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AMNISTÍA INTERNACIONAL

T R A B A J A M O S

P A R A

P R O T E G E R

L O S

D E R E C H O S

H U M A N O S

E N

E L

M U N D O

En busca de seguridad Colombia: Sindicalistas en peligro

24 © Particular

13 © AP Photo/Anat Givon

La pena de muerte, a debate en la ONU

The Economist y la polémica de los derechos económicos, sociales y culturales

© ANDRE PENNER/AP/EMPICS

Brasil 36


AMNISTÍA INTERNACIONAL

Editorial Amnistía Internacional, S. L. EDAI Valderribas, 13. 28007 Madrid. España Teléfono (34) 91 433 41 16 Fax (34) 91 433 65 68 Directora: Paola Valeri Jefe de Redacción: César Díaz Fotomecánica: Safekat S. L. Impresión: I. G. Printone S. A. Agosto/Septiembre 2007. Número ochenta y seis Índice AI: NWS 23/004/2007 D. L. M - 18595 - 93 ISSN: 1023 - 8328 Pedidos para países sin sección de AI: Miguel Ángel Aranda Valderribas, 13. 28007 Madrid. España Esta revista ha sido impresa en papel reciclado

Esta revista quiere ofrecer una panorámica de la situación de los derechos humanos en el mundo, de las principales preocupaciones y campañas de Amnistía Internacional y de las acciones de su membresía.

Por ello, los artículos firmados que aparecen en esta revista no reflejan la posición oficial de Amnistía Internacional sino solamente la opinión personal de la persona entrevistada o que firma el artículo.

Amnistía Internacional es un movimiento integrado por personas de todo el mundo que trabajan en favor del respeto y la protección de los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Para hacer posible ese mundo, la misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación, en el contexto de su labor de promoción de todos los derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Amnistía Internacional es un movimiento democrático y autónomo que cuenta con más de 1,8 millones de miembros y simpatizantes en más de 150 países y territorios de todo el mundo. La financiación del movimiento se sustenta, en última instancia, en la generosidad de aquellas personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus donaciones. ESTA REVISTA sintetiza la información que publica Amnistía Internacional con respecto a sus motivos de preocupación. Ni la ausencia o presencia de un país en sus páginas ni la cantidad de espacio dedicada a él deben considerarse indicativo del grado de preocupación de AI en dicho país. – Cuando la información proviene de documentos de la organización se cita el índice de la fuente. La organización no es responsable de los errores que puedan haberse introducido al sintetizar los documentos en los artículos de la revista. Quien quiera conocer con exactitud la información emitida por AI debe consultar el documento citado, que puede solicitarse a la dirección de AI más cercana al domicilio, indicando el número de índice. – En otras ocasiones la información procede de varios documentos. En este caso no se mencionan los índices de referencia. Como en el caso anterior, la completa y correcta posición de AI sobre el tema mencionado sólo puede ser verificada consultando a las Secciones Nacionales de la organización o a su Secretariado Internacional. – Cuando se incluyen mapas se hace con el propósito de indicar la situación de los países y territorios. Los mapas no denotan ningún punto de vista sobre la situación de un territorio en disputa. LA INFORMACIÓN de esta revista es fruto del trabajo de investigación de Amnistía Internacional. Sin embargo, la función esencial de AI no es la de informar. AI no publica sus informes para la mera contemplación, sino para que se conviertan en acción en favor de las víctimas que reflejan sus estudios y para prevenir futuras violaciones. Para lograrlo, es necesario que los lectores se conviertan en actores y participen en las redes de acción de la organización. Para ello, contacte con la dirección de AI más cercana a su localidad.


Derecho al acceso al aborto para las mujeres en peligro

L pasado 13 de junio, el cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, de la Iglesia Católica, instó a los católicos a retirar su apoyo a Amnistía Internacional, alegando que la organización «promueve el derecho al aborto». Junto a la larga oposición de la organización al aborto forzado, Amnistía Internacional respalda la despenalización del aborto dentro de los límites razonables del tiempo de gestación cuando la salud o los derechos humanos de la mujer corran peligro, así como para garantizar que las mujeres tengan acceso a asistencia médica cuando sufran complicaciones derivadas del aborto. En respuesta a las declaraciones del cardenal, AI reafirmó su más firme apoyo al derecho de las mujeres y niñas a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin sufrir amenazas, fuerza o coacción. En defensa del derecho de las mujeres a la integridad sexual y reproductiva frente a graves violaciones de derechos humanos, AI incorporó recientemente a su política general sobre los derechos sexuales y reproductivos una visión de aspectos específicos del aborto. Esta incorporación no promueve el aborto como derecho universal, y la organización sigue sin pronunciarse respecto a si el aborto es justo o injusto. «La postura de Amnistía Internacional no es a favor del aborto como derecho, sino a favor del derecho de las mujeres –uno de sus derechos humanos– a no sufrir temor, amenaza o coacción cuando tienen que hacer frente a las consecuencias de la violación y otros graves abusos contra los derechos humanos», declaró Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional. «Somos un movimiento que protege a las personas, con independencia de las creencias que profesen, pero no imponemos creencias de ningún tipo. El nuestro es un movimiento que defiende los derechos humanos, no unos credos específicos. Nuestro propósito invoca la ley y el Estado, no a Dios. Esto significa que, en unas ocasiones, el marco laico de derechos humanos que Amnistía Internacional defiende coincide con los puntos de vista de ciertas comunidades basadas en una fe determinada, y en otras ocasiones no.» Amnistía Internacional insta a la Iglesia Católica a no dar la espalda al sufrimiento que padecen numerosas mujeres a causa de la violencia sexual, y pide a sus dirigentes que propugnen la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión para todas las personas y entidades que defienden los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, del mismo modo que Amnistía Internacional seguirá defendiendo la libertad de religión. Por otra parte, la organización aclaró que nunca ha aceptado fondos del Vaticano, como no los acepta de ningún otro Estado.

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sumario

© AI

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© MaanImages/Magnus Johansson

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Editorial: Derecho al aborto para las mujeres en peligro

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La suspensión de la pena de muerte, a debate en la ONU

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Ojos de satélite sobre Darfur

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Chechenia: ¿Justicia para los «desaparecidos»?

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Vigésimo aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura: importantes logros, tremendos desafíos

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Las empresas deben rendir cuentas

Noticias Internacionales

Armas bajo control: Apoyo abrumador de los gobiernos a un Tratado sobre el Comercio de Armas. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Contra las detenciones secretas y los traslados ilegales

Ciberacción para que Israel derribe el muro de Cisjordania. Ciberacción y música por Darfur

Llamada Internacional

Sierra Leona: Las sentencias de culpabilidad no ponen punto final

México: Leyes sin justicia. Casos de llamamiento

Sri Lanka: AI pide una operación internacional de derechos humanos

Brasil: La búsqueda de la seguridad humana

Colombia: Uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas

Soportando la ocupación: La población palestina bajo estado de sitio

Más poderosa que la espada: La lucha por la libertad de prensa

Seis ONG publican los nombres de 39 «desaparecidos» tras ser detenidos en secreto por Estados Unidos. Entre los «desaparecidos» hay un ciudadano español

The Economist y la polémica de los derechos económicos, sociales y culturales


i n t e r n a c i o n a l e s

Por Vanessa Arjona, AI Puerto Rico

El Comité «No más violenciaS contra las mujeres» de Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico, visitó las playas boricuas para dar a conocer el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Once mujeres y dos hombres, con pancartas sobre ambos lados del cuerpo, representaban el perfil de mujeres inmigrantes, transexuales, bisexuales, lesbianas, negras, ancianas, niñas, embarazadas, y reclamaban su derecho a ser personas y no objetos sexuales. También los hombres denunciaron que ellos deben luchar por la salud de las mujeres: uno de los carteles recordaba: «Si los planes médicos cubren Viagra y no pastillas anticonceptivas, se atenta contra la salud de las mujeres». Y es que las estadísticas hablan por sí solas. Según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres «el 60,7 por ciento de las fami-

© AI Puerto Rico

lias con mujeres solas está por debajo del nivel de pobreza; el motivo de asesinatos por violencia doméstica para las mujeres representa el 30,5 por ciento del total de asesinatos, y las tasas de desempleo de mujeres aumentaron de 7,7 a 9,9 del 2000 al 2004». En el caso de la mujer embarazada, Puerto Rico tiene la tasa más alta de cesáreas del mundo, con un 47,7 por ciento; no se permite el parto vaginal después de cesárea, ni se

Argentina: Jaque a los indultos

Estados Unidos: Anulada condena a muerte

Redacción

Al cierre de esta edición hemos conocido que la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló el pasado 13 de julio el decreto de indulto que benefició en 1989 al ex militar Santiago Riveros, comandante de Institutos Militares entre 1975 y 1978. El fallo considera que la medida era contraria a la Constitución. De este modo, la Corte dejó el camino abierto para anular los indultos otorgados a los principales responsables de las violaciones sis-

temáticas de los derechos humanos durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Los indultos que beneficiaron a los represores fueron firmados por el ex presidente argentino Carlos Menem en 1989. En el año 2005, la Corte Suprema argentina declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

puede escoger cuándo, cómo y con quién se desea dar a luz. La salud de las mujeres es más que la ausencia de enfermedades. Los factores sociales, económicos, culturales y políticos como la diferencia salarial, la deprimente educación sexual temprana y responsable de nuestras niñas/os, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud o el control del cuerpo de las mujeres son situaciones que deben ser analizadas en profundidad por nuestra sociedad. El mensaje apela a toda la sociedad, desde las instancias gubernamentales hasta nuestro comportamiento cotidiano como ciudadanas y ciudadanos. Jackeline Cruz, portavoz del Comité, instó «a tomar acción contra las cosas que no nos gustan y a reflexionar sobre la importancia de que hombres, niños, niñas y mujeres nos unamos en beneficio de la salud integral de la comunidad».

La Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado la condena a muerte de Scott Panetti, al que se impuso la pena en Texas por el asesinato de sus suegros en 1992. El 28 de junio, la Corte decidió por cinco votos contra cuatro que Panetti, que tiene un largo historial de enfermedad mental, no tenía suficiente comprensión de por qué lo iban a matar.

Perú: Salud sin barreras Las mujeres peruanas actúan por su derecho a la salud En el Perú, muere una mujer cada ocho horas debido a complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Esta alarmante situación fue denunciada el año pasado en un informe de Amnistía Internacional, que dio inicio a la campaña Salud sin barreras. En el marco de esta campaña y para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer (28 de mayo), ocho organizaciones peruanas prepararon una feria de información y servicios en Villa El Salvador, un distrito del sur de Lima. En esta feria, activistas de AI estuvieron presentes para reco-

© AI Perú

ger firmas y exigir al gobierno peruano que garantice el derecho a la salud a todas las mujeres, niños y niñas del país sin discriminación.

© AI Perú

Si quieres firmar, también puedes hacerlo de forma virtual: www.amnistia.org.pe/salud

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n o t i c i a s

Ad-Míra-me porque soy mujer


AI México

Activistas y personal de AI México participan con entusiasmo en sus conciertos para dar a conocer el trabajo de AI, recoger firmas para acciones urgentes e invitar a otras personas a unirse a la organización. En diferentes conciertos en las ciudades de México, Guadalajara, Veracruz, Pachuca y Puebla se han conseguido varios miles de firmas en apoyo a la acción urgente «¡Hay que poner fin a los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua!». Las firmas se han enviado al presidente de México, Felipe Calderón. Amnistía Internacional está muy agradecida a Jaguares por su apoyo, pues su colaboración hace llegar a miles de personas un mensaje en defensa de los derechos humanos.

© AI México

© Fernando Aceves / Jaguares

La banda de rock Jaguares apoya la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Saúl Hernández, vocalista del grupo, hace un llamado a sus seguidores para que tomen conciencia acerca de esa violación de los derechos humanos.

Niño pequeño botando pistola, Stand juguetes muestra y Afiche feria armas. © AI Perú

AI Perú: Se cambian pistolas por diversión Pistolas de agua, tanques de plástico, soldaditos en miniatura... y hasta 500 juguetes bélicos fueron intercambiados el pasado miércoles 4 de julio en Lima, en la segunda edición de la feria y canje de juguetes «Con la guerra no se juega», una jornada pública de reflexión sobre el problema del comercio descontrolado de armas pequeñas y ligeras. Niños y niñas visitaron la feria por la mañana, con sus colegios, y por la tarde, acompañados de sus familiares y amigos. Además de tener la oportunidad de intercambiar sus juguetes de guerra por otros más divertidos, los visitantes pudieron pasear por los módulos de la feria, en los que se trabajaba con juegos y actividades interactivas, para la construcción de una cultura de paz. El evento se enmarca en la campaña mundial Armas bajo Control.

AI Chile: Consulta de mujeres Las consultas con instituciones y grupos afectados son una parte esencial de los procesos de investigación de abusos de los derechos humanos. Sonia Vargas, investigadora de AI Chile, presentó recientemente los avances del estudio sobre el efecto de las armas en la vida doméstica. Representantes de 16 organizaciones de mujeres que trabajan en diversos ámbitos de los derechos recibieron información y comentaron el informe Amores que matan, que está elaborando AI Chile. El documento, que se presentará a fines de 2007, es el resultado de una investigación sobre la violencia que sufren las mujeres en Chile y su invisibilización.

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© AI Paraguay

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Armas bajo Control

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Jaguares y Amnistía Internacional trabajan juntos

Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada 11 de junio de 2007

Del 11 al 17 de junio de 2007, en Paraguay –y en todo el mundo– se llevó a cabo una acción coordinada para sensibilizar sobre el costo humano de la proliferación de las armas de fuego y solicitar a los gobiernos que trabajen juntos para establecer un Tratado sobre el Comercio de Armas a nivel internacional. Mediante una conferencia de prensa realizada en la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, los senadores Ana María Mendoza, Emilio Camacho y Car-

los Filizzola, junto al Dr. Julio Torales, presidente de AI Paraguay, brindaron detalles de la Campaña Armas bajo Control, que busca reducir la violencia armada y establecer un Tratado sobre el Comercio de Armas a nivel internacional. El semanario hemisférico Tiempos del Mundo entrevistó al Dr. Julio Torales sobre la labor que lleva adelante AI y también la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE) en relación con el uso y abuso de armas de fuego. Más detalles en el siguiente enlace: http://www.tiemposdelmundo.com/edicionimpresa/Peligro_latente.html.


Más de 20 talleres de capacitación para activistas serán ofrecidos por AI Chile en el segundo semestre de 2007. Cuatro tipos diferentes de ofertas de formación, enfocadas en los derechos humanos, el trabajo de equipos, el activismo y la comunicación interna y externa están ya planificados. Una primera experiencia se realizó a comienzos de junio para probar las herramientas que han sido especialmente formuladas para estos fines, y la participación fue buena. El programa de capacitación, que ha sido cuidadosamente diseñado, ha identificado a más de 40 facilitadores y tiene por objetivo atender a un siempre creciente flujo de nuevos integrantes de AI Chile. Se espera que más de 600 activistas se beneficien del programa. Más información: info@amnistia.cl.

