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“LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS”

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2006


SEMINARIO “LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS”

Organiza:

Colabora:

Arabako Foru Aldundia Toki Administrazioaren Saila

Diputación Foral de Alava Departamento de Administración Local

EDITA: Juntas Generales de Álava IMPRIME: Imprenta de la Diputación Foral de Álava San Miguel de Acha, 7 01010 VITORIA-GASTEIZ DEPÓSITO LEGAL: VI-210/2007


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SEMINARIO “LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS”

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Prólogo 7

Apertura: D. Jagoba GÓMEZ ALONSO, Director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava y D. Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI, Director de Régimen Local del Gobierno Vasco Presentación del Seminario: D. Javier ARGOTE URZELAI, Presidente de la Asociación de Concejos de Álava. Conferencia: “Antecedentes históricos en la ordenación y la gestión de los montes de Álava en el marco de los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.” Dª Lourdes SORIA SESÉ. Profesora de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco. Conferencia: “La legislación básica de montes; antecedentes normativos y competencias.” D. Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ. Letrado de la Asamblea de Madrid y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Conferencia: “Los montes de Álava, su ordenación y gestión. Especial referencia a la intervención de las entidades locales en cuanto a su conservación” Dª Mª Elena VILCHES PLAZA. Ingeniera de Montes de la Excma. Diputación Foral de Álava.

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Conferencia: “Los aprovechamientos tradicionales (maderables, fogueras, pastos, roturos, aguas, caza, frutos silvestres, hongos, plantas, flores, recursos mineros....) ante el reto de su transformación. El derecho al uso y disfrute de la Naturaleza”. D. Demetrio LOPERENA ROTA. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. Conferencia: “Los montes de Álava: un recursos esencial para las comunidades vecinales. Instituciones tradicionales. D. Jesús Mª GARAYO URRUELA. Sociólogo y autor de diversas publicaciones en relación a los montes de Álava. Conferencia: “La propiedad comunal de los montes y la crisis de las economías rurales. Una visión a medio y largo plazo.” D. Iñaki IRIARTE GOÑI. Profesor del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Clausura del seminario por parte de la Excma. Sra. Doña María Teresa RODRIGUEZ BARAHONA, Presidenta de las Juntas Generales de ÁLAVA.

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PRÓLOGO

Dª. María Teresa Rodríguez Barahona

Las publicaciones vinculadas a los Seminarios que cada año organiza ACOA, con la colaboración de las Juntas Generales de Álava, están tomando ya la forma de una interesante colección de textos sobre aquellos temas que más afectan a nuestras administraciones locales. A lo largo de estas ediciones se han ido analizando temas como los retos ante el siglo XXI, la gestión y administración de los servicios públicos y de su patrimonio, le economía de los concejos o el que se recoge en estas páginas sobre los montes públicos y su valor en el futuro estratégico de nuestros pueblos. Todos ellos aportan su propia capacidad de hacernos reflexionar sobre las entidades más estrechamente vinculadas a las personas a las que sirven y, sobre todo, nos recuerdan la representación directa de las poblaciones en los asuntos colectivos y su papel como órgano de prestación de servicios públicos con el último objetivo de dotarnos de un escenario propio en el que ejercer nuestros derechos en libertad, en pro de la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y, fundamentalmente, en pacífica convivencia.

María Teresa Rodríguez Barahona Presidenta de las Juntas Generales de Alava 7


APERTURA

D. Jagoba Gómez Alonso

Apertura: D. Jagoba GÓMEZ ALONSO, Director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. Los montes en general, como realidad física, ocupan en Alava una superficie de 183.826 ha, lo que supone el 60,5% de la extensión total del territorio. De ellos el 78% son montes públicos, con una superficie de 143.384 ha. Vemos que los montes públicos representan en Álava un conjunto geográfico de gran importancia. Esa importancia física se ha reflejado, como no podía ser de otra manera, en una consideración histórica y jurídica de los montes públicos que va paralela al discurrir de Álava a lo largo de su historia. Ya en época tan lejana como en 1332, en la cláusula XIV de la escritura correspondiente a la Voluntaria Entrega de la provincia a D. Alonso o Alfonso El Onceno se otorga que los montes y seles y prados permanezcan en la propiedad anterior y puedan usar libremente de los mismos. Los usos y aprovechamientos de los montes fueron evolucionando con el correr de los tiempos y el primer reglamento moderno que se redacta en Álava referido a Montes y Plantíos se aprueba por sus Juntas Generales a 11 de julio de 1784, que es refrendado por el Real y Supremo Consejo de Castilla a 12 de noviembre de 1793. A lo largo del siglo XIX se actualizan periódicamente las disposiciones referidas a la Conservación de Montes y Plantíos de la Provincia de Álava, como es el caso del Reglamento de 9


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15 de junio de 1845. Posteriormente y en la segunda mitad del siglo XIX los reglamentos que se refieren a la gobernación y gestión de los montes toman el nombre de Ordenanzas de Montes, de las cuales podemos citar en el siglo XIX las correspondientes a 1884 y 1896. Ya en el siglo XX se aprueban y publican las Ordenanzas de Montes de la Provincia de Álava de los años 1904, 1908, 1911, 1912, 1914, 1919, 1920, 1923 y 1924. Vemos que en ese comienzo de siglo y en un período de tiempo de 20 años se publican nada menos que 9 Ordenanzas de Montes de Álava. Dicha intensidad en la normativización de los usos y aprovechamientos probablemente tiene que ver con la tecnificación que se va imponiendo en el enlace de los siglos XIX y XX y de la que participa la Diputación Foral de Álava. Referencia importante en la salvaguarda de los montes público la constituye la confección del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Álava, cuya formación se dispuso por Real Orden de 3 de agosto de 1898, en base al Real Decreto de 27 de febrero de 1897 y se aprobó por el Ministerio de Fomento en Real Orden de 5 de mayo de 1909. Mediante su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos que formaban parte de él consolidaban su posición de bien público, protegiéndolos de su privatización. Tales montes habían sobrevivido al acoso privatizador de la venta de bienes públicos que tuvo lugar tras las guerras de la primera mitad del siglo XIX y las desamortizaciones de Álvarez Mendizábal, de 1836 y de Espartero y O’Donnell, de 1855, privatización que tuvo menor incidencia en Álava que en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, siendo hoy el día en que esta permanencia en manos públicas de la mayor parte de los montes de Álava es elogiada por su mejor conservación de los recursos naturales albergados en los montes públicos. Desde la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con las modificaciones introducidas por la Ley 10/2006, de 28 de abril, los montes catalogados de utilidad pública y por razones de servicio público son bienes de dominio público o demaniales. Debido a su carácter de dominio público, los montes catalogados son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. Las actividades extractivas que tienen lugar en los montes son aquellos usos y aprovechamientos que podríamos llamar tradicionales y que implican la obtención de los siguientes productos: madera, leña, pastos, roturas, caza y pesca. Una peculiaridad importante que va unida a una extracción ordenada de los productos forestales es que la misma se ciñe a la renta, manteniendo el capital, que ha sido la regla de la selvicultura clásica con la expresión acuñada de “producir conservando”. La figura selvícola tradicional de “producir conservando” se conoce hoy, desde el Convenio de Río de Janeiro de 1992, con el concepto generalizado de la “producción sostenible”, que en este caso concreto de los montes públicos sería posible llevar a cabo, resultando más difícil la producción sostenible en el caso de bienes no renovables.

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Entre los beneficios que al propio monte, a sus titulares y a la sociedad en general ofrecen los montes públicos, además de la producción directa de bienes extractivos objeto de precio de mercado, están los de: Conservar y mejorar el medio montano y las condiciones ecológicas y paisajísticas de los montes y suelos forestales. Mantener y restaurar la cubierta vegetal, mejorar la calidad de los suelos y del agua y evitar la erosión y la desertificación. Mantener el vinculo de la acción forestal con la sociedad rural y procurar el conocimiento del medio natural por parte de la sociedad urbana. Atender a la conservación de los procesos ecológicos esenciales y figuras de protección englobadas en la Red Natura 2000. Mejorar el balance hídrico y la calidad de las aguas protegiendo las cuencas hidrográficas. Mantener y recuperar la fertilidad y estabilidad de los suelos montanos, así como de los rurales en general situados aguas abajo. Promover la formación, el esparcimiento y el ocio respetuoso de las personas. Vemos, en resumen, que los montes públicos suponen un cumúlo de bienes patrimoniales, de cuya historia, protección jurídica e instituciones administrativas, ordenación y gestión, usos y aprovechamientos e implicaciones económicas y ecológicas nos van a hablar los ponentes de este seminario, cuya apertura tenemos el honor de encabezar. D. Jagoba GÓMEZ ALONSO. Director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

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APERTURA

D. José Mª Endemaño Aróstegui

D. Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI, Director de Régimen Local del Gobierno Vasco. En primer lugar, quisiera agradecer, a la Asociación de Concejos de Álava, la oportunidad de inaugurar, juntamente con el Director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, este Seminario sobre los Montes Públicos en Álava. En estas jornadas, personas expertas procedentes de la Universidad y de la propia Administración Foral alavesa van a analizar los montes públicos de Álava desde distintos puntos de vista: antecedentes históricos; legislación aplicable; su ordenación y gestión; papel de los concejos en su conservación; aprovechamientos tradicionales; su importancia como recurso para las comunidades vecinales; su previsible evolución en los próximos años, en esta fase de crisis de las pequeñas economías rurales que estamos viviendo; así como otras muchas cuestiones que estoy seguro que saldrán a lo largo de estos días de estudio. Pienso que no es casual que sea la Asociación de Concejos la que organice este seminario, dada la estrecha vinculación de los montes alaveses a la vida de los concejos; también desde el punto de vista administrativo, éstos tienen atribuida la competencia de policía de caminos rurales, montes, fuentes y demás bienes de uso y de servicio público propios del concejo; así como la administración, conservación y regulación de su patrimonio, incluido el forestal (art. 7 Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava). No me corresponde hacer una valoración de la importancia que tradicionalmente han tenido y tienen hoy día los montes en la vida de los concejos (a veces asociados en comunidades de origen inmemorial, sobre la base de un monte de utilidad pública), pero es evidente que forman parte 13


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de su patrimonio y sus aprovechamientos constituyen una fuente de ingresos para los concejos. Para los vecinos constituyen una fuente de utilidad: pasto para su ganado, leña para calentar sus hogares, etc.; además de unos excelentes lugares para estar en contacto con la naturaleza y oxigenar la mente en esta época en la que los agobios y las prisas para llegar no se sabe bien a dónde, no nos dejan pensar en esos lugares de sosiego que los tenemos, desde siempre tan cercanos. Tampoco me corresponde, exponer la importancia socio-económica de los montes, ni su incidencia en la conservación y regeneración del medio ambiente. En cualquier caso, las transformaciones de carácter social y económico que estamos viviendo en nuestros pueblos, han de tener su incidencia en los usos de los montes a los que nos referimos. Las necesidades que satisfacían los aprovechamientos tradicionales que he citado ya están cubiertas, en gran parte, por otros medios, lo que puede llevar a la apertura de los montes a nuevos aprovechamientos, como los relacionados con el tiempo libre. Estoy seguro que éste será un tema de estudio y reflexión en estas jornadas. El régimen jurídico de los montes alaveses se halla regulado tradicionalmente en la normativa foral, desde aquel viejo “Arreglamento u Ordenanzas de Álava”, de 12 de noviembre de 1793. Conservando esta tradición, actualmente, el art. 7.a).9 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (conocida como LTH), atribuye también a los órganos forales de los TT.HH. la competencia en materia de montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, así como la guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales. En el ejercicio de esta competencia, es la Norma Foral 13/1986, de 4 de julio, la que regula actualmente, con alguna modificación posterior, el régimen jurídico y los aprovechamientos de los montes de Álava. Estoy seguro que de este Seminario saldrán interesantes propuestas que contribuirán, sin duda, a actualizar y mejorar la normativa foral reguladora de los montes públicos. La Norma Foral 13/1986, antes citada, ya tiene casi 20 años de vigencia. En este tiempo se han producido modificaciones normativas de trascendencia, que inciden en la regulación contenida en aquella Norma Foral. Por citar algunas de ellas: a) La legislación básica estatal ha pasado de estar contenida en la vieja Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, a la actual Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (también objeto de modificaciones posteriores), concebida desde una óptica distinta en la que tiene mayor peso la protección ambiental. b) En los aspectos adjetivos o procedimentales se ha pasado de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, a la actual Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. c)

En lo referente al régimen sancionador, la regulación contenida en la Norma Foral quizá convenga que sea retocada a la luz de la normativa básica contenida en los arts. 127

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y siguientes Ley 30/1992; así como de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. d) Los principios contenidos en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, también pueden arrojar algo de luz para una mejor ordenación de los montes públicos. En cualquier caso, profesionales mucho más expertos con más conocimiento de la materia que el que les habla valorarán todos los aspectos y puntos de vista necesarios para que los montes públicos alaveses sigan cumpliendo, también en el futuro, una importante función económica y social como lo han venido haciendo desde tiempo inmemorial. Estoy convencido de que este Seminario es una iniciativa acertada para que ello sea así; les deseo todo el éxito y acierto porque ello redundará en beneficio de todos los alaveses. Muchas gracias, eskerrik asko. José María Endemaño Aróstegui Director de Régimen Local

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PRESENTACIÓN

D. Javier Argote Urzelai

Estas son las cuartas jornadas que desde la Asociación de Concejos de Álava, con la inestimable colaboración de nuestras Instituciones, organizamos en esta Casa de Juntas de Elorriaga. Estamos contentos y agradecidos por haber sido capaces de dar continuidad a estos encuentros que comenzaron en el año 2002 con las jornadas bajo el título, “LOS CONCEJOS ALAVESES ANTE EL SIGLO XXI”, a las que siguieron en el año 2004 “LOS CONCEJOS: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SU PATRIMONIO” y en el 2005 “LA ECONOMÍA DE LOS CONCEJOS ALAVESES”, todos ellos con éxito de participación y seguimiento y que han quedado plasmados en sendas publicaciones. Hoy presentamos “LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA. UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS”. Unas Jornadas estas que hoy comenzamos y en las que como se puede ver en el programa trataremos de analizar como a través de la ordenación y administración nuestras comunidades mas pequeñas, los Concejos, solas o agrupándose en Parzonerias, Ledanias, Sierras, etc., han conseguido que este recurso esencial para la supervivencia de antaño haya llegado hasta hoy con unas cualidades que nos permiten augurar que van a servir para el sostenimiento de las futuras generaciones que habiten en nuestros pueblos, así como de las Instituciones que los administran. Porque no podemos obviar que lo que hoy disfrutamos es fruto del interés en la conservación de este recurso por parte de los pueblos, es decir de los Concejos, los cuales, supieron poner los fines sociales y comunes del monte por encima de los intereses estrictamente económicos que su uso y aprovechamientos podía comportar. Álava, con su particular modelo administrativo, con la gestión y Administración de sus Montes Públicos por parte de sus propietarios, los Concejos, ha conservado, sin grandes estridencias, una gran parte del medio natural. Los cambios tanto económicos como sociales de nuestros pueblos y la aparición del concepto del “Medioambiente”, bajo cuyo paraguas y para una ¿mejor conservación? las Administraciones 17


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Mayores se van arrogando competencias en detrimento de los pueblos, propietarios y administradores, creemos que con buena nota en el mantenimiento del medio, están produciendo una transformación en la relación de los pueblos y el monte. Desde esas mismas administraciones, y en beneficio de la comunidad (¿ciudad?) y la conservación del Medio Ambiente, se están fomentando las nuevas modas, en las que el uso del monte para el disfrute del ocio y del tiempo libre de los habitantes de la ciudad parece primar, sobre los usos seculares, frente a ese entente cordiale que ha existido entre nuestros pueblos y el monte y que ha permitido y debe permitir en el futuro y el desarrollo de nuestros pueblos y la sostenibilidad de sus recursos naturales. En estar Jornadas, nos hablarán del pasado, presente y posible futuro de una relación de simbiosis entre los pueblos y el monte. Espero que disfrutemos y seamos capaces de sacar conclusiones que nos ayuden a aportar ideas y propuestas que sirvan a nuestros legisladores forales (competencia exclusiva) para consensuar y adecuar la Norma Foral de Montes de 1986 a los cambios sociales, económicos, culturales, etc.. que se están produciendo. Que sirvan para que quienes desde la Administración Pública más pequeña, el Concejo, han sabido conservar lo que hoy las Administraciones Mayores nos presentan como un tesoro, reivindiquemos nuestro derecho a seguir administrando y gestionando este legado que nos han dejado nuestros antepasados. Muchas gracias. Javier Argote Urzelai Presidente de la Asociación de Concejos de Álava

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PROGRAMA


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DIA 7 DE JUNIO DE 2006 (Miércoles) Sesión de tarde 16:00

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Apertura: D. Jagoba GÓMEZ ALONSO, Director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava y D. Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI, Director de Régimen Local del Gobierno. Presentación del Seminario: Presidente de la Asociación de Concejos de Álava, D. Javier ARGOTE URZELAI. Conferencia: “Antecedentes históricos en la ordenación y la gestión de los montes de Álava en el marco de los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra”. Lourdes SORIA SESÉ. Profesora de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco. Conferencia: “La legislación básica de montes; antecedentes normativos y competencias”. Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ. Letrado de la Asamblea de Madrid y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. 18:45 FIN MÍERCOLES DIA 8 DE JUNIO DE 2006 (Jueves) Sesión de mañana

09:30

10:30

11:30 12:00

Conferencia: “Los montes de Álava, su ordenación y gestión. Especial referencia a la intervención de las entidades locales en cuanto a su conservación”. Mª Elena VILCHES PLAZA. Ingeniera de Montes de la Excma. Diputación Foral de Álava. Conferencia. “Los aprovechamientos tradicionales (maderables, fogueras, pastos, roturos, aguas, caza, frutos silvestres, hongos, plantas, flores, recursos mineros....) ante el reto de su transformación. El derecho al uso y disfrute de la Naturaleza”. Demetrio LOPERENA ROTA. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. 11:30 Pausa café. 12:00 Conferencia. “Los montes de Álava: un recursos esencial para las comunidades vecinales. Instituciones tradicionales. Jesús Mª GARAIO URRUELA. Sociólogo y autor de diversas publicaciones en relación a los montes de Álava. Sesión de tarde

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16:00 Conferencia. “La propiedad comunal de los montes y la crisis de las economías rurales. Una visión a medio y largo plazo”. Iñaki IRIARTE GOÑI. Profesor del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. 17:00 Mesa Redonda con la participación de UAGA, EGUZKI, DIPUTACIÓN FORAL y ACOA y moderada por D. Antón ARAMBURU ALBIZURI. Ingeniero de Montes. Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco. 18:30 Clausura del seminario por parte de la Excma. Sra. Dª. Mª Teresa RODRÍGUEZ BARAHONA, Presidenta de las Juntas Generales de ÁLAVA.

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“ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA ORDENACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS MONTES DE ÁLAVA EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS FORALES” LOURDES SORIA SESÉ. Profesora Titular de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco.


LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS

Sumario: I.- Planteamiento II.- El dominio 1.- El dominium 2.- La propiedad “del común” 3.- La particularidad de las comunidades de montes 4.- La adquisición del dominio III.- La intervención del monarca 1.- La autonomía concejil 2.- La evolución a partir del XVIII IV.- La degradación de los comunales 1.- La privatización por iniciativa concejil 2.- Las usurpaciones de los vecinos V.- Conclusión VI.- Nota bibliográfica

I.- PLANTEAMIENTO Como es sabido, el ataque más fuerte al que tuvieron que enfrentarse los llamados, empleando la terminología en uso hasta el siglo XIX, “bienes del común” o “bienes de los pueblos”, constituidos esencialmente por montes, fue su desamortización. Es pues entonces cuando por parte de los tratadistas se formula su encendida defensa y, por tanto, un adecuado punto de partida para captar la significación histórica que desde una óptica teórica pudieron tener. Dentro del tema que nos ocupa, los montes de Álava, posiblemente nadie mejor que un foralista alavés de mediados de ese mismo siglo para transmitirnos el pensamiento foral acerca de los comunales. 23


LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS

En su Compendio foral de la provincia de Álava, cuya primera edición data de 1858, Ramón Ortiz de Zárate literalmente nos dice: Pertenecen a la provincia de Álava, por fuero, y los reservó para sí en la voluntaria entrega a D. Alfonso XI, los montes, seles, prados y demás bienes propios y comunes de los pueblos... Las leyes y disposiciones generales sobre amortización o desamortización de estos bienes, no rigen en Álava, en lo que sean contrarias al fuero. La provincia de Álava admite la desamortización, conforme al fuero, o sea la libertad de los bienes, para que los pueblos y corporaciones los enajenen a su albedrío, a quien quieran y en la época y forma que crean más ventajosas a sus intereses. Pero se opone a la enajenación forzosa por cuenta del estado, por ser contraria a la libertad, a la verdadera desamortización, a la propiedad y al fuero, y la cual presupone que existe el dominio de aquellos bienes en el estado vendedor, el que sólo cedió a los pueblos y corporaciones la administración y parte del usufructo, lo que será cierto en Castilla pero no en Álava (Voluntaria entrega, caps. 3, 13 y 14.- Acuerdos de 23 de noviembre de 1799, 18 de noviembre de 1805, 21 de diciembre de 1806, 21 de noviembre de 1807, 7 de mayo de 1828 y7 de mayo de 1856) (pp. 81-82). Las palabras de Ortiz de Zárate plantean una cuestión substancial, de la que derivan otras conexas. Es esencial, para bien captar la consideración que de los comunales se tiene en los territorios forales y sus posibles peculiaridades, la diferencia que acerca de la naturaleza jurídica de los montes comunes el autor establece entre Castilla y Álava, propiedad del Estado en aquélla y de los pueblos en ésta. Consecuencia de esta situación disímil es la libre, en el caso foral, o dependiente, en el de otros territorios españoles, capacidad de disposición y en menor medida de administración de los concejos sobre sus bienes. Consecuencia que adquirió su mayor relevancia, sin duda, cuando el Estado procedió con carácter general a su enajenación forzosa. Ahora bien, el que esa diferencia existiera a mediados del siglo XIX no significa que pueda retrotraerse a épocas anteriores. Hay que tener en cuenta al respecto dos cosas. La primera, que tradicionalmente la peculiaridad foral se identifica con la permanencia de instituciones caracterizadas por una continuidad ajena a rupturas históricas propias de la evolución de los tiempos, particularmente la que da lugar a la instauración en las primeras décadas del siglo XIX a un régimen calificado de nuevo. Y, la segunda, que esas instituciones se construyen jurídicamente en el común universo cultural del Derecho europeo medieval y moderno que los territorios forales integrados en la corona de Castilla reciben básicamente a través de ésta. Para entenderlas, hay pues que situarse en su génesis y en el medio jurídico en el que nacen, es decir, hay que acudir a los tratadistas castellanos, pero no a los de la Castilla de ese régimen “nuevo” que dió lugar a la desamortización de los comunales, sino a los de la previa, a los juristas del Derecho común pertenecientes al calificado, con peyorativa contraposición, de “antiguo” régimen.

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Al objeto de que nos sirva de modelo en el que se subsuman todos los demás, veamos lo que sobre la misma esencial cuestión planteada por Ortiz de Zárate nos dice Jerónimo Castillo de Bovadilla, máxima autoridad, doctrinal y práctica, en materia concejil castellana, en su libro Política para corregidores y señores de vasallos, publicado en 1597: el Señorío de los bienes de los pueblos es dellos, y fundan su intención de Derecho quanto a la propiedad y possession dellos, según Avendaño y otros... y assí los dichos bienes de los pueblos no son de los Emperadores ni de los Reyes; ni ellos pueden apropiárselos a sí, ni usar dellos sino dando buen cambio y recompensa con causa, y por necessidad pública Y aunque el Emperador Antonino dixo a Eudemones Nicomediense: Yo soy Señor del mundo, y lo mismo dixo el Emperador Zenón, y otros, aquello se entiende, quanto a la jurisdición, protección y defensa, y no quanto al señorío y propiedad, según Bártulo, Abad, Cassaneo y otros, que son cosas distintas y diversas. Y assí la ley de Partida, que trata de los bienes propios de los pueblos, dize: “Apartadamente son del común de cada una ciudad o villa”. Las quales palabras “Apartadamente son”, denotan señorío: y en quanto dize: “E todos los otros lugares semejantes destos que son establecidos, e otorgados para procomunal de cada ciudad, o villa”, donde Gregorio López, declarando aquella palabra, “Constituídos”, entiende que lo fueron por los vezinos: y Avendaño dize por argumento de aquella ley que los Reyes de Castilla, cuyos son estos Reynos dotaron los pueblos de heredades y rentas para poder vivir. (T. II, Lib. V, Cap. IV, nº 3) Las afirmaciones de Bovadilla son tajantes. Por una parte, e independientemente de su forma de adquisición, de su origen, sobre el que no se pronuncia, la propiedad y posesión de los bienes de los pueblos son de ellos mismos, gozando así de su libre disposición. Por otra, la facultad del monarca queda limitada a una posible acción política de mera tutela. En la manera de resolver el primer y fundamental interrogante que plantean los comunales, el de su dominio, existe pues una coincidencia entre el autor foral de mediados del siglo XIX y el jurista castellano de las postrimerías del siglo XVI. Es esa coincidencia la que, en la búsqueda de los antecedentes histórico-jurídicos de los comunales en los territorios forales, avala la bondad del eje del razonamiento que aquí va a guiar el análisis del dominio y sus materias conexas.

II.- EL DOMINIO

1.- El dominium. Dado que los conceptos, aún cuando vayan cobijados bajo los mismos términos, cambian según los tiempos y las culturas, conviene en primer lugar precisar cuál era la concepción de 25


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la propiedad en ese mundo jurídico medieval y moderno en el que se gesta y perfecciona la institución de los comunales. Si bien el Derecho común mantiene la estricta concepción romana del derecho de propiedad como facultad de usar y abusar de las cosas propias hasta donde sea razonable en beneficio del propietario, la naturaleza de ese derecho se concibe a la manera de los glosadores, es decir, no como el dominio infinito y unitario que es propio del derecho romano sino, para conciliarlo con la realidad medieval, heredada de la multiplicidad de derechos confluyentes sobre una cosa, con arreglo a la doctrina que Bulgaro primero y Accursio después construyeron sobre la propiedad dividida. Según esta doctrina había dos posibles formas de dominio: la propiedad señorial o dominium directum, que es único, y la propiedad útil o dominium utile, que es múltiple, existiendo tantos dominios útiles cuantas utilidades se puedan extraer de la cosa. La cuestión que se plantea es por tanto a cual de esas dos formas de dominio pertenece la propiedad de los pueblos sobre sus comunales. Por lo que ahora nos interesa, los concejos, cuando disponen y disfrutan de sus montes, reiteradamente entienden y proclaman que lo hacen porque ostentan el dominio directo y no como meros propietarios útiles, es decir, en cuanto usufructuarios o vasallos de un tercero, en nuestro caso el monarca (lo que autorizaría a éste para, en determinados supuestos, disponer de esos bienes, que es lo que en la argumentación de Ortiz de Zárate fundamentó su venta por el Estado en Castilla: la enajenación forzosa por cuenta del estado...presupone que existe el dominio de aquellos bienes en el estado vendedor, el que sólo cedió a los pueblos y corporaciones la administración y parte del usufructo).

2.- La propiedad “del común” Ese dominio directo de los bienes comunales pertenece, según la documentación de las provincias vascas, no al concejo como institución sino al común de los vecinos, con independencia de que colectivamente se les designe a éstos como “concejo”, “lugar” o “vecindades”. Puesto que no cabe adjudicar a ese “común” la identidad de una persona jurídica, de un ente abstracto orgánicamente constituído, hay que explicar de otra manera el hecho de que una colectividad ostente la propiedad de unos bienes. Para ello, es necesario situarlo en su genuidad temporal, y en el contexto de su época se entendía que la comunidad vecinal estaba constituída como una “unión de sujetos jurídicos vinculada a un territorio”. Se trata, en primer lugar, de una unión de sujetos jurídicos porque al no concebirse la existencia de individuos aislados y socialmente singulares, la identidad de una persona venía referida no a su sustrato físico sino a la situación que ocupara dentro de un grupo. Los rasgos de cada situación en relación con las demás del mismo grupo eran formulados en términos de derechos y obligaciones, es decir, como los correspondientes a un sujeto jurídico.

