Informativo CUT Bogota Cundinamarca 106 by Carlos Ernesto Castaneda Ravelo

Nº 106 Valor $500

Bogotá, Colombia Julio de 2013

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

DE LA CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Para culminar el proceso electoral de la Central, cuyo paso inicial fueron las elecciones directas del pasado 7 de junio, los compañeros elegidos al Comité Ejecutivo de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca se reunieron el pasado jueves 25 de julio para designar los cargos de dirección. En la deliberación, cada uno de los miembros elegidos hizo su respectiva presentación, destacándose el esfuerzo unitario, el espíritu de trabajar por el fortalecimiento del sindicalismo en la región, la reiteración de los principios generales que han guiado a la CUT, expresados en las conclusiones del V Congreso, y un ánimo fraternal. Destacamos el ingreso de nueve nuevos ejecutivos y la participación de la mujer sindicalista que quedó con cinco representantes. En la foto, sentadas de izquierda a derecha: Nohora Bulla (magisterio distrital, ADE): Tesorera; María Victoria Forero (presidenta de Sintrabienestar): Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial; Martha Pineda (presidenta de Sindistritales): Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales; Esperanza Lozano (presidenta de Anthoc Cundinamarca): Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad. De pie y de izq. a der. Miguel Ángel Delgado (Sintracntv), Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas; Jorge Laverde (expresidente de la ADE): Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos; Carlos Castañeda (presidente de Sintraestatales, directivo del Sunet): Secretario General; Alfonso Ahumada (Sintratextil): Presidente; Celmira Herrera (magisterio distrital ADE): Departamento de la Juventud y Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad; Bernardo Raúl López (exsecretario general Adec): 2º Vicepresidente, responsable Relaciones Internacionales; Manuel Ángel Téllez (Sintraong): Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva; Carlos Rico (magisterio de Cundinamarca, Adec): Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos; Fernando Abadía (exsecretario general de Adec): 1er Vicepresidente; Carlos Alberto Velásquez (exdirectivo Sintrateléfonos): Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Pedro Isidro Yepes (directivo de Sindess): Fiscal. En las páginas centrales destacamos una entrevista con el Presidente y el Secretario General.

La nueva legislación de Bangladesh sigue sin proteger los derechos de los trabajadores

En presencia de Petro, sindicato de ETB y administración firman acta de acuerdo convencional

Marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

Huelga en la Drummond

Las enmiendas tan largamente esperadas a la Ley del Trabajo de Bangladesh, aprobadas por el Parlamento a principios de esta semana, no protegen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a la libertad sindical, situándose muy por debajo de las normas internacionales del trabajo. / 4

El Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Sintrateléfonos, y la administración de la empresa, en presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, suscribieron el acta de acuerdo convencional con vigencia del primero de enero de 2013 al 30 de junio de 2016. / 7

¡Por fin! Un gran paso en el sentido correcto de armonizar el derecho colectivo al espacio público y el derecho al trabajo. El decreto, que aún espera la firma de nuestro alcalde Gustavo Petro, contiene avances indiscutibles para regular las actividades que permiten un uso económico del espacio público. / 9

Los cerca de 10 mil trabajadores de la Drummond en Colombia paralizaron sus labores desde el miércoles a las 5:55 de la tarde, momento en que Sintramienergética, sindicato que lidera la huelga, decretó la hora cero. La huelga había sido aprobada el miércoles de la semana pasada por el 98% de los trabajadores sindicalizados. / 13

opinión sindical

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A manera de reflexión July González Villadiego. Exdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca

l pasado 7 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convocó para elegir su dirección, tanto nacional como departamental; elecciones que fueron realizadas conjuntamente con la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, a través del proceso de votación directa, es decir, cada afiliada y afiliado ejercen directamente su derecho al voto y eligen sus representantes. Como cualquier proceso electoral este ejercicio tuvo su reglamentación, la cual estuvo acompañada de algunos procedimientos, entre ellos, la facultad al Comité Ejecutivo Nacional para discutir y aprobar las propuestas que no tuvieron curso en la Junta Nacional de la CUT y, por otra parte, el compromiso de quienes estamos en la dirección de los sindicatos de asumir las orientaciones definidas por las instancias encargadas para tal fin. Como es usual en estos casos, algunas propuestas se consensuan y otras se aprueban por mayoría, lo cual genera inconformidades, que desafortunadamente suelen relucir cuando las apuestas no nos favorecen. Así hemos concebido la democracia en el sindicalismo; como un ejercicio de mayorías y minorías, que validamos o condenamos, dependiendo del lugar en el que estemos ubicados y ubicadas. En últimas, la práctica que realizamos es un remedo de la democracia burguesa, que guardadas las proporciones, genera consecuencias o resultados que nos distancian del querer o la razón de ser de la representación que nos otorgan las trabajadoras y los trabajadores en nuestras organizaciones. Lo más lamentable, a mi modo de ver, es que es una práctica consciente que hemos venido reproduciendo entre nosotros y nosotras, y con la gente que llega por primera vez a las organizaciones, particularmente a las instancias de dirección. Esta realidad se hace más visible en los procesos electorales, a los que generalmente no llegamos con propuestas, sino motivados y motivadas por intereses particulares,

los cuales disfrazamos con promesas que habitualmente se quedan solo en eso... en promesas. Esta mirada del ejercicio de la democracia nos ha conducido a adoptar métodos y estilos de trabajo que no se alejan mucho de las prácticas incorrectas que cotidianamente “condenamos”; pero que a la hora de querer posicionarnos en algún espacio, acogemos como válidas, e incluso las defendemos, precisamente en nombre de la democracia. Los pasados comicios electorales en la CUT no fueron ajenos a esta realidad; quien consideró válido participar, inscribió lista y se inició lo que hemos denominado “contienda electoral”; donde justamente, no encontramos intercambio de propuestas hacia quienes nos eligen, sino descalificaciones a granel, que impiden que las trabajadoras y trabajadores puedan tomar una decisión consciente y de acuerdo a sus necesidades. Circula el clientelismo, la apropiación de organizaciones por parte de las y los candidatos, las calumnias hacia quienes consideramos nuestro mayor contradictor o contradictora para su aislamiento, entre otras acciones; en fin, métodos que están muy lejos de lo que debe caracterizar el ejercicio sindical. A lo anterior le agregamos que cuando por una u otra razón incumplimos los requisitos establecidos, desconocemos las reglamentaciones que nosotras y nosotros mismos aprobamos, y nos llenamos de argumentos para justificar la inobser-

vancia de las reglas de juego que hemos acordado. Y nuevamente en nombre de la “democracia” buscamos culpables: “la responsabilidad es del Tribunal Electoral que fue muy rígido; que X o Y candidato o candidata tuvo la culpa; que se dieron mañas para impedir que llegara; que tal persona influyó para que me anularan la votación”. Disculpas que van y vienen, pero que dan cuenta de nuestra incapacidad para asumir los errores cometidos. Ante esta realidad, es urgente que hagamos un alto en el camino. Necesitamos deconstruir estas prácticas que ningún bien le hacen a la clase trabajadora; por el contrario, van en contravía de la ética sindical y política que debemos portar, para hacer una representación acorde a la asignada por las trabajadoras y trabajadores que nos eligen y, para hacer posible nuestro compromiso, en la construcción de esa sociedad justa e igualitaria, la cual debe estar impregnada de valores distintos a los cuestionados, para tener la suficiente autoridad moral ante la crítica.

Algunas y algunos hacemos lo mejor que podemos, pero eso no nos excluye de la responsabilidad que nos corresponde sobre la realidad descrita, porque de una u otra manera hemos ayudado a construirla. Partir del reconocimiento de nuestra responsabilidad, es dar el primer paso ante una apuesta distinta, que nos permita una visión interna a la crisis del sindicalismo para superarla, para así llegar a un verdadero fortalecimiento que nos permita enfrentar las causas externas de esta crisis, que cada día se profundizan. No podemos ser inferiores a este reto. ¡La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, debe ser una real alternativa para la clase trabajadora! Para ello es necesario deponer las mezquindades, los celos políticos, nuestros intereses personales y pensar en colectivo; rescatar la coherencia entre la teoría y la práctica; debemos pensar en lo que necesita la clase trabajadora y en la organización sindical que necesita el país. ¡Debemos pensar en la CUT!

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laborales

Corte Constitucional señala:

Las autoridades territoriales fijan su propio régimen de salarios Carlos Castañeda Ravelo Secretario General CUT Bogotá Cundinamarca Presidente de Sintraestatales

e gran relevancia ha resultado por estos días el comunicado Nº 26 de 2013 de la Corte Constitucional, correspondiente a las sesiones de su Sala Plena de los días 3 y 4 de julio de 2013, en el cual se pronunció sobre la demanda elaborada y presentada por Jairo Villegas Arbeláez auspiciada por la Internacional de Servicios Públicos, federación mundial a la cual se encuentra afiliada Sintraestatales. En la demanda radicada bajo el expediente D-9388 se ha proferido la sentencia C-402/13 (julio 3), cuyo Magistrado Ponente es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Dos importantes conclusiones podemos extraer del mencionado comunicado sin conocer de fondo el pronunciamiento, pues la sentencia se publica mucho después de haberse adoptado la decisión: 1. De una parte, conforme con la Corte las autoridades territoriales "(...) De esta manera, cada entidad territorial está investida de la facultad de determinar los aspectos concretos de su régimen salarial, que respondan a las particularidades del ejercicio de la función pública en cada departamento, municipio o distrito, así como las variables presupuestales, la estructura institucional de la entidad territorial, el nivel de especialización profesional requerida, etc. (...)". Esta idea parece encontrarse en abierta contradicción con varias sentencias del Consejo de Estado conforme a las cuales las autoridades territoriales carecen de competencia para lo que ahora la Corte señala que si la tienen, y con base en cuyo criterio se han anulado derechos salariales en el Meta, Santander, y La Guajira, por citar solo algunos casos. 2. Al señalar "(...) En esa medida, si el primer problema jurídico materia de decisión debe resolverse de manera negativa, no están los presupuestos para entrar a dilucidar el segundo problema, relativo a la presunta vulneración del principio de igualdad, en tanto su supuesto metodológico es la existencia de un mandato constitucional de regulación uniforme del régimen salarial que sirviera como criterio de comparación entre los servidores del nivel nacional y del territorial. Como ese mandato no concurre en la Carta Política, dicho juicio no podía llevarse a cabo. (...)" nos sitúa la Corte frente a aquellos procesos judiciales que

Corte Constitucional.

cursan a lo largo y ancho del país, toda vez que el comunicado no impone la tesis de que haya o no vulneración a la igualdad por un trato salarial discriminatorio como en realidad si ocurre, sino precisamente es clara en señalar que no se adentra en ese objetivo de determinar o no tal desigualdad, pues la identificación de facultades constitucionales distintas para el gobierno central de las que tienen los gobiernos territoriales le lleva a concluir que cada uno define su régimen salarial, pero se abstiene de calificar si hay o no discriminación en materia salarial. Siendo ello de esa manera, mal puede interpretarse en proceso judicial alguno que el pronunciamiento se haya inclinado por señalar que no hay desigualdad, pues lo decidido fue no pronunciarse sobre tal asunto. Al respecto de este tema, resulta importante señalar que acaba de ser expedido el Decreto 1463 del 10 de julio de 2013, con el cual se da cumplimiento al acuerdo suscrito por el sector sindical estatal con el Gobierno Nacional, así como la Circular Externa Dafp 100-00403. Valga señalar además, que si el tema de las competencias fuese como se señala en el comunicado, al fijar el gobierno nacional el subsidio de alimentación en el Decreto 627 de 2007 y mantenerlo en los decretos que anualmente lo han actualizado, habría entonces el gobierno nacional excedido sus competencias, cosa que no podemos compartir. De seguro el terreno de la negociación colectiva para empleados públicos deberá adentrarse en este terreno en profundidad, y la confrontación mediante la movilización junto a la batalla jurídica inevitable por las demandas inescrupulosas contra los trabajadores o las justas aspiraciones de estos, resolverán las diatribas que de este tema se mantienen actualmente.

