DE SUR A SUR ANDALUCÍA
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Nº 30
febrero 2014
La justicia universal, en entredicho La historia de la humanidad la han escrito tiranos y genocidas que, sintiéndose inviolables, han actuado con total impunidad. La ausencia de un sistema de enjuiciamiento global ha abonado el campo para aquellos que, ante la inexistencia de mecanismos judiciales de persecución y sanción más allá de las fronteras de su país, actuaban sabiéndose impunes. Bastaba con blindarse legalmente ante los propios tribunales, usando la fuerza y la intimidación, para salir indemne de cualquier actuación criminal. Una buena ley de punto final, por ejemplo. Ante ello, los años noventa vieron nacer un incipiente sistema internacional de justicia que rompía con esta situación. Así fue el caso de los tribunales para los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia, o los de Ruanda en 1994. Este proceso culminó en 1998 con la adopción en Roma del Tratado por el que se creaba la Corte Penal Internacional, con jurisdicción global sobre crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Junto a ello, las leyes de un creciente número de países permitían a los tribunales nacionales conocer de este tipo de crímenes a nivel internacional. Tal era el caso de España. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 15 países en el mundo han ejercido la jurisdicción universal para este tipo de crímenes. La jurisdicción universal permitía hasta ahora a los tribunales españoles conocer de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, incluso cuando estos crímenes no hubieran sido cometidos en suelo español e incluso si eran cometidos por antiguos responsables gubernamentales e incluso jefes de estado. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que la jurisdicción española sería competente de los hechos cometidos “por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” en una lista de supuestos muy amplia. Al no discriminar por nacionalidad ni lugar donde fuera cometido el crimen, su alcance era universal. El caso más conocido de aplicación de la jurisdicción universal en España fue la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet. Pinochet nunca llegó a sentarse en el banquillo, pero el