales) y desgasta notoriamente su legitimidad y credibilidad, en caso de que consiga reelegirse.

En estas condiciones, la disputa por cada voto puede ser extrema, tomando en cuenta que más de la mitad de las diputaciones uninominales se deciden en áreas rurales, donde las posibilidades de un riguroso control ciudadano del recuento de votos y la vigilancia de las actas resulta muy difícil. Algo similar se ha visto en algunos recintos de voto en el extranjero. Este eslabón débil marca la urgencia de subsanar tales deficiencias, que pueden decidir el resultado de la elección.

Tendencias prospectivas Las ausencias partidarias, parapetadas detrás de justificaciones electorales, han incrementado el desgaste del 21F como germen de movimiento social, amenazándolo con su extinción. El CONADE y los comités cívicos no alcanzan a cubrir la ausencia de dirección política. Eso no quiere decir que se haya olvidado la injuria del poder estatal al negar y atropellar la decisión democrática, pero empuja a que su reivindicación se canalice hacia otros campos.

La genuina indignación y, por momentos, los estallidos de furia y frustración, abren la oportunidad para articular movilización y organización sobre cuestiones ambientales y el indispensable debate y consideración sobre modelos de desarrollo alternativos, con protagonismo de la sociedad civil, no solo a corto plazo, sino en un horizonte mayor.

La restauración de los bosques quemados, de la biodiversidad, de la vida en la gran superficie afectada, abre un espacio para la acción de redes ciudadanas, ONG y otras instancias civiles, debido a que conecta con preo-

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cupaciones universales y con una justificada desconfianza ante el accionar estatal.

El vínculo de estas tareas con una visión democrática genuinamente intercultural, de derechos indígenas y de la naturaleza, con las tareas de rescate y fortalecimiento de la autonomía social y sus expresiones organizadas, así como la justificada desconfianza ante la acción estatal, brinda un ancho espectro para iniciativas y trabajos de alianzas múltiples y de gran riqueza y potencial. Los partidos políticos y las coaliciones electorales de toda estirpe están desconectados de esta realidad, y han demostrado su desinterés e ineptitud para asumirlas.

Agosto de 2019

La caída La Gran Quema de los bosques —el rasgo más destacado y apremiante del cuatrimestre anterior— disparó el incendio del escenario político cuando en las elecciones nacionales se desataron, en súbita explosión, contradicciones acumuladas y reprimidas. A ellas se suma la estupefacción que se apoderó de la dirigencia del MAS al comprobar el derrumbe de sus planes.

Sin que haya transcurrido siquiera un mes de la atropellada fuga del binomio del MAS, y sin haberse terminado de apaciguar los choques más intensos y sangrientos, aparece en el horizonte la posibilidad de que este partido gane la primera vuelta (la primera, no en la primera) de las nuevas elecciones, con posibilidades significativas de conseguir un peso crucial en la composición del próximo Parlamento.

No se debe perder de vista que, cualquiera sea la velocidad o los accidentes y desviaciones con que evolucionen esta coyuntura y las siguientes, los sucesos de octubre y noviembre marcan el comienzo del fin de un orden político.

El tránsito puede completarse en meses o, como ya nos ha pasado antes, puede tomar un tiempo más prolongado (piénsese en las décadas que demoró la cristalización del país diseñado en la Constituyente de 1937). Pero debe descartarse que culmine con la próxima elección.

Del “apagón” a la rebelión Con mucha anticipación a las elecciones, dos convicciones se habían arraigado vivamente en la opinión de una holgada mayoría de bolivianas y bolivianos, como lo mostraron múltiples y reiteradas encuestas en los meses

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

previos a octubre: una, que el MAS ganaría las elecciones, y la segunda, que ese triunfo se debería necesariamente al despliegue de un fraude.

Sin embargo, cuando la Transmisión del Recuento Electoral Preliminar de votos (TREP), a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se interrumpió bruscamente la misma noche de las elecciones, faltando menos del 17% de actas a verificarse —casi calcando la experiencia mexicana de 1989—, empezaron a manifestarse reacciones en cadena ante la sospecha de fraude, demostrando que en ningún caso la reacción ciudadana se mantendría pasiva o resignada.

Estas reacciones no se produjeron en frío; habían sido anunciadas con suficiente anticipación a través de expresiones de diversa naturaleza, a partir del triunfo del No en el referendo constitucional del 21F y las incontables manifestaciones que refrendaron esos resultados. La continuidad de ese movimiento social, que se mantuvo con oscilaciones por más de dos años, tuvo como expresión mayor al cabildo de Santa Cruz de la Sierra el 4 de octubre, que advirtió estentóreamente al gobierno que cualquier indicio de fraude sería contestado vigorosa e inmediatamente.

En esa masiva manifestación popular también quedaron prefigurados algunos de los nuevos y fundamentales rasgos del tipo de resistencia que se desplegaría ante la sospecha de manipulación del voto. Los más destacados fueron: i) el rol gravitacional que asumía Santa Cruz, a escala nacional, en una movilización de tales características; ii) la presencia central de jóvenes, adolescentes y mujeres en las movilizaciones; iii) el lanzamiento de nuevos actores políticos como protagonistas y iv) el encuentro y la alianza entre actores que previamente se hubiese considerado muy improbable o imposible (el más destacado: cívicos y CONADE).

Un rasgo adicional y de la mayor importancia, aunque fue reiteradamente desdeñado por las empresas encuestadoras y por el gabinete de campaña del MAS, es que la reacción social ante la Gran Quema de la Chiquitanía (y de la Amazonía, el Chaco y el Pantanal), y la porfiada resistencia gubernamental a declararla Desastre Nacional, se había convertido en el motor de la convocatoria de ese cabildo y de sus derivaciones en el campo electoral.

Más allá de lo electoral, en ese cabildo y en reuniones del Comité Cívico cruceño, en las que se abrió la participación al público, se expresó una

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profunda ruptura del llamado “modelo cruceño”: la quema de los bosques mostró una tajante separación de intereses entre los grupos empresariales que lucran con el agronegocio y la especulación con las tierras —como una suerte de subsidio a sus actividades agroganaderas— y la gente de a pie.

Parece que estos últimos empiezan a percibir que los bosques, las fuentes de agua, de oxígeno y de biodiversidad constituyen nuestra principal esperanza de sobrevivir y de sustentar nuestra existencia.

Otros problemas subestimados por el Ejecutivo fueron el reclamo cívico potosino sobre las condiciones en que se contrató la explotación del litio, la marcha indígena que exigía reparar los daños de la Gran Quema en la Chiquitanía y el inacabable pleito con los médicos.

Antes del “apagón” informático del 20 de octubre, que cortó la TREP, el primero en reaccionar fue el segundo en votación (Comunidad Ciudadana), con un mensaje del expresidente Mesa. Su equipo desbordaba de entusiasmo y sonrisas al sentirse prácticamente ganador de una segunda vuelta, asumiendo que no existía forma de que, con las pocas actas por verificarse, el MAS pudiese acumular los diez puntos de diferencia que requería para eliminar a sus contendores en la primera ronda.

Simultáneamente, la estupefacción se apoderó del MAS con estos resultados iniciales, obligándolo a postergar su anunciada conferencia de prensa. Cuando esta se realizó, dejó ver el rostro cariacontecido del candidato oficialista y sus más próximos seguidores, aunque paradójicamente cantaban victoria, seguramente amparados en la certeza que les daban los planes b), c) o d) preparados por su equipo, que tirarían por los suelos cualquier posibilidad de una segunda vuelta. Y es que en una segunda vuelta el triunfo de Morales sería simplemente inverosímil.

Resulta perfectamente plausible asumir que, incluso cuando las encuestas de por lo menos dos años antes mostraban consistentemente que el MAS no alcanzaría el 50% de los votos y que inclusive tendría dificultades para remontar los 40%, el presidente alentaba la secreta esperanza de que los resultados superasen tales límites. En términos absolutos, los 2,7 millones de votos que el TSE reconoció al MAS en la elección última apenas suman 145 mil votos a los que obtuvo en el referendo de 2016, y son casi medio millón menos de los que obtuvo en la elección de 2014.

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

Gráfico 1. Conteo rápido al 100% Evo Morales

43,9%

Carlos Mesa

39,4%

Chi Hyung Chung

8,7%

Oscar Ortiz

4,5%

Félix Patzi

1,2%

Virginio Lema

0,8%

Ruth Nina

0,7%

Victor H. Cárdenas

0,5%

Israel Rodríguez

0,3% 0%

25%

50%

Fuente: elaboración propia basada en Viaciencia.

Gráfico 2. Resultados oficiales del OEP

CC FPV

36,83%, 2.186.098 votos 0,39%, 23.028 votos

MTS UCS

1,27%, 75.525 votos 0,4%, 24.005 votos

MAS - IPSP

46,64%, 2.768.328 votos

21F

4,33%, 256.823 votos

PDC

8,8%, 522.538 votos

MNR

0,69%, 41.032 votos

PAN - BOL

0,64%, 37.835 votos 0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia basada en OEP.

30%

40%

50%

60%

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Bolivia 2013-2021

El desglose departamental de la votación se consigna en el cuadro siguiente; en el subsiguiente, el que corresponde al origen del voto, ya sea en el país o en el extranjero. A pesar de que estos resultados perdieron validez legal con la anulación de las elecciones, tienen importancia estadística y son bastante útiles para el análisis sociológico y político.

Tabla 2. Votación relativa por partido político conforme cómputo electoral por departamento en Boliva (elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019) Departamento

MAS-IPSP

CC

OTROS

MV

N

Beni

34,9%

34,8%

30,3%

0,2%

3.57

Chuquisaca

42,3%

44,2%

13,4%

-1,9%

2.62

Cochabamba

57,5%

32,2%

10,3%

25,3%

2.27

La Paz

53,2%

29,8%

17,3%

23,3%

2.60

Oruro

48,1%

33,0%

19,0%

15,1%

2.79

Pando

44,3%

40,2%

15,5%

4,1%

2.73

Potosí

49,3%

32,8%

17,8%

16,5%

2.75

Santa Cruz

34,8%

46,8%

18,4%

-12,1%

2.82

Tarija

40,2%

42,8%

17,4%

-2,2%

2.82

Bolivia

46,6%

36,8%

16,5%

9,8%

2,75

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (https://computo.oep.org.bo/#)

Los elementos que más destacan al revisar los datos son, en primer término, la tendencia predominante del electorado a concentrar sus votos; en segundo término, que estas elecciones prácticamente eliminan a los partidos como canal representativo válido. Puede añadirse que el factor decisivo para el triunfo del MAS es la votación proveniente del extranjero.

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

Respecto a la concentración de votos, los resultados por departamento muestran muy claramente cómo en todos, excepto Beni, más del 80% de los votos se canalizan hacia los dos primeros binomios.

Los resultados muestran un país que ejerce su democracia prácticamente sin partidos, o al margen de ellos, ya que el grueso de la votación beneficia al MAS, una coalición de organizaciones sociales; en segundo lugar, a Comunidad Ciudadana, que es un conglomerado de colectivos de activistas y militantes; finalmente, la votación de Chi, apenas amparada por una sigla comercialmente disponible, pero prácticamente carente de real vida orgánica y militante, como es el caso del PDC. La del FRI, que posibilitó la inscripción de CC, puede también inscribirse en esa categoría.

Sobrevivió, muy maltrecho ciertamente, el partido Demócratas, con su 4% de votación, como una referencia esencialmente regional y de proyección tan limitada como Unidad Nacional, que en estas elecciones optó por no exponerse directamente a los electores.

Ante este cuadro se percibe que, prospectivamente, los problemas que tendrá que superar el MAS están principalmente en su propio seno más que en la amenaza de terceros, ya que su unidad se verá sujeta a fuerzas centrífugas considerables durante el próximo proceso electoral. Depende casi exclusivamente de sus propias decisiones si consigue preservar su espacio de organización política mayor o si se embarca en un rumbo de desgaste y minimización.

Las tensiones entre los grupos corporativistas que le dan base y cuerpo se han agudizado en esta fase adversa, agregándose a las contradicciones que provoca una descendente capacidad gubernamental de satisfacer las exigencias y presiones de su dirigencia.

Las protestas iniciales contra resultados fraudulentos se inflamaron con la publicación del informe preliminar de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que pone en duda la autenticidad del brusco viraje que se observa con la reanudación de la publicación de datos, junto a otras anomalías, para concluir que la mejor solución, independientemente de los resultados, sería convocar a una segunda vuelta entre las dos primeras candidaturas.

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Noviembre ardiente El incendio del tribunal departamental electoral (TED) de Potosí el mismo día en que se dio a conocer el informe preliminar de la OEA fue la primera advertencia de la violencia que desataría el intentar imponer a cualquier costo unos resultados cada vez más dudosos. Ese ataque contra la instalación electoral (cuya autoría no se ha establecido) y otros hechos aislados abren espacio a las primeras acusaciones mutuas sobre quiénes impulsan y favorecen la proliferación de escenarios de violencia.

Al margen de tales rencillas políticas, la tónica prevaleciente entre las movilizaciones de resistencia fue pacífica, y tuvo como epicentro a Santa Cruz, mientras que la participación de los demás departamentos se caracterizaba por una cierta intermitencia en adoptar y cumplir las medidas adoptadas por el CONADE y las dirigencias cívicas.

La participación de los dirigentes políticos se limitó a pronunciamientos, en forma de comunicados, tuits o piezas audiovisuales. En el caso del candidato Chi, ya sea por la sorpresa del momento, ya por inexperiencia o por un soterrado pacto con el régimen, mantuvo un continuo y hermético silencio, apenas roto cuando las circunstancias no le dejaban otra salida.

En conjunto, y durante todo el desenvolvimiento de los conflictos, los candidatos y sus organizaciones exhibieron una completa falta de aptitud para ponerse al frente de la movilización y para generar pautas que la orienten. La masiva concentración convocada por CC el 28 de octubre en La Paz daba pistas seguras de la disponibilidad social para encaminarse bajo una conducción y, simultáneamente, desnudaba el vacío que recibía como respuesta de los dirigentes, que apenas atinaban a hacer acto de presencia, pero sin un plan estructurado para enfrentar la situación.

Esta ausencia amplió el espacio para la aparición de sujetos y grupos que se destacaron en las movilizaciones. Los comités cívicos se convirtieron en ese momento en un hervidero de aspirantes a montar la cresta de la ola; de ellos, Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz, y Marco Pumari, de Potosí, se ubicaron fácil y vigorosamente por delante. En cierto momento, cada uno por su cuenta, había respaldado a Carlos Mesa como la opción electoralmente viable para enfrentar a Morales Ayma, pero ante la indomable

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resistencia de ese dirigente para asumir el rol de conductor político, ninguno perdió la oportunidad para proyectarse a sí mismo.

Especialmente Camacho, que se apresuró al máximo —exhibiendo un claro aprendizaje de los errores que cometió la élite cruceña en 2008—, se arrebujó en una bandera nacional y, escudándose tras una biblia y un rosario, desplegó un espectáculo con generoso derroche de testosterona que capturó la atención, y pronto también la adhesión de los miles que concurrían a los cabildos de Santa Cruz de la Sierra y otros en toda la geografía del país.

Con un discurso sencillo y binario, muy parecido al del MAS en el sentido de “somos los buenos” y los otros “los malos”, lanzando promesas tremendas —como la de posesionar a Mesa si Morales no renunciaba— y prodigando señales de intrepidez, empezó a copar la escena mediática, al mismo tiempo que el paro cruceño rompía récords y expectativas.

Fue superando así, con inesperada facilidad, los vetos y recelos que provoca su inconfundible pertenencia a las élites oligárquicas y sus inclinaciones políticas e ideológicas, demasiado emparentadas con las de personajes de la estirpe de Jair Bolsonaro.

La máxima concesión a la que atinó el MAS, ante la persistencia y la expansión nacional de la resistencia, fue abrirse a una auditoría encargada a la OEA que, de cualquier manera, no alteraría su mayoría parlamentaria en ambas cámaras. En ese momento confiaba, aparentemente, en que los guiños amistosos que le había regalado Luis Almagro, secretario general de ese ente, durante una visita a invitación de Morales Ayma, eran suficientes para no temer sorpresas desagradables.

De todas formas, el contrato que pergeñó y suscribió unilateralmente con la OEA le daba de la libertad de rescindir unilateralmente y sin explicaciones el convenio. Para mayor seguridad, ordenó al TSE que publicase el 24 de octubre los resultados “finales y definitivos” del escrutinio, con lo que, según la legislación boliviana, resultaban irrevisables e irreversibles.

Correlativamente, la tensión y la violencia se incrementaron, hasta que corrió sangre con dos muertos en la ciudad de Montero, Santa Cruz, el 29 de octubre. A continuación, la fuerza adquirió centralidad en la escena cuando el gobierno decidió impedir que Camacho se apersonara en la sede

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de gobierno el 5 de noviembre, para entregar una carta en la que exigía la renuncia del presidente.

Preso de un febril acceso de algo demasiado parecido a la superstición, Morales y su equipo ordenaron, de manera inocultablemente irracional y frenética, que altos dirigentes del MAS, autoridades y exautoridades (un exministro de Aguas y una de Justicia, entre otros) asalten y copen el aeropuerto internacional de El Alto para impedir que el cívico salga de esas instalaciones. Con el apoyo de bandas de militantes y, según algunas denuncias, de mercenarios comunes, ejercieron violencia racista y discriminatoria sobre los pasajeros cuyos documentos indicaban que habían nacido en Santa Cruz, vejándolos y humillándolos, para luego devolverlos a su ciudad de origen cual si se tratase de migrantes extranjeros ilegales.

Lejos de aprovechar la oportunidad única que le otorgaba Camacho al gobierno, con su anuncio de que obtendría su renuncia simplemente entregándole la carta y “llevando la biblia” a Palacio, en vez de recibirlo cordial y atentamente y pedirle que espere el tiempo que tome la respuesta, Morales, con sus acciones represivas, eleva la figura del cívico a un sitial donde, simbólicamente, adquiere la misma importancia que el jefe del Ejecutivo.

En vez de sumergirlo en la impotencia y el ridículo —como percibieron como riesgo inminente algunos de sus seguidores cuando el cívico anunció que su tiro de plata era la simple entrega de su carta—, la ira desorbitada del régimen rescata a Camacho y lo inserta en el Olimpo de los vencedores.

La asociación entre su figura y la del potosino Pumari crea, además, rápidamente, la ilusión de una dupla que representaría al conjunto del país, capaz de coronar el triunfo de la movilización popular. Eso la convierte en carta ganadora en unas nuevas elecciones que ya se habían impuesto, como una fórmula que desplazó la demanda de segunda vuelta que estuvo vigente hasta fines de octubre.

Para ese momento, la movilización retomaba a plenitud las reivindicaciones del 21F, al incluir la aplicación de la prohibición constitucional para que Morales y su acompañante García participasen en los comicios de 2020.

El pedido de renuncia terminó por desbordar a los dirigentes políticos profesionales y los puso, definitivamente, a la cola de los acontecimientos.

Ese pedido actúa, además, como gatillo de la violencia in crescendo que

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

sucede a la toma oficialista del aeropuerto de El Alto, y neutraliza la tardía invocación de Morales Ayma a un diálogo, que es solamente aceptada por Chi, quien se retracta casi de inmediato.

Pocos sabían que el mensaje forzadamente conciliador del presidente era una desesperada —pero ya inútil— respuesta, que lanzó al haberse enterado de que la auditoría de la OEA emitiría un informe preliminar que deslegitimaba completamente las elecciones del 20 de octubre.

Este último elemento redondeaba la percepción pública de que el MAS haría cualquier cosa para retener el poder. El partido lo había anunciado abiertamente en múltiples oportunidades y, más recientemente, con la amenaza directa de Morales Ayma (convertido en vocero) de cercar a las ciudades para derrotarlas por hambre, en un acto con cooperativistas mineros el 26 de octubre.

La inclemente represión policial de las manifestaciones y bloqueos juveniles y femeninos en las ciudades, y su aterrada respuesta al arribo de la carta de renuncia, habían terminado por cerrar el círculo de incredulidad y rechazo no solo de quienes votaron contra el MAS en octubre, sino de una parte considerable de los que persistieron en apoyarlo, como permitió descubrir semanas después la primera encuesta de intención de voto publicada luego de estos sucesos.

Matanzas y el éxodo de los no valientes Hasta el momento de redactar este informe, no fue posible localizar un solo documento o testimonio que anticipara la posibilidad de que Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera escaparan, más o menos despavoridos, solicitando asilo a los pocos días de culminadas las elecciones nacionales. Por el contrario, existía un cerrado consenso de que nada impediría su nueva posesión a principios del próximo año.

La primera fuga del Ejecutivo de la ciudad de La Paz al Chapare desconcertó a una gran mayoría, e hizo temer que la rabiosa ola de violencia, verificada principalmente en la sede de gobierno y en Cochabamba, podría extenderse incontrolable. Sobre todo porque, ya en esas circunstancias, se percibían diversos y vehementes indicios de que el MAS había preparado grupos parapoliciales y paramilitares capaces de embestir frontalmente con-

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tra la resistencia, junto con una narrativa que subrayaba la supuesta proscripción y sometimiento de “los indios” a manos de los enemigos del MAS. Las características de incuestionable orientación terrorista, en el sentido más estricto del término —es decir, la ejecución de acciones violentas contra la población civil desarmada y, muchas veces, ajena a los enfrentamientos— que se verificaron la noche del 10 de noviembre en las laderas surorientales de La Paz, en El Alto y en otros sitios presagiaban que los personeros del régimen habían decidido desplegar una ofensiva a gran escala para asegurar su inamovilidad y su blindaje ante acciones legales.

Cuando se trata de comprender las causas profundas que llevaron a que Morales optara por renunciar, y huir primero al Chapare y luego a México, trizando (como se ha afirmado) todos los pronósticos al respecto, la mayor de todas parece ser el anuncio del Alto Mando militar de que se sumaría a las fuerzas policiales para contener la expansión de la violencia callejera.

Con ello contradiría las expresas y continuas instrucciones de Morales y sus ministros de no auxiliar a la Policía.

La pérdida de control sobre las FF. AA. trastorna la estructura básica del imaginario con que el expresidente empezó a gobernar desde el primer día. En este destaca una marcada nostalgia por su época de conscripto, a la que se suma la más profunda devoción hacia lo militar. Esta suerte de fetichismo por lo castrense —amén del pragmatismo generalizado entre los dirigentes políticos bolivianos— se expresó en privilegiar sus relaciones con la cúpula de la institución armada (en sagradas reuniones semanales de “coordinación”), premios y beneficios especiales, incluyendo cargos y designaciones diplomáticas a excomandantes, con una protección manifiesta en casos de acusaciones contra sus miembros y la total adhesión del gobierno hacia los mandos cuando suboficiales demandaron la descolonización de las Fuerzas Armadas.

La pérdida de control de los militares, sumada al conocimiento del adelanto informativo de la auditoría de la OEA, consigue finalmente quebrantar su ánimo, que hasta ese momento había encajado, aparentemente sin mayor problema, el carácter plenamente nacional de la resistencia popular, e incluso la insubordinación policial.

El pico violento ascendió con un simétrico incremento de muertes cuando, apelando a una sentencia constitucional de 2001, los senadores

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del partido Demócratas ungieron a la segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, Jeanine Añez, como presidenta interina. Con ello desbarataron el plan masista de forzar, mediante las renuncias en cadena de las tres primeras autoridades, un vacío de poder que permitiría a Morales Ayma retomar el control del Ejecutivo.

El desconcierto masista se expresa, en un principio, en la combinación de acciones callejeras con la victimización de Morales Ayma, presentado en vitrina como un reformador social atacado por el imperio y la extrema derecha.

El fraude y el nuevo gobierno El informe preliminar de la OEA, señalando grandes anormalidades en la elección, así como la renuncia del presidente, el vice y la presidenta del Senado, crearon una oportunidad única para que la astucia leguleyesca, tan recurrente en nuestra historia, brille en una combinación ejecutada por el equipo de Demócratas y allegados a Luis F. Camacho, con asesoría de un abogado y exlegislador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La búsqueda de una fórmula que permita alguna posibilidad de sucesión constitucional encuentra una declaración del entonces Tribunal Constitucional (la 0003/01 del 21 de julio de 2001) que se ajusta al requerimiento.

Con esa declaración constitucional en mano, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez Chávez, acude al TCP para consultar si, sobre esa base, puede pasar a ejercer el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante un mecanismo de sucesión ante la ausencia de quienes la preceden en el orden constitucional. Con fulgurante rapidez, el TCP afirma, sin reservas ni embrollos, que la sucesión procede. Así, en una sesión de la que están ausentes dos terceras partes de los senadores, jura al cargo y se posesiona, cumpliendo su aspiración y la de Luis F. Camacho de hacer retornar la biblia al Palacio Quemado.