© AI Chile

La Esmeralda, el barco de la tortura y poderoso símbolo de impunidad, arribó el sábado 16 de junio al puerto de Sidney, Australia. Desde tempranas horas, activistas de derechos humanos y sobrevivientes de la tortura la esperaban. El evento incluyó una canción en honor

Reunión en Cancillería

a la mujer desaparecida cantada con mucho sentimiento por Mary Jane, la conmovedora cueca sola bailada por Ximena, y discursos de Martita Olea, representando a Memoria Viva; Andrew Ferguson, secretario de CFMEU, el doctor Tim Anderson, y Eva Schmith, representante de Amnistía Internacional.

Representantes de la organización se reunieron con el vicecanciller, Alberto Van Klaveren (en la foto, recibiendo un ejemplar del Informe 2007 de manos del presidente de AI Chile, Karl Bohmer). La campaña ha generado importantes contactos a nivel ministerial, en el Senado y la Cámara de Diputados, para analizar las 48 recomendaciones de la Agenda. Más información: www.amnistia.cl/bicentenario.

© AI Chile

© AI Chile

En un trabajo conjunto con la Universidad Central, AI Chile ha desarrollado un seminario sobre discriminación con presentaciones sobre antisemitismo, situación de los refugiados en Chile, discriminación contra los pueblos originarios y herramientas de derechos humanos contra la discriminación. Para abarcar esta área de trabajo transversal en la organización, AI Chile ha creado un nuevo Equipo de Acción contra la Discriminación.

Al cumplirse el 27 de junio los 18 años de la entrada en vigor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Amnistía Internacional ofreció una conferencia de prensa, en la que participaron el presidente de AI Chile, Karl Boehmer, y la coordinadora de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, Ana Carolina Cofré. En ella, AI Chile reclamó la pronta ratificación por parte del Estado de Chile del instrumento internacional que protege los derechos de los pueblos originarios, una promesa de varios gobiernos que se ha reiterado en los últimos 18 años en un promedio de cada 68 días sin ser cumplida.

© AI Chile

Convenio 169 de la OIT: ¡18 años sin cumplir promesas!

© AI Chile En el centro cultural El Sindicato se celebró la noche colombiana, con el grupo musical Sindicato Sonoro y un grupo de danza integrado por personas refugiadas de este país. El evento fue organizado por el Equipo de Acción por Colombia de AI Chile que recogió firmas para acciones urgentes y para una carta dirigida a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El Equipo de Acción por Guatemala y el de Derechos de las Mujeres de AI Chile presentan un ciclo de videoconferencias públicas, enfocadas en la grave situación de los derechos humanos en Guatemala. El trabajo incluye conferencias, presión al gobierno guatemalteco, reuniones con la embajada y difusión de los informes de situación.

La Esmeralda en Sidney

Seminario sobre discriminación

Noche colombiana

Ciclo de conferencias sobre Guatemala

Vivir en las sombras En el Día Mundial del Refugiado, AI Chile presentó el nuevo informe sobre la situación global de las personas desplazadas y migrantes Vivir en las sombras con una conferencia de prensa y en una entrevista televisiva.

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Plan de capacitación

El Partido Socialista de Chile distinguió con la medalla «Presidente Salvador Allende» a personalidades y organizaciones que han contribuido a la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile. Fueron homenajeados: el ex diputado Andrés Aylwin; los abogados Pamela Pereira, Julia Urquieta y Sergio Concha; el vicario de la Pastoral Social, Alfonso Baeza; el sacerdote José Aldunate; la psicóloga Carmen Gloria Quintana; los periodistas Jorge Escalante y Sergio Campos; la dirigente de derechos humanos Mireya García; y Amnistía Internacional, que estuvo representada por su presidente, Karl Böhmer, y su director ejecutivo, Sergio Laurenti.

© AI Chile

© AI Chile

AI Chile recibe la medalla Salvador Allende

n o t i c i a s

Actividades AI Chile


n o t i c i a s

Actividades AI Paraguay Arte Implicado

AI Paraguay en la fiesta de San Juan

23 y 24 de mayo de 2007

A partir de una idea original de AI España, surge en Paraguay el programa Arte Implicado. En versión Paraguay, Arte Implicado es la suma del talento de reconocidos artistas que, mediante su arte, se unen contra la discriminación, contra los fundamentalismos, por la libertad, la memoria histórica y la justicia.

19 de junio de 2007

Activistas de Amnistía Internacional Paraguay participaron en la mayor fiesta típica del país, la fiesta de San Juan. Bajo el lema «Los derechos humanos deben ser típicos también», activistas de AI Paraguay difundieron la visión, misión y campañas de AI, en un ambiente de fiesta. ¡Más de 500 personas visitaron el stand de AI Paraguay y muchas de ellas colaboraron con la Estructura local!

© AI Paraguay

Firma de Convenio con la Universidad de Integración de las Américas

Panel–Debate-Propuesta de Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y Materno Perinatal

29 de mayo de 2007

20 de junio de 2007

© AI Paraguay

El Dr. Julio Torales, presidente de AI Paraguay, disertó ante la plenaria del Salón Bicameral del Congreso Nacional sobre la necesidad de que el Estado paraguayo proteja y respete los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, lejos de la discriminación, la coacción y la violencia. AI Paraguay es parte de las organizaciones adheridas a la campaña por la aprobación de la ley sobre salud sexual, reproductiva y materno perinatal, conjuntamente con otras 25 organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre este tema en el país.

La Mujer y el Deporte 9 de junio de 2007

© AI Paraguay

i n t e r n a c i o n a l e s

Fabián Forestieri, coordinador del programa, afirmó: «Cuando el hecho artístico arremete en la profundidad de lo humano, persuade y prorrumpe a gritos lo acallado por quienes en todas partes del orbe son excluidos, silenciados por el miedo o aislados por la soledad de cualquier tipo de opresión. Y así el gesto artístico se vuelve acto transformador de conciencias y aurora de nuevos espacios. De otro mundo, que es posible». En su primera edición, Arte Implicado en Paraguay reunió teatro, performances y diversas obras artísticas para denunciar la violencia contra las mujeres y dar visibilidad a esta terrible lacra.

AI Paraguay y la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA) han firmado un convenio de cooperación que beneficiará a la membresía de AI Paraguay con un descuento del 20 por ciento en el arancel de cuotas en todas las carreras de esta universidad. Bajo el lema «Educación para todas las personas: un derecho humano», AI Paraguay da continuidad así al trabajo iniciado con estudiantes universitarios y casas de estudio.

En el marco de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, el Área de Derechos Humanos a través del Deporte de AI Paraguay y el Comité Olímpico Paraguayo organizaron un taller en la ciudad de Ñemby, Departamento Central, sobre la importancia de promover la igualdad y la participación de la mujer en todos los aspectos de

Agradecimiento de abogado argentino

Redacción

Pablo Salinas, abogado argentino especializado en derechos humanos, ha dado las gracias a la membresía de la Red de Acciones Urgentes de AI por la labor realizada en su favor al recibir amenazas de muerte: «Quiero agradecer... nos están llegando cartas de todo el mundo gracias a la intervención de Amnistía Internacional. No alcanzan mis palabras para agradecer y decir lo importante que es para nosotros.»

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© AI Paraguay

Grullas por la libertad Los activistas que apoyan la campaña para poner en libertad al dirigente del movimiento juvenil de oposición bielorruso Zmitser Dashkevich han estado inundando www.flickr.com, el sitio web para compartir fotos, con las imágenes de las grullas de papel que

Redacción

han confeccionado mediante origami (arte japonés de la papiroflexia). Según una leyenda, si consigues hacer mil grullas de papel, se cumplirá tu deseo. Hasta la fecha se han hecho más de 400 grullas de papel y se han colgado las fotos en el sitio web.


Por la No Discriminación Yo soy mujer; vos sos varón; ella es sorda; nosotros somos gays; ellas son lesbianas; ustedes son indígenas. Todos somos paraguayos. Todos somos Iguales. ¡No a la discriminación! La Red Contra Toda Forma de Discriminación, integrada por AI Paraguay y otras ONG, lanzó la Campaña de Apoyo al Anteproyecto

¡Vivir con Orgullo, Vivir con Derechos! 30 de junio de 2007

© AI Perú

El sábado 7 de julio activistas de Amnistía Internacional participaron en la VI Marcha del Orgullo de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT). La Marcha del Orgullo, de carácter festivo, fue también una oportunidad para plantear las principales reivindicaciones de las comunidades LGBT en el Perú, como la inclusión y la detención de la discriminación y las agresiones. La marcha, muy concurrida, recorrió las calles del centro de Lima. Participaron en ella

públicos y ONG que trabajan sobre la diversidad sexual en temas de salud, educación y derechos humanos.

carros alegóricos, grupos folklóricos de danza, bandas de música, representantes de las diversas comunidades LGBT, sitios de Internet «de ambiente», discotecas, organismos

de Ley Contra Toda Forma de Discriminación, «Todos somos Iguales». Las actividades de la campaña abarcaron desde acciones públicas, pasando por talleres de formación para periodistas, hasta cabildeo con parlamentarios/as. El artista nacional Fabián Korsakov y varios activistas de AI Paraguay diseñaron y expusieron una serie de «murales para celebrar la no discriminación». Las obras, con temática referente a la discriminación hacia personas que viven y conviven con el VIH/sida y personas pertenecientes a pueblos originarios, se exhibieron en lugares estratégicos de la ciudad de Asunción. El público que asistió a la muestra interactuó, conversó con los activistas de AI Paraguay acerca de lo que representa «discriminar» y aportó para la finalización de las obras, dejando volar su imaginación y desplegando su lado artístico.

Activistas de AI Paraguay participaron en la marcha nacional del Orgullo Gay, Lésbico y Transgénero bajo el lema «Por los derechos, contra los prejuicios». Por cuarta vez consecutiva, la bandera azul turquesa de AI se confundió con los colores de la diversidad.

© AI Chile

Feria de la Diversidad-Chile AI Chile está siempre presente en eventos públicos asociados con la diversidad, en todas sus formas. A finales de mayo, un grupo de activistas de AI presentó un stand en la Feria de Diversidad de la Universidad de Chile, con materiales sobre derechos de los pueblos originarios, diversidad sexual, y mujeres.

© AI Paraguay

Make some noise

© AI

© AI

Concierto en Libertad organizado por Amnistía Mongolia en la plaza Ulaanbaatar el 30 de junio con actuaciones en vivo, un maratón de redacción de cartas y el canje de juguetes bélicos por otros más creativos.

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i n t e r n a c i o n a l e s

Fiesta y reivindicación en la VI Marcha del Orgullo-Perú

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Orgullo


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Presentación del Informe 2007 de AI AI Paraguay En la presentación que se llevó a cabo en la Manzana de la Rivera, en la Ciudad de Asunción, AI Paraguay recordó al gobierno paraguayo la necesidad de proteger y hacer accesibles «los archivos del terror» del gobierno del general Alfredo Stroessner y apoyar plenamente el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia en la búsqueda de la justa reparación de las víctimas de la dictadura militar. Finalmente, AI Paraguay solicitó al gobierno paraguayo que tome las medidas que estén a su alcance para asegurar que el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos sea una realidad dentro de la República y le entregó una carta abierta que contenía una serie de preocupaciones de AI con respecto al Paraguay.

AI México

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Los Grupos de Guadalajara y el Distrito Federal coordinaron esfuerzos para la presentación sincronizada del Informe de AI. Consiguieron convocar a 41 medios de comunicación y ofrecer 13 entrevistas de radio,

dos de ellas con programas de una hora dedicados al Informe de AI. En los cuatro canales de TV de mayor difusión se mencionó la nota del Informe 2007, así como en otros dos de amplia difusión internacional. El analista político Ricardo Raphael escribió una columna editorial dedicada a esta publicación y también acompañó a AI en la mesa de presentadores del Informe 2007. El 7 de junio, Amnistía Internacional México recibió un reconocimiento por su larga trayectoria y su labor en pro de los derechos humanos, otorgado por el Club de Periodistas de México, A. C. El programa Voces del Periodista ha ofrecido a nuestra organización un espacio de una hora al mes para que tratemos los temas de interés de la organización.

AI Chile El Informe 2007: El estado de los derechos humanos en el mundo fue presentado al público en el Palacio Ariztía, sede de la Cámara de Diputados en Santiago de Chile. El periodista

Nibaldo Mosciatti, el académico Alfredo Joignant, y la abogada Tatiana Rein, coordinadora de Derechos Humanos de las Mujeres de AI Chile, se encargaron de comentarlo ante un numeroso público, que recibió con una calurosa acogida el nuevo informe. El evento, que tuvo interpretación simultánea en lengua de señas, cerró un día completo de actividades con los medios de prensa, grupos especiales y ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Editores políticos Un desayuno ofrecido por AI Chile en la mañana del día del lanzamiento del Informe 2007 contó con la participación de editores políticos de los principales medios y generó una amplísima cobertura. Los periodistas apreciaron especialmente el nuevo formato, que incorpora un CD y un resumen del libro. En la ocasión fue posible un análisis pormenorizado de las preocupaciones de Amnistía Internacional, con una abierta discusión sobre varios aspectos de la nueva «Agenda de Derechos Humanos del Bicentenario» en Chile.

Paraguay. © AI

Reino Unido. © AI

Nepal. © AI

México. © AI

España. © AI

Turquía. © AI

Chile. © AI

10 • AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

Perú. © AI

Grecia. © AI


MDE 13/073/2007

© AI Chile

Estados Unidos: Objetor en libertad Agustín Aguayo, paramédico del ejército de Estados Unidos, quedó en libertad en abril tras permanecer recluido en una prisión estadounidense situada en Alemania. En marzo había sido condenado a ocho meses de cárcel exclusivamente por negarse a participar en la guerra de Irak por motivos de conciencia. Al descontársele el tiempo que había pasado bajo custodia en espera de juicio, cumplió sólo seis semanas de condena. Sus abogados han recurrido la sentencia condenatoria.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la noticia de que Ehteram Shadfar y otra mujer, detenidas el 10 de junio, fueron puestas en libertad bajo palabra. Tras su liberación, Ehteram Shadfar dijo a la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes que había sido interrogada por sus actividades de recogida de firmas para la «Campaña por la igualdad» (que pretende conseguir un millón de firmas de iraníes para pedir el fin de la discriminación legalizada contra las mujeres en Irán). Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a no presentar cargos contra estas dos mujeres. Por otra parte, el defensor de los derechos humanos Reza Abbasi, miembro fundador de la Asociación para la Defensa de los Presos Políticos Azerbaiyanos (ASMEK), fue liberado el 16 de mayo, un mes antes de terminar su condena.

Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura Liberación en la República Democrática del Congo

AI Paraguay 26–29 de junio de 2007

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, activistas de AI Paraguay participaron de un espacio importantísimo en la Feria del Libro celebrada en la ciudad de Asunción. Asimismo, en los días siguientes, activistas de AI Paraguay organizaron un ciclo de cinedebate sobre la actualidad, la memoria, la significación para la juventud paraguaya de la prevención de la práctica de la tortura y la incidencia negativa de ésta en la construcción de ciudadanía y cultura de paz, que tuvo como escenario el complejo de cine más concurrido de la ciudad de Asunción. ¡Más de 160 personas (entre alumnado y docentes) de tres colegios participaron en esta actividad!

Una marca rectangular en plena Plaza de Armas representando el tamaño de una «jaula» de Guantánamo, varias maratones de cartas en universidades y lugares públicos y un amplio interés del público marcaron las actividades de AI Chile en la semana de solidaridad con las víctimas de tortura. El equipo de la campaña señaló el día con toques de color naranja en varios lugares, obteniendo cientos de adhesiones de apoyo para liberar a los presos en Guantánamo y enviando cartas de solidaridad y apoyo a ellos y a sus familias.