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El más primario y fundamental de dichos grupos era el familiar, donde los sujetos jurídicos interrelacionados eran los “padres”, los “hijos”, etc. Ese grupo familiar es el que sirve de fundamento al grupo vecinal, pues sobre el sustrato material de la casa y en base al componente social de la familia se construye el sistema relacional de la comunidad vecinal. Se participa en dicha comunidad y se disfruta de la plenitud de derechos que le son inherentes, en cuanto que se tiene la condición jurídica de vecino, y ésta corresponde al sujeto que dentro de la familia es el titular de la casa familiar. Son por ello también los bienes familiares los que constituyen la riqueza necesaria para poder ostentar oficios, es decir, para participar activamente en la vida política de la comunidad vecinal. De ahí que la doctrina jurídica no esté realizando un mero juego retórico cuando dice que la familia bien regida es la verdadera imagen de la comunidad vecinal políticamente organizada. En segundo lugar, esa comunidad política sólo existe en cuanto que está vinculada a un territorio. Los vínculos entre los vecinos no se establecen directamente en base a las relaciones personales, sino en razón del territorio, de manera que el espacio forma un bloque con la comunidad humana y con sus tradiciones. De ahí que para formar parte de esa comunidad se requiera la condición de residente en la localidad, e incluso, como es el caso en numerosos lugares tanto del País Vasco como de Navarra, la de residente intramuros para el disfrute de determinados derechos vecinales, en particular los de índole política. El territorio tiene la dignidad de sujeto político, que adquiere cuando en los fueros y en las cartas pueblas medievales se reconoce que el espacio que él delimita es un ámbito jurisdiccional exento, es decir, que constituye una esfera de poder autónomo. Gráficamente, la doctrina de la época va a decir que el territorio y la jurisdicción son realidades que se adhieren mutuamente: iurisdictio cohaeret territorio. Por eso la división territorial era una cuestión política fundamental, pues la distinción o separación de territorios, caso de la creación de villas en tierra llana y en época moderna de la segregación de localidades dependientes, va seguida de la distinción o separación de esferas políticas, es decir, de la creación de poderes autónomos. Por tanto, la comunidad y su territorio, integrado por los bienes necesarios a su misma existencia, aparecen pues como dos elementos indisociables, un “cuerpo moral” formado por las generaciones pasadas, presentes y futuras. Cuerpo moral que es, a la vez, titular de la propiedad de los bienes en cuanto communitas civium y beneficiario de su aprovechamiento. La historiografía suele a veces poner en entredicho esa titularidad del común basándose fundamentalmente en dos tipos de razones que, a mi juicio, sólo lo son en apariencia. La primera, el que en ocasiones sólo aparezca el ayuntamiento como titular de la propiedad, y la segunda, el carácter de inalienables de los bienes comunales. La mención formal del ayuntamiento como actor en determinados actos de disposición sobre los comunales no debe engañarnos sobre su efectiva pertenencia al común de los vecinos, pues en realidad los actos que lleva a cabo han sido decididos por éstos mismos. Precisamente la

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subsistencia del concejo abierto es uno de los rasgos fundamentales que dotan de personalidad política a los concejos vascos y navarros de la edad moderna, junto a las condiciones de acceso a la vecindad, el mantenimiento de una instancia judicial propia, la designación de oficios y la capacitación política. Rasgos todos que entroncan mejor con el orden tradicional, originario si se quiere, de transmisión oral, existente en los concejos, que con el orden recibido con el ropaje de la escritura. Esa forma primitiva de participación que es la originaria asamblea general integrada por todos aquéllos que poseen derecho de vecindad, va a perdurar durante todo el Antiguo Régimen aunque perdida su antigua importancia y limitadas sus competencias en beneficio de otros órganos concejiles restringidos, a la toma de decisiones en cuestiones de especial trascendencia o índole no ordinaria, entre ellas el aprovechamiento de los comunales, junto con las contribuciones por vía de repartimiento, las elecciones de cargos públicos, la aprobación de ordenanzas (no siempre) y la fijación de precios de determinados artículos de primera necesidad. En cuanto a la incapacidad de los vecinos para poder enajenar los montes, es sólo una limitación aparente de su plena propiedad por el “común”, pues ello no la contradice sino que la refuerza. En definitiva, siguiendo a Durkheim, la inalienabilidad representa la más alta expresión de la unión entre personas y cosas, pues en ningún otro sentido es la apropiación tan completa y definitiva. Es aquí donde el lazo entre la cosa y el sujeto que posee alcanza su máxima fuerza, aquí también donde la exclusión del resto de la sociedad es más rigurosa.

3.- La particularidad de las comunidades de montes Junto a la propiedad comunal típica, la correspondiente a una comunidad única, un régimen muy extendido en las Provincias Vascas y en Navarra era el de los montes cuya propiedad y disfrute pertenecía conjuntamente a varios pueblos, que disponían de ellos según el voto y el parecer de la mayor parte de los pueblos partícipes. Las participaciones de los pueblos, aunque cuantitativamente pudieran ser distintas, eran cualitativamente iguales, sin que ninguno de ellos ejerciera un papel directivo ni asumiera la representación de todos Reciben nombres distintos según las zonas, aunque siempre su carácter jurídico es el de Comunidades de montes y orgánicamente cabe diferenciarlas en razón de que tengan o no órganos propios de gestión. Particularidades mayores de las llamadas Comunidades de proindivisos son su antigüedad, considerándose su origen como inmemorial, y el hecho de que los problemas respecto a su aprovechamiento aparecen en fechas muy tempranas, al menos desde el siglo XVI. Problemas que se solucionaron bien con concordias o bien solicitando de la justicia que sentenciase sobre la división del proindiviso. Las divisiones a veces no afectaban a la totalidad de la propiedad proindivisa sino que sólo se repartían los montes objeto del conflicto.

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Por el contrario, las Parzonerías se constituyen en fechas relativamente modernas, a finales de la época medieval, como resultado de transacciones y acuerdos entre varias comunidades vecinas.

4.- La adquisición del dominio Argumentado el pleno dominio de los comunales por la comunidad vecinal, queda pendiente la justificación que permita su defensa jurídica, esto es, la legitimidad de su adquisición. La doctrina jurídica admitía seis formas de adquisición del dominium: la traditio, el constituto possessorio, la accesión, la avulsión, la ocupación y la usucapión. Mientras que las cinco primeras reconocen y presuponen la propiedad directa (así el dominio del enfiteuta, del superficiario, del usufructuario, del vasallo, del usuario), sólo la usucapión, la del que intenta obtener por prescripción, contradice el dominio directo. Al margen de un posible título de compra, caso de algunas comunidades de montes, los concejos montan la defensa del derecho de propiedad de sus comunales sobre el fundamento jurídico de la indiscutida constancia de su ejercicio, es decir, precisamente sobre la usucapión, en el doble sentido de la época: en cuanto defensa de la propiedad útil y, sobre todo, defensa de la directa. Veamos algunos de los argumentos utilizados ante los tribunales. En primer lugar, los montes y yermos son suyos porque hacen de ellos todo tipo de uso, es decir, no sólo el mero aprovechamiento sino “todos” los actos de dominio: vender los aprovechamientos a personas ajenas, nombrar como guardamontes a vecinos, prendar y castigar pecuniariamente a los que sin permiso del concejo hayan disfrutado de los montes y pastos, y otorgar licencias para construir, para hacer cal o para roturar. Lo expresa con todo su sabor histórico un texto procedente de fuentes navarras, Sentencias obtenidas por el Valle de Baztán en 1440 en pleito con el Patrimonio Real de Navarra: información posesoria de los montes y yermos comunes y expediente sobre roturaciones y cerramientos, Pamplona, 1869: ...et los antepasados en su tiempo et los presentes... han edificado e fecho edificar...et han gozado...de sembrar e plantar o de rozar do quieren e por bien tienen en el dicho término; e tomar, recebir, esquilmar, espleitar, gozar et aprovechar de los frutos que Dios ha dado...facer leina, cortar árboles para edificar casas et otros edificios...et de vender la fusta a los estrangeros et a torneros” (pp.5-37). En segundo lugar, y sin necesidad de entrar en la cuestión de los más o menos legítimos orígenes, los montes les pertenecen porque dichos usos y actos de dominio han venido haciéndose desde los más remotos tiempos, a la vista de todos a lo largo de los siglos, ininterrumpidamente:

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bien de manera pacífica, sin que el monarca ni señor alguno les haya inquietado por ello, bien, habiéndolo hecho, sin que al inquietador se le hubiera reconocido judicialmente un mejor derecho: ...en propiedad y posesión por tiempo prescrito...et mayormente atendido que de estos...cient años cumplidos et más et por tanto tiempo que memoria de hombres no es en contrario e cunpliría a debida et cumplida prescripción. En suma, larga posesión continuada, de manera notoria, es decir, a la vista de todos, con buena fé, que significa sin conciencia de causar daño al propietario, y sin contradicción. La que aquí se utiliza es pues una especie dentro del género de las prescripciones, la inmemorial, recibida bajo la forma doctrinal que elaboraron los juristas del Derecho común. Su elemento más importante es el “transcurso del tiempo” considerado como factor que hace nacer la obligación de conformarse a una situación de hecho que se ha prolongado en el tiempo y ha venido a consolidarse como definitiva en la conciencia de los más. De ese factor esencial se deducen los requisitos y la prueba de la prescripción inmemorial. Sus dos requisitos se encuadran perfectamente en el conservadurismo propio del medioevo, donde era dogma el respeto a la vetustas y y la sumisión a la opinión de la mayoría: la antiquitas, es decir, un estado de cosas cuyo nacimiento no se recuerda, y la opinión general de que una cierta condición de cosas sea conforme al derecho, porque todos la han respetado desde hace tiempo. En lógica correspondencia con que la naturaleza de la inmemorial encuentre su fundamento en los dos elementos de la antiquitas y la opinión general, debe probarse oralmente por medio de testigos de al menos 54 años. La fijación de esa edad no era arbitraria sino que respondía a la necesidad de contar con testimonios que pudieran remontarse un siglo: teniendo en cuenta que formalmente la pubertad era a los 14 años, el testigo de 54 podía testificar de visu acerca de un período de 40 años, a los que había que añadirles otros 40 por lo oído a sus mayores y todavía 40 más por lo que éstos oyeron a sus antecesores. En total, el cómputo superaba los 100 años, plazo de prescripción de la inmemorial. Del mayor interés para justificar la propiedad de los comunales así adquirida es la técnica jurídica a la que se recurre para resolver el problema de la inexistencia de un título, pues ella va a permitir justificar la adquisición por prescripción de lo legalmente imprescriptible, en nuestro caso los montes y yermos sobre los que el rey tuvo originariamente un dominio directo. En efecto, la prescripción inmemorial podía cumplir, salvo con uno, con los restantes requisitos obligados con caracter general para la usucapión. Con la buena fé, porque es siempre presunta y corresponde probarla al que la alegue mala, con la tradición de la cosa, porque sólo requiere que ésta se encuentre en la física disponibilidad del prescribiente, y con la posesión continuada, en su doble aspecto del transcurso y la continuidad del tiempo necesario para

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prescribir. Ahora bien, derivaba de su naturaleza misma la imposibilidad de tener un justo título que declarara como el poseedor actual había surgido sin lesión del precedente. Es esta carencia la que se resuelve con una fictio iuris, es decir, con la presunción de su existencia, aunque no se pueda definir la especie de ese título ficticio, si se supone que es un privilegio o una donación o una compra. Ello va a posibilitar el que por medio de la inmemorial se puedan adquirir ea quae alios sua natura non sunt praescriptibilia, es decir, cualquier derecho, ya sea de carácter público, en particular los derechos reservados al Emperador y al Papa (vectigalia, legitimar espúreos, restituir fama), ya de naturaleza privada. Lo que implica que cuando ciertas cosas se declaran legalmente imprescriptibles, la exclusión de la prescripción no incluye a la inmemorial, cuestión en la que coincide la doctrina, que sólo salva al hombre libre. En suma, la indefinición de la especie del título ficticio permitirá la apropiación de ciertas cosas que aunque no puedan llegar a adquirirse por prescripción sí es posible hacerlo por otras vías, como, por ejemplo, a través de un presunto privilegio real de cesión de tierras.

III.- LA INTERVENCIÓN DEL MONARCA Si la plena disposición de los comunales pertenece al común de los vecinos y la facultad del monarca queda limitada a una acción tutelar, cabe preguntarse por su razón de ser, por su contenido y por su mantenimiento o modificación con el paso del tiempo.

1.- La autonomía concejil y la tutela regia. Para entender la relación existente entre el concejo, de antiguo régimen o foral, y el rey, hay que situarse en su debido contexto. Recurramos para ello de nuevo a la sabiduría de Castillo de Bovadilla, quien nos explica: Y assí sin embargo de lo dicho, como el Príncipe sea padre, cabeça y tutor de la República, y Señor de la Jurisdición, por la translación que el pueblo Romano hizo en él de toda la potestad que tenía según en otros capítulos queda dicho y como a esposo de la República, y obligado a la defensa y cargas del matrimonio, de deben entregar sus bienes como dotales en administración: y assí es propio de su atributo y naturaleza Real governar, proveer, y ver como sustenta, gasta y comunica a los miembros, y a su pupila y esposa la sustancia y facultad della, cuyo administrador es. (Ibid.) Es ese término genérico de “república”, con el que se le denomina en los textos, doctrinales y normativos, el punto de partida para bien captar el papel que a la institución le corresponde en el 31


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entramado político-jurídico de la época, pues conceptualmente significa que no se trata de una institución situada en la base de una pirámide jerárquica de cuya cabeza depende, concepción que se desarrollará con posterioridad, sino de un cuerpo que se rige políticamente con arreglo a su propio orden jurídico. Ahora bien, esta autonomía concejil no es peculiar, sino que se inscribe en el más amplio contexto de la que corresponde a las corporaciones. El derecho natural de la época, que se concreta en el derecho positivo y que lo legitima, representa el orden existente en el universo como un cuerpo dotado de órganos jerarquizados según su importancia dentro del conjunto pero en el que cada uno tiene una determinada función, de manera que cada órgano requiere estar en posesión de la autonomía necesaria para desempeñar la función que le es propia, siendo, la de la cabeza, la de representar la unidad del cuerpo y mantener la armonía entre todos sus miembros. Traducido al plano político de lo temporal, eso significa que la función del monarca es la de ser cabeza de las distintas corporaciones en las que la sociedad se articula, orientando su actuación a la resolución de los conflictos que puedan surgir entre las esferas de intereses de dichas corporaciones (de ahí el carácter necesariamente limitado del poder, que sólo en determinados casos y por medio de procedimientos tasados puede vulnerar el orden natural de las cosas a través del ejercicio de su potestas extraordinaria). Desde el punto de vista territorial, la función del centro político no es pues la administración directa, sino el control y la dirección de las repúblicas, las cuales, por tanto, necesitan poseer autonomía para poder respetar y mantener el orden natural que rige en la sociedad, es decir, para poder ejercitar la jurisdicción. Jurisdicción que, en la época, englobaba tres facultades: hacer leyes y estatutos acordes a las normas que la tradición pone de manifiesto, constituir magistraturas y juzgar con arreglo a un orden natural en manera alguna abstracto sino concretizado en el jurídico positivo bajo la forma de costumbres, privilegios y otros preceptos orientados a regular situaciones amparadas por el Derecho. Bajo este prisma, alcanza todo su sentido la necesaria licencia real para enajenar. Independientemente de que los concejos, cuando realizan actos de disposición sobre los comunales no consideren que lo hacen porque estén disfrutando de un derecho permitido o tolerado por su legítimo titular, es decir, el monarca o el señor, sino porque están ejercitando un derecho propio, como personas morales están sometidos a la tutela del rey, en cuanto señor de la jurisdicción, y precisan por consiguiente de habilitación para realizar ciertos negocios jurídicos, como el de enajenar sus bienes. La ruptura de la inalienabilidad por licencia regia no deriva pues, en última instancia, de que el rey sea el propietario de los bienes comunales sino de su papel de tutor de la colectividad. Esa licencia no es un rasgo de propietario sino de quien es señor de la jurisdicción.

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2.- La evolución a partir del XVIII. Conforme se desarrolla el proyecto de Estado moderno, va imponiéndose la práctica de una administración territorial centralizada, más o menos eficaz pero afectante en cualquier caso a la secular autonomía de los concejos. A partir del siglo XVIII menudean las discusiones sobre el origen de los comunales, vinculadas directamente a las necesidades financieras de la monarquía absoluta. Las argumentaciones jurídicas sobre la titularidad dominical de los comunales que sirven de soporte a las pretensiones regias, echan mano de concepciones substancialmente distintas a las hasta entonces empleadas. Interesan, por ser basilares, dos de ellas: la de la propiedad y la del concejo. El concepto de propiedad que utilizan es el de la “propiedad pertenencia” (según la terminología utilizada por Grossi), es decir, la personal, la correspondiente al individuo, la propia de una cultura liberal de impronta romanista. Esta “propiedad pertenencia” es en cierto modo la antítesis de aquella a la que sustituye, la “propiedad función”, propia de un sistema de valores donde el grupo predomina, subordinándose a él los individuos y sus fines, y donde sobre lo subjetivo prevalece lo objetivo, o sea, la naturaleza económica de las cosas, su destino, su funcionalidad. Respecto a la concepción que tienen del concejo, la tradicional “república” se ha transmutado, en un ente local dependiente, lo que significa que del concejo entendido como simple expresión u órgano de actuación de la comunidad vecinal se ha pasado al municipio considerado ya como entidad separada y sustantiva. Sobre esta situación teórica de fondo va a actuar en la práctica como detonante la venta de baldíos por parte del rey. Contraviniendo las prohibiciones vigentes acerca de su intangibilidad, en 1737 y 1738 dos reales decretos ordenan vender todos los baldíos del reino, decisión que el monarca justificaba argumentando que se trataba de tierras realengas usurpadas por concejos y particulares. Como la pretensión real actuaba a una escala general desconocida hasta entonces, ello provocó un sin fin de protestas. Vamos a fijarnos únicamente en la practicada desde Navarra, cuyas Cortes impugnaron la Real Cédula de 1738 en una resolución que diferencia y legitima la propiedad de las distintas clases de baldíos o tierras públicas del reino. La resolución muestra meridianamente la persistencia y viveza de la una tradición de siglos frente a las nuevas concepciones ajenas por completo al universo foral. Comienza diferenciando entre los montes de propiedad concejil y los de propiedad real: Dos géneros de tierras baldías hay en este Reino; unas que están dentro de los términos amojonados de los lugares; y otras, que con el nombre de Montes Reales se llaman realengos comunes.

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En segundo lugar, esgrime las razones que justifican la propiedad de los pueblos sobre las tierras públicas incluídas dentro de sus términos, tanto en cuanto al dominio como respecto a la posesión. Nos encontramos aquí la vieja prescripción inmemorial y la vigencia foral: ...la pacífica e inmemorial posesión a vista y con tolerancia de los Fiscales, Patrimoniales y Recibidores y demás ministros de la Real Hacienda, sin que ni en casos de la mayor urgencia se haya pretendido tener en las expresadas tierras algún interés, ni juzgado que respecto de ellas puede haber usurpación al Real Patrimonio. ...el Real Juramento de guardar a este Reino sus fueros, Leyes y Ordenanzas, y también sus usos, costumbres, franquezas, exenciones y libertades...en lo que necesariamente se comprende el que los pueblos de este Reino han de continuar, como hasta aquí, en el uso, aprovechamiento y dominio que han tenido de las expresadas tierras, incluídas en sus términos propios, y sin el cual es imposible su manutención. La resolución termina ocupándose también de la masa patrimonial de los baldíos realengos, en la que introduce una diferencia según el uso entre los llamados realengos comunes y los realengos a secas. Los realengos a secas, sin aprovechamiento comunal, eran algunos montes situados en la zona pirenaica (montes denominados “Erreguerena”, “Legua Acotada”, y “Aezcoa”), de adquisición diversa. El patrimonio real se hizo con ellos en distintos momentos, del siglo XVI en adelante, para asegurar las fuentes de energía necesarias para sus fábricas de hierro, situadas en Eugui y Orbaiceta. Así, en 1775 compró a un particular “Erreguerena”, y en 1784 recibió de los vecinos del valle de Aezcoa la cesión del local para una fábrica de hierro y los montes para mantenerla. En un caso al menos, el de la llamada “Legua Acotada”, no se produjo una verdadera adquisición de la propiedad por parte del monarca sino un mero derecho de uso y disfrute. Los llamados realengos comunes estaban situados en las sierras de Andía, Encia y Urbasa, y en las por eso llamadas Bárdenas Reales. Aunque estos montes pertenecían al patrimonio de los reyes de Navarra, los naturales del reino ejercían colectivamente sobre ellos derechos de uso. Estaban gravados con fuertes servidumbres (pastos, aguas y leñas) vecinales, que en su mayor parte eran cesiones realizadas por la monarquía a los pueblos en distintas épocas y por distintos títulos: para atraer pobladores a villas limítrofes recién conquistadas, para premiar servicios de guerra o fidelidad, compensaciones por entregas en metálico para hacer frente a gastos extraordinarios, y también cesiones derivadas de privilegios singulares, costumbres o sentencias. En algunos casos los derechos vecinales se limitaban a los pueblos limítrofes a los montes, pero en otros se hacían extensivos a lugares alejados. Sobre estos montes realengos de uso común se había llegado, mediante pago, a compromisos con la Corona en 1688 y 1705, que garantizaban a los vecinos su continuada y pacífica posesión:

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...no haya de hacer ni haga merced de venta ni enajenación...sino que los dichos naturales en continuación de su posesión inmemorial de gozar hayan de ser mantenidos y conservados en ella a perpetuo.

IV.- LA DEGRADACIÓN DE LOS COMUNALES Materia conexa al dominio sobre los comunales es la cuestión del progresivo quebranto que experimenta su primordial finalidad de ser bienes de aprovechamiento común, justificación misma de su origen, por lo que en este sentido cabe decir que se degradan. Se trata de un proceso que, alcanzando evidentemente su punto más alto con las ventas de baldíos y desamortizaciones, había venido desarrollándose a ritmo creciente ya desde finales del siglo XV, en el doble sentido de alteraciones en el régimen de aprovechamiento y de modificaciones en su naturaleza jurídica. Estas alteraciones y modificaciones tienen por objeto, directa o indirectamente, conseguir un mismo resultado, la utilización a nivel privado de unos recursos naturales destinados al disfrute colectivo. Ahora bien, el carácter y las circunstancias de dicha privatización varían según obedezca a iniciativa concejil o a iniciativa particular.

1.- La privatización por iniciativa concejil Las alteraciones en el régimen de aprovechamiento de los comunales, de colectivo a individual, pero sin modificación de su naturaleza jurídica, se operaban habitualmente por dos medios. En primer lugar, por efecto de la legítima, previa autorización del monarca, conversión de bienes de uso común en propios, que pasaban a ser explotados privadamente mediante subasta u otro procedimiento. En segundo lugar, porque, a través de concierto u ordenanza, se restrinjían los derechos colectivos de los vecinos al dedicar los concejos parte de los comunales al uso individual: aprovechamiento de la tierra por medio de las licencias de roturación, o de la leña y la madera de determinados montes, que quedaban reservados a las ferrerías o a la construcción naval. Todas estas son privatizaciones acordadas, sancionadas por el rey o por los órganos de gobierno concejiles, y sujetas a su control. Tienen unas limitaciones precisas, ya sea en razón de menesteres específicos del concejo, que justifiquen fehacientemente la necesidad de ampliar los propios a cuenta de los comunales, ya de unos máximos temporales y condiciones de explotación y ocupación individual. Y siempre, salvo algunos casos, suponen una aportación financiera de mayor o menor cuantía para el municipio, lo que redunda de manera indirecta en favor de la comunidad vecinal. Otra cosa era la enajenación no ya del aprovechamiento sino del bien en sí, con el consiguiente cambio en cuanto al titular de la propiedad. 35


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Algunas de las ventas se realizaban “a perpetuo”, con carácter definitivo a favor de los compradores, sin que el concejo tuviera la posibilidad de recuperar la superficie vendida. Sin embargo, la mayoría se hizo con carácter temporal, reservándose el concejo una “carta de gracia” , en la que se establecía un período de tiempo durante el cual se reservaba el derecho a recuperar el bien previa devolución del dinero recibido. A veces, los municipios mantenían sobre estos términos vendidos ciertos derechos de uso de los vecinos, en especial el de pasto, en cuyo caso se prohibía al comprador cercar las fincas adquiridas. Dada la endémica situación deficitaria de las arcas municipales, la posibilidad de que los concejos rescataran los bienes así enajenados era remota, sobre todo cuando al reintegro del importe de la venta había que añadirle el del valor de las mejoras posteriores. Otra modalidad de enajenación, más frecuente, era a través de la constitución de censos, que facilitaban a los concejos operaciones de crédito de una cierta envergadura, afectando los comunales a la seguridad de su pago. De producirse insolvencia para reintegrar el principal, capital recibido en dinero, o los réditos del mismo, ello acarreaba la pérdida de los determinados bienes concejiles que en razón de su valor se hubieran dado como fianza. Estos censos obedecen a la necesidad por parte de los concejos de disponer de cantidades importantes que además por lo regular hay que desembolsar a plazo corto y fijo. Responden mayoritariamente a dos tipos de circunstancias extraordinarias: la compra de privilegios y los servicios prestados al rey. De ahí que el monarca otorgue fácilmente la licencia para la enajenación, y que se suscriban sobre todo durante el siglo XVII. Si bien, dado su carácter legítimo, no existe ningún problema para encontrar evidencias documentales de las enajenaciones hasta ahora vistas, puesto que se llevan a efecto públicamente, el panorama es muy otro cuando se trata de las efectuadas por los concejos de manera ilegal . De éstas, sólo tenemos noticia cuando excepcionalmente son objeto de reclamación. Por lo tanto, no puede inferirse de su escaso número que fueran menos frecuentes o importantes en su conjunto y por consiguiente más reducido su impacto sobre los comunales. Probablemente ocurría todo lo contrario, pero al disponer de menores datos la reconstrucción que de las razones, circunstancias y formas bajo las que se producían hacemos es más débil e incompleta, quedando con ello minimizadas respecto a las legales. Dos son las vías a través de las cuales los concejos van a soslayar la preceptiva licencia regia: la enajenación del bien y la de su aprovechamiento. En el primer caso, la usurpación radica en el cambio con carácter permanente del titular de la propiedad, que pasa del concejo a una persona privada, mientras que en el segundo son los derechos de uso los que se transfieren de manera temporal de la comunidad de vecinos a un particular. No siempre resulta fácil distinguir en la práctica uno del otro, pues existe una fuerte tendencia a pasar del segundo al primero, pero entonces el agente de la usurpación no suele ser ya el concejo sino el vecino beneficiario del aprovechamiento, que no es quien por el momento nos ocupa.

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Lo que en gran medida posibilita estas enajenaciones ilegales del dominio pleno y dificulta su denunciación es el escaso rigor con el que se toman anualmente las cuentas. En cualquier caso, no parece que fueran importantes pues suelen limitarse a reducidas superficies desgajadas de los ejidos o de las tierras colindantes a las villas, destinadas a convertirse en terrenos de sembradío, parcelas para edificar caserías y pequeñas extensiones de bosque. Las usurpaciones en las que sólo se enajenan temporalmente los derechos de uso fueron sin duda bastante más numerosas. Entre otras cosas porque las motivaciones que las impulsan desbordan el interés meramente particular para afectar, si no al general, desde luego a un amplio sector de la sociedad. Hay que tener en cuenta que el aprovechamiento que se vende es, en lo fundamental, la corta de determinados montes para alimentar las fraguas de las ferrerías. Ferrerías que allí donde existen constituyen la columna vertebral de la actividad económica, dependiendo por lo tanto directa o indirectamente de su buen funcionamiento gran parte de la población, y en primer término sus propietarios, que se integran en el grupo social dominante. Por otro lado, los ingresos que estas ventas reportan al municipio son muy cuantiosos, jugando en este sentido el mismo papel que el representado por los censos. Es decir, se utilizan, como éstos, para financiar gastos que de otra manera deberían ser cubiertos por derramas personales con las que ese grupo social dominante resultaría económicamente el más perjudicado, mientras que por el contrario es el principal beneficiado con la usurpación de la que se hace víctima a la colectividad vecinal en sus derechos de uso sobre ciertos montes.

2.- Las usurpaciones de los vecinos La privatización de los comunales por iniciativa de los vecinos tiene un carácter de usurpación, que pasa en primer término por desnaturalizarlos, posesionándose privadamente de su disfrute, tiende después a perpetuar esa posesión y a convertirla en apropiación, completándose el proceso cuando dicha apropiación se consolida y legitima, de ordinario gracias a la prescripción. En realidad, fueron los concejos los que, por medio de sus licencias de roturación pusieron en marcha el proceso susceptible de desembocar en la prescripción, independientemente de las actuaciones fraudulentas que después pudieran realizar los vecinos beneficiarios, u otros que ya desde un principio tomaran la vía de la usurpación ocupando tierras sin licencia. Las licencias estaban siempre sujetas al reconocimiento por parte del usuario de que las tierras así puestas en cultivo pertenecían al patrimonio comunal, pero las circunstancias que rodean su concesión y la propia naturaleza del hecho de roturar propician la usurpación. Aunque algunas veces este reconocimiento debía plasmarse y perpetuarse por medio de una escritura notarial, de ordinario bastaba con el registro en los libros concejiles de la cantidad de superficie puesta en cultivo, e incluso sin constatación por escrito, sólo de palabra. Era sencillo y frecuente que en unos casos, con toda conciencia, se dieran largas y acabara eludiéndose el hacer

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escrituras, en otros se perdiera la memoria del contrato verbal, y también que, a favor de que por lo general no se escribía la localización y límites de la parcela roturada, se echara en olvido la existencia de su registro entre la maraña de actas de regimiento. Además, las licencias se otorgan por largos períodos de tiempo: unas veces “hasta que se canse la tierra”, otras no tienen límite de ocupación o se prorrogan indefinidamente. Al socaire de estas peculiaridades tiene lugar la novación unilateral por parte del beneficiario del vínculo jurídico representado por la licencia, conducente siempre a la pérdida del recuerdo de que el terreno roturado pertenece a lo comunal. Lo que muy frecuentemente suele materializarse en la colocación de signos externos de propiedad, como por ejemplo cercándolo con vallas o muretes de piedra en lugar de simples setos y plantando en él árboles frutales, señal distintiva de dominio del suelo.