El resultado práctico de la huida de Morles Ayma y García Linera, que escondía un plan de retorno rápido, es el ascenso vertiginoso del número de muertes durante las movilizaciones en Senkata, El Alto, y Sacaba, al ingreso a la ciudad de Cochabamba. En este caso las víctimas son, en su

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mayoría o en su totalidad, de los grupos que piden la destitución de la presidenta Añez, el retorno de Morales y el desagravio a la whipala, que había sido quemada y arrancada de uniformes policiales.

Sobre estos cimientos se abre la todavía vigente pugna sobre la veracidad de que la renuncia de los hombres y mujeres fuertes del régimen masista se debe a un golpe de Estado o no. La izquierda internacional ha respondido casi unánimemente, proclamando a grandes voces, que no hubo fraude y que el golpe de Estado es incuestionable. Son pocos los cuadros progresistas que, conociendo la travesía cada vez más autoritaria, antiindígena, desarrollista y “extractivista” del MAS, interpretan que el régimen ha implosionado y generado las bases de su propia caída.

Pero, ya se trate de posiciones que afirmen la existencia del golpe o de las que la refuten, suele perderse de vista que el hecho esencial a dilucidar es la situación de legalidad —previa, durante y ulterior a su salida— del gobierno. Desde esta posición se advierte que el cimiento de toda la institucionalidad y legalidad del país, que es la Constitución Política del Estado, estaba en suspenso desde el 28 de noviembre de 2017.

En esa fecha el TCP —conformado por un grupo de adherentes al MAS, debido a que fueron seleccionados como candidatos por ese partido para las primeras elecciones judiciales—, emitió el fallo 084-2017, que declara, a pedido de la bancada oficialista, que nuestra Constitución es inconstitucional. Por ello procede a la simple supresión o ilegal reforma (sin consulta popular) de los artículos referidos a reelecciones y, más importante todavía, anula de hecho el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, sin siquiera mencionarlo, cuando ellos, al igual que cualquier otro funcionario juez, carecen de potestad para hacerlo.

Dos días antes de terminar su mandato, esos funcionarios oficialistas —coaccionados además por la amenaza de que se ejecutarían decenas de procesos por corrupción contra ellos si no fallaban favorablemente— deciden que la CPE solo puede aplicarse si cuenta con su venia. Es decir, la suspenden inmediatamente ya que, en cualquier controversia constitucional, son ellos y no el texto constitucional, ni la voluntad soberana del pueblo, los que deciden. Sus reemplazantes, hoy en funciones, avalaron íntegramente su criterio y su conducta.

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Si el gobierno de la señora Añez obtuvo de ellos un gesto tan amistoso como la venia que le otorgaron, debe buscarse la causa en el espíritu oportunista de los componentes de esa institución y el profundo temor de que se les pida cuentas por sus fechorías, especialmente la monstruosa reforma de la Constitución.

La desatención que se presta desde las esferas oficiales al gran margen de maniobra del TCP, al omitir una enérgica y rápida rectificación del verdadero golpe de Estado que ejecutaron en 2017, es propio del origen, contextura y límites del gobierno interino.

En esencia, dicho gobierno es resultado de una alianza pragmática de dos alas de la clase dominante tradicional, que ha afincado sus mayores negocios (agroganaderos, financieros y comerciales) en Santa Cruz. Confrontadas duramente desde 2008, sus representantes más conocidos son el gobernador Rubén Costas, que también encabeza a Demócratas, y en la vereda del frente, Branco Marinkovic, exdirigente cívico, mentor y respaldo principal de Luis Fernando Camacho.

Mientras que la primera encontró mecanismos de coexistencia y convivencia con el MAS, la fracción de Marinkovic tuvo que soportar el exilio de su máximo representante y participar soterradamente, y sin directo derecho a voz y voto, en los espacios que abrió el MAS para compartir con el empresariado y, a continuación, para otorgarle un espacio protagónico en la próxima fase de su gobierno, que debía iniciarse el próximo 23 de enero.

El programa de reelección de Morales Ayma y García Linera, la Agenda Patriótica, prueba las relaciones carnales entre la cúpula del MAS y su base colonizadora-empresarial soyera (incluyendo la pequeña-mediana) y la cúpula empresarial agroganadera, financiera y comercial asentada en Santa Cruz. Estas fracciones sociales no se sienten completamente representada por el partido Demócratas, que es por el momento la organización política más afín a ellos; por ello, es posible que el proyecto electoral de L. F. Camacho les resulte más atractivo. ´ La fracción minoritaria, pero muy poderosa, de Marinkovic, que no gozó de las preferencias y de la proximidad con el gobierno que consiguió la primera, se puso a la cabeza de la oposición corporativa empresarial contra Morales y Costas. Ante la renuncia de Morales, Camacho, el Comité Cívico y la facción de Marinkovic consideraron la posibilidad de impulsar

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un acuerdo cívico-militar, pero retrocedieron ante el muy alto grado de incertidumbre y debilidad que suponía.

Se ha conformado así un gobierno de naturaleza profundamente conservadora, “cuoteado” entre los Demócratas y los allegados a L. F. Camacho (Marinkovic), que representan al sector más duro en las carteras de Gobierno, Defensa, Comunicación y Cancillería.

De manera unánime y compacta, cayendo inclusive en actitudes caricaturescas, el gabinete de Añez ha realizado extraordinarios esfuerzos para “reparar” las relaciones con Estados Unidos. Han sido tales sus ansias, que la representación de ese país ha tenido que aclarar que la restitución de embajadores llevará un tiempo y que, en consecuencia, era prematuro nombrar embajador al encargado de negocios Oscar Serrate Cuéllar.

El arraigo de las peores y más antiguas mañas que caracteriza lo mismo a la militancia de Demócratas, como a sus detestados pero inevitables socios camachistas, ha empezado a filtrarse cotidianamente en las noticias sobre nepotismo y tráfico de influencias en el Ejecutivo, o en la selección de ternas de vocales para los TED en lugares como Santa Cruz.

Las disyuntivas del MAS Los hechos han probado taxativamente —como se ha sostenido reiteradamente en esta serie de análisis— que el carácter corporativista del MAS es, al mismo tiempo, fuente de su potencia y de sus mayores vulnerabilidades.

Los grupos corporativos que son la base del MAS, ya sea como organizaciones sociales o asociaciones gremiales de diverso tipo, tienen desarrollado el más fino olfato para detectar las situaciones favorables a sus intereses sectoriales o, en su caso, los riesgos que pueden amenazarlos.

La unidad alrededor de Evo Morales Ayma y del MAS fue hasta ahora la mejor forma de protegerse y de negociar —y también de pugnar con las corporaciones afines—; sin embargo, su caída promueve revisar posiciones.

La súbita desaparición de Morales del centro de la escena descompone este orden de equilibrios precarios, que requería indispensablemente de un caudillo fuerte y con capacidad de mediador y árbitro indiscutible. Su

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ausencia activa hondos y complicados resentimientos —posiblemente cercanos a una sensación de orfandad—, pero también agudiza los reflejos de autopreservación y, de este modo, eriza los roces y las disputas internas.

La autonomía relativa que ha ostentado la bancada del MAS, con sus diferencias entre duros y flexibles, exhibe el proceso de adaptación de sus componentes. Ese juego le ha permitido al gobierno interino, compuesto por políticos entrenadísimos en las artes de la componenda, frenar la oleada bélica que promueve Morales, apoyándose en el grupo más próximo de la burguesía burocrática de Estado, generada por el régimen, y de la burocracia sindical asociada.

La aprobación unánime de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de las Elecciones Generales, que incluye la elección de los miembros del TSE y excluye a Morales Ayma y García Linera como candidatos, representa un retroceso del dominio absoluto ejercido por Morales y muestra fisuras que pueden ensancharse y amenazar la inquebrantable unidad monolítica del MAS. Su último ampliado, el sábado 7 de diciembre de 2019 en Cochabamba, proyectó una imagen unitaria en torno a las consignas más duras, en un ambiente tal que le permitió a Morales, mediante comunicación telefónica, tratar de liquidar el estigma de prófugo y cobarde, al mostrarse como un león rugiendo: “Cualquier momento, quiera o no quiera la derecha, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pronto voy a estar en Bolivia para que juntos enfrentemos las elecciones y las ganemos como siempre lo hemos hecho”.

La frase refleja claramente el ánimo y los objetivos del líder, pero su aparente claridad y decisión no se compadecen de las dudas, la desconfianza, los temores y los celos que priman ahora en amplios sectores de su militancia organizada. Las contradicciones y tensiones internas del MAS se van resolviendo hasta ahora, una a una, bajo una dinámica muy reñida de tendencias en pugna.

La elección de candidatos para las elecciones definirá el grado y el número de divisiones internas a las que tendrá que enfrentarse en el futuro.

Pero si el grado de estupidez que precipitó su caída es igualado y superado por la oposición política, como ha ocurrido casi ininterrumpidamente desde 2006, sus expectativas pueden mejorar mucho.

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Panorama económico En lo que hace a la situación económica, aunque no se ha ingresado en una espiral de crisis, su grado de deterioro predispone a que las disputas por excedentes se agudicen (presiones salariales, exigencias de privilegios sectoriales para empresarios, cooperativas mineras y otros similares) y generen protestas sociales. El ministro del área, que es uno de los cuadros más experimentados y prudentes del gabinete, ha aseverado que no hay catástrofes en puertas, ni necesidad de ajustes bruscos durante la duración del gobierno provisional.

El resumen preparado por el economista Gonzalo Chávez, que se cita a continuación, es menos optimista: La economía está desacelerada. En este periodo que termina llegaremos al 3% del PIB, máximo.

[Acumulamos] cinco años consecutivos de déficit en cuenta corriente, que incluye el desajuste comercial (importaciones mayores que exportaciones). En el 2019, el déficit en cuenta corriente llegará al 5% de Producto Interno Bruto (PIB).

Se gasta e invierte mucho más de lo que se recauda con impuestos.

El déficit público acumulado es superior a 12.000 millones de dólares y en 2019, la brecha fiscal será superior al 8% del PIB. La pérdida de reservas internacionales del Banco Central fue de 8.500 millones de dólares desde 2013. Gastamos 1.417 millones por año de nuestros ahorros para mantener una burbuja de consumo e inversiones públicas de dudosa rentabilidad.

El incremento de la deuda externa llegará a más del 25% del PIB y la deuda interna subió en un valor similar.

Las empresas públicas presentan serias dificultades financieras.

Excesiva o no, esta visión prima entre los técnicos y los dirigentes opositores. Es necesario prestar especial atención a dos variables, no explícitamente mencionadas por Chávez: la disminución del margen entre los ingresos que percibe el país por exportación de gas y lo que debe gastar en importar diésel y gasolina, así como el continuo crecimiento de las importaciones de alimentos. La suma de importaciones solo de combustibles y

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alimentos en 2018 se aproxima a los 2.000 millones de dólares, mientras en ese año nuestras exportaciones de gas llegaron a 2.334 millones de dólares.

La movilización contra el fraude, por la defensa de la Constitución y la democracia, da serias pistas para suponer que cualquier ajuste económico, al estilo Fondo Monetario Internacional, practicado por Macri, Temer, Bolsonaro o Lenín Moreno, se topará con una muralla social tan seria como las que se han visto en Chile y otros vecinos.

El MAS puede especular que estas reacciones reflejarían algún tipo de fidelidad a su sigla y modelo, pero no puede estar más equivocado porque en las circunstancias presentes, de haberse impuesto y asegurado su continuidad, nos hubiera colocado en breve, como sociedad, ante la disyuntiva de aceptar paquetazos económicos. Esto, debido a que su plan de nuevas grandes y fallidas inversiones en un patrón industrialista obsoleto, con alto endeudamiento y devastación intensiva de la naturaleza, aceleraría las contradicciones sociales y las protestas.

Cambio de época El principal riesgo de que se reactive la violencia proviene de la estructura del MAS, que constituyó una especie de oleocracia —usando el término creado por Marcelo Quiroga Santa Cruz— de fracciones campesinas enriquecidas, que apostaron por un modelo capitalista depredador y basado en la expansión del mercado y la especulación de tierras como punto de encuentro y entendimiento con la burguesía más concentradora de capital.

Esta última prefiere, ciertamente, una representación política surgida de sus propias filas, pero al estar entrenada a coexistir provechosamente con un régimen corporativista, no tendría mayores dificultades en reactivar dicha alianza si las circunstancias lo requieren.

Durante estos 14 años, desde el centro del poder se trabajó incansablemente para cerrar paso a la transformación del viejo Estado para transitar al Estado plurinacional bosquejado en la Constitución. Del mismo modo, se canceló cualquier aproximación a la pluralidad económica y democrática, a la descentralización y las autonomías; a una verdadera y amplia participación y a un control social sobre el Estado. Se restringieron los derechos colectivos de los pueblos y se castigó severamente la disidencia y la oposición.

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Llegamos al final de la experiencia de un tipo estatal corporativista, altamente centralizado y de nítida orientación autoritaria, expresivo de un bloque social de campesinos ricos (fracciones de cocaleros y soyeros medianos), contrabandistas y burguesía importadora de bienes de consumo, cooperativistas mineros y una burguesía burocrática de Estado. Su acumulación propia se basó en la colonización y el tráfico de territorios colectivos (reservas naturales) e indígenas, en corrupción intensiva y permisividad con el negocio de cocaína.

Aliada con la burguesía agroexportadora, la banca y la burguesía comercial tradicional (la nueva de origen popular ha sido parte del bloque de poder), consiguió mantener las políticas económicas más exitosas de la región en términos de expansión del consumo, de crecimiento improductivo del PIB, un cierto nivel de redistribución y buena contención de la inflación, manteniendo privilegios y concesiones para los sectores corporativos que le fueron leales.

Son el funcionamiento del tipo de Estado y el bloque de poder sobre el que se fundó los que se han hecho insostenibles, y condujeron a la caída del gobierno del MAS. Esto marca el comienzo de un cambio de época, que conducirá al realineamiento de coaliciones sociales y bloques de poder capaces de expresar eventualmente un horizonte y proyecto de país que, de momento, no asoman en ninguna parte y, menos aún, en el plano electoral.

Es bastante evidente, además, que tampoco existen condiciones para una simple restauración del orden previo y para la reinstalación de la paz neoliberal de la última década del siglo XX. Como no asoman señales perceptibles del alumbramiento de un nuevo proyecto, el tránsito a un nuevo orden puede resultar prolongado y, mientras más se extienda su espera, resultará más difícil y agónico para nuestra sociedad.

Toda la algazara masista respecto a que su “Agenda 2025” (o “Agenda Patriótica”) proyectaba el modelo social comunitario a un nivel superior, donde finalmente se abría paso completamente la “industrialización de los recursos naturales” y se empezaba a cambiar el patrón productivo, nunca pasó de ser una expresión de deseos y propaganda pura. Sin embargo, importantes sectores afiliados o votantes del MAS creen en su veracidad y están convencidos que esta agenda expresa los planteamientos que ellos hicieron en las rondas de socialización de dicha propuesta en la fase preelectoral.

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En realidad, como se ha insistido en varios de estos análisis, la propuesta electoral se resume en la construcción de megarepresas + ampliación de la frontera agrícola + contrato para explotación litio. Dicho de otro modo, un proyecto devastador de la naturaleza, endeudador a escala gigantesca y de subordinación nacional ante los financiadores del plan.

Todas las propuestas electorales sometidas al voto en octubre aceptan, resignada o entusiastamente, nuestra completa dependencia de la explotación de hidrocarburos, que, con la minería y las exportaciones agroganaderas, serían las fuentes prácticamente únicas de los ingresos nacionales.

Todas admiten que el cambio climático y la precariedad de los avances contra la pobreza y la desigualdad deberían impulsarnos a cambiar el patrón productivo. Pero, en esencia, hay una coincidencia unánime, no necesariamente explícita, de que la transición requiere no menos de dos décadas —el mismo plazo mencionado por García Linera como necesario “para superar el extractivismo”—.

Por lo general, esos planes omiten tomar en cuenta las advertencias del panel de expertos de Naciones Unidas en sentido de que estamos muy cerca de que el cambio se haga irreversible, y sus consecuencias destructivas, incontrolables.

La diferencia más grande entre el MAS y los otros es que el primero gira en torno al protagonismo estatal y los demás, a la inversión privada y extranjera. Comunidad Ciudadana introduce el matiz de proponer una política pública claramente más amigable con el medio ambiente, pero también descarta cambios acelerados de matriz productiva.

Un cambio de época que no se base en la transformación productiva profunda y radical quedará bloqueado, o muy entorpecido, por el predominio de los agentes sociales que sostienen el modelo depredador que caracteriza a la economía del país. La ampliación de las libertades democráticas y las intenciones de institucionalizar bajo el predominio de la ley no alcanzan de ninguna manera para sostener una transición hacia otro modelo de desarrollo y de país.

La sensibilidad social frente a estos problemas ha avanzado en alguna medida, pero está lejos de alcanzar un grado de madurez que favorezca la irrupción de propuestas y programas políticas que alteren con la profundidad suficiente los imaginarios y el sentido común predominantes.

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Tendencias prospectivas El protagonismo de militantes mujeres —por un lado, la senadora Eva Copa, y por el otro, algunas de las principales dirigentes sindicales campesinas— da luz a un capítulo muy peculiar de la historia del MAS y del país, a la cual no es del todo ajena la presidenta interina, que se ha mostrado capaz de desconcertar inclusive a sus asociados. El Parlamento de las mujeres, impulsado por “Mujeres Creando”, ha servido de escaparate para descubrir un posible espacio de nacimiento de dirigentes femeninas que habrá de probarse en los siguientes meses.

La mayor presencia femenina ha estado acompañada de la aparición de nuevos actores, como los que provienen del intento de reconstruir comités cívicos. Se manifestó entre medio, muy fugazmente, un nutrido y locuaz grupo de representantes de “comités cívicos populares” que ayudaron a caldear las tensiones de La Paz, con un estilo muy propio de remontadores de olas políticas, pero apenas alcanzaron a exhibirse por un tiempo algo mayor al que dura una rompiente.

Es diferente el caso de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari, que tienen una representatividad y raíces más hondas. Además de lo que ya se ha apuntado sobre el dirigente cruceño, sus características personales en cuanto a osadía, impulsividad e impetuosidad calzan perfectamente, y mejor que el exitoso Percy Fernández, en ciertos patrones y estereotipos muy apreciados por el consumo de personajes vistosos, y no solamente en Santa Cruz.

Esto se potencia con el manejo dramático de toques religiosos, cuya apetencia ha aumentado muy estimulada por el clima de incertidumbre, como bien lo mostró la importante votación que obtuvo Chi Hyun Chung.

Marco Pumari, de apariencia más tímida y modesta, puede parecer una imagen actualizada de cómo se mostraba Evo Morales en sus inicios, con la ventaja de que quienes lo han identificado como su reemplazante seguramente daban por hecho, o todavía lo dan, de que se trata de una versión corregida y mejorada.

Los implacables hechos dañaron gravemente esa imagen cuando Camacho propaló conversaciones grabadas en las que Pumari pide una suma de dinero para su campaña, y que se gestione en su favor (no para mí, ha dicho el dirigente, para Potosí) el control de Aduanas en dos departamentos.

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La difusión de la conversación —que se ajusta a un patrón calificado como mafioso y chantajista por algunos de los que lo han criticado— serviría para que Camacho se deshaga de un aliado que ayudó mucho al crecimiento de su imagen electoral como dirigente inclusivo, democrático y de alcance nacional, pero muy incómoda, a continuación, por todo tipo de incompatibilidades, incluyendo las clasistas, étnicas y de representación de intereses básicamente contrapuestos.

Pese al rápido y duro desgaste de las expectativas que despertaron, aún disfrutan de una imagen positiva asociada a la sensación de alivio colectivo que se respira ahora, después de la ansiedad y el profundo temor que se vivió durante la segunda quincena de noviembre. Pero, como se ve, ese alivio reposa sobre bases muy endebles, por lo menos en lo que toca a las prácticas de la mayor parte de representantes políticos.

Por un lado, el oportunismo del gobierno interino (nueva versión del “ahora que podemos…”), se presta para desatar tormentas instantáneas e inesperadas; por el otro, el aparato belicista que prepara y dirige Morales Ayma a escasos metros de nuestra frontera sur puede generar escenarios de alta volatilidad, que contrarían frontalmente la inclinación que caracteriza a nuestra sociedad —y no solo ahora— a preferir y buscar soluciones pacíficas.

El fundamento de la durabilidad de la paz social depende ahora principalmente de la disposición de ánimo y la experiencia de la sociedad, y no de la sagacidad o responsabilidad de la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales. Los resortes de discursos y símbolos de confrontación étnica y racial que se han puesto en juego durante la última fase, que culminó con la salida de Evo Morales, representan la mayor amenaza de resurgimiento e intensificación de confrontaciones violentas.

En el plazo más próximo, las semanas que restan para que fenezca el período constitucional vigente, el 21 de enero, estarán teñidas por una intensificación de tensiones políticas alrededor de la composición del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que abarca al nuevo TSE y a los TED. Esta definición se combina con la necesidad de extender el plazo de vigencia del gobierno interino y de la Asamblea Legislativa.

La dirección del MAS se está esforzando por mostrarse inflexible en imponer el peso de sus dos tercios en el Legislativo, tanto en el nombramiento

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de vocales electorales como en no prorrogar la vigencia del gobierno interino, sentenciado por la CPE a no durar más de 90 días.

El TCP jugará un rol preponderante en este último campo. Si hasta el momento de pronunciarse sobre la prórroga no ha anulado la sentencia 0084-2017, cobra intensidad la amenaza de que una eventual negativa a autorizar la extensión del mandato, manteniendo vigente dicha sentencia, supondría anular a la Ley Nº 1266, de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de las Elecciones Generales, de 24 de noviembre de 2019, con la automática rehabilitación de la candidatura de Morales.

No es esta la tendencia central de la coyuntura, ni su resultado más probable, sino el desenlace con que aun sueña la cúpula del MAS y que tratará de forzar. La tendencia central es la de una sórdida y opaca negociación entre el gobierno interino y la representación debilitada y dividida del MAS, que ampliará la extensión del primero y del Parlamento.

Un TSE renovado presidirá una elección más limpia y equitativa para los candidatos y coaliciones electorales, aunque básicamente desprovista de opciones para los electores en materia de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo y una vigencia cabal de los avances contenidos y proyectados en nuestra CPE. Como segundo escenario inmediato está la posibilidad de un estancamiento de las negociaciones que, sin llegar al extremo de volver a generar un gobierno vacante, conduzca a una seguidilla de enfrentamientos con rebrotes de confrontación, cuyo límite está fijado por la vigorosa decisión social (y también militar y policial) de cerrar el paso a una intentona de retorno inmediato del MAS. Bajo la hipótesis de que la tendencia principal es que se abra paso a nuevas elecciones, en ese proceso se insinúa que, pese a su significativo debilitamiento, el MAS continúa siendo la organización con mayores posibilidades de obtener la mejor votación en primera vuelta, pero sin chance de ganar la segunda. Sin embargo, contaría con la ventaja de obtener la representación parlamentaria más nutrida (alrededor de un tercio de bancas), lo que implica un altísimo poder y la capacidad de mantener en vilo la gobernabilidad del próximo régimen.

Comunidad Ciudadana todavía tiene la chance de ocupar el mejor espacio para disputar con el MAS, siempre y cuando no se sumen a BDN las

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tentaciones de Doria Medina —que se insinúan atenuadamente— o de otro pretendiente a ocupar el centro (probablemente Demócratas, con un nuevo candidato).

El potencial electoral de Mesa aparece tanto o más dañado que el del MAS porque seguramente perderá gran parte del voto útil de Santa Cruz, que representa un tercio de sus votos, y menguará en otros distritos. No es muy fácil que CC comprenda que la mejor posibilidad de recuperar votos depende de que busque y encuentre mensajes y medios que le permitan atreverse a interpelar a aquellos electores que sostuvieron al MAS, principalmente por resignación y temor, pese a conocer lo corrupto y decadente que era su régimen.

Chi, Camacho y, con menores probabilidades, Pumari, disputarán un espacio no completamente nuevo, pero muy engordado con los nuevos decepcionados del MAS, surgidos más bien de sus alas más radicales y de la pobre capacidad de la oposición política durante la movilización social que se enfrentó al régimen.