Redacción

© AI Chile

© AI Paraguay

Tortura-AI Chile

El 30 de abril, tras más de cinco meses de detención, la presa de conciencia Marie-Thérèse Nlandu y otros nueve encausados fueron absueltos de todos los cargos por un tribunal militar de Kinshasa y puestos en libertad. La familia de Marie-Thérèse Nlandu ha escrito a Amnistía Internacional para agradecer el apoyo de la membresía de la organización «durante estos meses tan sombríos».

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i n t e r n a c i o n a l e s

En abril de 2004, Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro, fue invadida por los narcotraficantes. Más de mil policías llegaron a la zona para sofocar la violencia. Los vecinos del lugar quedaron atrapados entre la policía y los criminales. En el momento de mayor virulencia, la fotógrafa brasileña Genna Naccache se acercó al lugar y encontró una comunidad traumatizada. «Vivimos con miedo» da testimonio del suplicio diario de brasileños y brasileñas de a pie obligados a vivir entre tiroteos, toques de queda, intimidación policial y violencia gratuita. En © AI Paraguay medio de esa desesperación, la reportera gráfica Genna Naccache ha capturado la ternura y el alma de una gente que anhela una vida mejor. La exposición viajó a Paraguay como parte de una campaña a largo plazo de AI sobre seguridad pública, campaña esta que ha puesto de manifiesto que la violencia y la exclusión social son dos caras de una misma moneda y que se presentó en julio en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago de Chile. AI pide al gobierno brasileño un Plan de Acción Nacional para la reducción de la violencia criminal.

n o t i c i a s

Irán: Liberadas dos activistas de los derechos de las mujeres

«Vivimos con miedo»: muestra fotográfica


Armas bajo Control: Apoyo abrumador de los gobiernos a un Tratado sobre el Comercio de Armas POL 30/015/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300152007

CTIVISTAS de todo el mundo celebraron el pasado junio una importante victoria: más de 80 gobiernos han participado en el proceso de consultas iniciado por la ONU para lograr un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. En la actualidad no hay controles globales efectivos sobre el comercio de armas. El tratado que se propone establecería unas normas globales que podrían salvar millares de vidas y obligar a responder de sus acciones a los que comercian con armas de forma irresponsable. Los organizadores de la campaña Armas bajo Control1 afirman que debe reconocerse el trabajo realizado por la sociedad civil mundial como un factor fundamental del éxito obtenido hasta el momento en el proceso hacia el tratado. Armas bajo Control coordinó más de 100 consultas populares en todo el mundo, en las que personas corrientes expresaron su opinión respecto a lo que debería incluir el Tratado.

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CONSULTA POPULAR «En Filipinas, de donde yo procedo, el comercio de armas sin restricciones fomenta los abusos generalizados contra los derechos humanos. Desde un primer momento, me pareció que la Consulta Popular sería una herramienta de campaña importante para garantizar que se tengan en cuenta las voces de las personas 1 Campaña que organizan Oxfam Internacional, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).

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corrientes. Es muy positivo que los gobiernos hayan escuchado a las personas que sufren la violencia armada diariamente», afirmó Fred Lubang, de la organización No Violencia Internacional, en representación de la campaña Armas bajo Control.

En la actualidad se están recopilando y ordenando las respuestas de los gobiernos para el secretario general de la ONU, cuyo próximo paso será establecer un Grupo de Expertos Gubernamentales que comenzará a trabajar formalmente sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en 2008.

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Contra las detenciones secretas y los traslados ilegales IOR 30/014/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR300142007

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A Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acordó a finales del pasado junio adoptar la resolución y las recomendaciones contenidas en Detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos y la implicación de Estados miembros del Consejo de Europa, el informe presentado por el senador Dick Marty sobre las operaciones ilegales emprendidas por Estados Unidos en la «guerra contra el terror». AI saludó el acuerdo como un bienvenido primer paso para poner fin al «lodazal legal y moral» en el que se vienen practicando con impunidad detenciones secretas, torturas y otros abusos graves. Ahora depende del Comité de Ministros del Consejo de Europa poner fin a su silencio, condenar públicamente las entregas y las detenciones secretas y exigir que los Estados miembros inicien investigaciones efectivas sobre la complicidad y la

cooperación del Estado en entregas y detenciones secretas, y hagan que los responsables respondan ante la justicia. El informe de Dick Marty demuestra que todos los miembros y socios de la OTAN suscribieron condiciones que permitieron libertad total para las operaciones de la CIA. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Europa para que inicie la elaboración de las normas recomendadas por el secretario general en septiembre de 2006, destinadas a garantizar la supervisión democrática efectiva y la rendición de cuentas de todos los servicios de inteligencia, lo que incluye garantizar que su uso de aviones estatales y civiles cumple las normas de derechos humanos, y para que establezca un marco para la exención de inmunidad de los funcionarios estatales sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos.


La suspensión de la pena de muerte, a debate en la ONU Redacción

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¿SUSPENSIÓN TEMPORAL? Amnistía Internacional cree que el llamamiento en favor de la suspensión de las ejecuciones no debería tener un límite temporal. Los Estados necesitarán tiempo para revisar su legislación sobre pena de

muerte y adoptar las medidas necesarias para su abolición. Sin embargo, es posible que algunos Estados sólo estén dispuestos a aceptar la suspensión si existe un límite temporal. En esos casos, el periodo de vigencia de

la suspensión que se fije debería ser lo suficientemente amplio para permitir la revisión completa del asunto y la introducción de legislación para abolir o, al menos, restringir significativamente la aplicación de la pena de muerte.

Una posibilidad cada vez más real

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A posibilidad de un mundo libre de la pena de muerte es cada vez más real, pero para conseguir ese objetivo se precisa un liderazgo político fuerte y una estrategia bien elaborada capaz de crear apoyo global. Ha llegado un momento en que, con la preparación y planificación adecuadas, debería ser posible aprobar una resolución en la Asamblea General de la ONU que inste a la suspensión de las ejecuciones. 129 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. De hecho, en 2006 sólo 25 países llevaron a cabo ejecuciones. En 2006, el 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia se llevaron a cabo en China, Estados Unidos, Irak, Irán, Pakistán y Sudán. En América, Estados Unidos ha sido el único país que ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003. Europa es casi una zona libre de pena de muerte, con Bielorrusia como excepción principal. En África, sólo seis Estados llevaron a cabo ejecuciones en 2006. En conjunto, las estadísticas de AI también muestran un descenso en el número de ejecuciones en 2006: AI documentó 1.591 ejecuciones, frente a las 2.148 de 2005. Estas cifras demuestran que en la actualidad hay un entorno favorable a la abolición de la pena capital. Esta tendencia también es visible en la adopción de tratados internacionales y regionales para la abolición de la pena de muerte.

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© AP Photo/Anat Givon

A suspensión de la pena de muerte en todo el mundo puede estar más cerca. El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), celebrado los días 18 y 19 de junio de 2007, decidió presentar una resolución contra la pena de muerte en el 62 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en octubre de 2007. La UE lanzará esta iniciativa con una alianza de Estados de otras regiones. Se espera que la resolución pida la suspensión global de las ejecuciones, como un paso hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Amnistía Internacional apoya esta iniciativa siempre y cuando sea transregional y no exclusivamente liderada por la Unión Europea. Basándose en las previsiones actuales, AI cree que, con el apoyo necesario de todos los grupos regionales y una planificación cuidadosa, será posible aprobar tal resolución. Un pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU (órgano universal que representa a todos los miembros de la organización) en el sentido de que la pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida sería un importante espaldarazo internacional a la campaña para abolir la pena de muerte en todo el mundo.

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Ciberacción para que Israel derribe el muro de Cisjordania Redacción

A Sección Española de Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción, a través de su sitio web actuaconamnistia.org, en la que recuerda que la valla/muro que Israel construye en el territorio ocupado de Cisjordania es una violación flagrante del derecho internacional que afecta a medio millón de personas. El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia falló que dicho muro es ilegal y ordenó su desmantelamiento. Tres años después de la sentencia, y tras 40 años de ocupación y abusos generalizados contra los derechos humanos, Israel sigue ignorándola.1

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Amnistía Internacional condena firmemente los ataques de grupos armados palestinos contra la población civil de Israel, pero estos ataques no pueden ser excusa en ningún caso para que Israel no respete los derechos humanos de la población palestina, que se está llevando la peor parte en el conflicto. DOBLE DIRECCIÓN La ciberacción, accesible a través del sitio web de Amnistía Internacional, www.actuaconamnistia.org, está dirigida a Ehud Olmert, primer ministro de Israel, al que solicita que, en cumplimiento de

la resolución de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004, su gobierno detenga la construcción del muro/valla de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, derribe los tramos ya construidos y repare los daños ocasionados. La ciberacción también va dirigida a Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, a quien se pide que haga cuanto esté en su mano para que Israel acate la resolución de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004. 1 Puede leerse más información sobre este tema en otro artículo publicado en este número de la revista.

Ciberacción y música por Darfur Redacción

MNISTÍA INTERNACIONAL ha puesto a la venta un doble CD con canciones de John Lennon interpretadas por primeras figuras de la música internacional, tal como informábamos en el número anterior de esta revista. El disco busca recaudar fondos y sensibilizar sobre el trabajo de la organización, especialmente en relación con la actual crisis de derechos humanos de la región sudanesa de Darfur. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción sobre Darfur para que coincida con la presentación del disco. En ella se insta al gobierno de Sudán a que ponga fin a los ataques indiscriminados contra la población civil, desarme a las milicias regionales (los yan-

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yawid) y aplique un embargo de armas. Hasta la fecha, más de 200.000 personas han muerto y cerca de dos millones han

sido desplazadas. Quien lo desee puede adherirse a esta ciberacción en: www.amnesty.org/noise. En cuanto al disco, en el que colaboran más de 30 estrellas internacionales (como U2, Avril Lavigne, R.E.M., Aerosmith, Christina Aguilera, Green Day, The Cure, Snow Patrol o Youssou N’Dour), está disponible en la tienda en línea de Amnistía Internacional en España (www.actuaconamnistia.org/tienda) y sale a la venta en comercios distribuido por la discográfica Warner Bros Records. Todos los temas del doble CD más 10 canciones extras también están disponibles en el programa de descargas de iTunes. Más información sobre el proyecto en la página web www.instantkarma.org.


Ojos de satélite sobre Darfur Redacción

MNISTÍA INTERNACIONAL divulgó el pasado 6 de junio que estaba utilizando cámaras desde satélites para vigilar pueblos sumamente vulnerables de la región sudanesa de Darfur. La organización invitó a los ciudadanos de todo el mundo a que vigilen 12 pueblos mediante el sitio web www.eyesondarfur.org y adviertan al gobierno de Sudán de que estas y otras zonas de la región están bajo observación las 24 horas del día. «Darfur necesita tropas de paz para poner fin a las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, aprovechamos la tecnología de los satélites para decirle al presidente Al-Bashir que estaremos observando de cerca para denunciar cualquier nueva violación», declaró Irene Khan, secretaria general de AI. Se están añadiendo nuevas imágenes de los mismos pueblos cada pocos días, un marco temporal que permite descubrir nuevas destrucciones.

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ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA Amnistía Internacional ha trabajado en este proyecto en estrecha colaboración

w w w. e y e s o n d a r f u r. o r g con la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia (AAAS). Las imágenes procedentes de satélites comerciales pueden revelar información visual de la situación sobre el terreno, incluso de objetos que miden sólo dos pies de ancho (0,60 centímetros). Las fotos podrían mostrar chozas destruidas, concentraciones de soldados o refugiados que huyen. Eyes on Darfur dispone también de una función de archivo que muestra pueblos destruidos desde que comenzó el conflicto, en 2003. Por ejemplo, una imagen del pueblo de Donkey Dereis, en el sur de Darfur, tomada en 2004, muestra un paisaje intacto con cientos de chozas. Dos años después, una imagen de satélite

Un nuevo elemento de la campaña Eyes on Darfur añade un nuevo elemento a la campaña mundial de Amnistía Internacional para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Darfur. En 2003 y 2004, la organización ofreció algunos de los primeros documentos –con testimonios de testigos presenciales en el lugar de los hechos– que advertían de la inminente catástrofe. Una visita crucial realizada en 2004 logró llamar la atención de todo el mundo y galvanizar a la opinión pública internacional en relación con las brutales condiciones imperantes en la región.

PRECEDENTE SOBRE ZIMBABUE No es la primera vez que AI utiliza satélites para sus campañas. Por ejemplo, en 2006, la organización realizó, junto con la AAAS y Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue, un proyecto pionero para documentar la destrucción de un asentamiento por parte del gobierno de Zimbabue. Las organizaciones presentaron pruebas de que el gobierno había destruido asentamientos enteros, incluido el asentamiento informal de Porta Farm, obligando a huir a miles de civiles.

muestra la destrucción casi completa del pueblo: 1.171 viviendas desaparecidas y el paisaje cubierto de vegetación.

Armas para Darfur AI publicó el pasado mayo un informe1 en el que denuncia que se siguen transfiriendo armas, municiones y material afín con destino a las operaciones militares que se desarrollan en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. Posteriormente, el 19 de junio, la organización se hizo eco del acuerdo alcanzado con Sudán para que acepte el despliegue de una fuerza mixta de la Unión Africana y las Naciones Unidas: un paso en la dirección correcta, aunque AI advirtió que se necesita mucho más para garantizar que la población civil está protegida frente a las violaciones de las normas de derechos humanos y del derecho humanitario perpetradas por las partes beligerantes.

1 Sudán: Las armas continúan propiciando la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Darfur (Índice AI: AFR 54/019/2007), http://web.amnesty.org/library/Index/ES LAFR540192007.

