NOTA ECONÓMICA
AÑO 1 - ED. 3 - MAYO-JUNIO 2025

AÑO 1 - ED. 3 - MAYO-JUNIO 2025
El condicionamiento de la Línea de Crédito Flexible del FMI y su efecto dominó sobre la confianza, el financiamiento y la inversión en proyectos en Colombia
El condicionamiento de la Línea de Crédito Flexible del FMI y su efecto dominó sobre la confianza, el financiamiento y la inversión en proyectos en Colombia
Ginette Sofía Lozano Maturana
Directora de Asuntos Económicos de la CCI
Daniel Fernando Criollo Figueroa
Economista Senior de la CCI
Andrea Gil López – Financiera Senior
En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó el acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible (LCF), una herramienta clave de respaldo financiero que el país ha mantenido por más de una década. Esta decisión, fundamentada en preocupaciones sobre el deterioro fiscal y la necesidad de cumplir con los estándares exigidos por el Artículo IV del Convenio del FMI, representa una importante alerta sobre la percepción de riesgo macroeconómico del país. Si bien no se trata de una suspensión definitiva, tal decisión marca un punto de inflexión en la relación entre Colombia y el organismo multilateral, con implicaciones sobre la confianza de los mercados, el costo de financiamiento y el acceso a crédito externo.
A través de un repaso por el marco institucional del FMI, la trayectoria de Colombia con la LCF y la experiencia comparada de México y Perú, esta Nota Económica muestra cómo esta medida puede afectar indirectamente sectores estratégicos como la infraestructura, al aumentar la incertidumbre inversionista y reducir el margen fiscal disponible. La advertencia es clara: preservar la credibilidad macroeconómica y fortalecer el diálogo técnico con el FMI serán condiciones necesarias para mantener abiertas las puertas del financiamiento internacional y asegurar, de una u otra manera, la ejecución de proyectos clave para la competitividad del país.
En abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó el acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible (LCF), un mecanismo de respaldo financiero que el país ha mantenido desde 2009 y que ha funcionado como un ancla de confianza macroeconómica frente a los mercados internacionales. Aunque la LCF no implica desembolsos automáticos, su sola existencia ha servido como señal de solvencia fiscal y disciplina macroeconómica ante inversores, calificadoras de riesgo y multilaterales.
La decisión del FMI de supeditar la continuidad de este instrumento a la finalización de la consulta del Artículo IV y a una revisión intermedia, marca un hito en la relación entre Colombia y el organismo multilateral. Más allá de sus efectos inmediatos, esta decisión abre un espacio para reflexionar sobre el entorno económico, el manejo fiscal y las implicaciones que puede tener, directa o indirectamente, sobre la financiación de proyectos de inversión en el país.
Esta Nota Económica ofrece un análisis breve y estructurado sobre el particular, abordando el marco institucional del Artículo IV del FMI, la situación específica de Colombia, una perspectiva comparada con otros países de la región y las advertencias que esta decisión ha generado en el ámbito económico y financiero
El Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI establece las obligaciones generales de los países miembros en materia de política económica, en particular sobre la estabilidad cambiaria y la sostenibilidad macroeconómica. Según la Sección 1, los países deben “orientar su política económica hacia el objetivo de fomentar un crecimiento económico ordenado con estabilidad razonable de precios, y mantener un sistema económico y financiero que no produzca desequilibrios susceptibles de causar perturbaciones en el sistema monetario”.
Adicionalmente, la Sección 3 dispone que “el Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones conforme a la Sección 1”. Esta disposición otorga al FMI un mandato explícito de vigilancia económica que se materializa a través de las conocidas ‘consultas del Artículo IV’.
Estas consultas incluyen visitas técnicas, reuniones con autoridades económicas, revisión de indicadores fiscales, externos y monetarios, y culminan con un informe que es presentado ante el Directorio Ejecutivo del FMI. Aunque no son vinculantes, sus resultados representan una suerte de certificación técnica que influye directamente en la percepción de riesgo país, la calificación crediticia y el acceso a instrumentos financieros internacionales.
En el caso de Colombia, estas consultas han sido claves para mantener el acceso a instrumentos como la LCF, que requiere del cumplimiento estricto de estándares de política macroeconómica y de una evaluación positiva del marco fiscal, monetario y cambiario.