V.- CONCLUSIÓN Retomemos la clave que para el entendimiento de los montes comunes nos proporcionaba Ortiz de Zárate al comienzo de estas páginas, esto es, la diferencia existente en su época entre la naturaleza jurídica de los de Álava, cuyo dominio, propiedad y gestión de su disfrute, pertenecía a los pueblos, y la de los de Castilla, patrimonio del Estado, de donde procedía su facultad para enajenarlos. Sin duda esa diferencia era tal en el pensamiento de los foralistas que, al recoger una tradición secular bien arraigada en el ánimo de los pueblos y sus vecinos, advertían las subtanciales modificaciones introducidas en la concepción que de la propiedad colectiva y de la administración del Estado venía teniéndose desde el siglo XVIII. Previamente a la aplicación de esos cambios conceptuales, en materia de dominio esa diferencia no existe y los antecedentes histórico-jurídicos de los montes comunales presentan una única contextura, la correspondiente a la cultura del Derecho común europeo medieval y moderno. Lo peculiar en este sentido no es pues su contenido sino la realidad de su persistencia, que es lo que Ortiz de Zárate nos transmite. Persistencia de una concepción de la propiedad, directa y útil, en mano común, es decir, donde son los vecinos conjuntamente los titulares del dominio, no en cuanto persona jurídica sino como comunidad vecinal constituída como una “unión de sujetos jurídicos vinculada a un territorio”, cuerpo moral formado por las generaciones pasadas, presentes y futuras. El problema mayor que la defensa jurídica de esa propiedad plantea, el de la legitimidad de su adquisición, se resuelve ante los tribunales mediante la prescripción inmemorial, sostenida en el transcurso del tiempo considerado como factor que hace nacer la obligación de conformarse a una situación de hecho que se ha prolongado al menos durante cien años y ha venido a consolidarse como definitiva en la conciencia de los más. Desde el punto de vista de la organización territorial del reino, la libre disposición que la comunidad vecinal tiene sobre sus montes se explica por el papel que al concejo le corresponde en 38


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el entramado político-jurídico, pues la “república”, término con el que se le designa en los textos de la época, no era una institución situada en la base de una pirámide jerárquica de cuya cabeza depende sino un cuerpo que se rige políticamente con arreglo a su propio orden jurídico. Y, en este sentido, la función del centro político no es la administración directa, sino el mero control y dirección de las entidades periféricas. Función que legítimamente no le autoriza a practicar las ventas de baldíos y desamortizaciones, tal y como acabará ocurriendo, constituyendo éstas el punto más alto de un proceso que había venido desarrollándose a ritmo creciente ya desde finales del siglo XV, en el doble sentido de alteraciones en el régimen de aprovechamiento y de modificaciones en la naturaleza jurídica de los montes comunales. Alteraciones y modificaciones que, obedeciendo tanto a iniciativa concejil coomo a particular, tuvieron por objeto, directa o indirectamente, conseguir un mismo resultado, la utilización a nivel privado de unos recursos naturales destinados al disfrute colectivo.

VI.- NOTA BIBLIOGRÁFICA ABELLÁ Y GARCÍA DE EULATE, A.: Ordenanzas de buen gobierno de los concejos de Álava, Vitoria, 1985, Diputación de Álava ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Historia de la propiedad comunal, con un “Estudio preliminar” de A. Nieto, Madrid, 1981 (1ªed.1890) BAUER MENDERSCHEID, E.: Los montes de España en la Historia, M.A.P.A., Madrid, 1980 BOURJOL, Maurice: Les biens communaux: voyage au centre de la propriété collective, París, 1989 GARAYO URRUELA, J. Mª: “La comunidad de montes de Larrea, Hermua y Heredia en la sierra de Elguea-Urquilla, (siglos XVI-XX)”, en Sancho el Sabio año 5, 2ª época, n.5 (1995) 197-223 GROSSI, Paolo: Historia del derecho de propiedad. La irrupción del colectivismo en la conciencia europea (Tit. original: “Un altro modo di possedere”), Barcelona, 1986 ORTIZ DE ZÁRATE. R.: Compendio foral de la provincia de Álava, Vitoria, 1983 (1ª ed. Bilbao, 1858), Diputación de Álava NIETO, Alejandro: Bienes comunales, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1964 SORIA, L.: “Bienes comunales en las Provincias Vascas y Navarra (siglos XVI-XVIII)”, en Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente, Madrid, 2002

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LA LEGISLACIÓN BÁSICA DE MONTES: ANTECEDENTES NORMATIVOS Y COMPETENCIAS EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES: ANTECEDENTES NORMATIVOS Y SISTEMA DE LA LEY 43/2003, REFORMADA POR LA LEY 10/2006 ALFONSO ARÉVALO GUTIÉRREZ. Letrado de la Asamblea de Madrid. Profesor asociado de Derecho administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.


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Sumario.- I.— PRELIMINAR: LA NECESARIA PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES FORESTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. II.— LA LEGISLACIÓN PROTECTORA DEL PATRIMONIO FORESTAL EN ESPAÑA. II.1.— La evolución de la normativa forestal: sus cinco fases configuradoras. II.2.— Precedentes histórico–normativos hasta la Ley de Montes de 1957. II.2.A).— Primera fase: la abstención normativa (hasta el S. XI). II.2.B).— Segunda fase: la policía administrativa; “Austrias” y “Borbones” (S. XI a S. XIX). II.2.C).— Tercera fase: los albores de la política forestal; policía y fomento (S. XIX a 1957). II.3.— La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y su Reglamento. II.3.A).— Un nuevo Código Forestal. II.3.B).— Elementos definidores del sistema. II.4.— El impacto de la entrada en vigor de la Constitución de 1978: la prioritaria consideración ambiental. II.5.— La distribución constitucional de competencias en la materia. II.6.— Nuestro vigente Derecho positivo: legislación estatal básica y normativa autonómica. II.7.— Regímenes especiales. II.7.A).— La calificación de “Administraciones Públicas competentes” a efectos de la Ley. II.7.B).— La competencia exclusiva, normativa y de ejecución, de los Órganos Forales de los Territorios Históricos del País Vasco. II.7.B).i— Asunción de la competencia y normativa foral reguladora de los montes. II.7.B).ii— La Norma Foral reguladora de los Montes del Territorio Histórico de Álava. II.7.C).— Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla. II.7.D).— El traspaso competencial de la ejecución de la política forestal a favor de los Cabildos Insulares en la Comunidad Autónoma de Canarias. III.— EL SISTEMA DE LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES, REFORMADA POR LA LEY 10/2006, DE 28 DE ABRIL. III.1.— La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. III.1.A).— Entrada en vigor y cláusula derogatoria del texto originario de la Ley 43/2003. III.1.B).— Estructura de la Ley de 21 de noviembre de 2003. III.1.C).— Carácter normativo: legislación estatal básica. III.2.— La relevante reforma operada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. III.2.A).— Detalle de los artículos y disposiciones de la Ley 43/2003 afectados. III.2.B).— El Fondo para el Patrimonio Natural. III.2.C).— Reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, Reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. III.3.— El contenido normativo de la vigente Ley de Montes. III.3.A).— Objeto y principios de la Ley. III.3.B).— Disposiciones generales: el concepto de “monte”. III.3.B).i.— Objeto, ámbito de aplicación, principios y función social. III.3.B).ii.— El concepto de “monte”. III.3.B).iii.— La definición de los términos empleados en la Ley. III.3.C).— Competencias de las Administraciones publicas. III.3.C).i.— Principios generales de la delimitación competencial. III.3.C).ii.— Las competencias de la Administración General del Estado. III.3.C).iii.— Órganos creados ad hoc en materia forestal: Conferencia Sectorial del Medio Ambiente y Consejo Nacional de Bosques. III.3.C).iv.— Las competencias de las Comunidades Autónomas. III.3.C).v.— Las competencias de las Entidades locales. II.3.D).— Clasificación y régimen jurídico de los montes. III.3.D).i.— Criterios tipológicos. III.3.D).ii.— Los montes públicos: demaniales y patrimoniales. III.3.D).iii.— Los montes privados. III.3.D).iv.— Los montes protectores y con otras figuras de especial protección. III.3.D).v.— Derecho de adquisición preferente y unidades mínimas de actuación forestal. III.3.E).— La gestión forestal 43


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sostenible. III.3.E).i.— Información forestal. III.3.E).ii.— Planificación forestal. III.3.E).iii.— Ordenación de montes. III.3.E).iv.— Aprovechamientos forestales. III.3.F).— La conservación y protección de los montes. III.3.F).i.— Usos del suelo. III.3.F).ii.— Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y restauración hodrológico–forestal. III.3.F).iii.— Incendios forestales. III.3.F).iv.— Sanidad y genética forestal. III.3.F).v.— Uso social del monte. III.3.G).— Investigación, formación, extensión y divulgación forestal. III.3.H).— Las medidas de fomento de la gestión sostenible. III.3.I).— El régimen sancionador en materia forestal.

I.— PRELIMINAR: LA NECESARIA PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES FORESTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. La consideración de la disciplina jurídica del patrimonio forestal ha ocupado tradicionalmente un segundo plano entre nosotros. En efecto, relegada en el foro universitario al último bloque del Derecho administrativo especial, como apéndice de la teoría general de los bienes públicos, constituye un mero epígrafe o, en el mejor de los supuestos, un tema completo de los programas curriculares, siendo frecuente que la desmesurada extensión de los mismos comporte que no sea objeto de exposición durante el curso académico e, incluso, que se exonere a los alumnos de su estudio a efectos de examen —lo que se traduce, no nos engañemos, en que culminan su Licenciatura sin siquiera tener conocimiento de la existencia de una Ley reguladora de los montes—. Si recurrimos a la dinámica de lo que ocurre en los cursos de especialización en Derecho ambiental, tipo Master, la situación no mejora sustancialmente. Un mero repaso de los principales cursos dedicados al medio ambiente revela que sus programas prestan una mínima atención, cuantitativa y cualitativa, a la protección de las superficies forestales. Esta realidad se ha traducido en una atención doctrinal sobre su régimen jurídico que no puede calificarse de especialmente intensa. Sirva recordar, de un lado, que su tratamiento queda excluido, por lo general y salvo contadas excepciones, de los principales manuales de la asignatura, y, de otro, que ha gozado de una atención sensiblemente inferior a la que han merecido otras categorías de bienes públicos, circunscrita a puntuales aportaciones monográficas. De éstas, sin ánimo exhaustivo, han de destacarse la pionera y ya clásica de Guaita Martorell1, los comentarios al sistema diseñado por la Ley de 1957 y

1

La primera aportación del Profesor Aurelio Guaita Martorell puede consultarse en su “Régimen jurídico administrativo de los montes”, 2ª edición, Santiago de Compostela, 1956; las citas que aquí se efectúen corresponden a su “Derecho administrativo: aguas, montes, minas”, 2ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 1986.

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su Reglamento de Grau Fernández2, las más recientes de Esteve Pardo3 y, especialmente, de López Ramón4, así como los estudios sobre la vigente Ley de Montes coordinados por Calvo Sánchez5, a las que me permito añadir las dos colaboraciones que dediqué a la materia tras la entrada en vigor de la Ley 43/20036. Contrasta con el referido panorama la relevancia que la protección de las superficies forestales tiene para el desarrollo sostenible; relevancia de la que, en los últimos años, se ha ido adquiriendo conciencia en el Derecho internacional y comunitario europeo, priorizando la protección ambiental del bosque y abogando por una gestión sostenible de los montes que adecue su aprovechamiento a las leyes de la naturaleza, en orden a garantizar su conservación y expansión y, por ende, el cumplimiento de sus relevantes funciones sociales y medioambientales. No puede ignorarse, en este orden de ideas, que la Asamblea de las Naciones Unidas, en su sesión especial de junio de 1997, efectuó la siguiente Declaración sobre el valor de los montes: “La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible.”. Esta preocupación, por lo demás, responde a una toma de conciencia de lo que supone el volumen de la superficie forestal en el conjunto del planeta. En efecto, los bosques o terrenos con vocación forestal ocupan prácticamente el 28 por 100 de las tierras emergidas. Si nos circunscribimos al ámbito europeo, la superficie ocupada se extiende a unos 300 millones de hectáreas, es decir, prácticamente un tercio de la extensión del continente. Y si nos centramos en el territorio español los datos no son menos elocuentes: el Inventario Forestal Nacional nos indica que los bosques o terrenos con vocación forestal suponen 26 millones de hectáreas, esto es, más del 50 por 100 del territorio —en concreto, el 51,93 por 100—. Entrando en su desglose, de

2

Cfr., Salvador Grau Fernández: “Comentarios a la Ley y Reglamento de Montes con notas de jurisprudencia”, Bolaños y Aguilar, Madrid, 1966.

3

Véase José Esteve Pardo: “Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes: función ecológica y explotación racional”, Editorial Civitas y Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1995.

4

Sobre el particular, Fernando López Ramón, primero en sus “Principios de Derecho Forestal”, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2002, y, tras la entrada en vigor de la Ley 43/2003, en su “Crítica jurídica de la nueva Ley de Montes”, Revista Española de Derecho Administrativo, Thomson–Civitas, número 121, enero–marzo 2004, páginas 5 a 24.

5

Vid., Luis Calvo Sánchez (Coordinador): “Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Estudios de Derecho forestal estatal y autonómico”, Thomson–Civitas, 2005.

6

Véanse, Alfonso Arévalo Gutiérrez: “La Ley básica de Montes y la protección del Patrimonio forestal en la Comunidad de Madrid”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, número 18, enero–abril 2004, páginas 57 a 120; y “La legislación básica protectora del Patrimonio Forestal: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes”, Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, Ecoiuris, número 66, junio 2004, páginas 1 a 28.

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los 26, 14 millones de hectáreas corresponden a superficie arbolada, es decir, casi un 28 por 100 del territorio, y 12 millones a terreno desarbolado, o lo que es lo mismo, prácticamente un 24 por 100 de la superficie nacional. A mayor abundamiento, los referidos datos sitúan a España entre los Estados europeos con una superficie arbolada más extensa en hectáreas, detrás de Suecia —con 28 millones—, Finlandia —con más de 23 millones— y Francia —con algo más de 16 millones—. No obstante, ha de ponderarse que la densidad de la referida superficie arbolada es sensiblemente inferior en nuestro país. Así, en metros cúbicos de madera por hectárea, frente a los 262 de los bosques alemanes, los 249 de los austriacos, los 141 de los holandeses o los 114 de los italianos, la densidad de la superficie arbolada en España se reduce a 42 metros cúbicos. Los datos referidos acreditan la necesaria protección de los terrenos forestales. El fundamento de la misma es obvio y responde a una elemental constatación fáctica, tendente a articular su preservación, delimitando su régimen jurídico del correspondiente a los terrenos destinados a actividades agrícolas y ganaderas, por cuanto dicha delimitación constituye la única vía efectiva para evitar la “deforestación”, fruto de talas y cortas desordenadas, de descuajes y roturaciones arbitrarias a favor de la agricultura y de los abusos de la ganadería, al margen de la lacra de los incendios. El referido fundamento de la preocupación por la protección de los terrenos forestales ha impulsado al titular de la potestad normativa a establecer medidas de preservación frente al empuje economicista de las exigencias agrícolas y ganaderas. Así, entre nosotros, en todo momento y al margen de la configuración de dicha potestad, su titular ha sido consciente de la necesidad de delimitar el régimen jurídico de los montes del propio de los terrenos destinados a dichas actividades. Y es que, conforme nos enseñara Gibert, “cuando desaparece el derecho de montes, también los montes desaparecen”.

II.— LA LEGISLACIÓN PROTECTORA DEL PATRIMONIO FORESTAL EN ESPAÑA.

II.1.— La evolución de la normativa forestal: sus cinco fases configuradoras. Presupuestas las premisas anteriores, ha de destacarse que, desde la aportaciones de Martínez Blanco (“Elementos de legislación y administración forestal”, 1928) y de Guaita Martorell (1956), ha constituido un lugar común en nuestra Doctrina diferenciar tres etapas en la protección de los montes y consecuente configuración de la política forestal española hasta la aprobación de la capital Ley de Montes de 8 de junio de 1957. Tres etapas que podrían rubricarse y delimitarse cronológicamente como sigue: i.- Primera fase: la abstención normativa (hasta el S. XI). ii.- Segunda fase: la policía administrativa (S. XI a S. XIX). iii.- Tercera fase: los albores de la política forestal; policía y fomento (S. XIX a 1957).

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Con dichos precedentes, la Ley de 1957 y su Reglamento conformaron un auténtico “Código forestal”, vigente durante casi medio siglo. A la sumaria consideración de las referidas cuatro fases se dedican los dos epígrafes siguientes, sin perjuicio de remitirme, para un análisis más detallado, a los trabajos anteriormente citados7. Empero, antes de entrar en su consideración, a efectos de cerrar el ciclo evolutivo, puede afirmarse que, en el marco sustantivo y territorial configurado por la Constitución de 1978, resulta oportuno añadir una nueva y quinta fase, cuyo punto de inflexión lo constituye la aprobación de la vigente Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Una Ley que actualiza el régimen jurídico regulador de los espacios forestales, de acuerdo con la concepción ambiental consagrada por la Constitución y sobre la base de un modelo de gestión forestal sostenible, y que tiene una especial trascendencia, por cuanto resultaría pueril ignorar dos datos de especial importancia para su correcta aprehensión. En primer lugar, que la disciplina de la Ley 43/2003 es tributaria de la dinámica histórica abierta con la promulgación de las Ordenanzas Generales de Montes de 1833. Sirva recordar, en este momento, de un lado, que la intervención pública en los montes de propiedad privada es fruto de la concepción racionalista instaurada a partir del Siglo XVIII, con el advenimiento de la dinastía de los “Borbones”, habiéndose suprimido por las Cortes de Cádiz, para resurgir en el Siglo XX; de otro, que la configuración de un instrumento administrativo capital en la política forestal, como es el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, surge en el Siglo XIX. Segundo, que la aprobación de la vigente Ley de Montes, con el carácter de legislación estatal básica, tuvo lugar en un momento en el que las Comunidades Autónomas, conforme a las competencias constitucional y estatutariamente asumidas, habían ya procedido a establecer sus específicas normas de protección y fomento del patrimonio forestal, con el consecuente problema del efecto de desplazamiento de la normativa autonómica que se oponga a los contenidos básicos de la Ley estatal. Es precisamente este dato el que ha determinado que el texto de la Ley 43/2003 haya sido objeto de temprana modificación por la Ley 10/2006, de 28 de abril. La reforma, conforme declara su propia Exposición de Motivos —segundo párrafo de su apartado I—, tiene por objeto subsanar “ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes tanto a la correcta definición de las atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos de la Ley, corresponden a las diferentes Administraciones públicas, como en la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, señaladamente, aquéllos que tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y con la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes”. 7

Vid., especialmente, Eloy Colom Piazuelo: “La conformación histórica del Derecho Forestal”, en los Comentarios coordinados por Calvo Sánchez, op. cit., páginas 142 a 200.

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II.2.— Precedentes histórico–normativos hasta la Ley de Montes de 1957.

II.2.A).— Primera fase: la abstención normativa (hasta el S. XI). Como es bien sabido, la evolución de la normativa protectora del patrimonio forestal se remonta al Código de las Siete Partidas y al Fuero de Nájera, instrumentos a los que corresponde el mérito de haber introducido las primeras medidas de conservación y defensa de los bosques, fundamentalmente limitadoras de la actividad privada. Dichas prescripciones quebraron la precedente inhibición del poder público, propia de lo que Guaita Martorell tipificó como una primera etapa de casi total abstención. Sin cuestionar en absoluto dicha consideración, pues resulta indudable la inactividad, preciso es tener presente, para su correcta comprensión, las circunstancias socio–políticas concurrentes durante la Edad Media —caracterizada por la dispersión del poder público y su articulación a partir de una trama de relaciones patrimoniales basadas en la propiedad de la tierra—. Al margen de las mismas, tampoco puede ignorarse que durante dicho periodo, de un lado, el volumen de población asentado en la península ibérica era ciertamente reducido, y, de otro, los bosques eran muy abundantes, pues la superficie del territorio peninsular estaba cubierta de especies arbóreas casi en su totalidad. En consecuencia, difícilmente podía preverse la disminución de las riquezas que sus productos proporcionaban. Dicho con otras palabras, la abstención normativa tuvo lugar en un contexto en el que la nutrida masa arbórea aseguraba la suficiencia de los montes para cubrir las necesidades de leña y construcción propias del período.

II.2.B).— Segunda fase: la policía administrativa; “Austrias” y “Borbones” (S. XI a S. XIX). El tránsito a la modernidad que se abre a partir de la revolución socio–económica iniciada a finales del Siglo XI, cuya consecuencia fue el surgimiento del comercio, implicó la aparición de nuevas exigencias económicas. Es en este momento histórico cuando, frente al empuje de la agricultura y, especialmente, de la ganadería, se hace patente la necesidad de proteger el patrimonio forestal. Conforme se ha indicado, entre nosotros corresponde el mérito de haber introducido las primeras medidas protectoras al Código de las Siete Partidas y al Fuero de Nájera, instrumentos que contenían medidas de limitación de la actividad privada, fundamentalmente orientadas a prevenir los incendios. En esta línea, nos recuerda Parada Vázquez8, en las Cortes de Valladolid de 1256 el Rey Alfonso X el Sabio llegó a establecer penas muy severas para los incendiarios («que no

8

Cfr., José Ramón Parada Vázquez: “Derecho administrativo. III. Bienes públicos. Derecho urbanístico”, 5ª edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1993.

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pongan fuego para quemar los montes, é al que le fallaren faciendo fuego que lo echen dentro de él») y lo mismo decretó Pedro I de Castilla en 1350. Con dichos precedentes, lo cierto es que durante el dilatado periodo que transcurre desde el proceso de afirmación del Estado moderno, o del Estado sin adjetivación, hasta la Revolución liberal encarnada en las Cortes de Cádiz es preciso diferenciar dos subfases. Durante la primera, que podríamos hacer coincidir con lo que la historiografía ha calificado como el proceso de concentración del poder político y su consolidación en manos del Monarca, proyectándose en la época de los Reyes Católicos y de la dinastía de los Habsburgo —los “Austrias”—, primaron las exigencias económicas. Por el contrario, a partir del advenimiento de los “Borbones”, a comienzos del Siglo XVIII, cobran un especial protagonismo las medidas de protección. En efecto, es cierto que desde el Siglo XV hasta el Siglo XIX existe un denominador común: la preocupación del Monarca se concentra en preservar los montes, introduciendo medidas singulares de conservación que podríamos calificar, con los conceptos jurídico administrativos que actualmente manejamos, como actividad administrativa de “policía”. No menos cierto es, sin embargo, que hasta el Siglo XVIII las exigencias ganaderas y navales gozaron de una primacía evidente. Sirva recordar al respecto el abigarrado conjunto de medidas adoptadas en protección de los privilegios otorgados al “Honrado Concejo de la Mesta de Pastores de Castilla”, creado en 1273 por el Rey Sabio. La “Mesta”, conforme pasó a ser conocida, era una reunión de todos los pastores de Castilla en una asociación nacional que gozó de importantes prerrogativas y privilegios sucesivamente otorgados por los reyes, como el derecho de paso y pastoreo o el privilegio de ramonear, en detrimento de los productores agrícolas. La dinastía de los “Austrias”, por lo demás, añadió un régimen fiscal singular para protegerla de los agricultores, lo que provocó incontables e inagotables litigios. A mayor abundamiento, si bien la Mesta perdió el favor real en algunos momentos y, decididamente, con el cambio de dinastía a comienzos del Siglo XVIII, lo cierto es que sus privilegios no fueron abolidos, sino limitados, hasta que, formalmente, fue disuelta en el año 1836. Por cuanto a nosotros importa y sin cuestionar el impulso económico que su actividad comportó —a partir de un vasto comercio de exportación de lanas—, ha de afirmarse que la Mesta fue, en buena medida, la causante de la deforestación sufrida en la península ibérica a lo largo de su historia, ya que las centenas de miles de ovejas en trashumancia por las dehesas necesitaban más y más pastos y herbajes para alimentarse, generalizándose las talas y cortas indiscriminadas, así como los descuajes y roturaciones arbitrarios. Ahora bien, sería un baldón de infamia imputar en exclusividad a la Mesta la referida deforestación y consecuente desertización del territorio peninsular, pues no menos impacto

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tuvieron las exigencias derivadas de la construcción y, de manera especial, de la industria naval, en pleno proceso de expansión geográfica de un Imperio “en el que no llegaba a ponerse el sol”. Por su parte, las reformas introducidas durante la época borbónica, a imagen de la Ordenanza francesa de 1669, tendieron a establecer una mínima protección de los bosques, centrada en su defensa frente a las talas, castigando severamente los daños causados a los montes. Es en esta subfase en la que se dicta una prolija legislación. De forma sincrética, su contenido puede caracterizarse a partir de las siguientes tres notas: 1ª. Se trataba de una normativa carente de sistema, que no respondía a un modelo específico de protección. En realidad, era un cúmulo de sucesivas disposiciones diversas que, de forma coyuntural, iban introduciendo puntuales medidas de protección. 2ª. Su ámbito de aplicación se extendía a los montes públicos y a los privados, de tal modo que la eficacia de las medidas de protección se proyectaba tanto respecto de los montes de realengos o de aprovechamiento común como de los de propiedad privada, llegando a impedir a los propietarios su roturación para destinarlos al cultivo agrario. 3ª. Las medidas de protección se circunscribían a lo que hoy conocemos como policía administrativa, extendiéndose de forma inusual a la actividad de fomento, a través de decisiones tendentes a incentivar la repoblación forestal. En este marco han de destacarse la capital Ordenanza de Fernando VI de 7 de diciembre de 1748, por la que se impuso a los vecinos tanto la obligación de plantar un número determinado árboles como la de proceder a su limpieza, y la Ordenanza de 31 de enero de 1778, dictada para atender las necesidades de la Marina.

