El peso de la corrupción

Editorial

Alfredo Castellanos Presidente de la Junta Directiva

A raíz de los recientes escándalos de corrupción que han afectado muy diversas áreas de la vida nacional, tales como los procesos electorales, la contratación pública, el desempeño de las gobernaciones, la inversión en ciencia y tecnología, la construcción de carreteras, la refinación de petróleo, entre muchos otros, el Contralor Edgardo Maya señaló, a finales del 2016, que la corrupción en Colombia puede estimarse en un monto de entre 40 y 50 billones de pesos al año, el equivalente a varias reformas tributarias o superior a lo que se pagó el año pasado por el servicio a la deuda (46,7 billones).

En la misma fecha, el Contralor añadió que la sola corrupción en la alimentación escolar en 24 departamentos totalizó el año pasado 62.000 millones de pesos y que un gobernador necesita entre 20.000 y 30.000 millones de pesos para ser elegido. La misma contraloría reportó cerca de 500.000 millones de pesos en manejos irregulares de las regalías en los últimos dos años. Si le añadimos a esto los sobrecostos en Reficar por 4.000 millones de dólares, las pérdidas en Saludcoop, etc., el panorama es desolador.

Desde el punto de vista de los empresarios esto tiene que ver con que la inmensa cantidad de recursos que se desvían del control gubernamental y de la opinión pública y que se canalizan al vaivén del tráfico de influencias y del abuso del poder, no se destinan a mejorar la producción y competitividad del país, sino a engordar el patrimonio personal de quienes se aprovechan de esos mecanismos.

Casi simultáneamente la Cámara Colombiana de la infraestructura señaló en un estudio que los altos costos del transporte representan un sobrecosto para los productores y exportadores, pues hoy en día mover un contenedor Bogotá-Buenaventura cuesta US$1.700 vs. los US$1.100 de los países de la Alianza del Pacífico. Anif construyó un Índice de Competitividad (IC), encontrando que, a pesar del repunte cambiario de 2015-2016, Colombia se encuentra “rajada” en materia de competitividad, al obtener un puntaje de 2.7/5 en la medición más reciente de 2016 (ver Anif 2016b). Con pobres desempeños en: i) capital humano-educación, considerando los mediocres resultados obtenidos por Colombia en las más recientes pruebas PISA; ii) la carga tributaria empresarial, donde las tarifas efectivas llegan a niveles cercanos al 50% después de las reformas tributarias de los últimos años; iii) aspectos institucionales de “facilidad para hacer negocios”.

Según el Banco Mundial, entre el 20 y el 30 por ciento de los costos de producción en Colombia resultan de la mala calidad de la infraestructura de transporte. Este valor es entre el 7 y el 15 por ciento mayor que en países como Ecuador, Perú o Venezuela.

La fuga de dineros a unos cuantos bolsillos, se puede contrastar con la evidencia de una falta de previsión en desastres como los de Mocoa y Manizales donde una adecuada planeación de largo plazo hubiera no solamente evitado la pérdida de vidas humanas, sino inclusive permitido ahorrar dinero.

Si se relaciona esta situación con el comportamiento de la industria, no es de extrañar que los resultados en el primer bimestre del año sean tan preocupantes con un bajón del 7,2% en el comercio y de 3,2% en la industria y 28 de las 39 actividades industriales registraron variaciones negativas. Mientras a los empresarios se deja librados a su suerte y en función de diversas circunstancias, a veces les va bien y otras mal, pero en un ambiente de corrupción que refleja un deterioro institucional y de debilidades estructurales en la infraestructura, en realidad fallan las reglas del juego, se ahuyenta la inversión y se desestimula la actividad empresarial.