Corto circuito en la competitividad de las mipymes

Opinión

Por: Ramiro Rueda B. Ing. Eléctrico-MBA

Una empresa, independientemente de su tamaño, es la entidad donde se suman capital y trabajo como factores de producción para desarrollar actividades de servicio, comercio o manufactura. Se puede contextualizar la empresa como el proceso de transformación de las energías, materia prima esencial en productos o servicios para satisfacer necesidades de los clientes.

Según los registros del RUES, existen en Colombia alrededor de 2.528.294 empresas (40% de personas naturales y 60% sociedades), de las cuales tan solo el 0,4%, 10.113, son grandes, y el 99,6% restante son de dimensión micro, pequeña y mediana, mipymes. Estas, responsables de la generación del 81% del empleo y de 45% del PIB de nuestro país, según el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Es un sector nada despreciable para el presente y futuro de nuestra Colombia.

Desde la perspectiva eléctrica, los 67.000 Millones de kWh/año que demanda el país se distribuyen 44% en residenciales, y 49% en industriales y comerciales, y el restante en otros usos. Esa misma demanda, según su tipo de tarifa, se divide en regulada (67%), y no regulada, que negocia precio libremente (33%). Si además analizamos la composición de los 13.512.150 suscriptores al sistema eléctrico nacional, 12.285.000 (91%) son residenciales y 1.119150 son industriales y comerciales (8.3%). De este último grupo, según XM, a diciembre de 2016 estaban registrados en sus fronteras comerciales 5.373 como clientes no regulados, equivalentes al 0,48% de los suscriptores industriales y comerciales, al 0.04% del total de clientes, al 53% de las empresas grandes, o al 0,02% del total de empresas.

Este análisis de magnitudes nos permite llegar a la primera electro conclusión: el 99.98% de las empresas en Colombia y por ende el 100% de las mipymes, están dentro del sector del mercado eléctrico con la tarifa más costosa, la regulada, cuyos perfiles son 40% residencial y 60% industrial y comercial. Tarifas que, según los análisis de Osinergmin, en 15 países latinoamericanos en el último trimestre de 2016 son superiores a las de Venezuela, Paraguay, Argentina, México, Perú, Ecuador, Brasil Guatemala, Costa Rica. Es la sexta más cara de América latina.

La tarifa en Colombia ha crecido en los últimos años 60% por encima del IPC acumulado. Pero si el resultado de 21 años de privatización de servicios en Colombia en tarifas ha entregado este resultado mediocre y poco competitivo, en calidad de servicio, calidad de producto y eficiencia del sistema, el entorno en que viven las mipymes no es mejor.

Tomada de: alromar-energia.es

Según estudios de finales del 2016 de la Comisión Andina Regional –CIER-, se compara la continuidad del servicio en casi 100 empresas de Latinoamérica, encontrando que las interrupciones por año en Colombia llegan a 47, casi una interrupción al mes por cliente, mientras el promedio de éstas empresas es 470% menor. La duración acumulada de esas interrupciones al año en nuestro país alcanza a significar casi un día y medio sin servicio de energía por cliente, 35 horas, cuando el promedio Latinoamérica es de 18; dos veces o 100% peor que este mercado.

En términos de eficiencia del sistema, medida solo en el parámetro de pérdidas totales, estamos igual de rezagados. El valor promedio del país es del 17%, equivalente a tener más de medio Guavio, 1.200 MW, encendido y pagado por todos los clientes como pérdidas técnicas y no técnicas en la tarifa. El promedio en Latinoamérica es 12%, del 70,6% en las nuestras, y en países de la OCDE no más del 6%. Y de la calidad del producto, el kWh, casi no se ha regulado en nuestro país durante estos 21 años, y de la magnitud del voltaje, la frecuencia, el factor de potencia, los harmónicos etc., ni si quiera se hace exigencia alguna.

Así las cosas, el panorama de competitividad que aporta la energía eléctrica en Colombia a las empresas, particularmente a las mipymes, paradójicamente es muy oscuro, un verdadero cortocircuito a su desarrollo. Es triste después del prometedor discurso que promovió cambiar el rol del Estado de empresario a director, regulador y supervisor, para facilitar el modelo privatizador de los servicios públicos, para garantizar el logro de objetivos en el breve plazo, como la libre competencia, tarifas económicas y competitivas, confiabilidad, calidad y cobertura del sistema, que tan solo la cobertura en donde se presentan resultados rescatables, después de tantos años de regular y vigilar, aún no es del 100%. Hay dos razones fundamentales de carácter general a las que se debe este cortocircuito en el desarrollo de las mipymes, explicado por el diseño por parte del Estado:

• Se ha regulado, durante 21 años, en favor de beneficiar y favorecer a las ESP más que a los clientes. Desequilibrio regulatorio y desenfoque de la función. El Estado vía Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, se ha preocupado más de garantizar y defender el ingreso indebido y exagerado de las multinacionales de los servicios públicos que de las tarifas competitivas para los clientes, con el argumento falaz de la estabilidad financiera del negocio.

