EL DUQUE DE CAYLUS Y EL PUEBLO GITANO. UNA DEUDA PENDIENTE Manuel Martínez Martínez
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Fecha de registro: 12-abr-2016 19:21 UTC
Almería, abril 2016
RESUMEN Tras la redada general de gitanos que dio inicio al proyecto de "exterminio", los gitanos y gitanas capturados fueron repartido entre diferente puntos de la península. Salvo contadas excepciones, el proyecto no fue cuestionado. Sólo el duque de Caylus, Capitán General del reino de Valencia, se mostró partidario de poner en libertad a las víctimas de este despropósito. Su muerte y la de Fernando VI en 1754 impidió un indulto, que hasta 1765 no llegaría en conformidad a su propuesta. PALABRAS CLAVE: Historia Social, gitanos, redada general, marginación, siglo XVIII, antigitanismo
BIOGRAFÍA Claudio Abraham de Tubières de Grimoard de Pestels, duque de Caylus (población de la región francesa deMediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona), nació en Versalles en 1674. Fue el tercer hijo de Henri de Tubières-Grimoard, marqués de Caylus, conde de Salmiech y de Landes, noble de la provincia de Auvergne, e hijo de Claude de Fabert, hija de Abraham de Fabert, mariscal de Francia. Sobre 1698 entró al servicio de la corona española en Flandes, y en 1703 fue nombrado mariscal de campo. En 1708 era comandante de caballería del ejército de Extremadura y fue ascendido a teniente general por su actuación destacada en la batalla de Campo Mayor. En 1714 participó en el asedio de Barcelona.
Finalizada la Guerra de Sucesión, en 1715 fue gobernador interino de Zaragoza, para pasar en 1722 a ser capitán general de Galicia. En 1734 fue nombrado capitán general y pasó a Valencia como tal en 1737, hasta su muerte en 1759. Casó con Manuela de Villacís y de la Cueva, hija de Ignacio Manuel de Villacís y Manrique de Lara, IV conde de Peñaflor de Argamasilla, V conde de las Amayuelas y de Manuela de la Cueva, hija de Melchor de la Cueva y Enríquez de Ribera, IX duque
de Alburquerque Nombrado Gentilhombre de la Cámara del rey, estuvo en posesión del Toisón de Oro y era Grande de España por el título concedido de duque de Caylus en 1742. EL DUQUE DE CAYLUS Y LOS GITANOS La opinión del duque de Caylus respecto al pueblo gitano varió con el paso del tiempo, hasta llegar a ser su máximo valedor. Al principio del desarrollo del proyecto de “exterminio” compartía los prejuicios que impulsaron el cautiverio de los gitanos, llegando a aconsejar al intendente cartagenero tratara a los muchachos recogidos en la leva de 1751 “como los gitanos, pues son tan malos o peores”. Sin embargo, pronto debió mudar su parecer al hacerse cargo de las mujeres procedentes de la redada, de las que 120 fueron transferidas desde el castillo de Denia al palacio de la Señoría en Oliva, en tanto las restantes pasaron a una casa ubicada en el barrio valenciano de Monviedro. Para el cuidado de todas ellas procuró nombrar un comisario que las tratara bien. El elegido fue Juan Francisco de Vega, de quien Caylus decía poseía una “gracia particular para manejar a estas gentes”. Nombramiento que no hizo más que empeorar la rivalidad que existía desde hacía tiempo entre el capitán general y el intendente de Valencia, enemistad que se acrecentó durante el encierro de las gitanas.
Una de las primeras controversias se originó al desautorizar el intendente Malespina el nombramiento de Juan Francisco de Vega, y designar en su lugar al comisario Bodín, encargando a Juan Verdes Montenegro ocuparse exclusivamente de “cuidar de las gitanas de este depósito, y de las demás luego que lleguen”. Disgustado, Caylus comunicó a Ensenada que consideraba más idóneo a Montenegro para ese puesto, pero Ensenada, como en ocasiones posteriores apoyó a Malespina y ratificó su nombramiento. La presencia de niños que superaban los 10 años entre las mujeres cautivas también constituyó motivo de discordia entre duque e intendente. En esta ocasión, el arzobispo valenciano apoyó a este último en la queja que en octubre de 1752 se presentó a Ensenada, respecto a lo perjudicial que resultaba la presencia de muchachos, y que causó su traslado al arsenal de Cartagena. Todo ello sin conocimiento de Caylus y con el visto bueno de Ensenada, sabedores de que el capitán general se hubiera opuesto a la separación de los niños de sus madres. Y aunque el ministro le ordenó “no embarace al intendente la práctica de esta resolución”, Caylus trasladó a Ensenada su protesta y le transmitió su malestar por competirle solo a él estar “en todo de acuerdo con el
gobernador del Consejo en punto de gitanos”.