II.2.C).— Tercera fase: los albores de la política forestal; policía y fomento (S. XIX a 1957). El Siglo XIX, en el marco de la filosofía individualista y abstencionista propia del liberalismo, caracterizada por la afirmación del Derecho de propiedad como principio básico del nuevo orden político burgués, determinó la afirmación de la propiedad como un derecho ilimitado. Expresión manifiesta de lo afirmado, que me exonera de ulteriores consideraciones, es el Decreto aprobado por las Cortes de Cádiz el 14 de enero de 1812, por el que se procedió a la supresión de la intervención pública sobre los montes de propiedad particular, en un momento histórico en el que se prima el cultivo agrícola sobre los aprovechamientos forestales y ganaderos. En esta línea, en sintonía con los principios de la ideología del primer liberalismo, la Constitución de Cádiz, de 19 de marzo de 1812, atribuyó, en su artículo 321, cuidar de los montes

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y plantíos del común a los Ayuntamientos, plasmándose la tendencia favorable a la privatización de los bosques en el ulterior Decreto de las Cortes de Cádiz de 4 de enero de 1813, cuyas prescripciones reiteraría, durante el Trienio Liberal, el posterior Decreto de 29 de junio de 1822. Superada la efervescencia liberal, culminado el primer tercio del Siglo XIX, la protección de los montes entra en su proceso de afirmación, presidido por una disciplina sistemática, germen de la moderna política forestal. Dicho con otras palabras, frente a las exclusivas y coyunturales medias de policía administrativa se adoptan medidas tendentes a una defensa activa y positiva de los montes, de tal modo que las técnicas de protección son complementadas con otras enderezadas a su aumento y repoblación, esto es, medidas de fomento. Los hitos que fueron amojonando el camino hasta la situación consolidada por la Ley de Montes de 1957, precedentes cuya consideración es imprescindible para la correcta comprensión del sistema diseñado por la vigente Ley 43/2003, son los siguientes; sin poder aquí detenernos en la específica evolución de la disciplina tanto de los montes en Navarra y el País Vasco (en relación con el supuesto de Álava, véase el estudio de Garayo Urruela, “Los montes del País Vasco”, 1992) o en la propia de los montes vecinales en mano común. De la forma más sintética posible: 1º.- Las Ordenanzas Generales de Montes, debidas al primer titular de la Cartera de Fomento, Javier de Burgos, cuyo texto resultaría aprobado por el Real Decreto de 22 de diciembre de 1833. Las Ordenanzas Generales, inspiradas en el Código Forestal francés de 21 de julio de 1824 y la Ordenanza Real de 1 de agosto de 1827 y, por ende, partiendo como elemento definidor del monte de la existencia de arbolado, introducen una disciplina sistemática de los montes, cuyo concepto es precedente del actualmente en vigor. A tenor de su artículo 1, en efecto: «Bajo la denominación de montes, para los efectos de estas Ordenanzas, se comprenden todos los terrenos cubiertos de árboles a propósito para la construcción naval o civil, carboneo, combustible y demás necesidades comunes, ya sean montes altos, bajos, bosques, sotos, plantíos o matorrales de toda especie distinta de los olivares, frutales o semejantes plantaciones de especial fruto o cultivo agrario.». Corresponde a las Ordenanzas Generales, además, el merito de establecer las bases de la moderna Administración forestal del Estado, con el precedente de la Real Cédula de Carlos III, de 19 de abril de 1762, por la que se establecieron celadores en los pueblos y visitadores de montes a cargo del Real Erario. El articulado de las Ordenanzas Generales, en efecto, dispuso la creación de la Dirección General de Montes y, a partir de las mismas, los posteriores Reales Decretos de 30 de abril y de 1 de mayo de 1835 procedieron a la formación del Cuerpo de Ingenieros de Montes y al establecimiento de una Escuela específica para su formación y selección. Empero, no puede ignorarse que, a diferencia de su modelo, las normas sustantivas de protección y gestión y la Administración creada ad hoc circunscribían su ámbito de aplicación a

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los montes públicos, quedando excluidos los de particulares de la prohibición de roturaciones, pues sobre los mismos regía la libertad de aprovechamiento. 2º.- Lo cierto es, sin embargo, que las Ordenanzas Generales no fueron aplicadas en la práctica. Sin ambages, así lo afirmó la posterior Real Orden de 18 de abril de 1846. Las razones de la desuetudo, en los términos destacados por García Goyena, Gómez de la Serna y Ortiz de Zúñiga, han de encontrarse tanto en la guerra que estalló a la sazón como en las revueltas políticas que la siguieron. En esta tesitura, el cambio político protagonizado por la constitución progresista de 1837 determinó, conforme ha acreditado Esteve Pardo (1995), que se produjera una variación en la orientación de la política forestal. De este modo, frente a la influencia francesa, la atención se centró en la legislación sajona, preocupada por el monte alto o maderable, objeto en el que centra sus prescripciones la citada Real Orden de 18 de abril de 1846. En este nuevo marco normativo, fue el reforzamiento del aparato burocrático el que permitió que, de forma efectiva, los montes se sujetaran a las disposiciones vigentes. Este sometimiento lo describió la ulterior Real Orden de 21 de junio de 1850, en la que se afirma que “habían cesado las talas y cortas desordenadas, los descuajes y roturaciones arbitrarias que por tanto tiempo venían ejecutándose en los montes del Estado y de los propios y comunes; se había conseguido que ningún disfrute o aprovechamiento se verificase sin obtener antes la autorización del gobierno, o en su caso la del gobernador de la provincia; se habían metodizado los disfrutes, y reducido su número e importancia a lo que el estado decadente de los arbolados consentía, a lo que reclamaban imprescindiblemente las necesidades de la vida; se habían reformado varios abusos originados por la codicia y la especulación; en una palabra, se había restablecido la observancia de las leyes, ordenanzas e instrucciones concernientes al ramo”. 3º.- Empero, la situación descrita se vio afectada inmediatamente por la legislación desamortizadora, concretada en la Ley de desamortización de 1 de mayo de 1855 y en la Orden de venta de todos los montes públicos en los que no concurriera un interés forestal. La consecuencia fue la aprobación de nuevas normas generales, que derogaron en gran parte las Ordenanzas Generales de 1833 y procedieron a sistematizar la normativa dispersa dictada a raíz de las mismas. En concreto, se aprobó la conocida como Ley de Montes, de 24 de mayo de 1863, aunque propiamente no cabe calificarla como tal, así como su Reglamento, aprobado por Real Decreto de 17 de mayo de 1865, cuyo ámbito de aplicación seguía afirmando la libertad de los particulares en los terrenos de su propiedad. A dichas normas ha de añadirse el ulterior Real Decreto de 8 de mayo de 1884, por el que se aprobó la reforma de la legislación penal de montes establecida en las Ordenanzas

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Generales de 1833, proclamándose junto a las sanciones penales un sistema de represión administrativa. No obstante la notable labor de sistematización, continuaron aprobándose normas singulares con fines diversos en el último tercio del Siglo XIX, como la Ley de 11 de julio de 1877 y su Reglamento de ejecución, de 18 de enero de 1878, sobre repoblación, fomento y mejora de los montes públicos, o diversas normas sobre prevención de incendios. 4º.- La configuración de los montes que acaba de exponerse fue objeto de modificaciones sustanciales en la primera mitad del Siglo XX. Al margen de la paralización de la acción desamortizadora, ha de destacarse que, de nuevo, se proclama la aplicación de la legislación forestal a los montes de propiedad particular, sometidos a partir de este momento a la intervención administrativa. Su claro exponente lo constituye la Ley de 24 de junio de 1908 y su Reglamento de 8 de octubre de 1909, de conservación de montes y repoblación forestal, aplicables tanto a los montes públicos como a los pertenecientes a particulares. Las prescripciones de la Ley de 1908 se vieron complementadas con disposiciones sectoriales, como la legislación de parques nacionales —Ley de 7 de diciembre de 1916, de Creación de Parques Nacionales, y su Reglamento, de 23 de febrero de 1917—, y con la normativa reguladora de la acción forestal estatal —Ley de 9 de octubre de 1935, modificada por la posterior Ley de 26 de agosto de 1939, sobre el Patrimonio Forestal del Estado—. 5º.- Tras la Guerra Civil se reforzó el intervencionismo del poder público en las propiedades forestales, procediéndose a la aprobación de diferentes normas sectoriales. Del conglomerado normativo han de destacarse, por todas, la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado, la Ley de 23 de diciembre de 1948, de Normas para Aprovechamientos de los Montes Comunales, la Ley de 16 de julio de 1949, de Aprovechamientos y Mejoras en los Montes que no tengan Proyectos de Ordenación, las leyes de auxilios para la repoblación forestal y de defensa contra plagas forestales de 1952, y la Ley de conservación de auxilios a particulares de 1955.

II.3.— La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y su Reglamento.

II.3.A).— Un nuevo Código Forestal. La dispersión normativa de la que se ha dejado constancia determinó la necesidad de aprobar una nueva disciplina integral en la materia, labor que acometió el legislador de la década de los cincuenta, con su acreditada técnica normativa. 53


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Con dicha finalidad, en efecto, se dictó la capital Ley de 8 de junio de 1957, de Montes, texto que derogó las precedentes leyes de 1863, de 1877 y de 1908, así como sus Reglamentos de desarrollo. Su vigencia se ha proyectado durante prácticamente medio siglo, constituyendo, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la normativa estatal básica en la materia, ex artículo 149.1.23ª, hasta la aprobación de la vigente Ley 43/2003, de 21 de noviembre. Por lo que respecta a su contenido sustantivo, preciso es destacar que la Ley de 1957 es fruto de la analizada dinámica histórica. En efecto, en los términos destacados por Grau Fernández (1966), recibe los principios básicos contenidos en las disposiciones que se refunden y derogan, como el concepto de monte afirmado por primera vez en las Ordenanzas Generales de Montes de 1833. No obstante, también se introdujeron algunas novedades, como la reforma de la categoría de los montes protectores, que quedaba limitada a los montes particulares, o la ampliación de los fines que cumplían los montes catalogados para comprender a los montes públicos protectores existentes con anterioridad. Complementando sus prescripciones, vio la luz el posterior Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Montes. Este cuerpo reglamentario, conforme indicaba su “Preámbulo”, no era un mero texto de desarrollo de la Ley de 1957, sino que procedió a refundir la mayor parte de las disposiciones vigentes en la materia, por lo que no en vano se le ha venido considerando como un auténtico “Código forestal”. Afirmado así el sistema, deben destacarse algunas normas sectoriales posteriores aprobadas antes de la vigente Constitución, de relevancia en la materia: — la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. — la Ley 5/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Naturales Protegidos, que procedió a la derogación del precedente régimen especial de protección introducido por la Ley de Montes de 1957, siendo desarrollada por Real Decreto de 4 de marzo de 1977; o, — la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal, que fue objeto de desarrollo por el Real Decreto 1.279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley.

II.3.B).— Elementos definidores del sistema. Aunque no podemos detenernos en su consideración, cabe recordar, de acuerdo con Guaita Martorell, que el concepto legal de monte establecido por la Ley de 1957 estaba caracterizado por dos notas fundamentales: 1ª Que se tratara de terrenos clasificados como suelo rústico y no urbano, con lo que se excluían del concepto los parques, jardines y solares.

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2ª Que el terreno estuviera dotado de especies forestales, con exclusión de los árboles frutales, los de fines científicos y los destinados al ornato. A partir de dicho concepto, la Ley establecía un criterio tipológico de los montes basado en un doble criterio, el subjetivo de su titularidad pública o privada y el de su régimen jurídico. La resultante es que los montes públicos podían ser clasificados como patrimoniales o de dominio público y, por su función, declarados de utilidad pública e incluidos en el Catálogo de Montes y los restantes montes no catalogados, que cumplían fines diversos. Por su parte, los montes particulares podían ser protectores, no protectores o en mano común. La protección de los mismos partía de su correcta identificación, articulada a partir de la institución del Catálogo de Montes, registro público administrativo que había introducido ya la Ley de 1863 y que asume como finalidad específica la de incluir todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública, comportando la inclusión de un monte en el Catálogo el establecimiento de limitaciones a las facultades dispositivas, la afirmación de un plazo especial de prescripción, la presunción posesoria y la proclamación de su inembargabilidad.

II.4.— El impacto de la entrada en vigor de la Constitución de 1978: la prioritaria consideración ambiental. El bloque normativo conformado por la Ley de 1957 y su Reglamento de 1962 sufrió, como no podía ser de otro modo, el impacto de la entrada en vigor del texto de la Constitución española de 1978, tanto por la afirmación de un nuevo modelo pluralista y policéntrico de Administraciones públicas basado en el principio de autonomía, con la consecuente necesidad de articular entre ellas las competencias forestales, como por sus determinaciones sustantivas, con una prioritaria consideración ambiental. En este último sentido, el Texto constitucional, al margen de la proclamación de la función promocional de los poderes públicos en su Título Preliminar —artículo 9.2—, y de la consagración explícita de la función social de la propiedad, cuyo contenido lo determinan las leyes —ex artículo 33.1 y 2—, establece, en el Capítulo III de su Título I, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. De este modo, la exigencia medioambiental, así proclamada por el artículo 45.1 y con la específica garantía que le ofrece el artículo 53.3, se incorpora a nuestro sistema jurídico–político como un principio rector de la política social y económica, convirtiéndose en un condicionamiento para la actividad de los poderes públicos, ya sea ésta normativa, ejecutiva o judicial. En este orden, el propio artículo 45 complementa sus prescripciones atribuyendo a los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La vulneración de dichos fines, culmina el meritado precepto, determinará la

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imposición de las sanciones penales o administrativas que establezca la ley, así como la obligación de reparar el daño causado. Por otra parte, ha de tenerse presente que el artículo 132.1 establece una reserva de ley en la disciplina del régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, respecto de los cuales se predican los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y afectación, remitiendo a la ley el apartado 2 la delimitación de los bienes que han de integrar el demanio. La consecuencia inmediata de la entrada en vigor de las referidas prescripciones constitucionales fue la aprobación de diversas normas de singular relevancia en la materia considerada. Así, al margen de lo establecido por la normativa reguladora del régimen local, cabe destacar: — De un lado, la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, reguladora de los Montes Vecinales en Mano Común. — De otro, la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. — Finalmente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, basada en la clasificación en “parques”, “reservas naturales”, “monumentos naturales” y “paisajes protegidos”. Sin embargo, una disciplina específica de los montes adecuada a la concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución no ha entrado en vigor hasta el año 2004, por lo que las viejas determinaciones de la Ley de 1957 han conservado su fuerza normativa durante un cuarto de siglo bajo el imperio de la Norma Fundamental.

II.5.— La distribución constitucional de competencias en la materia. Como es bien sabido, el modelo constitucional–estatutario de distribución de competencias en materia de medio ambiente y, específicamente, de patrimonio forestal, se articula sobre el sistema de las competencias compartidas, habida cuenta de que, como en otros tantos supuestos, el constituyente no atribuyó ni al Estado ni a las Comunidades Autónomas, con carácter exclusivo, la materia considerada en bloque. Consecuentemente, existe una modulación del ámbito competencial de cada ente territorial, en función de la concreta actividad a la que esté referida. En efecto, presupuesto el reconocimiento constitucional efectuado por el artículo 45, como principio rector de la política social y económica —y, por ende, como deber jurídico efectivo de los poderes públicos y paralelo Derecho reaccional de los ciudadanos—, el artículo 149.1, en

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su circunstancia 23ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.». La referida atribución se complementa por el propio artículo 149.1 con otros títulos que son propios del Estado, en cuya virtud puede proyectarse su actuación genéricamente sobre el medio ambiente y específicamente respecto del patrimonio forestal. Sin ánimo exhaustivo, sirva recordar las circunstancias 8ª —legislación civil, sin perjuicio de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existen—, 14ª —Hacienda general y Deuda del Estado—, 15ª —fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica— y 18ª —bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios; procedimiento administrativo común; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas—. Afirmado el marco competencial estatal, por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, el reproducido artículo 149.1.23ª las habilita para asumir, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, la competencia para dictar normas de desarrollo de la legislación básica estatal y establecer normas adicionales de protección. Al margen de lo anterior, el precedente artículo 148.1 —hic et nunc, “Historia del Derecho”— estableció la posibilidad de que asumieran competencias en materia de «Los montes y aprovechamientos forestales» —circunstancia 8ª— y de «La gestión en materia de protección del medio ambiente» —circunstancia 9ª—. Presupuesto lo anterior, inequívoca expresión del proceso de mimetismo que ha regido la institucionalización del Estado autonómico la constituye el hecho de que los Estatutos de Autonomía de las diecisiete Comunidades en que se estructura territorialmente el Estado español han procedido a atribuir a sus respectivas Comunidades la competencia en materia forestal. Desde esta premisa, debe tenerse presente la uniformidad en el nivel competencial operada a partir de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143. Entrando brevemente en el detalle de las prescripciones estatutarias, en los términos hoy vigentes, en dos supuestos —Islas Baleares y Comunidad Foral de Navarra—, se formula estatutariamente la atribución en materia forestal como “competencia exclusiva”. A tenor de otras seis normas institucionales básicas —Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco— la asunción de la competencia exclusiva lo es sin perjuicio o de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149.1.23ª de la Constitución. Por último, un tercer bloque de Estatutos, concretamente nueve, procede a la afirmación de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca —Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja—.

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En todo caso, los respectivos títulos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas han de ser interpretados en el sentido precisado por el Tribunal Constitucional, es decir, en palabras del propio Intérprete Supremo —Sentencia 149/1991, de 4 de julio, Fundamento Jurídico 1—, que “conviene subrayar ya en este momento, que los términos en los que la Constitución (art. 149.1.23ª) recoge la competencia exclusiva del Estado concerniente a la protección del medio ambiente ofrecen una peculiaridad que no puede ser desdeñada a la hora de establecer su significado preciso”. Y concreta seguidamente el Tribunal Constitucional: “el constituyente no ha pretendido reservar a la competencia legislativa del Estado sólo el establecimiento de preceptos básicos necesitados de ulterior desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que debía ser el Estado el que estableciese toda la normativa que considere indispensable para la protección del medio ambiente (sin perjuicio, claro está de que este standard proteccionista común fuese mejorado, por así decir, por las Comunidades Autónomas)”. Dicho con otras palabras, a diferencia de la estructura típica que caracteriza las relaciones entre la legislación estatal básica y la legislación de desarrollo autonómica, el artículo 149.1.23ª impone una relación singular, en cuya virtud la legislación básica ha de respetar un núcleo competencial autonómico, el de la posibilidad de dictar normas adicionales de protección, núcleo que, sin embargo, es menos intenso que el de la legislación de desarrollo. Es en este sentido en el que el Alto Tribunal delimita la operatividad de la competencia autonómica de desarrollo legislativo en la materia, afirmando que “en materia de medio ambiente, el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica es menor que en otros ámbitos y que, en consecuencia, no cabe afirmar la inconstitucionalidad de las normas estatales aduciendo que, por el detalle con el que están concebidas, no permiten desarrollo normativo alguno”, si bien, como el propio Tribunal precisó ulteriormente, en su Sentencia 102/1995, la normativa estatal “no puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido”. En resumen, y recogiendo los gráficos términos del Fundamento Jurídico 9 de la última de las sentencias citadas, nos hallamos ante un reparto caracterizado por la “estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable, por así decirlo, para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma”. El cuadro competencial ha de ser, a su vez, cumplimentado con la intervención que, en virtud de su norma institucional básica, corresponde a las Entidades locales. En efecto, al margen del primer nivel de reparto competencial operado por el Constituyente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el legislador ordinario ha optado por la atribución específica de competencias en la materia a las Corporaciones locales. Así se colige de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuya virtud las Corporaciones locales, de acuerdo con el

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criterio tradicional en nuestro ordenamiento, asumen una serie de títulos específicos referidos a la gestión y protección ambiental, tales como la ordenación del tráfico de vehículos; protección civil; protección y prevención de incendios; ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; defensa de usuarios y consumidores; suministro de aguas; recogida y tratamiento de residuos; o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Lo anterior diseña en nuestro ordenamiento un panorama que sólo puede entenderse partiendo de la responsabilidad competencial concurrente de todas las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.

II.6.— Nuestro vigente Derecho positivo: legislación estatal básica y normativa autonómica. La conclusión apuntada explica por sí misma la necesidad de conocer la legislación estatal básica y autonómica vigente en materia de protección forestal. Pues bien, en ejercicio de los meritados títulos competenciales en la materia, el Estado ha procedido a sustituir y derogar la Ley de 1957 dictando la vigente Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Su articulado ha introducido en nuestro ordenamiento una nueva normativa, tendente a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución y con los principios de gestión forestal sostenible que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles. Sus prescripciones, empero, han sido objeto de una importante modificación por la reciente Ley 10/2006, de 28 de abril, cuyo doble objetivo —en los términos anteriormente reproducidos—, se declaran de forma expresa en su Exposición de Motivos: subsanar ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes, de un lado, a la correcta definición de las atribuciones que corresponden a las diferentes Administraciones públicas, y, de otro, en la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, señaladamente, los que tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y con la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo. Al estudio del sistema definido por la Ley 43/2003, en los términos establecidos por la Ley 10/2006, se dedican los apartados III y IV de este estudio, a los que, obvio resulta, me remito. Pero antes de entrar en su detalle, es imprescindible considerar que, vigente la Constitución y en el marco diseñado por la Ley de 1957, diversas entidades territoriales habían procedido a legislar de manera expresa sobre diversos aspectos relativos al patrimonio forestal. No obstante, ha de destacarse que tan sólo seis Comunidades Autónomas gozaban con anterioridad a la aprobación de la Ley 43/2003 de una normativa específica e integral en la materia, con la pretensión de colmar el específico espacio normativo autonómico. A las mismas se

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ha unido el Principado de Asturias, estando en curso de tramitación un Proyecto de Ley en Aragón. Por orden cronológico de aprobación de sus respectivas leyes: — Cataluña: Ley 6/1988, de 30 de marzo, sobre Ordenación Forestal (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15 de abril, número 978, y Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo, número 105, página 13.440 y siguientes). — Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal (Boletín Oficial de Navarra de 14 de enero de 1991, número 6, página 114 y siguientes, y Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1991, número 70, página 9.073 y siguientes). En desarrollo de la misma, ha de estarse, de un lado, a lo dispuesto por el Decreto Foral 59/1992, de 17 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31-12-1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal (Boletín Oficial de Navarra de 20 de abril, número 48, página 1.913 y siguientes), así como, de otro, a lo establecido en el Decreto Foral 322/1997, de 3 noviembre, de Creación y Régimen Jurídico del Catálogo de Montes Protectores de Navarra (Boletín Oficial de Navarra de 14 de noviembre, número 137, página 7.894 y siguientes). — Andalucía: Ley 2/1992, de 15 de junio, de Ordenación Forestal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de junio de 1992, número 57, página 4.255). En desarrollo de la misma se dictó el Decreto 208/1997, de 9 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 7 de octubre, número 117, página 12.148 y siguientes). — Comunidad Valenciana: Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 21 de diciembre, número 2.168, página 13.236 y siguientes, con rectificación de errores en el posterior Diario Oficial de 28 de enero de 1994, número 2.195, página 1.075). Las prescripciones legales fueron complementadas por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9-12-1993, Forestal (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 1 de junio, número 2.520, página 8.259 y siguientes; corrección de errores en el posterior número 2.557, de 24 de julio). — La Rioja: Ley 2/1995, de 10 de febrero, sobre Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal (Boletín Oficial de La Rioja de 21 de febrero, número 22, página 715). En desarrollo de la misma, por el Decreto 114/2003, de 30 octubre, se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja de 4 de noviembre, número 136, página 5.221 y siguientes). — Comunidad de Madrid: Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de mayo, número 127, página 2 y siguientes, con corrección de errores en el posterior número 152, de 28 de junio, página 4, y Boletín Oficial del Estado de 10 de agosto, número 190, página 24.949 y siguientes). 60


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— Principado de Asturias: Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 3 de diciembre, número 281, página 17.506 y siguientes, con corrección de errores en el posterior número 7, de 11 de enero de 2005, página 146.

II.7.— Regímenes especiales.

II.7.A).— La calificación de “Administraciones Públicas competentes” a efectos de la Ley. Expuesto el marco general de la legislación protectora del patrimonio forestal, no puede cerrarse su consideración sin destacar la singular posición que, a efectos de la aplicación de sus prescripciones, es propia, de un lado, de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y, de otro, de los Consejos Insulares en el archipiélago balear y, especialmente, de los Cabildos en Canarias. La singularidad rige también la posición de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y se extiende a cualesquiera otras entidades locales, como las comarcas, que asuman competencias en materia forestal en virtud de la respectiva legislación autonómica. De entrada, todas las entidades territoriales referidas resultan equiparadas, a efectos de la Ley, a las Comunidades Autónomas, gozando de la calificación de “Administración pública competente” en materia forestal, con capacidad para gestionar sus propios recursos. Así lo proclama la Disposición Adicional Sexta, “Administraciones públicas competentes”, de la Ley 43/2003, del siguiente tenor literal: «La referencia que se hace en el texto de esta ley a las comunidades autónomas se entenderá que incluye también a las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en su caso, a los órganos forales de los Territorios Históricos del País Vasco y a los Cabildos y Consejos Insulares y otras entidades locales con competencias en materia forestal reconocidas en la normativa autonómica.».

II.7.B).— La competencia exclusiva, normativa y de ejecución, de los Órganos Forales de los Territorios Históricos del País Vasco. II.7.B).i— Asunción de la competencia y normativa foral reguladora de los montes. Al margen de la referida calificación como Administraciones públicas competentes, en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha de ponderarse que la competencia asumida estatutariamente corresponde, en realidad, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

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En efecto, la Ley autonómica 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (editada en el Boletín Oficial del País Vasco número 182, de 10 de diciembre), procedió en su Título Primero a la delimitación “De las competencias de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos”, dedicando su Capítulo II a la determinación “De las competencias de los Territorios Históricos”. En mérito de su artículo 7.a).9: «Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las siguientes materias: Montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales.». En lógica consecuencia, a tenor del artículo 7.a).9, en relación con el artículo 8.1, de la Ley 27/1983, puede afirmarse que los montes en el País Vasco son competencia exclusiva de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en quienes reside la potestad normativa y, por supuesto, de ejecución, obviamente, respetando los límites establecidos por el artículo 149.1.23ª de la Constitución. Al respecto, ha de estarse a su propia y respectiva normativa, constituida: — en el supuesto de Guipúzcoa, a la Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de regulación de los Montes (publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 134, de 15 de julio, página 8.965 y siguientes); — en el caso de Vizcaya, a la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos (publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia número 123, de 28 de junio, página 7.839 y siguientes); y, — respecto de Álava, a la Norma Foral 13/1986, de 4 de julio, reguladora del régimen de los Montes del Territorio Histórico de Álava (publicada en el Boletín Oficial de Álava de 13 de agosto).

II.7.B).ii— La Norma Foral reguladora de los Montes del Territorio Histórico de Álava. En concreto, y por cuanto aquí importa, la Norma Foral 13/1986, de 4 de julio, reguladora del régimen de los Montes del Territorio Histórico de Álava, tiene su precedente en el llamado “Arreglamento u Ordenanzas de Álava”, de 12 de noviembre de 1793, y es tributaria de las posteriores Ordenanza de Infracciones Forestales y su Sanción, de 28 de noviembre de 1973, y Ordenanza de Montes de la Provincia de Álava, de 14 de noviembre de 1974, en vigor hasta la aprobación de la Norma Foral 13/1986.

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De hecho, en realidad el contenido normativo de la Norma Foral 13/1986 recoge las prescripciones de los referidos textos forales, así como de las disposiciones dictadas en su desarrollo, adaptándolas al nuevo marco de protección medioambiental afirmado en la Constitución de 1978 y, consecuentemente, reforzando la intervención de la Administración en el ejercicio de las funciones técnicas, tutelares o de vigilancia. La Norma Foral está conformada por 154 artículos, estructurados en seis títulos, cuyo contenido respectivo es el que sigue: — Título Preliminar, artículos 1 y 2, que definen su objeto y su ámbito de aplicación tanto respecto de los montes públicos como de los particulares; — Título Primero, “Concepto y clasificación de los Montes”, artículos 3 a 14, divididos en dos Capítulos, en los que, definiendo qué se entiende por monte a los efectos de la Norma, se procede a su clasificación tanto en función de su pertenencia como de las características esenciales que los hace merecedores de protección y, por tanto, merecedores de la intervención administrativa, organizándose un registro administrativo con consecuencias posesorias respecto de terceros; — Título Segundo, “De los Montes de Utilidad Pública”, artículos 15 a 38, sistematizados en tres Capítulos, que regulan el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, donde se integran todos los montes de los entes públicos declarados de utilidad, así como anejos, para la debida constancia de los de particulares declarados de interés social. El Catálogo otorga a los montes inscritos los efectos posesorios frente a terceros, facilitando su deslinde y restringiendo sus gravámenes; — Título Tercero, “Aprovechamientos Forestales”, artículos 39 a 82, distribuidos en cinco Capítulos, donde se regulan los diversos aprovechamientos, desde el fundamental de la producción, hasta otros complementarios, como el pastoreo y las roturaciones, destacando el tradicional de las fogueras; — Título Cuarto, “De la Repoblación y Conservación de los Montes”, artículos 83 a 116, estructurados en seis Capítulos, que disponen incentivos para los trabajos de repoblación y mejora, regulando la defensa contra las plagas e incendios forestales, con una cuidada disciplina de la quema de pastos y restos forestales; y, — Título Quinto, “De las Infracciones y Sanciones”, artículos 117 a 154, divididos en ocho Capítulos, en los que se distingue las cometidas dentro de una sujeción especial con la Administración de los hechos ajenos a cualquier relación directa con la misma, sancionándose las primeras en el ámbito de la respectiva interrelación y las segundas, respetando las competencias de la jurisdicción para enjuiciarlas, mediante sanciones subsidiarias o directas en los supuestos no tipificados penalmente. Se disciplina,

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asimismo, el procedimiento sancionador de imposición y cobro de sanciones, así como la responsabilidad civil, en su caso, respetando los principios que constitucionalmente informan el procedimiento sancionador. Complementan el articulado ocho disposiciones adicionales —relativas a facultar a la Diputación Foral para que ejecute la Norma—, tres disposiciones transitorias —que contemplan diversos aspectos relacionados con la adecuación de la situación existente en el momento de su entrada en vigor a la nueva disciplina—, dos disposiciones finales —en relación con su vigencia— y una Disposición Derogatoria —comprensiva de las precedentes Ordenanzas Forales y de cuantas disposiciones pudieran oponerse a la Norma Foral—.

II.7.C).— Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla. Por lo que respecta a los supuestos de Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas que, en puridad, conforman Entidades locales de régimen singular, ha de tenerse en cuenta que la Disposición Final Cuarta de la Ley 43/2003 les atribuye en la materia, dentro del marco establecido por la misma y por las leyes que el Estado promulgue a tal efecto, el ejercicio de las potestades normativas reglamentarias que tienen atribuidas, respectivamente, por la Ley Orgánica 1/1995 y la Ley Orgánica 2/1995, ambas de 13 de marzo.

II.7.D).— El traspaso competencial de la ejecución de la política forestal a favor de los Cabildos Insulares en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, ha de destacarse, en el nivel ejecutivo, el traspaso competencial operado a favor de los Cabildos Insulares, administraciones de una sólida tradición y cuyo volumen presupuestario supera, en algún supuesto, el propio de la Comunidad. Al respecto, cabe recordar la originaria delegación genérica realizada por el Decreto 161/ 1997, de 11 de julio, por el que se delega en los Cabildos Insulares funciones en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de espacios naturales protegidos —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 106, de 15 de agosto, página 9.967—, cuyas prescripciones se vieron afectadas, modificando su texto y corrigiendo errores, primero, por el Decreto 298/1997, de 19 de diciembre, cuyo artículo 1 modificó la Disposición Adicional Tercera, añadiendo el artículo 2 dos nuevas adicionales, la Sexta y la Séptima —editado en el Boletín Oficial de Canarias número 165, de 23 de diciembre, página 14.596; con corrección de errores en el ulterior número 25, de 25 de febrero de 1998, página 1.599—, y, posteriormente, por el Decreto 204/1998, de 16 de noviembre, que añadió anexos —insertado en el Boletín Oficial de Canarias número 151, de 2 de diciembre, página 14.246—.