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sindicalismo Internacional

Nº 106, julio de 2013

CSICSICSICSICSI Confederación Sindical Internacional (CSI) En línea

La nueva legislación de Bangladesh sigue sin proteger los derechos de los trabajadores

as enmiendas tan largamente esperadas a la Ley del Trabajo de Bangladesh, aprobadas por el Parlamento a principios de esta semana, no protegen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a la libertad sindical, situándose muy por debajo de las normas internacionales del trabajo. Los obstáculos a la organización de un sindicato y a la negociación colectiva con los empleadores continuarán haciendo que sea extremadamente difícil para los trabajadores y las trabajadoras negociar salarios justos y condiciones de trabajo decentes y seguras. La ausencia de los sindicatos en la gran mayoría de los lugares de trabajo es lo que ha mantenido hasta ahora los salarios en los actuales niveles de pobreza y ha permitido a los empleadores obligar a los trabajadores a trabajar en condiciones peligrosas, incluso mortales. Los desastres de Rana Plaza y Tazreen Fashions han demostrado qué tan vulnerables pueden ser los trabajadores y las trabajadoras sin la protección de sindicatos fuertes. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirmó que “Los trabajadores y las trabajadoras de Bangladesh y la comunidad internacional tenían grandes expectativas de que el Gobierno finalmente legislara para proteger los derechos de los trabajadores. Parece que los propietarios de las fábricas triunfaron de nuevo por encima de sus trabajadores a través de grupos de presión entre bastidores y de su propio poder político como miembros del Parlamento. Si bien la nueva ley refleja algunos cambios positivos, incluido en la seguridad y la salud en el trabajo, el Gobierno fracasó en gran medida en hacer valer sus obligaciones de mejorar los derechos fundamentales de los trabajadores”. Categorías enteras de trabajadores y trabajadoras, como los cientos de miles que trabajan en las zonas francas del país, siguen teniendo prohibido formar un sindicato. Solamente están autorizados a formar asociaciones, que en la práctica tienen poco poder para mejorar las condiciones de trabajo en esas zonas. El Gobierno ya no dará a los empleadores la lista de activistas sindicales que soliciten el registro, la cual era utilizada anteriormente para despedir a los sindicalistas. A principios de este año, el Gobierno levantó lo que era una prohibición de hecho sobre el registro de sindicatos en el sector de la

confección, y en los últimos meses se han registrado cerca de 30 sindicatos. Este es un progreso, aunque sigue planteando dudas de si va a continuar o no el registro. Los dirigentes de algunos de estos nuevos sindicatos ya han sido víctimas de discriminación antisindical, incluyendo agresiones físicas, amenazas y despidos por una actividad que ejercen lícitamente. Durante años, el Gobierno ha fracasado rotundamente en hacer cumplir la legislación laboral. La CSI hace un llamamiento al Gobierno de Bangladesh para que vele seriamente por la aplicación de la ley, incluyendo la relativa a la discriminación antisindical, así como la seguridad y la salud en el trabajo. “La CSI mantendrá e incluso aumentará la presión sobre Bangladesh hasta que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer sus derechos laborales fundamentales. Instamos a todos los Gobiernos, incluidos los EE.UU. y la UE, a hacer lo mismo”, exhortó Sharan Burrow. “También hacemos un llamado al Gobierno de Bangladesh para iniciar inmediatamente un nuevo proceso tripartito para elaborar y adoptar las reformas legales que deberían haber sido aprobadas esta semana.” Cambio de tono en la reunión conjunta de Ministros de Trabajo y de Finanzas del G20 ¿Seguirá una acción política? 19 de julio de 2013: El movimiento sindical internacional acoge con beneplácito las declaraciones de los Ministros de Trabajo y de Finanzas del G20 tras su primera reunión conjunta en Moscú, aunque advierte que la crisis del desempleo y la desigualdad ha alcanzado niveles críticos y requiere un plan de acción urgente para fomentar las inversiones y crear empleo. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, indi-

có que la preocupación compartida sobre el empeoramiento de las perspectivas de empleo, manifestada tanto por los Ministros de Trabajo como los de Finanzas, debería constituir una advertencia a los Líderes del G20 que se reunirán en San Petersburgo en septiembre, para que elaboren un plan sobre inversión y creación de empleo. “Tenemos más de 200 millones de personas sin empleo, previsiones de crecimiento a la baja, familias enteras que tienen dificultades para poner comida en la mesa a causa de sus bajos salarios, y sin embargo no hay un sentido de urgencia entre nuestros líderes. “Los Líderes del G20 han de reconocer la urgente necesidad de tomar medidas para hacer frente al aumento del desempleo y la desigualdad”, afirmó Sharan Burrow. “Año tras año, la situación económica y social de los trabajadores y trabajadoras se ha venido deteriorando; no obstante, las políticas gubernamentales de los países del G20 están fallando. El hecho de que los Ministros de Trabajo y los Ministros de Finanzas se hayan reunido constituye un primer paso para lograr que se pongan a trabajar juntos con vistas a asegurar una coherencia política, y es algo que debería continuar con la presidencia australiana del G20”, manifestó John Evans, Secretario General de TUAC. “El incremento del desempleo y las desigualdades resulta inaceptable. La corrección a la baja de las previsiones de crecimiento para las economías del G20 y el descenso de la demanda impulsada por los ingresos están devastando nuestras economías. “Así pues, necesitamos un compromiso claro respecto a un Plan para el Empleo y la Inversión en un crecimiento verde,

inclusivo, justo y sostenible, con cambios macroeconómicos que dejen de lado la austeridad para orientarse hacia unas políticas de impulso de la demanda”, indicó John Evans. “Mientras que las fallidas políticas de austeridad han atacado las políticas fundamentales del mercado de trabajo, los Ministros de Trabajo y de Finanzas del G20 han reconocido por primera vez que la implementación de políticas del mercado de trabajo y de inversión social, que apoyen la demanda agregada y reduzcan las desigualdades, acordando protección social, un salario mínimo y sistemas de negociación colectiva, apoyaría el crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, en realidad muchas de las políticas estructurales aplicadas por los Gobiernos nacionales contradicen esta premisa”, continuó el Sr. Evans. Pese a que los Ministros de Trabajo dieron muestras de su apoyo a la demanda agregada para impulsar las economías, los Ministros de Finanzas no reconocen la importancia de una recuperación centrada en las personas, lo que demuestra que aún queda mucho por hacer para lograr una auténtica coordinación de políticas. El comunicado de los Ministros de Trabajo supone un progreso respecto a los compromisos de supervisión – algo que también está ausente del comunicado conjunto. “El mundo necesita un G20 efectivo, comprometido hacia las personas y no sólo hacia los mercados financieros. Los trabajadores y trabajadoras y sus familias esperan poder restablecer la confianza – pero esto requiere empleos. El éxito estriba en unas economías donde un empleo fuerte, salarios justos y protección social impulsen el crecimiento”, concluyó Sharan Burrow. Bruselas, 22 de julio 2013

Nº 106, julio de 2013

laborales

Demasiadas inconsistencias en la jornada de 40 horas en el Distrito Eldia

25 de junio de 2013

l pasado miércoles 19 de junio la ADE desarrolló un conversatorio sobre el programa de 40 horas que se viene implementando en Bogotá. Como panelistas estuvieron Patricia Buriticá, subsecretaria Distrital de Educación, y Mario Fonseca, director de la Escuela Sindical de la ADE. El cuarto conversatorio del Ceid de la ADE expuso los pro y contras de esta jornada. Inicialmente, la Secretaría de Educación presentó un proyecto denominado jornada de 40 horas. Según su exposición, con él busca ampliar el tiempo y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes con actividades que ellos mismos y las instituciones seleccionan de acuerdo con los énfasis del PEI. Según la Secretaría, este proyecto se pone en marcha cuando existe conceso con los docentes, padres de familia y estudiantes. Contempla la realización de actividades dentro y fuera del colegio. La jornada escolar diaria será de 8 horas para 40 a la semana en todos los ciclos.

Los estudiantes tendrán acceso a actividades pedagógicas enfocadas al arte, la cultura ciudadana, la educación ambiental, el deporte, la segunda lengua y la tecnología. Gradualmente, pasará de hacerse en el colegio a parques, zonas rurales, sedes culturales, museos y la calle. Eso es el proyecto, la realidad es otra. Los asistentes al Seminario denunciaron muchas inconsistencias en la implementación del programa. Comenzando por que no es cierto el consenso entre padres de familia, estudiantes y docentes. Realmente la decisión la están tomando los rectores motivados por los incentivos de dotación, esto hace que se pongan en la tarea de desaparecer las jornadas de la tarde para ejecutar el proyecto. Así mismo, la falsedad del refrigerio reforzado, que se convirtió en un doble refrigerio repleto de dulce y calorías, sin control de nutrición adecuado. Otro aspecto es el aumento del estrés a causa de mayor responsabilidad académica y convivencial para los docentes. “Estamos haciendo un llamado a los compañeros que están asumiendo estas responsabilidades a que analicen bien esta política neoliberal impuesta, que es un claro

paso para implementar la jornada única”, manifestó Luz Dary Bolaños, directora del Ceid de la ADE. Adicionalmente, en los colegios donde se está desarrollando esta jornada se evidencia el activismo, es decir, actividades sin ninguna organización ni contenido curricular. Más bien lo asumen para solucionar la problemática social porque es mejor tener los alumnos más tiempo en las instituciones. Eso quiere decir que la intervención de las instituciones es básicamente asistencialista, sin un componente pedagógico claro y estructurado. En resumen, este programa se está dando sin una planificación de recursos, espacios, horarios, intencionalidad

académica y sin una clara política de contratación para los nuevos maestros. Básicamente, se reduce a una bandera política de la Alcaldía. “Son muchos los colegios que no cuentan con los espacios físicos suficientes y en el afán envían a los maestros a conseguir bodegas y casas vacías para dar inicio al proyecto. El nivel académico no se mide por las horas de permanencia en la institución; si el objetivo de la Secretaría es extender la jornada para obtener calidad, se debe iniciar por mejorar las condiciones laborales de los docentes, mayor infraestructura y cualificación masiva del magisterio”, señaló la directora del Ceid de la ADE.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial). Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: elperiodicocut@gmail.com cutsubdirectiva@hotmail.com ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Manuel A. Mora, Manuel Téllez y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez. Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las

opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

laborales

Nº 106, julio de 2013

La formalización laboral en pequeña y mediana minería:

Debe ser parte del debate Agencia de Información Laboral 20 de julio de 2013

“F

ormalización” es una palabra que se escucha mucho por estos días en que adelantan un paro nacional las organizaciones vinculadas a la minería que opera sin titulación. Justamente uno de los móviles de este paro es rechazar la forma como el Gobierno trata de “formalizar” la actividad minera, y las múltiples trabas y exigencias que los pequeños y medianos empresarios tienen para formalizarse. El pliego de peticiones que presentó al Gobierno la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, organización que orienta la protesta, se centra en el tema de la legislación minera y los requisitos para la regulación y formalización de los productores pequeños, medianos y artesanales; y en las dificultades que éstos tienen para operar y acceder a los títulos mineros, gran parte de ellos ya en poder de grandes empresas y compañías multinacionales. Deben realizar estudio medioambiental, presentar un plan de trabajo, invertir en infraestructura y formalizar a sus trabajadores, entre otras exigencias. Puntualmente el paro también se enfoca en la derogatoria del Decreto 2235 de 2012, que autoriza la destrucción de maquinaria y que, según la Confederación que orienta el paro, no establece diferencia entre la minería informal y la ilegal. Se centra pues esta protesta minera en los intereses de los dueños y operadores de las minas, poco se toca el tema de los trabajadores y las violaciones de los derechos de que éstos son objeto, un asunto que también es parte del problema minero en Colombia. Y una parte no menor, dado el creciente número de personas que obtienen su sustento de esta actividad económica, cuyo auge en los últimos años ha ido siempre en ascenso y a la par con la informalidad en todos los órdenes y niveles. Es uno de los sectores más informales en materia laboral. Así que en el debate sobre la crisis de la minería se debe incluir el tema de la formalización y mejoramiento de las condiciones de los trabajadores mineros, de esos no son dueños de nada y se ganan la vida vendiendo su mano de obra en las minas, y no preguntan si éstas son formales o ilegales. Se emplean donde les resulte, sometidos a una precariedad que en todas sus aristas riñe con los preceptos del trabajo decente. Y son trabajadores totalmente desprotegi-

dos, en su gran mayoría no están organizados en asociaciones o sindicatos. Es clara la necesidad de un marco legal que regule y formalice la operación y los derechos de los trabajadores de la pequeña y mediana minería; un código específico para ellos en materia salarial y de seguridad en el trabajo. Porque el desgaste y los riesgos que sufre un minero no son equiparables con los de un trabajador del común. Sobre todo en el caso del minero de socavón, que enfrenta un ambiente laboral totalmente hostil: oscuridad cerrada, oxígeno escaso y altas temperaturas; y a eso hay que agregar el miedo a una explosión cuando la mina es de carbón, más el hecho de que lo usual es que trabaje con tecnología rudimentaria, vestimenta inadecuada y pocas precauciones e instrumentos de seguridad industrial.

El caso Segovia Recientemente la ENS y la Fundación Amigos del Chocó realizaron una visita a Segovia para hacer una caracterización del tipo de minería y las condiciones de trabajo en esta región del nordeste antioqueño, reconocida por su gran riqueza aurífera, la cual se viene explotando desde la época de la Colonia y que aún hoy sigue teniendo un peso específico en el total de la producción nacional: el 6,66% del oro del país. Pero todo el oro que a lo largo de la historia se ha sacado, y se sigue sacando, del subsuelo de Segovia y su vecino municipio de Remedios, sólo ha servido como fuente de empleo y subsistencia para sus habitantes, porque a la región no le ha dejado la infraestructura y el desarrollo que se podría esperar de tanta riqueza, aparte del deterioro del medio ambiente. En Antioquia estos dos municipios son de los más atrasados en desarrollo social y humano. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de Segovia es de 41,37%, y el de Remedios es algo peor: 47,56%. En Segovia el 23,6% de la gente está desprotegida en salud, el 80% no tiene alcantarillado y el 35% consume agua de pozos o riachuelos, no apta para el consumo humano; la tasa de escolaridad en primaria es 47,42% y en secundaria 35,62%. En Remedios el 63% está desprotegida en salud (en la zona rural es el 75%), sólo el 44% de las viviendas del casco urbano cuenta con alcantarillado o pozo séptico, de las 2.183 viviendas que del área rural sólo 67 tienen acueducto, y el 60% de la población infantil presenta algún grado de desnutrición. Y a eso hay que sumar los estragos de los grupos armados que se disputan el control de los beneficios que deja la riqueza aurífe-