El proceso electoral tiende a acentuar los perfiles que ya se insinuaban en las elecciones de octubre, es decir, que el próximo gobierno nazca débil, acompañado de un parlamento fragmentado; esta vez posiblemente más fragmentado que en la elección anulada.

El debilitamiento del sistema de representación política, en su dimensión partidaria y sindical, fortalecerá la presencia y la actuación de componentes que tuvieron un peso mayor hasta el arribo del MAS: las iglesias, los medios de difusión masiva y las ONG, entre los más conocidos. En ese sentido, existe una ventana de oportunidad para impulsar la recuperación de la autonomía, la democratización y la revitalización de organizaciones sociales y el fortalecimiento de la sociedad civil.

La menor disponibilidad de ingresos nacionales activará dinámicas salarialistas y de reivindicaciones múltiples que serán infructuosas y desgastantes para todos los actores involucrados, en la medida en que no hallen vías de convergencia hacia una plataforma común capaz de superar la dinámica sectorialista que ha predominado en los últimos años. Si el movimiento popular no consigue trascender esos hábitos, contribuirá a incrementar las condiciones del deterioro económico general y del fortalecimiento de propuestas políticas regresivas.

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Esa menor disponibilidad de recursos afectará también la cúpula de los grupos corporativos y de las organizaciones sociales que actuaron como socios cogobernantes del régimen masista. Pero no hay garantías de que esto contribuya al saneamiento y la recuperación de la independencia de estas organizaciones, porque los ajustes de cuentas entre facciones y el rebrote de caudillismos estarán muy presentes.

La combinación de nuevos desafíos y la existencia de un cierto nivel de empoderamiento de amplios grupos sociales con base a un mayor conocimiento de sus derechos, junto a la vigencia de un cierto impulso de renovación, puede lograr que las condiciones adversas se contrapesen con un intensivo trabajo de promoción y fortalecimiento de nuevas dirigencias de base e intermedias.

Reivindicar nuestra maltratada Constitución, que ha probada ser ajena al MAS en su contenido fundamental, puede ser la mejor referencia de unidad para recuperar la autonomía de las organizaciones sociales y para ir trazando una plataforma programática orientada a buscar un modelo alternativo de desarrollo.

Las bases de un programa mínimo de transición ya han aparecido en algunas luchas de resistencia popular: el planteamiento de una pausa ecológica prolongada contra quemas, desbosques y cambios del uso de suelos; reorientación de la inversión pública, orientada a superar la completa dependencia de la explotación hidrocarburífera, minera y de los negocios agroganaderos; transformación agrícola orientada a garantizar la seguridad alimentaria; transformación de la matriz productiva con la expansión acelerada de sectores que permitan multiplicar la cantidad de visitantes al país.

Las demandas en mejoras de la salud y la educación pública ocupan un primer plano de la atención ciudadana, y son inseparables de una acelerada y honda reforma de la administración de justicia (tal vez acudiendo a garantes y apoyos internacionales, como se intentó en Guatemala).

La recuperación democrática demandará efectivizar las autonomías, fortaleciendo procesos de descentralización, participación y control social.

Diciembre de 2019

Pugnas sociales y política en era de pandemias La ceguera es una manifestación, no descrita, ni atribuida en estudios, tratados o partes médicos, al SARS-CoV-2 (nombre oficial del virus causante de la pandemia de Covid-19). Sí lo son: la fiebre, la tos seca, la fatiga, la dificultad respiratoria, la pérdida de los sentidos del olfato y del gusto y, menos frecuentemente, algunas molestias gastrointestinales.

Sin embargo, todo lo que ignoramos sobre el virus —pueden ser sus mutaciones genéticas, el conjunto de su acción sobre el organismo humano, en especial sobre el sistema inmunitario, los patrones y tendencias epidemiológicas que lo caracterizan— está prácticamente sumergido en la mayor oscuridad, incluso para los especialistas más avanzados y experimentados1.

En consecuencia, esas lagunas o mares desconocidos funcionan como una verdadera venda que obstruye nuestra visión, incrementa nuestra ansiedad y nos lleva muchas veces a actuar a ciegas, individual y colectivamente.

Nuestro país, que ostenta el dudoso mérito de estar entre los países del continente que realizan menos pruebas diagnósticas y casi ningún seguimiento de contactos, está ingresando en una nueva fase de enfrentar la crisis sanitaria con los ojos literalmente cerrados2.

Ingresos que caen Los apresurados y a veces terroríficos vaticinios que emiten filósofos, analistas, expertos y augures de todo pelaje, ya sea en tono ultraoptmista, 1 Véase: https://n9.cl/iyw9a; https://n9.cl/e7x9g; https://n9.cl/pm2yc; https://n9.cl/k4dh3; http://ddi.sutd.edu.sg/; https://n9.cl/kfkpd; https://n9.cl/qrjmd 2 Véase: https://n9.cl/ap0ac. Esta deficiencia se debe, en parte, a la escasez de test y reactivos de laboratorio, pero también a un denso y obtuso burocratismo estatal.

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anunciando que el mundo cambiará positivamente y el coronavirus sofocará al capitalismo, o, en el otro extremo, que nos hundiremos en un lóbrego pozo de desocupación, hambre y salvajismo3, se basan en intuiciones, estados de revelación metafísica o deducciones, pero casi nunca en hechos verificables.

En realidad, es difícil encontrar visiones prospectivas convincentes y fundamentadas, o siquiera en pistas que sugieran lo que depara el futuro, ante tantas incógnitas no resueltas que ha traído la pandemia.

Entre lo que sí sabemos con suficiente certeza figura la dramática caída de disponibilidad de recursos para la mayor parte de los actores y sujetos sociales nacionales4. La recuperación de la actividad comercial y de las importaciones —frenadas en seco por las cuarentenas en el nuestro y en varios otros países y, más importante, la todavía no cuantificada mella en la producción de bienes y servicios— lastrarán aún más su recuperación.

En otras palabras, el temido retorno a la pobreza de las familias e individuos que la superaron en la década de los superprecios de las materias primas se ha adelantado y masificado en nuestro continente, así como en todos los países que alcanzaron éxitos en reducir la pobreza al inicio de este siglo5.

El propio Estado ya está experimentando el estrangulamiento de recursos externos, debido al inédito derrumbe de los precios del petróleo y sus derivados, así como de minerales y otros commodities. Su recuperación durante los siguientes meses es incierta6. En consecuencia, la estrechez en las transferencias que oxigenan las arcas de gobernaciones, municipios y universidades7 se mantiene, y se agudizará al menos por varios meses.

3 Véase: http://tiempodecrisis.org/wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan-ASPO. pdf; https://n9.cl/5l8yi; https://n9.cl/q8wzp 4 Es decir, más del 70% de nuestra población, que sobrevive inventando y realizando actividades económicas usualmente calificadas de “informales”.

5 Véase: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-04-09/ pandemia-puede-arrojar-a-500-millones-a-la- pobreza; https://n9.cl/83hp1 6 Véase: https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/30/puede-que-el-mundo-nunca-recuperesu-sed-de-petroleo/ 7 Véase: https://www.la-razon.com/economia/2020/04/21/cepal-baja-proyeccion-crecimientobolivia-3-covid-19/

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A lo afirmado se agregará el costo de las medidas destinadas a contener la pandemia. Una fracción de ellas proviene de las erogaciones para pagar los salarios de todos los servidores públicos, incluyendo la frondosa alta burocracia, durante el período de cuasi parálisis en el funcionamiento de la mayoría de las instituciones públicas.

Los ahorros mencionados por la cartera de Economía y por el Banco Central, debido al importante recorte de volúmenes y precios de productos, como combustibles y otros rubros, difícilmente equilibrarán las erogaciones. Por ello, manejar el incremento de un déficit fuertemente impulsado por la situación será una variable adicional a los problemas.

Lo que queda muy claro es que la mayor parte de la población económicamente activa, incluyendo las empresas formales, privadas y públicas, lidiarán con adversidades importantes, cuyo horizonte de resolución se encuentra por ahora sumergido en la penumbra.

Las tensiones que implica lo anterior, desde este momento de forzada inacción de la mayor parte de la sociedad, se combinarán en la fase de reapertura y flexibilización con un estado de ánimo colectivo en el que se mezclen el temor ante la incertidumbre con vetas de frustración, malhumor y rabia. Todo ello puede empujar a la desesperación a diversos colectivos y sectores.

Planes de reactivación y pugna política En diciembre de 2019 se caracterizó, en el boletín de análisis correspondiente, al gobierno interino como representativo de los socios económicos del régimen masista y, más concretamente, de los vinculados al agronegocio y a la financiera8.

El programa de reactivación económica presentado por los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo corrobora esa caracterización ya que, salvo las indispensables medidas de apoyo y alivio de emergencia, calca el pliego petitorio de la Confederación Agropecuaria de Oriente (CAO) 8 Véase: https://n9.cl/q0wtk; https://n9.cl/dqb0h; https://n9.cl/xx6tk; https://n9.cl/j36hm; https://n9.cl/938mr; https://n9.cl/823ie; https://n9.cl/jnluw; https://n9.cl/bcxnr; https:// n9.cl/n985a; https://n9.cl/bz960

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y de la de Industria y Comercio (CAINCO). Estas afirman que será posible poner en pie la economía nacional incrementando los estímulos a la agroindustria tradicional y a los productos ganaderos exportables, e incrementando el área dedicada a biocombustibles.

Esta demanda empresarial ha sido inmediatamente ratificada y respalda por los antiguos colonizadores (hoy pequeños y medianos soyeros) que ocupan tierras bajas del este y parte del Norte Integrado en Santa Cruz9 y que, junto con los colonizadores cocaleros del Chapare, componen el núcleo hegemónico del MAS. La magnitud y la premura de los requerimientos de estos grupos económicos queda patente en la cifra que exigen les provea el Estado para remontar la emergencia y la crisis. Sus demandas sectoriales sobrepasan el total de recursos que el gobierno de Añez ha programado para dar apoyo a todos los sectores empresariales del país, entre grandes, pequeños y medianos, y cualquiera sea el rubro en que se desempeñen10.

Pero no se trata solamente del manejo de reivindicaciones y propuestas de planes, sino de que la temprana expansión de focos de calor en el oriente boliviano, embriones de grandes incendios, auguran que una gran quema, como la del año pasado, está en vías de ocurrir11, ante la completa indiferencia e inacción estatal, demostrando la implacable angurria de estos intereses.

Los planes de expansión de la frontera agrícola para transgénicos y biocombustibles, y posiciones como de la propia presidente, quien avaló el plan del uso del suelo (PLUS) del gobernador masista del Beni, desoyendo los reiterados reclamos indígenas12, no dejan duda sobre el origen e intenciones del gobierno interino.

Su política mantiene intacta la amenaza que heredamos del MAS sobre las tierras fiscales, las reservas naturales, los parques nacionales y los territorios indígenas. Y es que los incendios abren las puertas a los avasallamientos, que preceden al intenso tráfico de estas tierras. Este comercio 9 Véase: https://n9.cl/eba8q 10 Véase: https://n9.cl/oyiyl 11 Véase: https://n9.cl/ncloh; https://n9.cl/xafno; https://n9.cl/1tkh7 12 Véase: https://n9.cl/abtck

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es el mecanismo con el que los grandes exportadores subsidian la pobre productividad de los cultivos industriales, propia del modelo agropecuario vigente en nuestro país.

La promesa de que semejante esquema productivo nos permitirá recuperarnos y avanzar a la prosperidad olvida maliciosamente que las economías de nuestros vecinos Brasil y Argentina han llevado a su extremo el modelo de la agroindustria de exportación, el monocultivo, los transgénicos y los agrotóxicos, y que la fortaleza de estos dos países se manifiesta cada día más claramente erigida sobre pies de barro y afligida por el retorno masivo de la pobreza y la inseguridad.

En el espacio de la disputa abierta por el poder político, que en este momento concentra exclusivamente la atención de individuos y grupos profesionalizados en esa actividad, el manejo de las masivas cantidades de recursos públicos, propio de una situación de emergencia, parece operar como un potente estímulo adicional de los apetitos del MAS, aparentemente desesperado por preservar la significativa ventaja que hasta marzo le atribuía la mayor parte de los sondeos sobre intención de voto.

Bajo el supuesto de que mantendría esa preeminencia, o de que la está ensanchando por los errores del gobierno, ha lanzado una ofensiva propagandística y de desacato de los confinamientos sanitarios, tratando de forzar que se concrete una fecha próxima para la realización de elecciones13.

Si en diciembre se vislumbraba que el MAS podía ganar la primera vuelta, pero no en primera vuelta, con las cifras de las encuestas de hace dos meses y la deriva de la coyuntura, esa última posibilidad empieza a tomar fuerza.

La ofensiva presente del MAS resulta estimulada por las acciones del gobierno provisional, cuya actitud parece basarse en el aparente supuesto 13 Esta situación cada vez más favorable al MAS no se ha detenido desde diciembre de 2019. Es impermeable a las nuevas y graves denuncias sobre ilegalidades cometidas por el anterior régimen, incluyendo la muy debilitada situación en que quedó el sistema nacional de salud pública, a pesar de las ostentosas campañas sobre el seguro único de salud y la inauguración de varias obras hospitalarias que resultaron inútiles o quedaron inservibles muy rápidamente. En el siguiente enlace se observa un resumen de los resultados de cinco encuestas de intención de voto llevadas a cabo entre febrero y marzo pasado: https:// estotambiensucede.net/index.php/2020/03/12/fundacion-ebert-difunde-proyeccionesde-bolivia-electoral/. La empresa Ciesmori ha realizado un par de muestreos durante la cuarentena, según los cuales la ventaja se estaría volcando a favor de Añez.

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—seguramente errado— de que las medidas de emergencia sanitaria y las ayudas económicas a diversos sectores incrementarían su chance de ganar las próximas elecciones14.

La manifiesta tendencia gubernamental a mantener la judicialización de la política, junto con una actitud proclive al verticalismo y la represión antes que al diálogo y los acuerdos, son también mecanismos con que se alienta el fortalecimiento del MAS. La pugna entre la presión masista por adelantar las elecciones y la resistencia gubernamental ante ella no da señales de encontrar eco en la población, que se muestra más bien indiferente ante este ruidoso tironeo.

La reconquista del manejo de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa por el MAS, que ya se manifestó con la censura al ministro de Defensa, es un indudable resultado de la manera descuidada y altanera con que el gobierno ha tratado a los legisladores masistas, con quienes le fue posible iniciar la pacificación del país y aprobar leyes clave como la de convocatoria a elecciones. La preservación de una relación abierta y de consulta pudo cerrarle el paso al objetivo del MAS de reconquistar el control de su bancada, pero el gobierno interino abandonó esa tarea.

Gracias a ello se amplifica la debilidad institucional del gobierno provisional, puesta casi exclusivamente en las manos del Tribunal Constitucional (TCP)15 y las FF. AA., al mismo tiempo que se observa una recuperada, pero aun volátil, unidad del MAS. Por vez primera después de un prolongado paréntesis, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) está intentando una acción política que busca recuperar iniciativa, al situarse explícitamente al margen de la confrontación entre el MAS y el grupo gobernante que forjó y lanzó la candidatura de Añez, implicando que se trata de una pugna mezquina y de alto riesgo 14 Si se mantiene la última posición oficial, expresada por su ministro de Salud en sentido de que no cabe sino resignarse ante las muertes y el avance de los contagios hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, enfrentamos el riesgo de que el descontrol sanitario que ahora se observa en Beni se convierta en tendencia dominante.

15 Se desconocen los términos del armisticio entre los miembros del TCP, elegidos con el patrocinio del MAS, y el actual Ejecutivo, aparentemente muy satisfecho con que ese organismo no objetara la legalidad de la actual presidencia. El actual gobierno ni siquiera se ha esforzado en reclamar que culminen las demandas para anular la anticonstitucional sentencia que habilitó la última candidatura de Morales Ayma.

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colectivo en la situación en la que se desenvuelve la pandemia en el país y en ausencia de un acuerdo político.

La sola promulgación de la ley que fija fecha tope para las elecciones, en la amplificada situación de autonomía relativa de los aparatos de Estado, no garantiza su cumplimiento. Si no se producen cambios, podría terminar convirtiéndose en una muestra de impotencia y no en el gesto de fuerza que pretende el MAS. Cuando se desconoce el número de personas infectadas con el coronavirus —ya que sin pruebas ni seguimiento de contactos las estimaciones oficiales tienen un margen excesivo de error—, no son fantasiosas las hipótesis y modelaciones que advierten que los casos activos (incluyendo una probable mayoría de asintomáticos) multiplican holgadamente la cifra oficial de contagios16.

Además, desconociendo si los pacientes recuperados tienen inmunidad temporal o permanente; ignorando si pueden ser ciertas las hipótesis, basadas en reincidencias y autopsias, de que este coronavirus en particular diezma las células inmunitarias, nadie puede garantizar las consecuencias del indispensable e inevitable levantamiento de las cuarentenas.

Enfrentando la adversidad y la incertidumbre La lucha frontal y prioritaria por la salud y un vigoroso y eficiente sistema sanitario público17 que la resguarde es hoy parte medular de una plataforma unitaria de la sociedad civil. Esta necesita propuestas para cambiar las matrices productiva y energética como un camino obligatorio para encarar la recuperación económica.

Para dicha recuperación hay que tener en cuenta que, si bien la deuda externa era impagable en la década de 1980, hoy nos encaminamos aceleradamente a una situación en que pagarla resultará material y moralmente insoportable e insostenible.

16 Dos modelos que advierten la posibilidad de una mayor cantidad de contagios se encuentran en: https://n9.cl/k4dh3; https://n9.cl/ve9i1 17 El cobro de tarifas exorbitantes y especulativas por clínicas privadas hace imperativo adoptar medidas similares a las que tomó el gobierno de Irlanda, al obligar a los centros privados a ponerse bajo el mando y normas del sistema público sanitario.

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Se necesita construir nuevas bases económicas a partir de incrementa la producción de alimentos, de abandonar las técnicas depredadoras de tierras, aguas, bosques y biodiversidad que ahora predominan; de cimentar una industria de turismo que duplique o triplique el flujo de visitantes (cerca de un millón el año 2019)18 , y de sustituir las exportaciones de gas y minerales. En suma, un viraje a formas de bioeconomía (economía verde y naranja) ocupan un lugar fundamental en la reconstrucción de la economía y las relaciones sociales.

Estas búsquedas se darán mediante el rescate de las formas de actuación social directa. Las dificultades económicas se convertirán en impulsos de reactivación de exigencias de descentralización y fortalecimiento de autonomías regionales y sociales. Sin embargo, una seria desventaja para conseguirlo es que la renovación y democratización de las organizaciones sociales secuestradas y descompuestas por el régimen masista no da señales de resolverse en un futuro cercano.

El descontento de médicos y personal sanitario debido al incumplimiento constante de compromisos de pago de salarios, de dotación de trajes e implementos de bioseguridad, de incremento de pruebas y mapeo de contactos, así como la multiplicación de contagios entre el personal de primera línea (incluyendo a policías y militares), tiende a abrir paso a una situación de descontrol gubernamental. Esta se vería empeorada por la apuesta del gobierno de mezclar la gestión con la promoción de la candidatura de la presidenta. La demanda de declinación de dicha candidatura tomará impulso al compás de los desaciertos oficiales y, especialmente, de sus impactos en el manejo de la crisis sanitaria.

La coyuntura tiende a caldearse bajo el impulso de la ofensiva masista en los frentes parlamentario y callejero. A ello se añade la cada vez más rápida sucesión de señales de corrupción (ENTEL, YPFB, el manejo de nombramientos para altos cargos), abusos de poder y reticencia al diálogo.

El gobierno interino se inclina a exhibir un estilo y recursos similares a los de sus predecesores, con la importante diferencia de que carece de 18 Este turismo debe alejarse de los moldes y operadores tradicionales de turismo (golpeados frontalmente por la pandemia). Esto supone garantizar la intangibilidad de reservas naturales, parques nacionales y territorios indígenas, con absoluta prohibición de quemas y desmontes, porque el principal atractivo que tenemos para ofrecer al mundo es una naturaleza preservada y culturas capaces de sostener un equilibrio con ella.

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la legitimidad, la organización y la tolerancia social de la que disfrutó el régimen previo.

Todo lo anterior refuerza y multiplica las amenazas de proliferación de escenarios de enfrentamiento social y político. Prácticamente cualquier gobierno (incluyendo ciertamente uno del MAS) que sea elegido y mantenga la misma visión, modelo económico social y prácticas del régimen masista y del actual, tendrá un horizonte de vida que, generosamente, no superará los dos años.

En todo el mundo se alzan voces que reclaman virajes de fondo en la manera deconstruir la sociedad y de relacionarnos con la naturaleza y los demás seres vivos. La reactivación económica debería servir para abrir espacio a modelos alternativos de desarrollo y eludir las amenazas de descargar la crisis sobre las espaldas de los abandonados y desprotegidos habituales19.

Los combates por no quedar condenados a la sobrevivencia desesperada y por no ser nuevamente las víctimas de ajustes concebidos bajo las fórmulas y esquemas tradicionales y arcaicos, necesitarán combinarse con acciones frontales y decisivas para enfrentar el cambio climático y dejar atrás los patrones sociales, universalmente prevalecientes, que han originado y están disparando la gran crisis global que atravesamos y la posibilidad de que esta se repita periódicamente.

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19 Véase, por ejemplo: https://n9.cl/tzlie; https://n9.cl/6on2u

Enfermedad y bloqueos Los estertores del bloqueo que pedía la inamovilidad de la fecha electoral y el exceso de testosterona en los tours fotográficos de Evo Morales Ayma se conjugan para golpear, con dureza nunca vista antes, el monolitismo del MAS, agrietándolo en más de un frente. En la banda opuesta, los peores pronósticos sobre el comportamiento del gobierno interino empalidecen frente las conductas de sus componentes clave.

Más allá de las fallas de unos y otros, las prácticas políticas nacionales, que nunca se caracterizaron por su pulcritud y sutileza, se han sumergido en el pantano más rudimentario de una campaña electoral, tan tóxica como la epidemia del coronavirus.

Superados oficialmente casi 120 mil contagios y las 5.000 víctimas fatales, con el mayor déficit continental de pruebas diagnósticas, los rastrillajes de las grandes ciudades aportan evidencias irrefutables de que los informes del Ministerio de Salud cubren menos de la mitad de los casos de contagio1.

Con el bloqueo y antes de él2, Bolivia ha enfrentado la pandemia con el paupérrimo sistema de salud heredado y con la mediocridad y estulticia de una administración dedicada a promocionar su candidatura y a desviar recursos que debían dedicarse a aliviar la enfermedad.

1 El New York Times multiplica por cinco los contagios y muertes, pero especialistas en datos desconfían de tales cifras, que carecen de bases de datos. Sin embargo, estiman que los datos oficiales subestiman enormemente las verdaderas cifras. Véase: https://www.nytimes. com/es/2020/08/22/espanol/america-latina/bolivia-coronavirus.html El modelo de López y Birbuet ofrece la ventaja de permitir múltiples comparaciones con diversos países, especialmente del continente, y se calcula sobre número de casos por millón de habitantes; véase: https://rafalopezv.github.io/covid_bolivia/ 2 Véase: https://n9.cl/dr4q0

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Poderes en pugna La tónica predominante en los últimos meses es la del choque abierto entre el Ejecutivo y el Congreso. La llamada pacificación de fines del año pasado, apresuradamente edificada sobre los cadáveres acumulados en Sacaba, Montero y Senkata, fue posible gracias al agrietamiento de la hasta entonces inconmovible estructura orgánica, alineada detrás del pétreo mando de Juan Evo Morales Ayma.

Hoy los actores políticos exhiben un desconocimiento de las nociones elementales y de las más básicas tácticas para encarar y resolver problemas.

La especialidad de los operadores-protagonistas de la escena es generar conflictos y su maestría consiste en empeorarlos.

Los violentos episodios durante y después de la escapatoria de Morales y García, con el alto costo de la propagación y el agravamiento de enfermedades y de muertes entre la población inocente y ajena al conflicto, se detuvieron mediante la frágil tregua pactada en el Legislativo. Nuevamente, se debió a una predisposición colectiva a no atizar la violencia abierta y la intervención de agentes ajenos o secundarios del sistema de representación y mediación política.

El pico de violencia tras la fuga de Morales y García el año pasado tenía como objetivo propiciar su pronto y victorioso retorno, ya sea por reclamo popular o por acción militar, después de generar el vacío de poder ulterior a la renuncia de sus propios relevos.