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Con dicho precedente, la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, estableció una nueva redacción de la Disposición Adicional Primera de la citada Ley, de forma que se transfirieron a las Islas, en su ámbito territorial respectivo, entre otras, las competencias administrativas sobre las materias de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de espacios naturales protegidos. La Disposición Transitoria Tercera, apartado 2, de la referida Ley 14/1990, de 26 de julio, estableció que el Gobierno de Canarias, previo Acuerdo de la Comisión de Transferencias, aprobaría el correspondiente Decreto en el que se describirían las funciones transferidas, compartidas y reservadas y la metodología precisa para llevar a cabo los traspasos de servicios, medios y recursos. Con la finalidad de cumplimentar dicha prescripción y de hacer efectivo el traspaso competencial Comunidad–Cabildos, se dictó el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de Traspaso de Funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 110, de 16 de agosto, página 13.849—. Su objetivo, de conformidad con el artículo 1, es determinar las funciones que comportan las competencias transferidas —que hasta el momento de entrada en vigor de la Ley 8/2001 figuraban como delegadas, por Decreto 161/1997—, así como aquellas que han quedado reservadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la metodología precisa para llevar a cabo los traspasos de servicios, medios y recursos. Sin poder detenernos en su consideración detallada, cabe recordar que, a partir de la delimitación de funciones transferidas realizada por los artículos 2 a 5, y sin perjuicio de las técnicas de control que el artículo 8 atribuye al Gobierno de Canarias, para garantizar la legalidad y la eficacia administrativa en la prestación por los Cabildos Insulares de los servicios transferidos, el artículo 6 del Decreto 111/2002 enumera las funciones que se reserva la Comunidad Autónoma, en los siguientes términos, que procedo a reproducir por su relevancia: «Quedan reservadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las materias a que se refieren los artículos 2, 3 y 4, las siguientes funciones: a) La formulación, tramitación y elevación al órgano competente del Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos. b) El ejercicio de la iniciativa legislativa, sin perjuicio de la iniciativa legislativa propia reconocida a los Cabildos Insulares por su legislación específica y por el Estatuto de Autonomía. c) El ejercicio de la potestad reglamentaria, sin perjuicio de la potestad reglamentaria organizativa de los Cabildos Insulares para regular su propia organización y funcionamiento,

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en la que se incluye la facultad de las Corporaciones Insulares para reglamentar los servicios públicos que se establezcan en el ejercicio de las competencias transferidas. d) La aprobación definitiva de los instrumentos de planificación de ámbito insular o inferior formulados y tramitados por los Cabildos Insulares, salvo que corresponda a los mismos su aprobación definitiva de acuerdo con la legislación o normativa vigente; y, en todo caso, la formulación, tramitación y aprobación definitiva de los que tengan ámbito regional o distinto del insular. e) La declaración de utilidad pública de los montes, inclusión o exclusión del Catálogo, declaración de unidad mínima de monte y declaración de montes protectores, previa propuesta del respectivo Cabildo Insular. f) La aprobación de los pliegos generales de condiciones técnico-facultativas y económicas para la ejecución de los distintos aprovechamientos forestales, a propuesta del respectivo Cabildo Insular. g) La determinación de nuevas especies forestales cuyo aprovechamiento deba ser autorizado. h) La coordinación de la política forestal de Canarias y la coordinación en el desarrollo, seguimiento y actualización del Plan Forestal de Canarias. i) La Resolución sobre las propuestas de los Cabildos Insulares relativas a la cancelación de los montes consorciados o convenidos, previo informe de la Comisión de Montes. j) La coordinación en el ámbito suprainsular con los distintos organismos competentes en la prevención y lucha contra incendios forestales, la puesta a disposición de los Cabildos Insulares de los medios aéreos en toda clase de incendios, así como la decisión sobre la puesta a disposición de los Cabildos Insulares de los medios humanos o materiales adicionales que deban aportarse cuando la proporción del incendio haga insuficientes los medios de extinción con que cuenta el territorio insular de que se trate, de tal manera que se haga precisa la aportación de otros medios humanos o materiales procedentes de las otras islas de la Comunidad Autónoma, de otras Comunidades Autónomas o de la Administración Central. k) La elaboración, tramitación y aprobación de los planes de recuperación de especies en peligro de extinción, y de conservación de especies sensibles a la alteración de su hábitat, así como las autorizaciones para el uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, en tanto no estén aprobados los correspondientes planes. l) La elaboración, tramitación y aprobación de los planes de especies catalogadas cuyo hábitat sea ajeno al territorio insular (especies marinas), así como las autorizaciones para el uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables y las autorizaciones para el uso de las restantes especies cuyo hábitat sea ajeno al insular (especies marinas). 66


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m) La gestión del Catálogo Regional de Áreas de Sensibilidad Ecológica. n) Todas las referentes a la prevención del Impacto Ecológico reguladas por la legislación vigente en la materia, con la excepción de la Expedición de Cédulas Ambientales y la declaración básica de impacto ecológico. ñ) La coordinación en el ámbito suprainsular de la política recreativa y educativa en la naturaleza, así como la divulgación e información ambiental de ámbito regional en coordinación con los Cabildos Insulares afectados.». El Decreto 111/2002 ha encontrado, con posterioridad y en cumplimiento de su Disposición Adicional Única, su concreción respecto de cada una de las siete islas del Archipiélago, materializándose en los respectivos decretos de traspaso de servicios, medios personales y recursos para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos, todos ellos de fecha 20 de diciembre de 2002. Por su número de orden: .— para el Cabildo Insular de El Hierro, Decreto 177/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 173, de 30 de diciembre, página 22.277; rectificación de errores en el Boletín número 51, de 14 de marzo de 2003, página 4.016—; .— para el Cabildo Insular de Fuerteventura, Decreto 178/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 1, de 1 de enero de 2003; rectificación de errores en el Boletín número 51, de 14 de marzo, página 4.017—; .— para el Cabildo Insular de Gran Canaria, Decreto 179/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 1, de 1 de enero de 2003; rectificación de errores en el Boletín número 51, de 14 de marzo, página 4.018—; .— para el Cabildo Insular de La Gomera, Decreto 180/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 1, de 1 de enero de 2003—; .— para el Cabildo Insular de Lanzarote, Decreto 181/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 1, de 1 de enero de 2003; rectificación de errores en el Boletín número 51, de 14 de marzo de 2003, página 4.019—; .— para el Cabildo Insular de La Palma, Decreto 182/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 10, de 16 de enero de 2003—; y, .— para el Cabildo Insular de Tenerife, Decreto 183/2002 —publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 173, de 30 de diciembre, página 22.285; rectificación de errores en el Boletín número 51, de 14 de marzo de 2003, página 4.020—.

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III.—EL SISTEMA DE LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES, REFORMADA POR LA LEY 10/2006, DE 28 DE ABRIL. III.1.— La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

III.1.A).— Entrada en vigor y cláusula derogatoria del texto originario de la Ley 43/2003. Conforme se ha constatado con anterioridad, el vigente marco normativo estatal, con el carácter de legislación estatal básica —en los términos que ulteriormente se precisan—, está constituido por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que institucionaliza y codifica, en el marco del Estado autonómico, el Derecho forestal español, con la finalidad de preservar la cubierta vegetal. Sus prescripciones, empero, han de considerarse en los términos establecidos por la ulterior Ley 10/2006, de 28 de abril. Centrando nuestra atención en este apartado en el texto originario, ha de recordarse que la Ley 43/2003, en los términos de su Disposición Final Sexta —“Entrada en vigor de la ley”—, adquirió vigencia a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar en el número 280, de 22 de noviembre de 2003 —páginas 41.422 a 41.442—. Casi ocioso resulta precisar, de conformidad con el tenor de su Disposición Derogatoria Única, que su entrada en vigor determinó la pérdida de vigencia de la precedente Ley del mismo objeto de 8 de junio de 1957, que, de un lado, no servía para articular las competencias correspondientes a las diferentes Administraciones públicas, y, de otro, tampoco resultaba útil para enmarcar las nuevas funciones y objetivos que con la regulación de los montes se pretenden en atención a la prioritaria consideración ambiental. Además de la misma, el apartado 1 de la cláusula derogatoria, de forma expresa, comprende otros cuatro cuerpos normativos anteriormente referidos: .— la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado. .— la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. .— la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal. .— la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Por lo que respecta a las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos legales derogados, el apartado 2 de la Derogatoria declara su vigencia transitoria en cuanto no se opongan a lo previsto en la Ley, esto es, «hasta la entrada en vigor de las normas que puedan 68


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dictarse en su desarrollo», a cuyo efecto la Disposición Final Tercera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias. Al margen de su eficacia derogatoria, ha de tenerse en cuenta que la Disposición Final Primera, “Modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”, procede a reformar el referido cuerpo legal en siete extremos. Primero, se adiciona al Título III un nuevo Capítulo, el II.bis, “De la Red Ecológica Europea Natura 2000”, conformado por los artículos 20.bis, 20.ter y 20.quáter. En segundo lugar, se modifica el apartado 1 del artículo 21. Asimismo, se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 26. Respecto de los anexos, de un lado, el Anexo de la Ley pasa a ser su Anexo I, y, de otro, se incluye un nuevo Anexo II. En sexto lugar, se deroga expresamente el apartado 5 del artículo 28. Por último, se habilita al Gobierno para modificar, por Real Decreto, el Anexo II, en orden a su adecuación a la normativa de la Unión Europea.

III.1.B).— Estructura de la Ley de 21 de noviembre de 2003. La estructura del considerado texto legal está conformada por 80 artículos, divididos en siete títulos, con el siguiente objeto respectivo: — Título I: “Disposiciones generales”, artículos 1 a 10, aglutinados en dos capítulos: I, “Objeto y conceptos generales”, artículos 1 a 6, y II, “Competencias de las Administraciones públicas”, artículos 7 a 10. — Título II: “Clasificación y régimen jurídico de los montes”, artículos 11 a 27, divididos en cinco capítulos: I, “Clasificación de los montes”, artículos 11 a 13; II, “Régimen jurídico de los montes públicos”, artículos 14 a 19; III, “Recuperación posesoria y deslinde de los montes públicos”, artículos 20 y 21; IV, “Régimen de los montes privados”, artículos 22 a 24; y V, “Derecho de adquisición preferente y unidades mínimas de actuación forestal”, artículos 25 a 27. — Título III: “Gestión forestal y sostenible”, artículos 28 a 38, estructurados en cuatro capítulos: I, “Información forestal”, artículo 28; II, “Planificación forestal”, artículos 29 a 31; III, “Ordenación de montes”, artículos 32 a 35; y IV, “Aprovechamientos forestales”, artículos 36 a 38. — Título IV: “Conservación y protección de montes”, artículos 39 a 54, separados en cuatro capítulos: I, “Usos del suelo”, artículos 39 y 40; II, “Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y restauración hidrológico–forestal”, artículos 41 y 42; III, “Incendios forestales”, artículos 43 a 50; y IV, “Sanidad y genética forestal”, artículos 51 a 54. — Título V: “Investigación, formación, extensión y divulgación”, artículos 55 a 59, conformados en dos capítulos: I, “Investigación forestal”, artículos 55 y 56; y II, “Formación y educación forestal”, artículos 57 y 58.

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— Título VI: “Fomento forestal”, artículos 60 a 66, agrupados en tres capítulos: I, “Defensa de los intereses forestales”, artículo 60; II, “Empresas forestales”, artículos 61 y 62; y III, “Incentivos económicos en montes ordenados”, artículos 63 a 66. — Título VII: “Régimen sancionador”, artículos 67 a 80, divididos en dos capítulos: I, “Infracciones”, artículos 67 a 72; y II, “Sanciones”, artículos 73 a 80. Complementan el cuerpo legal un conjunto variado de disposiciones finales, algunas de las cuales ya han sido consideradas, ocupándonos del contenido de otras posteriormente. En concreto: — diez disposiciones adicionales —Primera, “Consorcios y convenios de repoblación”; Segunda, “Regímenes especiales”; Tercera, “Participación forestal en la declaración de espacios naturales protegidos”; Cuarta, “Uso energético de la biomasa forestal residual”; Quinta, “Sociedades de propietarios forestales”; Sexta, “Administraciones públicas competentes”; Séptima, “Cambio climático”; Octava, “Ocupaciones en montes de dominio público forestal por razones de la Defensa Nacional”; Novena, “Mecenazgo”; y Décima, “Gestión de montes pro indiviso”—; — cinco disposiciones transitorias —Primera, “Servidumbres en montes demaniales”; Segunda, “Plazo para la ordenación de montes”; Tercera, “Incentivos económicos en montes no ordenados”; Cuarta, “Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a esta ley”; y Quinta, “Montes declarados protectores con anterioridad a esta ley”—; — la, ya considerada, Derogatoria Única —“Derogación normativa”—; y — seis disposiciones finales —la, antes analizada, Primera, “Modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”; Segunda, “Habilitación competencial”; Tercera, “Habilitación normativa”; Cuarta, “Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla”; Quinta, “Actualización de multas”; y, la también considerada, Sexta, “Entrada en vigor de la ley”—.

III.1.C).— Carácter normativo: legislación estatal básica. A tenor del último párrafo de su “Exposición de Motivos” —debería decir “Preámbulo”, una vez aprobado definitivamente el texto legal—, la Ley “se dicta en virtud del artículo 149.1.8ª, 14ª, 15ª, 18ª y 23ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil, hacienda general, fomento y coordinación de la investigación, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y legislación básica sobre protección del medio ambiente y montes y aprovechamientos forestales, respectivamente.”. Concretando dicha declaración, la Disposición Final Segunda, “Habilitación competencial”, prescribe el “carácter básico” de sus determinaciones al amparo del artículo 149.1.23ª de la

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Constitución, de donde se colige que las mismas pueden ser objeto de desarrollo legislativo por parte de las Comunidades Autónomas, con el límite de lo básico. A partir de esta determinación general, la considerada Disposición Final precisa aquellos preceptos que, dictados de conformidad con títulos competenciales estatales diversos, tienen carácter básico o son expresión de una competencia exclusiva del Estado, en los siguientes términos: .— El primer bloque, “legislación estatal básica” al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, está conformado por los artículos 12, 14 a 17, 18.4, 20, 21, 36.4 y 47.3, así como por el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria Primera. .— Los preceptos dictados en virtud de una “competencia exclusiva estatal”, en mérito de las circunstancias 8ª, 14ª y 15ª del artículo 149.1 de la Constitución y, por ende, sin posibilidad de desarrollo legislativo autonómico, son los siguientes: artículos 18.1, 2 y 3, 19, 22 y 25, así como la Disposición Adicional Décima sobre la base de la competencia exclusiva en materia de legislación civil —artículo 149.1.8ª—; la Disposición Adicional Novena a partir de la competencia sobre la Hacienda general —artículo 149.1.14ª—; y los artículos 55 y 56, que conforman el Capítulo I del Título V, en virtud de la competencia sobre la investigación científica —artículo 149.1.15ª—. III.2.— La relevante reforma operada por la Ley 10/2006, de 28 de abril.

III.2.A).— Detalle de los artículos y disposiciones de la Ley 43/2003 afectados. Las prescripciones de la Ley básica, con la doble finalidad que ya se ha reiterado — subsanar ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes, de un lado, a la correcta definición de las atribuciones que corresponden a las diferentes Administraciones públicas, y, de otro, en la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes—, han sido objeto de una reforma de calado, operada por el artículo único de la Ley 10/2006, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 102, de 29 de abril —página 16.830 y siguientes—, y en vigor, a tenor de su Disposición Final Tercera, desde el día siguiente al de su inserción en el diario oficial. De forma sincrética y sin detenernos aquí en los objetivos perseguidos por las modificaciones efectuadas —que se detallan en la Exposición de Motivos de la Ley 10/2006 y consideraré al hilo de su análisis sustantivo—, los preceptos y disposiciones finales del texto originario de la Ley 43/2003 objeto de la reforma, sistematizados en función de los títulos en que se ubican y con especificación del artículo o disposición que los afecta, son: — Título I: - artículo 1, modificado por artículo único.1. - artículo 3.letras j) y k), añadidas por artículo único.2.

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artículo 5, apartado 1.e), añadido por artículo único.3. artículo 6, letra q), modificado por artículo único.4. artículo 7, apartado 1.a), derogado por Disposición Derogatoria Única. artículo 7, apartados 2.c) y g), modificados por artículo único.5. artículo 7, apartado 2.h), derogado por Disposición Derogatoria Única. artículo 7, apartado 3, modificado por artículo único.6. artículo 10, apartado 3, añadido por artículo único.7.

— Título II: -

artículo 12.bis, añadido por artículo único.8. artículo 13, modificado por artículo único.9. artículo 18, apartado 1, modificado por artículo único.10. artículo 18, apartado 4, modificado por artículo único.11. artículo 20. apartado 1, modificado por artículo único.12. artículo 21, apartado 2, derogado por Disposición Derogatoria Única. artículo 21, apartado 7, modificado por artículo único.13. Capítulo IV.bis, conformado por el artículo 24, que recibe una nueva redacción, y los artículos 24.bis, 24.ter y 24.Quatre, añadidos por artículo único.14. - artículo 25, apartado 1.b), modificado por artículo único.15. — Título III: -

artículo 28, letras i), j) y k) del apartado 1, añadidas por artículo único.16.1. artículo 28, apartado 1, párrafo final, añadido por artículo único.16.2. artículo 29, apartado 2, modificado por artículo único.17.1. artículo 29, apartado 3, modificado por artículo único.17.2. artículo 30, apartado 2, modificado por artículo único.18. artículo 32, modificado por artículo único.19. artículo 33, apartados 2 y 4, modificados por artículo único.20.1. artículo 33, apartado 5, suprimido por artículo único.20.2. artículo 34, modificado por artículo único.21. artículo 35, modificado por artículo único.22. artículo 35.bis, añadido por artículo único.23. artículo 37, letra b). modificado por artículo único.24.

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artículo 41, apartado 1, modificado por artículo único.25. artículo 41, apartado 3, modificado por artículo único.26. artículo 46, apartado 1, modificado por artículo único.27. artículo 47, apartados 1 y 3, modificados por artículo único.28. artículo 48, apartado 3, párrafo primero, modificado por artículo único.29. artículo 49, apartado 2, modificado por artículo único.30. artículo 50, modificado en su rúbrica por el artículo único.31 artículo 50, apartado 1, modificado por artículo único.32. Capítulo V del Título IV, comprensivo del artículo 54.bis, que se introduce ex novo, añadido por artículo único.33.

— Título IV:

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— Título V: - artículo 58, modificado por artículo único.34. — Título VI: - artículo 63, apartados 1 y 3, modificados por artículo único.35. — Título VII: - artículo 77, apartado 2, modificados por artículo único.36. — Disposiciones adicionales: - Adicional Segunda, se añade un nuevo párrafo a su apartado 2 por artículo único.37.1. - Adicional Segunda, apartado 3, modificado por artículo único.37.2. - Adicional Undécima, añadida por artículo único.38. — Disposiciones finales: - Final Tercera, modificada por artículo único.39. Presupuesto el anterior detalle, ha de destacarse que, a tenor de la Disposición Final Segunda, “Habilitación competencial”, la Ley 10/2006 se dicta al amparo del artículo 149.1.23ª de la Constitución, por lo que las prescripciones que se introducen tienen carácter básico. No obstante esta declaración general, la propia Disposición precisa, en sus apartados 2 y 3, los títulos competenciales en cuya virtud se dictan algunos artículos. En concreto: «2. Tienen carácter básico, por dictarse al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, los apartados once, trece y veintiséis del artículo único, que modifican los artículos 18.4, 21.7 y 47.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 3. El apartado quince del artículo único, que modifica el artículo 25.1.b) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se dicta al amparo del artículo 149.1.8ª de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.».

III.2.B).— El Fondo para el Patrimonio Natural. Al margen de la modificación de las prescripciones de la Ley 43/2003, en los términos referidos, una de las más significativas novedades de la Ley 10/2006 es la creación de un Fondo para el Patrimonio Natural, tendente a garantizar la estabilidad y continuidad de los recursos económicos precisos para preservar los espacios forestales. El Fondo se configura como un instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial mediante el apoyo a la gestión forestal sostenible, con el objeto de valorizar las funciones ecológicas, sociales y culturales de los espacios forestales y hacer viables los modelos sostenibles de silvicultura, correspondiendo la gestión de las subvenciones que se otorguen con cargo al mismo a las Comunidades Autónomas

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Su disciplina la establece la Disposición Adicional Primera de la Ley 10/2006, que, a tenor de su Disposición Final Segunda, se dicta al amparo del artículo 149.1.14ª de la Constitución. El tenor literal de la referida Adicional es el que sigue: «1. Se crea el Fondo para el patrimonio natural, con objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar a la gestión forestal sostenible, a la prevención estratégica de incendios forestales y a la protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado. Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial. El fondo se dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro. 2. Serán objetivos del fondo: a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación forestal, en particular, la elaboración de proyectos de ordenación de montes o de planes dasocráticos. b) Apoyar las acciones de prevención de incendios forestales. c) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de gestión para una silvicultura sostenible. d) Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y experimentación. e) Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los espacios forestales y apoyar los servicios ambientales y de conservación de recursos naturales. f) El incentivo a la agrupación de la propiedad forestal para el desarrollo de explotaciones forestales conjuntas, que favorezcan la gestión forestal sostenible. g) La promoción del uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos forestales procedentes de bosques certificados. h) Desarrollar otras acciones y crear otros instrumentos adicionales que contribuyan a la defensa y sostenibilidad de los espacios forestales. i) Otros objetivos complementarios de los anteriores, vinculados a la gestión forestal sostenible, que se determinen reglamentariamente. 3. La gestión de las subvenciones que se otorguen con cargo al fondo corresponde a las Comunidades Autónomas.

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4. Por real decreto se regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural, que garantizará la participación de las Comunidades Autónomas.».

III.2.C).— Reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. Reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Un tercer y último aspecto relevante de la reforma operada por la Ley 10/2006 es el relativo al reforzamiento de la Administración de justicia para hacer frente a la delincuencia medioambiental, de acuerdo con la línea afirmada por distintas organizaciones internacionales; baste recordar la Resolución 77/28 del Consejo de Europa, sobre la contribución del derecho penal en la protección del medio ambiente, en la que se reclama la creación de secciones especiales en las Audiencias y en las Fiscalías para tratar las cuestiones relacionadas con la materia. Con dicha finalidad, en orden a disponer de profesionales especialmente preparados en la disciplina, se procede a la modificación de la estructura orgánica del Ministerio Fiscal introduciendo Secciones de Medio Ambiente, coordinadas desde la cúpula de la institución por un Fiscal de la categoría Primera. En concreto, la Ley, en su Disposición Final Primera y al amparo del artículo 149.1.5ª de la Constitución —conforme precisa la Final Segunda—: .— en primer lugar, da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, creando en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales las Secciones de Medio Ambiente, especializadas en la investigación y persecución de los delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y los incendios forestales; y, .— seguidamente, incorpora un nuevo artículo 18.quinquies, que introduce la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, nombrado, como delegado, por el Fiscal General, oído el Consejo Fiscal. Para el desarrollo de las detalladas funciones que se le atribuyen, el Fiscal tendrá adscrita una Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los efectivos necesarios del resto de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al margen de que puedan adscribirse profesionales y expertos técnicos para su auxilio y de que pueda recabar la colaboración de los agentes forestales o ambientales.

III.3.— El contenido normativo de la vigente Ley de Montes. Expuestos así los rasgos configuradores de la Ley de Montes en su vigente redacción, de conformidad con la Ley 10/2006, resulta preciso referirse, en cuanto condicionante de la normativa

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específica autonómica, al contenido sustantivo de las prescripciones legales, con especial consideración de aquellos aspectos de la misma que —en relación con el precedente cuerpo legal de 1957— comportan la introducción de determinaciones ex novo en nuestro ordenamiento jurídico. A efectos sistemáticos, después de considerar el objeto y los principios de la Ley, expondré su contenido siguiendo la estructura del texto articulado.

III.3.A).— Objeto y principios de la Ley de Montes. A partir de la, anteriormente reproducida, Declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1997, afirmando que los bosques son parte del desarrollo sostenible, la finalidad del Legislador, conforme proclama la Exposición de Motivos de la Ley 43/2003 —en su párrafo segundo—, es establecer “un nuevo marco legislativo regulador de los montes, para la reorientación de la conservación, mejora y aprovechamiento de los espacios forestales en todo el territorio español en consonancia con la realidad social y económica actual, así como con la nueva configuración del Estado autonómico creado por nuestra Constitución”. Desde dichos postulados se proclama —párrafo cuarto, cuyo contenido hace operativo ulteriormente el artículo 1, con la específica referencia a la promoción de la sostenibilidad y a la consideración de la cohesión territorial que ha introducido la Ley 10/2006— que “Es el objeto de esta ley constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. La propia Exposición de Motivos relaciona seguidamente los principios que la inspiran, ulteriormente relacionados normativamente por el artículo 3. El primero de dichos principios es la gestión forestal sostenible de los montes. Se trata de una idea fundamental, sobre la que pivotan los demás principios, concretada por el artículo 6.e) en los siguientes términos: «Gestión forestal sostenible: la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a ecosistemas.». Por otra parte, sin lugar a dudas, han de destacarse tanto la multifuncionalidad —es decir, un cumplimiento equilibrado de los valores ambientales, económicos y sociales de los montes—, como la integración de la planificación forestal en la ordenación del territorio —con carácter vinculante para las operaciones de transformación urbanística—.

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Además, la Ley afirma la cohesión territorial y la subsidiariedad, el fomento de las producciones forestales y del desarrollo rural, la conservación y restauración de la biodiversidad forestal, la integración de la política forestal en los objetivos ambientales internaciones, la colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones y la obligada participación de todos los agentes sociales y económicos interesados en la toma de decisiones sobre el medio forestal. La Ley 10/2006 —adicionando dos nuevas letras, j) y k), al artículo 3— ha añadido el principio o enfoque de precaución y la adaptación de los montes al Cambio Climático. Sirva en estos momentos su referencia, pues su consideración se efectúa, sistemáticamente, al analizar las prescripciones de la Ley.

III.3.B).— Disposiciones generales: el concepto de “monte”. La Ley dedica al establecimiento de sus “Disposiciones generales” el Título I, precisando su “Objeto y conceptos generales” en el Capítulo I, artículos 1 a 6. Por su parte, el Capítulo II está dedicado a la delimitación de las competencias de las distintas Administraciones públicas concurrentes —artículos 7 a 10—, extremo éste que es objeto de análisis en su apartado específico.

III.3.B).i.— Objeto, ámbito de aplicación, principios y función social. En primer lugar, la Ley delimita su objeto —artículo 1—, su ámbito de aplicación —artículo 2— y sus principios —artículo 3—, así como la función social que, independientemente de su titularidad, desempeñan los montes —artículo 4—. Anteriormente referido su objeto en los términos proclamados por la Exposición de Motivos de la Ley 43/2003, ha de considerarse que la Ley 10/2006 ha introducido la promoción de la sostenibilidad y la consideración de la cohesión territorial, de tal modo que el tenor del vigente artículo 1 resulta en los siguientes términos: «Esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.». Sin detenerme de nuevo en sus principios —anteriormente relacionados, ex artículos 1 y 3, con las dos nuevas letras j) y k) adicionadas a este último por la Ley 1072006—, por lo que respecta a su ámbito de aplicación ha de destacarse, a tenor del artículo 2, que sus prescripciones son aplicables «a todos los montes españoles».

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Presupuesta esta afirmación general, la Ley opta correctamente por precisar su imperio, refiriéndose específicamente a distintos supuestos que, por su singularidad, podrían generar dudas interpretativas. En este sentido, sin perjuicio de lo establecido en su legislación específica, la vigencia de la Ley se extiende a: — primero, los montes vecinales en mano común, a los que se les aplica el régimen establecido para los montes privados, no obstante su naturaleza especial derivada de la propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad —artículo 11.4—; — segundo, los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral y, en particular, las dehesas, en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales; — tercero, los montes que sean espacios naturales protegidos o formen parte de ellos; y, — cuarto, las vías pecuarias que atraviesen o linden con montes. Paralelamente, la propia Ley prevé dos “Regímenes especiales” en su Disposición Adicional Segunda. En los mismos la aplicación de la Ley resulta modulada, de tal modo que, sin perjuicio de las normas específicas aplicables a los montes afectados al ejercicio de competencias estatales o adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado —ex apartado 3, en la redacción operada por la Ley 10/2006—, su régimen jurídico es el que sigue: — los montes demaniales pertenecientes al Patrimonio Nacional se rigen por lo dispuesto en la Ley en cuanto sus prescripciones no sean contrarias a los fines a los que fueron afectados. — los montes demaniales adscritos al Ministerio de Defensa, así como las zonas de interés para la Defensa y los territorios en los que el citado Ministerio desarrolle actividades en virtud de cualquier título jurídico, se rigen por lo dispuesto en la Ley, si bien su aplicación resulta subordinada a los fines de la Defensa Nacional. En este sentido, el referido Ministerio asume la responsabilidad de la defensa contra incendios forestales, con el asesoramiento técnico del Ministerio de Medio Ambiente, habiendo precisado la Ley 10/2006 que en estos territorios no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 58.3, respecto de los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, en los términos establecidos por la propia reforma. Además, la Disposición Adicional Octava prescribe que corresponde al Ministerio de Defensa dotar de infraestructuras preventivas y equipos de extinción, de acuerdo con los planes técnicos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, a los terrenos afectados por la realización de actividades que, por razones de la Defensa Nacional, entrañen peligro directo de incendios. No puede omitirse que, afirmada la competencia autonómica en la materia por la jurisprudencia constitucional, la reforma introducida por la Ley 10/2006 ha suprimido el originario

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régimen de cogestión respecto del territorio forestal de titularidad estatal incluido en los parques nacionales. Sustancial relevancia tiene la delimitación de la función social de los montes que realiza el artículo 4, proclamando que, independientemente de su titularidad, todos los montes desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales como fuente de múltiples servicios ambientales, que la propia Ley ejemplifica. Esta delimitación implica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9.2 y 33.2 de la Constitución, la obligación de las Administraciones públicas de velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento, al margen de que los montes sean de titularidad pública o privada. Consecuentemente, sobre estos últimos recae un estatuto jurídico especial, de tal modo que, sin perjuicio de las determinaciones generales relativas al Derecho de propiedad consagradas por el Código Civil, se les impone un régimen adicional, convirtiéndose en una propiedad sometida a la intervención administrativa. Lo anterior no resulta baladí si se pondera que, prácticamente, la mitad de la masa forestal española es de propiedad particular.