ra, que han resquebrajado el tejido social y estancado el desarrollo de una región que desde los años 80 arrastra un historial de violencia pavoroso. No termina de reponerse de una masacre cuando ya está llorando la siguiente. La más terrible fue la que tuvo lugar en Segovia en 1988, con saldo de 46 personas muertas y 60 heridas. La masacre más reciente fue el 7 de junio de 2012, que se saldó con 8 víctimas, entre quienes se encontraban mineros previamente amenazados por no pagar extorciones. Cuando existía la Frontino Gold Mines las pequeñas unidades productivas se concedían por el sistema de comodatos, acuerdos por los cuales la empresa cedía a los mineros una determinada zona. A algunos de ellos se les permitía operar dentro de antiguas minas explotadas por La Frontino. Estos contratos se otorgaban sin contraprestación, solo para seguir manteniendo la propiedad del título minero y apaciguar las tensiones entre la población y la empresa. Tras las sucesivas crisis que tuvo La Frontino, la actividad decayó, muchos quedaron desempleados, y algunos decidieron reabrir por su cuenta las minas abandonadas por la compañía. En el 2010 entra a la región la Gran Colombia Gold, compañía de capital canadiense que compró los activos que pertenecieron a La Frontino, y empezó a operar a través de Zandor Cápital, y a poner las condiciones sobe la explotación del oro, como propietaria que es de los terrenos mineros. Adopta la operación por outsourcing, otorgando contratos de arrendamiento y operación a mineros particulares, y mina que se explote sin el debido contrato es mina queda como ilegal. Para la adjudicación de estos contratos no hay unos criterios claros y unificados, y su duración se determina de manera subjetiva y en muchos casos arbitraria, dependiendo del tamaño y la reputación de la mina. Entre los requisitos que se exigen para acceder a estos contratos, el operador debe constituir una empresa legal, cargar con la seguridad social y las prestaciones sociales de los mineros que contrate, lo mismo que hacer inversiones en seguridad industrial y sostenibilidad ambiental. Pero lo usual, en la práctica, es que los operadores que ostentan estos contratos les hagan esguinces a esas exigencias. En la parte salarial, a un trabajador que gane dos o tres salarios mínimos, el salario que se le reporta es el mínimo legal vigente, lo que le afecta la cotización a pensión y el monto de sus prestaciones sociales; aparte

de que así le birlan recursos a los sistemas de salud y pensional. Lo otro que ocurre en ocasiones es que parte del salario, cuando no todo, lo pagan en especie, en material de mina, para que el trabajador lo procese y extraiga el oro. O sea que es un salario sujeto al azar, a la cantidad de oro que recupere, que además recibe depreciado porque el precio internacional del oro ha rebajado. Una modalidad común en la región es que un grupo grande de mineros conforme una asociación para obtener un contrato de operación con la Zandor. Pero con grandes limitaciones para acceder a los beneficios de los programas de formalización y tener una producción que permita mejorar las condiciones de seguridad de las minas. Carecen de músculo financiero para hacer las inversiones requeridas, y aparte de eso deben pagar extorsiones y “vacunas” a los grupos armados. Adicionalmente el nuevo código minero elimina las categorías de pequeña, mediana y gran minería, lo que los lleva a competir con la gran empresa, que si tiene recursos para hacer las inversiones y correr con los gastos que implica un proceso de formalización. Todo eso lleva a que los empleos en las minas pequeñas y artesanales sean bastante precarios e inestables, la rotación laboral es alta. Edwin Castañeda es el representante legal de una sociedad contratista de la Zandor Cápital, conformada por 40 mineros, que a su vez da empleo a otros 40 mineros asalariados. Afirma que tecnificar la mina y garantizar la seguridad social de los trabajadores no es nada fácil, y por eso le han entregado a la Zandor una propuesta para modificar y mejorar las condiciones del contrato. “Para nosotros es una inversión de alto riesgo porque el contrato es a dos años y no tenemos ninguna garantía de que se nos renueve”, agrega. En la zona también hay varias grandes empresas que operan para la Zandor, como Opan, que tiene cerca de mil trabajadores. Pero no los tiene con contrato directo sino que a todos, incluidos los del área administrativa, los engancha como temporales, con el argumento de que los contratos de operación con la Zandor son a uno, dos, tres años, y eso no les permite contratar personal con contrato a término fijo. Y todo eso ocurre bajo el manto del silencio porque los trabajadores no denuncian esas situaciones ante la Inspección del Trabajo por temor a perder su empleo, o a sufrir retaliaciones, las que en una zona de tan fuerte presencia de grupos armados equivale casi a perder la vida.

Nº 106, julio de 2013

En presencia de Petro Sindicato de ETB y administración firman acta de acuerdo convencional Bogotá, 18/07/13

El acuerdo convencional logrado por Sintrateléfonos establece que en la política sobre tercerización y mejora de la productividad en ETB se garantiza que el personal que actualmente trabaja la red de cobre de la empresa, pasará a trabajar la red de fibra óptica, de forma gradual, progresiva y planificada en la medida del avance e implementación del proyecto Ftth (Fiber To The Home). Además se crea una mesa estratégica con el fin de estructurar una política sobre tercerización, productividad, empleo digno y decente, que contribuya a

Eldia

18 de Julio de 2013

l Tribunal Andino ratificó su primer fallo en el sentido de que Claro (antiguo Comcel) está obligado a pagar el dinero que le adeuda a ETB, y que la multinacional ha estado evadiendo mediante estrategias jurídicas.

Rebanadas de Realidad Sintrateléfonos

l Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Sintrateléfonos, y la administración de la empresa, en presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, suscribieron el acta de acuerdo convencional con vigencia del primero de enero de 2013 al 30 de junio de 2016; finalizando con éxito un importante y arduo proceso de negociación colectiva en defensa de los ciudadanos, de los trabajadores y de ETB como empresa de los bogotanos.

Sintrateléfonos conmina a Claro a pagar la deuda con ETB

la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio de las TIC. Las partes acordaron que ETB continuará realizando todas las acciones necesarias para tener acceso como oferente de servicios de cualquier tecnología que se encuentre a la vanguardia en el sector de las TIC, partiendo de los análisis de viabilidad técnica, jurídica, económica, estratégica y de conveniencia que se requieran, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. De igual manera, se convino que ETB continuará prestando los servicios de comunicaciones a las entidades centralizadas y descentralizadas del Distrito y, en

un término no superior a 6 meses, ETB se compromete a seguir gestionando, dentro de su estrategia comercial la vinculación como clientes de la empresa a aquellas que aún no lo sean, con la promoción de los productos y servicios de su portafolio, dentro del marco de la competencia y la regulación aplicable. Sintrateléfonos agradece a los medios de comunicación, a la ciudadanía, al movimiento sindical colombiano e internacional su constante participación y apoyo en el proceso de negociación que culmina, pero especialmente a las bases trabajadoras, pues sin el aliento constante de respaldo no se habría podido lograr tan importante objetivo.

El sindicato de la ETB confirmó su satisfacción con referencia a esta decisión: “nos parece muy acertado este fallo, debido a que el monopolio de Claro ha crecido a costa de las empresas públicas e incumpliendo con lo dispuesto por la ley, no solo del Tribunal Andino sino también con los fallos del Consejo de Estado”, señaló Campo Elías Puentes, secretario de Seguridad Industrial de Sintrateléfonos. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, que de alguna forma ha sido permisivo al no exigirle a Claro que cancele cuanto antes esta deuda multimillonaria. Por el contrario, su posición ha sido el silencio frente a las múltiples peticiones de ciudadanos que solicitan acciones eficaces. En cuanto a las negociaciones del pliego de peticiones que Sintrateléfonos radicó a ETB, Puentes indica que van por “buen camino. Se han dado encuentros y se están destrabando los fundamentos difíciles. Esperamos que las negociaciones pronto den buenas noticias”.

Carta de Asintraf

A SU SANTIDAD FRANCISCO Excelentísimo Santo Padre: Los trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá, Colombia, acudimos respetuosa y esperanzadoramente a usted como máximo jerarca de la Iglesia católica para exponerle nuestra crítica situación: 1. S omos más de 1.200 trabajadores dedicados a la atención de pacientes en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, institución de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, orden religiosa que tiene más de 450 años de existencia y hace presencia en más de 50 países.

4. Sin embargo, por información pública dada por el director de la institución sabemos que el 70% de los ingresos de la institución están dedicados al pago de proveedores (laboratorios y demás industrias) antes que al pago de los trabajadores que atendemos los pacientes en la institución. 5. P or las anteriores razones, un grupo de trabajadores conformamos el Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael, Asintraf, en aras de velar por el respeto por los derechos laborales de los trabajadores de la institución. 6. La situación ha llegado a ser tan precaria para los trabajadores, que en su mayoría somos madres cabeza de familia sin otros ingresos, que nos hemos visto obligados a acudir a la justicia colombiana interponiendo más de 150 acciones de tutela por violación al derecho fundamental al mínimo vital, ante los jueces de la República, quienes han condenado el no pago oportuno de salarios a los trabajadores por parte de la institución y han ordenado a las directivas el pago de salarios a todos los trabajadores en cumplimiento de las leyes laborales colombianas, orden esta que ha sido incumplida por la Clínica y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, así como han desconocido las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia a la institución por iguales razones.

Eldia 18 de julio de 2013

n la segunda semana del mes de julio tuvo lugar en Venezuela el Foro Minero-energético Latinoamericano y del Caribe. Un importante evento donde se estudiaron las condiciones laborales de este sector en 11 países de América. Los asistentes fueron Argentina, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, Curazao y varios países de las Antillas, el único ausente fue la delegación de México, que aun así sigue participando.

Ciudad del Vaticano

3. Desde hace más de un año y medio la Clínica San Rafael no le paga los salarios y demás acreencias laborales a sus trabajadores con la excusa de la crisis de la salud existente en Colombia.

Se consolida unión sindical del sector minero-energético latinoamericano y del Caribe

Bogotá, Colombia, 11 de julio de 2013

2. La Clínica San Rafael tiene más de 80 años de existencia y su representante legal es el padre de la Iglesia católica Alfredo Campo.

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sindicales

7. Al no darse cumplimiento a las sentencias judiciales la organización sindical ha promovido ante el juez respectivo se sirva tomar las medidas ordenadas por la ley colombiana en los casos de no cumplimiento a sentencias judiciales, lo que generó la imposición de sanción con arresto (cárcel) y multa para el padre Fray Alfredo Campo, orden que actualmente está a la espera de ser cumplida. 8. La situación de miseria de los trabajadores es total, lo que obligó a la renuncia de más de 500 trabajadores en el año 2012 y 114 en el último trimestre, renuncias todas motivadas por el no pago de salarios por la institución, constituyéndose esto en un despido colectivo enmascarado que hoy realizan las directivas, siendo este tema ya denunciado ante las autoridades. 9. Muchos trabajadores, dado el no pago de salarios fruto de su trabajo han perdido sus viviendas, sus hijos no han podido continuar estudiando por no poder pagar los gastos educativos y son devueltos del colegio que es propiedad de la misma orden religiosa San Juan de Dios. 10. Sin importar lo anterior, las directivas de la clínica, incluyendo infortunadamente a algunos de los hermanos de la Orden Hospitalaria San Juan , en vez de dedicarse a reparar el daño causado a sus trabajadores y a cumplir las órdenes de los jueces y el Ministerio de Trabajo se han dedicado a perseguir a los miembros del sindicato y sus afiliados, por lo cual instauramos una acción judicial ante las autoridades respectivas, quienes fallaron a favor de los miembros del sindicato ordenando a las directivas cesar de inmediato cualquier acción de persecución contra los sindicalizados.

El Foro nació en este mismo país. Desde el año 2005 se viene realizando periódicamente esta iniciativa y, a la fecha, ha tenido tres encuentros, dos en Venezuela y uno en Bolivia. Hasta 2010 continuó sin problemas, pero quedó estancado pues debía llevarse a cabo en Ecuador y por problemas con el sector petrolero de ese país no se realizó. En esta ocasión asistieron 10 de los 11 países coordinadores. En el marco del Foro, se planteó un Comité Operativo conformado por cuatro dirigentes, donde a Colombia le correspondió el lugar para coordinar la zona andina, el cual será liderado por la USO. Para el año entrante, Colombia tendrá la responsabilidad de ser la sede. Mientras tanto se preparará la unión de las propuestas hechas por los participantes del recién concluido encuentro. Uno de los objetivos fue conformar la Escuela Latinoamericana y del Caribe 11. Dicha orden no ha sido cumplida, y no contentos de la burla a las autoridades, los Hermanos contratan a un abogado laboralista, Sergio Iván Mejía, como director de talento humano, quien está dedicado a perseguir a los miembros del sindicato, negarles sus derechos, llegando a extremos repudiables y contrarios a la ley sobre lo cual hemos tramitado las debidas demandas a las autoridades. Santísimo Padre, conocedores de su inmensa misericordia por los menos favorecidos, de su infinita bondad, y sobre todo por la coherencia que usted como Santo Padre pide a sus autoridades de la Iglesia católica en cuanto a ponerse siempre en el papel del desvalido, en cumplimiento de la Carta Encíclica de nuestro Santísimo Señor León por la Divina providencia del Papa XIII Rumrum Novarum, a todos los sacerdotes y fieles del orden católico sobre la situación de los obreros, solicitamos a su Santísima Excelencia interceder ante Dios y ante los sacerdotes de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para que ellos como patronos asuman sus responsabilidades frente a sus

Rodolfo Vecino, presidente de la USO.

para la formación política e ideológica de los cuadros dirigentes, sindicales y políticos de los diferentes países integrantes. “Esperamos ampliar esto a otros países, donde estaremos llevando la iniciativa de construcción para integrar y tener una propuesta latinoamericana y del Caribe en el desarrollo del Alba, donde en el marco de las organizaciones sociales, el sindicalismo tendrá un escenario y una posibilidad de construir una unidad latinoamericana que tendrá voz en todo el continente”, indicó Rodolfo Vecino Acevedo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO). trabajadores y den cumplimiento a las leyes divinas y humanas. Adicionalmente, solicitamos muy respetuosamente concedernos una audiencia personal para lo cual dos de nuestros representantes viajarán hasta esa ciudad con el fin de ampliar tan delicado tema. Confiados en la justicia divina se suscribe, Norma J. García (Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael Asintraf C.c.: Hermano Jesús Etayo Arrondo, Superior General Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Presidente Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia; Vicepresidente Angelino Garzón, Vicepresidente de la República de Colombia; Cardenal Rubén Darío Salazar, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; Doctor Rafael Pardo, Ministro de Trabajo República de Colombia; Hermano Jairo Urueta, Superior Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Colombia; Dra. María Ángela Holguín, Canciller de la República de Colombia.

