Cuáles son las narrativas de estas violencias?

domina la sociedad peruana, donde la discriminación, el machismo y el racismo son pan de cada día. Frente a los vacíos legales que las mujeres migrantes indocumentadas viven, no hay una respuesta organizada del Estado. Por el contrario, el Estado da tácitamente a funcionarios y funcionarias de migraciones el poder de interpretar la legislación como mejor les parezca. Así, la formación individual de cada funcionario y funcionaria es clave para entender cómo funciona este contínuum de violencia. Cabe preguntarse si, con el cambio en el espíritu de la normativa migratoria (de una ley punitiva y de seguridad a una ley orientada a la integración y los derechos humanos), y a partir de las recomendaciones recibidas en torno a la necesidad de que se articule mejor intersectorialmente para evitar generar casos de vulneración de unidades familiares migratorias (Defensoría del Pueblo, 2015), se ha incidido en el cambio también de los criterios interpretativos de cada funcionario y funcionaria de migraciones.

Las mujeres migrantes mencionan encontrar incongruencias entre la normativa migratoria y su aplicación. Por un lado, como hemos visto en el acápite 4.3, las estrategias de violencia de exparejas las colocan inmediatamente en situación de vulnerabilidad e indefensión, en donde las instituciones estatales no les ayudan a resolver sus casos (Organización Mundial para las Migraciones, 2015). Por citar un ejemplo: el hecho de tener solamente seis meses para regularizar la situación de ingreso al país en Migraciones (en caso de haber ingresado irregularmente) les juega en contra. Asimismo, también resulta imposible para ellas poder regularizar su situación migratoria por los altos costos de la multa a pagar.

La legislación peruana en temas de violencia basada en género contempla el caso de situaciones de indocumentación15: si la persona es extranjera, igual se recibe la denuncia de violencia y “la institución deriva a la víctima al Centro Emergencia Mujer para que en su atención integral incluyan el trámite para la obtención de sus documentos de identidad”. Sin embargo, esta ley no incluye, como órgano de apoyo al sistema de justicia, a la Superintendencia Nacional de Migraciones la cual sería la entidad facultada para la derivación de víctimas (o como institución involucrada con el sistema de justicia), o la institución que forma parte del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Frente a las experiencias que ellas viven en las instancias estatales peruanas, ¿cómo esperar que recurran a esa legalidad para resolver sus problemas de violencia? ¿Qué lleva a las mujeres a desobedecer las leyes que son injustas con ellas? ¿Por qué estas prácticas no están mediadas por una reflexión en torno a la razón por la cual una mujer puede llegar a tomar una decisión tan difícil como pelear por el derecho a permanecer con sus hijas e hijos y, por ende, vivir una vida llena de denuncias, juicios y persecuciones?

El orden de género en el que vivimos induce a la violencia y la legitima,

15 Ley 30364, artículo 16.2 (2015).

invisibiliza la historia de violencia que hace parte de la biografía de quien la sufre, de la coexistencia en su hogar por generaciones y del mundo social en que está inserta. Las jerarquías que produce el propio orden de género se establecen no solo a nivel de las relaciones, sino también a nivel de los cuerpos, de las instituciones sociales y en las políticas públicas. Este orden de género impone (Hipertexto PRIGEPP Masculinidades, 2019, 2.2):

como un dato de la naturaleza estas construcciones culturales de los cuerpos, discriminando las diferencias, reproduciéndolas e incentivándolas... [confiriéndoles] a los varones recursos de poder que expresan un orden de género inequitativo y profundamente arraigado en nuestras sociedades... [proporcionando] una justificación ideológica para el abuso y la violencia sexual, degradando la autonomía sexual de las mujeres.

Varios años atrás la Defensoría del Pueblo (2015) advertía sobre una serie de vulneraciones de derechos hacia personas migrantes. Sin embargo, esas cifras muestran un subregistro; en muchos casos, las mujeres migrantes prefieren no acercarse a los espacios estatales por temor a perder a sus hijas e hijos, su libertad, o su residencia. La perspectiva sobre la violencia que usamos en esta investigación, nos permite identificar en las historias de las migrantes un doble juego de vulneración, en donde la violencia estatal –basada en una ciudadanía excluyente, instituciones ineficientes y prácticas discriminatorias- se entronca con la violencia de género social y al interior de la pareja. Esta doble vulnerabilidad se manifiesta en las situaciones de subordinación que deben sobrevivir y ante las cuales se enfrentan, por lo general solas, con limitados recursos y vínculos, y que les impide hallar salidas favorables a su situación.

¿Cuál es el problema que enfrentan las mujeres migrantes en situación de indocumentación que viven violencia de género en el Perú? Esta violencia de género se manifiesta, fundamentalmente, al aumentar la vulnerabilidad en sus vidas cotidianas. En el caso de sus exparejas, se dan estrategias como no inscribirlas y tramitar solamente la residencia legal de sus hijas e hijos, o que les quiten e incluso les rompan los documentos (reconocidos legalmente o no por el Perú) a las mujeres y a sus hijas e hijos 16, intimidarlas y acosarlas permanentemente, hacerlas quedar mal con su entorno acusándolas de prostitutas o de personas que no cuidan a los hijos, generar situaciones para que las expulsen del país, meterlas a la cárcel y quedarse con la custodia legal. También las siguen acosando y violentando presencial o telefónicamente, y amenazando con denunciarlas para que las deporten. Finalmente, los excónyuges les abren varios procesos judiciales bajo diversas modalidades17. Una estrategia fundamental de ejercer violencia y reforzar el recurso del poder sobre ellas y la autoridad masculina, es el juego alrededor de sus hijas e hijos: ellos buscan ejercer su poder y autoridad al no visitarlos o recogerlos, pero devolviéndolos más allá de la hora acordada o reteniéndolos más días de los acordados; o también al dejar

16 Queda a criterio de funcionarios y funcionarias estatales con los que se topen estas mujeres para que considere esta situación de indocumentación como un acto de ilegalidad o no.

17 Los procesos judiciales que les abren, según se menciona en los testimonios, son los siguientes: violencia física hacia los hijos, suplantación de identidad, régimen de visitas, secuestro de hijos, sustracción internacional a niños, violencia familiar, variación de tenencia.