III.3.B).ii.— El concepto de “monte”. Conforme se ha indicado, la Ley extiende su imperio a todos los montes españoles, sean de titularidad pública o privada. En consecuencia, resulta trascendental concretar el concepto de monte del que parte el nuevo cuerpo legal, finalidad que asume su artículo 5, con una doble delimitación, positiva y negativa, es decir, precisando de forma expresa tanto los terrenos que tienen la consideración de monte como los que, por exclusión expresa, no gozan de la misma. Ha de destacarse que el concepto legal acuñado por la Ley 43/2003, superando el carácter casi residual propio de la definición operada por la Ley de 1957 y su Reglamento —derivado de su consideración circunscrita a los espacios rústicos de los que no se pueden obtener rendimientos agrícolas—, se articula a partir de la atribución a los montes de un carácter más abierto, positivo y realista, desde la doble vertiente forestal y social, reconociéndose, de forma expresa, las diversas funciones —ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas— que desempeña el territorio forestal. Asimismo, especial relevancia tiene precisar que la Ley da entrada a las Comunidades Autónomas en la delimitación del concepto en sus respectivos territorios, afirmando expresamente su margen de apreciación sobre los terrenos agrícolas abandonados —artículo 5.1.c)—, los enclaves forestales en terrenos agrícolas —artículo 5.1.e), introducido por la Ley 10/2006—, los suelos urbanos y urbanizables —artículo 5.2.b)— y la determinación, de acuerdo con su territorio, de la dimensión de la unidad mínima que será considerada monte a efectos de la aplicación de la Ley —artículo 5.3—.

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En los términos sintetizados, la cláusula general delimitadora del artículo 5, recogida en el párrafo primero de su apartado 1, es la siguiente: «A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.». Inmediatamente, el párrafo segundo del propio apartado precisa lo siguiente, cumplimentando la delimitación positiva y en los términos de la Ley 10/2006 —que ha adicionado la letra e) —: «Tienen también la consideración de monte: a) os terrenos yermos, roquedos y arenales. b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable. e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.». Y, por vía de exclusión —delimitación negativa—, el apartado 2 del artículo 5 cierra la definición legal en los siguientes términos: «No tienen la consideración de monte: a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística.». III.3.B).iii.— La definición de los términos empleados en la Ley. Cumplimenta sus prescripciones el considerado Capítulo I del Título I, con un loable esfuerzo propedéutico, procediendo —artículo 6, “Definiciones”— a la concreción conceptual de los siguientes 18 términos empleados en el cuerpo legal: “Forestal”; “Especie forestal”; “Gestión”; “Selvicultura”; “Gestión forestal sostenible”; “Repoblación forestal”; “Forestación”; “Reforestación”;

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“Aprovechamientos forestales”; “Plan de aprovechamiento”; “Incendio forestal”; “Cambio del uso forestal”; “Instrumentos de gestión forestal”; “Proyecto de ordenación de montes”; “Plan dasocrático o plan técnico”; “Monte ordenado”; “Certificación forestal”; y “Agente forestal”. La mayoría de referidos términos son concretados posteriormente, debiendo tenerse presente que el último, dispuesto por la letra q) del artículo 6, ha recibido su vigente redacción por la Ley 10/2006, atribuyendo a los agentes forestales, cualquiera que sea su denominación específica, las funciones de la policía judicial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 283.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin duda, dado el carácter de legislación estatal básica de la norma y su previsible desarrollo en el ámbito autonómico, dicha concreción no puede sino recibir una valoración abiertamente positiva desde el punto de vista de la certeza del Derecho, en orden a evitar la confusión normativa que rige en otros sectores del ordenamiento —ad exemplum, la disciplina urbanística—.

III.3.C).— Competencias de las Administraciones publicas. III.3.C).i.— Principios generales de la delimitación competencial. Presupuestas las consideraciones sustantivas que, hasta aquí, sumariamente se han realizado, ha de recordarse, en los términos anteriormente referidos, que uno de los objetivos proclamados por la Ley 43/2003 al establecer un nuevo marco legislativo regulador de los montes es articular un cuerpo normativo en consonancia con la configuración del Estado autonómico creado por la Constitución de 1978. En esta misma línea, la reforma operada por la Ley 10/2006 declara que su finalidad es subsanar ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes a la correcta definición de las atribuciones que corresponde a las diferentes Administraciones públicas. Desde esta premisa, y ponderando su carácter normativo de legislación estatal básica, resulta preciso detenerse en la consideración legal tanto de las competencias asumidas por el Estado como del ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. A dicho objeto dedica la Ley diversas prescripciones, partiendo del contenido del Capítulo II, “Competencias de las Administraciones públicas”, del Título I, artículos 7 a 10. Antes de entrar en su análisis ha de tenerse presente que el artículo 7, en sus apartados 2, letras c) y g) y 3, y el artículo 10.3 se han visto afectados por la Ley 10/2006, recibiendo una nueva redacción. En términos generales, lo primero que ha de destacarse es que la vigente Ley de Montes, consciente de los títulos competenciales asumidos estatutariamente por las Comunidades Autónomas —ex artículo 148.1.8ª y 9ª y 149.1.23ª—, procede a clarificar las funciones de la Administración General del Estado, tanto de forma exclusiva como en régimen de colaboración y

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coordinación —artículo 7—, designando a las Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía —artículo 8—. A partir de aquí, la Ley opta decididamente por la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones para beneficio de un medio forestal que, conforme declara la Exposición de Motivos, no entiende de barreras administrativas. Y, en esta línea, se refuerza el papel de las Administraciones locales en la política forestal —artículo 9—, concediéndoles una mayor participación en la adopción de las decisiones que inciden directamente sobre sus propios montes, reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públicos en España y su contribución a la conservación de unos recursos naturales que benefician a toda la sociedad. Lo anterior, obvio resulta, sin perjuicio de los regímenes especiales que se analizaron con anterioridad, especialmente por lo que respecta a los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a Ceuta y Melilla y a los Cabildos y Consejos Insulares en los archipiélagos canario y balear.

III.3.C).ii.— Las competencias de la Administración General del Estado. Expuesto el marco general, en primer lugar, puede afirmarse que a la Administración General del Estado se le atribuyen por la Ley 43/2003 competencias de tres órdenes: .— de un lado, las que se le asignan de forma exclusiva; .— de otro, las funciones que asume en régimen de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas y sin perjuicio de sus competencias; y, .— finalmente, las que ejerce a efectos de la coordinación interna e internacional de la política forestal. 1º.— Competencias exclusivas del Estado. Conforme acaba de indicarse, en primer lugar a la Administración General del Estado se le atribuye como competencia exclusiva, en los términos del artículo 7.1.b), la representación internacional de España en materia forestal. Al respecto ha de tenerse presente que uno de los principios inspiradores de la Ley, a tenor del artículo 3.g), es «La integración en la política forestal española de los objetivos de la acción internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio climático y biodiversidad.». Por lo demás, ha de recordarse que la originaria letra a) del artículo 7, derogada de forma expresa por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 10/2006, atribuía al Estado también como competencia exclusiva la gestión de los montes de su titularidad.

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2º.— Competencias en régimen de colaboración con las Comunidades Autónomas. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas es indefectible en la materia. Consciente el legislador de su necesidad, proclama, entre los principios que inspiran la Ley —artículo 3.h)—, «La colaboración y cooperación de las diferentes Administraciones públicas en la elaboración y ejecución de sus políticas forestales.». A partir de dicho principio, potenciando la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de adopción de las pertinentes decisiones de interés general, la Administración General del Estado, en colaboración con aquéllas, asume las siguientes ocho competencias que le atribuye expresamente el artículo 7.2, tras la derogación de su letra h) —actuaciones de restauración hidrológico–forestal— por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 10/2006: 1ª.- En primer lugar, la definición de los objetivos generales de la política forestal general, que se concreta en la aprobación de los siguientes documentos, a los que posteriormente, en sus aspectos sustantivos, se hará referencia: la “Estrategia forestal española” —artículo 29—; el “Plan Forestal español” —artículo 30—; el “Programa de Acción Nacional contra la Desertificación” —artículo 41.1 y 2—; y el “Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico–forestal” —artículo 41.3 y 4—. Ha de tenerse presente que, en todo caso, en el proceso de elaboración de los meritados documentos se prevé la participación de las Comunidades Autónomas. Así, en el supuesto de la “Estrategia forestal española”, documento de referencia para la política forestal, el artículo 29.2 dispone que su elaboración corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, oídos los Ministerios afectados, con la participación de las Comunidades Autónomas y previo informe de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y del Consejo Nacional de Bosques. La aprobación es competencia del Consejo de Ministros, mediante acuerdo y previo informe —“favorable”, conforme ha exigido la Ley 10/2006— de la Conferencia Sectorial. La elaboración del “Plan forestal español” se atribuye por el artículo 30.2 al propio Ministerio, con participación de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta sus respectivos planes forestales y con los informes de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y del Consejo Nacional de Bosques. Al igual que la Estrategia, su aprobación es competencia del Consejo de Ministros, mediante acuerdo y previo informe —“favorable”, ex Ley 10/2006— de la Conferencia Sectorial. El “Programa de Acción Nacional contra la Desertificación”, a tenor del artículo 41.1, es competencia, en cuanto a su elaboración y aprobación, del Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el de Agricultura, Pesca y Alimentación y las

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Comunidades Autónomas. Respecto del mismo ha de tenerse presente que si el texto originario de la Ley 43/2003 disponía que su aplicación y seguimiento correspondía a las Comunidades Autónomas, de forma coordinada con los dos Ministerios, la vigente redacción atribuye la aplicación y seguimiento del Programa a los Ministerios y a las Comunidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación. Por último, el “Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico–forestal”, en los términos del artículo 41.3, es competencia, respecto de su elaboración y aprobación, del Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas. En la misma línea que respecto del Programa antes analizado, a tenor de la vigente redacción, la aplicación y seguimiento del Plan corresponde al Ministerios y a las Comunidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación. 2ª.- Asume la Administración General del Estado, asimismo, la recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal para mantener y actualizar la “Estadística forestal española” —artículos 2.b) y 28—. En su proceso de elaboración se ha introducido la participación de las Comunidades Autónomas, debiendo éstas facilitar al Ministerio de Medio Ambiente, antes del tercer cuatrimestre de cada año, la información estadística forestal que hayan elaborado sobre el año anterior. La información contenida en la Estadística será puesta a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, así como de las empresas e industrias forestales y demás agentes interesados, habiéndole atribuido la Ley 10/2006 carácter público, de acuerdo con la normativa de acceso a la información medioambiental —párrafo final del artículo 28.1—. 3ª.- Al margen del despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas para completar la cobertura de los montes contra los incendios, y con la finalidad de facilitar la colaboración entre los dispositivos de extinción, los artículos 2.c) y 46.1 —redactados por la Ley 10/2006— prescriben que la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a propuesta de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, asistida por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, fijará las directrices comunes para la normalización de los medios materiales destinados a la extinción de incendios forestales en todo el territorio español y para la formación, preparación y equipamiento del personal. El artículo 46.3, además, dispone que, en el caso de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades, cuando se solicite la intervención de medios de la Administración General del Estado, ésta podrá exigir a las Comunidades Autónomas afectadas la constitución de una dirección unificada de los trabajos de extinción, destinando personal técnico cualificado para asesorar a dicha dirección unificada.

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4ª.- Teniendo presente que el artículo 52.2 impone a las Comunidades Autónomas la obligación de informar al órgano competente de la Administración General del Estado sobre las medidas de protección adoptadas contra agentes nocivos, por si pudiera verse afectada la sanidad general de los montes españoles, al Estado corresponde —ex artículo 2.d)— el ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de las medidas fitosanitarias urgentes, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exista grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 5ª.- Con el fin de contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos sociolaborales del sector forestal, a la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales representativos, le corresponde la promoción de planes de formación y empleo del sector forestal —ex artículo 2.e)—, con especial atención a las poblaciones rurales, incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, en los términos del artículo 57. 6ª.- En materia de recursos genéticos forestales, es competencia del Ministerio de Medio Ambiente la elaboración, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de programas de ámbito nacional de mejora genética y conservación de recursos. Asimismo, los artículos 2.f) y 54 atribuyen al Gobierno, consultadas las Comunidades Autónomas, el establecimiento de normas básicas sobre procedencia, producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción y, en particular, la determinación de las regiones de procedencia de los mismos y el mantenimiento del Registro y del Catálogo Nacional de Materiales de Base. 7ª.- En el ámbito de la ordenación forestal, corresponde a la Administración General del Estado la elaboración —no ya su aprobación, conforme disponía el texto originario del artículo 2.g)— de directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento de montes —directrices comunes que han sustituido a las “Instrucciones básicas para la ordenación y el aprovechamiento de montes” que preveía la Ley 43/2003—. A tenor del artículo 32 —redactado por la Ley 10/2006—, su aprobación es competencia del Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Bosques, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, atribuyéndose a las Comunidades Autónomas la competencia para aprobar instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes. 8ª.- El fomento de la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito forestal, canalizándolo, en los términos del artículo 55, a través de los “Planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica” que establece la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

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3º.— Otras competencias: la coordinación estatal. Al margen de las anteriores, el artículo 7.3 atribuye, asimismo, a la Administración General del Estado aquellas otras competencias que le confiere la legislación vigente y, en particular, dos títulos de especial eficacia operativa. 1º.- En primer lugar, la coordinación de la llevanza de dos registros administrativos capitales en materia forestal. De un lado, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que el artículo 16.2 atribuye a las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios, sin perjuicio de que éstas habrán de dar traslado al Ministerio de Medio Ambiente de las inscripciones que practiquen, así como de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales firmes que conlleven modificaciones en el Catálogo, incluidas las que atañen a permutas, prevalencias y resoluciones que, con carácter general, supongan la revisión y actualización de los montes catalogados. De otro, el Registro de montes protectores y de montes con otras figuras de especial protección, regulado específicamente por el vigente artículo 24.ter, cuyo apartado 3 impone la obligación de las Comunidades Autónomas de informar al Ministerio de Medio Ambiente, al menos una vez al año, de la inscripciones o desclasificación de montes en dicho Registro. 2º.- Segundo, de acuerdo con la redacción introducida por la Ley 10/2006, la colaboración en el diseño de las redes, la recopilación y comunicación a los órganos comunitarios de los datos obtenidos por las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, procedentes de las parcelas de las redes europeas para el seguimiento de las interacciones del monte con el medio ambiente. Esta competencia, originariamente configurada por la Ley 43/2003 como de coordinación, ha de entenderse en los términos del artículo 56, “Redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva”, cuyas prescripciones, ex Disposición Final Segunda —letra b) de su apartado 3—, se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado establecida por el artículo 149.1.15ª de la Constitución.

III.3.C).iii.— Órganos creados ad hoc en materia forestal: Conferencia Sectorial del Medio Ambiente y Consejo Nacional de Bosques. Presupuesto lo anterior, ha de destacarse que, en orden a ejercitar las competencias de la Administración General del Estado, especialmente ponderando la necesaria colaboración

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y coordinación en múltiples aspectos con las instituciones autonómicas, el artículo 10 de la Ley ha establecido dos “Órganos de coordinación y consultivo de la política forestal española”. Se trata, de un lado, de la “Conferencia Sectorial del Medio Ambiente”, asistida por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, a la que corresponde un papel capital en la coordinación entre las administraciones estatal y autonómicas para la preparación, estudio y desarrollo de las cuestiones propias de la política forestal española. A dicho efecto, en el seno de la referida Comisión Nacional se constituye como órgano de trabajo el “Comité Forestal”, que deberá mantener reuniones con carácter semestral. De otro, con carácter consultivo, el “Consejo Nacional de Bosques”, que asesora a la Administración General del Estado en materia de montes y recursos forestales y sirve como instrumento de participación de todas aquellas partes interesadas en la planificación y organización del sector forestal. Al analizar, en los apartados anteriores, las competencias de la Administración General del Estado se han destacado ya los distintos supuestos en que está prevista la participación de estos órganos en el proceso decisorio, por lo que omito aquí su reproducción, limitándome a destacar la posición central que en la articulación de la política forestal asume la “Conferencia Sectorial del Medio Ambiente”.

III.3.C).iv.— Las competencias de las Comunidades Autónomas. Conforme declara su Exposición de Motivos, párrafo sexto, “La Ley designa a las Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía”. Desde esta base, al margen de las concretas competencias, fundamentalmente en régimen de cooperación y colaboración que, de lo hasta aquí expuesto, se colige que son propias de las Comunidades Autónomas, el artículo 8.1 de la Ley 43/2003, con carácter genérico, remite a las que cada entidad territorial haya asumido estatutariamente en materia de montes y aprovechamientos forestales o en virtud de otros títulos competenciales que incidan en al ámbito de aplicación de la Ley. En la misma línea, ha de indicarse que la Ley, en su artículo 8.2, hace una referencia específica al supuesto de la Comunidad Foral de Navarra, remitiendo a las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales previstas en la Ley 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En el marco apuntado, es preciso entrar en el detalle de las concretas competencias autonómicas afirmadas por la legislación estatal básica, que pueden dividirse en tres bloques: primero, las que responden al régimen de colaboración y cooperación; segundo, las que se le

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atribuyen genéricamente en su condición de “Administración pública”; y, tercero, las afirmadas de forma específica por la Ley 43/2003. 1º.— Competencias autonómicas en régimen de colaboración y cooperación. En primer lugar, de acuerdo con el principio de colaboración y cooperación en la elaboración y ejecución de las políticas forestales afirmado por el artículo 3.h), ha de recordarse que la Ley 43/2003 prevé, de forma expresa, la participación de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.2 a la Administración General del Estado, en los términos que se han referido. Omito aquí su reproducción, limitándome a recordar que se centran en el ámbito disciplinado por los títulos III, IV, V y VI de la Ley, canalizándose generalmente a través de la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente (vid. supra). 2º.— Competencias autonómicas en su calidad de “ Administraciones públicas”. Al margen de las anteriores, no puede ignorarse que, en una gran variedad de supuestos, la Ley procede a la definición de la posición, en sentido genérico, bien de las «Administraciones públicas», bien de la «Administración gestora», bien de la «Administración propietaria», bien del «titular del monte», bien de la «Administración forestal competente», bien de la «Administración instructora», y, por ende, también, en su ámbito competencial, de las Comunidades Autónomas. Ad exemplum, sucesivamente, respecto de las referencias señaladas: .— El artículo 4, segundo párrafo, tras afirmar la función social de los montes «obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento». .— El artículo 15, al disciplinar el régimen de “usos en el dominio público forestal”, precisa las atribuciones de «La Administración gestora de los montes demaniales [...]». .— El artículo 19, respecto de los montes patrimoniales, establece la posibilidad de “interrupción de la prescripción” «por acto posesorio realizado por la Administración propietaria del monte». .— El artículo 36 atribuye la “propiedad de los recursos forestales” producidos al «titular del monte», atribuyéndole su aprovechamiento en los términos establecidos por la Ley y la normativa autonómica. .— El artículo 39 impone la evacuación preceptiva de informe por la «Administración forestal competente» para la “delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico”, el cual será, además, vinculante si se trata de montes catalogados o protectores. .— El artículo 72 establece la obligación de la «Administración instructora» de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la eventual concurrencia en

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una infracción forestal de elementos que puedan ser constitutivos de delito o falta, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador hasta que resuelva dicho órgano, debiendo ponderarse que corresponde al órgano competente continuar el procedimiento una vez resuelta la cuestión en sede judicial, de no haberse estimado delito o falta —dada la vigencia del principio non bis in idem—, teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución judicial firme. Las referencias del género se prolongan a lo largo del articulado de la Ley 43/2003 bajo cualquiera de las referencias indicadas u otras análogas; así: .— En el artículo 20 en materia de “investigación y recuperación posesoria de los montes demaniales”. .— En el artículo 21 respecto del “deslinde de los montes de titularidad pública”. .— En el artículo 22 en relación con la evacuación de informe favorable en orden a la “inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte”, así como respecto del ejercicio de las acciones oportunas destinadas a la corrección del correspondiente asiento registral. .— En el artículo 25 a efectos del ejercicio del “derecho de adquisición preferente”. .— En el artículo 27 en materia de fomento de la “agrupación de montes”. .— En el artículo 33 respecto del impulso técnico y económico de la “ordenación de los montes”. .— En el artículo 35 encomendando a las Administraciones públicas procurar que las condiciones de transparencia, voluntariedad, ausencia de discriminación y libre competencia se cumplan en los sistemas de “certificación forestal”. .— En el artículo 36.4 respecto de la “enajenación de los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal”, si bien el apartado 5 del propio precepto especifica que los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía o afección de dominios públicos hidráulico, marítimo terrestre, de carreteras o ferroviario no precisarán de la autorización de los órganos competentes de dichos dominios, siempre y cuando tales montes dispongan de instrumentos de gestión cuya aprobación por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma haya sido informada favorablemente por los órganos de gestión de los dominios públicos mencionados. .— En el artículo 40 respecto del “cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal”, estableciendo la exigencia de informe favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte, habilitando a la Administración forestal competente para regular un procedimiento más simplificado de autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales, así como para disciplinar los

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supuestos en los que, sin producirse cambio de uso forestal, se requiera autorización para la modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte. .— En el artículo 43 en relación con la “defensa contra incendios forestales”, atribuyéndoles la responsabilidad en la materia. .— En el artículo 44, apartados 2 y 5, en materia de “prevención de los incendios forestales”, en su condición de Administraciones públicas desarrollarán programas de concienciación y sensibilización, pudiendo regular la constitución de grupos de voluntarios para colaborar en la prevención y extinción, cuidando de la formación de las personas seleccionadas para desarrollar estas actividades. Igualmente, fomentarán las agrupaciones de propietarios de montes y demás personas o entidades interesadas en su conservación y defensa contra los incendios. .— En el artículo 47.3, atribuyéndose a la Administración responsable de la extinción del incendio la defensa jurídica del Director técnico de la operación y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccional civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio. .— En el artículo 55 respecto del fomento de la investigación forestal. .— En el artículo 57.3 en materia de fomento de la selvicultura. .— En el artículo 58 atribuyendo a las Administraciones públicas funciones de “extensión, policía y guardería forestal”. .— En el artículo 59 en materia de promoción de “programas de educación forestal”. .— En el artículo 60 en relación con la promoción de “fundaciones y asociaciones de carácter forestal”. .— En el artículo 65, respecto de los “incentivos por externalidades ambientales”, atribuyendo a las Administraciones públicas competencia para regular los mecanismos y condiciones, precisando el apartado 3 las vías por las que podrán aportarse estos incentivos, incluida la inversión directa por la Administración. .— En el artículo 66, en materia de fomento de “líneas de crédito bonificadas” para financiar las inversiones forestales. .— En el artículo 69, atribuyendo a la Administración competente, o a sus agentes de la autoridad, la adopción de “medidas cautelares” o provisionales, incluyendo el decomiso, así como su ulterior ratificación una vez iniciado el procedimiento. .— En el artículo 77 respecto de la obligación del infractor de “reparación del daño causado” en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador, pudiendo la Administración, cuando la reparación no sea posible, requerir la indemnización correspondiente.

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.— En el artículo 78 en relación con las “multas coercitivas y la ejecución subsidiaria”, atribuyéndole las correspondientes facultades a la Administración instructora. .— En el artículo 79 respecto de la posibilidad de acordar el “decomiso” de los productos forestales ilegalmente obtenidos y de los instrumentos y medios utilizados en la comisión de una infracción. .— En la Disposición Adicional Séptima respecto de la elaboración de un estudio sobre las necesidades de adaptación del territorio forestal español al “cambio climático”, incluyendo un análisis de los métodos de ordenación y tratamientos silvícolas más adecuados para dicha adaptación. .— Finalmente, en la Disposición Transitoria Primera a efectos de la revisión, en el plazo de 10 años, de las “servidumbres y otros gravámenes que afecten a los montes demaniales”, para garantizar su compatibilidad con su carácter demanial y con los principios que inspiran la Ley. 3º.— Competencias autonómicas específicas, atribuidas por la legislación estatal básica. Junto a las hasta aquí referidas, la propia Ley de Montes afirma la competencia de las Comunidades Autónomas, de forma específica, en múltiples ocasiones. Habida cuenta de que la afirmación de dichas competencias habrá de tenerse en cuenta al elaborar la legislación autonómica, salvo error u omisión por nuestra parte, a tenor de la Ley 43/2003 las Comunidades Autónomas asumen, de forma expresa, prácticamente medio centenar de competencias específicas; las siguientes: 1.- La concreción, en los términos de los apartados 1.c) y e) y 2.b) del artículo 5, del “concepto de monte”, tanto por vía de delimitación positiva, determinando las condiciones y plazos para que ostenten dicha condición jurídica los terrenos agrícolas abandonados y la superficie mínima de los enclaves forestales en terrenos agrícolas, como de exclusión de terrenos urbanos y urbanizables. 2.- La determinación, de acuerdo con el artículo 5.3 y ponderando las características de su territorio, de la dimensión de la “unidad administrativa mínima” que será considerada monte, con la finalidad de que tengan dimensiones superficiales adecuadas que eviten su parcelación excesiva, lo que impediría o dificultaría tanto la adopción de medidas de protección como la utilización de los diferentes medios y recursos forestales. 3.- La “gestión de los montes de titularidad local incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública”, salvo que la legislación autonómica la atribuya a las Entidades locales, quienes, en todo caso, participan en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a dichos montes, vía informe preceptivo, conforme a lo dispuesto por las letras a), b) y d) del artículo 9.

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4.- La delimitación, vía legislación forestal u otras leyes que resulten de aplicación, de las “competencias en materia forestal de las Entidades locales”, de acuerdo con el artículo 9.f). 5.- La fijación, vía legislativa, de “criterios de catalogación de los montes de utilidad pública”, a tenor del artículo 13.c). 6.- El establecimiento, en los montes demaniales que gestionen, de las “actividades que quedan sometidas a autorización previa”, por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad, siendo preceptivo en los montes catalogados, en todo caso, el informe favorable del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, conforme declara el artículo 15.2. 7.- La fijación de las actividades en los montes demaniales bajo su gestión que, por implicar una utilización privativa del dominio público forestal, quedan sometidas a otorgamiento de “concesión”, requiriéndose para la concesión en los montes catalogados, en todo caso, el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, en los términos del artículo 15.4. 8.- De acuerdo con los términos establecidos por los artículos 13 y 16, la inclusión y exclusión de montes en el “Catálogo de Montes de Utilidad Pública” y la llevanza de éste. 9.- La regulación del “procedimiento de desafectación de los montes demaniales”, de conformidad con el artículo 17.3, exigiéndose, en todo caso, informe favorable del órgano forestal autonómico para la desafectación de los montes demaniales no catalogados, conforme establece el artículo 17.2, en relación con las letras b) y c) del artículo 12.1. 10.- Asumir, además de, en su caso, la entidad titular, la posición procesal de “parte demandada en los juicios declarativos ordinarios de propiedad de montes catalogados”, conforme al artículo 18.2. 11.- Determinar, en los supuestos en que un monte catalogado se halle afectado por expediente del cual pueda derivarse otra “declaración de demanialidad distinta de la forestal”, el órgano que ha de resolver cual de tales declaraciones debe prevalecer, en los términos del artículo 18.4. 12.- La regulación del “procedimiento de deslinde de los montes catalogados”, siendo preceptivo, cuando afecte a montes de titularidad estatal, el informe de la Abogacía del Estado, conforme impone el artículo 21.3, teniendo presente que, a tenor del apartado 5 del propio precepto, sólo tendrán valor y eficacia en el acto de apeo los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad y aquellos otros que la Administración titular y el órgano forestal de la Comunidad Autónoma consideren con valor posesorio suficiente.

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13.- En virtud del artículo 21.10, “instar la nulidad de las actuaciones en los procedimientos judiciales derivados de un deslinde administrativo de montes de titularidad pública”, cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el procedimiento. 14.- A tenor del artículo 22, para el supuesto de “inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de los montes catalogados”, la evacuación de informe previo favorable por el órgano forestal autonómico, que se entenderá favorable, por silencio administrativo positivo, transcurridos tres meses desde su solicitud por el registrador de la propiedad sin contestación. 15.- Contratar, a través del órgano forestal competente, la “gestión de los montes privados” con sus titulares, así como supervisar la aplicación de los instrumentos de gestión o planificación forestal de dichos montes, ex artículo 23.2 y 3. 16.- La declaración y desclasificación de los montes o terrenos forestales de titularidad pública o privada como “montes protectores” —artículo 24— y el establecimiento de otras figuras de especial protección, así como su declaración y desclasificación —artículo 24.bis— y la llevanza del pertinente Registro administrativo, procediendo a su inclusión o exclusión, debiendo informar al menos una vez al año al Ministerio de Medio Ambiente —artículo 24.ter—. En este sentido, no puede ignorarse que, para el supuesto de los montes de titularidad privada, el nuevo artículo 24.quáter atribuye expresamente las competencias a la Administración forestal de la Comunidad Autónoma. 17.- El ejercicio del “derecho de adquisición preferente” en los términos establecidos por el artículo 25. 18.- El establecimiento de los “límites a la segregación de los montes”, determinando, conforme al artículo 26, la superficie mínima de las parcelas forestales que serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario. 19.- Proporcionar al Ministerio de Medio Ambiente, a través de los órganos competentes en materia de estadística forestal, la información de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la “Estadística forestal española” y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales, así como para facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal, conforme prescribe el artículo 28.2. 20.- La elaboración y aprobación, a propuesta de su órgano forestal, de los “Planes de Ordenación de los Recursos Forestales” (PORF), configurados por el artículo 31.1 como instrumentos de planificación forestal, constituyéndose en una herramienta en el marco de la ordenación del territorio, de acuerdo con el principio afirmado por el artículo 3.c).