El fracaso de ese plan ocurrió, entre otros factores, por el hartazgo de entre seis a diez parlamentarios del MAS, y quebró el sentimiento de omnipotencia de quienes estaban acostumbrados a imponer sus dos tercios. Eso, más la sensación de orfandad y confusión de la base partidista del MAS, creó un cierto clima emocional reforzado por el aturdimiento de cobistas y otros dirigentes corporativos, aterrorizados ante la posibilidad de que se les empiece a exigir rendición de cuentas.

Sin duda que el factor decisivo que contribuyó al extraño ceremonial de atenuación de furias —observado en la televisada negociación entre ministros, parlamentarios y dirigentes sindicales— fue la poderosa predisposición mayoritaria de la sociedad a detener los focos de violencia.

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Una vez que se aplacó el clima de violencia exacerbada, los miembros del gobierno apagaron las luces y cerraron el teatro. Todas las promesas de aproximación, conciliación y diálogo concluyeron antes de que llegue la Navidad y con la proclamación de la candidatura de Añez Chávez se desnudó la ambición restauradora señorial de una de las fracciones, representativas del poder del agronegocio, que maneja directamente los hilos de este gobierno.

El testimonio de la presidenta del Senado respecto a que la señora Añez no intentó conversar con ella ni una sola vez, explica perfectamente cómo se volvió a montar el conflicto. Supuestamente, el hielo no se quebró ni siquiera para ponerse de acuerdo en la ley de prórroga del mandato a principios de año.

La anécdota puede ser más o menos objetiva, pero ilustra los muy estrechos límites de la capacidad de las dos fracciones políticas minoritarias que permitieron poner en pie y mantener un gobierno provisorio, de legalidad quebradiza, por más de nueve meses. El fracaso de las personas y los grupos condensa esa llamada “cultura política” propia de los representantes (partidarios, sindicales, corporativos, empresariales y varios otros) intemperantes y atrabiliarios que dominan la escena política nacional.

El riesgoso tironeo entre un Parlamento —que se siente cada vez más impetuoso e impune— y un Ejecutivo que derrocha tanta mezquindad como avidez por apropiarse de recursos públicos y con un ánimo inclinado a la amenaza y la querella, armaron la peor combinación posible para enfrentar la pandemia.

Salud y asaltos a cara descubierta El número de contagios que reporta el Ministerio de Salud corresponde exclusivamente a esa minoría de personas que presenta síntomas y que pudo ser atendida en un centro sanitario y hacerse una prueba diagnóstica, o a quienes acudieron por su cuenta a conseguir una en algún laboratorio.

Como el gobierno ha desalentado desde un inicio la aplicación de pruebas de laboratorio3, y jamás ha tenido un plan de mapeo y seguimiento 3 Cuenta también la dificultad mundial que existe hasta ahora para conseguirlas, así como para los reactivos y equipos requeridos.

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de contactos, queda fuera de duda que no son ni serán detectados miles de contagios, incluso los tratados en instalaciones hospitalarias. Menos todavía la multitud de quienes se tratan en casa ni de quienes no pueden acceder a tratamiento alguno ni el importante porcentaje de infectados con síntomas leves o asintomáticos.

Respecto a los decesos, la siempre deficiente información pública, sumada a que escasean las pruebas para los que mueren y a la acumulación de entierros clandestinos, revelan que los números oficiales no dan ninguna pista sobre la letalidad real.

En contraste con la desidia y el descuido oficial en las negociaciones políticas más delicadas y un superficial retoque al desvencijado sistema sanitario que heredamos de la gestión masista, son demasiados los funcionarios que muestran un estado de alerta extraordinario y una maravillosa agilidad de manos para escamotear recursos fiscales. La aptitud fiscal para prevenir estos actos y de sancionar a los culpables no ha mejorado ni un milésimo.

La compra de respiradores, valuada en 5 millones de dólares, se eleva hasta ahora a más de 16 millones de dólares sin que se aclaren los sobreprecios denunciados en abril y hace poco4.

También se ha disuelto el seguimiento a los graves problemas en la administración de YPFB (contratación de seguros, comidas para campamentos, compra de diésel), así como a un contrato con grandes sobreprecios del Ministerio de Energía5. No hay mayores acciones en el caso de los contratos incestuosos entre filiales de YPFB para incrementar precios6, ni en el extraño papel del misterioso y elusivo embajador tecnológico (La Razón, 8 de junio de 2020), presuntamente muy cercano a la hija de Jeanine Añez.

La lista es muy larga, y tiene un efecto desmoralizador en la percepción ciudadana, pues se repite el eterno comportamiento de los profesionales de la política, cualquiera sea la bandera que agiten o los relatos con que justifiquen su predisposición a “servir al público”.

4 Véase: https://n9.cl/upwb6. La presidenta atribuye el problema a su “falta de experiencia” en la adquisición de respiradores; véase: https://n9.cl/e2avm 5 Véase: https://n9.cl/n59gw 6 Véase: https://n9.cl/9lkv5

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El padre de todos los bloqueos Si el Ejecutivo y el Legislativo rompieron lanzas con la interpelación al ministro de Defensa —inmediatamente restituido en su cargo después de la censura—, el ascenso anual de jefes militares (trabado y postergado por el Senado) estructuró, junto con la aprobación de créditos externos, la nueva arena de las disputas.

Las hostilidades llegaron al extremo de impedir tanto la difusión del mensaje presidencial en la Asamblea Legislativa, como la intervención de la cabeza del Legislativo en los medios estatales. Esto allanó el camino para el bloqueo de vías, que terminó por desabastecer de medicamentos e insumos vitales, como el oxígeno, a los centros de salud, farmacias y salas de emergencia y terapia intensiva.

La intervención y la digitación del MAS en la preparación y el desarrollo del bloqueo fue públicamente reivindicada por sus cuadros y sus aliados dirigentes de organizaciones sociales. Donde existen distintos puntos de vista, más complementarios que antagónicos entre sí, es en el análisis sobre el grado de participación voluntaria y masiva de campesinos en el bloqueo7, lo que en última instancia involucra una valoración del estado de ánimo que predomina en la franja más activa de la militancia y de votantes del MAS. Las encuestas previas a la cuarentena mostraban que la fidelidad de sus electores prácticamente calcaba las cifras que obtuvo el año pasado8. Estas cifras se mantuvieron básicamente estables al menos hasta julio, según diversos sondeos, ninguno de los cuales se publicó de manera oficial.

El pánico que produce la posibilidad de una victoria masista empuja a los sectores más duros de la derecha a una ofensiva contra el TSE, buscando que la fecha de elecciones vuelva a postergarse. El ataque, comandado ahora por el presidente del Comité pro Santa Cruz, tiene entre sus más 7 Véase tres ejemplos de estas diferentes interpretaciones: https://n9.cl/4nom4; https:// n9.cl/03wlu; https://n9.cl/9o06b 8 Según los promedios que brinda la Fundación Friedrich Ebert: https://n9.cl/p4x6i.

El diario Página Siete ha presentado la última encuesta pública en la tercera semana de agosto, en la que el MAS y CC aparecen empatados: https://www.paginasiete.bo/temas/ encuesta-1638.html

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firmes adherentes a José Luis Camacho y a la presidenta Añez, como esta lo dejó claro en su discurso del 6 de agosto9.

Pero aplazar nuevamente las elecciones con el propósito oculto de mejorar el reacomodo de las candidaturas más directamente vinculadas al agronegocio es una opción desesperada10. Hasta los menos agudos se dan cuenta de que no existe margen legal (y mucho menos político y social) para mantener el interinato, como lo advierten las intensas señales de que habría una exigencia social ampliamente mayoritaria para su salida.

Produce mayor pánico todavía, aunque pretenda lo contrario, la postura de una transición cívico militar, como especulan en Santa Cruz los grupos más reaccionarios. La ansiedad de estos sectores no se aplaca ni con las insistentes señales de que el desenlace del bloqueo ha multiplicado roces internos entre los grupos corporativos del MAS que lo respaldan y que pusieron la cara para convocar a la movilización fallida y entre quienes se alzan entre la organización política y las hasta ahora leales organizaciones sociales11.

La confusión masista se ha incrementado por las denuncias de que su máximo jefe habría incurrido en delitos sexuales, cuya víctima sería una joven con la que se ha exhibido frecuentemente y con la que, según sus acusadores, se relaciona desde que esta era menor de edad. Si la estructura soportó una situación similar en 2016, surge ahora la duda de si podrá hacerlo nuevamente, habida cuenta de su fuga en noviembre y de los desbarajustes internos.

Todas las posibilidades señalan que el debate electoral se atornillará en estos temas, además de otras cuestiones judiciales y acusaciones mutuas de corrupción. Estará ausente la discusión de cómo encarar la reconstrucción 9 Véase: http://www.elalteno.com.bo/bolivia/20200807/anez-ataca-al-tribunal-electoral-ycopa-apuesta-por-el-dialogo 10 El columnista Manfredo Kempff, fiel seguidor de Banzer, se resignó el año pasado a recomendar el voto por CC como el mal menor. Ahora expresa que esa salida no lo convence, pero se queja de la falta de alternativas, ya que aquella que preferiría, la unidad en torno a Tuto Quiroga, no le parece viable, como confiesa en su columna: https://eldeber.com.bo/ opinion/pensando-en-las-candidaturas_198001 11 Véase: https://n9.cl/blzo5; https://n9.cl/b4mr5; https://n9.cl/arwd6; https://www.larazon.com/nacional/2020/08/31/choquehuanca-quien-comete-estupro-debe-someterse-ala-ley-y-a-un-tratamiento-psicologico/

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del país. Se omitirá también la consideración de un nuevo modelo de desarrollo que sustituya al actual, cuyas fuentes de ingresos se están agotando o, sencillamente, son insuficientes y antagónicas con la necesidad de detener el deterioro y la crisis ambiental.

Bajo las condiciones de enfrentamiento político y social vigente, sin un proyecto que repare tales distancias y choques, continúa afirmándose la tendencia de una gobernabilidad enredada, si es que no insostenible, para cualquier futuro gobierno de nuestro país.

Septiembre de 2020

Triunfo y retorno La parsimonia gubernamental para adoptar medidas anticrisis se parece demasiado al estupor que asaltó a una gran parte de la población boliviana, incluyendo muy probablemente a los votantes por el Movimiento al Socialismo (MAS), ante las cifras de su categórico triunfo el 18 de octubre pasado.

No existe un antecedente registrado sobre el paroxismo de sorpresa y desesperación que golpeó a una buena parte de ese 45% de electores que votaron contra el MAS. El efecto del aturdimiento se multiplicó por la significativa demora en las primeras proyecciones del conteo rápido. El público no conseguía asimilar que era la primera vez que asistíamos a elecciones en medio de una pandemia, que bastaba para explicar el retraso que empezó con la apertura de las mesas y que se fue acumulando hasta el envío de datos1.

Vale la pena detenerse en este recuerdo porque, como consecuencia, en las siguientes semanas el país fue sacudido por una ola de negacionismo llevada al paroxismo2. Este fenómeno, cada vez más frecuente aquí y en todas partes, obedece a la expansión y al fortalecimiento de la influencia de las plataformas digitales, unánime y equívocamente llamadas “redes sociales”, verdaderas sembradoras de desinformación y falsedades.

1 El resultado de la elección se puede encontrar en el constante alto número de supuestos indecisos en prácticamente todas las encuestas, por lo menos de julio en adelante. La conducta beligerante y corrupta del gobierno interino, la consolidación de la candidatura de L. F. Camacho y la ineptitud general de la campaña de CC completan el cuadro.

2 Es decir, la incredulidad ante los resultados, pese a la consistencia de los datos y la tendencia a explicarlos con teorías de complot y manipulaciones inverosímiles. El “camachismo” alentó intensamente estas reacciones en plan de ocultar su cuota parte de responsabilidad, y estuvo sustentando ideológicamente las reacciones más golpistas y regresivas. Sin embargo, de ninguna manera cabe atribuirle haber estado solo en esta maniobra.

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Bolivia no es inmune a las infodemias, como no lo es al coronavirus, contrariamente a la irónica afirmación de un youtuber promasista a mediados de la primera oleada de la pandemia, y que ha sido ascendido al grado de “héroe popular” por el flamante ministro de Gobierno3.

Lo verdaderamente importante es que la categórica victoria del MAS ha originado una prolífica serie de teorías conspirativas, de tono y carácter alucinado y alucinante, según las cuales el TSE habría socapado un fraude gigantesco en favor del ganador en esta última elección.

En Santa Cruz —departamento que, desde la rebelión ciudadana del año pasado, emite frecuentes y crecientes señales de que avanza en encabezar la dinámica política del país— se ha arraigado de tal manera esta sospecha, que fácilmente puede contribuir al explícito plan de Evo Morales para defenestrar al TSE, facilitándole recuperar su control4.

El reino de la banalidad El predominio en la discusión pública de las anécdotas sobre los nombramientos de nuevos altos funcionarios, junto con la adelantada y presurosa campaña electoral por los gobiernos y legislativos de las autonomías, han permitido disimular el enorme desconcierto para afrontar la suma de problemas agregados por la desaceleración económica y la extensión de la epidemia mundial por coronavirus.

La campaña electoral masista y los discursos de apertura de Arce y Choquehuanca en su posesión intentaron crear la impresión de que inaugurarían una gestión caracterizada por iniciativas rápidas y bien definidas. Sin embargo, a un mes de su estreno, las noticias generadas por el Ejecutivo no van mucho más allá de los inevitables nombramientos de nuevos altos funcionarios5, casi siempre acompañados de un estruendoso zumbido de decenas o centenares de aspirantes que reclaman su espacio en alguna silla 3 Véase: https://n9.cl/h02vo. Tal vez esta actitud proporciona una pista sobre la veracidad de la denuncia contra el nuevo jefe del sistema represivo que sustenta la exsenadora Eva Copa; véase: https://correodelsur.com/politica/20201124_eva-copa-continua-proceso-por-acosoen-contra-del-ministro-de-gobierno.html 4 Por ahora, están coaligados en la tarea de desacreditar al TSE desde la ultraderecha hasta sectores progresistas del departamento; véase: https://n9.cl/apqto 5 Véase: https://n9.cl/dcrg0

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de la administración como reconocimiento a su presunta fidelidad o diligencia partidista.

En contrapartida, no asoman por ningún lado planes y medidas para afrontar los problemas de fondo. Aparentemente preocupado por la multiplicación de observaciones sobre este vacío, el ministro de Gobierno ha voceado tres “medidas de reactivación económica”: el “bono contra el hambre” (ya aprobado hace meses por la bancada masista saliente); un impuesto a las grandes fortunas y el reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado (IVA).

El más importante, pero también de efecto más fugaz, es el bono de mil bolivianos, unánimemente reconocido como necesario, que llegaría a millones de beneficiarios. Este importante monto se inyectaría rápidamente en la economía, con efectos fugaces, pero incontrovertiblemente reactivadores.

El impuesto a la riqueza tiene un horizonte incierto de instrumentación, y su monto ronda lo intrascendente; la devolución del IVA no supera actualmente el carácter de un anuncio, y tiene efectos igualmente limitados.

La prohibición de importar automotores usados —anunciada como cuarta medida— no tiene mayor efecto reactivador. Sí tienen, hipotéticamente, un efecto directo sobre el muy golpeado rubro de turismo interno los “permisos especiales” para que funcionarios se tomen vacaciones en estos circuitos. Sin embargo, difícilmente puede utilizarlos quienes no sean altos jerarcas, que suelen estar demasiado ocupados cuidando su puesto y su clientela para tomarse tales licencias.

El 95% de los funcionarios, como el resto de quienes han conseguido preservar su fuente de trabajo o inventarse una, difícilmente pueden pensar en paseos y vacaciones en tiempos de pandemia y empobrecimiento.

A falta de reactivación, se anuncian dos muy correctas medidas en pro de las mujeres: la superación de brechas salariales entre sexos y educación escolar para prevenir la violencia contra las mujeres.

Todas estas disposiciones están muy lejos de encarar con la amplitud y el vigor requeridos el mayor decrecimiento económico experimentado en más de un siglo6.

6 Véase: https://n9.cl/t61lz, pp. 13-25. También: https://n9.cl/nimoq

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A este se suman un muy importante déficit fiscal acumulado y la amenaza de regreso a la pobreza de entre un millón a un millón y medio de habitantes (“la pobreza en la región podría incrementarse hasta 37,3%, mientras que la pobreza extrema a 15,5%”, afirma Rolando Ocampo, jefe de Estadísticas de la CEPAL). Además, se calcula una caída de cerca del 40% de los ingresos del país (según la Fundación Jubileo), debido a la disminución de volúmenes y precios de exportaciones, y por el impacto de todos estos problemas en el empleo y la provisión de los servicios básicos (en primer lugar, los servicios sanitarios y la educación).

Las medidas anunciadas son un pálido y difuminado esfuerzo de seguir las recomendaciones de organismos como la CEPAL, que se resumen, textualmente, en: Primera prioridad, atender la crisis sanitaria, en la fase de control de la epidemia, para poder pasar a la fase de reactivación de la economía y reconstrucción con más equidad7.

Políticas fiscales y monetarias expansivas para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación y la reconstrucción.

Políticas sociales para atenuar los impactos sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad.

Políticas productivas para evitar la destrucción del tejido productivo y apoyar la reactivación8.

Tales pautas, más que un programa especializado, parecen dictados del sentido común, sentido que se muestra completamente esquivo con el gobierno y sus opositores parlamentarios; el atónito silencio de estos últimos acompaña la semiparálisis gubernamental. Con ello tiende a confirmarse 7 El domingo 29 de noviembre último, el Ministerio de Salud hizo conocer las primeras medidas de prevención, entre las que se incluye el uso de dióxido de cloro y el control de precios en las farmacias, pero no los pagos atrasados ni las masivas adquisiciones de trajes de bioseguridad para el personal de primera línea; tampoco la adquisición de pruebas diagnósticas, o montar el seguimiento y mapeo de contactos. El gobierno de Arce apuesta por campañas de inmunización masivas (gratuitas, ha prometido el ministro del área), probablemente donadas, con vacunas que presentan un alto nivel de incertidumbre en cuanto a eficacia, efectos secundarios y horizonte de inmunización.

8 Véase: https://n9.cl/48ht0

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que el MAS disfrutará de entrada de una oposición política desmoralizada, desarticulada y desprovista de propuestas e imaginación.

El aturdimiento oficial ha otorgado a la oposición una ventana de oportunidad única para hacer propuestas, plantear iniciativas y exigir acciones.

En vez de ello, las coaliciones electorales que supuestamente militan en la oposición se subordinan al ritmo y la agenda del oficialismo, y se dedican, igual que él, a distraer la atención pública, centrando sus mensajes en candidaturas y enjuagues para las elecciones de marzo.

Miopía estable La escasa capacidad de comprensión sociohistórica del país que manifiestan las tiendas políticas opositoras se reitera dramáticamente en la esquemática y simplista autocrítica que asume Comunidad Ciudadana ante su fracaso electoral9. Lo atribuye principalmente a “factores ajenos”, mientras llama eufemísticamente “inadecuada aproximación a lo nacional popular” a su visión señorial, alejada de una comprensión de la gravitación indígena y campesina10 que caracteriza la realidad boliviana.

A los pasivos ya conocidos en materia de conocimiento y sensibilidad social y política estructural de estas tiendas opositoras, se agrega ahora la incomprensión del resultado electoral y, por tanto, de la naturaleza, calidad y límites de la gran votación recibida por el MAS en estas elecciones, en comparación con su triunfo de 2005.

Un dato clave es la diferencia abismal entre los votos con una expectativa de cambio, de inclinación revolucionaria, que ungieron el triunfo del MAS en 2005, y los votos de nítido talante de defensa, conservador y resignado que muestra su votación de 2020. Este hecho no ha sido públicamente analizado por los opositores, aunque sea materia prima fundamental para el diseño de estrategia, tácticas y políticas alternativas.

El temor a una nueva condena a la marginalización política y social, propia del voto masista más duro y leal (principalmente en su núcleo cam9 Véase: https://n9.cl/xdwk2 10 Ni una palabra sobre lo absurdo de una campaña caudillista, centrada en torno a una persona presuntamente parte de una comunidad, ni de su pasividad y carencia de iniciativa y creatividad, pese a que cuenta con la bancada con mayor representación femenina y juvenil.

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pesino rural andino y en el de los cocaleros), se extiende ahora al resto de los electores del MAS. Lo hace en una relación inversamente proporcional a la estabilidad y antigüedad de su residencia urbana, que puede sumar cerca al 60% del total de ese conjunto11.

La traducción de esta situación es que una buena mayoría de los que han apoyado al binomio Arce-Choquehuanca lo ha hecho por consideraciones prácticas (no ideológicas ni etnonacionalistas), sopesando lo que consideran como la capacidad real del nuevo gobierno de atender las preocupaciones e incertidumbres colectivas.

Esa presunta capacidad será puesta a prueba durante los próximos meses. Y con ella, la fortaleza de la adhesión y confianza de los que, espantados por el comportamiento del gobierno interino y la mediocridad de las otras opciones, prefirieron el mal conocido. Todo ello está sustentado en la expectativa de ver rápidamente resultados tangibles en materia económica, sanitaria y educativa, principalmente.

Esto también limita, en mucho, el espíritu de reformas internas del nuevo gobierno. Estas se han magnificado en noticias y análisis editoriales, basándose casi exclusivamente en declaraciones y en una cierta renovación, sobre todo de parlamentarios oficialistas. Lo único verdaderamente sólido hasta el momento es que se ha incrementado el peso de las dirigencias sindicales y su cuota de participación burocrática12. Pero esto, lejos de impulsar una renovación, parece acentuar el corporativismo y el inmovilismo ideológico y conceptual del MAS. El programa que dicen que proponen aplicar parte de la idea de mantener básicamente intacta la matriz productiva y energética del país. Sin embargo, todo anuncia que los costos de esta decisión (que mantendrá, por ejemplo, las altas e improductivas subvenciones a empresas antieconómicas) empeo11 Estas mis estimaciones se basan en el análisis de cifras proporcionadas en el sitio: https:// n9.cl/j56eg 12 La singular intensidad de enfrentamientos por copar espacios ha empezado temprano, y puede empeorar rápido y mucho, debido a la influencia que ejercerá sobre ella Evo Morales y los miembros de su séquito, desalojados hoy de puestos protagónicos en el Estado. Estos desajustes internos también se verifican en distintas posiciones en torno a cómo encarar las relaciones con los aparatos represivos (FF. AA., Policía y sistema penal). Esto puede complicar la gestión de los conflictos sociales y abrir espacio, en situaciones de crisis (que tienden a ser frecuentes), a mayores desajustes entre el Ejecutivo y dichas instituciones.

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rará las consecuencias sociales y ambientales que venimos arrastrando debido al ineficiente y destructivo modelo desarrollista vigente.

El azoro y la lentitud para formular una oferta anticrisis por el equipo de Luis Arce Catacora puede todavía atribuirse a la falta de tiempo y ensamble del grupo. Parece menos prudente la hipótesis de que se debe principalmente a ataduras ideológicas y a la incapacidad del personal ejecutivo. Sin embargo, esta segunda hipótesis se basa en hechos, por lo que nos permite prever mejor la tendencia central del proceso y su prospectiva.

Las posibilidades de que el gobierno enfrente, desde su arranque, limitaciones genéticas para enfrentar apropiadamente los retos que debe resolver y, en consecuencia, tenga una gobernabilidad hipotecada y quebradiza, se advierten en: • Que el programa electoral 2020 del MAS reproduce lo esencial de la Agenda 2025, creada para reelegir a Morales Ayma; esta propuesta no asimila las nuevas condiciones, empeoradas por la pandemia y la concomitancia de otros problemas; • Las limitaciones del binomio Arce-Choquehuanca para prevenir y subsanar las contradicciones entre la propuesta y el enfoque tecnocrático del presidente y el discurso metafísico de su vice13; • La omisión completa de propuestas de cambio de matriz productiva, ante el agotamiento o estrangulamiento de las fuentes tradicionales de ingresos del país; • La subordinación política y orgánica gubernamental al caudillismo de Morales Ayma; • El renovado y mayor peso que tiene en la gestión gubernamental la dirigencia corporativa, principalmente la de origen campesino y colonizador.

13 El excanciller perdió una oportunidad excepcional para darle algo de verosimilitud y sustancia a su discurso de posesión, al no haber exhortado a su bancada a retroceder en la modificación de reglamentos parlamentarios, que atenta contra el espíritu de una Constitucional Plurinacional. La esencia de este último término es la comunión, entendimiento y permanente búsqueda de acuerdos en el mosaico de minorías que componemos el pueblo boliviano (más de 36 pueblos originarios, mestizos y combinaciones múltiples), para desterrar la imposición característica del colonialismo.