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LLAMADA INTERNACIONAL Una carta tuya a las autoridades, unida a las de miles de personas, puede ser la llave que libere a un preso de conciencia, esclarezca la situación de un «desaparecido», evite una condena a muerte o una ejecución extrajudicial o ponga fin a la tortura. Testimonios de las víctimas certifican que muchas veces las cartas fueron su única esperanza. Cada misiva es imprescindible. http://www.amnistiainternacional.org/llamada/index.html

MÁS DE 15 AÑOS CONDENADO A MUERTE ESTADOS UNIDOS N Georgia (Estados Unidos), Troy des en mantener la pena de muerte conAnthony Davis fue declarado cul- traviene las salvaguardias de la ONU que pable en agosto de 1991 del ase- prohíben la ejecución de una persona cuya declaración de culpabilidad no sinato del agente de policía se base en «pruebas claras y Mark Allen McPhail, ocurriconvincentes, sin que quepa la do en 1989 en el aparcamienposibilidad de una explicación to de un restaurante de comidiferente de los hechos». da rápida. La existencia de obstáculos Salvo tres, todos los testigos y dificultades de procedimienno policiales que declararon to ha impedido que Troy Davis contra Troy Davis en el juicio compareciera ante un tribunal se han retractado de sus testifederal en relación con la cremonios o los han contradicho dibilidad de los testimonios utidespués y han denunciado que lizados contra él. testificaron en parte bajo coacVéase USA: ‘Where is the ción policial. La acusación se justice for me?’ The case of basó por completo en testimoTroy Davis, facing execution nios que contenían ya contracon su madre. in Georgia (AMR dicciones en el momento de Troy Davis © Particular 51/023/2007). Véase también celebrarse el juicio. Amnistía Internacional considera que http://web.amnesty.org/pages/deathpenaltyhay cuestiones importantes que no se han index-esl. Escriban cartas a la Junta de Indultos y aclarado todavía. Dada la situación actual de la causa, la insistencia de las autorida- Libertad Condicional de Georgia pidiendo

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el indulto de Troy Davis y poniendo de relieve que casi todos los testigos que declararon en el juicio se han retractado de sus testimonios o los han contradicho después. Envíen sus llamamientos a los miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Georgia:

State Board of Pardons and Paroles 2 Martin Luther King Jr. Drive, SE, Suite 458, Balcony Level, East Tower Atlanta Georgia 30334-4909 EE. UU. Fax: +1 404 651 8502 Correo-e: webmaster@pap.state.ga.us Tratamiento: Dear Board Members / Señores miembros de la Junta

PRIMER AÑO EN LA CÁRCEL DE UN PRESO POLÍTICO BIELORRUSIA L ex candidato presidencial Alexander Kazulin fue condenado a cinco años y medio de cárcel en julio de 2006. Está recluido simplemente por ejercer de forma pacífica el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión, y Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. El 25 de marzo de 2006, después de una reunión pública celebrada en Minsk, Alexander Kazulin encabezó una marcha a la prisión de Akrestina, donde centenares de personas estaban siendo recluidas tras la disolución violenta de las manifestaciones que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales del 19 de marzo. Al hacer las fuerzas de seguridad uso excesivo de la fuerza para disolver la marcha, Alexander Kazulin indicó a los manifestantes que se dirigieran a una iglesia cercana para rezar. Al darse la vuelta, según

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Alexander Kazulin (delante, a la derecha). © Charter 97

los informes, agentes de las fuerzas de seguridad le propinaron varios golpes en la espalda. Luego fue recluido en la prisión de Akrestina. Alexander Kazulin fue acusado después de «vandalismo» y de «organizar actividades de grupo que perturban el orden público o participar activamente en actividades similares».

Escriban cartas pidiendo a las autoridades que garanticen la puesta en libertad inmediata e incondicional de Alexander Kazulin con arreglo a las obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales, en concreto los artículos 19, 20 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bielorrusia es Estado Parte. Envíen sus llamamientos al presidente de Bielorrusia: President Alyaksandr Lukashenka ul. Karla Marxa 38 220016 Minsk Bielorrusia Fax: +375 172 26 06 10, +375 172 22 38 72 Tratamiento: Dear President Lukashenka / Señor Presidente


NO SE HACE JUSTICIA A UN IRAQUÍ MUERTO BAJO CUSTODIA BRITÁNICA REINO UNIDO-IRAK AHA MOUSA, recepcionista de Sin embargo, como observó el juez, muchos hotel de 26 años y padre de dos de los responsables no habían sido «acusados de ningún delito simplehijos, murió el 15 de mente porque no había pruebas septiembre de 2003 después contra ellos como consecuende ser torturado durante 36 cia de un cierre de filas más o horas mientras estaba bajo menos patente». custodia de tropas británicas Los procedimientos judiciaen Basora, en el sur de Irak. les confirmaron también que Una autopsia reveló que el métodos de interrogatorio como cadáver presentaba 93 lesiocolocar capuchas a los detenines diferentes. dos, mantenerlos en posturas El consejo de guerra celeen tensión y privarlos del suebrado en el Reino Unido contra siete militares británicos Baha Mousa. © Particular ño habían sido una «técnica habitual» en la base, debido a lo concluyó en marzo de 2007. Seis de los siete acusados fueron absueltos que el juez denominó «graves deficiencias de todos los cargos. Un soldado que se en la cadena de mando». Estas prácticas han estado prohibidas había declarado culpable del cargo de tratos inhumanos –un crimen de guerra– fue en el Reino Unido desde la década de 1970, cuando se utilizaban de forma generalizaabsuelto de todos los demás delitos. El consejo de guerra confirmó que nume- da en Irlanda del Norte. Amnistía Internarosas personas habían sido responsables de cional considera que estas técnicas, en perpetrar actos de violencia ilegales contra especial cuando se aplican de forma simulBaha Mousa y otras personas detenidas. tánea o sucesiva, equivalen a tortura.

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Escriban cartas pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre la muerte de Baha Mousa; que se faciliten reparaciones plenas y efectivas a sus familiares; y que se realice una investigación sobre la utilización de las técnicas antes mencionadas por parte de las fuerzas armadas británicas, en la que se esclarezca también cómo, cuándo, dónde, por qué y por quién fueron autorizadas. Envíen sus llamamientos al secretario de Defensa:

Secretary of State for Defence Floor 5, Main Building Whitehall London SW1A 2HB Reino Unido Fax: +44 (20) 7218 7140 Correo-e: defencesecretary@mod.uk Tratamiento: Dear Secretary of State / Señor Secretario de Defensa

ABOGADA RECLUIDA EN UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VIETNAM A abogada Bui Thi Kim Thanh de que no dijera nada sobre su tratamienpermanece recluida en un hospital to, pero ella se negó. Desde ese momento psiquiátrico, donde le inyectan le negaron de forma reiterada las visitas y contra su voluntad medicalos paquetes que llegan al hosmentos desconocidos que, al pital a su nombre. Hasta entonparecer, la han dejado sin ces podía recibir visitas de sus habla. familiares. Amnistía Internacional la No se sabe en virtud de qué considera presa de conciendisposiciones legales permanece detenida Bui Thi Kim cia, recluida por su trabajo Thanh, y no se tiene constancomo abogada para el Partido cia de que haya sido acusada Democrático de Vietnam de ningún delito o de que sufra (XXI), organización no autoBui Thi Kim Thanh. trastorno mental alguno. rizada a favor de la democra© Particular Sin embargo, la ley vietnacia. Bui Thi Kim Thanh también trabajó sin mita contiene disposiciones que contemcobrar defendiendo a familias con bajos plan la reclusión en una unidad psiquiáingresos de su comunidad cuyas propie- trica y pueden ser aplicadas por la dades habían sido confiscadas por las auto- administración local sin necesidad de comparecer ante un tribunal. Según informes, ridades y que buscaban resarcimiento. Según los informes, las autoridades le otros disidentes políticos y religiosos fueofrecieron dejarla en libertad a condición ron recluidos anteriormente en el hospital

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psiquiátrico de Bien Hoa por motivos no médicos y sufrieron malos tratos. Escriban pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Bui Thi Kim Thanh, que permanece recluida contra su voluntad en el hospital psiquiátrico de Bien Hoa sin necesidad médica aparente. Envíen sus llamamientos al primer ministro: Nguyen Tan Dung Prime Minister Office of the Prime Minister Hoang Hoa Tham Ha Noi Vietnam Fax: (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores) +844 823 1872 Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

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Sierra Leona Las sentencias de culpabilidad no ponen punto final AFR 51/003/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR510032007

AS sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal Especial para Sierra Leona contra tres dirigentes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC) son un paso positivo, pero no deben ser el capítulo final de la lucha para que se haga justicia por los terribles crímenes cometidos durante los 11 años de conflicto violento, según declaró Amnistía Internacional el pasado 20 de junio tras conocer informes preliminares sobre las sentencias, que aún no se habían hecho públicas. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu, todos ellos altos dirigentes del AFRC, fueron

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Juicio a Charles Taylor

declarados culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en un conflicto armado no internacional, que abarcan homicidios ilegítimos, exterminio, violación, actos de terrorismo, castigos colectivos y mutilación. Los tres fueron absueltos, en cambio, de los cargos de esclavitud sexual y otros actos inhumanos. «Estas sentencias transmiten al pueblo de Sierra Leona la señal positiva de que alguien va a responder por los brutales crímenes perpetrados contra ellos y sus familias –declaró Hugo Relva, asesor jurídico de AI–. Pero miles de personas más pueden y deben responder penalmente de sus actos. Para que empiece a reinar la justicia en toda Sierra Leona, también se debe resarcir a las víctimas.» PRECEDENTE

Redacción

El juicio del ex presidente liberiano Charles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona dio comienzo, por motivos de seguridad, en La Haya (Holanda) el 4 de junio. Sobre el ex presidente pesan 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Sierra Leona. Es la primera vez que se juzga a un ex jefe de Estado en un tribunal penal internacional por delitos cometidos en África contra el pueblo africano.

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Hay que destacar que es la primera vez en la historia que se declara culpable a alguien de crímenes de guerra por reclutar a menores de 15 años en fuerzas o grupos armados y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. La resolución también reafirma el principio consolidado de que una amnistía nacional concedida a cualquier persona en relación con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no impide su investigación ni su enjuiciamiento en aplicación del derecho internacional. «Las sentencias llevan un poderoso mensaje a quienes aún están sufriendo los

efectos de años de violencia –ha manifestado Tania Bernath, investigadora de AI sobre Sierra Leona–. No sólo es importante que las víctimas conozcan estas sentencias, sino que se facilite un procedimiento acelerado o asistencia letrada gratuita para que las víctimas puedan reclamar la indemnización que les corresponde por derecho.» ACTAS DE ACUSACIÓN Hasta la fecha, el Tribunal Especial para Sierra Leona ha dictado acta de acusación formal contra 13 personas en aplicación de su limitado mandato para enjuiciar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos desde el 30 de noviembre de 1996. De estas 13 personas, nueve están bajo custodia y se han iniciado juicios contra todas ellas; tres han fallecido y una sigue en libertad. La Corte Penal Internacional prevé para las víctimas de los crímenes que juzga una serie de reparaciones, así como un fondo fiduciario para ayudar a cubrir el vacío si un condenado carece de medios para proporcionar reparaciones. Sin embargo, el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona adoptó un enfoque más restrictivo, y sólo puede ordenar la confiscación de propiedades arrebatadas a las víctimas por un condenado y su devolución a su legítimo propietario.


México Leyes sin justicia

Casos de llamamiento AMR 41/015/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410152007

ECENAS de personas han sido detenidas en todo México sobre la base de pruebas defectuosas o inexistentes, y se les han negado derechos fundamentales, lo que ha dado lugar a errores judiciales y ha destruido toda la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho.1 Esto es especialmente grave en casos de violencia contra mujeres, miembros de comunidades indígenas y personas desfavorecidas. En la mayoría de los casos, son los colectivos más pobres y vulnerables de la sociedad los que sufren abusos bajo custodia y los que cuentan con el asesoramiento de los abogados defensores menos competentes y más inexpertos. En el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública es común el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para obtener una «confesión». México ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos de derechos humanos regionales e internacionales. Sin embargo, los abusos generalizados cometidos en el marco del sistema de justicia penal y de seguridad pública siguen siendo obstáculos principales que impiden avanzar de modo significativo en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

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1 Véase el informe México: Leyes sin justicia. Violaciones de los derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública (Índice AI: AMR 41/002/2007).

CASOS DE LLAMAMIENTO En el marco de esa investigación, AI acaba de publicar un informe que recoge varios casos ilustrativos de su denuncia y para los que pide el envío de llamamientos. Para colaborar en la acción pueden ponerse en contacto con el Grupo de AI más cercano o consultar los llamamientos en el sitio web http://web.amnesty.org/ library/Index/ESLAMR410152007. Allí pueden encontrar información pormenorizada sobre casos como los siguientes:

nido el 9 de agosto de 2006 delante de su casa por un grupo de hombres armados sin identificar. Permaneció recluido en régimen de incomunicación durante tres días, sin acceso a asistencia médica adecuada, antes de ser trasladado a una prisión estatal. Es parapléjico y padece diabetes. La mañana del 4 de mayo de 2006, Pedro Alvarado Delgado, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Anunciación (Sector Ajusco), organización de la Comisión Pastoral Social, tomaba fotos e imágenes en vídeo de la

Para colaborar en la acción pueden ponerse en contacto con el Grupo de AI más cercano o consultar los llamamientos en el sitio web http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410152007. Magdalena García Durán, indígena Mazahua, activista, vendedora ambulante y madre de cinco hijos, se encuentra en prisión desde la mañana del 4 de mayo de 2006, cuando fue detenida arbitrariamente en San Salvador Atenco, estado de México. Amnistía Internacional considera que la detención prolongada de Magdalena García responde a una motivación política y está totalmente injustificada. Germán Mendoza Nube, activista político y de un sindicato de trabajadores de la educación de Oaxaca, fue dete-

operación policial que se estaba llevando a cabo en San Salvador Atenco (estado de México). Cuando la policía entró en la ciudad a las seis y media de la mañana, lo detuvo de forma arbitraria sin ninguna explicación. Según su testimonio, al alegar con vehemencia su condición de observador de derechos humanos, los agentes le contestaron: «Te vamos a chingar a tu puta madre con todos tus derechos». Lo golpearon repetidas veces en diversas partes de la cabeza y le propinaron patadas hasta arrojarlo al suelo, donde lo golpearon de nuevo y lo amenazaron de muerte. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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Sri Lanka AI pide una operación internacional de derechos

humanos ASA 37/013/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA370132007

L presidente Mahinda Rajapakse debe tomar, como jefe del Estado, la iniciativa personal de poner fin a la crisis de derechos humanos de Sri Lanka, dijo el pasado 14 de junio la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, tras mantener una reunión con él. El presidente deber hacer uso de sus atribuciones ejecutivas para pedir a la ONU que establezca en Sri Lanka una sólida operación de derechos humanos sobre el terreno, para investigar y verificar en todo el país los graves abusos cometidos por todas las partes.

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Sólo entre marzo y abril, la población desplazada internamente del distrito de Batticaloa se duplicó, ya que 80.000 civiles huyeron de sus hogares. Los LTTE son responsables de homicidios y secuestros de civiles, y, como en el caso de la facción de Karuna, continúan reclutando niños y niñas para utilizarlos como combatientes.

«La alarmante escalada de los abusos contra los derechos humanos que se ha producido en los últimos 18 meses muestra claramente que los mecanismos internos que se están utilizando para proteger a los civiles e impartir justicia son del todo inadecuados y no han disuadido a los autores de los abusos», ha señalado Irene Khan.

CLIMA DE MIEDO

COMISIÓN INEFICAZ

«Un clima de miedo impera en Sri Lanka, en el que activistas de derechos humanos y periodistas son objeto de amenazas, agresiones, intimidación y homicidio. Ni

«La comisión de investigación establecida por el presidente el año pasado no ha conseguido reducir la impunidad de los abusos contra los derechos humanos. De hecho, el grupo internacional independiente de notables, creado también por el presidente, ha puesto en entredicho la credibilidad y eficacia de la comisión.» «Con este empeoramiento de la situación, es esencial la presencia de un organismo independiente que vigile e investigue los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes.» «Amnistía Internacional insta al presidente Rajapakse a entablar de inmediato un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de establecer una operación internacional sobre el terreno, con el mandato de vigilar e investigar las violaciones de derechos humanos.» «La presencia de una operación internacional de derechos humanos sobre el terreno, que sea independiente y transparente y disponga de todos los medios necesarios, ayudará a reforzar las instituciones nacionales responsables de la rendición de cuentas y la justicia. Ha de llegar a las zonas bajo control de los LTTE», ha explicado Irene Khan.

Se cree que en los últimos doce meses han «desaparecido» más de un millar de personas y han sido víctimas de homicidio ilegítimo al menos otro millar más.