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informales

Marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá vendedor ambulante se le persiga y se le supriman sus derechos de ciudadanía.

Pedro Luis Ramírez Miembro del Comité Distrital de Vendedores Ambulantes. Presidente Nacional de Ugti-CUT y del Consejo Internacional de Stretnet (Red Global de Organizaciones de Vendedores Ambulantes

¡P

or fin! Un gran paso en el sentido correcto de armonizar el derecho colectivo al espacio público y el derecho al trabajo. El decreto, que aún espera la firma de nuestro alcalde Gustavo Petro, contiene avances indiscutibles para regular las actividades que permiten un uso económico del espacio público, las discrimina según la capacidad del actor económico y protege a quienes, como la venta ambulante, desarrollan su actividad empujados por la ausencia de oportunidades en el mercado laboral y para subsistir en el “día a día”, no tenían un marco normativo que les confiera legalidad a una actividad que es legítima, todo esto sin que el Estado corra el riesgo de perder la titularidad del control sobre el bien colectivo y sin que este pierda su carácter de imprescriptible, inembargable e inalienable. Toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aun la que hemos considerado en la comunidad de vendedores ambulantes favorable por proteger la confianza legítima (SU360/98) o el debido proceso (T-772/03), tenían el sentido de considerar que para proteger el derecho al trabajo la política pública debía orientarse hacia la reubicación en sitios por fuera del espacio público y sin definir explícitamente cuáles consideraba que eran los “usos indebidos” por interpretación, se debía suponer que, por carecer de permisos desde el año 1982, la venta ambulante, simplemente era por definición uno de esos “usos indebidos”; así las cosas, la visión que se ha tenido en relación a la recuperación del espacio público se traducía en ofertas institucionales que exigen por parte del vendedor ambulante el abandono del lugar de trabajo y, cumplido el debido proceso, su posterior desalojo. En ese contexto, el Estado abandonó su función regulatoria, dejó en manos del “libre mercado” la posibilidad de desarrollar la actividad y favoreció el que parcialmente las relaciones de fuerza le sustituyeran en dicha tarea, solo contrarrestadas por el esfuerzo organizativo que los vendedores ambulantes han adelantado en solitario y por medio de la concertación a la que su movilización obliga a las autoridades en situaciones de crisis, provocadas por quienes desde la administración pública desconocen

el contenido social que el fenómeno encierra o por actores privados interesados en que el espacio público solo sirva para transitar, queriendo regresar a que la visión “peñalosista” se imponga a la ciudad y a la ciudadanía un uso homogéneo del espacio público, no importando su realidad y que el espacio público tenga usos heterogéneos, es por esta razón que al intervenir los gobiernos locales han profundizado la conflictividad, dado que las medidas que buscan homogenizar se estrellan con una realidad a la que no es posible suministrarle este sentido. El concepto de uso democrático del espacio público que difundió y defiende el Comité Distrital de Vendedores Ambulantes le recordó a la ciudad y a la ciudadanía esta condición básica para construir la democracia y el espacio público incluyente que corresponde a esta definición, por cuanto lo que no se entendía era cómo a nombre de la democracia lo que sufría el sector era precisamente su exclusión. Sin embargo, también hemos señalado que quienes han hecho del desorden en el espacio público su negocio siempre se han aliado con los enemigos de las administraciones que confieren espacio al diálogo social y la concertación con el propósito de que la situación no cambie en el espacio público para los vendedores ambulantes y la cuasi-ilegalidad se mantenga, los grandes comerciantes y empresarios para utilizarlos como trabajadores a destajo, los gremios económicos para participar de la configuración de un espacio público al servicio de sus intereses parciales y particulares y los políticos para negociar a nombre de los vendedores ambulantes sus propuestas amarradas a algún negocio particular con los administradores públicos y, cuando todo está muy complicado, se unen para que al

Lo que no se había visto en el sector de manera clara y amplia en el debate público es que un vocero de la “izquierda democrática” calificara de “neoliberal” y “privatizadora” la medida que precisamente está orientada para regular los aprovechamientos económicos de lo público y protegerlo de las privatizaciones que de facto se dan por eludir la responsabilidad reguladora y proteger el derecho al trabajo otorgándole un lugar a través de las Zaep (zonas de aprovechamiento permanente); en su argumentación precipitada y ciega atribuible acaso a su resentimiento por la pasada derrota electoral que le propinaron los electores frente a la candidatura del Progresismo, Aurelio Suárez, quien titula su artículo “espacio público: mercado o derecho” afirma que del marco regulatorio se deduce que “quien consume, paga” y colige, de la mención a los empresarios que hace el decreto, el que entrarían en competencia con los vendedores por los mismos espacios públicos y al estar en desventaja estos frente a aquellos, el que tiene mayor capacidad de ofertarle a la alcaldía mejor precio sería el adjudicatario al “consumo” del espacio público. Lo primero que hay que aclarar es que el decreto se le dio a conocer al Comité Distrital de Vendedores Ambulantes para que hiciera las observaciones y recomendaciones con el propósito de escuchar la voz de quienes como usuarios y conocedores de la dinámica económica de la venta ambulante participaran de su elaboración antes de la expedición del mismo, lo que no hizo la administración anterior que sí expidió el decreto lesivo firmado por Clara López queriendo destruir los Comités al modificar el origen de la representación del gremio en la junta directiva del Ipes. En segundo lugar, el espacio público se usa con diferentes sentidos, económico, social, político, etc., cómo son sus dimensiones, no se consume, es tan solo el “locus” en que se desarrollan diversas actividades y de ahí que sea necesario protegerlo de apropiaciones que lo privaticen y las autoridades están obligadas a esto, a su ampliación y mejoramiento. En tercer lugar, el decreto sustrae de la competencia a quienes siendo vendedores ambulantes crearon la reglamentación de las Zaep, para lo cual obliga a la participación organizada del sector en un plazo de un año y se deberá hacer un censo, también les permite a los vendedores fuera de las Zaep participar de solicitudes de espacio público en donde coincidan con aspiraciones de los empresarios y le otorga

puntaje, vía discriminación positiva, a las organizaciones de vendedores que así lo estimen, sólo que tendrán que estar en el censo, y no como ahora que los empresarios se disfrazan de vendedores y adquieren permisos. En fin, la acción del Estado queda bien orientada, los usos serán permanentes los usuarios no, con la estabilidad que se gana, los programas de formalización podrán ahora sí aspirar a su materialización. Como el espacio público que ocupan los vendedores se estima en el 4% del total y están en los principales corredores comerciales de las localidades, se incluyeron los andenes y, si se desarrolla el censo que también se hará con nuestra participación, podemos pensar con optimismo que el año que el decreto da para realizar la tarea nos encontraremos con un sector organizado, claramente censado y, sobre todo, reconocido legalmente. La superación del conflicto daría paso al fortalecimiento económico, puesto que nuestra preocupación dejara de ser el “gato y el ratón” para concentrarnos en las vías de inclusión económica, en los derroteros de la economía popular lo que, por supuesto, no será tarea fácil. A nuestro “crítico de oficio” que solamente quiere edificar la sospecha sobre quienes coincidimos con la Alcaldía en la forma de construir un principio de acuerdo y solución al conflicto que encaran los trabajadores de la venta ambulante, desde su cómoda “silla critica” se le olvida que la diferencia con el neoliberalismo es que este propicia los escenarios desregulados de la actividad económica, no protege derechos ciudadanos sino establece relación con clientes indiferenciados y que la interpretación al mandato constitucional del artículo 82 que le fue propia, consistió en crear mediante la política pública la homogenización en el uso del espacio público y mediante decretos darle cabida solo a los empresarios, ejercicio que hicieron y que confrontamos. Como el Dr. Aurelio llegó tarde al debate no se ha percatado de estos detalles, que lo que hemos hecho es precisamente desmontar el neoliberalismo en la política pública de espacio público y el derecho al trabajo. Suele ocurrir que quienes recién llegan a los temas consideran que la historia empieza con su llegada a los escenarios en donde los trabajadores con sus propios recursos contribuyen a darle un giro en el sentido que su conocimiento y experiencia les enseñan y, por lo general, coinciden con las luchas generales de los trabajadores por la recuperación en el control de sus territorios económicos, sociales políticos y culturales.

elecciones cut

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Nuevo Comité Ejecutivo CUT Bogo L

AA: La presencia de los diferentes sectores políticos y sus diferentes expresiones ideológicas dentro de la CUT, deben garantizar el debate sobre los asuntos internos y externos del movimiento sindical y seguramente el éxito en el VI Congreso se va a dar en la medida en que seamos capaces de lograr los cambios que se necesitan. Uno de ellos tiene que ver con el sistema electoral. La elección directa bien aplicada, es garantía democrática, pero de continuar con prácticas reprochables como las sucedidas en esta última campaña, estaremos obligados a optar por los cambios que den al traste con los enemigos de la democracia, la independencia de clase, la unidad, que es lo que nos hace diferentes a las otras centrales. La CUT debe ser la principal protagonista en la lucha social.

uego del proceso de conversaciones entre los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca, en su primera sesión correspondiente al día de ayer 25 de julio de 2013, y citados por el fiscal entrante, los nuevos miembros del Comité Ejecutivo finalmente determinaron la distribución de sus cargos. El mantenimiento de la independencia política de la Central respecto de los gobiernos distrital, departamental y municipales, su liderazgo de frente a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la región y sus sindicatos, su reposicionamiento frente a la política neoliberal en cabeza de Juan Manuel Santos, constituyen, sin ser los únicos, los más importantes retos de la CUT Bogotá Cundinamarca. El Informativo entrevistó al presidente y secretario general, Alfonso Ahumada y Carlos Castañeda, quienes recién inician en sus cargos. Estas son las apreciaciones del nuevo presidente Alfonso Ahumada:

Informativo CUT: Cuéntenos brevemente en lo político y sindical, ¿quién es Alfonso Ahumada? Alfonso Ahumada: Haber dedicado mi vida al trabajo sindical es mi mayor satisfacción. Cuatro décadas trabajando como militante político y sindical –siempre en las filas del Partido Comunista Colombiano–, participando en todos los espacios unitarios con diferentes sectores sociales organizados y que han hecho historia en la lucha en contra de los diferentes regímenes impuestos por el gran capital nacional y extranjero. La guerra, los asesinatos, desapariciones, torturas y persecución abierta, han sido factores políticos que han impedido avances en nuestro propósito de lograr independencia, soberanía, paz con justicia social. El movimiento sindical ha puesto la cuota de sacrificios más alta. Ha sido masacrado de manera selectiva. Los dirigentes sindicales asesinados pasan de tres mil y la inmensa mayoría militantes de izquierda y afiliados a la CUT. En lo sindical, fui trabajador en varias empresas textiles, fundador de Sintratextil en Bogotá, perseguido y despedido. He participado en los cargos directivos en el Sindicato Nacional y Seccional, en Fedetex, Festrac-Cstc, fundador de la CUT Nacional y de la Subdirectiva de Bogotá Cundinamarca. Director del Departamento de Organización; igual en Salud en el Trabajo y S.S. y en el período pasado en el Departamento de Relaciones Laborales, Negociación y Contratación Colectiva. Ahora nos corresponde continuar la tarea. Asumir la presidencia exige mucha responsabilidad y redoblar el trabajo, para lograr un equipo de un Comité Ejecutivo que mantendrá a la subdirectiva como la más importante de la CUT a nivel nacional. IC: Acaba de pasar un proceso electoral sindical con un alto índice de votos en blanco que reflejan lo que muchos consideran

el descontento general de los trabajadores afiliados a la CUT, a través de sus sindicatos, respecto del manejo que ha tenido la Central. Considerando que es un fenómeno nuevo, ¿cuáles son los asuntos que privilegiará la subdirectiva en desarrollo del qué hacer en este cuatrienio? AA: Creo que el voto en blanco ha sido producto de la acción espontanea, especialmente en sectores del magisterio y el sector estatal. Sí es descontento. En parte, producto de los acuerdos entre algunos ejecutivos de las centrales y el gobierno de Santos y que este, de manera inteligente lo manejó en la Conferencia de la OIT, obteniendo resultados en contra del pueblo colombiano. Creo que el presente de nuestro movimiento sindical se puede medir por lo ocurrido en el pasado ejercicio electoral. Quedó demostrado que hay profunda crisis en las direcciones de la Central y los sindicatos. Varios destacados “dirigentes” se sobrepasaron en sus apetitos personales y de grupo. Asaltaron la buena fe de los trabajadores sindicalizados. Como positivo, debemos reconocer y tomar como ejemplo lo practicado por la Asociación Distrital de Educadores, ADE, es una buena opción, si se trata de mantener este sistema electoral. Tarea de una próxima reunión es hacer el balance de lo ocurrido en esta etapa y proyectar el trabajo para estos próximos años, haciendo énfasis en la labor educativa política-sindical, fortalecimiento interno de los sindicatos, planes reales hacia la organización de ese 96% de la población económicamente activa que no cuenta con sindicatos, ganar participación institucional en los diferentes espacios de gobierno, y promover, impulsar y hacernos participes de las movilizaciones que se están desarrollando y las que están por venir. IC: De cara a definir los designios de la CUT hacia su VI Congreso, ¿cómo será el manejo del proceso deliberativo sobre las propuestas de las distintas expresiones sindicales en la subdirectiva?