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Como se ve, se trata de pesadas cargas que impiden un camino de rectificación e innovación política e ideológica que supere los ajustes cosméticos introducidos hasta ahora. Con esto se completa el círculo de la estrecha visión propia de la dirigencia política (oficialista y opositora), que deja desguarnecida a la sociedad de alternativas de conducción y guía política.

En cualquier caso, brilla por su ausencia un plan para unir y reconciliar a la sociedad a partir de una identificación realista, profunda y sincera de los problemas a los que nos enfrentamos.

También se nota la falta de un amplio proceso de deliberación colectiva para encarar los graves desafíos que tenemos al frente, en lo económico, sanitario, educativo, económico, democrático y ambiental. Todas las recetas oficialistas y opositoras comparten un carácter cupular, vertical y no participativo.

Punto a punto y el peso del pasado En estas circunstancias, las posibilidades de rescatar y poner de pie a organizaciones sociales autónomas frente al Estado son tan o más remotas que hace un año. El triunfo electoral masista premia la subordinación de las dirigencias vigentes y encamina a nuevos dirigentes a imitar sus pasos.

La combinación de ambos factores, junto a un programa de gobierno encadenado a continuar con el modelo de desarrollo vigente y la ausencia de fuerza organizada para resistir sus efectos agravados, dificultará la resistencia social e incrementará el sufrimiento de los más débiles, cuyo número crece aceleradamente.

Mientras la burocracia estatal se prepara para mantener presupuestos que obligan a que paguemos colectivamente el lastre de grandes y fallidas empresas (plantas secadoras de gas, aeropuertos sin tráfico, ingenio azucarero sin caña, obras públicas inútiles o inutilizables) y estipendios a una amplia gana de altos funcionarios, las exportaciones no abastecerán la demanda de divisas para importar, y se multiplicarán los requerimientos para atender la emergencia sanitaria y las nuevas condiciones que requiere la instrucción escolar.

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Además, con los presupuestos departamentales, municipales y universitarios estrangulados, la disputa por cada punto porcentual del presupuesto se enardecerá y marcará la tónica de tensiones que tiende a abrirse el próximo año.

Ante la ausencia de medidas para reducir el costo de las importaciones de combustibles, aumentar la exportaciones gasíferas (mediante el uso de fuentes hídricas ya disponibles y no derrochar recursos fiscales en prospecciones inciertas y de lentísima maduración), una plataforma de resistencia y movilización social contra el avance de la enfermedad, el hambre y la pobreza requerirá de mayores partidas educativas, sanitarias y de reactivación y transformación productiva, en vez de los importantes gastos burocráticos e improductivos presupuestados.

Elevar las partidas para educación, servicios sanitarios y socorro a los más golpeados, frente a la pretensión gubernamental de preservar partidas para emprendimientos que no funcionan y plantillas infladas de personal parasitario, podrá ser parte de la pugna predominante en los próximos meses. A ello se sumarán los reclamos departamentales, municipales y universitarios para que los recortes no los asfixien completamente.

Estas demandas resultarán inseparables de la defensa del medioambiente, como reserva estratégica de fuentes de vida y de un modelo alternativo de desarrollo, puesto que se avizora que se mantendrán e intensificarán las políticas avasalladoras de reservas naturales y territorios indígenas. Se busca justificar estas políticas con la ampliación del cultivo de alimentos, cuando la realidad ha demostrado que tales concesiones terminan incrementando la especulación y el tráfico de tierras.

Como una afirmación de lo dicho, la manera en que ha debido despedirse al ministro colonizador que estuvo a la cabeza del Ministerio de Tierras recalca la dificultad que tienen profesionales políticos, oficialistas y opositores para entender estos problemas, que se han mantenido marginales en ese caso de nepotismo y clientelismo.

Nadie planteó que el tema central en ese despacho es que ha encubierto el tráfico de tierras durante los 14 años del régimen masista y sus sucesores interinos entre 2019 y 2020. En consecuencia, el incidente del renunciado ministro debe llevar a un cambio radical de la gestión de este

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recurso estratégico, bajo personal libre de toda sospecha de reproducir las prácticas depredadoras ejercidas por el MAS y sus aliados empresariales del agronegocio.

Las primeras confrontaciones volverán a plantearse en torno a la prevención y al combate de incendios. Si estas reivindicaciones toman impulso, puede ampliarse la posibilidad de que las hoy muy aisladas demandas de pausa ecológica y prohibición del cambio de uso del suelo se afirmen y se expandan.

La conciliación, la unidad y la prevención de choques entre sectores populares requieren de todo el apoyo que puedan prestar las instituciones sociales no subordinadas y secuestradas estatalmente.

No hay que perder de vista que la propensión a los choques violentos se ha incrementado sin tregua. La base mínima de procesos de diálogo y pacificación es la única referencia democrática vigente, es decir, la plena vigencia de nuestra atropellada y vulnerada Constitución Política, debido a su contenido en materia de derechos y su línea de democracia plural e intercultural.

El vacío de propuestas económicas gubernamentales viene acompañado por una magnificación de las prácticas prebendales y corruptas. Al mismo tiempo, la administración de justicia bate cualquier marca previa de degeneración y subordinación al poder y amparo de la impunidad.

Las propuestas masista y de CC de reformas del Órgano Judicial podrían quedar muy cortas frente a lo que ocurre en esta esfera. Tendrá que verse el alcance y la congruencia del positivo avance que supone haber abierto un espacio de consulta con especialistas, incluyendo a figuras ajenas al gobierno.

El caudillo insomne La paradoja actual es que la resistencia popular, incluso la más independiente, puede ser asimilada por la única opción política que buscará capitalizar el debilitamiento gubernamental. Esta posibilidad es la que prepara con su frenético activismo Juan Evo Morales Ayma, a título de fortalecer su partido. Conscientemente o no, acumula fuerzas para presentarse como

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alternativa a una administración (es decir la de Arce Catacora) que sería acusada de haberse alejado del evismo.

A pesar de su gran influencia en el gobierno, expresada en la cuota de altos cargos que se ha distribuido entre sus seguidores incondicionales14 y su capacidad de imponer decisiones, así como su control completo de la maquinaria partidista, Morales se esfuerza por simular distancia.

La exacerbada pugna corporativista, estimulada por la menor disponibilidad de recursos fiscales, amplía sin tregua su capacidad de arbitrar las disputas internas y manipularlas a su favor. Así, ante el recrudecimiento de los problemas podrá acusar a sus colegas de no saber administrar el poder y podrá autoproponerse como solución, inclusive mediante una elección anticipada.

En una palabra, la suerte del MAS sigue estando en sus manos y no en las de otros, de modo que, como antes, el único factor capaz de afectar este balance es la movilización social espontánea.

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14 La elección del exvicepresidente y del ministro represor de la marcha del TIPNIS como acompañantes en su retorno debe leerse como toda una declaración política y un plan de acciones futuras.

Fractura aymara en occidente, tráfico de tierras en oriente El lapso entre la elección nacional y las de gobernaciones y municipios ha transcurrido de forma más benévola de lo que cabía esperarse para el gobierno Arce-Choquehuanca, si se considera la ausencia de planificación y de claridad estratégica y las deficiencias de gestión que lo caracterizan.

La relativa escasez, dispersión y baja continuidad de la protesta, resistencia y movilización social son la señal más importante de que el período de gracia concedido por el electorado hacia la administración se mantiene vigente.

El temor a que cunda la desesperación y el deseo de que la situación no se deteriore parecen primar por encima de la impaciencia y el manifiesto fastidio popular ante la ausencia de guía y ante el claro predominio de maniobras y agresiones que provienen del mundo político, y muy especialmente de los gobernantes1.

El ruido y la agitación electoral han ayudado a enmascarar las expresiones de malestar ante el avance de la enfermedad, el desempleo, la pérdida de ingresos y las sobrecogedoras incógnitas que acarrea la persistencia de la pandemia.

Parte de esa desazón ha gravitado en la derrota oficialista en seis de las nueve gobernaciones y en los municipios de las mayores urbes; al mismo tiempo, 1 Sin subestimar el mal trago que supone para la dirigencia masista repetir la derrota departamental que años atrás sufrió frente a Patzi, ahora frente al hijo de Felipe Quispe, el Mallku, parece bastante claro que, a mediano y aún a corto plazo, tienen grandes posibilidades de controlar completamente la Gobernación de La Paz gracias a su alta representación en la Asamblea Departamental y a la absoluta inconsistencia de la ya quebrada coalición triunfadora. De modo que podemos afirmar que sus derrotas concretas en las gobernaciones están más cerca de cinco que de seis.

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ha estimulado las pugnas internas del MAS. Esas querellas no muestran hasta ahora una línea de horizonte de finalización, o de llegar al punto de que la desagregación y la pérdida de gravitación alcancen el punto de implosión.

La gran salvaguarda que protege al MAS es que, desde ningún espacio, comenzando por el de los políticos profesionales que ofician de opositores, asoma alguna señal de estructuración de una propuesta capaz de hacerle frente consistentemente.

El enemigo en casa Por eso, hoy como ayer, todo el peligro que debe enfrentar el gobierno del MAS anida principalmente en su seno, completamente encarnado en el genio y figura de su máximo y perpetuo jefe, Juan Evo Morales Ayma, secundado por su escolta de fieles a ultranza.

La campaña electoral que Morales y su entorno han conducido para las subnacionales, los resultados que obtuvieron y el giro ofensivo que han impreso a su formación política y al gobierno retratan perfectamente lo aseverado.

El carácter y el estilo de la campaña para copar los órganos de gobierno autonómicos, departamentales y municipales ratifica que cualquier hecho o desafío importante para el MAS es y será manejado como parte de la única y gran empresa que trabaja por su más pronto retorno al sillón presidencial, en principio, mediante reelección en el próximo evento electoral nacional, sea este en 2025 o antes.

Con ese espíritu, la fase proselitista fue utilizada para hostigar, aislar y ahuyentar a cuadros militantes masistas que no merecen la máxima confianza del jefe y su séquito. Esto permite explicarse cuatro o cinco de las derrotas en gobernaciones y algunas de las municipales, como las de El Alto.

Así y todo, el repliegue de cerca de un millón de votantes (en comparación con las nacionales de 2020) y la mayor parte de las votaciones adversas en las ciudades más pobladas no resultan por sí mismas distintas a las de elecciones departamentales y municipales anteriores, ya que repiten el comportamiento de sus votantes desde su primera victoria nacional en 2005 (ese patrón que, además, no se aplica únicamente al MAS).

Lo auténticamente importante —que además es inseparable la política de ajuste interno de cuentas encabezada por Morales Ayma— se palpa en

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los fracasos en las alcaldías alteña, cobijeña y cochabambina, así como en las gobernaciones de Chuquisaca, Pando y Beni, todo lo cual puede resumirse en que estas derrotas pueden contribuir a consolidar un mayor potencial erosivo para Morales Ayma en una futura contienda nacional.

En El Alto, por el peso simbólico e histórico de la adhesión al MAS de esa población, así como por el vuelo que ha tomado la figura de Eva Copa entre los aymaras.

En Cochabamba, por el hecho de que el nuevo alcalde representa en el ideario masista al estereotipo de los viejos dirigentes neoliberales. En Beni y Pando, porque con la derrota se materializa un serio tropiezo de la estrategia de ocupación demográfica y territorial alentada por el MAS desde el inicio de su régimen sobre las tierras bajas, y en especial sobre la Amazonía.

En Chuquisaca, porque Damián Condori es probablemente el primer disidente masista joven. Su experiencia sindical y política inquieta a la conducción masista.

El conocido tipo de respuesta y tácticas de Morales y su entorno a estos contrastes, lejos de bosquejar una elemental autocrítica y enmienda, ha acelerado y ahondado las agresiones y choques con sus críticos, cerrando las puertas a cualquier posibilidad de reencuentro e inflamando las posibilidades de que los agraviados se dejen arrastrar por una escalada de choques.

A partir de la anterior interpretación, la ofensiva continua, sumada a la persecución judicial contra la exPresidenta interina Añez y algunos de sus colaboradores, así como a altos mandos militares y policiales de la gestión 2019-2020 y de nuevas autoridades locales electas, son el paquete de promoción y lanzamiento de la candidatura presidencial de Morales Ayma.

La llamativa severidad asumida frente a militares y oficiales por un equipo tan militarista —Morales, Quintana, García y otros igualmente destacados— en sus años de mayor gloria, es una muestra inequívoca de que quieren dejar muy claro de que el viejo equipo y hoy estado mayor de campaña está empapado de agresividad y fuerza. Estos serían el sello y el estilo de su retorno al control del poder2.

2 La máxima conducción del MAS, es decir Morales y sus allegados íntimos, conocen probablemente más que ningún otro grupo de políticos las intimidades de las Fuerzas Armadas

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La importancia de las falsedades Todos aquellos análisis que asumen la razzia represiva gubernamental como simple expresión de rencor y revancha, omiten aquilatar el importante componente de estrategia de la que es parte, y que se manifiesta muy claramente en el vociferante discurso de “golpe vs. fraude”, verdadero lema inicial de la campaña de reelección de Morales.

Su obsesiva insistencia en ese argumento se funda en la ansiosa necesidad de nublar, hasta borrarlo, el recuerdo de la fuga de Morales y sus más fieles acompañantes. Pretende, asimismo, desdibujar la historia de las componendas y acuerdos económicos que mantuvo el régimen masista, de 2010 en adelante, con los grupos empresariales ligados a su oposición partidista y luego al gobierno de Añez3.

Ante la provocación que representa la colección de falsedades que el MAS emplea para sustentar la versión de golpe de Estado, del MAS, la oposición político-profesional ha caído nuevamente en la trampa conceptual de alimentar el debate de “golpe vs. fraude” .

Al hacerlo, olvida la oposición que todo el conflicto se origina —qué duda cabe— en el golpe de Estado ejecutado por el TCP contra la CPE, las leyes y la soberanía popular, declarando inconstitucional nuestra Constitución (y suspendiendo de facto su vigencia)4. y de la Policía porque han cultivado la prebenda y el contacto próximo con sus mandos por más de una década. Cuando el movimiento de suboficiales planteó la descolonización, jefes y oficiales militares tuvieron pruebas inconfundibles de que el gobierno estaba de su lado.

Esa historia previa permite explicar la audacia de la intervención y de las medidas represivas que se alientan para castigar a los mandos de la época de Añez. Con todo, se trata de acciones que dejan una huella profunda en la cultura y en la visión corporativa de ambas instituciones, y que pueden asomar en próximas épocas turbulentas para este gobierno, o en un hipotético nuevo gobierno conducido por Morales Ayma.

3 No puede ser más elocuente la peregrinación de la élite empresarial del agronegocio al Chapare para solicitar el patrocinio de Evo (véase: https://www.paginasiete.bo/ nacional/2021/5/1/los-ganaderos-acuden-evo-le-piden-que-interceda-ante-arce-paraexportar-carne-293653.html). También el hecho de que Branko Marincovic se haya sentido obligado a integrar directamente el gabinete del gobierno interino, aparentemente por su insatisfacción con la gestión de gerentes y exgerentes de la CAO y la CAINCO, y por la demora en procesar las denuncias en contra de su familia por acumulación latifundista de propiedades.

4 “Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido” es exactamente la segunda acepción de golpe de Estado. La sentencia 0084/2017

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El debate tendría que centrarse en aclarar cuándo, dónde y por quiénes fue ejecutado el (único) golpe estatal, y así dejar sentado que el fraude (que no solo se aplica al conteo de votos de octubre de 2019, sino a todo el manejo electoral previo) es un capítulo y consecuencia de ese auténtico golpe. Pero sería demasiado esperar de una oposición que, en vez de crear lazos y ensamblarse con la protesta y la movilización social, prefiere buscar soluciones ante gobiernos ajenos y en foros extranjeros.

Sobre tales apoyos y pronunciamientos externos, la prolongada experiencia de países como Venezuela o Nicaragua demuestra que todas las condenas, censuras e inclusive bloqueos internacionales sirven principalmente para acrecentar el sufrimiento de los pueblos, y resultan poco útiles para terminar con los abusos de gobiernos represivos.

En circunstancias en las que las noticias deformadas y las falsedades sistemáticas encuentran en los medios de comunicación más populares y empleados —las plataformas y redes digitales, más conocidas como “redes sociales”— la mejor manera de difundirse, se requiere de un claro e innovador enfoque para contrarrestar esa situación, tan extendida hoy en el planeta.

La mejor forma de contrarrestar los efectos de la desinformación y confusión es trabajando con y desde las luchas sociales por derechos y reivindicaciones concretas. Estas luchas se amplifican a diario ante el retorno masivo de miles de familia a la pobreza y la extrema pobreza.

Salud y economía Se mantiene vigente aquello que se afirmó en un análisis de esta serie a poco de iniciarse la epidemia mundial del SARS-CoV-2 respecto a nuestro conocimiento sobre el agente y la enfermedad: el conocimiento acumulado en más de un año está bastante lejos de despejar dudas fundamentales referidas al comportamiento y la acción del virus.

Aunque algunos países más ricos esperan volver a una vida más normal en las próximas semanas, el panorama mundial sigue siendo terrible. El número de casos globales de Covid-19 ha aumentado por novena semana del TCP revocó la Constitución, principal institución democrática del país, sin consulta ni referendo aprobatorio, y anuló de hecho el referendo de 2016.

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consecutiva y el número de muertes ha aumentado por sexta semana consecutiva, dijo la OMS el lunes pasado. Para ponerlo en perspectiva, hubo casi tantos casos en todo el mundo la semana pasada como en los primeros cinco meses de la pandemia.

A principios de abril de 2021, solo el 0,2% de las más de 700 millones de dosis de vacunas administradas a nivel mundial se administraron en países de bajos ingresos, mientras que los países de ingresos altos y medianos altos representaron más del 87% de las dosis 5.

Tiene amplio sustento el creciente temor a que la distribución y venta de vacunas se convierta en fuente de rápido y gran enriquecimiento de las grandes farmacéuticas, ahondando la desigualdad global e imponiendo cargas brutales sobre las espaladas de los más desfavorecidos.

Autoridades bolivianas han planteado la iniciativa de eliminar las patentes sobre las vacunas. Pero, como ocurrió en el pasado, la conducta de puertas adentro del gobierno neutraliza su influencia moral y su capacidad de iniciativa y liderazgo internacional.

Con el avance de las vacunaciones6, hasta ahora se manifiestan unos irregulares e incluso erráticos resultados epidemiológicos, que se aprecian en los gráficos de cuatro países que han conseguido buenos índices de vacunación: Israel, Estados Unidos, Alemania y Chile Curvas epidemiológicas de los últimos 60 días (al 30.04.2021)

Israel

Estados Unidos

Chile

Alemania

Fuente: elaboración propia basada en: https://n9.cl/bo5h

5 Véase: https://n9.cl/kxcdg 6 Sin perder de vista las gravísimas fallas, problemas y omisiones casi universales y el hecho de que los beneficiarios se hallan principalmente en unos pocos países.

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Llama la atención que solamente Israel presenta una caída neta de contagios, como posible respuesta a una campaña muy amplia y agresiva de vacunación. Eso no pasa en EE. UU. ni en Chile, donde los contagios muestran un descenso más paulatino y suave, ni en Alemania, que muestra más bien un ascenso y una meseta.

Ese comportamiento cuestiona el pronóstico, muy popular en cierto momento, de que las vacunaciones permitirían automáticamente el retorno a “la normalidad” previa a la pandemia. Ahora se vislumbra una evolución más compleja e imprevisible.

En el nuestro se repiten los reproches, sociales y políticos, y las justificaciones gubernamentales comunes a todo el subcontinente y, en realidad, a casi todo el mundo, sobre vacunaciones y manejo sanitario de la pandemia.

La mayor particularidad de Bolivia en este campo podría ser que, si en algún momento el agresivo avance de una nueva oleada requiriera medidas restrictivas, como cierres y cuarentenas, estas no vayan a ser asumidas por ninguna instancia estatal (ya sea el gobierno central, o cualquiera de los gobiernos autonómicos). O que, si alguna autoridad se anima a pretender aplicarlas, resulten casi imposibles de materializar, dada la relación entre la sociedad y el Estado, el predominio de la informalidad económica, la fuerte influencia corporativista y la rebeldía social, apenas adormecida por ahora.

Algunas investigaciones que han logrado profundizar en el tema confirman que la mortalidad por Covid-19 en nuestro país fácilmente duplicaría (y seguramente más) las cifras oficiales7. Ocurre, simplemente, que como los datos oficiales de muertes por Covid abarcan exclusivamente a los decesos registrados (unos 13.000 hasta finales de abril) y diagnosticados mediante una prueba PCR, es fácil caer en cuenta de cómo y por qué hay una diferencia tan grande entre la realidad y el gran número de muertes excedentarias.

Al elevarse, con la difusión de contagios, el número de muertes (las llamadas excedentes a las que debe sumarse el amplio y estadísticamente desconocido subregistro rural), es plausible considerar la hipótesis de que el número de personas infectadas en nuestro país al menos una vez 7 Véase: http://www.cabildeodigital.com/2021/02/cuantos-murieron-y-cuantos-podrian.html? fbclid=IwAR2QOQ5eK5vyiK6qffzvv-gDNkNsYT_vHu_—vUmw-hvR39jMTlkgqsocX4

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oscila entre un millón y millón y medio, en vez del poco más de 300.000 registrados hasta ahora (unos 26.815 infectados por millón de habitantes, aproximadamente).

Partiendo de tal presunción, nuestra población estaría reaccionando de manera bastante más estoica que la de algunos de nuestros vecinos, que tienen, prácticamente en todos los casos, sistemas sanitarios más sólidos y mejor organizados8.

La oferta de camas de unidades de cuidado intensivo o la provisión de oxígeno medicinal ha cambiado muy poco respecto al año pasado. En materia de déficit de provisión de vacunas y de vacunaciones, compartimos una situación similar con muchos otros países.

Estas debilidades, que se van acumulando junto con la inexplicada falta de resolución de problemas, como son el pago de salarios a personal sanitario, compra o inicio de fabricación de insumos y medicamentos, comunicación veraz y oportuna sobre la enfermedad, entre otros, pueden llegar a provocar una crisis sanitaria verdaderamente desastrosa.

La pasividad e incompetencia del área sanitaria no es muy diferente a la que se verifica en la economía, donde se está cometiendo todos los posibles errores y fallas que permitía temer la rigidez ideológica gubernamental y su dificultad para innovar.

Tráfico de tierras y extractivismo Es más, en ciertos aspectos, como la inducción y el encubrimiento del tráfico de tierras a gran escala —que en análisis anteriores se caracterizó como la mayor fuente de corrupción y agresión contra los intereses comunes de la sociedad boliviana—, y el destape del caso del exministro Characayo del MDRyT, en un acto de extorsión funcionaria supuestamente aislado, han permitido ensanchar el panorama sobre la gravedad del tema. Este problema se agrega a las duras disputas intra e intercorporativas y querellas internas del MAS. 8 Así es en Chile, Argentina y Brasil. Cabe plantearse aquí la pregunta de cuánto puede pesar en ese estoicismo la fuerza del negacionismo alentado por varias sectas y también por segmentos del MAS y alguna de las organizaciones corporativas campesinas que lo sustentan, empeñados en argumentar que la pandemia es un invento imperialista.

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Una referencia constante en estos análisis ha sido la acumulación de agresiones ambientales y, en este caso especial, el ensanchamiento del mercado de tierras, gracias a la expansión de la frontera agrícola, sobre la base de la deforestación, para uso ganadero y agrícola de suelos frágiles. Esta búsqueda de acumulación rápida de capital que implica, además de lo mencionado, la invasión de reservas naturales, territorios indígenas y parques nacionales, nos pone arriba en la lista de los promotores del calentamiento global, aunque nuestra producción de gases de efecto invernadero es muy baja (excepto la que ocurre con los incendios forestales).

Los costos que estas acciones implicaron para el país tienden a incrementarse exponencialmente, con una administración que reitera mecánica y torpemente las políticas de volcar todos sus esfuerzos y expectativas en la explotación de hidrocarburos y minerales y en mantener agroexportaciones destructivas.

Los problemas de falta de innovación y transformación productiva están empeorando debido a que la política económica vigente nos obliga a pagar el lastre de algunas grandes y fallidas empresas, supuestamente públicas, pero en realidad expropiadas para el beneficio de una parasitaria burguesía burocrática de Estado.