En abril de 2025, el FMI anunció que el acceso de Colombia a la LCF, actualmente por USD 8.100 millones, estaría condicionado a dos eventos: (i) la finalización de la consulta del Artículo IV y (ii) una revisión de mitad de período para verificar si el país sigue cumpliendo con los criterios requeridos para mantener esta línea. Esta señal no representa una suspensión definitiva, pero sí una alerta sobre el riesgo de perder una herramienta clave para la gestión de la liquidez externa y la estabilidad financiera, justo en un contexto internacional caracterizado por mayores tasas de interés y menor apetito de riesgo por parte de los inversionistas.
Colombia accedió por primera vez a la LCF en 2009, convirtiéndose en uno de los pocos países latinoamericanos con fundamentos macroeconómicos suficientemente sólidos para ser elegible. A lo largo de los años, esta línea ha sido renovada como una herramienta de carácter precautorio, sin desembolsos efectivos, pero con un impacto positivo en la credibilidad del país. En su última renovación, en abril de 2022, el FMI aprobó un acuerdo por dos años por aproximadamente USD 9.800 millones, tomando en consideración a la hora de la decisión la solidez del marco de política macroeconómica de Colombia y el uso prudente del instrumento en contextos de alta incertidumbre internacional (FMI, Comunicado de Prensa N.º 22/130).
Sin embargo, el deterioro reciente de las finanzas públicas ha despertado preocupaciones dentro del FMI. En particular, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,8% del PIB en 2024, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, representa un desvío de 2,6 p.p. respecto a la meta definida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta desviación se atribuye principalmente a menores ingresos tributarios, mayores inflexibilidades en el gasto y un entorno económico menos dinámico de lo esperado. El informe preliminar del FMI, tras su misión técnica de marzo de 2025, menciona explícitamente la necesidad de ajustes fiscales para preservar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados.
México y Perú ofrecen dos casos relevantes para entender el papel de la LCF y la interacción con el FMI en el contexto latinoamericano.
México ha sido un usuario constante de la LCF desde su creación, con una línea activa que actualmente asciende a aproximadamente USD 35.000 millones. Esta cifra fue confirmada en el Comunicado de Prensa N.º 23/377 del FMI (noviembre de 2023), donde se renovó el acuerdo precautorio con el país. México ha utilizado este instrumento como señal de fortaleza macroeconómica, incluso sin hacer uso de los recursos, lo que ha contribuido a mantener una alta calificación crediticia y credibilidad internacional.
Perú, por su parte, no ha accedido a la LCF, pero ha mantenido una relación estrecha con el FMI a través de consultas del Artículo IV y un historial de disciplina fiscal. Esto le ha permitido sostener una imagen sólida ante los mercados internacionales sin recurrir a líneas de financiamiento contingente, en parte explicado por sus amplias reservas internacionales y bajo nivel de endeudamiento.
A pesar de los episodios recientes de inestabilidad política, el país ha avanzado en proyectos estratégicos de infraestructura, como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima y la construcción del megapuerto de Chancay, este último desarrollado en alianza con capital chino. Estos desarrollos demuestran la continuidad de la inversión estructural incluso en contextos políticos complejos.
Estos casos muestran que la relación con el FMI y la gestión prudente de la política fiscal pueden ser determinantes tanto para acceder a instrumentos como la LCF como para sostener la confianza del mercado aún sin ellos.
La decisión del FMI ha generado diversas reacciones en Colombia. Analistas y líderes gremiales han advertido que el condicionamiento del acceso a la LCF puede erosionar la confianza de los mercados en el manejo macroeconómico del país. Exministros de Hacienda y voceros empresariales han señalado que perder esta línea sería comparable a “quedarse sin red de seguridad” en un contexto internacional volátil.
El retiro o aplazamiento de la LCF no implica un recorte directo en el gasto público ni en los proyectos de infraestructura. Sin embargo, puede derivar en un efecto dominó:
• Menor confianza.
• Mayor costo de financiamiento.
• Menor margen fiscal.
• Menos o más costosos cierres financieros para el desarrollo de proyectos estratégicos.
A esto se suma una mayor vulnerabilidad externa: sin un respaldo como la LCF, Colombia podría enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento en momentos de estrés global, choques de balanza de pagos o caídas en los precios de materias primas. La señal enviada por el FMI también podría traducirse en una menor disposición de inversionistas extranjeros a financiar deuda soberana o participar en proyectos de largo plazo, especialmente en sectores intensivos en capital como la infraestructura.
La advertencia está hecha: mantener la credibilidad fiscal y el diálogo técnico con el FMI será clave para que Colombia preserve herramientas como la LCF y mantenga abiertas las puertas al financiamiento sostenible de su desarrollo. Esto exige una estrategia fiscal clara, reglas previsibles y un diálogo técnico continuo con los organismos multilaterales para asegurar la confianza inversionista en el mediano plazo.