No pasaría más de un año sin que se produjera un nuevo episodio en esta historia de desencuentros. El buen trato y la libertad de movimientos que Caylus proporcionaba a las gitanas sirvió al intendente Malespina para denunciar a Caylus por haber permitido salir de su encierro a cuatro gitanas, las mismas que tiempo atrás ya habían gozado de otro permiso similar y habían ocasionado un gran escándalo a juicio del arzobispo, causa por la que pidió se les volviera a encerrar, a lo que Caylus se negó por considerar que todo era puro “cuento”. El intendente valenciano, sin aportar detalles, aprovechó la ocasión para cuestionar la gestión de Caylus con las gitanas, en lo que halló el apoyo de Ensenada, quien el 14 de abril ordenó recluir a las cinco gitanas y advertir severamente a Caylus “que sin expresa orden del rey, no vuelva a permitir salga ninguna”. Profundamente enojado por las intrigas del intendente, el capitán general contestó contundentemente a Ensenada y defendió a las gitanas, expresando no haber “notado en ellas el más leve motivo de reprensión, como no sea a los que son tan débiles, que les provoca ver dar el pecho a una mujer que cría”. A lo que añadía, que “si más ha dicho el delator, no es verdad, y la prudencia tan notoria de Vuestra Excelencia se hará cargo del poco fundamento con que se me censura, y que al menor inconveniente que notase, ni este leve desahogo permitiría a una mujeres encerradas”. Malespina, noticioso de la contestación de Caylus se dirigió a Ensenada presentando el documento por el que el capitán general había autorizado la salida de las mujeres “con pretexto de la función de toros”, de lo que derivó “el mayor escándalo con sus disoluciones y desenvolturas propias de su calidad”, siendo un acto que iba contra “la piadosa intención de Su Majestad, en mantener esta gente reclusa por su mala especie”. El tema gitano convertido en un escenario más de la confrontación sostenida por estos dos influyentes dignatarios del reino de Valencia a mediados del siglo XVIII, dio ocasión para una nueva polémica, esta vez tras la reclusión de Francisca Castellón en junio de 1753, acusada de cometer un hurto. La diferencia de pareceres entre capitán general e intendente se centró en la decisión de Malespina de no socorrer a esta mujer con el prest que recibían las demás gitanas desde su captura en 1749, argumentando que no había sido “comprendida en la orden general que se dio para su prisión y retención”, ni entre las “declaradas por malas en el capítulo sexto de la última R. O. de 28 de octubre de 1749”.
Caylus, disconforme con este parecer, consideró que sí debía ser mantenida en las mismas condiciones que las demás, pues en el momento de haberse procedido a la redada no se tenía noticia de esta mujer por haber huido, lo que justificaba su “recogimiento en dicho depósito” y no en la cárcel, corrección que junto a la pena de destierro, consideraba contraproducente, ya que estas no les producían temor alguno y les facilitaba “variar de vecindario”. En esta ocasión, Caylus halló el apoyo del gobernador del Consejo de Castilla, quien ordenó a Malespina que socorriera a Francisca Castellón “desde el día que entró en el depósito, como igualmente a las demás gitanas, que por no vivir con arreglo a la citada R. O. se prendieren y pusiesen en él, sin ceñirse a solo a las que en aquella ocasión se prendieron” El duque de Caylus propuso en 1754 la liberación de todos los gitanos y gitanas que aun se hallaban retenidos, o en caso contrario, enviarlos a América. Hasta tanto no se resolvía la concesión del perdón real, desde principios de 1753 comenzó a poner “en libertad a la mayor parte de las gitanas” y suavizó las condiciones de encierro a las que permanecieron, benevolencia por la que fue fuertemente cuestionado por sus detractores. En su propuesta, Caylus sugirió se señalara a cada familia un domicilio donde establecerla “a cargo y cuidado de las justicias, bajo las prevenciones que expresan los artículos cuarto y quinto de la Real Resolución de 28 de octubre de 1749”. A pesar de la muerte del capitán general valenciano, la corriente de opinión partidaria de liberar a los gitanos y gitanas continuó, apoyada principalmente por los argumentos planteados por Caylus que se basaban en el elevado coste que suponía para las arcas del Estado la manutención de tanta gente, y especialmente, en el dilema moral que establecía la separación de maridos y mujeres eclesialmente casados, algo que atentaba contra las constituciones de la Iglesia y de lo que no se obtenía beneficio, “ni bien público” alguno. Argumentos compartidos por Fernando VI cuando expresó públicamente en 1756 su deseo de atender “los clamores, perjuicios y excesivos dispendios que solo ha producido contra el fin la colección de gitanos”. Finalmente, en 1763, Carlos III pasó consulta a los Intendentes para resolver los destinos que se habían de dar a los gitanos y gitanas que se les debían dar libertad conforme la propuesta de Caylus. Si bien, el indulto se demoró hasta 1765.
BIBLIOGRAFÍA Ducado de Caylus [https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Caylus]. FELICES DE LA FUENTE, M. del M., Condes, Marqueses y Duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe V, Madrid, 2013, p.p. 96-97. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII. El fracaso de un proyecto de “exterminio” (1748-1765), Almería, 2016.