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DE SUR A SUR ANDALUCÍA

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Nº 98 octubre 2016

¿Que firman las FARC y el Gobierno de Colombia? El Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron el lunes, día 26 de septiembre, en Cartagena de Indias los acuerdos que deben cerrar más de 50 años de conflicto y resarcir a los ocho millones de víctimas de la guerra. Sin embargo, desde ASPA, Comités Oscar Romero y otras organizaciones la preocupación se centra en el asesinato de líderes sociales sigue en Colombia. En lo que va de año ya se han producido 51 asesinatos. Según han confirmado fuentes de la delegación colombiana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 17 de ellos era defensores de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC. Fueron asesinados por ser considerados “guerrilleros vestidos de civil” por los enemigos del proceso llevado a cabo en La Habana.

El pasado 6 de septiembre fue encontrada degollada en su finca El Vergel, en el municipio de Corinto (Cauca), la líder social Cecilia Colcué, de 65 años. Era militante de la Marcha Patriótica, movimiento de izquierda que se desarrolla en las zonas rurales y que estaba vinculada a la Asociación de Trabajadores de las Zonas de Reserva Campesinas, que van a ser

fundamentales para aplicar el primero de los acuerdos de paz firmados por el Ejecutivo y la guerrilla en la capital cubana. La muerte de Colcué no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia contra dirigentes sociales.

Para las ONGs creemos que no se podrá hacer realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de líderes cívicos y populares. Estos hechos demuestran que es urgente la implementación inmediata en los territorios de las medidas acordadas en el punto sobre garantías de seguridad del acuerdo final. El Departamento del Cauca, donde las FARC han mantenido una fuerte influencia durante décadas, se ha convertido en objetivo predilecto de los crímenes contra líderes sociales y campesinos. El pasado 29 de agosto, según informaba el diario El Espectador, hombres armados vestidos con uniformes militares interceptaron en Almaguer (Cauca) el vehículo en el que viajaban los líderes campesinos Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo. Los tres aparecieron muertos más tarde en el lugar conocido como Monte Oscuro.


Durante el pasado fin de semana se produjeron nuevos crímenes en diferentes puntos de Colombia. En los últimos días, además, han aparecido en la región de Cesar panfletos firmados por el Grupo Armado de Limpieza Social (GALS) en los que se amenaza a dirigentes sociales de la región. El domingo, 11 de septiembre, Néstor Iván Martínez. portavoz del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, fue asesinado en el municipio de Chiriguaná. Martínez recibió dos tiros en la cabeza. Estaba junto a su familia en la finca de su hermano. El mismo día, unas horas antes, María Fabiola Jiménez, de 69 años, líder comunitaria del municipio de Barbosa (Antioquia), viajaba en un autobús intermunicipal cuando un pasajero se levantó y le descerrajó siete tiros antes de huir tranquilamente.

El principal problema para que culmine satisfactoriamente el proceso de paz en Colombia será la persistencia de la violencia en las regiones y el rechazo a devolver millones de hectáreas a las víctimas expropiadas por caciques y paramilitares. Todo ello además de la supervivencia de una Colombia oligárquica que se ha beneficiado de la guerra en el último medio siglo y que se resiste a que se ratifique y se aplique el acuerdo final para el fin del conflicto. Por eso traemos a colación este artículo publicado en Público de María Rado y Pablo Rodero con el título de “¿Qué firman

las FARC y el Gobierno en Cartagena de Indias?”

Cartagena de Indias fue, el lunes 26, testigo del penúltimo paso para la puesta en marcha de los acuerdos que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han negociado durante los últimos cuatro años en Cuba. Medio siglo después del inicio del conflicto, los acuerdos tendrán la difícil tarea de paliar las desigualdades económicas por las que surgió la guerrilla y de resarcir a los 8 millones de víctimas de la guerra, según el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia. A comienzos de los años 60 la aparente estabilidad política que garantizaba el pacto entre los dos grandes partidos colombianos contrastaba con una desigualdad económica cuya máxima expresión se encontraba en el medio rural. En un país tan extenso como Colombia, donde el Estado apenas tenía acceso a las zonas más remotas, campesinos sin tierra empezaron a tumbar selva y ocupar terrenos baldíos para trabajarlos ellos mismos. Fuertemente vinculados a estas comunidades agrarias, grupos guerrilleros pasaron a convertirse en el brazo armado de regiones semiindependientes en el interior del país. Eran el embrión de lo que desde 1964 pasaría a conocerse como las FARC. Cincuenta años después, la


mencionada desigualdad en el ámbito rural y la ocupación de tierras se refleja hoy en día en que más del 60% de los predios rurales tiene propiedad informal o carecen de títulos. Además, la mayor parte de la tierra sigue estando en manos de latifundistas.

