Política industrial, un tema para el debate electoral

Editorial

Alfredo Castellanos Presidente de la Junta Directiva

Nadie puede negar que en los últimos 25 años Colombia ha vivido un proceso de desindustrialización. No más en los últimos 10 años la participación del PIB industrial en el PIB total pasó de 14,20% a 11,20%, y desde hace muchos años se exportan menos bienes industriales de los que se importan.

Los últimos gobiernos hicieron una misión de expertos para estudiar el tema tributario, otra para diagnosticar la situación del campo (la Misión Rural), pero en el terreno industrial, son desoídas las voces que claman por una política integral, una reindustrialización, o simplemente medidas de fomento, mas la lógica gubernamental es que el mercado y la libre competencia asignarán los recursos, los aptos sobrevivirán, y los que perezcan es que no están a la altura de las exigencias modernas. La única receta es la innovación y el emprendimiento, más como una actitud mental que como un plan metódico y sistemático en un país que dedica menos del 1% de su PIB a la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales pueden ser una oportunidad para reabrir el debate. Estas apenas están por comenzar y se deben ventilar las diferentes posturas. Aunque nadie va a salir a decir que la industria no debe recibir apoyo y que debe ser abandonada a su suerte, habrá forma de identificar qué tan concretas son las propuestas que se van a enfrentar.

Una de ellas es la actitud ante los problemas sectoriales críticos como el de las industrias textil, de confecciones y de calzado, que están amenazadas hace años por las importaciones a precios irrisorios que vienen vía Panamá, y que el Gobierno no ha podido controlar. Intentaron poner un arancel del 40% a las confecciones que costaran 10 dólares o menos el kilo, pero la Cámara Colombiana de la Confección y afines señaló que el 90% de las importaciones se ubican en el rango entre US$10 y US$25, rango en el cual se aplicaría un arancel apenas de 15%. La perspectiva de que esta situación se mantenga para la temporada decembrina, en la cual podría haber un aumento del consumo, preocupa a los empresarios del sector, pero también a los trabajadores y al 1’800.000 personas que dependen del sector. No es solo el problema empresarial, sino el del empleo. Quisiéramos ver a los candidatos comprometidos con este debate.

Otro tema insoslayable es el de los TLC. La Contraloría General de la República acaba de publicar un estudio en el cual hace un balance de estos tratados, en especial los implementados con la Unión Europea y Estados Unidos.

La Contraloría señala, entre muchas otras cosas, que no se cuenta con un programa estructural para promover las exportaciones no minero-energéticas, por lo que no hay una política orientadora para cumplir el objetivo de la diversificación. El ente de control manifiesta que el sector industrial es el más afectado: las exportaciones del sector cayeron US$4.227 millones entre 2011 y 2016 y la canasta exportadora no se ha diversificado, hay una alta concentración en productos minero-energéticos en desmedro de los demás bienes. Resalta también que el índice de concentración con Estados Unidos pasó de 1.447 puntos en 2012 a 1.481 en 2016, y con la Unión Europea pasó de 1.904 puntos a 2.113. En sus conclusiones finales, la Contraloría afirma que el 50% de los gremios dicen que las estrategias del Ministerio no han contribuido al aprovechamiento de los TLC, el mismo porcentaje dice que tampoco ha contribuido a incrementar las exportaciones no minero-energéticas, y el 60% asevera que no existen políticas ni avances en la sofisticación del aparato productivo.

¿Quién responde a esto? ¿Hay un estudio más profundo hecho por el Gobierno? Vale la pena que este tipo de temas sean analizados en la campaña electoral. Los empresarios estamos ávidos de oír soluciones y propuestas.