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21.- En mérito del propio artículo 31, la definición de los territorios que tienen la consideración de monte con carácter previo a la elaboración de un “Plan de Ordenación de los Recursos Forestales” (PORF) —apartado 3— y la delimitación de los terrenos a los que se deberá dotar de un instrumento del género —apartado 5—. 22.- La determinación, en el marco básico establecido por el artículo 31.6, de la documentación y contenido de los “Planes de Ordenación de los Recursos Forestales” (PORF). 23.- Emitir, a través del órgano forestal competente, informe favorable en orden a atribuir a un “Plan de Ordenación de Recursos Naturales” (PORN) el carácter de “Plan de Ordenación de los Recursos Forestales” (PORF), cuando el órgano forestal sea distinto del órgano que aprueba el PORN, a tenor del artículo 31.8. En este mismo sentido, ha de tenerse presente que la Disposición Adicional Tercera impone la participación preceptiva del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, cuando sea distinto del órgano declarante, en el procedimiento de declaración de montes como espacios naturales protegidos. 24.- La determinación de los supuestos en que procede disponer en los montes públicos y privados de un “Proyecto de ordenación de montes”, “Plan dasocrático” u otro instrumento de gestión equivalente, de conformidad con el artículo 33.2, resultando exentos los montes de superficie inferior al mínimo que establezcan las propias Comunidades Autónomas, de acuerdo con las características de su territorio forestal. 25.- En los términos del artículo 33.3, la aprobación de los “Proyectos de ordenación de montes”, “Planes dasocráticos” u otros instrumentos de gestión equivalente, debiendo tenerse en cuenta que la Disposición Transitoria Segunda, como plazo para la ordenación de los montes, establece un periodo de 15 años. 26.- La regulación por el órgano forestal de los “aprovechamientos no maderables”, en particular el de pastos, los cuales deberán figurar en los correspondientes instrumentos de gestión forestal o PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión, conforme impone el artículo 36.3. 27.- La regulación de los “aprovechamientos maderables y leñosos”, los cuales, en los montes no gestionados por la Comunidad Autónoma, estarán sometidos a las condiciones básicas determinadas por el artículo 37. A tenor del mismo ha de tenerse presente que, si existe instrumento de ordenación, el titular de la explotación deberá notificar previamente el aprovechamiento al órgano forestal autonómico, al objeto de comprobar su adecuación al planeamiento, pudiendo producirse la denegación o condicionamiento del aprovechamiento sólo en el plazo normativamente establecido y mediante resolución motivada, entendiéndose aceptado caso de no recaer resolución expresa en plazo. Por el contrario, si no existe instrumento de ordenación, los aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa. 28.- La fijación de la cuantía de las aportaciones de las Entidades locales al “Fondo de mejoras en montes catalogados”, que no será inferior al 15 por 100 del valor de sus 94


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aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte, así como la gestión del mismo, salvo transferencia a la Corporación local, de conformidad con los artículos 9.c) y 38. 29.- Al margen de su colaboración en el procedimiento de elaboración y aprobación, el artículo 41 les atribuye, de forma coordinada con la Administración General del Estado, la aplicación y seguimiento del “Programa de Acción Nacional contra la Desertificación” y del “Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico–forestal”, habilitándolas, respecto de este último, para delimitar zonas de peligro por riesgo de inundaciones o intrusiones de nieve que afecten a poblaciones o asentamientos humanos. 30.- La iniciativa para la “declaración del interés general de las actuaciones de restauración hidrológico–forestal fuera del dominio público hidráulico”, de acuerdo con el artículo 42. 31.- En los términos del artículo 44, en materia de “prevención de incendios forestales”, al margen de la coordinación con la Administración General del Estado en la organización de programas específicos y de su intervención mediante vigilancia disuasoria e investigación de las causas y movilización de personal y medios para la extinción, corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación del ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y el establecimiento de las normas de seguridad aplicables, pudiendo llegar a limitar o suprimir el tránsito por los montes, cuando el peligro de incendios lo haga necesario. 32.- En materia de “organización de la extinción de los incendios forestales”, el artículo 46 atribuye al órgano competente de la Comunidad Autónoma el establecimiento, para cada incendio, de un mando unificado y estructurado por funciones, salvo en aquellos que se juzgue innecesario por su pequeña entidad. Al margen de lo anterior, en el supuesto de incendios en zonas limítrofes de dos o más Comunidades habrán de coordinarse los órganos correspondientes, pudiendo instar de la Administración General del Estado el destino de personal técnico cualificado para asesorar a la dirección unificada que podrá exigir dicha Administración. 33.- La declaración como “Zona de alto riesgo de incendio o de protección preferente” y la aprobación de su plan de defensa, con el contenido establecido por el artículo 48, el cual podrá ser sustituido por el pertinente PORF si el mismo cumplimenta dicho contenido. En este orden, corresponde a la normativa autonómica determinar las modalidades para la redacción de los planes de defensa, así como para la declaración de interés general de los trabajos incluidos en aquéllos, así como determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la Administración. 34.- Garantizar las condiciones para la “restauración de los terrenos forestales incendiados”, así como la determinación de los plazos y procedimientos para hacer efectiva la prohibición de actividades incompatibles con la regentación de la cubierta vegetal,

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en los términos del artículo 50. A tenor del mismo ha de considerarse que el órgano autonómico competente fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada, que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración y, en particular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo autorización expresa en contrario. 35.- Adoptar las medidas necesarias de vigilancia, localización y extinción de “focos incipientes de plagas”, debiendo informar a la Administración General del Estado por si pudiera verse afectada la sanidad general de los montes españoles, de acuerdo con el artículo 52.2. 36.- En el marco de las “obligaciones de los titulares de montes”, recibir la información sobre la aparición atípica de agentes nocivos que los titulares deben trasladar, pudiendo determinarles las acciones obligatorias a realizar, de conformidad con el artículo 53. 37.- La colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente respecto de los “recursos genéticos forestales”, de conformidad con el artículo 54, en orden a la elaboración y desarrollo de programas de ámbito nacional, siendo consultadas respecto de las normas básicas sobre productos, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción, así como en la determinación de las regiones de procedencia de los referidos materiales. 38.- El establecimiento, mantenimiento, financiación y control de las “redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva”, en régimen de cooperación con la Administración General del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 56. 39.- La elaboración de planes de formación y empleo del sector forestal, incluyendo medidas de prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Administración General del Estado y los agentes sociales representativos, a tenor del artículo 57.1, así como, en régimen de cooperación con el Estado y los agentes sociales, el establecimiento de programas de divulgación forestal, conforme al artículo 57.2. 40.- La llevanza de un “registro de cooperativas, empresas e industrias forestales”, en los términos del artículo 61, debiendo mantener informada a la Administración General del Estado sobre dicho registro. 41.- La regulación, a través de la legislación autonómica sobre la materia, del “estatuto jurídico de las organizaciones interprofesionales de productos forestales”, junto a la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. 42.- La concreción, en su caso, vía legislación autonómica, de la tipificación de las infracciones forestales establecidas por el artículo 67. 43.- El ejercicio de la potestad sancionadora en materia forestal a través del órgano que tenga atribuida la competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 73. 96


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44.- La sustitución de los “consorcios y convenios de repoblación” suscritos entre la Administración forestal y los propietarios de montes, cuya regulación deroga la Ley, por otras figuras contractuales, ateniéndose a los requisitos establecidos por la Disposición Adicional Primera. 45.- La convocatoria de los copropietarios en orden a la constitución de la Junta Gestora prevista para la “gestión de montes pro indiviso” establecida por la Disposición Adicional Octava.

III.3.C).v.— Las competencias de las Entidades locales. Respecto de las competencias de las Entidades locales, principales propietarios forestales públicos en España, ha de significarse que, garantizada la autonomía local por el texto constitucional —artículos 137, 140 y 141—, desaparecen de la Ley cualesquiera técnicas intervencionistas, de tal suerte que la Administración forestal gestora por excelencia, la Comunidad Autónoma, participará en la gestión de los montes de titularidad local sólo cuando las Corporaciones que la ostenten suscriban convenios de cooperación, en el convencimiento de que la autonomía de las instituciones únicamente se consigue por el continuo ejercicio de sus derechos y obligaciones y la consiguiente asunción de las responsabilidades que genere. En este mismo orden de ideas, se refuerza la participación local en la actividad propia de las Comunidades Autónomas, vía evacuación de informes de carácter preceptivo. Desde estas premisas, limitándome a su reproducción, el artículo 9 procede a formular un listado de seis competencias específicas, las siguientes, a ejercer en el marco de la legislación básica del Estado y la propia de la respectiva Comunidad Autónoma: «a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad pública. b) La gestión de los montes catalogados de su titularidad cuando así se disponga en la legislación forestal de la comunidad autónoma. c)

La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 en relación con el fondo de mejoras de montes catalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la normativa autonómica.

d) La emisión de informe preceptivo en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. e) La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta ley, relativos a los montes de su titularidad. 97


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f)

Aquellas otras que, en la materia objeto de esta ley, les atribuya, de manera expresa, la legislación forestal de la comunidad autónoma u otras leyes que resulten de aplicación.».

III.3.D).— Clasificación y régimen jurídico de los montes. III.3.D).i.— Criterios tipológicos. Atendiendo al criterio de su titularidad, el Título II de la Ley —“Clasificación y régimen jurídico de los montes”, artículos 11 a 27— procede, en su artículo 11, a establecer la secular dicotomía entre los montes públicos y los montes privados, según pertenezcan a una entidad pública —el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales u otras entidades de Derecho público— o a una persona física o jurídica de Derecho privado —ya sea individualmente o en régimen de copropiedad—, articulando a partir de dicha distinción su respectivo régimen jurídico. Respecto de dicho régimen, antes de entrar en el detalle de sus líneas generales, ha de insistirse en que, en mérito del artículo 4, tanto los montes públicos como los privados, así como los vecinales en mano común, tienen la consideración de bienes que cumplen una clara función social y, por ende, están sujetos al mandato constitucional del artículo 33.1, según el cual las leyes delimitan el contenido del Derecho y, al mismo tiempo, la función social de la propiedad. En este orden de ideas, a mayor abundamiento, el artículo 3.b) de la Ley de Montes proclama entre sus principios inspiradores «El cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en sus valores ambientales, económicos y sociales.». Por su parte, la Ley 10/2006 ha introducido un nuevo artículo 12.bis, a tenor del cual y en atención a sus especiales características, pueden clasificarse los montes en protectores y sujetos a otras figuras de especial protección. Al desarrollo de este criterio tipológico se dedica el nuevo Capítulo IV.bis del Título II, artículos 24, 24.bis, 24.ter y 24.quater.

III.3.D).ii.— Los montes públicos: demaniales y patrimoniales. En función de su régimen jurídico respectivo, los montes públicos pueden ser de dominio público o patrimoniales —artículo 12—. Respecto de los “montes demaniales”, cualificados por su afectación o destino, ha de destacarse que la Ley 43/2003 opta por la declaración como tales de todos los montes catalogados de utilidad pública —artículo 12.1.a)—, habilitándose a las Comunidades Autónomas para incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública aquéllos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley, que pueden ser ampliadas vía legislación autonómica —artículo 13, redactado por la Ley 10/2006—. Lo anterior sin perjuicio de considerar que, de conformidad con la Disposición

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Transitoria Cuarta, se consideran incluidos en el Catálogo todos los montes declarados de utilidad pública con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. El demanio forestal, consecuentemente, se constituye con los referidos montes catalogados, además de, primero, con los montes comunales de titularidad local cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos, y, segundo, con los restantes montes afectados a un uso o un servicio público —artículo 12.1c)—. Así definido el dominio público forestal, sus componentes están caracterizados por las notas de la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la inembargabilidad y la exención tributaria absoluta de su titularidad —ex artículo 14—, determinando la Disposición Transitoria Primera que las Administraciones gestoras de los mismos revisarán, en el plazo de diez años, las servidumbres y otros gravámenes que afecten a estos montes, para garantizar su compatibilidad con el carácter demanial. De esta manera se da el máximo grado de integridad y permanencia al territorio público forestal de mayor calidad, sin perjuicio de que, al mismo tiempo, el texto legal abra la posibilidad de la utilización del dominio público forestal por los ciudadanos —vía autorización o concesión, en su caso—, respecto de aquellos usos que respeten el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente —artículo 15, en relación con los artículos 36 y 37, para los aprovechamientos forestales y los aprovechamientos maderables y leñosos, respectivamente—. De lo anterior se colige que la institución del “Catálogo de Montes de Utilidad Pública”, de notable tradición en nuestro ordenamiento jurídico e instrumento básico en la protección de los montes públicos, permanece en el nuevo marco legislativo con la finalidad de constituir un registro público de carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública —artículo 16.1—, exigiéndose para su desafectación la previa exclusión del Catálogo —artículo 17.1—. Es más, incluso se refuerza su posición en relación con la legislación precedente. En efecto, en primer lugar y acentuando la vis atractiva del régimen demanial ya presente en la Ley de 1957, su régimen jurídico se homologa plenamente con el de los bienes de dominio público —artículo 12.1.a) y 14—. Además, se amplían considerablemente los motivos de catalogación, que se formulan como un numerus apertus, abierto a su configuración por la legislación autonómica —artículo 13.c), en la redacción de la Ley 10/2006. Presupuesto lo anterior, la desafectación de los montes de dominio público —artículo 17—, los efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública —artículo 18, cuyos apartados 1, 2 y 3 se dictan en virtud de una competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.8ª de la Constitución, y letra a) del apartado tercero de la Disposición Final Segunda de la Ley 43/2003—, la recuperación posesoria de los montes demaniales —artículo 20— y la potestad administrativa de deslinde de los montes de titularidad pública —artículo 21— responden a los principios ya asentados en nuestro ordenamiento, por lo que no me detendré en su análisis. Simplemente me limito a precisar que los apartados 1 y 4 del artículo 18, el apartado 1 del artículo 20 y el apartado 7 del artículo 21 han recibido una nueva redacción por la Ley 10/2006.

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Por su parte, los “montes patrimoniales” son definidos por vía de exclusión —«los de propiedad pública que no sean demaniales», ex artículo 12.2—, precisándose que la usucapión o prescripción adquisitiva de los mismos sólo se dará mediante la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante 30 años, entendiéndose interrumpida por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por cualquier acto posesorio realizado por la Administración propietaria del monte. Así lo establece el artículo 19, cuyas determinaciones se dictan al amparo de una competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.8ª de la Constitución y Disposición Final Segunda, letra a) de su apartado 3, de la Ley 43/2003.

III.3.D).iii.— Los montes privados. Por lo que respecta al régimen jurídico de los “montes privados”9 —Capítulo IV, artículos 22 y 23, a tenor de la Ley 10/2006—, a partir de su definición como aquellos pertenecientes a una persona física o jurídica de Derecho privado, se consolida el criterio de que su gestión corresponde a su titular, quien podrá contratarla con personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, así como con los órganos forestales de las Comunidades Autónomas donde el monte radique, ajustándose la misma, en todo caso, al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal —artículo 23—. Por lo demás, en los términos de la letra a) del apartado 3 de la Disposición Final Segunda de la Ley, al amparo del artículo 149.1.8ª, título competencial exclusivo del Estado, el artículo 22 disciplina los “Asientos registrales de montes privados”.

III.3.D).iv.— Los montes protectores y con otras figuras de especial protección. Una de las novedades más destacables de la configuración legal introducida por la Ley 43/ 2003 era la atención que prestaba a la figura de los “montes protectores” y su registro, a partir de su definición como aquellos montes privados que cumplan alguna de las condiciones que para la catalogación de los montes públicos establece el artículo 13. La 10/2006 ha dado un paso decisivo en esta cuestión, dedicando al régimen de los montes protectores y montes con otras figuras de especial protección un nuevo Capítulo del Título II, el IV.bis, conformado por los artículos 24, 24.bis, 24.ter y 24.quáter. Lo primero que ha de destacarse es que, tomando como referencia las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar, la figura de los montes protectores no se restringe

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Sobre el particular, José Francisco Fernández García: “Los Montes de particulares en el derecho administrativo español”, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004.

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ya a los montes privados, extendiéndose también a los montes de titularidad pública en los que concurran las condiciones establecidas por el vigente artículo 24 de la Ley, al margen de la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer otras figuras de especial protección de los montes, en los términos de artículo 24.bis. La especial importancia de estos montes, ya sean públicos o privados, derivada de los especiales valores que incorporan, justifica el nuevo régimen jurídico. La declaración como tales, en todo caso, es competencia de la Administración forestal de las Comunidades Autónomas, estimulándose al propietario para que proceda a su solicitud mediante el reconocimiento de incentivos económicos —artículo 63—, si bien no puede ignorarse que la Disposición Transitoria Quinta reputa incluidos en el Registro de Montes Protectores todos los montes declarados como tales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Por su parte, el artículo 24.ter impone la creación de los pertinentes registros públicos administrativos, precisando el artículo 24.quáter el régimen aplicable a los montes protectores y con otras figuras especiales de protección de titularidad privada.

III.3.D).v.— Derecho de adquisición preferente y unidades mínimas de actuación forestal. El Título II cierra sus prescripciones disciplinando, en su Capítulo V, primero, el régimen del “derecho de adquisición preferente”, vía tanteo o retracto —artículo 25, que responde al ejercicio de un competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.8ª de la Constitución y Disposición Final Segunda, letra a), de su apartado 3, de la propia Ley 43/2003; debiendo tenerse presente que la letra b) del apartado 1 ha recibido una nueva redacción por la Ley 10/2006—; segundo, la “unidad mínima de actuación forestal” a establecer por las Comunidades Autónomas —artículo 26—; y, tercero, el fomento de la “agrupación de montes”, públicos y privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integral de los montes —artículo 27—. En este último orden de ideas, ha de tenerse presente que la Disposición Adicional Décima prevé la constitución de una Junta Gestora para la gestión de los montes cuya titularidad corresponda pro indiviso a más de diez propietarios conocidos, atribuyéndose a la misma la autorización de los actos de administración ordinaria y extraordinaria, gestión y disfrute del monte y de todos sus productos, y la enajenación de toda clase de aprovechamientos forestales, energéticos y mineros, así como cualquier otro acto para el que estén habilitados los propietarios de acuerdo con la Ley.

III.3.E).— La gestión forestal sostenible. III.3.E).i.— Información forestal. La Ley, conforme se ha reiterado, se enmarca en el principio primero y fundamental de la gestión sostenible de los montes, afirmado como elemento inspirador por el artículo 3.a) y definido

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en el artículo 6.e) como «la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, sin producir daños a otros ecosistemas.». A partir de dicho concepto, el Título III de la Ley, “Gestión forestal sostenible”, artículos 28 a 38, procede a su disciplina, concediendo especial relevancia a un aspecto básico para la definición de la política en la materia, cual es la “Información forestal”, regulada por su Capítulo I, artículo 28. El objetivo que se persigue por el meritado precepto es establecer los mecanismos para disponer de una información forestal actualizada y de calidad para todo el territorio español, sobre la base de criterios y metodologías comunes. Esta información se coordinará por el Ministerio de Medio Ambiente y se plasmará en la “Estadística forestal española”, entre cuyos objetivos resalta atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales y facilitar el acceso del ciudadano a la información vinculada al mundo forestal. La Estadística, entre sus documentos, incluirá un “Inventario forestal español” y su correspondiente “Mapa forestal de España”, así como un “Inventario nacional de erosión de suelos”. La elaboración de estos documentos se hará aplicando criterios y metodologías comunes para todos el territorio español, con carácter continuo y una periodicidad de actualización al menos decenal. No puede omitirse que la Ley 10/2006 ha adicionado tres nuevas letras, i), j) y k) al apartado 1 del artículo 28, ampliando el contenido documental, así como un nuevo párrafo final, declarando el carácter público de la información que integra la Estadística forestal española, siendo aplicable la normativa de acceso a la información medioambiental.

III.3.E).ii.— Planificación forestal. Por lo que respecta a la “Planificación forestal”, la Ley constata, en su Capítulo II, artículos 29 a 31, la necesidad de una planificación a escala general, que se concreta, a efectos operativos, en la denominada “Estrategia forestal española”, documento de referencia elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe —“favorable”, a tenor de la Ley 10/2006— de la Conferencia Sectorial. La Estrategia contendrá el diagnóstico de la situación de los montes y del sector forestal, las previsiones de futuro y las directrices que permitan articular la política forestal española —artículo 29—. Sus determinaciones, conforme al artículo 30, serán objeto de desarrollo por el “Plan forestal español”, instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal, cuya aprobación, una

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vez elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, es competencia del Consejo de Ministros, previo informe —“favorable”, a tenor de la Ley 10/2006— de la Conferencia Sectorial. Presupuesto lo anterior, la novedad de mayor calado está constituida por la introducción de la figura de los “Planes de ordenación de los recursos forestales” (PORF), configurados por el artículo 31 como instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal, o equivalente, integrados en el marco de la ordenación del territorio, con lo que la planificación y gestión forestales se conectan con el decisivo ámbito de la ordenación territorial, conforme proclama como principio inspirador de la Ley su artículo 3.c). En este sentido, cuando exista un “Plan de ordenación de recursos naturales” (PORN), elaborado de conformidad con la Ley 4/1989, de 27 marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, u otro instrumento de planeamiento equivalente disciplinado por la normativa autonómica, estos planes asumirán el carácter de PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del órgano forestal, cuando éste sea distinto del órgano que aprueba el PORN. En esta misma línea de potenciar la posición de la Administración forestal, ha de tenerse presente que la Disposición Adicional Tercera impone su participación preceptiva en el procedimiento de declaración de montes como espacios naturales protegidos cuando el órgano autonómico competente sea distinto del órgano declarante.

III.3.E).iii.— Ordenación de montes. Respecto de la “Ordenación de montes” regulada en el Capítulo III, artículos 32 a 34, ha de subrayarse que se trata de uno de los aspectos que, con mayor intensidad, han sido objeto de la reforma operada por la Ley 10/2006, de acuerdo con los postulados expresados en su Exposición de Motivos. Presupuesto lo anterior, en primer lugar, el artículo 32, íntegramente afectado por la reforma, frente a las “Instrucciones básicas para la ordenación y el aprovechamiento de los montes” originariamente establecidas por la Ley 43/2003, prescribe, en su redacción vigente, la existencia de unas “Directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de los montes”. La competencia para su aprobación —en los términos del vigente artículo 32 y de la Disposición Final Tercera de la Ley— corresponde al Gobierno, vía Real Decreto, previa consulta al Consejo Nacional de Bosques, a la Comisión Nacional de la Naturaleza y a las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial. Entre las determinaciones que han de contener las referidas Directrices figura la de fijar el contenido mínimo de las “Instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes”, para garantizar su gestión sostenible, cuya aprobación corresponde a las Comunidades Autónomas.

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A tenor del artículo 33, los montes públicos, tanto demaniales como patrimoniales, deberán contar necesariamente con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente, salvo aquéllos de superficie inferior al mínimo que determinarán las Comunidades Autónomas, cuyo contenido mínimo se determinará en las Directrices básicas comunes. En todo caso, a tenor de la Disposición Transitoria Segunda, el plazo para dotarse del pertinente instrumento de ordenación será de 15 años desde la entrada en vigor de la Ley. En este orden de ideas, ha de tenerse presente que el “Proyecto de ordenación de montes”, a tenor del artículo 6.n) es el «documento que sintetiza la organización en el tiempo y en el espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de rentas.»; mientras que por “Plan dasocrático” o “Plan técnico” se entiende, de acuerdo con el artículo 6.ñ), un «proyecto de ordenación de montes que, por su singularidad —pequeña extensión; funciones preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta), etc.— precisan una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos arbóreos. En consonancia, el inventario forestal podrá ser más simplificado, si bien será necesario que incorpore información sobre densidades en número de pies y áreas basimétricas, en el caso de montes arbolados.». La Ley establece, asimismo, las finalidades básicas a cumplir con la gestión de los montes catalogados, de los montes protectores y de los montes con otras figuras de especial protección, atendiendo a las condiciones establecidas para su calificación por los artículos 13 y 24 —artículo 34, redactado por la Ley 10/2006—, y regula en el artículo 35 —asimismo redactado por la Ley 10/2006— las condiciones a cumplir por los sistemas de “Certificación forestal”, entendida como el «procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales» —artículo 6.p)—. Conforme declara la Exposición de Motivos —en el segundo párrafo de su apartado II—, “La certificación forestal se reconoce como un instrumento voluntario, transparente y no discriminatorio para la gestión forestal sostenible que pretende, en último extremo, vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes de los que proceden y conseguir que el usuario final se decante por productos procedentes de montes ordenados y gestionados con criterios sostenibles. En la modificación introducida, se establece el compromiso de las Administraciones públicas de promover el consumo responsable de productos forestales en los procedimientos de contratación pública, favoreciendo la adquisición de madera y productos derivados procedentes de bosques

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certificados y evitando aquéllos procedentes de talas ilegales de terceros países. E atienden así las recomendaciones de organismos internaciones en esta materia. Asimismo, se prevé que las Administraciones públicas fomenten el consuelo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos.”. La referida declaración se concreta en el nuevo artículo 35.bis de la Ley.

III.3.E).iv.— Aprovechamientos forestales. Los aprovechamientos constituyen uno de los elementos nucleares de toda disciplina forestal. La Ley, consciente de dicha realidad, proclama entre sus principios, «El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados» —artículo 3.d)—, complementándolo con «La creación de empleo y el desarrollo del medio rural» —artículo 3.e)—. A partir de dichos principios, el Título III se ocupa, en su Capítulo IV, artículos 36 a 38, de los “Aprovechamientos forestales”, entre los que, a tenor del artículo 6.i), se comprenden «los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos agrícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes». De su régimen jurídico, presupuesto el reconocimiento del derecho a su aprovechamiento por el titular del monte, destaca la relevancia del establecimiento de los pertinentes instrumentos de gestión de los montes, de tal manera que para montes ordenados o, en su caso, incluidos en el ámbito de aplicación de un “Plan de ordenación de los recursos forestales”, la Administración se limitará a comprobar que el aprovechamiento propuesto es conforme con las previsiones del instrumento planificador. Especial atención presta la Ley al “uso energético de la biomasa forestal residual”, prescribiendo su Disposición Adicional Cuarta que el Gobierno elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con los objetivos indicados en el “Plan de fomento de las energías renovables en España”. Por lo demás, en línea con nuestra tradición normativa, se prevé la existencia de un “Fondo de mejora en montes catalogados” a cargo de las Entidades locales, cuyo destino será la conservación y mejora de dichos montes, en una cuantía que fijarán las Comunidades Autónomas y no será inferior al 15 por 100 de los aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte. La administración del Fondo compete al órgano forestal autonómico, si bien se admite su transferencia a la Entidad local titular —artículo 38—.

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III.3.F).— La conservación y protección de los montes. III.3.F).i.— Usos del suelo. El artículo 3.f) de la Ley proclama como principio inspirador de la misma «La conservación y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas forestales». Es su Título IV, artículos 39 a 54, el que afronta esta materia, intensificando las medidas de conservación y protección previamente afirmadas en la legislación estatal, principiando, respecto de los “Usos del suelo” —Capítulo I, artículos 39 y 40—, por el condicionamiento del planeamiento urbanístico al criterio de la Administración forestal, al que se le reconoce carácter vinculante si se trata de montes catalogados o protectores —artículo 39, en relación con los artículos 13 y 24—. En este orden de ideas, presupuesto que por “cambio de uso forestal” el artículo 3.l) entiende «toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal», a la referida finalidad responde, asimismo, el establecimiento por el artículo 40 de condiciones restrictivas para el cambio de uso forestal de cualquier monte, independientemente de su titularidad o régimen jurídico. A mayor abundamiento, la reforma operada por la Ley 10/2006, en línea con las medidas restrictivas introducidas por diversas Comunidades Autónomas, ha reforzado la protección de los montes contra los incendios forestales. Así, en virtud del artículo 50, queda prohibido tanto el cambio de uso forestal por razón de incendio durante el plazo de treinta años, como toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta forestal. En los términos declarados por la Exposición de Motivos —en su apartado III—, “Se opta, pues, por el plazo de 30 años, lapso de tiempo mínimo que en la mayoría de los casos puede permitir la regeneración de la vegetación forestal y, por extensión, evitar expectativas de recalificación futura de suelos no urbanizables, en particular la de los terrenos forestales, contrarias a los propósitos de regeneración del monte que demandan los principios de la gestión forestal sostenible. No obstante, se prevé con carácter singular, que las Comunidades Autónomas puedan acordar excepciones a las citadas prohibiciones cuando existan circunstancias objetivas que acrediten que el cambio de uso del terreno forestal afectado estaba previsto con anterioridad al incendio.”.

III.3.F).ii.— Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y restauración hodrológico–forestal. En materia de “Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y restauración hidrológico–forestal” —Capítulo II, artículos 41 y 42—, la Ley introduce tanto la figura de un “Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico–Forestal”, como de un “Programa de Acción Nacional contra la Desertificación”.

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Ambos instrumentos serán aprobados definitivamente por el Ministerio de Medio Ambiente, teniendo el primero por función diagnosticar e identificar, por subcuencas, los procesos erosivos, clasificándolos según la intensidad de los mismos y su riesgo potencial para las poblaciones, cultivos e infraestructuras, así como definir las zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas. El Programa contra la desertificación, por su parte, tiene como objetivos la prevención y la reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas para contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio español. Las acciones de restauración hidrológico forestal resultan, además, amparadas por la posibilidad, a petición de las Comunidades Autónomas afectadas, de que el Ministerio de Medio Ambiente proceda a la declaración de las mismas como de interés general, aunque se refieran a actuaciones a desarrollar fuera del dominio público hidráulico —artículo 42—.