El objetivo central de las FARC desde su creación ha sido la implementación de una reforma agraria, que ahora ha sido incluida en los acuerdos de la Habana. Según lo acordado, el Gobierno repartirá 3 millones de hectáreas entre campesinos pobres, con el fin de democratizar el acceso a la tierra. Estas tierras provendrán de los terrenos baldíos pertenecientes al Estado, tierras expropiadas por actividades ilegales o expropiación con indemnización a latifundistas. Otros dos de los bloques de los acuerdos giran en torno a la participación política con garantías de seguridad para una guerrilla que no será acogida de buena gana por toda la población. En 1982 comenzó la primera gran negociación entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Durante este periodo, las FARC fundaron la plataforma civil legal Unión Patriótica, que tendría un funesto final cuando miles de sus miembros fueron asesinados por fuerzas paramilitares en los años posteriores.

Estos hechos tuvieron un gran peso en la negociación, en la que se acordó que el Gobierno garantizaría la seguridad de los guerrilleros desmovilizados que participen en política. Además, el proyecto legal de las FARC contará con una discriminación positiva al tener hasta cinco escaños asegurados en cada cámara en las próximas dos elecciones. Fracasada la negociación con Betancur, las FARC iniciaron su consolidación militar apoyadas en los importantes beneficios derivados del narcotráfico. Con la llegada de la era dorada del negocio de la cocaína, las FARC se convirtieron en un actor más de la producción de cocaína, cuyo papel fundamental fue el control del cultivo de hoja de coca y el cobro de impuestos a narcotraficantes. La guerra contra el narcotráfico del Estado colombiano, fuertemente apoyado por Estados Unidos, se centró en la fumigación de cultivos ilícitos en los últimos años. Ahora, la guerrilla se compromete a colaborar con el Estado en su nuevo plan de sustitución y erradicación voluntaria del cultivo de hoja de coca por otras alternativas.

Finalmente, uno de los bloques que más controversia ha traído es el centrado en la justicia para las víctimas del conflicto. Los objetivos han sido, más que el cumplimiento de penas de cárcel para los culpables, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la guerra. Pese a lo argumentado


en alguna ocasión por los contrarios al acuerdo, ningún criminal de lesa humanidad recibirá amnistía ni dejará de cumplir penas de prisión. Más bien, los excombatientes que reconozcan la verdad exhaustiva podrán contar con reducciones de condena o incluso amnistía, pero dependiendo de la gravedad del crimen que hayan cometido. Aquellos que no colaboren revelando la verdad, podrán cumplir hasta 20 años de prisión. La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002 marcó un punto de inflexión en el conflicto. El nuevo presidente decidió abandonar la vía del diálogo y pasar a tratar a las FARC como un grupo terrorista, aprovechando la nueva tendencia liderada por Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Quizás por ese motivo, el expresidente sea la principal figura entre los que apuestan por rechazar los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre. Sus argumentos giran precisamente en torno al tema de la justicia, considerando que los guerrilleros no cumplirán las penas suficientes por los crímenes que cometieron durante la guerra.

FARC. Con este apoyo y lo que anuncian las encuestas, se hace difícil pensar que los acuerdos no consigan pasar ese último requisito para su implementación. De imponerse el Sí, el desarme comenzaría una vez que el Parlamento apruebe la ley de amnistía y tendría lugar en un plazo de 180 días, tras el cual, la totalidad de la ‘guerrillerada’ pasaría a la vida civil.