Se cree que en los últimos 12 meses han «desaparecido» más de un millar de personas y han sido víctimas de homicidio ilegítimo al menos otro millar más. Han muerto civiles a causa de bombardeos indiscriminados de artillería, de atentados suicidas con explosivos cometidos por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) y de homicidios perpetrados como medida de represalia.

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siquiera los trabajadores humanitarios se libran», ha manifestado Irene Khan. El desplazamiento forzado y discriminatorio de población tamil de Colombo el 7 de junio ilustra la falta de protección de los ciudadanos de a pie de Sri Lanka atrapados en el conflicto, que intentan escapar de los combates y de los abusos de los LTTE, incluido el reclutamiento de niñas y niños para utilizarlos como soldados.


Orificio de bala en una comisaría de policía, tras ser atacada por miembros del PCC en São Paulo, Brasil, mayo de 2006. © ANDRE PENNER/AP/EMPICS

Brasil La búsqueda de la seguridad

humana AMR 19/010/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190102007

N mayo de 2006, una oleada de violencia delictiva paralizó São Paulo, la ciudad más populosa de América del Sur. Cientos de personas perdieron la vida cuando una banda delictiva arrasó la ciudad, atacando comisarías de policía, disparando contra agentes policiales, incendiando autobuses y coordinando motines y tomas de rehenes en aproximadamente la mitad de las prisiones del estado.

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La policía respondió con la misma moneda, matando a más de 100 «sospechosos». En Río de Janeiro, en fechas más recientes, una noche de violencia de las bandas se saldó con la muerte de 19 personas, 7 de ellas quemadas vivas en el interior de un autobús. Al parecer, los ataques fueron una respuesta al creciente poder de las milícias, grupos parapoliciales de agentes y bomberos fuera de servicio, que controlan ya

más de 90 favelas de Río de Janeiro mediante la extorsión. Río de Janeiro y São Paulo han llegado a una situación de trágico impasse. Las bandas de delincuentes –ya sean facciones relacionadas con el narcotráfico, «escuadrones de la muerte» o grupos parapoliciales– se han apresurado a llenar el vacío que ha dejado el Estado y han balcanizado las ciudades, convirtiéndolas en un mosaico de feudos violentos. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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BRASIL: LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD HUMANA

AL BORDE DE LA QUIEBRA Un sistema penitenciario al borde de la quiebra ha incubado complejas redes de delincuencia organizada. La propia policía se ha vuelto vulnerable a los ataques, lo que debilita su capacidad para desempeñar el papel que le corresponde en la protección de la ciudadanía brasileña. Mientras tanto, los habitantes de las comunidades pobres siguen sufriendo, alcanzados por balas perdidas, sometidos a toques de queda durante las operaciones policiales, y extorsionados por las milícias y los traficantes. La magnitud de la violencia reciente fue una demostración palpable del precio que se ha de pagar por la falta de disposición de los sucesivos gobiernos para asumir la responsabilidad del Estado de ofrecer seguridad a la ciudadanía brasileña en su totalidad, sea rica o pobre.

Un plan de acción N diciembre de 2005, AI propuso un plan de acción nacional para reducir y prevenir la violencia delictiva y policial, centrado en la prevención de los homicidios, que afectan de forma desproporcionada a las comunidades pobres. El plan se centraba en tres áreas principales: actuación policial basada en los derechos humanos, un programa para reducir y prevenir el número de homicidios cometidos por la policía, y medidas para controlar la proliferación de armas pequeñas. A pesar de la pérdida del referéndum sobre el control de armas, el gobierno federal ha seguido ocupándose de la cuestión de la proliferación de armas pequeñas y ha respaldado la resolución 61/89, «Hacia un tratado sobre el comercio de armas», en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, los logros han sido escasos en lo referente a la mejora de las normas sobre la actuación policial y a la reducción de la violencia delictiva y policial en zonas socialmente excluidas. AI reitera su llamamiento al gobierno en todos sus niveles para que adopte un plan de acción nacional con el objetivo de romper los vínculos entre la violencia y la exclusión social y reducir los niveles generales de violencia delictiva y policial.

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PETICIONES EN 2005 No es la primera vez que AI aborda esta dramática situación. En diciembre de 2005, la organización publicó un informe (Brasil: «Entran disparando». La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas) que mostraba cómo los vecindarios pobres habían quedado atrapados entre la violencia de las bandas de delincuentes y la brutalidad de la policía debido a años de abandono por parte del Estado. Esta «criminalización de la pobreza» no sólo había puesto en peligro las vidas de las personas residentes en esas comunidades, sino que había reforzado las constantes de exclusión social en las que se sustentan los abusos contra los derechos humanos. La ausencia de medidas a largo plazo había puesto en situación de riesgo a todas las personas, incluida la policía. Amnistía Internacional instó a las autoridades federales y estatales a proponer planes detallados y a largo plazo para acabar con el derramamiento de sangre y detener el deslizamiento hacia una situación de desorden aún mayor. EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS Un nuevo informe, publicado el 2 de mayo, evalúa las respuestas de los gobiernos. A la vista de la creciente vulnerabilidad del Estado a la delincuencia, el informe examina las deficiencias de todo el sistema de justicia penal, incluida la

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corrupción generalizada, que ha permitido arraigar a la delincuencia organizada y ha menoscabado de manera profunda la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y en la policía. Un año y medio después del comienzo de la campaña de Amnistía Internacional sobre la seguridad pública y la exclusión social en Brasil, no parece que haya muchas cosas que celebrar. La violencia delictiva ha evolucionado hasta plantear problemas cada vez más complejos. En São Paulo se han registrado algunos avances. Varios proyectos, sobre todo en los ámbitos municipal y local, parecen haber contribuido a una reducción sostenida de los homicidios en todo el estado. NUEVAS PROMESAS En enero de 2007, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió que la seguridad pública sería una de las preocupaciones principales de su segundo mandato. Esta declaración en sí misma constituyó un paso importante. Pero al comparar los ataques delictivos con el terrorismo e insistir en la necesidad de «mano dura», el presidente traicionó el espíritu del Sistema Único de Seguridad Pública (Sistema Único de Segurança Pública, SUSP), las propuestas de reforma para una seguridad pública basada en los derechos humanos formuladas durante su primer mandato.

Motivos de preocupación

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NAS fuerzas policiales sin formación ni recursos suficientes y con escasa capacidad para recoger información, lo que las vuelve ineficaces, además de vulnerables a los ataques. El abandono por parte del Estado de las comunidades más pobres, que se han convertido en zonas sin ley y sufren de forma desproporcionada la violencia de los delincuentes y de la policía. La ausencia de una política de seguridad pública coherente y a largo plazo, que se centre en las causas fundamentales de la violencia y la exclusión social. Un sistema penitenciario al borde de la quiebra, en el que se han afianzado el hacinamiento, los malos tratos a los reclusos, la corrupción y la delincuencia organizada.


BRASIL: LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD HUMANA

La expansión de las milícias AMR 19/010/2007

N 2006 se registró un crecimiento espectacular de un fenómeno potencialmente desestabilizador en Río de Janeiro: las milícias, grupos parapoliciales integrados por agentes de policía, guardias de prisiones y bomberos fuera de servicio, que a menudo cuentan con el apoyo de políticos locales. Las milícias existían en Río de Janeiro desde la década de 1970 y controlaban un puñado de favelas, pero en un periodo de seis meses estos grupos comenzaron a disputarse los espacios con facciones del narcotráfico. En diciembre de 2006 se informó de que las milícias controlaban 92 de las más de 500 favelas de la ciudad. Las primeras informaciones sobre esta reciente y repentina expansión describían a las milícias en gran medida como una forma de seguridad alternativa, que brindaba a las comunidades la oportunidad de librarse de la dominación de las facciones del narcotráfico y les proporcionaba seguridad. Al principio, algunos miembros de las comunidades, comentaristas de medios de comunicación, políticos e incluso el alcalde de la ciudad dieron su apoyo a estos grupos.

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REALIDAD VIOLENTA No transcurrió mucho tiempo antes de que informaciones procedentes de las comunidades contradijeran esta imagen. Las milícias tomaban las comunidades violentamente y después exigían el pago de un impuesto semanal a los residentes por proporcionarles seguridad. Algunos residentes informaron de que las milícias, del mismo modo que las facciones del narcotráfico, imponían toques de queda y reglas estrictas a las comunidades bajo pena de castigos violentos. También controlaban la prestación, a precios elevados, de numerosos servicios a los

Restos calcinados de autobuses, tras los ataques del PCC en São Paulo. © ANDRE PENNER/AP/EMPICS

residentes, como la venta de gas y electricidad y sistemas de transporte alternativos, tras expulsar a los proveedores anteriores. Las comunidades también están expuestas a la amenaza constante de los ataques por venganza de las bandas desplazadas. En diciembre de 2006, facciones del narcotráfico llevaron a cabo una serie de ataques contra policías y civiles en toda la ciudad en aparente represalia por el avance de las milícias. Las bandas quemaron autobuses e hicieron estallar bombas en edificios públicos. Perdieron la vida 19 personas: 10 civiles, 2 agentes de policía y 7 presuntos delincuentes. En un incidente, los delincuentes mataron a 7 personas al incendiar el autobús que las transportaba. Dos pasajeros murieron más tarde en el hospital como consecuencia de graves quemaduras, y otros 14 sufrieron graves heridas. La policía detuvo después a tres hombres y se incautó de armas de fuego, granadas y munición.

AMENAZA RECONOCIDA El gobierno estatal recién elegido ha reconocido la amenaza que suponen las milícias. El nuevo secretario de Seguridad Pública del estado y el jefe de la policía militar han confirmado su existencia y han abierto investigaciones sobre policías sospechosos de participar en actividades ilegales vinculadas a estos grupos «parapoliciales». Sin embargo, la policía y la Fiscalía han afirmado que la pertenencia a una milícia no constituye delito en virtud de la legislación brasileña, lo que hace mucho más difícil su persecución como grupo. En consecuencia, la propagación de las milícias no tiene obstáculos y sigue planteando una grave amenaza para la estabilidad y la seguridad de cientos de miles de personas que ya llevan una vida difícil en las favelas de Río de Janeiro. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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BRASIL: LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD HUMANA

El ascenso del PCC AMR 19/010/2007

L Primer Comando de la Capital (PCC, responsable de la violencia de mayo de 2006 en São Paulo) fue fundado en 1993 en la Casa de Custódia de Tabauté, centro de detención de alta seguridad situado en el interior de São Paulo, después de la matanza más grave de la historia penitenciaria de Brasil, en la que 111 presos murieron a manos de miembros de la Policía Militar en la prisión de Carandiru, también en São Paulo. Desde su nacimiento, el PCC afirmó que luchaba por los derechos de los presos, pero con el tiempo se convirtió en una red de delincuencia organizada. Su espectacular crecimiento fue posible porque ofrecía a los reclusos una forma de seguridad que un sistema penitenciario masificado y carente de personal suficiente no podía proporcionar. Mediante

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una difusa estructura celular, y obligando a sus miembros a pagar contribuciones mensuales –al parecer, 50 reales al mes si estaban en la cárcel y hasta 500 reales si habían sido excarcelados–, el PCC creció en tamaño y recursos. La magnitud del poder del PCC se puso de manifiesto en febrero de 2001, cuando, con la ayuda de teléfonos móviles pasados clandestinamente a los centros penitenciarios, fue capaz de coordinar lo que se conoció como la «mega-rebelión», en el transcurso de la cual estallaron simultáneamente motines en 29 prisiones del estado de São Paulo. EXPANSIÓN La separación de los presos en función de la gravedad del delito cometido es esen-

cial para mantener el control. Pero en el masificado y desorganizado sistema penitenciario de São Paulo, miembros reincidentes de bandas están agrupados con delincuentes primerizos o autores de delitos menores, lo que hace a los segundos vulnerables a la intimidación y el reclutamiento. En un intento desesperado de sofocar los disturbios y la violencia entre bandas, las autoridades han recurrido a dividir a los presos según su pertenencia, medida que refuerza la cultura de bandas dentro del sistema. Además, los intentos de aislar a los jefes de las bandas mediante la dispersión de los líderes del PCC por el país han sido contraproducentes, ya que han extendido la banda a otros estados, en vez de contener su crecimiento.

Militarización de la actuación policial y caveirões Documento de referencia: AMR 19/010/2007

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N símbolo de la creciente militarización de la actuación policial es el caveirão, vehículo blindado que la policía militar de Río de Janeiro utiliza en muchas de sus operaciones, y que se ha asociado con la actuación policial indiscriminada y represiva, aunque su uso se ha reducido en toda la ciudad a raíz de las campañas nacionales e internacionales. La utilización del ejército en operaciones policiales también constituye un hecho preocupante. En marzo de 2006, el ejército tomó las calles de Río de Janeiro tras el robo de 10 fusiles y una pistola en un cuartel. El gobernador de Río de Janeiro ha hecho varios llamamientos al gobierno federal para que permita el uso de las fuerzas armadas con fines de mantenimiento del orden durante un periodo de un año, que han sido bien recibidos por algunos políticos y analistas.

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Policía militar en la favela Morro Da Fe, de Río de Janeiro, haciendo guardia ante un vehículo blindado conocido popularmente como el caveirão. © Tom Phillips


Colombia Uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas AMR 23/017/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230172007

NA farsa de proceso de desmovilización paramilitar, sumada a miles de casos de amenazas y homicidio y a una falta crónica de investigaciones y procesamientos, convierte a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas, expone Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el pasado 3 de julio.1 AI destaca la existencia de un patrón de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad industrias extractivas. La organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre enero de 1991 y diciembre de 2006. Se cree que, a pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército, así como las fuerzas de seguridad, están detrás de la mayoría de las agresiones. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas. Al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra

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1 Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (Índice AI: AMR 23/001/2007).

Marcha de protesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia. © Particular

ellos, mientras que las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las considere responsables de abusos contra los derechos humanos. LLAMAMIENTO A LAS MULTINACIONALES Amnistía Internacional pide a las empresas con actividades en Colombia que utilicen su influencia con el gobierno colombiano para detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos de que son víctima los sindicalistas. Los sucesivos gobiernos colombianos han aplicado diversas políticas con el fin de mejorar la seguridad de los sindicalistas, entre ellas un programa para asignar escolta armada, vehículos blindados y teléfonos a algunos sindicalistas amenazados. Aunque tales políticas son positivas, las agresiones contra sindicalistas continuarán si no se toman medias efectivas para poner fin a la impunidad de que disfrutan quienes los matan y amenazan. Amnistía Internacional destaca también en su informe el Acuerdo Tripartito fir-

mado por el gobierno colombiano, representantes de los empresarios colombianos y las centrales sindicales de Colombia en junio de 2006, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El acuerdo prevé el establecimiento de una presencia permanente de la OIT en Colombia para vigilar la aplicación del derecho a la libertad sindical en el país y los progresos realizados en los esfuerzos por impulsar la investigación de los homicidios de sindicalistas. ACUERDO DE LA OIT El acuerdo de la OIT es una gran oportunidad para abordar la crisis de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas. Es ya imperativo que las autoridades colombianas, las empresas multinacionales y colombianas y el movimiento internacional de los trabajadores trabajen conjuntamente con la oficina de la OIT en Bogotá para garantizar que se investigan todos los casos de amenaza y agresión contra sindicalistas y familiares de sindicalistas. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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Chechenia ¿Justicia para los «desaparecidos»? EUR 46/015/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460152007

Punto de control fronterizo «Adler-20», entre Chechenia e Ingushetia. © AI

A República de Chechenia, situada en la región rusa del Cáucaso Septentrional, oficialmente «ha vuelto a la normalidad». Tras la celebración de un referéndum sobre una Constitución chechena en marzo de 2003, las subsiguientes elecciones presidenciales y parlamentarias, y una amnistía concedida a los miembros de los grupos armados de oposición, las autoridades insisten en que el conflicto ha terminado. La república es escenario de un gran proyecto de reconstrucción de las infraestructuras que quedaron destrozadas durante las campañas militares que las fuerzas federales rusas emprendieron en 1994 y en 1999. El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha afirmado que Chechenia es la «región más tranquila de Rusia» y la más segura. Pero los grupos de derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellos, ponen en duda tal afirmación. Si bien han

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disminuido las operaciones militares a gran escala, el conflicto continúa y ambas partes siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos.