El país carece de nuevos ingresos; los tradicionales observan una cierta recuperación por el alza de precios de minerales y del gas natural, y es muy limitado el alcance de nuevas medidas recaudatorias, como el impuesto a la riqueza y la vaporosa intención de gravar el comercio digital. Esto conduce a una paulatina sangría de las menguadas reservas internacionales (por el persistente desequilibrio de la balanza de pagos) y al déficit, lo que incrementa una situación amenazante para los próximos meses.

Tensiones con gobernaciones y municipios La posesión de nuevos gobernadores y alcaldes elevará las tensiones y pugnas por la distribución de recursos fiscales. El reclamo vendrá no solo de las autoridades opositoras, sino también de las masistas, que hallan fuelle a sus demandas en la proliferación de querellas internas en el oficialismo.

Nuevas figuras de estas elecciones, como Eva Copa, suponen un duro desafío para el gobierno central; al mismo tiempo, deberán enfrentar la

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enorme limitación que supone no contar con un programa, un ideario y una estrategia cualitativamente diferenciadas de los del MAS. Tal como sucede en este partido, sus muy improvisadas administraciones enfrentarán pugnas y chantajes internos, exigiendo retribución por los aportes de campaña.

Estas autoridades se verán obligadas, prácticamente desde el inicio, a confrontarse con el centralismo extremo. Es posible que exijan que se revoque algunas de las cargas adicionales que les impuso arbitrariamente el régimen de los 14 años, socavando sus recursos.

La disputa por la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda puede tomar cuerpo, impulsada por Santa Cruz, especialmente si las contradicciones internas del MAS debilitan la credibilidad y la autoridad gubernamental.

El ritmo de lo ingobernable Arce Catacora ha compensado su escaso entrenamiento político con un temprano y rápido acercamiento a la dirigencia de las grandes organizaciones sociales que se sintieron agraviadas de distinta manera por Morales Ayma y su séquito.

Ha pagado un alto precio por esta lábil lealtad comprada, al entregarles parcelas de su gabinete y del conjunto del Ejecutivo. Esto se ve de manera directa y transparente en su subordinación ante grupos corporativos, como el de colonizadores y cocaleros, cuyo apetito es insaciable al exigir siempre más prebendas, o el sacrificio de funcionarios en los que no confía plenamente (¿ministros de Gobierno y de Justicia?).

Forzado, al mismo tiempo, a someterse a la dinámica impuesta por Morales Ayma y su campaña de reelección, calca sus métodos represivos y multiplica sus choques con actores internacionales (la Unión Europea, por ejemplo), sustentando batallas que intentan teñirse de anticolonialismo, en un ejercicio de desgaste estéril y prematuro.

Tal como su mentor y predecesor, acelera y ahonda el envilecimiento de la administración de justicia, a cuyos operadores tiene que pagar por sus servicios mediante diversas concesiones; en especial, la de completa impunidad. Su control de la bancada oficial, que hoy pareciera no representar

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mayores sobresaltos es, en realidad, precario porque una buena parte de ella oscila entre apoyarlo o incorporarse plenamente al grupo de incondicionales de Morales Ayma.

Por el lado oficialista, tenemos un Órgano Ejecutivo a merced de las exigencias corporativas y la presión de un jefe de partido que quiere reelegirse cuanto antes, y un Legislativo estructurado por brigadas corporativizadas.

Por el otro, una oposición sin proyecto nacional alternativo, una rama judicial entregada a la subasta de fallos y sentencias y subordinada al Ejecutivo y, ahora, un Tribunal Electoral cuyo presidente ha desertado. Este es el cuadro institucional proclive a reiterar una crisis estatal que podría igualar la que tuvo lugar entre finales del siglo anterior e inicios del actual. Mientras más se demore y se vaya arrastrando, mayor será su nivel de eclosión.

La diferencia crucial entre aquella y la actual es que ahora no se da la recomposición de un bloque popular, ni la reapropiación de los contenidos del proceso constituyente, bloqueado por el gobierno del MAS a poco de instaurarse.

Sin conducción organizada, ni proyecto explícito, la espontaneidad social sigue siendo la depositaria del mayor peso en la recomposición y definición de respuestas.

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Referencias noticiosas A continuación, va en notas al pie una importante cantidad de referencias noticiosas relacionadas con lo afirmado hasta aquí. Para diferenciarlas de las otras, se ha usado una numeración diferente.

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I https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/22/mapa-azul-mas-gano-240-de-las-336alcaldias-13-mas-que-en-2015-288209.html https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210418/columna/cincoconstataciones-despues-transicion-electoral https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/alianza-entre-mts-mas-desata-criticaspatzi-se-desentiende-289259.html https://eldeber.com.bo/pais/entre-insultos-y-amenazas-la-alianza-jallalla-se-deshace-enla-paz_229842 II https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/15/evo-afirma-que-esta-en-la-pobrezasus-rentas-bienes-suman-bs-15-millones-284472.html https://eldeber.com.bo/pais/evo-habla-enfermo-se-opone-a-la-cuarentena-rigida-y-abogapor-clases-presenciales_215836 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/25/siempre-hay-personas-que-rodean-alhermano-evo-que-no-le-dicen-la-verdad-288632.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/14/evo-confiesa-que-mintio-sobre-su-viajecuba-284427.html https://eldeber.com.bo/pais/evo-impulsa-cambio-de-estatutos-del-mas-para-que-susmilitantes-no-le-hagan-frente_229088 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/11/mercado-avalado-por-el-gobierno-estavacio-adepcoca-anuncia-bloqueos-286995.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/10/legislativo-aprobara-amnistia-para-losprocesados-durante-la-transicion-284038.html https://eldeber.com.bo/economia/obraspublicas-pide-sancionar-al-director-de-aasana-por-vuelos-irregulares-en-chimore_226034 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-purga-planteada-por-evo-choca-con-divisionen-las-organizaciones_228716 https://eldeber.com.bo/pais/evo-plantea-administrar-santa-cruz-desde-la-asamblea-conel-voto-indigena_227467 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/en-el-mas-afirman-que-copa-esfinanciada-por-la-embajada-de-eeuu-285946.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/19/evo-busca-extirpar-los-antievistas-delgobierno-de-arce-292276.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/19/eva-evo-traidor-es-quien-huye-abandonaal-pueblo-indefenso-292277.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/24/copa-la-cupula-del-mas-yo-tuve-el-valorde-quedarme-ustedes-escaparon-285427.html https://eldeber.com.bo/pais/el-poder-cocalero-es-mas-influyente-en-el-gobierno-ymanda-en-el-legislativo_228608 https://www.paginasiete.bo/gente/2021/4/26/organizaciones-sociales-pasan-de-laprebenda-al-control-de-cargos-en-el-estado-293003.html II https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/policias-estan-en-emergencia-surgencriticas-contra-aguilera-287846.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/15/arce-nuestro-pueblo-siente-temorcuando-ve-un-policia-281306.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/3/quintana-mandamos-nuestros-hijos-alcuartel-para-ser-peones-de-la-dictadura-286241.html https://eldeber.com.bo/pais/caso-senkata-general-de-ejercito-es-imputado-por-el-delitode-homicidio-por-los-hechos-registrados-e_219196

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https://eldeber.com.bo/pais/la-orden-de-ascensos-de-generales-subio-en-dos-grados-acada-integrante-del-alto-mando-militar_222261 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/al-menos-siete-organizaciones-afines-almas-pidieron-la-renuncia-de-morales-287590.html https://eldeber.com.bo/pais/declaraciones-de-exautoridades-del-mas-contradicenIII hipotesis-de-golpe-de-estado_224396 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/29/tres-exsenadores-revelan-que-el-mas-lesinstruyo-dimitir-en-2019-293401.html IV https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/1/en-enero-la-paz-reporto-casi-3000muertes-excedentes-el-87-esta-en-subregistro-285882.html https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/29/santa-cruz-medicos-de-uti-estan-sinsueldo-desde-hace-tres-meses-293390.html https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/1/medicos-de-beni-en-emergencia-sinsalarios-ni-insumos-basicos-293640.html https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/personal-de-salud-del-juan-xxiii-sinsueldos-desde-hace-meses-292734.html V https://eldeber.com.bo/economia/INTERCULTURALES-Y-CAMPESINOS-AFINESAL-MAS-SON-DUENOS-DE-248-MILLONES-DE-HECTAREAS-DE-TIERRAS_228633 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/21/interculturales-piden-tres-carterasdestitucion-de-lima-del-castillo-292497.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/16/inra-caso-marinkovic-aun-esta-enanalisis-tecnico-juridico-290983.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/15/cae-ministro-jefe-de-una-organizacioncriminal-que-pidio-coima-de-us-380-mil-290872.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/18/trafico-de-tierras-involucra-la-gestionde-ministros-deja-al-menos-100-procesos-291200.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-purga-planteada-por-evo-choca-con-divisionen-las-organizaciones_228716 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/experta-rompe-el-llanto-al-describir-la-realidad-de-lasareas-protegidas-en-bolivia_216956 https://eldeber.com.bo/bolivia/denuncian-afan-del-gobierno-de-desarticular-las-areasprotegidas_221710 https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/6/expertos-en-la-zona-arrasada-por-elfuego-se-preve-la-siembra-de-soya-233273.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcides-vadillo-nuestros-agroindustriales-crucenoscoinciden-con-los-colonizadores-o-interculturales_226812 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/las-manos-del-hombre-estan-matando-los-humedalesy-las-aguas-subterraneas-de-guarayos_212915 https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-alista-abrogacion-de-decretos-queavalaban-uso-de-transgenicos_224949 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/26/herida-ecologica-10-amenazas-ecocidaslatentes-en-bolivia-293050.html https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-desarrollo-rural-llega-a-santa-cruz-parareunirse-con-el-sector-productor_229270

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VI https://eldeber.com.bo/bbc/las-razones-de-bolivia-para-devolverle-al-fmi-un-creditomillonario-para-enfrentar-la-pandemia_221258 https://elpais.com/internacional/2021-01-04/los-gobiernos-latinoamericanos-progresistasredistribuyeron-los-ingresos-pero-no-la-riqueza.html https://elpais.com/economia/2021-01-16/se-avecina-una-nueva-crisis-de-endeudamientoy-sera-pronto.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/24/deuda-PUBLICA-supera-el-50-del-pibalertan-insostenibilidad-292836.html https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-estima-invertir-us-270-millones-para-laconstruccion-de-la-planta-de-biodiesel_216968 https://www.la-razon.com/economia/2021/01/11/molina-posesiona-al-presidente-de-ylbcon-la-mision-de-reactivar-la-industria-del-litio/ https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/19/revelan-que-ecebol-tiene-una-perdidaeconomica-de-bs-329-mm-292325.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/27/evo-suspendio-proyecto-de-litio-peroen-mexico-arce-culpo-anez-288881.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/19/revelan-que-ecebol-tiene-una-perdidaeconomica-de-bs-329-mm-292325.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/10/ingresos-de-empresas-publicas-bajaronen-61-el-ano-pasado-286896.html https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-estima-inversion-de-us-400-millones-en-20proyectos-de-exploracion_223491 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/5/la-renta-petrolera-cae-de-us-2347-1623millones-en-un-ano-286330.html https://rebelion.org/BUSCANDO-A-LA-PACHAMAMA-EN-BOLIVIA-OTRA-VEZ-LADIVERGENCIA-del-mandato-local-y-la-excusa-global/

Escenarios endógenos y externos ante una estrategia de poder El caudal y el contenido noticioso masivo que casi han monopolizado la atención de redes digitales y medios de difusión masiva convencionales1 coinciden tan ajustadamente con la estrategia que el último boletín asigna al comportamiento de la conducción del MAS2, que inducen a suponer que tal estrategia avanza holgadamente, pese a los contrastes que ha sufrido en el espacio internacional.

Y si fuese verdad que existió alguna resistencia dentro del gobierno a plegarse y subordinarse a esa estrategia —como varias veces lo ha denunciado Juan Evo Morales—, ese contratiempo también parece completamente superado.

De modo que las “tomas de distancia” de Arce Catacora y Choquehuanca3 o de cualquier otra figura destacada de los órganos estatales frente a Morales quedan reducidas a gestos aislados, muy ocasionales, mientras que la maquinaria estatal en su conjunto ha trabajado y prestado sus recursos 1 En tal sentido, el anexo de referencias de noticias de las últimas páginas no refleja la densidad, la intensidad y el espacio de redes y medios, sino el respaldo de afirmaciones aquí contenidas, igual que fuentes relevantes sobre temas aquí analizados y que sirven de apoyo a investigadores de las instituciones que acceden a estos análisis.

2 Señalando que el MAS apuesta todas sus cartas a la reelección de Morales Ayma, recauchutando su imagen con base a la táctica de imponer su visión de que fue una víctima de un golpe de Estado, al mismo tiempo que arrincona mediante la represión judicial a sus opositores políticos.

3 Es bastante obvio que estos personajes no se sienten cómodos en el papel que Morales Ayma y su equipo los obligan a jugar. Al mismo tiempo, sin embargo, queda perfectamente claro que carecen del valor, la fuerza y la experiencia para convertir sus críticas o rezongos en algo más que una anécdota. Por lo demás, carecen de un horizonte de formulaciones y criterios propios que los diferencie de la corriente principal del MAS, para sustentar cualquier disidencia seria.

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para reivindicar a Morales como el faro y el guía supremo, indiscutible e insustituible y, en ese sentido, como el ineludible presidente del próximo gobierno, cualquiera sea la fecha en que se lo elija.

Espada o mazo La primera tarea del equipo de campaña presidencial de Morales Ayma ha sido la reparación y el control de daños causados por los brotes de división o insubordinación interna del MAS, partiendo del manejo del aparato de Estado y, muy especialmente, de su segmento judicial.

Esto le ha permitido la plena recuperación del control de la administración de justicia, de cuya operativa, entresijos e intimidades tienen gran conocimiento y manejo un grupo de abogados. Estos —que son parte del núcleo de la burguesía burocrática de Estado conformada en torno a Morales desde el inicio de su régimen— han utilizado a todo su personal y a sus cómplices en el Ministerio Público y la judicatura para desbaratar cualquier proceso iniciado contra dirigentes y punteros operativos del MAS y llevar adelante una contraofensiva para perseguir, enjuiciar y encarcelar a sus oponentes.

La rutina de acusación, hostigamiento judicial continuo, detención “provisional” y extorsión, acompañada por el indispensable escamoteo de derechos y garantías, ha sido intensamente practicada casi desde el inicio de la gestión evista. El método actual aplica mayor celeridad en los procedimientos e intensifica el acoso; además, traslada estas prácticas al seno del Legislativo.

En el Legislativo, la bancada del MAS, derrochando bronca y diligencia, usa todo tipo de recursos y “procesos” internos para tratar de neutralizar el único éxito tangible de la oposición partidista en los últimos años, que consiste en haber superado por 15 votos (disminuidos ahora a 11) el límite que separa al oficialismo del control de los dos tercios en diputados4.

El acobardamiento que de por sí produce la maquinaria judicial boliviana, sujeta al mandato de los jefes masistas5, se combina con el todavía 4 Véase: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/1/denuncian-que-el-mas-hostigaprocesa-ofrece-dinero-por-dos-tercios-en-alp-306723.html 5 Decididos a aparentar como sea que ellos no se acobardaron cuando huyeron o se refugiaron en embajadas, frente a las movilizaciones nacionales que cuestionaron el prorroguismo

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vigente azoro que produjo el 55% masista de diciembre de 2020 en la oposición partidista, y que no se ha revertido ni con el retroceso del MAS en las elecciones autonómicas. Esto se debe a que las organizaciones políticas convencionales no forjaron tales triunfos ni participaron en ellos6; más bien, fueron gestados en buena parte por disidentes del oficialismos o activistas ajenos al partidismo.

Jeanine Añez ha sido seleccionada con fruición por la cabeza y operadores masistas para ser inclementemente castigada7, entre otras cosas porque su actitud, al haberse quedado en el país —e incluso haber participado como candidata en las elecciones para la Gobernación del Beni—, contrasta demasiado notoriamente la de Morales Ayma, García Linera, Quintana, Arce Z., Arce Catacora, etcétera, etcétera, quienes, ante una situación de riesgo, optaron por la fuga.

Esta diferencia de actitud es suficiente para sacar a flote el sadismo más primitivo de estos dirigentes y su raigal misoginia, que trata de disfrazarse de presión para que los opositores accedan a respaldar el juicio de responsabilidades contra Añez siempre y cuando, desde luego, no se aplique el mismo procedimiento a Morales Ayma por haber incitado a la violencia masiva contra los habitantes de las mayores ciudades y otros delitos concomitantes.

La ventaja que conserva el MAS en todo este frente es que el partidismo opositor ha sido incapaz de zafarse de la antinomia fraude-golpe, al debatir el problema bajo los términos de los estrategas de Morales Ayma. en 2019. Esto, además, es parte central de la estrategia de reconstrucción de la imagen de Juan Evo. 6 El miedo desatado por la ofensiva persecutoria oficial no se limita a los dirigentes y cuadros opositores. Afecta, con toda probabilidad, a ejecutivos y técnicos de ONG, ya sea que hayan o no padecido las ofensivas previas, como se aprecia en el trabajo cotidiano de muchas de ellas, que habrían optado por una marcada despolitización, según testimonios de personal de campo. La irrupción de UNITAS con una publicación criticando el comportamiento del gobierno es una notable excepción.

7 Las dos desventajas principales de la señora Añez ante toda la violencia judicial y simbólica con que la asedia el MAS son el descubrimiento de la catadura de sus principales asesores (Murillo con sus negocios o el exministro de Defensa con sus planes tipo Bahía de Cochinos), y el hecho de que ella, en su papel de representante —pero no parte integrante— de la gran burguesía transnacionalizada del agronegocio, carece de la fuerza para contrarrestar la persecución.

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El examen objetivo de los acontecimientos prueba que el MAS ejecutó un golpe de Estado en noviembre de 2017, y que llevó adelante un largo proceso de fraude durante los años en que subordinó, restó independencia y manipuló a su antojo al Órgano Electoral y a todos los tribunales electorales.

La oposición ni siquiera entiende que, al hablar de “golpe”, el MAS se refiere a una situación completamente ajena a las definiciones académicas y se pertrecha, casi exclusivamente, en el poroso informe de la OEA, referido a un horizonte temporal excesivamente estrecho. Por eso no le ha quedado otra que depender de factores externos (la opinión consultiva de la CIDH y el informe del GIEI8).

Guerra anunciada Al mismo tiempo que se desarrolla la confrontación sobre la interpretación y reinterpretación de la renuncia y evasión de Morales Ayma y el alto mando masista, la estrategia de esa conducción avanza firmemente en la guerra territorial que se libra principalmente en Santa Cruz y Beni.

La disputa por la tierra y el territorio, experimentada por los pueblos indígenas de esos departamentos como resistencia a un agresivo proceso de neocolonización protagonizado por colonizadores campesinos (detrás del que se esconde el agronegocio transnacional), registra al menos una controvertida muerte9, mientras se acumulan lesionados y heridos.

Allí, en estrecha alianza y coordinación con sus socios económicos (y enemigos políticos jurados), el bloque agroindustrial-financiero, con los colonizadores como avanzadilla social y algunas colonias menonitas como apoyo con su maquinaria, continúan posesionándose de nuevas tierras que desmontan, con quemas o sin ellas. Es un avance implacable sobre reservas 8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se pronunció sobre el supuesto carácter de “derecho humano” de la reelección indefinida y continua, y el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que analizó las denuncias de abusos cometidos en 2019. Ambos temas se tratan más adelante en este boletín; el enlace de los textos completos de ambos documentos figura en el anexo de referencias de noticias.

9 Véase: https://www.la-razon.com/nacional/2021/08/01/del-castillo-niega-que-indigenachiquitano-haya-muerto-por-golpiza-de-interculturales/; https://gacetadelsur.com/2021/08/03/familia-desmiente-que-el-indigena-chiquitano-linopena-haya-muerto-por-covid-19/

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naturales, territorios indígenas y parques nacionales, para incorporarlas al mercado de tierras, con la omisión o con la directa complicidad de las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el ministerio responsable del ramo10.

La alianza económica que se menciona en el párrafo anterior se refiere al acuerdo explícito entre las cámaras empresariales y el MAS sobre la ampliación de la frontera agrícola (en los hechos, la expansión del mercado de tierras) que, de acuerdo a la Agenda Patriótica del MAS, debe alcanzar 13 millones de hectáreas.

Ese avance, aunado al supuestamente inevitable uso de semillas transgénicas y su paquete tecnológico de agrotóxicos, defendido compacta y fieramente bajo el camuflaje verbal de “uso de biotecnología” por la CAO, la CAINCO y la rama de la Confederación de Colonizadores11 que constituyen pequeños y medianos productores de oleaginosas (la otra la conforman los cocaleros del Chapare).

Esta alianza económica es tan profunda y explícita, que empresarios del agronegocio acudieron directa y públicamente al cuartel general de Morales Ayma en el Chapare, a pedirle que abogue por ellos ante el gabinete de Luis Arce Catacora12.

El simultáneo enfrentamiento político de los aliados, expresado en los choques entre el gobierno central y la Gobernación de Santa Cruz; Demócratas y afines vs. el MAS; bancadas de uno y otro bloque; el gobierno interino de Añez persiguiendo masistas, no anula ni aplaca el entendimiento económico entre ellos. Para más señas, este entendimiento entraña una comunión estratégica, pues coincide en la visión desarrollista (por tanto, capitalista) tradicional que viene ensayando el país desde el siglo anterior.

Su discrepancia central en este punto es la importancia que cada uno atribuye a la acción económica del Estado y a las medidas “redistributivas”.

10 El anexo contiene algunas referencias documentales sobre el conflicto; el estudio de la Fundación Tierra tiene la explicación más detallada y minuciosa.

11 “Interculturales”, según la denominación política introducida en la CPE. 12 Véase: https://www.la-razon.com/nacional/2021/04/30/morales-se-reune-con-empresarios-crucenos-para-tratar-la-reactivacion-economica/ https://eldeber.com.bo/economia/ agro-ofrece-sumar-us-2000-millones-en-exportaciones-y-duplicar-los-empleos_232706

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Cuando Morales reivindica los procesos de ocupación de tierras ejecutados por los colonizadores, enuncia, en cualquier caso, un criterio unánime en el MAS, que incluye completa y férreamente al vicepresidente Choquehuanca13 y, desde luego, al gobierno actual.

La contradicción entre ambas esferas induce a que actores protagonistas, como los pueblos indígenas —arraigados fundamentalmente en sus TCO—, no terminen de desentrañar el problema. Es el caso de un dirigente chiquitano clave14, que percibe la ocupación territorial realizada por los colonizadores principalmente como manifestación política para ganar espacios electorales para el MAS, coincidiendo con la explicación empresarial, la de la coalición Creemos, e, indirectamente, con la de Evo Morales Ayma.

Tanto el gobernador como los empresarios se enfocan en la explicación de los objetivos políticos de la colonización, mientras que el MAS la aborda como tema de derechos15. Ambos coinciden en omitir cualquier alusión al fundamental sentido económico (ampliación y participación en el mercado de tierras), en la más típica operación ideológica de ocultamiento de una contradicción.

Este manejo ideológico segmenta la realidad, desarticula la relación entre el agronegocio y el muy rápido deterioro medioambiental de Santa Cruz y el Beni, compartimenta esa situación respecto del avance meteórico de plantaciones de coca y, en general, se niega a ver la carrera acelerada con que el tren del cambio climático nos está atropellando. En los Andes la minería, especialmente la aurífera, juega su propio destacadísimo papel.

La XI marcha indígena que busca llegar a Santa Cruz de la Sierra, con su consigna “Por los derechos humanos y contra los avasallamientos”, parece estarse enredando en la trampa ideológica del MAS y el agronegocio, tanto por no haber buscado hasta ahora también la movilización de los indígenas de tierras altas (ribereños del río Beni, Urus, CONAMAQ, por ejemplo), como por no rescatar las cuestiones centrales de la defensa de tierra, terri13 Véase: https://www.la-razon.com/nacional/2021/05/12/choquehuanca-a-interculturalesvan-a-decir-lo-que-piensan-y-sienten-sin-la-cabeza-agachada/ 14 Véase: https://eldeber.com.bo/economia/lazaro-tacoo-laberan-muchos-no-quieren-lastierras-para-cultivar-las-quieren-para-traficar_239448 15 La mayoría —es decir, los campesinos— tiene más derechos que la minoría —es decir los indígenas—, afirmaba hace años, en su folleto “Oenegismo...” el exvice García Linera.

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torio, agua, y de la Constitución, que debemos, en primer lugar, a las marchas y orientaciones de los pueblos indígenas en los años noventa del siglo pasado, con los que se abrió el proceso constituyente.