Todos los expertos señalan que el punto clave para un desarrollo positivo del postconflicto será el desarme y neutralización de los grupos paramilitares existentes aún hoy. Aunque la principal organización paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a un acuerdo de desmovilización con el Gobierno de Uribe, muchos entre las filas de las FARC están inquietos ante las sospechas de que su actividad ha mutado más que cesado. Por ello, el Gobierno establecerá un programa de protección especializada de los guerrilleros desmovilizados y de sus líderes que tratará de evitar la repetición de los asesinatos de miembros de la UP en los 80 y 90. ¡Última hora!

En el lado de los partidarios del Sí a los acuerdos encontramos prácticamente al resto de las fuerzas políticas colombianas, desde el Gobierno de centro-derecha del presidente Juan Manuel Santos hasta la izquierda parlamentaria y, obviamente, las

El “No” al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en La Habana ha ganado en el plebiscito celebrado este domingo en Colombia, con el 50,22% contra el 49,77%, según el escrutinio dado a conocer por la Registraduría Nacional del Estado Civil.


Los resultados del plebiscito en Colombia generaron sorpresa en la comunidad internacional que esperaba con ansias un triunfo del Sí que pudiera poner fin a un conflicto armado de más de seis décadas de duración. Solo 13 de casi 35 millones de ciudadanos habilitados acudieron esta vez a expresar su decisión en un país donde los altísimos índices de abstención son la regla. Por caso, en el proceso constituyente de 1991 solo acudió a votar 22% del padrón y en 2003, el último referéndum realizado no alcanzó el 25% de participación que se requería para legalizarlo. La democracia en Colombia hace décadas que está mal herida.

Una primera reflexión es que la campaña triunfante por la paz sucedió fronteras afuera de Colombia. El mundo siguió expectante un arduo y extenso proceso de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en el que participaron un sinfín de observadores internacionales. En las últimas semanas hasta el papa Francisco se pronunció abiertamente por el fin del conflicto armado. Los resultados muestran que el sentir era otro muy diferente en el país. No hubo una variación en la participación electoral respecto a los datos de las últimas presidenciales. La Paz no consiguió movilizar a la ciudadanía como se esperaba: 63% del padrón no acudió a las

urnas y más de la mitad eligió no refrendar los Acuerdos de La Habana. Una explicación posible es que no se consiguió construir e instalar políticamente la antinomia Paz vs. Guerra polarizando al electorado a partir de un clivaje profundo no coyuntural. La votación parece haber quedado ceñida a plebiscitar la actuación concreta del gobierno y la figura de Juan Manuel Santos. Por otro lado, en el plebiscito se jugaba también la posibilidad de establecer unas nuevas coordenadas para la disputa política en Colombia. Como señala Javier Calderón, una victoria del Sí hubiera puesto en un horizonte cercano la posibilidad de discutir desde la izquierda el modelo económico y político de un país donde la desigualdad y la exclusión social son acuciantes. Este debate necesario está hasta ahora obstruido: todo aquel que se oponga al modelo económico neoliberal es reducido políticamente con las etiquetas “guerrilla” y “violencia”. La victoria del No es por eso una profunda derrota simbólica, pero fundamentalmente es una derrota política para los diversos sectores de la izquierda colombiana que deberán rearticularse para continuar impulsando el proceso de paz. La ultraderecha comandada por Álvaro Uribe y su política de violencia continúa mostrando su fortaleza. El país sigue en foja cero, las coordenadas de la guerra seguirán marcando los límites donde se mueve la disputa política. En estas condiciones, las perspectivas para la democracia colombiana tras el plebiscito son sombrías. Triunfó el No, el conflicto político sigue en marcha.


Actividades de ASPA Actualmente en el Área de Cooperación Solidaria estamos desarrollando los siguientes programas: a) Proyectos en ejecución cofinanciados con Administraciones Públicas: 

Niñas/os y jóvenes de la ribera del río Tapacarí, agentes de cambio para el control y vigilancia de la enfermedad de Chagas. (Bolivia)

Construcción de 4 sistemas de Riego para garantizar la soberanía alimentaria en comunidades indígenas de la Serranía de Tapacarí. (Bolivia)

Atención Integral para la Lucha contra la Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí, Fase II (Bolivia)

b) Programas plurianuales financiados sólo por solidaridad popular: 

