ESPECIAL
Política industrial farmacéutica para la seguridad sanitaria EMILIO SARDI APARICIO Vicepresidente Ejecutivo de Tecnoquímicas S. A.
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REVISTA A
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a reciente emergencia generada por COVID-19 hizo patente la importancia que tiene para cualquier país contar con una producción farmacéutica propia para lograr sus objetivos de salud pública. Por eso, la OMS, en su Resolución WHA74.6 de 2021, reconoció que la producción local de medicamentos seguros, asequibles y de calidad ayuda “a prevenir o abordar la escasez de productos médicos, lograr la cobertura sanitaria universal, reforzar la preparación y respuesta a nivel nacional frente a emergencias de salud y minimizar los peligros relacionados con la salud pública”. Colombia cuenta hoy con una base sólida de producción farmacéutica que atiende el 80 % de las unidades de medicamentos que se consumen en el país. Sin embargo, aunque la Ley 1751 de 2015 –Estatutaria en Salud– ordenó la adopción de una política farmacéutica que incluya estrategias y prioridades en materia de producción de medicamentos, y el Conpes 155 de 2012 definía lineamientos de una política farmacéutica, los esfuerzos estatales relacionados con el tema se han centrado solo en reglamentar la adquisición de medicamentos. A la luz de lo sucedido en la pandemia, y cuando diferentes países implementan estrategias para fortalecer sus industrias farmacéuticas, Colombia debe avanzar en esa misma dirección. Una política pública integral debe promover la competitividad y consolidar la producción farmacéutica de calidad, como sector estratégico para la
sostenibilidad y el fortalecimiento del sistema de salud y para el desarrollo económico y social. Esta es una actividad generadora de empleo calificado, innovación, avance tecnológico, crecimiento industrial y comercio internacional que merece todo el respaldo del Estado colombiano. Esta política debe contemplar la promoción de la inversión en nuevas plantas productivas, proyectos de reconversión y transferencia tecnológica, con acompañamiento institucional, para que las aprobaciones de esas sedes productivas sean eficientes y oportunas. Debe, de igual forma, fortalecer al Invima como autoridad sanitaria idónea, asegurando que cuente con la tecnología