IC: ¿Qué perspectiva tiene como sindicalista respecto del proceso de paz que se adelanta con la insurgencia?

den acuerdos que realmente beneficien a los trabajadores estatales. Hay que acabar con ese sistema de contratación tercerizada que prevalece en la administración distrital. Esta subdirectiva estará porque la problemática de la ciudad, las comunidades y los trabajadores sea tratada de la mejor manera y la institucionalidad debe ser garantizada y mediante el diálogo respetuoso se puedan encontrar las soluciones. IC: Desde su cargo, ¿cuál es su mensaje para los trabajadores de Bogotá y Cundinamarca? AA: Hacer la tarea de concientización de nuestros dirigentes y las bases de trabajadores. No seguir acomodados conviviendo con la debilidad sindical, debemos crecer, ser mucho más participes en las tareas de la Central, teniendo como prioridad la movilización popular. Ganaremos poder de convocatoria si esta dirección sindical toma como preferencia el trabajo en equipo. IC: ¿Cómo fue que se logró el acuerdo que permitió la actual dirección de la subdirectiva?

AA: Bienvenido este proceso de conversaciones. Aunque las direcciones sindicales han reportado su total apoyo, debemos ser mucho más participes de las tareas que se tienen planteadas. Tarea prioritaria es promover y ser muy activos en la preparación de las Constituyentes por la Paz. En Bogotá y Cundinamarca tenemos espacios grandes para poder aportar. Preparar, participar y masificar la presencia, en la que debe ser la constituyente del movimiento sindical, será aporte significativo, para lograr que en nuestra Colombia podamos acabar con esta prolongada guerra. Que esta y las próximas generaciones podamos disfrutar de nuestra riqueza. El desenlace de este proceso estará determinado por la participación del pueblo y sus diversas organizaciones. La paz es un propósito nacional y la CUT debe ser muy participativa.

AA: Sencillamente, dejar de lado intereses personales, tuvimos un comportamiento amplio, serio y como madurez adquirimos los compromisos. Asumimos un acuerdo de gobernabilidad de la Central. De todas maneras, de esta primera reunión del Ejecutivo, quedan ya planteadas tareas y la próxima será el seminario inicialmente programado para dos días, en la segunda semana de agosto y en el que nos adentraremos en el balance de lo se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Elaborar el plan de acción para este semestre orientado hacia el VI Congreso, la proyección para el 2014 y daremos bases para lo que debe ser el plan de trabajo, siendo optimistas que al finalizar el período para el que fuimos elegidos, podamos entregar un movimiento sindical aglutinado en la CUT, en condiciones muy diferentes, para beneficio de los trabajadores y la población colombiana.

IC: La administración de Gustavo Petro representa una expresión popular de los habitantes de la ciudad y del país. ¿En qué coincide con el gobierno de Gustavo Petro y cuáles cree que son los asuntos que lo distancian de la ejecutoria de su administración?

Informativo CUT: ¿Quién es Carlos Castañeda?

AA: Dentro de un régimen despótico y antisocial como el colombiano, no es fácil gobernar en favor de los desprotegidos. Yo creo que estos últimos gobiernos en Bogotá, han sido deferentes a los anteriores, especialmente en la inversión social. Mención a parte merece lo sucedido en la Alcaldía, de la que se convirtió ser de la familia Moreno. Sus más destacados miembros encarcelados. Esta Alcaldía, en medio de sus tantas dificultades, debe contar con el apoyo para evitar la revocatoria de mandato del alcalde. La derecha y extrema derecha no descansará por colocar y accionar sus torpedos contra Petro. Debemos participar en el desarrollo de los planes de inversión social y de todo lo que implique beneficio para las comunidades. Debemos ser más exigentes para que se

Por su parte, esto dijo Carlos Castañeda, nuevo secretario general a este Informativo: Carlos Castañeda: Un dirigente sindical vinculado a esta actividad desde hace 18 años. Durante los últimos diez he estado al frente de Sintraestatales como presidente nacional y lidero desde la vicepresidencia nacional el proceso organizativo en sindicato por rama para los estatales de la CUT, el Sunet. Políticamente me identifico como militante

Nº 106, julio de 2013 lio de 2013

otá Cundinamarca del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, integrante del movimiento Progresistas. IC:La Secretaría general juega un papel importante en las relaciones institucionales de la CUT Bogotá Cundinamarca con las organizaciones afiliadas, los trabajadores, los gobiernos de la región y la sociedad civil. ¿Desde su perspectiva, hacia dónde debe apuntar el trabajo de la CUT Bogotá Cundinamarca?

Agencia de Información Laboral

determine quién tiene la razón en sus planteamientos.

IC:¿Cuales sectores deben tener mayor énfasis para el trabajo de la CUT?

IC:El gobierno de Juan Manuel Santos juega un papel en la historia, ¿cómo lo califica?

CC: Realmente no puede decirse que se requiera seleccionar un sector determinado para hacer un mayor esfuerzo. Es claro que la lucha por generar nuevos empleos y por formalizar los actualmente precarizados, además de la defensa de los puestos de trabajo actuales y la reivindicación de nuevas conquistas, son los aspectos que ha de determinar cuáles son los sectores con mayor prioridad. En todo caso la pregunta sirve para señalar que en la Central el trabajo por sectores no se lleve a cabo entre muchos sindicatos por sector, sino que progresivamente logremos reducir el número de sindicatos, y avancemos en concretar las problemáticas sectoriales y los planes de acción para cada uno de ellos.

CC: Como el refinado estilo de la manzanilla política tradicional. No grita a los cuatro vientos qué va a hacer; pero impulsa la política económica y social en un modo aún más perverso que el del mismo Álvaro Uribe. Puede señalarse eso sí, que es distinto de aquel, pues aunque mantiene una política militarista, no deja ver abiertamente el afán por el poder de su antecesor que le llevó no pocas veces a hacerse respaldar de fuerzas oscuras del hampa de nuestro país.

CC: Los triunfos y derrotas no se dan sólo en el terreno meramente electoral. En mi sentir, será la fijación de las políticas en el VI Congreso la que determine cómo se logra que gane la CUT y su militancia, y el desarrollo de sus conclusiones en la materialización práctica de las mismas la que

Comité Ejecutivo Nacional de la CUT 2013-2017 Luis Alejandro Pedraza, Presidente

CC: Es indudable que para defender los derechos laborales actualmente muy lesionados por la política económica del gobierno y el empresariado e impuesta por el capital internacional a través de los organismos multilaterales y de las multinacionales, se requiere concitar el mayor grado de organización y la consecuente movilización social no sólo de los trabajadores organizados sindicalmente sino de las fuerzas vivas de la sociedad. Por lo tanto, en mi opinión, es la hora de recuperar los escenarios de confluencia social desde los cuales lograr que nuestro accionar se articule de la mejor manera, para así frenar la política contraria a nuestros intereses como clase obrera.

IC:¿Cree usted que en la CUT a nivel nacional hay un triunfo de algunos sectores por encima de otros?

elecciones cut

24 de julio de 2013

uedó definida la estructura de cargos del nuevo Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores para el periodo 2013-2017, tras un acuerdo logrado en reunión que los 21 integrantes de este ejecutivo sostuvieron el pasado lunes.

Es claro que Santos, aún cuando ello se haya hecho por asegurar acuerdos internacionales, ha abierto el espacio del diálogo con pequeños acuerdos, así en los asuntos importantes de la vida nacional no se llegue a nada distinto de desacuerdos e imposición unilateral. IIC:Finalmente, ¿cómo ve el trabajo en la subdirectiva? CC: Considero que la CUT Bogotá Cundinamarca, tiene una característica involuntaria pero similar a la de la segregación social del sistema capitalista. Creo que la mayoría se concentra en Bogotá, bien porque de aquí son o bien porque de aquí es su base sindical. En todo caso considero que es necesario reivindicar a los trabajadores que viven en los municipios y dentro de cada municipio especialmente al campesinado, por ser la mayor parte de la población rural y por ser la más marginada dentro de los ya de por sí escasos beneficios que ofrece nuestra sociedad. Creo necesario que tanto mis compañeros de equipo como yo, empleemos más tiempo en el trabajo fuera de Bogotá, para asegurar que quienes tienen mayor grado de pauperización de derechos y menor grado de oportunidades, puedan también luchar conjuntamente con este equipo, por reivindicar unas mejores condiciones laborales y de vida.

Luis Alejandro Pedraza Becerra, de 56 años de edad, fue electo como nuevo presidente de la CUT. En el cargo de vicepresidente primero fue designado Domingo Tovar Arrieta, quien en el último año se desempeñó como presidente de la central. El vicepresidente segundo es Senén Niño Avendaño, expresidente de Fecode y quien obtuvo la mayor votación en las elecciones pasadas. Y la secretaría general recayó en Tarsicio Rivera Muñoz. En su primera declaración, Pedraza Becerra aseguró que trabajará para buscar la cohesión de la Central en materia de definición política respecto a lo que ha de ser la respuesta al gobierno nacional. También anunció que trabajará intensamente por la concreción de las definiciones del V Congreso de la Central y la preparación del VI Congreso. Es de recordar que la composición del actual Comité Ejecutivo obedece a los resultados del proceso electoral que adelantó la CUT el pasado 7 de junio, en el cual participaron 268 mil trabajadores, de los 485 mil que estaban habilitados para votar en representación de cerca de 700 sindicatos. Es decir, la abstención fue del 55.2%, dos puntos por encima de la registrada en el 2008. Como también fue alto el número de votos en blanco: 31.815, el 11.87% del total, cuando en 2008 fueron cerca de 15 mil. De los 21 miembros del nuevo Comité Ejecutivo 8 son nuevos, para una renovación del 38%. Y resultaron elegidas 3 mujeres, dos más de las que había en el anterior comité. El siguiente es el cuadro de cargos que a partir de ahora ocuparan los 21 miembros del nuevo Comité Ejecutivo de la CUT:

Quién es Luis Alejandro Pedraza Es un hombre de 56 años de edad, nacido en Duitama, Boyacá, con 4 hijos. Entre sus estudios cuenta un curso de

sicología para la resolución de conflictos en el Centro de Estudios Histadrut de Israel; estudios sobre negociación colectiva con transnacionales y multinacionales en el Centro Educativo de la OIT en Turín (Italia), entre otros. Aparte de presidente de la CUT, actualmente preside la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (Unac), y es vicepresidente de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Uita). En cuanto a su trayectoria sindical, se puede decir que Luis Alejandro Pedraza es de la entraña misma de la CUT, toda vez que participó en el Comando Nacional Unitario que trabajó en el proyecto de conformación de esta central a mediados de los años 80, siendo él en ese entonces presidente nacional de Sintrabavaria, sindicato afiliado a la desaparecida UTC. En el primer congreso de la CUT fue elegido como secretario de organización. Posteriormente fue primer vicepresidente, y le tocó asumir la presidencia cuando el presidente, Orlando Obregón, fue nombrado ministro de Trabajo en al gobierno Samper. Fue relevado en la presidencia de la CUT por Luis Eduardo Garzón. A finales de los 90 se vinculó a la Uita, y posteriormente fue llamado a integrar la junta directiva de Sintrainagro, vía por la cual en 2008 resultó elegido para integrar el Comité Ejecutivo de la CUT. En cuanto a su militancia política, él dice que siempre ha participado en los proyectos de la izquierda democrática y actualmente hace parte del Polo Democrático.

sindicales

Nº 106, julio de 2013

La organización sindical se une Brinsa arremete contra a la celebración del nonagésimo organización de trabajadores Sintrabrinsa (Sinaltrainbec) aniversario del Banco de la República Manuel Ángel Téllez G.

Junta Directiva Nacional Anebre

Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva CUT Bogotá Cundinamarca

rinsa S.A. aparece en el ámbito nacional el 1º de marzo 1994, producto de la compra al Estado colombiano de las instalaciones de la antigua empresa estatal Refisal, Álcalis de Colombia, y centra su actividad en la fabricación de sustancias y productos químicos básicos; estableciendo como objeto social la refinación de sal y la fabricación de productos derivados del cloruro de sodio. Es una empresa exportadora e importadora de productos con subsidiarias en República Dominicana con Brinsa Dominicana S.A.; en Venezuela con Refisal de Venezuela y en Centroamérica con Brinsa de Centroamérica C.A. En Colombia su planta principal se encuentra en Cajicá, Cundinamarca, Km. 6 vía Zipaquirá (Planta Betania) y procesadora en Cartagena (Planta Mamonal). Se ha posicionado como comercializadora de sal y blanqueadores, también como proveedor de productos químicos para la industria nacional, en especial productos de aseo. Para su desarrollo institucional es ascendente la vinculación de trabajadores: por ejemplo en el 2010 tenía 600 trabajadores; en el 2011, 620 trabajadores; en el 2012 aumenta a 861 trabajadores, y en el 2013 a la fecha tiene 887 trabajadores; utilizando para su vinculación diferentes modalidades, entre ellas contratos a término fijo. Brinsa S.A. en su afán de expansión y como consecuencia de la utilización de químicos para los procesamientos de los diferentes productos tanto para el aseo como para la industria no tiene cuenta en forma adecuada la salud de sus trabajadores, es así como a la fecha hay varios trabajadores que tienen enfermedades profesionales que no son atendidas adecuadamente por el manejo del mercurio, sufriendo consecuencias, inclusive de secuelas con afectación a su salud y, por ende, a su grupo familiar.

Son múltiples las razones para que los trabajadores tomaran la decisión de organizarse sindicalmente. Fue así que el pasado 21 de marzo se crea la Subdirectiva Cajicá de Sinaltrinbec, y el 26 de marzo se conforma Sintrabrinsa, con la decisión firme de reivindicar derechos fundamentales para todos los trabajadores. El 19 de abril 2013 se presenta el pliego de peticiones a la empresa Brinsa S.A. y el 10 de mayo se inicia la etapa de arreglo directo finalizando el 18 de junio incluida la prórroga; desafortunadamente la empresa busca artilugios para no aceptar las organizaciones sindicales e implementa posteriormente un pacto colectivo y pretende obligar a que se firme una convención a partir de la imposición del pacto colectivo. Los sindicatos, consientes de su papel histórico en las luchas por los derechos de los trabajadores, se niegan contundentemente a aceptar la propuesta empresarial y se aprestan a continuar el conflicto con la convocatoria a tribunal de arbitramento obligatorio. Hay razones más que suficientes para que el próximo 26 de julio acompañemos a los trabajadores de Brinsa S.A. aglutinados en Sintrabrinsa y Sinaltrinbec seccional Cajicá, en la sede de la empresa en Cajicá, Km. 6 vía Zipaquirá planta Betania.