Apoyo a centro de recursos y a centros educativos en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)

Apoyo a centro de salud en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)  Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en Chahuite, municipio de El Paisnal. San Salvador (El Salvador)  Promoción de las niñas de Togo a través de la escolarización y formación.(Togo)  Solidaridad con las/os refugiadas/os de Bangui (República Centroafricana)

c) Programas de Voluntariado Internacional 

Clínica Ambiental: acompañamiento de comunidades en la recuperación del Buen Vivir (Ecuador)

d) Proyectos finalizados en los últimos meses: 

Atención integral para la lucha contra la enfermedad del Chagas en la Ribera del Río Tapacarí (Bolivia)


Acceso a servicios de educación y salud comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viaria. Río Tapacari. Cochabamba (Bolivia)

Mejoramiento de la participación social y de la estructura productiva del municipio de Sicaya. Cochabamba (2ª fase) (Bolivia)

Mujeres, campesinos e indígenas productivas/es agroecológicos, comercializando en la Amazonía norte ecuatoriana (Sucumbios, Orellana y Napo) (Ecuador)

Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres. (Nicaragua)

Fortalecimiento de capacidades para la construcción de vivienda piloto ecoeficiente y mejoramiento de las condiciones de habitualidad de viviendas para familias indígenas de la comunidad de Chachupata. (Perú)

e) Proyectos pendientes de financiación y que han sido presentados a financiadores públicos: 

Reparar el pasado sembrando el futuro: hacia un sistema de salud integral en la Amazonía Norte de Ecuador

Kawsari kausari: hacia una red de comunicadoras y comunicadores populares de la Amazonía Norte ecuatoriana.

Construcción de 3 sistemas de riego para garantizar la soberanía alimentaria en comunidades indígenas de la Serranía de Tapacarí. Fase II. Bolivia

Salud integral en la cuenca del río Tapacarí para la lucha contra la enfermedad de Chagas. Diagnóstico, prevención, tratamiento y control de una crisis crónica de larga duración a través del empoderamiento de las mujeres titulares de derechos. Bolivia

Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva en el municipio de Sicaya. 3ª Fase. Bolivia

¡Este otoño volvemos a las calles! Semana de acción 8-15 Octubre 2016 contra los tratados de librecomercio e inversiones. Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, campesinas y políticas, jóvenes, hombres y mujeres de todo el mundo convocamos un otoño en resistencia para exigir la suspensión de los mal llamados acuerdos de librecomercio e inversiones, como el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, llamado CETA, o el ya conocido TTIP, que se negocia con EEUU. Estamos


convencidas de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales. El otoño en resistencia global llama a la movilización popular frente a los tratados de libre comercio y por el fin de la impunidad de las multinacionales En Córdoba estamos participando en la organización de una concentración asamblearia para el día 15 de octubre en el Bulevar a las 19,00 horas. Para “calentar” el ambiente se pondrán cuatro mesas informativas en distintos puntos de Córdoba: 

Jueves, 6 de octubre: Avda. Almogávares (frente a Modesta). De 18,00 a 20,00.

Viernes, 7 de octubre: Casa Ciudadana. De 11,00 a 13,00

Domingo, 9 de octubre: Mercadillo del Arenal. De 11,00 a 13,00  Martes, 11 de octubre: Carretera Castro del Río (junto al Deza). De 18,00 a 20,00 En Málaga nos concentraremos el 15 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza de la Marina. Por la redes sociales os iremos informando de las actividades que se están organizando en el resto del territorio Andaluz.

La Red de Trueque de Córdoba, de la que formamos parte, tiene en este mes los siguientes trueques: 

Día 8 en la Plaza del Zoco dentro del IV Encuentro Vecinal del Consejo de Distrito Poniente Sur y la A.VV. Nueva Ciudad Jardín

Día 12 junto al Centro Cívico de la Fuensanta organizado por la A.VV. Santuario

Día 29 en la Plaza Amanecer de Fátima organizado por la A.VV. Amanecer de Fátima.

Para más información sobre ASPA y nuestras actividades puedes visitar nuestra web y seguirnos a través de las redes sociales (twitter y facebook).

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Boletín de Sur a Sur, nº 98  

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