Se cree que hay miles de personas enterradas clandestinamente por toda la república: según informes, hay registrados 52 emplazamientos de fosas comunes en Chechenia.

Sólo muestran las labores de construcción, de reconstrucción, eso es todo. No muestran a todas las madres llorando, a quienes buscan a sus hijos. Madre que busca a su hijo, víctima de desaparición forzada, junio de 2006

SIN DATOS DEFINITIVOS No existen datos definitivos sobre las víctimas civiles. El primer conflicto checheno, que tuvo lugar entre 1994 y 1996, se cobró la vida de miles de personas. Según algunas estimaciones, desde 1999, durante el segundo conflicto checheno, se ha matado al menos a 25.000.

Miles de personas han quedado destrozadas debido a los abusos, y miles más han huido y viven desplazadas fuera de Chechenia. La impunidad ha sido la norma. Las autoridades prácticamente en ningún caso han abierto investigaciones ni enjuiciamientos, ni tampoco han proporcionado una reparación a las víctimas.


CHECHENIA: ¿JUSTICIA PARA LOS «DESAPARECIDOS»?

TODO EL MUNDO CONOCE A UNA PERSONA «DESAPARECIDA» Las desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales y los secuestros llevados a cabo por grupos armados figuran entre las violaciones de derechos humanos más espeluznantes que se han cometido durante el conflicto. En esta pequeña república de unos 15.000 km2 y una población de menos de un millón de personas, da la impresión de que todo el mundo conoce a alguien a quien se ha hecho «desaparecer» o que ha sido secuestrado, y en muchas familias ha desaparecido más de un miembro. La ONG rusa Memorial tiene registrados más de 2.000 casos individuales de desaparición forzada y secuestro. Su investigación se lleva a cabo sólo en un tercio de la república, por lo que no refleja la cifra real. Memorial sitúa entre 3.000 y 5.000 el número de personas desaparecidas desde 1999. En la mayor parte de estos casos se considera al Estado responsable. Según otras estimaciones, la cifra sería incluso más alta. AMBIENTE DE TEMOR El ambiente de temor hace que muchas familias prefieran recurrir a vías extraoficiales. El resultado es que se denuncian muchas menos desapariciones forzadas y secuestros de los que realmente se cometen. No obstante, a pesar de que el número de casos denunciados ha disminuido en los últimos años, siguen cometiéndose desapariciones forzadas y secuestros hoy en Chechenia. Las autoridades rusas y chechenas han reconocido hasta cierto punto la magnitud del problema. A uno de marzo de 2007, 2.800 personas constaban como desaparecidas, secuestradas o en paradero desconocido en Chechenia, según el defensor de los Derechos Humanos de la república, Nurdi Nukhazhiev. Hasta abril de 2005, la Fiscalía había abierto 1.814 procedimientos penales en relación con la desaparición forzada o el secuestro de 2.540 personas en la república. El Parlamento checheno ha creado una comisión para la búsqueda de personas secuestradas y desaparecidas, y al parecer se ha indicado a familiares de víctimas que se tratará de averiguar el paradero de todas las personas desaparecidas antes de que acabe 2007. El defensor de los Derechos Humanos checheno ha llamado la atención sobre el problema y ha pedido que se establezca una comisión federal que se ocupe de los fallos en las investigaciones. Desde 1999, Amnistía Internacional ha documentado decenas de estos casos de personas sometidas a desaparición forzada o secuestro en Chechenia, o en regiones colindantes desde las que han sido presuntamente trasladadas a Chechenia.

Lucha contra la impunidad

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MNISTÍA INTERNACIONAL ha seguido de cerca las investigaciones sobre decenas de denuncias de desaparición forzada en Chechenia. En todos estos casos la Fiscalía ha abierto una investigación, pero sin resultados tangibles. AI sólo tiene constancia de una ínfima cantidad de casos en los que se haya llegado a procesar a algún funcionario del Estado. El pasado 14 de junio, cuatro miembros de una unidad especial de los servicios rusos de inteligencia militar (GRU) fueron declarados culpables de haber matado a seis civiles chechenos desarmados cerca del pueblo de Dai, en Chechenia, en enero de 2002. Es uno de los pocos fallos condenatorios que se han dictado por violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidas durante el segundo conflicto checheno.1 Entretanto los familiares de las víctimas continúan buscando a éstas, en muchos casos haciendo frente a intimidaciones y amenazas de represalias. Muchísimas personas que han perdido la esperanza de lograr que se haga justicia en Rusia han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a causa de ello han tenido que hacer frente a más intimidaciones.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO El Tribunal Europeo emitió su primera sentencia sobre un caso de desaparición forzada en Chechenia el 27 de julio de 2006. En el caso Bazorkina v. Russia, el Tribunal falló que la Federación Rusa había violado el derecho a la vida y el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, así como el derecho a un recurso efectivo. El Tribunal determinó además que el modo en que las autoridades habían tratado la demanda constituía trato inhumano. El Tribunal Europeo ha emitido asimismo sentencias en otros dos casos de desaparición forzada en los que se desconoce el paradero de la víctima. Hay una tercera causa relacionada con la desaparición forzada de tres mujeres cuyos cadáveres aparecieron varios meses después en una fosa común cerca de la base militar federal rusa de Jankala. Una cuarta causa hacía referencia a la desaparición forzada y el homicidio de Shamil Akhmadov. En todos estos casos, el Tribunal Europeo resolvió que el gobierno ruso había violado derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a un recurso efectivo. Más recientemente, el 21 de junio de 2007, el Tribunal dictó otra sentencia en la causa Bitiyeva y X contra Rusia.2 Zura Bitieva (o Bitiyeva) era una famosa pacifista de Chechenia. Criticaba abiertamente el conflicto armado que se desarrollaba allí y las violaciones de derechos humanos cometidas en su contexto. Fue detenida arbitrariamente en Chechenia en 2000 y ejecutada extrajudicialmente, junto con tres familiares suyos, en 2003. 1 Véase declaración pública de Índice AI: EUR 46/025/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460252007. 2 Véase declaración pública de Índice AI: EUR 46/027/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460272007.

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Soportando la ocupación: La población palestina bajo estado de sitio Redacción

Amnistía Internacional publicó recientemente un informe1 sobre los graves problemas que sufre la población palestina en la Cisjordania ocupada debido a las restricciones que imponen las autoridades de Israel, entre las que sobresalen las derivadas de la valla/muro erigida en la zona. La publicación de ese informe se produjo antes de los enfrentamientos registrados en junio tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza entre los principales grupos palestinos, que llevaron a una separación de facto de ambos territorios ocupados, y a nueva escalada de la tensión y los abusos en toda la zona. Su difusión generó diversas preguntas, sobre las que publicamos a continuación algunas de las respuestas emitidas por la organización.

¿POR QUÉ SE OPONE AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI) A LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS? El establecimiento y mantenimiento de asentamientos civiles en territorio ocupado viola el derecho internacional humanitario, en particular el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su población civil al territorio por ella ocupado, y el artículo 55 del Reglamento de La Haya. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen de guerra el «traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa [...]». La presencia de asentamientos ha ocasionado asimismo violaciones masivas de los derechos humanos de la población palestina local. La comunidad internacional ha instado repetidamente a Israel a detener la construcción y expansión de asentamientos en los Territorios Ocupados.

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En el verano de 2005, AI acogió con satisfacción la retirada por Israel de todos sus asentamientos de la Franja de Gaza y de cuatro pequeños asentamientos del norte de Cisjordania («plan de desconexión»). Al mismo tiempo, observaba que la retirada de unos 8.000 colonos de la Franja de Gaza sólo era una medida limitada, ya que unos 400.000 colonos israelíes vivían en más de 200 asentamientos y «puestos de avanzada» israelíes en toda la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, en contravención del derecho internacional. Para obtener información más detallada sobre la postura de AI respecto a los asentamientos y el derecho internacional, véase: http://web.amnesty.org/library/index/ eslMDE150852003?open&of=esl-isr. ENTONCES, ¿AI PIDE AL GOBIERNO DE ISRAEL QUE DESMANTELE TODOS SUS ASENTAMIENTOS? Sí. El traslado que ha realizado Israel de parte de su población a los Territorios Ocupados viola el derecho internacional, por lo que el primer paso que debe dar Israel

para poner fin a esta violación de derechos humanos es retirar sus asentamientos de los Territorios Ocupados. ¿POR QUÉ NO PIDE AI EL FIN DE LA OCUPACIÓN ISRAELÍ? Amnistía Internacional se centra en documentar y hacer campaña contra las violaciones de derechos humanos, como las que resultan de una ocupación. La idea central de la norma internacional relativa a una ocupación beligerante es que dicha ocupación ha de ser transitoria, durante un periodo limitado, y uno de los principales propósitos de esa norma es permitir que los habitantes de un territorio ocupado lleven una vida lo más «normal» posible. Esto no es lo que ocurre en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde hace 40 años, pues Israel sigue practicando una política de «hechos consumados» (confiscación de tierras, construcción de asentamientos israelíes e infraestructura relacionada) con los que pretende cambiar la demografía de los Territorios Palestinos Ocupados, y que


LA POBLACIÓN PALESTINA BAJO ESTADO DE SITIO

violan los derechos fundamentales de la población palestina, le impiden llevar una vida normal y, en última instancia, hacen que sea infinitamente más difícil encontrar una solución pacífica a este conflicto tan prolongado.

El término «valla/muro» es el que describe con mayor precisión esta estructura que Israel está construyendo en Cisjordania, pues en su mayoría es una valla pero también tiene una parte de muro. La valla/muro no separa a israelíes de palestinos, sino que más bien separa a palestinos de otros palestinos y los aísla de sus tierras y propiedades. Y lo que es más importante, está destinada a anexionar los principales asentamientos israelíes de Cisjordania a Israel y a proporcionar seguridad a los colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales construidos en territorio palestino de Cisjordania. Si su objetivo fuera impedir los ataques en Israel, podría haber sido construida a lo largo de la «línea verde» entre Israel y Cisjordania y no dentro de Cisjordania. Por otra parte, la valla/muro no es en sí misma un sistema de apartheid como tal. ¿SE OPONE AI A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VALLA/MURO POR PARTE DE ISRAEL? Gran parte de la valla/muro se ha erigido dentro de Cisjordania, y no siguiendo la «línea verde» que constituye la frontera entre Israel y Cisjordania. Esto indica que la valla/muro está destinada a incluir los asentamientos israelíes (que en sí mismos también son ilegales en virtud del derecho internacional), y no a impedir la entrada en Israel de palestinos que tengan la intención de cometer atentados suicidas con bombas u otros ataques, tal como afirman las autoridades israelíes. La construcción de la valla/muro en territorio palestino ha tenido consecuencias económicas y sociales devastadoras para la vida diaria de cientos de miles de personas palestinas, pues ha separado a familias y comunidades, unas de otras, las ha aislado de sus tierras y del agua, y las ha dejado en la práctica atrapadas en enclaves y cantones.

© MaanImages/Magnus Johansson

¿POR QUÉ UTILIZA AI EL TÉRMINO «VALLA/MURO» EN VEZ DE «MURO DE APARTHEID», «MURO», «BARRERA DE SEGURIDAD» O «VALLA DE SEPARACIÓN»?

ANTE LOS HORRIBLES ACTOS TERRORISTAS QUE HEMOS VISTO COMETERSE EN ISRAEL DURANTE MUCHOS AÑOS, ¿NO ES LEGÍTIMO QUE EL GOBIERNO ISRAELÍ RECORTE CIERTOS DERECHOS PARA PODER PROTEGER A SU PROPIA CIUDADANÍA? Los gobiernos tienen el deber de proteger a las personas de los ataques y de llevar ante la justicia a los responsables. No obstante, también tienen la obligación de actuar respetando el Estado de derecho y las obligaciones que han contraído en materia de derechos humanos. Si no actúan así, socavan la justicia y allanan el camino a los agresores, pues destruyen precisamente los valores y principios que están siendo atacados. Generan resentimiento y aíslan comunidades de las cuales los agresores podrán obtener apoyo. No hay pruebas que demuestren que violar los derechos humanos hace aumentar la seguridad; los indicios apuntan más bien a lo contrario. El marco internacional de los derechos humanos da a los gobiernos toda la flexibilidad que necesitan para responder de forma legal y efectiva a circunstancias excepcionales. No es necesario salirse de ese marco establecido. MUCHOS SOLDADOS SE NIEGAN A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES MILITARES EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS, ASUMIENDO CON ELLO EL RIESGO DE SER JUZGADOS Y ENCARCELADOS. ¿CONSIDERA AMNISTÍA INTERNACIONAL QUE ESTOS

SOLDADOS SON PRESOS DE CONCIENCIA? Amnistía Internacional considera objetores de conciencia y presos de conciencia a los reclutas israelíes que se niegan a prestar servicio por motivos de pacifismo absoluto y que a causa de ello son encarcelados, del mismo modo que también considera objetores de conciencia y presos de conciencia a los reclutas y reservistas israelíes que son encarcelados por negarse a prestar servicio en razón de que no desean cometer ni participar en la violaciones generalizadas de derechos humanos que el ejército israelí comete en los Territorios Ocupados, incluidos actos que constituyen crímenes de guerra. SI JERUSALÉN ES LA CAPITAL DE ISRAEL, ¿POR QUÉ AMNISTÍA INTERNACIONAL SE REFIERE A JERUSALÉN ORIENTAL COMO UNA ENTIDAD SEPARADA? Jerusalén Oriental es parte del territorio cisjordano ocupado por Israel en junio de 1967 y, conforme al derecho internacional, sigue siendo territorio ocupado, independientemente de la decisión de Israel de anexárselo unilateralmente. La ONU y la comunidad internacional en general coinciden en este punto de vista, siendo Israel el único que mantiene lo contrario.