Brinsa S.A. en su afán de expansión y como consecuencia de la utilización de químicos para los procesamientos de los diferentes productos tanto para el aseo como para la industria no tiene cuenta en forma adecuada la salud de sus trabajadores.

¡nO AL PACTO COLECTIVO!

os trabajadores sentimos satisfacción y alegría, aunque no sea desbordante, por la celebración del aniversario de nuestra institución. Esta entidad la hemos construido y consolidado absolutamente todos los trabajadores desde el mismo 23 de julio de 1923, fecha de su fundación, quienes con nuestros aportes invaluables día tras día hemos llevado la responsabilidad para que figure en los más altos niveles de reconocimiento, vigilando y denunciando las administraciones que se apartan de los objetivos de bienestar social para con sus trabajadores. Es relevante manifestar que la organización sindical desde su fundación, 6 de junio de 1964 (Personería Jurídica Nº 01181 de agosto 6 de 1964) hace parte fundamental del desarrollo de la empresa. Han transcurrido 49 años de presencia institucional dentro del Banco de la República a través de la representación legal y constitucional de los trabajadores, pensionados y nuestras familias; por consiguiente, el aporte de los afiliados y afiliadas para el crecimiento de la institución, que con orgullo y entereza hemos realizado, no puede pasar desapercibido y debe tener un reconocimiento especial por la administración. ¿Por qué manifestamos que la felicidad no es plena? Lógica y sencillamente porque el reconocimiento al ser humano, lo más valioso de la institución que se ha promulgado por todo el país, se ha quedado en el papel y en el discurso, y no refleja la realidad que vivimos los trabajadores. Queremos plantear la contradicción que existe en la administración de la entidad; mientras la Junta Directiva del Banco en la aplicación de su política monetaria se ha dedicado a favorecer los intereses de los capitalistas con medidas para solucionar los problemas del sector financiero e intermediarios de bolsa, controlar la inflación, comprar divisas (así se afecten las reservas internacionales), enmarcada en una política de bienestar sectorizada que en nada favorece los intereses de los ciudadanos, tiene todo el tiempo suficiente y dedicación exclusiva para abordar estos temas de una manera excesivamente rápida. Esta misma Junta Directiva cuando actúa como Consejo de Administración para definir y solucionar los problemas de los trabajadores, no cuenta con la misma disponibilidad de tiempo con que atiende las otras obligaciones que tiene, razón por la cual, prolonga indefinidamente las respuestas a las justas peticiones que esperamos los trabajadores; en este sentido, el mensaje que recibimos es claro porque para el órgano de administración es más importante su política monetaria que el ser humano, con

ello se corrobora que quedamos relegados, ya que tenemos una agenda atrasada sin soluciones favorables y los problemas cada vez son más grandes. Para ilustrar lo manifestado anteriormente, mencionaremos los temas más significativos, a nuestro juicio, y que exigimos a la administración solución inmediata de los mismos: •• Continúan las quejas e inconformidades manifestadas por los trabajadores que participan en los concursos, donde la transparencia es la más cuestionada. •• No existe la voluntad política para solucionar el reconocimiento de los beneficios convencionales a pesar de la suficiente ilustración jurídica sobre la materia, continúan condicionando este derecho a un acuerdo integral. •• La política salarial que aplica el Banco no es equitativa y siguen en cuestionamiento las solicitudes de nivelaciones salariales, que a pesar de las decisiones favorables a algunos trabajadores a través de reestructuraciones y recategorizaciones de cargos no aplica a la generalidad, especialmente a los antiguos. Con esta política, lo que han generado es más inequidad, malestar entre los trabajadores del mismo cargo y, por ende, afectación del clima laboral. •• Atacan con toda la rigurosidad las justas reclamaciones que adelanta la organización sindical en el campo jurídico (laboral y disciplinario), desconociendo la aplicación de los convenios internacionales, las recomendaciones emanadas de los organismos de control de la OIT, la Constitución, la convención colectiva y la ley. •• No hay soluciones inmediatas a la agenda que venimos tratando, incluso desde la anterior Junta Directiva de Anebre. •• El atropello continúo y la discriminación en los préstamos de vivienda para favorecer a los funcionarios. Nos unimos a la celebración del nonagésimo aniversario del Banco con preocupación y desilusión porque los problemas de los trabajadores siguen vivos y sin soluciones favorables. Exigimos a la administración la solución inmediata de esta problemática donde la organización sindical permanece atenta y dispuesta a participar activamente en lograr lo mejor para nuestros representados. Para acompañar esta celebración, invitamos a los trabajadores en todo el país que este 23 de julio portemos una prenda de vestir de color negro para manifestarle al Banco que lo más valioso es el recurso humano y, en ese entendido, ratificar la exigencia de la solución inmediata a nuestras justas peticiones. ¡Felicitaciones trabajadores por hacer grande al Banco!

Nº 106, julio de 2013

sindicales

Huelga en la Drummond Última oferta presentada por la empresa no satisfizo a los trabajadores Agencia de Información Laboral

25 de julio de 2013

os cerca de 10 mil trabajadores del complejo carbonífero de la Drummond en Colombia paralizaron sus labores desde el miércoles a las 5:55 de la tarde, momento en que Sintramienergética, sindicato que lidera la huelga, decretó la hora cero. La huelga había sido aprobada el miércoles de la semana pasada por el 98% de los trabajadores sindicalizados, luego de agotada la etapa de negociación directa con su prórroga, sin que se llegara a un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral. Ese día tuvieron lugar los últimos contactos entre las partes con la mediación del Viceministro del Trabajo José Noé Ríos, pero la empresa no mejoró su oferta. “Lo último que nos ofrecieron está por debajo de las expectativas de los trabajadores, son propuestas muy irrisorias”, explicó a esta agencia Luis Manuel Mendoza, presidente de la subdirectiva de Sintramienergética en El Paso. La parálisis afecta a las minas Pibbenow y El Descanso ubicadas en el corregimiento La Loma, municipio El Paso, departamento del Cesar, y al puerto de embarque en Ciénaga, Magdalena, donde los trabajadores ya instalaron carpas y están en el despliegue logístico propio de una huelga. Se recuerda que la última huelga en esta multinacional estadounidense en Colombia fue en el 2008 y duró 7 días. Y esta es la segunda que este año se presenta en el sector carbonífero, y se suma a la parálisis que a principios de este año afectó al Cerrejón, donde la huelga de sus trabajadores se extendió durante un mes. Por su parte Johny Ojeda, miembro de la comisión negociadora por Sintramienergética, señaló que durante los 40 días de negociaciones sólo se alcanzaron a revisar 8 puntos de los 70 solicitados. “La empresa no se tomó la molestia siquiera de revisar las necesidades más sentidas de los trabajadores en el petitorio. En una posición radical y prepotente dice que no está en condiciones económicas de solucionar las modestas peticiones de los trabajadores”, agregó. En la última propuesta que puso sobre la mesa el día de ayer, la empresa accedió a aumentar a 7 millones el bono por la firma de la convención a 3 años, y en la parte salarial sólo accedió a un aumento del 4,75% para el primer año, el IPC + 1,25% para el segundo, y el IPC + 1,5% para el tercer año.

El sindicato había pedido, para empezar la negociación, el 10,7% de aumento. El complejo carbonífero de la Drummond es, después de El Cerrejón, el segundo del país, y extrae el 29% del carbón nacional, unas 26 millones de toneladas al año. De ahí que un cese de actividades puede afectar el desempeño de la economía de Colombia, actualmente el 4º exportador mundial de carbón, al provocar un incumplimiento de la meta de producción, fijada para este año en 94 millones de toneladas. Según datos de la misma empresa, la huelga acarrea pérdidas totales diarias por $4.298 millones, discriminadas así: $2.258 millones por regalías, $1.834 millones por impuestos y $206 millones por la participación de la ANI en la tarifa férrea. Desde el 2010 la Drummond ha crecido en Colombia un 30%, crecimiento en el que ha sido fundamental la labor de los trabajadores, por lo que estos ahora exigen que se les tenga en cuenta y se mejore su calidad de vida. Sintramientergética es un sindicato de industria que son sus 2.856 trabajadores afiliados es mayoritario en la Drummond.

Pliego de peticiones El punto central del pliego, y el que condicionó los demás puntos por parte del sindicato, es el cambio de forma de pago. Se exige que el pago sea por salario básico mensual en lugar de por horas. Ocurre que en los 18 años que la Drummond lleva operando en Colombia, a los trabajadores se les ha pagado por horas, en jornadas de 12 horas durante 7 días de la semana con 4 días de descanso. Así ha sido siempre y los trabajadores se acostumbraron a eso. El problema es que en el último año, por su conveniencia la empresa a la jornada de 8 horas, lo que afecta los ingresos de los trabajadores. Otro tema importante del pliego tiene que ver con la garantía de reubicación y estabilidad laboral para los 400 trabajadores que quedarán cesantes cuando, por fin, entre en funcionamiento el nuevo sistema de carga en el puerto de Ciénaga; cambio que por cierto la empresa hace rato debió hacer, y por eso ha estado en pugna con el Ministerio de Medio Ambiente por no cumplir aún con el decreto que le obliga a usar el cargue directo del carbón que exporta, en vez de embarcarlo a través de las barcazas, las cuales implican cantidades significativas de contaminación en las zonas cercanas al puerto de Santa

Marta. Por eso recientemente le fue suspendida durante varias semanas la licencia ambiental. También en el pliego hay temas relacionados con seguridad industrial y condiciones de salud. En el historial de la Drummond en Colombia se contabilizan 20 muertos por accidentes de trabajo. También hay cerca de 400 trabajadores enfermos, con patologías de origen profesional. Algunos de ellos han sido reubicados, pero con jornada de trabajo reducidas. Por ello el sindicato considera que las políticas de seguridad industrial deben mejorar, pero la empresa se niega a revisarlas porque sostiene que no acepta coadministración con los trabajadores. Otro punto que el sindicato plasmó en el petitorio, y que la empresa no quiso tocar en la mesa, es el de los despidos y procesos disciplinarios contra miembros de juntas directivas en los últimos 3 años.

La Drummond La multinacional Drummond, cuya sede principal se encuentra en Alabama, EE. UU, tiene más de 75 años de experiencia en el mercado de producción de carbón. A finales de los años 80 Gary Drummond, dueño de esta carbonífera, adquirió las concesiones mineras para una vasta área en el departamento de Cesar, donde el de-

sarrollo del proyecto carbonífero empezó a principios de los años 90. Al igual que su competidor, El Cerrejón, ha promovido altos crecimientos en términos de producción, pasando de exportar un millón de toneladas de carbón en 1995, a 26 millones en 2012. Cuenta con cerca de 10 mil trabajadores, 4.000 de ellos con contrato a término indefinido y el resto por empresas contratistas y a término fijo. En el año 2012 obtuvo ingresos netos de 600 mil millones, a pesar de que el precio del carbón se desaceleró. La clase dirigente de Colombia le ha otorgado muchos favores, como reducciones tributarias y arancelarias y la ampliación de sus concesiones, En años recientes, el Gobierno le entregó una nueva concesión minera, ampliando su área de producción en otras 17 mil hectáreas. De esta manera queda con el 30% de todas las reservas carboníferas del país, y se hizo a la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, por encima de El Cerrejón. Sin embargo, tiene fuertes cuestionamientos por las “trampas” que le ha hecho el Estado, a sus trabajadores y las comunidades que viven en las zonas donde extrae el carbón.

telefonía celular

Nº 106, julio de 2013

Crónica

La “guerra del centavo” en Claro Agencia de Información Laboral

23 de julio de 2013

os asesores comerciales de Claro ganan el salario mínimo, y para tener derecho a un pago adicional de $300 mil por comisiones deben realizar como mínimo 21 ventas al mes. Pero si hacen 20 o menos no reciben un solo peso. Y para los asesores que trabajan para empresas contratistas (tercerizados) la situación es peor todavía: no tienen salario básico, solo comisión por ventas realizadas, de las cuales deben hacer determinado número para tener derecho a la afiliación en salud y dotación de uniformes. Son formas de contratación totalmente precarias que lleva a estos asesores a una verdadera “guerra del centavo” y en no pocos casos a peleas entre ellos mismos. Es el tema de la siguiente crónica. Marta Yolanda Izquierdo vive con su madre en la zona norte de Bogotá (calle 80). Tiene 52 años y un divorcio a cuestas, pero ningún hijo. Adriana Alonso, de 40 años, madre de dos hijos y también divorciada, vive en Villas de Granada, también en Bogotá. Hace 6 y 15 años respectivamente ambas empezaron a trabajar como asesoras comerciales para Cable Centro, o sea que les tocó el momento en que ésta y otras empresas de telecomunicaciones se fusionaron en Telmex, que más adelante pasaría a manos de Claro, momento en que todo empezó a cambiar, para mal. “Claro de entrada inició un proceso de tercerización de los trabajadores vinculados”, cuenta Adriana. Es decir, los sacó de su nómina y los puso a trabajar sin la garantía de un sueldo básico, sólo con el pago de comisiones por ventas, y sin prestaciones sociales aseguradas ni derecho a vacaciones. Adriana y Marta se salvaron de esa suerte porque se unieron al sindicato de la empresa. Tanto Marta como Adriana tienen su zona de trabajo cerca de sus residencias, lo que resulta una ventaja que muchos otros y otras trabajadoras no tienen. “Conozco una mujer que vive en Soacha y debe viajar casi dos horas para llegar a su zona de trabajo. Pese a que es viuda y tiene una hija pequeña, la empresa no ha querido trasladarla más cerca de su casa”, dice Marta.

fija, internet y televisión por cable para hogares, para lo cual se les distribuye en diferentes zonas de la ciudad en grupos de a diez, al mando de un jefe que se llama “especialista”. Para aprovechar el auge de la construcción de nuevos conjuntos residenciales Claro ha buscado la manera de que sus vendedores cubran como una telaraña este mercado, bajo la imposición de metas de venta bastante exigentes. El asesor que haga 21 o más ventas en el mes tiene derecho al pago de comisiones, que equivalen a unos $300 mil adicionales a su sueldo básico (un salario mínimo). Pero si hace 20 o menos ventas, entonces no recibe ni un peso de comisión, recibe el sueldo básico ´pelado`. “Y con lo difícil que se ha vuelto conseguir 21 compradores cada mes”, anota Adriana. Y la razón principal es cada vez han más competencia entre los mismos asesores debido al incremento de las empresas que suministran mano de obra a Claro en condición de contratistas. En la zona que le asignaron a Marta hay alrededor de 30 trabajadores directos y hasta 60 contratistas, que es un personal que recibe una mínima capacitación y algunas veces no llevan ni uniforme. Pero tanto los unos como los otros necesitan vender y cumplir su meta de ventas, pero como no hay clientes para todos se genera competencia desleal que no solo perjudica la relación entre ellos sino que también afectan la imagen de la empresa. No cumplir la meta de las 21 ventas durante tres meses en el transcurso de un semestre, es causal de despido. Entre 10 y 15 trabajadores son despedidos cada mes por esta causa. Marta y Adriana han presenciado peleas, no solo por las zonas asignadas sino también por las ventas. “Hay casos en los que uno habla con un cliente, pero por alguna razón no firma el contrato, entonces llega otro asesor a cerrar el negocio, sin importarle que ese cliente es ajeno. Eso es falta de ética”, expresa Marta.