Si la actual orientación de la marcha se consolida, a su arribo será recibida por el Comité Cívico cruceño y Creemos (¡!), facilitando el encubrimiento de la complicidad estatal-empresarial en la depredación masiva de la naturaleza, las quemas, el exterminio de la biodiversidad, y la consagración de los megaproyectos que hipotecan económica y políticamente al país, preservando el agónico modelo de desarrollo y el patrón de acumulación vigentes16.

Contrapunto entre pandemia y economía El discurso oficial sobre lo que se habría logrado hasta hoy en términos de recuperación económica se apoya, por una parte, en atribuir toda la responsabilidad del retroceso económico a la conducción del gobierno provisional y, en segundo lugar, en un optimismo relumbrante que se resume en su pronóstico de que, en menos de dos años, se habrá superado “el entuerto del gobierno neoliberal”.

El dúo compuesto por Arce Catacora y su hombre de confianza en la cartera de Economía omite completamente cualquier reconocimiento de que la declinación económica del país arranca con la curva de descenso de los exportables —en especial del gas natural— hace casi siete años, mientras subestima el impacto de la pandemia y, principalmente, no reconoce las fuertes señales de la decadencia del modelo de desarrollo y patrón de acumulación17.

Este denso silencio oculta la obstinación de preservar empresas públicas que generan pérdidas continuas y que requieren masivas transfusiones de 16 El ejemplo característico de estas megaobras es el del Chepete-Bala, reactivado el mes de agosto último. Su costo socioambiental, económico y político es impagable, pues prácticamente termina de liquidar la cuenca del río Beni para generar electricidad cuyo único cliente posible, Brasil, no la ha demandado jamás por consideraciones geopolíticas, como ha sido ocurrido con el tren transoceánico, pese a la presión y patrocinio de Alemania, China y otras potencias. Los boletines del año 2017 se han ocupado de este proyecto. Véase: https://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2021/8/31/destruccion-comopolitica-de-estado-306603.html 17 Tomando en cuenta esos elementos, se advierte que cuando el Ministerio de Economía se congratula por nuestra recuperación omite completamente compararla con las de nuestros vecinos que, casi en todos los casos, nos superan ampliamente.

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recursos18, solo justificables para mantener una imagen y fuentes de empleos para la amplia clientela del oficialismo, frenando la recuperación económica y bloqueando las posibilidades de transitar a un modelo alternativo de desarrollo.

Como parte de esta conducta se inscriben la casi totalidad de las medidas adoptadas por YPFB para esconder o tratar de ocultar y retrasar, desesperada y vanamente, el eclipse de los ingresos provenientes de la exportación de gas. Estos se ven cada vez más estrangulados por, en primer lugar, los grandes cambios del mercado mundial del energético (EE. UU. convertido en primer exportador de petróleo y gas; Argentina con enormes reservas de gas en plena expansión); en segundo, por la negligencia interna en la búsqueda y desarrollo de reservas y, en tercer lugar, por la quema de gas internamente como principal fuente de generación eléctrica.

En un contexto de aceleración de los efectos del calentamiento y el cambio climático, con presiones en ascenso para disminuir el uso de combustibles fósiles, se achican las posibilidades de inversiones externas en el gas natural boliviano, mientras que YPFB, con insuficientes recursos financieros y un pesado rezago tecnológico, no tiene reales posibilidades de alterar esa realidad.

El hecho de que ocupemos un octavo lugar en el ranking sudamericano de la pandemia, con unos 4.200 infectados por cada 100.000 habitantes, comparados con los más de 11.000 de Argentina (véase anexo), ayuda a comprender que, pese a la lentitud o inexistencia de respuestas claras para paliar los daños económicos, no se produzcan explosiones sociales de gran magnitud y la población todavía tolere que el gobierno ponga el acento en el juego político del “fraude-golpe”.

No existe forma de prever si dicha tendencia se mantendrá ante una cuarta ola epidemiológica, porque según el ranking de contagios (morbilidad) que figura en el anexo, nuestro país, con su debilísimo sistema sanitario, exhibe una situación más benévola que aquellos con sistemas fuertes

18 Véase: https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/3/autorizan-al-bcb-prestareconomia-bs-15607-mm-500-mm-iran-empresas-publicas-306985.html.Véase más enlaces sobre el tema en el anexo.

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(Uruguay, Chile o Cuba, por ejemplo)19, mientras que la mortalidad se mantiene oculta tras un gran subrregistro.

Con tales reservas respecto a la confiabilidad de los datos disponibles, queda fuera de discusión que la relación entre pandemia y economía será en todo lado el factor de ajuste más importante en la relación sociedad-Estado y gobernabilidad y, desde luego, también en nuestro país20.

La reforma condenada Que el aparato judicial sea la espada/garrote de la estrategia masista y su plan de reinstalar a Morales a la cabeza del país ha profundizado hasta extremos insondables el hundimiento de la administración de justicia.

La rápida conversión de los juicios que existían contra funcionarios del MAS por procesos contra los de la administración interina es tan aplastante y obscena, que el informe del GIEI destaca que la subordinación del aparato judicial es un problema mayúsculo y una amenaza de primer grado para la democracia boliviana.

Profesionales bien intencionados, académicos y algunos cuadros partidarios han estado produciendo iniciativas para comenzar la frustrada reforma anunciada a inicios de este gobierno. Sin embargo, ahora ha quedado convertida en una piltrafa, porque si todo se resume a un ajuste a ejecutarse en tres meses, concentrándose en el procedimiento penal —como ha anunciado el reversible en sus argumentos ministro de Justicia—, queda claro que el MAS no piensa ceder un control que es piedra angular del conjunto de sus planes y diseños.

Las propuestas de reforma se concentran mayormente en cambiar la elección popular de magistrados por otros procedimientos, como si en las elecciones judiciales no hubiese quedado claro que los votantes rechazaron el sectarismo y el utilitarismo de la selección parlamentaria de candidatos a jueces. Tanto aquí como en EE. UU., por mencionar otro caso, está demos19 Queda muy claro que una de las más importantes muestras de la debilidad de nuestro sistema de prestaciones de salud es un pésimo sistema de registro de contagios y muertes, por lo que nuestras estadísticas no son de fiar.

20 Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf

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trado que la influencia partidista del Legislativo se inclina por manipular y someter a jueces y fiscales.

Cualquier muestra de no subordinación de árbitros y jueces desata tempestades verbales de Morales Ayma, quien ha descalificado a la CIDH y al GIEI. A la primera, por no haber avalado la elección indefinida, y al segundo, por haber encontrado violaciones de derechos también en su gobierno.

Los fiscales son el segundo gran tema de preocupación de los reformadores. Sin embargo, prácticamente no se menciona que para comenzar a quebrar la ausencia de autonomía de la administración de justicia debe empezarse con la renuncia de los miembros del TCP, que fue el ariete para quebrantar el orden constitucional y negar la soberanía popular.

Su papel es tan decisivo que, de otra manera, es muy difícil imaginar el inicio de un cambio sustantivo. Sin esta resultará muy difícil que los cambios políticos transcurran pacíficamente; mucho menos cuando los choques violentos mantienen en su vanguardia a dirigentes y cuadros partidarios de primera línea21, como ya ocurrió en noviembre de 2019.

La compacta decisión del MAS de mantener inalterado el control sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial se complementa con la sostenida ofensiva sobre las Fuerzas Armadas (FF. AA.), contradiciendo la tradición del régimen de los 14 años de prodigarse en concesiones y halagos. Además de la necesidad de convertir el “golpe” en un “golpe militar”, la táctica que despliega el equipo de campaña de Morales hacia las FF. AA. genera incógnitas sobre sus motivaciones y eventuales consecuencias.

Voces del subconsciente y del subsuelo Este análisis parte haciendo un recuento de los elementos que ayudan a mantener y avanzar en el objetivo “Evo presidente” (cuanto antes mejor y a cualquier costo). Esto se verifica completamente en el espacio de la escena política22.

21 Véase: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/5/gustavo-torrico-comanda-gruposde-choque-del-mas-en-la-paz-303126.html 22 Llamo así a la palestra simbólica donde los actores y voceros políticos actúan bajo los faros, cámaras y micrófonos que proporcionan las redes digitales (sociales) y los medios

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En ese espacio también destaca el agobio de algunas de las nuevas autoridades, hostigadas física y judicialmente, o el aparente apaciguamiento de la alcaldesa de El Alto, que busca refugio en los brazos del gobierno ante los problemas que confronta, aliviando así el riesgo que significa una fractura de la base aymara del MAS. Pero incluso en ese espacio, ciertas palabras y gestos dan pistas de que las cosas no transcurren tan plácidamente para esa estrategia. Véanse al respecto, en el anexo, actuaciones y exageraciones del exministro Quintana proclamando una línea estilo Robin Hood23 o promesas de cubrir de besos a la comunidad LGTBI, propias de un campañista desesperado en la búsqueda de ofrendas y dádivas que debe distribuir ante un público escéptico o frío. Ahí también cabe anotarse la recomendación de García Linera de que se deben preparar nuevas nacionalizaciones.

Esa suerte de lapsus se correlacionan con la incertidumbre y la ansiedad de una gran mayoría24 (cuatro quintos, según los encuestadores) que no percibe soluciones en curso, que teme por sus ingresos y empleos y que se siente vulnerable ante la enfermedad y la muerte. Para ellos el Estado, manejado por quien sea, se parece cada vez más a una asociación delictiva que persigue codiciosamente los fines de quienes lo componen y de sus más cercanos socios.

Agosto de 2021

de difusión masiva, y donde se contrastan sus discursos y narrativas.

23 La promesa de vaciar los bolsillos de los ricos para beneficio de los pobres pasa por alto que la base fuerte dura y sólida del MAS se apuntala en nuevas burguesías a las que se ha abierto vías de acumulación de capital mediante el tráfico de tierras, yacimientos minerales, contrabando y todo tipo de negocios irregulares o ilícitos.

24 Véase: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-74-de-los-bolivianos-opina-que-losgobernantes-favorecen-a-unos-pocos_236823

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Anexo: referencias noticiosas

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Coca cocaína https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-erradico-800-hectareas-de-coca-en-lo-que-vadel-ano_231592 https://eldeber.com.bo/pais/el-narcotrafico-penetra-ocho-areas-protegidas-con-megalaboratorios_232686 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/28/bolivia-sube-produccion-potencial-de-cocaina-en-44-segun-informe-de-eeuu-299469.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-erradicacion-de-coca-en-bolivia-llega-al-27-de-lameta-de-2021_239631

Cambio climático-medioambiente https://www.paginasiete.bo/gente/2021/5/14/arboles-frutales-plagas-falta-de-agua-elpaso-del-cambio-climatico-por-el-ilimani-294953.html https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/5/30/mercurio-oro-destruccion-en-losyungas-296555.html https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/el-lento-envenenamiento-de-los-indigenaslecos-por-mercurio_242343 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/4/cementerio-de-abejas-punta-del-icebergdel-impacto-agroquimico-300022.html https://elpais.com/america/economia/termometro-social-de-america/2021-06-04/elmercurio-dorado-que-amenaza-a-la-amazonia.html BM denuncia mercurio

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https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-mueren-las-abejas-en-rio-grande-mas-de-300colmenas-quedaron-en-nada-golpeando-la-economia-de-api_236162 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/30/falta-de-agua-en-cochabamba-enfrenta20000-regantes-306519.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/1/los-ganaderos-acuden-evo-le-piden-queinterceda-ante-arce-para-exportar-carne-293653.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/9/nueve-normas-vetan-transgenicos-seislos-avalan-294429.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/22/azucareros-plantean-aumentar-laproduccion-de-etanol-para-impulsar-la-economia-295882.html https://eldeber.com.bo/economia/agro-ofrece-sumar-us-2000-millones-en-exportacionesy-duplicar-los-empleos_232706

Información sanitaria https://eldeber.com.bo/santa-cruz/los-medicos-estan-impagos-en-los-nuevedepartamentos-del-pais_235118 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/18/mas-de-3000-medicos-salubristastrabajan-sin-sueldo-desde-hace-meses-298563.html https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/el-sus-no-logra-cubrir-todas-lasnecesidades-de-los-casos-covid-298084.html https://www.paginasiete.bo/gente/2021/6/28/alertan-que-hasta-92-mil-ninos-ninasadolescentes-empezaran-trabajar-por-la-covid-299435.html Ranking de morbilidad (cantidad de contagiados por cada 100.000 habitantes) en Sudamérica hasta julio 2021: Argentina, 11.673; Uruguay, 11.100; Panamá, 10 999; Brasil 9.918: Col 9.850; Chile 8.576; Paraguay 6.501; Perú 6.693; Cuba 5.963; Bolivia 4.219; Ecuador 2.994, según:https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/3/la-tercera-ola-fue-lamas-letal-en-el-pais-la-vacunacion-clave-en-la-cuarta-ola-306929.html

Nuevas autoridades https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/30/castro-dice-que-autoridades-regionalesde-salud-seran-responsables-de-la-cuarta-ola-si-no-vacunan-306564.html https://eldeber.com.bo/pais/eva-copa-abraza-al-presidente-arce-hasta-las-lagrimas-ypromete-defensa-de-su-gobierno_243162 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/29/queman-la-casa-de-damian-condorigobernador-de-chuquisaca-296534.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/1/arias-camacho-montes-reyes-villa-en-lamira-por-denuncias-299762.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/condori-tuvo-que-dejar-su-duelo-anteintento-del-mas-de-ocupar-su-cargo-296385.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/20/dulon-desde-que-ganamos-la-alcaldiahay-amedrentamiento-298740.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-centralismo-le-debe-al-eje-principal-del-pais-milesde-millones-de-bolivianos-que-se-notan-en-la-_234417

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https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/eva-copa-interpela-al-mas-y-proclama-el-iniciode-un-proceso-de-renovacion_230573 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210504/copa-habla-contradiccionesproceso-cambio-senala-que-no-podia-ser-complice https://eldeber.com.bo/politica/santa-cruz-y-el-alto-estrechan-lazos-a-traves-de-acuerdospublico-privados_234970 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/el-quiebre-en-jallalla-se-profundiza-copaafirma-que-no-forma-parte-de-ese-partido-302214.html

Murillo Miami https://www.la-razon.com/nacional/2021/06/01/morales-murillo-retiro-dinero-de-suscuentas-en-las-narices-de-la-fiscalia-general-y-de-la-uif/ https://www.la-razon.com/nacional/2021/05/27/tras-detencion-de-murillo-morales-diceque-la-oposicion-se-quedo-sin-discurso/

Delitos TCP https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/denuncian-a-magistrados-del-tcp-de-cometerdelitos-iran-a-cortes-internacionales_232254 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/18/cuestionamientos-aumentan-el-tcpinsiste-en-negar-sentencia-295380.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/14/abogados-alertan-que-el-tcp-manipulasus-propios-fallos-295002.html

Fiscalía https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/15/fiscalia-exime-de-culpa-los-principalesimputados-por-la-quema-de-pumakataris-301114.html https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/16/mas-de-20-fallos-dejan-impunes-actosde-vandalismo-del-mas-301204.html https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/23/corrupcion-en-el-mas-sin-sentenciascon-plazos-vencidos-recursos-perdidos-305793.html

FF. AA. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/30/cuestionan-comandante-de-las-ffaa-porpermitir-procesos-contra-militares-306499.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/exjefes-militares-procesados-por-elsupuesto-golpe-son-enviados-la-carcel-300079.html htps://eldeber.com.bo/pais/garcia-linera-desmiente-declaraciones-del-general-terceros-yreuniones-con-el-alto-mando_238112

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https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/8/garcia-exministros-terceros-se-acusancontradicen-en-12-acciones-de-las-ffaa-300426.html https://eldeber.com.bo/pais/11-datos-que-revelan-nuevos-detalles-de-las-ultimas-horasde-evo-en-el-poder-segun-la-declaracion-de_237929 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/6/terceros-evo-siguio-ordenando-las-ffaahasta-30-horas-tras-su-renuncia-300227.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/6/ffaa-policia-la-defensoria-sugirieron-evodimitir-cuando-el-ya-lo-habia-decidido-300226.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-policia-inicia-proceso-para-contar-con-20generales-y-en-las-ffaa-expresan-malestar_244200

Dichos del gabinete de campaña https://eldeber.com.bo/pais/vaciar-el-bolsillo-de-los-ricos-y-entregar-a-los-pobres-el-llamado-de-quintana-a-los-militantes-del-_244887 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/24/quintana-ley-de-ascensos-triunfo-que-ni-la-dictadura-concedio-la-policia-299159.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/26/desde-2020-quintana-critico-en-ocasiones-al-gobierno-de-luis-arce-299317.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/14/garcia-plantea-nueva-oleada-de-nacionalizaciones-300979.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/27/quintana-busca-ampliar-base-del-mascon-poblacion-lgtbi-vengan-los-vamos-mimar-306316.html

Época de marchas y contramarchas Se observa un intento de cambio de libreto destinado a centrar la atención pública en una teatral pelea entre centralistas y federalistas, como aparente respuesta a una rudimentaria asimilación por parte del señor Morales Ayma y su equipo de campaña de que la discusión golpe-fraude hartó a la población, como lo prueban tres importantes retrocesos sucesivos a los que han obligado las protestas sociales al gobierno en un lapso notoriamente breve.

Se perfila así el plato fuerte de una operación ideológica y propagandística que tape a los ojos del público que gobiernistas y contrarios políticos comparten la misma falta de proyecto y de respuestas concretas ante el crecimiento de los problemas del país.

Unidad de contrarios, el campo de lucha ideológico Después de tres dolorosos recules1, la cúpula del MAS decidió, como primera meta, una gran marcha, de una semana de duración, para opacar sus derrotas. Como segunda meta, afianzar el relato de que fueron sus enemigos políticos —como la gobernación cruceña y el comité de ese mismo departamento —quienes dirigieron las movilizaciones que tumbaron sus decisiones y leyes, y no la propia base masista, como efectivamente ocurrió. La tercera meta —aparentemente semiimprovisada durante el avance de la marcha masista— busca perfilar como nueva amenaza a combatir un separatismo disfrazado de federalismo, justo en el momento en que la dirigencia oficialista empieza a notar el desgaste de su enfoque actual para 1 Contabilizados a partir del 5 de octubre último, con la recuperación de la sede de ADEPCOCA por los cocaleros yungueños no afiliados al MAS.

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reparar y relanzar cuanto antes la figura de Morales Ayma como próximo presidente.

La iniciativa de forzar un viraje de la atención colectiva hacia una discusión que contraponga el maravilloso porvenir que nos espera si abandonamos, sin apenas haber comenzado, la construcción de las autonomías con participación y control social, para sustituirlas por un misterioso modelo federalista cuyo contenido desconocen de momento inclusive sus impulsores2, ha encontrado, en principio, una disposición muy favorable de los mayores medios de difusión masiva.

Si la operación conjunta de una parte de la oposición con el oficialismo, apoyada por medios de difusión masiva, resulta exitosa, queda asegurado que las redes digitales reforzarán la tendencia. Pero, incluso con tan formidable convergencia, es dudoso que la gente acceda a tomarse una pausa mucho más allá del primer mes de 2022 en el ascenso de las demandas que exigen soluciones para sus más urgentes problemas. Es igualmente incierto que opte por postergarlos para tomar bando (pro o antifederal), como se lo están proponiendo los actores más visibles de la escena política.

La dificultad de colocar la discusión sobre pro y antifederalismo como preocupación central de la sociedad no la hace necesariamente una tarea imposible, especialmente si la sequía de propuestas y proyectos se mantiene tan estática como hasta ahora. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo un asunto esencialmente ajeno al interés y comprensión comunes puede llegar a convertirse en un gran paraguas de múltiples reivindicaciones parciales3.

En cierta medida, algo parecido ha ocurrido con las marchas contra el paquetazo legislativo que el MAS impuso, en medio del silencio de la oposición parlamentaria o con su aprobación.

2 Según afirmó el gobernador cruceño, Fernando Camacho. Véase: https://www.lostiempos. com/actualidad/pais/20211123/gobernador-camacho-no-llevamos-proyecto-imponerhay-que-sentarse-organizar 3 Más allá de la coyuntura, están las históricas lecciones de la Guerra Federal de 1899, en la que el bando ganador, los “federalistas” de La Paz, al mando de José Manuel Pando, archivó el asunto después de eliminar a Zárate Willka. La guerra sirvió a unionistas y federalistas para ahogar en consenso la insurgencia indígena (pese a que los aymaras se aliaron los “federalistas”), como lo demuestra Ramiro Condarco en Zárate, el “temible” Willka” (La Paz: s/e, 1966).

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La resistencia contra parte de esas normas ha movilizado a siete departamentos, y especialmente a Santa Cruz, copando la escena política. Este accionar se debió a los sectores sociales que detectaron tempranamente cómo la andanada legal masista, planificada primordialmente para anudar el control del poder político y neutralizar a sus oponentes políticos, podría afectar las actividades económicas sumergidas. Tales actividades de subsistencia son las predominantes en nuestra economía, y proporcionan empleo y sustento a la mayor parte de la población.

La resistencia efectiva (siguiendo el ejemplo de los cocaleros de Yungas) que tumbó un proyecto y una ley de ese paquete estuvo a cargo de los transportistas, gremiales, cuentapropistas de toda índole, así como de la franja de cooperativistas mineros que se despegó del oficialismo, comerciantes populares (como los denomina el antropólogo Nico Tassi). Es decir, son los componentes del pilar central, social y electoral sobre el que se apoya el régimen. El único gran sector social ausente de esa protesta fueron los campesinos.

La oportunista adhesión de comités cívicos, coaliciones opositoras y sus dirigentes4 trató de mostrarse encabezando el movimiento, aunque iba por detrás. Encontró en la propaganda gubernamental y en buena parte de la cobertura noticiosa el sustento para tal enfoque, simulación e interpretación de los hechos.

Esta burbuja se desinfló vergonzosamente cuando el comité cívico cruceño pretendió extender el paro después de que gremiales, transportistas y otros participantes clave se replegaron cuando el gobierno anunció que abrogaría la Ley 1386.

La demostración más cercana de que estos pactos implícitos de agentes del sistema de mediación y representación política5 están lejos de ser exóticos se verifica también en las actitudes y discursos con que distintos voce4 Caracterizados por un cotidiano y sostenido discurso antinformalidad y antiinformales, que súbitamente viró 180º grados al respaldar “incondicionalmente” a los movilizados.

5 Se utiliza esta expresión en vez de “partidista” porque la democracia boliviana funciona, desde al menos hace una década, sin partidos políticos, reemplazados, en el caso de la oposición, por endebles y circunstanciales alianzas de siglas, precariamente registradas ante los órganos electorales y, en el oficialismo, por una coalición de organizaciones sociales y corporativistas nucleadas en torno a un reducido pero eficaz núcleo de funcionarios oficiales, encabezados por el caudillo, Morales Ayma.

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ros políticos encaran el duro enfrentamiento por la tierra que ha explotado en Santa Cruz, en situaciones como las de Las Londras.

Mientras que la acción de grupos armados, secuestros y balaceras son explicadas por la coalición Creemos, la gobernación departamental y organismos cívicos y empresariales como “avasallamientos de propiedades privadas”, el MAS, a través de dirigentes de sindicatos de colonizadores, con oportuno respaldo de funcionarios oficiales, los tipifican como consecuencias de “abusos empresariales”.

La información más difundida sobre estos ríspidos choques que ya han cosechado al menos una muerte omite aclarar que las incursiones sobre propiedades empresariales representan apenas una fracción menor del ensanchamiento ilegal del mercado de tierras —y de la frontera agrícola ganadera—. Esta expansión depende principalmente de la ocupación de tierras fiscales, reservas naturales, territorios. Tal como sucede en Las Londras, donde las tierras en disputa —parte de la reserva forestal de Guarayos— han sido arbitrariamente ocupadas por una familia Barbey (la del presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, CEPB) como lo reporta el INRA. Ningún partido o parlamentario individual, ni oficialista ni opositor, ha sacado a relucir este importante dato. Cuando intervienen refiriéndose a los conflictos por la tierra (notoriamente el término territorio casi nunca aparece en estos debates), es para alimentar la imagen de un enfrentamiento entre colonizadores y empresarios, sin mencionar, desde luego, los nexos que existen entre los grandes capos del agronegocio y los dirigentes colonizadores que, desde poblaciones de pequeños y medianos soyeros, orquestan las incursiones, ahora armadas, de ocupación de tierras que terminan, finalmente, en manos de grandes inversores del agronegocio6.

Es decir que estamos en una pelea no por tierras de cultivo, sino por superficies con cuya comercialización se especula, con altas ganancias para los avasalladores, o en las que se realiza lucrativas operaciones de agronegocio a expensas de la desertificación de tierras no aptas ni para ganadería ni para agricultura.