• El rol de control y vigilancia ha sido no solo famélico y lánguido, sino que se ha cooptado por las agremiaciones, el lobby de las ESP. La falta de estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, y la inocua presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer respetar la libre competencia, impedir los acuerdos colusivos y cartelizados entre empresas, y vigilar la calidad del producto que se entrega a los clientes.

Las principales causas raíz, evidentes y elementales, que desarrollaron estos virtuosos años de regulación y que han facilitado que estas empresas se hayan enriquecido de manera indebida, legal pero no éticamente, de cuenta de todos los colombianos son:

• Modelo de valoración de activos de la Transmisión y la Distribución como reposición a nuevo, VNR, cada cinco años sin considerar depreciación.

• Para determinar el Costo Anual Equivalente de los activos valorados como nuevos, cada cinco años se usa una tasa de descuento o de rentabilidad asegurada, el costo ponderado de capital, WACC, que en nuestra regulación antes de impuestos es alrededor de 13 o 14%, siendo el ponderado equivalente en Latinoamérica el 8 o 9%, o en el mundo del 5 o 6%. La rentabilidad que reconocemos en Colombia a la inversión es 75% mayor que el promedio latinoamericano.

• El costo base unitario para valorar los activos a VNR, llamado unidades constructivas, según estudios de Mercados Energéticos 2011, están sobrevaloradas hasta en un 56% del valor de compra a nuevo del mercado. Y las unidades viejas nunca se deprecian por el contrario el modelo las valorizan con el tiempo y el uso.

• Las tasas de impuestos a la renta consideradas para determinar el WACC y los costos de administración, operación y mantenimiento, AOM, son tasas nominales de entre el 25 y 34%, no se aplican las reales o efectivas que, según estudios de la Dian, Juan Ricardo Ortega 2011, son inferiores al 8%. Tasas 425% superiores a la realidadd.

• La integración vertical de los negocios de generación y distribución con comercialización han generado un negocio contaminado y libre de competencia real. Ha entregado una concentración de poder y un abuso de posición dominante a cuatro o cinco grupos empresariales, que son los dueños de más del 90% de la producción, clientes, infraestructura, ingresos, redes, demanda, etc. Monopolios y oligopolios que abusan y atropellan a clientes, trabajadores y proveedores y que deben ser objeto de ajustar su participación.

• Los proveedores pequeños financian a 90 y 120 días a estas multiempresas.

• En el mundo, los planes de pérdidas son rentables per se, un punto que se recupere de pérdidas no técnicas por la mala gestión comercial, retorna $USD 6 u 8 millones de ingresos adicionales por mayores ventas y menores compras de energía de por vida. En nuestro país estas inversiones las pagamos los usuarios en el componente Pr de la tarifa, sin embargo, ingresos y utilidades se quedan solo en las empresas.

Fuente energiasae.com

• Las pérdidas reconocidas después de 21 años de regulación no pueden ser más que las pérdidas técnicas eficientes, que no son superiores al 4 o 6% en lugar del 17% actual. Lo adicional son ineficiencias de la gestión. Incluso en algunos casos las pérdidas reales son inferiores a las que se reconoce cobrar en la tarifa.

• Con los clientes no se comparten los incrementos en productividad de las empresas que exige la Ley 142/94, Art. 87.1, caso que si ocurre con las pérdidas, procesos de automatización de recaudo, facturación, lectura, corte, reconexión, alquiler de infraestructura a terceros, incrementos salariales inferiores a los reconocidos, etc.

• Se permite incorporar a la tarifa costos de gestión ineficientes como los de los planes de pérdidas o primas de cartera, a pesar de la expresa prohibición de la Ley 142/94, Art. 94, de incluir costos de pérdidas patrimoniales en la tarifa.

• No se desarrollan fórmulas tarifarias simples que faciliten su comprensión, aplicación y control, como lo exige la Ley 142/94, Art 87.5. Este parece ser el secreto del arte de introducir el modelo de la trampa dentro de la ley.

En conclusión, es necesario que el Gobierno corrija de inmediato estas aberraciones que por años han estado en el modelo tarifario de energía eléctrica colombiano, porque el problema de precios en nuestro mercado está en cada una de las componentes de costos exagerados de las etapas de producción de energía eléctrica. Ajustar a estándares internacionales estos errores regulatorios lograría reducir la tarifa mínima un 30% y reconstruirían una parte del ambiente competitivo de la industria y el costo país, particularmente para las mipymes, responsable del 80% del empleo y 45% del PIB, antes de que desaparezcan del todo y solo queden empresas de energía eléctrica.