1 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Soportando la ocupación: la población palestina, bajo sitio en Cisjordania (Índice AI: MDE 15/028/2007), http://web.amnesty.org/ library/Index/ESLMDE150282007. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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Miembros de AI Francia participaron junto con otras ONG, como Reporteros sin Fronteras y Comité Chechenia, en una concentración frente a la Embajada Rusa. El propósito de la protesta era condenar el asesinato de la periodista y defensora de los derechos humanos rusa Anna Politkovskaya, 9 de octubre de 2006. © AI

Más poderosa que la espada: La lucha por la libertad de prensa ACT 60/010/2007

N el año 2006, los homicidios de periodistas y trabajadores de medios de comunicación alcanzaron niveles históricos: según la Federación Internacional de Periodistas se produjeron no menos de 155 asesinatos, homicidios de personalidades del sector y muertes no explicadas. En las guerras, los periodistas son frecuentemente «blancos fáciles». El trabajo de un periodista consiste en informar, lo que a menudo supone que,

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cuando la mayoría de las personas huyen del peligro, los periodistas se cruzan con ellas en el camino en dirección a los combates. Es fácil olvidar que, sin embargo, los periodistas son civiles. Cuando a los periodistas se les dispara deliberadamente, se los toma como rehenes o se los encarcela por el simple hecho de hacer su trabajo, se está cometiendo un delito. Cuando los periodistas sufren estas violaciones de derechos durante un conflicto armado, constituyen graves infracciones de los

Convenios de Ginebra: son crímenes de guerra. Sin embargo, en todo el mundo, estén en guerra o en paz, muy pocos Estados se toman en serio sus obligaciones. En situaciones de conflicto abierto, como en Irak y Afganistán, en vez de ofrecer protección ante los graves peligros a los que se enfrentan los periodistas, las autoridades restringen su capacidad para informar libremente. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la


MÁS PODEROSA QUE LA ESPADA: LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE PRENSA

libertad de expresión. Una prensa libre es un componente fundamental de la libertad de expresión, y es igualmente importante como elemento clave en la protección de todos los derechos humanos. El conjunto de la sociedad sufre las consecuencias cuando se mata a los periodistas con impunidad, y la censura y el miedo reprimen la libertad de expresión. Éstas son las condiciones en las que prosperan el abuso de poder y la injusticia. SITUACIONES DE CONFLICTO En Irak, según informes recibidos, al menos 64 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron víctimas de homicidio en 2006, lo que elevó a no menos de 139 el total de muertos desde la invasión en marzo de 2003. A algunos los mataron tropas de Estados Unidos y fuerzas iraquíes mientras cubrían los combates entre estas tropas y los insurgentes, pero a la mayoría los mataron grupos armados opuestos al gobierno y a la presencia de tropas extranjeras, o milicianos pertenecientes a grupos religiosos chiíes. En Afganistán, el deterioro de la seguridad ha convertido la intimidación, el hostigamiento y la violencia en una realidad cotidiana para periodistas y defensores de derechos humanos afganos. El gobierno y el recién creado Parlamento han llevado a cabo intentos de restringir toda labor informativa que pueda ofrecer una mala imagen sobre ellos. CASOS DE MÉXICO Y CUBA Pero los periodistas no sólo corren peligro en situaciones de conflicto abierto. En México, al menos 11 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de 2006 y otros han sido secuestrados. Los periodistas que denuncian la corrupción y las actividades de las redes de delincuencia organizada corren especial peligro. En Rusia, donde el asesinato de la periodista de derechos humanos Anna Politkovskaya puso de relieve la situación de la libertad de prensa en el país, informar sobre las violaciones de derechos y la disidencia es, en el mejor de los casos, difícil, y a menudo peligroso. Periodistas que han informado sobre las recientes «marchas de disidentes» han sido detenidos, y varios periódicos han recibido advertencias por publicar información sobre movimientos de opo-

sición y dar voz a opiniones discrepantes. Los servicios de inteligencia de Nigeria han efectuado redadas en emisoras de radio y televisión interrumpiendo programas, confiscando cintas, intimidando, deteniendo o propinando palizas a periodistas demasiado críticos con el gobierno y el presidente. En Cuba, trabajar para una agencia de prensa no autorizada oficialmente también puede causar problemas, como descubrió Pablo Pacheco en marzo de 2003. Tras un período de aparente cambio hacia una situación más abierta y permisiva, ese mes las autoridades llevaron a cabo una campaña de represión sin precedentes contra el movimiento disidente de la isla. Pacheco, que trabaja para una agencia llamada Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes, fue una de las 75 personas condenadas durante este periodo. Fue condenado a 20 años de prisión y sigue en la cárcel. Pablo Pacheco es uno de los 13 periodistas cubanos encarcelados a los que Amnistía Internacional ha reconocido como presos de conciencia. Los trabajadores de los medios de comunicación de Zimbabue viven con el miedo constante de ser detenidos, torturados o asesinados por informar sobre la crisis de derechos humanos que sigue afectando a este país. FALSAS ACUSACIONES Es frecuente que a los periodistas se los acuse injustamente de delitos comunes con el fin de perseguirlos por su trabajo. Sakit Zakhidov, conocido periodista de la oposición de Azerbaiyán, fue encarcelado tras ser acusado de posesión de heroína, que al parecer le habían colocado para inculparlo. No fue objeto de un juicio justo, y es posible que haya sido encarcelado únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. (Véase AU 179/06, EUR 53/006/2006, de 27 de junio de 2006.) Para los periodistas de algunos países, el mero contacto con el mundo exterior puede tener graves consecuencias. El periodista iraní Ali Farahbakhsh fue detenido y condenado tras regresar de una conferencia patrocinada por una ONG en Bangkok sobre gobiernos y medios de comunicación. (Véase AU 40/07, MDE 13/018/2007, del 16 de febrero de 2007, y sus actualizaciones.)

Posiblemente el caso más conocido del mundo sea el del periodista chino Shi Tao, detenido en 2004 por enviar un mensaje de correo electrónico a un sitio web extranjero y acusado de «divulgar ilegalmente secretos de Estado en el extranjero». El mensaje describía las instrucciones que él y otros periodistas habían recibido del Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino sobre cómo debían informar de los actos de conmemoración del aniversario de la matanza de la Plaza de Tiananmen. En 2005 fue condenado a 10 años de cárcel tras un juicio injusto. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. En los últimos meses, las autoridades chinas han intentado endurecer más los controles sobre Internet. A esto le ha seguido una mayor censura sobre determinados sitios web, blogs y artículos en línea. En marzo se cerró www.ccztv.com, un sitio web que retransmitía noticias por Internet.

Secuestrado

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L periodista de la BBC Alan Johnston, secuestrado por hombres armados palestinos el 12 de marzo (véase AU 81/07, MDE 21/005/2007, del 5 de abril de 2007, y sus actualizaciones), se ha convertido en símbolo de los peligros a los que se enfrentan los periodistas en las zonas de conflicto. El 5 de julio Johnston fue liberado tras 16 semanas de secuestro.

Surendra Phuyal, reportero de la BBC en Nepal muestra la foto de Alan Johnston durante una manifestación. © AI

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Seis ONG publican los nombres de 39 «desaparecidos» tras ser detenidos en secreto por Estados Unidos AMR 51/099/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510992007

EIS destacadas organizaciones de derechos humanos1 revelaron el pasado 7 de junio los nombres de 39 personas «desaparecidas» tras ser detenidas en secreto por Estados Unidos. Lo hicieron en un informe titulado Sin rastro oficial: Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la «guerra contra el terror» (publicado con el índice de AI: AMR 51/093/2007). Entre ellos figuran ciudadanos de países como Egipto, España, Kenia, Libia, Marruecos o Pakistán. Se cree que han sido detenidos en países como Irak, Irán, Pakistán, Somalia o Sudán y trasladados a centros secretos de detención estadounidenses. El informe destaca aspectos del programa de detenciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que el gobierno estadounidense ha tratado activamente de ocultar, como los lugares donde podrían haber permanecido recluidos algunos detenidos, los malos tratos que sufrieron y los países a los que posiblemente hayan sido trasladados.

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HASTA NIÑOS DE SIETE AÑOS Asimismo, revela que se ha recluido en secreto a familiares de detenidos, incluso a esposas y a niños de tan sólo siete años. En septiembre de 2002 se detuvo a los dos hijos pequeños de Khalid Sheikh Mohammed, de siete y nueve años de edad. 1 Amnistía Internacional, Cageprisoners, Centro de Derechos Constitucionales, Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Human Rights Watch y Reprieve.

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Según testigos, los dos permanecieron recluidos en un centro de detención para adultos durante al menos cuatro meses mientras agentes estadounidenses los interrogaban sobre el paradero de su padre. Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han interpuesto una demanda ante un tribunal federal, con arreglo a la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información, para pedir que se hagan públicos los datos relativos a los detenidos «desaparecidos».

EL PROGRAMA CONTINÚA OPERATIVO El traslado de Abd al-Hadi al-Iraqi de la custodia de la CIA a Guantánamo, efectuado en abril de 2007, pone de manifiesto que el programa continúa operativo a pesar de que algunos detenidos hayan sido trasladados a prisiones situadas en otros países, posiblemente como forma de detención por encargo. Según el informe, algunos detenidos en paradero desconocido podrían haber sido enviados a países donde corren el

Moazzam Begg, portavoz de la organización Cageprisoners y ex detenido de Guantánamo: «Representar a personas detenidas por la democracia más poderosa del mundo se ha convertido en un ejercicio de cazar fantasmas, más que en la tarea de lograr que se imparta justicia. Conceptos tales como ‘hábeas corpus’ no tienen significado alguno para las personas detenidas en ‘lugares negros’». DEMANDA Se sabe que los documentos existen. En septiembre de 2006, el presidente George W. Bush reconoció públicamente la existencia de prisiones secretas administradas por la CIA; 14 detenidos de esos centros fueron trasladados a Guantánamo, y el Departamento de Justicia estadounidense ha realizado un análisis en el que concluye que el programa de detenciones secretas es legal. Sin embargo, las autoridades estadounidenses nunca han publicado información sobre la ubicación de las prisiones, la identidad de los detenidos ni los métodos de interrogatorio utilizados.

riesgo de sufrir tortura y donde continúan recluidos en secreto, sin cargos ni juicio. Las entrevistas con individuos que han estado recluidos en prisiones secretas de la CIA pero después han quedado en libertad indican que con frecuencia se ha detenido a sospechosos de escasa importancia lejos de los campos de batalla y se los ha recluido en régimen de aislamiento durante años, sin permitirles que presentasen recurso jurídico alguno ni que mantuviesen contacto con sus familiares o con organismos externos. Quienes han recuperado la libertad no han recibido reconocimiento alguno de su detención ni resarcimiento jurídico o económico de ninguna clase.


Vigésimo aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura

Importantes logros, tremendos desafíos IOR 51/004/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR510042007

L pasado 26 de junio de 2007 se celebró el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en 1984 tras una larga campaña por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Hasta la fecha, 144 países de todas las regiones del mundo han ratificado la Convención y 8 Estados más la han firmado. Su adopción ha contribuido a que varios tratados regionales prohíban la tortura, y a que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional la incluya como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.

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y también como delito, que supone infligir intencionadamente dolores o sufrimientos graves con el fin de castigar, intimidar u obtener información, cuando son infligidos por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento. Exige que cada Estado Parte adopte medidas para impedir los actos de tortura, deja claro que «[en] ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales» como justificación de la tortura, y excluye la posibilidad de invocar como justificación la orden de un superior (artículo 2). El artículo 3 prohíbe la expulsión, extradición o devolución (de una persona a un lugar en el que corra peligro de ser sometida a tortura, y el artículo 4 exige que

La Convención deja claro que «en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales» como justificación de la tortura.

plir la ley (artículo 10), garantizar la reparación a las víctimas (artículo 14) y excluir de los procedimientos toda declaración obtenida mediante tortura, salvo para demostrar que se ha cometido tortura (artículo 15). AVANCE EN 2006 El 22 de junio de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, adoptado el 18 de diciembre de 2002. Hasta la fecha, 56 Estados han firmado el Protocolo y 34 lo han ratificado o se han adherido a él. Este Protocolo encomienda a expertos internacionales independientes la realización de visitas periódicas a lugares de detención de los Estados Partes, y exige a los Estados Partes que establezcan un mecanismo nacional con el cometido de realizar visitas a los lugares de detención y cooperar con los expertos internacionales. DESAFÍOS

El Comité contra la Tortura de la ONU examina periódicamente los informes presentados por los Estados Partes sobre el cumplimiento de la Convención, y examina las quejas individuales de personas que afirman haber sufrido tortura. La ONU ha nombrado un relator especial sobre la tortura. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES La Convención define la tortura (artículo 1) como violación de derechos humanos

todos los actos de tortura se tipifiquen como delito en la legislación. Los Estados deben abrir una investigación cuando se encuentre en su territorio a una persona sospechosa de cometer tortura (artículo 6), deben establecer la jurisdicción universal sobre dicha persona (artículo 5.2) y, si no se procede a su extradición, deben someter el caso a su ministerio público (artículo 7.1). Los Estados deben proporcionar formación sobre la prohibición de la tortura a todo el personal encargado de hacer cum-

Sin embargo, la tortura sigue siendo una lacerante realidad en muchos países del mundo. AI denunció su uso en 102 de los 153 países examinados en su último Informe Anual. Otro desafío lo constituyen los intentos por parte de algunos de poner en tela de juicio la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, por ejemplo argumentando que tales prácticas son armas imprescindibles en la «guerra contra el terror». AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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Las empresas deben rendir cuentas Irene Khan (secretaria general de AI) IOR 10/004/2007 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR100042007

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, desafió a los dirigentes de empresas de todo el mundo a que intensifiquen sus esfuerzos por incorporar la responsabilidad social a la actividad empresarial. Lo hizo durante un discurso pronunciado en la sesión de apertura de la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial, una iniciativa de la ONU concebida para animar a las empresas a adoptar políticas socialmente responsables, que publicamos, resumido, a continuación.