6 Véase el prolijo trabajo de Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, sobre el tema: https:// bit.ly/3mLFt3L

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En el análisis de agosto de este año ya se advirtió que la última marcha indígena, motivada también por los avasallamientos, tomó un rumbo incierto, precisamente porque su dirigencia prefirió no referirse a la asociación entre grandes empresarios y dirigencia colonizadora para beneficiarse del tráfico ilegal de tierras. Como consecuencia, ni siquiera consideró la posibilidad de esgrimir reivindicaciones de gran potencial estratégico, como el de pausa ecológica, ni una consigna amplia y abarcadora de gran potencial, como es exigir el respeto y cumplimiento irrestricto de la Constitución7, que introduce y consagra sus derechos de pueblos indígenas.

Impotencia común y modelo desfondado Las rebeliones que están ampliando el déficit de gobernabilidad nacen de la insatisfacción de necesidades básicas de una población que depende, en una proporción que ronda el 80%, de su propia y exclusiva inventiva para crearse empleo y producir sus ingresos. Esa masa social, parte fundamental del porcentaje con que el MAS ganó las elecciones de 2020, pero también de la población que no lo respalda, da señales de fatiga y hartazgo con la agenda de propaganda fraude-golpe y las permanentes noticias de apresamientos y amenazas contra opositores al régimen que ocupan la atención de los principales funcionarios del Ejecutivo.

La oposición parlamentaria, en tanto, reacciona funcionalmente a esta agenda, y calla, o apenas musita, en torno a los grandes problemas que acarrea un presupuesto que mantiene los gastos suntuarios en propaganda y funcionamiento de la presidencia, y que además subsidia empresas improductivas que materializaron los malogrados planes industrializadores de los catorce años. Todo esto, mientras centenares de miles de familias caen nuevamente bajo la línea de pobreza a causa de la desaceleración económica8.

7 Con ese enfoque se amplió la posibilidad de que Creemos y la Gobernación cruceña asumieran el papel de aliados protectoras de la Marcha, cuyo impacto se disolvió tras la demanda de reconocimiento de un Parlamento Indígena.

8 La paciencia y la buena voluntad de la que todavía goza el gobierno de Arce Catacora en la sociedad quedan perfectamente retratadas en la resignación que ha acompañado el anuncio de no pago de segundo aguinaldo, pese a toda la alharaca de avances económicos que hace el presidente, para después informar que el PIB creció menos del 2%. Una actitud similar prima ante el anuncio y avance de nuevas oleadas de la pandemia. Las referencias noticiosas y el respaldo documental de estos y otros temas examinados en este boletín están ordenados en el anexo informativo.

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Las protestas y movilizaciones que han obligado a cambiar decisiones y leyes ponen de manifiesto que se está agotando la reserva de buena voluntad colectiva que ha beneficiado a la gestión gubernamental, pese al fatalismo que provoca e incentiva el comportamiento del sistema de representación y mediación política.

Pan y empleo sustituidos por expresiones de optimismo Que el MAS y, buena parte del tiempo, la oposición parlamentaria en su conjunto, coincidan en interpretar situaciones de una manera parecida o idéntica, no indica en modo alguno que sus disputas sean falsas o fingidas.

Por el contrario, están sumergidos en una tendencia creciente a la crispación y favorable a choques más duros.

La concurrencia ideológica (en el sentido de proyectar una falsa realidad) se origina en que comparten, cada uno desde sus trincheras e intereses, la creencia de que no queda otra que observar con fatalismo el agotamiento del patrón de acumulación que creen insustituible, o cuyo cambio ocurrirá en plazos demasiado prolongados9 si de ellos dependiera.

Estos puntos de encuentro no se basan en conspiraciones, sino en la satisfacción de objetivos a corto plazo, como la necesidad de la oposición de aparentar una importancia que no logra —aunque el costo sea una mayor persecución y procesos judiciales contra sus dirigentes—, o la gubernamental de no admitir que lo centrífugo y contradictorio se va imponiendo entre sus filas.

Por otro lado, aunque el régimen aspire a ampliar la influencia económica estatal, mientras que sus contrarios en la Asamblea Legislativa suelan preferir opciones privatistas, ello no garantiza la calidad de los parlamenta9 Lo señala así el exvicepresidente Álvaro García, quien admite que “el MAS no tiene proyecto” (según su versión, a partir de 2019), negándose a ver que el daño ocasionado por la pandemia y la corrupción ilimitada de su gobierno, del gobierno interino que vino a continuación y del actual. Esto puede remontarse con un cambio de matriz productiva (producción de alimentos sanos, investigación y desarrollo de tecnologías de recuperación de la tierra, incremento sostenido a amplia escala de visitantes interesados en una sociedad basada en la alianza de naturaleza y culturas, cambio de matriz energética, etc.). Véase sus declaraciones, muy pobremente retratadas por los medios, que se han limitado a informar de sus amenazas de continuar con las ya conocidas prácticas de extorsión a empresarios, en: https://jacobinlat.com/2021/10/12/soy-un-leninista-de-la-nep-2/

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rios opositores que, con demasiada frecuencia, realizan escrutinios demasiado bastos de las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo. Esto da lugar a que, unas veces, sean periodistas, y en otras, asesores de organizaciones sociales, en vez de los propios legisladores, quienes descubran los grandes problemas, que pasan fácilmente por su filtro.

El hecho de que el Presupuesto General del Estado (PGE) se haya tramitado con debates legislativos que, a fuerza de rutinarios, se vuelven intrascendentes, conduce a que la oposición —lejos de emplear la poderosa tribuna parlamentaria para demostrar que el PGE es la mayor prueba de que el modelo económico corre al abismo, con la extinción de sus principales fuentes de ingreso— se limite a realizar observaciones secundarias o ininteligibles para periodistas y público general.

Ni el escalofriante déficit de empresas (mal concebidas, diseñadas y conducidas), ni la lenidad oficial para detener en seco la proliferación de comandos e incipientes milicias civiles (a los que más bien encubre o alienta, tal como se descubrió en el conflicto cocalero de septiembre-octubre), ni las raíces de las disputas por la tierra, alcanzan a convertirse en la plataforma de una oposición, resignada a suponer que la única salida a la perpetuación del régimen sean sus peleas internas.

Así, el escuálido crecimiento del PIB, que durante varios años fue fortaleza gubernamental, se ha reducido tanto que no alcanza ni la mitad de nuestro vecino, Perú, que ha ostentado la mayor recuperación.

El crecimiento del PIB en un 9,4% responde principalmente a que se han levantado restricciones, dentro y fuera del país, y a un formidable incremento de precios de algunas exportaciones. Pero esto no alcanza a devolverle los primeros sitiales de años recientes; ahora nos ubicamos en un sexto puesto en Sudamérica10.

Pese a los enormes problemas de base (achacados todos, como muletilla, al gobierno interino), ya sea en el nuevo PGE y en general, el gobierno no asume y la oposición no promueve medidas para efectuar correcciones de fondo. Continúa el dispendio en superfluos gastos burocráticos, propagandísticos y de sustento de la tradición patrimonialista y clientelista de la organización política que controla al Estado.

10 https://n9.cl/uf6m

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La marcha altiplánica del MAS, que llegó a la ciudad de La Paz el 29 de noviembre, desplegó un caudal de miles de marchistas y una compactación de dirigentes de las organizaciones sociales que componen este movimiento. Sin embargo, todo ello, sumado a la agresividad de las declaraciones y el papel represivo que se hizo jugar a sindicatos afines para disuadir los bloqueos y manifestaciones que obligaron a abrogar la Ley 1486, no alcanza para cubrir las huellas del deterioro interno del bloque social que sustenta al régimen.

Ningún dirigente descontento se atreverá a proponer un ajuste estratégico que se aparte de su actual rumbo de proponer el retorno de Morales como panacea, aunque ello alimente la ingobernabilidad y las posibilidades de que Arce tenga que marcharse antes de la conclusión legal de su mandato.

Las disidencias internas del MAS serán más visibles y tensarán la situación (mucho más que lo que podrían hacer los opositores profesionales), en la medida en que el descontento social tome ímpetu y no quede atrapado en maniobras como la teatral contraposición entre federalistas y unionistas, unidos cuando se trata de enfrentar la quiebra estructural del modelo vigente.

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Anexo de referencias noticiosas

Marchas y contramarchas https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/19/gremiales-rechazan-proyecto-de-ley-delegitimacion-de-ganancias-ilicitas-anuncian-marchas-304451.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/9/proyectan-normar-estadisticas-adviertenlimites-informacion-307619.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/17/oposicion-dice-que-ley-busca-anular-elsecreto-profesional-308444.html https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/18/polemica-cnc-respalda-la-ley-contraganancias-iiicitas-oposicion-la-veta-308541.html https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/27/gremiales-transportistas-otros-sectoresyunguenos-se-suman-movilizacion-cocalera-309412.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/diez-sectores-en-alerta-contra-ley-de-gananciasilicitas-y-anuncian-medidas_248996 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/7/gobierno-de-arce-decepciono-al-menoscuatro-sectores-311387.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/7/hay-choferes-de-base-que-ya-no-sesienten-representados-311388.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-sale-a-aclarar-dudas-sobre-elproyecto-de-ley-pero-crece-el-rechazo_250220 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/10/con-sancion-ley-obliga-publicosprivados-entregar-datos-al-ine-311668.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/11/arce-afronta-su-primer-paro-vuelve-latension-de-octubre-311774.html https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-propone-enviar-a-control-constitucional-elproyecto-de-ley-de-legitimacion-de-ganancias-ili_250569 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/11/cooperativas-sobre-ley-antilegitimacionpresidente-reflexione-veremos-quien-gana-en-las-calles-311833.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-paro-gremiales-fueron-el-bastion-ymineros-lanzan-advertencia_250701 https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-sectores-apoyan-la-protesta-y-gobierno-estimadano-en-us-112-millones_250700 https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-economia-ley-contra-la-legitimacion-deganancias-ilicitas-evitara-sanciones-internaciona_250635 https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-retira-el-proyecto-de-ley-contra-la-legitimacion-deganancias-ilicitas-y-suspende-su-tratam_251100 https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-adelanta-que-habra-consecuencias-al-incumplir-laaprobacion-de-la-ley-contra-la-legitimacio_251173 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211018/ratifican-movilizaciones-ley-1386gobierno-pide-dialogo https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/18/pacto-de-unidad-reunido-con-arcedeclara-emergencia-ante-cualquier-intento-de-desestabilizacion-312543.html

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https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-sale-a-explicar-la-ley-madre-perosectores-ratifican-marchas-y-paros_251735 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/llamado-al-dialogo-por-ley-madre-no-paramedidas-y-suman-sectores-en-apronte_252039 https://eldeber.com.bo/pais/manifestantes-rechazan-injerencia-politica-y-suman-adeptoscontra-la-ley-1386_251956 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/22/contraofensiva-del-mas-no-frenaprotestas-en-regiones-312898.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/30/ley-madre-que-dice-la-ley-1386-quemoviliza-gremiales-transportistas-magisterio-civicos-302492.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/29/10-sectores-iran-al-paro-indefinidocontra-la-ley-1386-desde-el-lunes-313629.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-un-ano-la-asamblea-aprobo-53-leyes-cadanorma-costo-a-los-bolivianos-bs-44-millones_253221 https://eldeber.com.bo/pais/senadores-aprueba-en-grande-un-proyecto-de-ley-que-segunla-oposicion-pulverizara-la-autonomia_253336 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seis-sectores-buscan-que-el-paro-sea-un-exito-ycivicos-evaluan-su-participacion_253359 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/choquehuanca-y-sectores-afines-al-mas-buscanfrenar-el-paro-y-lanzan-amenazas_253755 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-ejercito-envia-tanques-a-todo-el-pais-parainedito-desfile-militar_253756 https://eldeber.com.bo/pais/arce-niega-que-exista-un-enemigo-interno-en-su-gobierno-ydestaca-movilizacion-de-tropas-para-celebr_253877 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/8/policia-toma-las-ciudades-paradesbloquear-evitar-concentraciones-314564.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/8/paro-civico-indefinido-nacional-iniciasegundo-ano-de-gestion-de-luis-arce-314544.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cod-marcha-con-encapuchados-armados-con-palosnos-vemos-obligados-a-desbloquear_254061 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/12/se-abre-el-dialogo-en-potosi-elgobierno-convoca-gremiales-314964.html https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/12/nueve-sectores-del-mas-estan-en-pie-delucha-evo-presenta-sus-soldados-arce-314967.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hay-sectores-afines-al-mas-que-piden-abrogarley-1386-y-crece-la-protesta-en-el-pais_254660 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seis-regiones-se-suman-a-la-protesta-contra-laley-1386-con-ruidosas-marchas_254662 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/encapuchados-abandonaron-las-camionetas-usadascontra-el-bloqueo_254678 https://eldeber.com.bo/pais/del-gobernador-de-la-paz-al-presidente-arce-es-facil-anuleesa-ley-y-todo-se-va-a-calmar_254779 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arce-anuncia-abrogacion-de-la-ley-1386-y-todavia-nose-levanta-el-paro_254881 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/14/evo-hay-que-reconocer-que-nadieconocia-anexos-de-la-ley-1386-afectaba-la-economia-informal-315170.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-mantiene-el-paro-multisectorial-y-la-luchacontinua-hasta-que-se-agende-la-reposicion-de-los-23_254942 https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-todo-tiene-su-limite-no-despierten-la-ira-delinca_254908

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https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sectores-del-mas-reclaman-por-falta-de-coordinacione-imposicion-en-la-asamblea_254937 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-endurece-su-discurso-y-el-paro-sigue-hastaque-abroguen-la-ley-1386_254965 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/16/gremiales-transportistas-estandispuestos-levantar-el-paro-315300.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/choquehuanca-abroga-la-ley-1386-y-en-santacruz-se-levanta-el-paro_255309

Luchas por tierra y territorios https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/agropecuarios-crucenos-exigen-imparcialidaden-la-revision-de-titulos-de-tierras_241761 https://eldeber.com.bo/especiales/trafico-de-tierras-chiquitania-un-botin-politico-yeconomico_224775 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-dano-mayor-de-los-incendios-ha-sido-en-las-areasprotegidas_244355 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-advierten-que-la-politica-de-colonizacionintensiva-permitira-el-desmonte-de-500000-hectarea_241483 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hacen-notariar-el-acta-que-firmaron-a-la-fuerza-lasvictimas-del-secuestro-en-las-londras_255595 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/6/director-del-inra-dice-que-por-ordensuperior-fue-las-londras-314422.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-director-del-inra-cae-en-contradicciones-ante-lacomision-de-fiscales-y-la-felcc_253757 https://eldeber.com.bo/economia/conferencia-de-prensa-del-director-del-inra-terminaen-bochorno-y-este-no-aclara-su-relacion-con-gru_253546 https://eldeber.com.bo/pais/interculturales-piden-al-ministro-de-gobierno-reflexionarpor-decir-que-el-grupo-que-secuestro-a-per_253293 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/2/los-interculturales-niegan-un-vinculocon-secuestradores-314016.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/tras-asentamientos-en-las-londras-director-del-inraadmite-fuga-de-informacion-sobre-tierras-en-liti_253349 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/2/en-una-semana-avasalladoresejecutaron-tres-ataques-armados-en-las-londras-314014.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-41-tomas-ilegales-de-tierras-y-bloquean-paraexigir-titulacion-en-las-londras_253350 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-vienen-capturas-por-caso-de-secuestro-y-torturashay-4-encapuchados-identificados_253356 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fiscalia-ordena-aprehension-de-tres-secuestradores-delas-londras-y-cita-al-director-del-inra_253331 https://eldeber.com.bo/pais/el-inra-asegura-que-tierras-en-disputa-estan-en-un-areaforestal-y-que-ningun-sector-puede-asentarse_253178 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/1/el-mas-critica-la-policia-losavasalladores-estan-impunes-313882.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/destituyen-a-dos-fiscales-por-presion-de-gruposarmados-de-avasalladores_253177 https://eldeber.com.bo/economia/inra-informa-que-dos-personas-fueron-aprehendidaspor-denuncia-de-trafico-de-tierras_251298

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ganadero-hay-grupos-irregulares-que-buscan-elderramamiento-de-sangre-en-san-jose_251269 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-interculturales-y-campesinos-tienen-mastierras-que-indigenas_250201 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/balean-al-hijo-de-un-cacique-chiquitano-queparticipa-de-la-marcha-por-la-tierra_250027 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputados-proponen-comision-para-revisar-ladotacion-de-tierras_248474 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/senado-homenajea-a-percy-e-interculturales_248483 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-grandes-hornos-en-la-chiquitania-que-hacencrecer-el-negocio-del-carbon_247869 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-dos-detenidos-por-avasallamientos-y-comunariosapuntan-al-alcalde-de-el-puente-como-responsable-_247889 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/20/defensoria-del-pueblo-condenaviolencia-de-avasalladores-en-guarayos-308739.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/avasalladores-hieren-a-balazos-a-un-productor-desoya-esta-en-terapia-intensiva_247773 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/marcial-fabricano-el-mas-manipula-y-vive-de-ladivision-de-los-indigenas_247742 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-guarayos-amenazan-con-armas-por-tierras-losindigenas-instalan-sesion_247508 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/dos-policias-no-aparecen-y-abandonan-unapatrulla_256386 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cae-un-encapuchado-toman-de-rehen-a-un-coronel-ydisparan-a-fiscales-y-policias_256385 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-director-del-inra-admite-y-se-lamenta-por-apoyar-asus-organizaciones-sociales_255453 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-fiscalia-amplia-5-delitos-contra-los-encapuchadosarmados-de-las-londras_255928 https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/1/diputado-del-mas-dice-que-loshermanos-de-guarayos-solo-tenian-una-escopeta-en-el-altercado-313938.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/grupos-armados-retornan-a-las-londras-y-frenaninspeccion-de-tecnicos-de-la-gobernacion_253654 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/avasalladores-armados-retornan-a-la-zona-delsecuestro-de-17-personas_253744 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/19/piden-investigar-nexo-de-director-delinra-con-los-avasalladores-315650.html https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jefe-del-inra-confiesa-que-fue-a-las-londras-guiadopor-un-acusado-de-balear-a-policias_253935 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/avasalladores-desalojados-por-vecinos-de-warnesdejan-documentos-que-muestra-red-organizada-de-trafi_253438 https://eldeber.com.bo/pais/senadores-aprueba-en-grande-un-proyecto-de-ley-que-segunla-oposicion-pulverizara-la-autonomia_253336 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/surgen-sospechas-sobre-la-presencia-de-gruposirregulares-en-san-julian_256382 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aprehendido-es-lider-de-un-grupo-afin-aloficialismo_256381

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Economía, caída de ingresos fiscales y déficit de empresas estatales https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/10/estatales-hay-que-cerrar-las-que-tienenmuerte-cerebral-303526.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/19/aprueban-pge-reformulado-que-incluyecredito-de-bs-15000-mm-304404.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/25/el-pais-recibe-del-fmi-us-3264-mmmonto-similar-al-que-devolvio-306054.html https://eldeber.com.bo/economia/ingenio-estatal-san-buenaventura-apenas-cuenta-conel-30-de-cana-para-operar-segun-estudio-del-cedla_245339 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/30/san-buenaventura-se-provee-de-canade-beni-luego-de-fracasos-306543.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/1/tras-caer—129-la-actividad-economicacrece-en-87-junio-306724.html https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-coca-esta-en-franca-expansion-y-el-25-porencima-del-limite-legal_245446 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/3/exportacion-minera-crece-117-activaeconomia-segun-expertos-306966.html https://eldeber.com.bo/economia/litio-sin-avance-pese-a-inversion-de-us-1000millones_245934 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-cambio-climatico-hace-estragos-en-bolivia-y-ladeforestacion-se-acelera_246037 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/arce-reactiva-planta-de-urea-anunciaestudios-para-instalar-otra-similar-307298.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/12/mi-teleferico-tiene-perdidas-pero-losusuarios-destacan-el-servicio-307899.html https://eldeber.com.bo/opinion/alta-culinaria-estadistica-con-el-pib_247678 https://eldeber.com.bo/pais/no-hay-que-tenerle-miedo-a-que-se-acabe-el-gas-dice-luisarce-en-warnes_247598 https://eldeber.com.bo/economia/produccion-de-gas-al-filo-piden-reducir-el-consumoen-las-termoelectricas_245746 https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-desplazo-a-bolivianos-de-la-planta-de-urea-yduplico-contratacion-de-extranjeros_245009 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/21/deficit-total-del-puma-es-bs-879millones-alcaldia-ajustara-rutas-308800.html https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-fija-precio-de-la-tonelada-de-urea-bolivianaen-us-510-para-el-mercado-interno_248363 https://eldeber.com.bo/santa-cruz/los-incendios-ya-afectaron-mas-de-16-millones-dehectareas-en-santa-cruz_248579 https://eldeber.com.bo/economia/urea-ypfb-admite-que-produccion-no-supera-el-75-porbaja-demanda_250176 https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-tiene-paralizados-tres-de-seis-proyectosexploratorios-para-2021_251745 https://eldeber.com.bo/economia/fitch-advierte-que-reservas-estan-en-riesgo-si-elgobierno-no-baja-el-gasto_252042 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/21/deuda-interna-crecio-en-2020-2021mas-que-en-ultimo-decenio-312777.html

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Del Auge a la descomposición de un proceso de cambio

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/22/307-mil-cayeron-en-pobrezamoderada-extrema-en-2020-312893.html https://eldeber.com.bo/economia/para-operar-a-su-maxima-capacidad-las-plantasconstruidas-por-ypfb-requieren-el-85-del-gas-natural_253421 https://eldeber.com.bo/economia/cae-un-117-la-produccion-de-azucar-por-clima-eincertidumbre_253431 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/1/ministerio-asegura-que-rin-superavitcorriente-crecimiento-mitigan-riesgos-de-la-economia-313962.html https://eldeber.com.bo/economia/economistas-ven-sesgo-en-las-cifras-de-luis-arce-y-lepiden-olvidarse-de-jeanine_254348 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/15/el-consumo-interno-de-gas-sube-perofalta-produccion-315237.html https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-confirma-que-no-se-pagara-el-segundoaguinaldo_254452 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seis-de-cada-10-bolivianos-tienen-un-ingresomenor-al-salario-minimo-nacional_255815 https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/17/exportan-oro-por-us-1739-mmtambien-sale-por-contrabando-315404.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/16/observan-falta-de-control-en-salida-deoro-del-pais-315340.html https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-firma-acuerdo-con-caneros-para-comprar-bs-768millones-de-etanol-el-proximo-ano_256486 https://www.la-razon.com/economia/2021/11/25/el-gobierno-proyecta-un-pib-de-51para-2022-y-sube-en-25-la-inversion-publica/ https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/la-GESTION-DE-EVO-ADJUDICO-10CONTRATOS-MILLONARIOS-SIN-RUPE-315903.html https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/30/gobierno-admite-declinacion-deproduccion-de-gas-hara-ajustes-316703.html

Sobre el autor Roger Cortéz Hurtado es investigador y analista de temas sociales, económicos, políticos, ambientales, de comunicación, transparencia, participación y control social.

Desde 2012 es director del Instituto Alternativo; desde 2006 es miembro del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles. Desde 1983 es docente universitario y docente de posgrados. Desde 1979 ha incursionado en el periodismo noticioso e investigativo y la producción televisiva y radial; es columnista y corresponsal extranjero.

Entre sus últimas investigaciones y publicaciones figuran: “Participación popular y democratización de la sociedad boliviana”, en VV. AA., Antología. Historia política de Bolivia. La Paz: Konrad Adenauer Stiftung, 2021 (en prensa); “Constitución, Estado y proyecto nacional”, en Jorge Dulón (coord.), Visión de país. 11 propuestas para reconducir el Estado, La Paz: FES, 2020; “Propuestas de modelos de desarrollo en Bolivia durante la segunda década del siglo XXI”, en VV. AA, Seminario Internacional Perspectivas de la democracia en América Latina, La Paz: IDIS, Sociología, UMSA, 2020; “Chepete (Bala) un proyecto fallido” con Daniel Robison, La Paz, 2016 (investigación inédita).

Actividad periodística Línea de Fuego, programa audiovisual de investigación sobre modelos alternativos de desarrollo. La Paz, 2020.

Columnista de los diarios nacionales Página Siete, El Deber, Los Tiempos, La Prensa, desde 2007.

Investigación periodística para el semanario Pulso de 1999 a 2003.

Producción, realización televisiva y radial en ATB TV, PAT y radio Fides.

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