No hay cliente pa’ tanta gente

Para Adriana la falta de ética va más allá. Se ha dado cuenta de que la estrategia de los tercerizados es “despertar la lástima de los clientes”, enterándolos de sus precarias condiciones laborales, puesto que, por no ser empleados directos, no cuentan con un salario mínimo, solo reciben comisiones y deben pagar su afiliación a salud como independientes. Incluso apelan hasta la mentira para cerrar una venta, ofreciendo, por ejemplo, promociones inexistentes, lo que acarrea multas que deben pagar las empresas contratistas.

La función de un asesor comercial consiste en ofrecer productos de telefonía

Al principio los contratistas contaban con la ventaja de poder vender en cualquier par-

Es una de las tantas situaciones que mantiene viva la inconformidad laboral en esta empresa, aunque no es la única. Hay otras peores, como la llamada “guerra del centavo”.

te de la ciudad, pero ahora están también zonificados, así que lo quieran o no deben compartir espacio con los trabajadores directos, lo que ha generado un mal ambiente laboral. “Se pierden las amistades, el respeto, los valores, con tal de vender por encima de quien sea. Pero esos problemas a la compañía no le interesan, lo que le importa es que crezcan sus ventas sin importar quién las haga ni cómo”, agrega Marta. Aparte de los malos tratos y enfrentamientos entre los mismos asesores, en ese contexto de feroz competencia se da otra situación que Adriana denomina la “rosca”, que consiste en las influencias que algunos jefes mueven con los administradores de los conjuntos residenciales con el fin de conseguirles contactos a determinados asesores, que por lo mismo tienen mayor posibilidad de alcanzar la meta mensual de ventas. Marta recuerda que hace algún tiempo un compañero de grupo se fue a los puños con un distribuidor en un conjunto residencial. Son situaciones que confunden a los clientes, quienes no entienden el porqué de esos enfrentamientos entre empleados de la misma empresa. Ante eso, la administración de Claro asume la posición del avestruz. Se limita a llaman

a los implicados en las peleas para que hagan sus descargos, se dan algunas suspensiones o multas a los contratistas, pero luego no pasa nada. Y como consecuencia de esta “guerra del centavo” se aumentan los niveles de malestar, irritación y estrés laboral entre los trabajadores.

Antes tenían mejor salario A la disputa entre los mismos asesores, se suma la competencia de otras empresas del sector que ofrecen paquetes más económicos que Claro. En Bogotá, por ejemplo, UNE se ha convertido en el competidor más fuerte. Así que a Marta, Adriana y a sus cientos de compañeros no les queda más que afrontar esta competencia y tratar de cumplir, como mejor puedan, sus metas de ventas. Lo irónico es que hace algunos años ambas ganaban más que ahora, porque antes la meta de ventas era más baja y se les pagaban todas las que hicieran. Antes de que Telemex fusionara a Cable Centro, TV Cable y SúperView, la meta mensual para acceder a comisiones era de 11, luego pasó a 18, y ahora con Claro está en 21. De ahí que Marta, que estaba acostumbrada a vivir con un millón de pesos, ahora tenga meses en que sólo recibe $600 mil. Como le ocurrió en el mes de junio pasado, cuando se vio obligada a prestar dinero para llegar a fin de mes.

Nº 106, julio de 2013

libros

Reseña

La letra y la disciplina con amor entran, nuevo libro de Henry Sarabia

l profesor Henry Sarabia Angarita acaba de publicar el libro La letra y la disciplina con amor entran, en el que plantea alternativas históricas, legales, jurisprudenciales y pedagógicas para hacer más amables los espacios y la convivencia en la escuela. El libro contiene opciones para afrontar lo relacionado con el acoso escolar, a través de propuestas para ganarse la confianza y el corazón de los niños, en el entendido que el diálogo y el conocimiento de la problemática de los estudiantes conlleva a un mejor ambiente en el aula de clase. Otro aspecto importante es lo relacionado con la historia de la disciplina a través de los tiempos, ya que realiza un recorrido desde la época de la Colonia hasta nuestros tiempos, con el objetivo de no seguir incurriendo en los errores que se han cometido en la escuela. En el texto se motiva al lector para que escudriñe las diferentes sentencias que la Corte Constitucional ha emitido sobre el derecho a la educación y, en particular, en lo relacionado con el Derecho Deber, es decir, que el estudiante y el padre de familia, así como tienen derechos, también tienen deberes. Con estas herramientas las entidades educativas pueden defenderse en el caso de aquellos personajes que pretenden obligar a las instituciones a cumplir con aspectos no relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo el autor plantea análisis un crítico sobre las políticas del gobierno, las que necesariamente afectan el ambiente institucional.

El psicólogo Orlando Valera, maestro cubano, dice del libro: “en lo referente al contenido se combina un marco teórico bien elegido en sus aspectos medulares para la comprensión de los problemas prácticos de la convivencia en la escuela. Se enfocan y definen, desde sus orígenes históricos, categorías y conceptos como convivencia y disciplina escolar en una explicación pedagógica y jurídica con profundo contenido social-contextual”. henrysarabia1@hotmail.com. Teléfonos: 3153329319, 3133169300. Librería de la Cooperativa Editorial del Magisterio.

internacional

Nº 106, julio de 2013

Nuevo Tratado de Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas Morgan Benhaim Tomado de Internet http://www.inredh.org

l 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante ONU) votó el Tratado sobre el Comercio de Armas (en adelante TCA), aprobado por 154 votos a favor, tres en contra (Siria, Irán y Corea del Norte) y 23 abstenciones. Este instrumento internacional estará abierto a las firmas, en Nueva York, a partir del 3 de junio de 2013 y entrará en vigor 90 días después de la ratificación, aceptación o aprobación número 50. Este Tratado es la culminación de un proceso de responsabilizar a los Estados, que comenzó hace más de 10 años bajo la presión de la sociedad civil y las ONG. El comercio de bienes de consumo está regulado internacionalmente y cuidadosamente controlando; en contraste, el comercio mundial de armas y municiones no lo está, ni ha estado históricamente. En la actualidad, no hay ningún criterio jurídicamente vinculante, fuerte y aplicable de manera universal, que regule las transferencias de armas convencionales a través del mundo. Este vacío legal aparece como una aberración, sabiendo que solo las armas pequeñas

y armas ligeras (todas las armas que pueden ser utilizadas y llevadas por una persona sola) matan cada año a más personas que las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki juntas. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (en adelante OSCE), este tipo de armas son responsables del 90% de las víctimas de asesinato u homicidio en el planeta, de las cuales el 80% son civiles. El objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas es subsanar la falta de regulación mundial en el tema, creando un instrumento jurídicamente vinculante que obligue a los Estados a evaluar los riesgos asociados a las posibles consecuencias negativas de las transferencias de armas alrededor del mundo. Pero, los intereses han sido distintos, y hasta contrapuestos en varios casos, según los países, por lo que, el Tratado es el resultado de una confrontación de años, en la que cada uno de los Estados intentó no perder sus ventajas o, eventualmente, adquirir nuevas a través de este instrumento internacional. La discusión del TCA se impulsó con el apoyo de la sociedad civil y de las ONG, pero, paradójicamente, inició con el soporte de pesos pesados en materia de producción y exportación de armas, como Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Ahora bien, en relación al proceso de aprobación del Tratado, cabe resaltar que en la Asamblea General de la ONU cada país tiene un voto; pero, el funcionamiento no es realmente igualitario porque algunos países tienen mucha más influencia que otros. En efecto, para que el Tratado sea útil y eficiente tiene que ser aprobado por los países que son grandes exportadores de armas. Aquí se evidencia el principal medio de presión, es decir, que si el Tratado no conviene a sus exigencias, no lo van a firmar. Aparece entonces un conflicto de intereses muy fuerte, los países que producen y exportan armas ganando sumas colosales de dinero con este negocio muy obscuro, son igualmente los que tienen la mayor influencia sobre la orientación final del Tratado. A pesar de esta constatación, el TCA es un texto histórico, un primer paso en dirección de una regulación de uno de los principales factores de los conflictos, como es, la venta de armas. Así mismo, cabe destacar que los países exportadores de armas son en su totalidad, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania (según la Stockholm International Peace Research Institute, Sipri, estos países concentran el 74% de las exportaciones de armas del

mundo), pero ellos, no pudieron imponer todos sus deseos en el Tratado y tuvieron, en una decisión sin precedentes, que aceptar algunos compromisos; por ejemplo, gracias a la inflexibilidad de los países africanos opuestos, entre otros, al gobierno chino y estadounidense (presionado por los poderosos lobbies de las armas, como la National Rifle Association), se logró que las armas pequeñas y armas ligeras (que son las reales armas de destrucción masiva con más de 500.000 muertos por año según la Osce) sean explícitamente mencionadas en el campo de aplicación del Tratado. Este Tratado es un proyecto ambicioso; sin embargo, tiene unas brechas y ambigüedad, lo que limita de manera significativa su alcance. En efecto, el Tratado, en su artículo 6, prohíbe cualquier transferencia que viole un embargo o que vaya en contra de las obligaciones resultantes de acuerdos internacionales de los que el Estado exportador es signatario. Pero, prohíbe las transferencias de armas sólo "si hay un riesgo manifiesto" de menoscabar la paz y la seguridad o que pueda ser utilizado para cometer violaciones del Derecho Internacional Humanitario, de los derechos humanos y otras violaciones de los convenios internacionales. Pasa a la página siguiente

Nº 106, julio de 2013 Además, el Tratado abre la puerta a interpretaciones sin ningún control posible. Los Estados todavía tendrán la posibilidad de esquivar el Tratado con el argumento del derecho a la legítima defensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, e incluso apelar a la excusa del riesgo de terrorismo, para justificar tal o cual sistema de armas de exportación. De hecho, los autores del Tratado se quedan a mitad de camino, centrándose en el tráfico ilícito en lugar de limitar severamente el comercio "legal", respondiendo a los deseos de los principales países exportadores, por lo que el objetivo principal parece ser el limitar la competencia desleal, mediante la imposición de normas más estrictas a los competidores del Sur, de Europa del Este y de Asia; pero, obviamente no para reducir su flujo enorme de armas que alimentan los conflictos y la creciente inestabilidad de nuestras sociedades. Del mismo modo, dentro de sus criterios de evaluación antes de cualquier transferencia, el TCA omite totalmente tomar en cuenta los efectos nefastos que puede tener la compra de armas sobre el desarrollo de los derechos económicos y sociales. Esta falta aparece como una violación grave de esta "regla de oro" exigida por las organizaciones civiles tal como Amnistía Internacional u Oxfam. En varias otras cuestiones, como por ejemplo, la falta de obligación de transparencia o

internacional la exclusión de los acuerdos de cooperación entre dos Estados del campo de aplicación, el Tratado no consigue cumplir los desafíos iniciales. De hecho, si dos Estados tienen un acuerdo de cooperación en materia de defensa (como ahora entre Rusia y Siria, o entre Estados Unidos e Israel), el Tratado no sirve. Así mismo, el texto final subraya, una vez más, que los principales países exportadores no están dispuestos a reducir la cantidad de armas en circulación. Además, desde el fin de la guerra fría, los conflictos entre Estados han disminuido considerablemente en beneficio de conflictos internos, lo que explica el surgimiento de grupos armados no estatales, llamados rebeldes, movimientos de liberación nacional, grupos paramilitares o milicias. Sin embargo, ninguna referencia a los actores no estatales aparece en el Tratado, lo que significa que el negocio de armas, con estos nuevos actores especialmente presente en los conflictos actuales, no está prohibido de manera explícita. El TCA aparece insuficiente en su ámbito de aplicación, ignorando el material policial y de seguridad, las nuevas armas letales, los productos de doble uso (tecnologías que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares). Tampoco aparece ninguna mención a propósito del préstamo, donación o intercambio de armas, que son prácticas comunes después de una operación de mantenimiento de la paz o de un ejercicio militar.