A globalización económica moderna ha transformado radicalmente nuestro mundo y nos plantea nuevos y complejos desafíos, entre ellos, el impacto y la influencia de las empresas en los derechos humanos. Vivimos en un mundo peligroso, amenazado y dividido: peligroso a causa de la violencia, los conflictos y la inseguridad; amenazado por la degradación medioambiental; y dividido por las disparidades y la pobreza. Estos elementos generan graves problemas de derechos humanos. Por ello, es absolutamente vital que las empresas incorporen los derechos humanos a su programa de trabajo y que la ONU incluya en su agenda el impacto de las empresas en los derechos humanos. El valor del Pacto Mundial tiene dos vertientes: cuenta con el respaldo de la ONU y es una iniciativa verdaderamente de ámbito mundial. La imagen de la ONU es muy valiosa y poderosa, y ha atraído al Pacto a compañías de todo el mundo. El Pacto Mundial es una importante iniciativa pionera de la ONU: es audaz, pues se adentra en ámbitos previamente ajenos a la ONU. Asimismo, el Pacto proporciona a las empresas una forma novedosa de comprometerse con numerosas partes inte-

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resadas, como la sociedad civil, y de entender su papel en la sociedad. [...] La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿se está desarrollando al máximo este potencial? Creo que todas las personas coincidimos en que debemos esforzarnos mucho más por convertir el Pacto Mundial en un verdadero acuerdo en favor de una conducta empresarial socialmente responsable. [...] DISPUESTAS A APRENDER Muchas empresas del Pacto Mundial están verdaderamente dispuestas a aprender y a mejorar su conducta, pero lamentablemente otras muchas creen que pertenecer al Pacto les otorga automáticamente un sello de aprobación sin importar lo que hagan. Cuando eso ocurre, se resiente la integridad del Pacto. No basta con que el Pacto se dedique simplemente a enseñar e insistir en la transparencia y la revelación voluntaria de información, para luego dejar las cosas como están. Resulta fácil firmar principios cuando nadie va a pedir cuentas si no se cumplen. El Pacto Mundial debe encontrar modos de hacer que las empresas participantes rindan cuentas del cumplimiento de los

principios establecidos en él. El procedimiento de expulsión que se ha puesto en marcha recientemente constituye un paso hacia la integridad, pero está basado en gran medida en criterios técnicos y procedimentales, y no se está aplicando para garantizar el cumplimiento de las cuestiones de fondo. La experiencia demuestra que las iniciativas voluntarias que incorporan mecanismos de cumplimiento gozan de mucha más credibilidad que las que únicamente contienen exhortaciones. [...] Amnistía Internacional anima a los participantes a considerar la posibilidad de establecer un sólido mecanismo de revisión de pares. Las empresas que demuestren tener una mejor conducta pueden ayudar a subir el listón fomentando la rendición de cuentas en el entorno empresarial. Es hora de reforzar el cumplimiento de los principios. La imagen de la ONU es valiosa, y tanto la ONU como las empresas tienen la responsabilidad de asegurarse de que no hay oportunistas en el Pacto. VOLUNTARISMO El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria. Las iniciativas voluntarias son importantes pero, por muy buenas que


LAS EMPRESAS DEBEN RENDIR CUENTAS

sean, siempre tendrán las limitaciones inherentes al hecho mismo de ser voluntarias: por definición implican un enfoque de «inclusión consentida» (y, por lo tanto, está implícita la posibilidad de que las empresas decidan quedarse al margen). Estas iniciativas no abordan, ni pueden abordar, el problema de las empresas «rezagadas», que no se sumarán a ellas. [...] Aunque Amnistía Internacional apoya las iniciativas voluntarias, insiste en que la ONU debe adoptar medidas de ámbito mundial sobre empresas y derechos humanos que sean de aplicación para todas las empresas sin límite de fronteras, independientemente de que tengan actividades en China o Canadá, Malawi o Suiza. Tales medidas globales proporcionarán a los gobiernos directrices claras y comunes sobre cómo abordar la conducta corporativa en relación con los derechos humanos. Contribuirán a generar una situación de igualdad, a crear expectativas comunes, y a forjar confianza entre los clientes, los accionistas, los inversores y la comunidad. Los gobiernos son los principales responsables de garantizar los derechos humanos; la elaboración de normas de ámbito mundial sobre responsabilidad social de las empresas en materia de derechos humanos también ayudará a clarificar y fortalecer sus deberes para con las empresas y las personas. Por ello, Amnistía Internacional espera que, pese a que es una iniciativa voluntaria, el Pacto como tal y sus miembros, en tanto que empresas individuales, apoyen la elaboración de medidas vinculantes de ámbito mundial y contribuyan a su desarrollo en el seno de la ONU. Muchas voces del mundo empresarial recelan de la adopción de reglamentos adicionales, y en especial, de los que procedan del derecho internacional. Pero las empresas saben cuán valiosa es la presencia del derecho internacional en un mundo globalizado. Han respaldado el desarrollo del derecho internacional para proteger sus inversiones. En los últimos diez años ha aumentado de forma significativa la dimensión y el alcance del derecho internacional económico. Numerosos acuerdos de inversión, acuerdos comerciales y mecanismos de arbitraje internacionales brindan mayor protección jurídica internacional a los inversores.

Es vital adoptar un enfoque sólido, coherente y completo para la credibilidad de la ONU y del Pacto Mundial.

NORMAS INTERNACIONALES Lamentablemente, sigue habiendo demasiadas compañías que se oponen a la elaboración de normas internacionales destinadas a proteger los derechos humanos. El Pacto Mundial, como conjunto de responsables empresariales comprometidos con la ONU y el derecho internacional, puede hacer mucho por cambiar estas actitudes y opiniones. Por último, conviene reconocer que el Pacto Mundial es una de las piezas de un rompecabezas mucho mayor. Todas las partes implicadas –la ONU, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil– debemos concentrar nuestra energía en abordar las demás piezas del puzle, entre las que cabe destacar la responsabilidad de los gobiernos. [...] La sociedad civil ha perdido la confianza en la responsabilidad social de las

empresas. Fuera de esta sala, muchas son las voces que se preguntan si existe un compromiso real con la responsabilidad social corporativa. El secretario general de la ONU ha descrito el Pacto Mundial como la más amplia iniciativa mundial de responsabilidad cívica empresarial. Para que de verdad esté a la altura de un título tan magnificente, esta iniciativa ha de realizar más esfuerzos para granjearse la confianza de la ciudadanía de todo el mundo. Confío en que, bajo el liderazgo del secretario general, la ONU se esfuerce por reforzar el enfoque voluntario del Pacto Mundial y, al mismo tiempo, trabaje activamente para promover la adopción de normas de ámbito mundial sobre la responsabilidad social de las empresas en materia de derechos humanos que los gobiernos puedan hacer cumplir de forma integral. AMNISTÍA. N.° 86. AGOSTO 2007

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The Economist y la polémica de los derechos económicos, sociales y culturales La influyente revista The Economist divulgó el pasado marzo un artículo y un editorial en el que se atacaba el enfoque utilizado por AI en su trabajo sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Según la publicación, «alimento, trabajo, vivienda, seguramente todas son necesidades. Pero no resulta de ninguna utilidad llamarlos ‘derechos’. Cuando un gobierno encierra a una persona sin un proceso justo, está claro quién es la víctima, el perpetrador y el remedio. Esta claridad difícilmente es aplicable a los ‘derechos’ sociales y económicos. Es ya bastante difícil determinar si estos derechos han sido violados, más difícil todavía es determinar quién debe remediarlo, o cómo». Los artículos no sólo desencadenaron un debate internacional sobre estos aspectos, sino que provocaron también que una amplia variedad de personas y organizaciones se unieran en la defensa común del trabajo de AI. Publicamos a continuación, resumidas, algunas de las réplicas enviadas al director de The Economist.

Señor Director: En mi calidad de firme simpatizante de Amnistía Internacional que alentó a la organización a ampliar el ámbito de su labor para abarcar el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, discrepo de su análisis sobre los esfuerzos de Amnistía en esta esfera. La afirmación de que el acceso al empleo, la vivienda y los servicios de salud no es un derecho fundamental no puede estar más lejos de la verdad. Para destacar un solo ejemplo: el derecho a la salud, o el derecho más limitado al acceso a los servicios de salud, está

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reconocido hoy en día en las constituciones de casi 100 países. La afirmación de que «no sirve para nada» llamar «derechos» a estas «necesidades» tampoco se ajusta a la realidad. Las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional disponen de abundantes datos que demuestran que las acciones destinadas a aumentar la atención que se dedica a los derechos económicos, sociales y culturales apoyan los esfuerzos en pro del desarrollo al centrarse en los sectores desfavorecidos y proporcionar parámetros para pedir cuentas a los gobiernos

por la ausencia de progreso en los indicadores de salud a lo largo del tiempo. [...] ¡Podría sorprenderles comprobar hasta qué punto algunos líderes empresariales se toman en serio los derechos económicos y sociales! Mary Robinson, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex presidenta de Irlanda y actual presidenta de «Realizar los Derechos: Iniciativa para una Globalización Ética»


THE ECONOMIST Y LA POLÉMICA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

Señor Director: Su editorial «Stand up for your rights» y su artículo «Many rights, some wrong» están plagados de inexactitudes. [...] A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional ha reconocido siempre tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos. Las políticas de la Guerra Fría erigieron un falso muro entre los dos conjuntos de derechos, pero el mundo ha avanzado desde entonces. [...] Al contrario de lo que afirma su artículo, AI no adopta postura alguna sobre los sistemas políticos o económicos, sino sobre el impacto que ellos tienen sobre los derechos humanos de las personas. En 2001, tras consultar a sus miembros, AI decidió ampliar su ámbito de acción con el fin de aumentar la eficacia de su labor en favor de individuos. Para el hombre que es víctima de un

desalojo forzoso en Zimbabue, el derecho a la vivienda no es menos real que el derecho a no ser víctima de la brutalidad policial. Para la mujer violada en la República Democrática del Congo, su demanda de asistencia médica no es menos prioritaria que su reclamación de justicia. AI emprendió su campaña en pro de la abolición de la pena de muerte en una época en que las ejecuciones eran aceptadas tanto en la ley como en la práctica. Hoy marchamos a la vanguardia en la esfera de los derechos humanos con nuestras campañas. [...] Nuestro informe sobre los homicidios de mujeres en nombre del «honor» en Pakistán fue una iniciativa pionera en la defensa del derecho a la vida. Nuestros informes sobre Zimbabue y Corea del Norte sacaron a la luz la manipulación del acceso a los alimentos como instrumento para hacer pasar hambre a los disidentes. Nuestro informe sobre la pobla-

ción migrante de China mostró la otra cara del desarrollo económico de este país. Nuestra organización fue una de las primeras en documentar el uso de la violación como arma de guerra en Darfur. También estuvimos entre los primeros en pedir el cierre del centro de detención de Guantánamo y poner al descubierto la connivencia entre ciertos gobiernos europeos y Estados Unidos en las «entregas extraordinarias» organizadas por este país. [...] Nuestros miembros y simpatizantes siguen aumentando, al igual que nuestra recaudación de fondos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¡No es precisamente el síntoma de una organización sin rumbo! Lilian Gonçalves, presidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional

«No es de extrañar que organizaciones de derechos humanos como Amnistía hayan ampliado el ámbito de su labor para abarcar los derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que organizaciones dedicadas al desarrollo como Oxfam hayan adoptado un enfoque basado en derechos que va más allá de los síntomas de la pobreza para abordar sus causas fundamentales.» Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam Internacional

Jeremy Hobbs. © Carolina Penafiel/Control Arms

Señor Director: [...] Liberada por el final de la Guerra Fría, nuestra interpretación de los derechos humanos está madurando. Las técnicas de acción tradicionales en materia de derechos humanos que Amnistía Internacional viene utilizando desde los años sesenta –campañas de envío de cartas, adopción de casos que ponen a prueba la justicia, y otras–

siguen siendo necesarias en relación con todos los derechos humanos. Pero, además, se están perfeccionando nuevos enfoques y capacidades que permitirán exigir de una manera más eficaz la rendición de cuentas de los Estados en lo relativo a derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Amnistía fue pionera en la esfera de los derechos humanos en la década de

los sesenta. Hoy, al tomar en serio los derechos económicos, sociales y culturales, sigue estando en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Paul Hunt, relator especial de la ONU sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud

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THE ECONOMIST Y LA POLÉMICA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

Señor Director: Me ha decepcionado leer en su artículo del 22 de marzo de 2007 las críticas que se formulan a Amnistía Internacional por su apoyo a los derechos sociales y culturales. En Sudáfrica, el reconocimiento de estos derechos en nuestra Constitución ha tenido efectos directos y beneficiosos sobre la modalidad de implementación de programas de vivienda, salud y seguridad social. En 2000, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica censuró la política de vivienda del gobierno, encomiable en sus demás aspectos, por no hacer previsiones adecuadas para los sectores más pobres de nuestra sociedad y para las personas que habían quedado sin techo debido a catástrofes naturales.

En 2002, el Tribunal ordenó al gobierno que procediera de inmediato a poner a disposición de todas las mujeres embarazadas un fármaco antirretroviral para la prevención de la transmisión del VIH/sida a sus bebés durante el parto. En 2004, el Tribunal ordenó al gobierno que pusiera el sistema de prestaciones de seguridad social a disposición, no sólo de la ciudadanía, sino también de todos los residentes permanentes. En general, el gobierno respetó estas órdenes y, como resultado de ello, un número considerable de personas se han beneficiado en nuestro país. Asimismo, en India algunos jueces activistas, magistrados del Tribunal Supremo, han afirmado la existencia de derechos sociales y económicos justiciables derivados del derecho a la vida consagrado en la Constitución

del país. De esto se ha beneficiado un elevado número de personas. Sin por ello restar importancia a los derechos de primera generación como la libertad de palabra, las elecciones libres y el debido proceso legal, alabo a Amnistía Internacional por prestar su apoyo a derechos sociales y económicos que no son en modo alguno una «distracción» y que complementan a los derechos tradicionales de los que The Economist siempre ha sido paladín. Juez Richard Goldstone, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y ex fiscal jefe de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia

«¡Podría sorprenderles comprobar hasta qué punto algunos líderes empresariales se toman en serio los derechos económicos y sociales!» Mary Robinson, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Robinson. © AI

Señor Director: «Stand up for your rights» se las arregla para repetir no menos de ocho mitos y malentendidos sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), derechos que forman un todo indivisible con los derechos civiles y políticos (DCP). 1) Históricamente, es incorrecto llamarlos «nuevos»: los DESC han formado parte del derecho y el activismo de los derechos humanos al menos desde la Revolución Francesa, y han figurado en un lugar destacado en la segunda declaración de derechos de Roosevelt y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 2) Su utilidad ha quedado demostrada cada vez que las personas a las que se les ha negado su disfrute los han reclamado como cuestión de derecho y no de caridad. 3) Es posible que los responsables de velar por la realización del derecho a la salud no sean tan fáciles de identificar como los torturadores, pero pueden encon-

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trarse. 4) Las violaciones y los remedios también se pueden identificar, como cuando el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, apoyándose en los DESC, obligó al gobierno de ese país a proporcionar fármacos para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. 5) El coste impositivo para el contribuyente es igualmente considerable en el caso de los DCP, ya que un sistema electoral o judicial que funcione adecuadamente no es barato. 6) No es imprescindible creer incondicionalmente en el socialismo para reconocer lo que Cuba y China han hecho por los DESC, al tiempo que se deplora su trayectoria en materia de DCP; muchos países occidentales se han puesto a la altura del desafío al garantizar los DESC sin comprometer sus economías de libre mercado, y su adhesión a todos los derechos humanos da credibilidad a sus llamamientos a los países que pronto serán ex comunistas para que hagan lo

mismo. 7) El valor instrumental de la «política abierta» (es decir, los DCP) a la hora de asegurar que el gobierno satisfaga las necesidades básicas de carácter social y económico, se ve igualado por el papel instrumental de los DESC a la hora de hacer que las libertades políticas sean auténticas y efectivas para una ciudadanía saludable y educada. 8) Sobre la justiciabilidad, pregunten a los detenidos de Guantánamo o Abu Ghraib. [...] Lo que Occidente realmente necesita oír no es una ridiculización, sino el mensaje empoderador de una comprensión holística de los derechos humanos, que incluye la interdependencia de los DESC y los DCP. Stephen P. Marks, profesor de Salud y Derechos Humanos y miembro del Comité Universitario de Estudios sobre Derechos Humanos de la Universidad de Harvard


El movimiento de derechos humanos es un baluarte contra el miedo. Propugna la unidad frente a la división, la solidaridad frente al interés personal, la esperanza frente a la desesperación. La política del miedo dominó durante 2006, pero millones de activistas se unieron y trabajaron para defender los derechos de todas las personas. Este informe da cuenta del estado del mundo en 2006 y de los avances en la defensa de los derechos humanos. El Informe 2007 de Amnistía Internacional está disponible en formato libro (ISBN 978-84-96462-14-4), en formato digital (CD) y también es accesible vía web en: http://thereport.amnesty.org/esl/ Homepage.

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AMNISTÍA INTERNACIONAL Revista 86 - agosto / septiembre 2007