Sobre las violencias estatales: los obstáculos procedimentales

de organizar y vivir en sociedad que legitima las violencias y desigualdades. Han cuestionado la naturaleza de esas instituciones que las discriminan. La demanda central, el acceso a la la residencia y nacionalización por el hecho de tener hijas e hijos peruanas/os y por violencia familiar, cuestiona esa alianza perversa. Su idea central es que el Estado peruano reconozca otros tipos de familias y deje de conceptualizarlas en un orden subordinado a lo masculino. La lucha permanente es por la ciudadanía. Una ciudadanía que les permita salir de la inexistencia y el silencio, que les permita salir de la dinámica de poder ante la cual tienen que conceder permanentemente.

En el análisis de las violencias, el corpus jurídico/legal actual resulta insuficiente pues, aún con los cambios realizados en la normativa migratoria (desde el 2017), estos siguen sin responder a la realidad que viven muchas mujeres migrantes. La estrategia desplegada desde la actual Ley de Extranjería es la incorporación de la categoría de vulnerabilidad. Una situación de vulnerabilidad es sinónimo de no poder tener acceso pleno, ni derechos fundamentales. Por ello, la categoría migratoria proveniente de la vulnerabilidad también es insuficiente:

1. La situación de vulnerabilidad dura un año, tiempo que dura la visa que se otorga. Una vez otorgada esta visa, la persona deja de figurar en lo que ellas denominan la lista de vulnerables. Al año siguiente, cuando hay que volver a hacer el trámite para renovarla, la situación puede ser incluso peor.

2. Hay una traba económica que resulta sumamente difícil de resolver: hacer frente a las multas diarias que se imponen a quienes no regularizan su situación migratoria. Asimismo, la posibilidad de renovar la visa mostrando cuánto se gana al año resulta imposible para mujeres que ganan dinero diariamente, vendiendo en la calle o ejerciendo cualquier trabajo mal remunerado y sin estabilidad laboral.

3. Los procedimientos actuales no las protegen contra la violencia de género, y la imposibilidad del Estado peruano de tener protocolos interministeriales que permitan resolver dos problemas a la vez: el migratorio y el de violencia de género. La violencia que experimentan es como un doble juego que nunca termina, como estar viviendo dentro de una pecera redonda con una sola salida a la que nunca pueden llegar.

4. Aunque la nueva normativa migratoria tiene un enfoque de derechos humanos, inclusión y género, las sanciones que se incluyen en esta ley no han recibido modificaciones. Esto significa que el espíritu sancionador de estas leyes no ha variado sustancialmente y sigue siendo una barrera para trabajar con grupos de migrantes en situación de vulnerabilidad.

5. La incongruencia entre los tiempos planteados en el reglamento de la Ley y la realidad frente a los tiempos de las diversas instancias estatales, así como la necesidad concreta de las mujeres migrantes maltratadas.