Adicionalmente las municiones, piezas y componentes no forman parte del campo de aplicación del TCA y no fueron sometidas a un proceso de reglamentación estricto. Esta falta es inadmisible porque obviamente las municiones son factor de los conflictos, de igual manera que las armas. Además, la vida útil de las armas modernas puede ser muy larga, pero la única condición es darles mantenimiento constante y por eso se necesitan piezas y componentes. La capacidad militar de un país puede ser, rápidamente, limitada sin acceso a piezas de repuesto. Tenemos el ejemplo del régimen de Muammar Kadhafi que, en razón de sanciones internacionales, no pudo importar piezas ni componentes durante el conflicto de 2011, mientras la Jamahiriya árabe de Libia disponía en teoría de 374 aviones de combate, la mayoría estaban fuera de servicio, limitando considerablemente la capacidad del régimen a organizar operaciones aéreas. Además, muchas armas, especialmente en África, son enviadas bajo forma de piezas de repuesto para luego ser ensamblada en el continente, hecho que estaría fuera del Tratado. Una vez más, los países exportadores consiguieron que el Tratado no sea demasiado vinculante para no frenar uno de los más lucrativos negocios. Si hubiera estado en vigor en 2011, el texto no hubiera podido evitar, por ejemplo, la exportación del sistema de espionaje Amesys utilizado por Kadhafi en

17 Libia, ni el de "agentes químicos" en Bahrein, que fueron utilizados en contra de los opositores políticos. Como lo es hoy, el Tratado puede ser fácilmente esquivado y hay pocas esperanzas que tenga un real impacto sobre los conflictos y la protección de los civiles. El Observatorio del Armamento (ONG francesa de peritaje y de información sobre el armamento internacional) preconiza la creación de un organismo internacional e independiente de control (que podría ser coordinado por la ONU) capaz de prohibir toda transferencia si le parece necesario. Esto es todavía una utopía. De manera menos ambiciosa pero más verosímil, el Tratado podrá ser enmendado (seis años después de su entrada en vigor). Podemos esperar que en el futuro los países firmantes fortalezcan el Tratado para volverle vinculante y ofrecer, finalmente, una protección digna a los civiles. Según Verena Haan, especialista en cuestiones de armamento de Amnistía Internacional, hay buenas probabilidades que el Tratado no sea operativo antes de dos años, en razón de no existir las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor; mientras tanto, y contrariamente a las poblaciones civiles víctimas de conflictos y violencia armada, los grandes grupos industriales de armamento, políticos de ética limitada y señores de la guerra, siguen tranquilos porque, a pesar de las restricciones, el negocio continúa y continuará.

internacional

La farsa

Nº 106, julio de 2013

del libre comercio Joseph E. Stiglitz Premio Nobel de Economía 2001

unque la Ronda de Doha para el Desarrollo de negociaciones comerciales mundiales de la Organización Mundial del Comercio no ha dado resultado alguno desde que se lanzó, hace doce años, se está preparando otra ronda de negociaciones, pero esta vez no tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico. ¿Hay más probabilidades de que las próximas negociaciones den resultado? La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los Estados Unidos a eliminar las subvenciones a la agricultura, condición sine qua non de cualquier ronda de verdad para el desarrollo, en vista de que el 70 por ciento de la población de los países en desarrollo depende de la agricultura directa o indirectamente. La posición de los EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del algodón de los EE.UU., que benefician a menos de 25.000 cultivadores ricos. La respuesta de los Estados Unidos fue la de sobornar al Brasil, que había presentado la reclamación, para que abandonara el asunto y dejase en la estacada a millones de cultivadores pobres de algodón del África subsahariana y de la India, que padecen las consecuencias de unos precios muy bajos por la generosidad de los Estados Unidos para con sus cultivadores ricos. En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido, es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente. Hay algunos principios básicos que quienes participen en las conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar, todo acuerdo comercial ha de ser simétrico. Si, los EE.UU., como parte en el “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (AAP), piden al Japón que elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a eliminar no sólo las subvenciones de su

producción de arroz, que es relativamente poco importante para los EE.UU, y del agua, sino también de otros productos básicos agrícolas. En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento importante de política macroprudencial.

prometidos con una falta de transparencia. La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos– que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito con el Perú. En el caso del AAT, hay otro motivo de preocupación. Asia ha desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de bienes acabados, pero el AAP podría obstaculizarla, si China permanece fuera de él.

En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la liberalización y la desreglamentación financieras, si bien la crisis de 2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación puede poner el peligro la prosperidad económica. La industria farmacéutica de los Estados Unidos, que tiene una gran influencia en el Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que, por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.

Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los negociadores se centrarán en gran medida en los obstáculos no arancelarios, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reglamentadoras que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque le preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.

Por último, debe haber un compromiso con la transparencia, pero conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales de que los EE.UU. están com-

El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a

una vida sana y a la protección del medio ambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una “excepción cultural”... en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y otros valores más amplios no deben ser negociables. De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una grave amenaza para un gran éxito veraniego de Hollywood? Sin embargo, la avaricia de éste no conoce límite y los negociadores comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores básicos en pro de los intereses comerciales. Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es la de que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente. La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones esté al servicio de los intereses de los americanos de a pie es poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún más desoladora.

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concurso sinedian

Violencia de género M Luna (seudónimo)

aría, una joven hebrea parió al redentor del mundo en un humilde pesebre. Largas jornadas a lomo de asno la llevó a ella y a su esposo José, el padre putativo de Jesús, desde su natal Nazaret hasta el pequeño y recóndito Belén, en la Judea de hace dos milenios. Cabe significar que la madre del salvador hubiera muerto lapidada, como era el mandato de la ley, pero un hombre decidió no escarnecerla socialmente y asumió la paternidad de ese bendito niño.

Evidentemente, desde tiempos inmemorables la humanidad ha construido costumbres y elaborado leyes que van en la tendencia de establecer una superioridad de género y ha sido el varón el dominante. Lo que también podemos encontrar, solo para citar un ejemplo, en la Edad Media cuando el señor feudal tenía derechos sexuales en la primera noche de bodas de las recién desposadas de su feudo, norma que también aplicaban los señores en los reinos o comarcas dominadas, robando así la virtud a las infortunadas para garantizar, ya sea el mejoramiento de la raza o la forma de infringir la mayor humillación a los pobres desposeídos o a los pueblos oprimidos, siendo la mujer la más sufrida con el flagelo de tan descabelladas y bárbaras leyes. Muchas fueron las mujeres torturadas e incineradas en horrendas hogueras cuando eran señaladas por representantes de diversas confesiones religiosas, ya sea de practicar brujería o ser adúlteras, mientras que a los varones se les imponían penas más benignas, o eran protegidos por la corrupción y la solidaridad del genero dominante. La adolescente francesa Juana de Arco, luego de guiar victoriosos los ejércitos de su patria, murió en las piras de los invasores británicos, acusada de brujería. Más recientemente, la llamada “Libertadora del Libertador”, la ecuatoriana Manuela Sáenz, quien cometió el grave error de dejar a su esposo y seguir a Bolívar, fiel y lealmente, como su amante mujer, murió pobre y olvidada en un recóndito poblado en los Andes peruanos, señalada por una sociedad retrógrada y santurrona de la época, que a la muerte del Libertador le dio la espalda. En los dos últimos siglos, las mujeres a través de sus luchas han ganado importantes espacios en su lucha por la igualdad de género, aun cuando se mantiene un importante rezago histórico que representa una inmensa deuda con el género femenino. Nada más es necesario recordar cómo casi 200 obreras textiles murieron incineradas dentro de una fábrica textil a finales del siglo diecinueve en los Estados

Unidos, ante la intolerancia y la mano criminal de su patrono, por adelantar una huelga exigiendo igualdad en el pago de su salario con sus compañeros varones.

En nuestra Colombia podemos citar como hitos históricos las vidas singulares de mujeres como Manuela Beltrán, Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta y María Cano, que por el tamaño de sus luchas y ejemplos se constituyeron en unas adelantadas a sus tiempos, pues les tocó afrontar épocas en las que la presencia femenina en el campo de la lucha social era vista como un hecho propio de mujeres de dudosa moral. Hoy, en nuestra Colombia aún subsisten esas costumbres semiesclavistas de relación laboral y social cuando del género femenino se trata. Solo hasta la década de los cincuentas las colombianas ganamos el derecho al voto en pie de igualdad con los varones, y hasta hace muy poco tiempo el Gobierno Nacional expidió una norma tendiente a garantizar la participación de nuestro género, en los altos cargos del Estado, y la Constitución de 1991 avanzó, con la concepción del Estado Social y de Derecho, en velar por el derecho a la igualdad y la protección de la mujer madre cabeza de familia. No obstante sobreviven altos índices de discriminación de género que se reflejan en altas tasas de violencia contra la mujer, acoso sexual en diferentes dimensiones de la mujer moderna, por ejemplo en su dimensión laboral. Por las anteriores razones estoy convencida que la discriminación de género no es un mito y que si deseamos ser una sociedad humanista e igualitaria, la equidad de género debe avanzar a estadios que aún se espera podamos construir. Afortunadamente un amplio sector de nuestra sociedad civil, particularmente un gran número de luchadores sociales del género masculino, reivindican hoy, hombro a hombro con la mujer, la igualdad de hombres y mujeres en sus derechos y no solo en sus deberes.

Funcionaria de la Dian Cartagena ganadora del concurso de ensayo Sinedian Manuela Beltrán

a compañera Miriam Patricia Carbonell Piedrahita, bajo el seudónimo de Luna, de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena, alcanzó el primer puesto en el V Concurso de Ensayo Manuela Beltrán que organiza Sinedian. El ensayo ganador fue titulado Violencia de género. Discriminación de Género, ¿mito o realidad? El jurado, conformado por compañeros de la CUT y la ADE, y un periodista de Cronopios Comunicaciones, determinó como ganadora a la cartagenera. El segundo lugar fue para la compañera Nesley Flaidez Mena Cucalón, de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá; y el tercer puesto fue para la compañera Lupe Andrea Álvarez A. de

la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. El concurso de ensayo Manuela Beltrán se realiza todos los años con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Sinedian estimula la participación de las mujeres de la Dian entregando más de 500 mil pesos en premios. Felicitaciones a las ganadoras y a las demás participantes de todo el país: Rina Alfaro, Sara Catervilla, Soledad Sombria, July, Socorrito, Sílfides, Magola Bayona, Tierna Amada, Fémina, La Negra, Sayén, Luz de Luna, Mariposa y Jade. La invitación para que sigan participando en este concurso. Junta Directiva Nacional Sinedian

Espectacular actuación de Nairo Quintana en el Tour de Francia

¡Juego limpio señores! van adelante que los controles?, ¿qué dicen los cuerpos médicos que manejaron a los ciclistas, los que administraron las dosis, los que las vendieron? Las declaraciones del manager de Sky, Sir Dave Brailsford solo tratan de convencer a los incrédulos medios, que el nuevo campeón Froome, esta “limpio”. Amanecerá y veremos.

Alberto Herrera

Comunicador Social

albertoherreraes@gmail.com

ace 15 años, Bruno Roussel perdió su licencia como manager de Festina, equipo ciclístico insignia de Francia en el Tour, al reconocer la práctica de un sistemático doping con sus corredores. El EPO fluía en los equipajes. Dos días después sucedía lo mismo con el equipo holandés. A la afición mundial del ciclismo le dieron a entender que la drástica expulsión de Festina de la carrera, el Affairer, sería el punto de quiebre de la prácticas fraudulentas y tramposas en ciclismo. El Ministerio de la Salud, la Juventud y el Deporte de Francia en campaña de sensibilización con instancias mundiales del ciclismo declararon el 1999 “el año del ciclismo sin dopaje”1. Desafortunadamente sucedió todo lo contrario; el día que avisaron al mundo de prácticas mafiosas para triunfar en el ciclismo con la intención de detenerla y acabarla, estas terminaron expandiéndose de la forma más descarada y grosera. Se concretó en la creación del “más sofisticado, profesional y exitoso programa de dopaje jamás visto en el deporte”2 que “conquistó” siete Tour sin que ninguna autoridad del ciclismo mundial, ni la UCI ni el mismo Tour se percataron que el doping hervía en el carretera, que imperaba la trampa. Faltan muchas cosas por aclarar; ¿quién conoce el resultado que produjo el experimento con atletas estos 15 años y cómo los usan? Está por verse si existen nuevas modalidades de doping, ¿qué hacen los laboratorios cuyos productos siempre

Hoy termina el Tour 100, aunque de verdad son 93, los 7 de Amrstrong no cuentan, como no están incluidos los 7 que la Segunda Guerra Mundial impidió correr. Lo mejor que le pudo suceder al ciclismo mundial es la revelación en la carretera de un joven de los Andes colombianos, un impasible escalador de tez morena, 1:65 cms de estatura y menos de 60 kilos de peso, que rompió todas las dudas y las apuestas. El surgimiento de una figura tan clara, diáfana e incontrovertible muestra que el ciclismo se puede hacer con ánimo y valor, con sencillez y berraquera. Es un honor para Colombia que sus reconocidos grimpeurs (escarabajos) muestren al mundo que sin trampa ni engaño se pueden conquistar los picos más altos. Afición del ciclismo aprovechemos el momento, que el deporte de las bielas como decía Carlos Arturo Rueda, retome el rumbo de la pulcritud y la honestidad. Cuidemos a los Nairos para que se multipliquen en todos los continentes y repitan el magnífico espectáculo que el mundo presenció el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, en las cuestas de los Alpes franceses. ¡Juego limpio señores! Julio 21 de 2013.

Notas 1 “Dopage: nos dix propositions”. Velo magazine, # 345, agosto 1998, pág. 14. 2 Usada, reporte caso dopaje Armstrong, conclusiones. Agosto 2012.