III.3.F).iii.— Incendios forestales. En el referido marco de garantías ha de interpretarse la capital disciplina de los “Incendios forestales”, establecida por los artículos 43 a 50 —Capítulo III—. Presupuesto que por “incendio forestal” el artículo 6.k) entiende «el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte», las prescripciones legales, afirmada la responsabilidad de las Administraciones públicas en la defensa contra los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes —artículo 43—, parten de la indefectible prioridad que ha de conferirse a la prevención de los mismos —artículo 44—. Sin perjuicio de ello, dados los devastadores efectos de un incendio, la Ley ha establecido, de forma expresa, la obligación de toda persona de avisar de la existencia de un incendio y, en su caso, de colaborar en su extinción —artículo 45—. En el mismo orden de implicar a la sociedad civil, se promueven campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. Asimismo, se destaca la necesidad de coordinación de las diferentes Administraciones en la prevención y combate de los incendios —artículos 46 y 47, afectados en su redacción por la Ley 10/2006—. De otro lado, la Ley prevé, en su artículo 48 —cuyo apartado 3 ha recibido una nueva redacción por la Ley 10/2006—, la fijación por las Comunidades Autónomas de las llamadas “Zonas de alto riesgo de incendio” o de protección preferente, que deberán estar provistas de su correspondiente plan de defensa. Además, al margen de las prescripciones punitivas del Código Penal, una medida de singular eficacia práctica consiste en el establecimiento de la obligación de restauración de los terrenos forestales incendiados —artículo 50, cuyo rúbrica y apartado 1 han sido redactados por la Ley

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10/2006—, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón de incendio al menos durante treinta años, así como toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación de las Comunidades Autónomas. Por último, ha de recordarse, conforme anteriormente se expuso, que en las zonas de interés para la Defensa Nacional la responsabilidad la asume el Ministerio de Defensa, con el asesoramiento técnico del Ministerio de Medio Ambiente, en los términos de las disposiciones adicionales Segunda, apartado 2 —redactada por la Ley 10/2006—, y Octava, apartado 3.

III.3.F).iv.— Sanidad y genética forestal. El Capítulo IV del considerado Título IV se ocupa de la “Sanidad y genética forestal”, artículos 51 a 54, remitiendo a las prescripciones de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal —artículo 51—, sin perjuicio de declarar que la protección contra los agentes nocivos debe ser de carácter preventivo, mediante técnicas selvícolas adecuadas, utilización de agentes biológicos que impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes nocivos y la aplicación de métodos de lucha integrada —artículo 52—. En esta línea, los titulares de los montes están sujetos tanto a la obligación de comunicar la aparición atípica de agentes nocivos como a la de ejecutar o facilitar la realización de las acciones obligatorias que los órganos competentes determinen —artículo 53—. Se impone, por último, la colaboración en materia de recursos genéticos forestales, atribuyendo al Ministerio de Medio Ambiente el mantenimiento del Registro y el Catálogo Nacional de Materiales de Base —artículo 54—.

III.3.F).v.— Uso social del monte. Por último, la Ley 10/2006 ha introducido un nuevo Capítulo V, “Uso social del monte”, conformado por el artículo 54.bis, que dispone la regulación de su acceso público, en los términos regulados por la Administración pública competente, especialmente por lo que respecta a la circulación con vehículos a motor.

III.3.G).— Investigación, formación, extensión y divulgación forestal. El Título V de la Ley, artículos 55 a 59, con la referida rúbrica, se ocupa de disciplinar, esencialmente, las competencias que la Administración General del Estado puede desarrollar sobre la base de los “Planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica” regulados por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

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Ha de destacarse, de conformidad con la letra b) del apartado 3 de la Disposición Final Segunda, que sus determinaciones se dictan al amparo del título competencial exclusivo del Estado establecido por el artículo 149.1.15ª de la Constitución —«Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica»—. Al margen de lo anterior, ponderando que uno de los principios inspiradores de la Ley —ex artículo 3.i)— es «La participación en la política forestal de los sectores sociales y económicos implicados», los artículos 57 a 59 atribuyen a todas las Administraciones públicas y agentes sociales representativos la función de promover planes de formación y educación forestal, sin perjuicio de las atribuciones propias de las Administraciones competentes en materia de policía forestal. No puede cerrarse este apartado sin destacar que el artículo 58, “Extensión, policía y guardería forestal”, ha recibido nueva rúbrica y contenido por la Ley 10/2006, en virtud de la cual se han precisado las facultades de los funcionarios que desempeñan funciones de policía administrativa forestal, quienes, en su condición de agentes de la autoridad, deberán actuar de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

III.3.H).— Las medidas de fomento de la gestión sostenible. Uno de los aspectos más relevantes de la nueva Ley, sin duda, es la introducción de medidas de fomento de la gestión sostenible y multifuncional de los montes, cuya disciplina se establece en el Título VI, “Fomento forestal”, artículos 60 a 66. Sus prescripciones tienden a incentivar la actividad privada mediante subvenciones y otros incentivos por las externalidades ambientales, además de considerar incluidos entre los fines de interés general, ex Disposición Adicional Novena, los orientados a la gestión forestal sostenible, a efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo —esta prescripción sobre el “mecenazgo”, de conformidad con la letra c) del apartado 3 de la Disposición Final Segunda, se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado afirmada por el artículo 149.1.14ª de la Constitución: «Hacienda general y Deuda del Estado»—. Las referidas medidas pretenden contribuir al reconocimiento de los beneficios generales que los propietarios aportan a la sociedad con la conservación y protección de sus montes, teniendo presente que, con la finalidad de incidir una vez más en el impulso a la ordenación de todos los montes, los incentivos solamente serán aplicables a los montes que cuenten con instrumento de gestión, al margen de que tendrán prioridad los montes declarados protectores, los montes con otras figuras de especial protección y los catalogados y, en particular, aquellos incluidos en espacios naturales protegidos o en la Red Ecológica Europea Natura 2000 — artículo 63, en su vigente redacción, la establecida por la Ley 10/2006, que delimita el ámbito

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de aplicación de sus apartados 1 y 3 a los incentivos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado—. En la misma línea de generalizar la ordenación, la Disposición Transitoria Tercera establece un plazo, de diez años, durante el cual los propietarios de montes no ordenados podrán acogerse a los incentivos, pudiendo ser objeto de subvención o crédito la elaboración del correspondiente instrumento de gestión forestal. Pasado dicho periodo se denegará de oficio cualquier incentivo en tanto no se doten de instrumento de gestión o, en su caso, se incluyan en un PORF. No puede omitirse, para concluir, que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2006 dispone lo que sigue: «El Gobierno, en el marco del Plan de Fomento de Energías Renovables, actualizará las primas e incentivos de las centrales de producción de energía eléctrica en régimen especial que utilicen como combustible biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y planes de gestión forestal sostenible. Las primas e incentivos serán las que se establezcan en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.».

III.3.I).— El régimen sancionador en materia forestal. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 45.3 del Código Penal, la Ley complementa sus prescripciones, en su Título VII, artículos 67 a 80, con el establecimiento de un ineludible régimen sancionador en las materias objeto de la misma, en orden a disuadir de la realización de acciones que, de forma directa o indirecta, conduzcan a la degradación de los terrenos forestales. Obvio resulta que el régimen de sanciones administrativas se extiende a las acciones y omisiones que no estén tipificadas como infracciones penales, pues, en los términos constitucionalmente establecidos, nuestro vigente Código Penal establece previsiones específicas en la materia. Sin corresponderme aquí su análisis, ha de recordarse sobre el particular que la necesidad de protección penal del medio ambiente se ha reforzado desde la Unión Europea, cuyo Consejo adoptó, el 27 de enero de 2003, la Decisión Marco relativa a la protección del medio ambiente a través del derecho penal. En este sentido, nuestro legislador, a través de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo las modificaciones necesarias para cumplir con las obligaciones comunitarias. Circunscribiéndonos al ámbito sancionador administrativo, la Ley analizada, al margen de afirmar la viabilidad de la adopción de medidas cautelares o provisionales tendentes a asegurar la

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eficacia de la resolución —artículo 69—, básicamente, concreta la tipificación de las infracciones y los criterios para la clasificación de las mismas, según su gravedad —artículos 67 y 68—, y establece las correspondientes sanciones administrativas —artículo 74—, así como los respectivos plazos de prescripción —artículos 71 y 80—, teniendo en cuenta que la Disposición Final Quinta autoriza al Gobierno para, de acuerdo con los índices de precios al consumo, actualizar mediante Real Decreto la cuantía de las multas establecidas. En todo caso, lo relevante es que la imposición de una sanción, penal o administrativa, concurre con el deber de los responsables de las infracciones —artículo 70— de reparar el daño causado, restaurando el monte o ecosistema forestal dañado a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada, o, cuando la reparación no sea posible, de hacer frente a la pertinente indemnización de los daños que no puedan ser reparados y de los perjuicios causados —artículo 77, cuyo apartado 2 ha sido redactado por la Ley 10/2006—. El incumplimiento de esta obligación da lugar a la imposición de multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, o a la ejecución subsidiaria a costa del infractor —artículo 78—. A mayor abundamiento, la Administración competente puede acordar el decomiso tanto de los productos forestales ilegalmente obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción —artículo 79—, pudiendo, incluso, acordarse el decomiso como medida cautelar para evitar la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora —artículo 69—. Para concluir, es importante destacar la afirmación expresa por el artículo 72 del principio “non bis in idem”, de tal modo que, cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. La eventual sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, del hecho y del fundamento.

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“LOS MONTES DE ÁLAVA, SU ORDENACIÓN Y GESTIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN CUANTO A SU CONSERVACIÓN”. Mª ELENA VILCHES PLAZA. Ingeniera de Montes de la Excma. Diputación Foral de Álava.


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LOS MONTES ALAVESES

Durante las últimas décadas, la faceta forestal del T.H. de Álava ha pasado un tanto desapercibida frente a la importancia económica del sector agrícola. Álava ha sido dentro de la C.A.P.V. la provincia agrícola frente a la vocación forestal y ganadera de los territorios vecinos de Bizkaia y Gipuzkoa. Dentro del ámbito forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el sector más dinámico ha sido sin duda el privado, mayoritario en Bizkaia y Gipuzkoa y fuertemente marcado por el predomino del pino radiata. Este hecho ha condicionado las políticas públicas forestales que, aunque nominalmente han puesto el acento en la función protectora de los montes, en la práctica se han orientado más al apoyo a la repoblación forestal y a los aspectos de producción económica directa de los montes que a líneas de fomento de la biodiversidad y de potenciación del enorme valor ecológico de nuestro patrimonio forestal. Sin embargo, a pesar de esa escasa presencia de lo forestal en Álava, aproximadamente dos tercios de su territorio son terrenos forestales. La propiedad de estos espacios forestales alaveses es mayoritariamente pública. Su titularidad corresponde a Ayuntamientos y, sobre todo, a los Concejos. La mayoría de esta superficie pública forestal está además catalogada como de Utilidad Pública, declaración que proporciona a todos los montes incluidos en él un régimen legal de protección muy destacable frente a posibles cambios de titularidad o cambios de uso. El Catálogo de Álava se aprobó por Real Orden del Ministerio de Fomento de 5 de Mayo de 1909. Incluye 748 montes y su superficie total es de 152.585 hectáreas según datos de la última actualización cartográfica de la Diputación Foral de Álava. Por tanto, la mitad de la superficie alavesa (50,24%) es superficie pública forestal catalogada de Utilidad Pública. Un magnífico patrimonio ecológico, económico, y también, sociológico y cultural, cuya gestión corresponde principalmente a los Concejos, bajo la tutela técnica que la norma legal señala a la Diputación Foral de Álava. 115


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El conjunto de productos y utilidades que estos montes públicos han proporcionado históricamente a las comunidades rurales son tratadas en profundidad en estas jornadas. Parte de estos aprovechamientos (madera, leña, pastos, etc.) aún perduran, si bien su importancia en las economías rurales ha disminuido en los últimos años10. En cambio, los aspectos de gestión de los montes públicos relacionados con la conservación de la biodiversidad y con el uso público van adquiriendo importancia creciente y, sin duda, en un futuro no lejano van a pasar a ocupar un papel relevante en la programación de los usos y aprovechamientos de estos espacios.

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Ver La Administración, Conservación y Regulación de los Montes Públicos y el Patrimonio Forestal en “Los Concejos: Gestión y Administración de los Servicios Públicos y de su Patrimonio. Ed. Juntas Generales de Álava. 2004

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QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD Y POR QUÉ ES IMPORTANTE SU CONSERVACIÓN La diversidad biológica, popularizada por el biólogo Edward O. Wilson con el nombre de biodiversidad, se define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”11 . El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas se firmó en el año 1992 en la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro. Han pasado catorce años desde entonces y el balance en pérdida de diversidad genética, de extinción de especies y destrucción de hábitats sigue siendo alarmante. La pérdida de Diversidad Biológica y el Cambio Climático son los dos grandes problemas ecológicos a nivel planetario que están amenazando la salud, el bienestar e incluso la vida de millones de personas. La amenaza de la pérdida de biodiversidad es tan alarmante que el citado Edward O. Wilson afirma que: Agotar toda la energía fósil, el colapso económico, una guerra nuclear limitada o ser conquistados por un gobierno totalitario. Por muy terribles que nos resulten todas estas catástrofes, en el plazo de unas pocas generaciones podrían se reparadas. El único proceso que está teniendo lugar en la década de los ochenta y que necesitará millones de años para ser corregida es la pérdida de diversidad genética y de especies producida por la destrucción del hábitat natural. Con toda probabilidad esta es la locura que nunca nos perdonarán nuestros descendientes.12 La evolución se caracteriza por un aumento de la diversidad y de la complejidad. En general los sistemas biológicos, en la medida que incrementan su complejidad, son más estables, e incrementan su homeostasis, esto es, tienen un mayor poder de autorregulación frente a perturbaciones externas. En este sentido, la biodiversidad se ha definido como “el seguro de vida de la vida”13. La diversidad biológica es la base de una adecuada dinámica y funcionalidad de los ecosistemas. Dependen de ella aspectos tan importantes como la formación de los suelos, la regulación del clima, la regulación hídrica o la depuración de las aguas. Así por ejemplo, las inundaciones en Europa han experimentado en enorme aumento a partir de la década de los años 70. Mientras que entre 1900 y 1970 se registraron menos de cinco casos anuales, en los últimos 10 años la frecuencia se ha elevado a más de diez casos por año, con un pico de 35 inundaciones en el año 2000.14 La disminución de pantanos naturales, turberas o humedales en general tiene

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Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas

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citado por Jorge Riechmann en Todos los animales somos hermanos. Univ. De Granada. 2003

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Jorge Riechmann. Obra citada.

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¿Por qué importa tanto la diversidad biológica? En Natura 2000, Boletín de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Mayo 2006.

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una influencia importante en este hecho. Desde 1993 Europa ha experimentado una pérdida del 10% de sus humedales15. La disminución de la diversidad biológica supone una pérdida inestimable de recursos actuales y futuros del máximo interés. Las tasas de desaparición de especies a nivel mundial son alarmantes. Diversos estudios científicos hablan de varios miles de especies que desaparecen anualmente, muchas de ellas sin haber sido descritas todavía por la Ciencia. Entre estas especies que desaparecen sin remedio está el caso de muchas plantas que podrían ser útiles en Medicina. Los ecosistemas y su diversidad asociada tienen un valor cultural muy importante. Constituyen un elemento de identificación de grupo. El disfrute y la contemplación de la Naturaleza tiene un gran valor emocional, ayuda en los procesos de curación de las enfermedades y proporciona equilibrio mental. Cada cultura identifica estos valores culturales y emocionales con el medio natural del que procede y su efecto salutífero es común a todas ellas. He visto como los refugiados saharauis en la “hamada” argelina trasladan durante algunos meses a personas ancianas y enfermas a determinados lugares de su desierto, que denominan “prevenciones”, lo que produce un efecto curativo patente en muchos de ellos.

LOS MONTES ALAVESES Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Si en el contexto de la C.A.P.V. una característica diferencial de los montes alaveses es la de su titularidad pública mayoritaria, un segundo aspecto destacable es que gran parte de los montes alaveses, y particularmente los montes públicos, están poblados por especies arbóreas, arbustivas o herbáceas autóctonas. Aunque se trata de ecosistemas intervenidos –esta característica es común a toda Europa, dónde apenas existen ecosistemas vírgenes– su grado de naturalidad es alto. La especie arbórea más extendida en nuestros montes es el haya, que ocupa unas 30.000 hectáreas, le siguen, por este orden, el roble quejigo, y el pino silvestre, la encina, el pino insignis y el roble tocorno. Se valoran en Álava especialmente el haya y el pino silvestre porque hasta el momento eran las especies principales de aprovechamiento maderero y, por tanto de las que las entidades propietarias obtenían algunos ingresos dinerarios. Hoy, con la crisis del mercado de la madera, tal vez sea el momento de empezar a mirar a los montes como fuente de otras utilidades, muchas de ellas ligadas con la biodiversidad. 15

Amenazas a la biodiversidad europea. En Natura 2000, Boletín de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Mayo 2006.

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Cuadro 1: Variedad de productos y servicios proporcionados por los ecosistemas forestales. Unasylva nº 194. FAO

En el esquema adjunto16 tomado de un documento de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) pueden identificarse la variedad de productos y servicios que los ecosistemas forestales proporcionan. Productos vegetales, tales como pastos,

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Ver cuadro nº1

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setas, productos extractivos (resina y otros), medicinas, alimentos, madera, perfumes, medicinas, otras plantas silvestres, etc. Productos animales: reptiles, aves, peces, mamíferos, insectos, otros animales salvajes, estiércol, productos de los insectos (miel, cera,…). Servicios: empleo, protección de plantas, formación de suelos, ecoturismo, protección de las aguas, patrimonio, paisaje, parques y reservas, recreo… Los rendimiento en muchos de los productos forestales no madereros aumentan con el nivel de biodiversidad de los ecosistemas silvestres. Un estudio realizado por el proyecto MEDFOREX sobre las externalidades del bosque mediterráneo, calculó que, en 1994, el valor económico total de los productos forestales no maderables tradicionales de los bosques italianos ascendió a 326 millones de euros. Si a estos productos directos se les añadían el valor de los servicios al ecosistema, los aspectos recreativos y las externalidades negativas tales como erosión o riesgo de incendio, el valor de estos bosques aumentó a 1.600 millones de euros. Además en ese año los ingresos por venta de madera fueron de 441 millones de euros. Esta misma fuente señala que en el mundo hay cada vez más datos que prueban que muchas veces pueden obtenerse mayores beneficios restaurando o conservando la biodiversidad y los ecosistemas forestales que dedicando el suelo a otros fines. Y como ejemplo cita que la ciudad de Nueva York invirtió 1.500 millones de dólares en restaurar las montañas de la cuenca de captación de las aguas que abastecen a la ciudad, operación que resultaba mucho más rentable que construir una planta de filtración, que habría costado 5 o 6 veces más y que habría tenido unos gastos anuales de unos 300 millones de dólares USA.17 La conservación de la biodiversidad de nuestros montes, salvo en algunos espacios o áreas muy específicos, no está reñida con el aprovechamiento de los recursos. Es más, en ciertos casos un cierto grado de intervención o de aprovechamiento es imprescindible para conservar la biodiversidad. Como se ha indicado más arriba, el aprovechamiento de muchos productos y servicios no madereros de los montes muchas veces tiene relación con montes más biodiversos. En líneas generales podemos decir que aprovechamientos intensivos y homogéneos suponen disminución de la biodiversidad, mientras que prácticas extensivas y “artesanales” son conservadoras con la diversidad biológica. Pero, aunque biodiversidad y utilización de los recursos que proporcionan los montes son compatibles, sí son necesarias pautas de gestión que aseguren la conservación. Repasaremos algunas de estas pautas en relación a usos y utilidades de nuestros montes. 17

¿Por qué importa tanto la diversidad biológica? En Natura 2000. Boletín de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión europea nº 20. Mayo 2006.

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REGULACIÓN DEL RÉGIMEN HÍDRICO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS Los montes y, en particular las cubiertas arboladas y las zonas húmedas encharcadizas con niveles freáticos oscilantes, cumplen una función de almacenamiento de aguas muy notable que posibilita la incorporación retardada de estos aportes al ciclo del agua y en consecuencia son un factor de regulación del régimen hídrico fundamental. Para mantener estas prestaciones de nuestros montes es imprescindible mantener todos los enclaves húmedos, evitando cualquier práctica de drenaje que aceleraría la incorporación de las aguas retenidas a la red hídrica. Estos enclaves suelen ser importantes reservorios de biodiversidad, hábitats muy especializados para especies de flora y fauna que no podrían sobrevivir fuera de estos lugares. Las talas “a hecho” o “matarrasas” dejan el suelo forestal descubierto. El agua de las precipitaciones discurre por las laderas y disminuye la infiltración en el terreno y, en consecuencia, la retención de los terrenos forestales, y provocando además erosión y arrastre del terrenos desnudo. No son ya frecuentes las talas a “matarrasa” en los montes públicos de Álava, limitándose a las cortas finales de los aprovechamientos finales de los rodales de plantaciones de coníferas de producción. En estos casos es necesario limitar su superficie, programando las cortas al menos en dos fases en el caso de rodales de cierta superficie. En los montes catalogados alaveses se contabilizan aproximadamente 7.000 hectáreas de “roturas” o áreas de aprovechamiento agrícola vecinal. Según la Norma Foral de Montes 13/86, se trata de un uso temporal, finalizado el cual debe procederse a la reforestación de esas superficies roturadas. Aunque la Norma Foral de Montes condiciona las roturaciones a la “ausencia de riesgo de erosión”, existen roturaciones con síntomas de erosión evidentes. En estos casos deberían exigirse prácticas agrícolas orientadas a la conservación de suelos, tales como laboreo sobre las líneas de nivel, utilización de cultivos que supongan cubiertas permanentes del suelo y, en los casos más graves, como último recurso, la restauración forestal de estos suelos erosionables. La vegetación especializada de las márgenes de los cursos de agua, además de su peculiaridad en especies y ecosistemas que genera de diversidad biológica, actúa de barrera física a los aportes de aguas y elementos acarreados por las aguas tras el aguacero. Cumple una doble función de regulación hídrica y de depuración de las mismas. La vegetación de las riberas de todos los cursos de agua, por pequeños que sean ha de ser respetada el máximo en cortas y aprovechamientos. La inmensa mayoría de la red hídrica alavesa tiene su origen en los montes catalogados. Ecosistemas bien conservados en las zonas de cabecera son una garantía de aguas puras en su salida a los valles. Las actividades ganaderas, agrícolas y forestales en los montes han de tener en cuenta esta importante función de los sistemas forestales. 121


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En los montes con una presencia significativa de ganado es necesario situar abrevaderos convenientemente apartados de los cursos de agua y de zonas vulnerables de recarga de acuíferos para evitar la contaminación biológica de las aguas. El mayor problema en Europa de contaminación de aguas se deriva del exceso de nitratos. En el año 1991, se aprobó una Directiva europea – Directiva 91/676 CEE - relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de fuentes agrícolas. Sin embargo, once años después, en 2002, el informe de seguimiento de la Comisión (informe 407 final de 17 de julio) indicaba que el 20% de las aguas subterráneas de la Unión y entre el 30% y el 50% de los lagos y ríos presentan concentraciones demasiado elevadas. El nitrógeno agrícola representa entre el 50% y el 80% de los nitratos que llegan a las aguas europeas.18 Teniendo en cuenta el papel de los montes en la depuración de las aguas debería abandonarse definitivamente el uso de abonos químicos en los pastizales ubicados en los montes públicos catalogados. Desde hace años, algunos técnicos de los Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente venimos defendiendo esta medida, sin que hasta el momento se haya logrado erradicar esta práctica, que se realiza incluso en Espacios Naturales Protegidos y, por lo menos hasta el año 2004, con subvención pública. Una medida muy interesante en esta línea, que podrían también adoptar los Concejos, es la de que en los casos en que los roturos de sus montes públicos sean adjudicados por subasta, se fije en los Pliegos de Condiciones de dichas subastas la obligación de cultivar los roturos conforme a las reglas de la agricultura ecológica, evitando así un foco de contaminación por nitratos.

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE HÁBITATS Y ESPECIES

Tenemos la tendencia, especialmente los forestales, a centrarnos en los ecosistemas arbolados y no considerar suficientemente el resto de las formaciones vegetales. Sin embargo, a nivel europeo, no son los hábitats boscosos los más amenazados. En los últimos años, en el ámbito europeo las pérdidas de hábitat y ecosistemas más importantes se registraron en los brezales, los matorrales y la tundra, los humedales, tremedales y pantanos. Este hecho nos debe llevar a hacer una reflexión sobre prácticas de aprovechamiento de los montes muy usuales entre nosotros, y también en el resto de Europa. Brezales, argomales y otras formaciones de matorral ha sido consideradas como “improductivas” y la tendencia

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http://europa.eu/scadplus “Actividades de la Unión Europea”

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general ha sido la transformación de estas áreas en pastizales o la reforestación. A la luz de los datos actuales, parece necesario replantearnos estas prácticas de transformación de los matorrales y actuar con cautela a la hora de programar desbroces, transformaciones en pastizal o repoblaciones forestales sobre suelos ocupados actualmente por algunos tipos de matorral. He conocido algunos ganaderos alaveses que son contrarios a los desbroces en brezales. Aunque los expertos en alimentación animal señalan que el brezo no tiene interés nutricional, estos pastores defienden que el brezal constituye una reserva alimenticia interesante para el ganado en épocas concretas del año. Por otra parte, otro tipo de ganadería, como es la apicultura, encuentra en los brezales un “pasto” adecuado. Ciñéndonos al ámbito de las prácticas de conservación dentro de las formaciones de bosque, todos los expertos en biodiversidad coinciden en el papel fundamental de la conservación de árboles viejos y de materia vegetal muerta en los bosques. Los árboles viejos que quedan en el bosque son, cada uno de ellos, un monumento a la biodiversidad: musgos, líquenes, helechos y otros vegetales epífitos colonizan sus ramas, una gran variedad de insectos, incluidos insectos en peligro de extinción, tiene su hábitat en los huecos, en las ramas o en su corteza, distintas especies de aves, algunas pocos comunes o amenazadas, necesitan de estos árboles para nidificar y algunos de nuestros murciélagos amenazados viven en ellos. Durante años, estos árboles añosos, ramosos o con síntomas de decaimiento, no utilizables en general para producción de madera, se ha aprovechado en nuestros pueblos para el reparto de leñas vecinales o “suertes foguerales”. Afortunadamente, esta costumbre está casi erradicada y en casi todos los pueblos las leñas se obtienen a partir de cortas de aclareo en masas jóvenes. Más difícil está resultando el dejar ejemplares maduros en las cortas finales en bosques con aprovechamiento de madera. Estos árboles que se dejan en pie, a veces formando un grupo de 5 o 6 ejemplares para alargar su supervivencia, tienen un valor dinerario que a las entidades propietarias les duele “dejar abandonado en el monte para que se pudra”. Igualmente, en los señalamientos de arbolado se deben respetar de la corta todos aquellos ejemplares que presenten oquedades o grietas donde puedan anidar o refugiarse distintas especies animales (lirones, murciélagos, aves…) o en los que se observen nidos en sus copas. Una práctica tradicional en los aprovechamientos es la de favorecer la especie principal, generalmente de mayor interés comercial, eliminando en las claras las especies arbóreas y arbustivas acompañantes. Con este criterio, arces, serbales, abedules, tilos, diversos sauces, y muchas otras especies se han rarificado en nuestros bosques. Esta práctica resulta muy lesiva para la conservación de nuestra diversidad forestal y ha de ponerse una gran atención en mantener los ejemplares arbóreos y arbustivos del cortejo.

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LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA La conservación de la diversidad requiere de la continuidad entre los hábitats, de modo que se asegure la conexión entre los espacios silvestres que garantice la circulación de las especies faunísticas y el mantenimiento de la diversidad genética de vegetales y animales. Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad es la fragmentación de los hábitats. Los montes públicos alaveses, situados en las tres líneas montañosas principales que recorren nuestro territorio de este a oeste, forman parte, a nivel regional, de un corredor montañosa de gran importancia en la conexión ecológica entre la cordillera pirenaica y la cantábrica. A nivel local, asegurar conectores ecológicos en las áreas donde esta continuidad quiebra es un objetivo importante para el mantenimiento de la biodiversidad. Se tiene tendencia en la gestión del monte a minusvalorar los retazos o franjas silvestres de borde de monte, considerándolos marginales y poco productivos. Sin embargo, frecuentemente estas zonas poseen una biodiversidad notable – zona de ecotono – y cumplen una función de conector importante a nivel ecológico. Tanto el Gobierno Vasco, en el ámbito de la C.A.P.V., como la Diputación de Álava, en el T.H. de Álava, han ultimado la elaboración de una propuesta de conectividad ecológica que pretende asegurar la continuidad de los espacios silvestres.

ESTRATEGIA EUROPEA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. RED NATURA 2000

Según el informe de 2005 de la Agencia europea del Medio Ambiente (El Medio Ambiente europeo: Estado y perspectivas) el 43% de las aves europeas se encuentran en situación desfavorable. El 12% de nuestras 576 especies de mariposas son muy raras o disminuyen rápidamente. Alrededor de 600 especies de plantas se consideran extintas o en grave situación de peligro. El 45% de nuestros reptiles y el 52% de nuestros peces están amenazados. En el año 1992, el Consejo de Europa aprobó la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, más conocida como Directiva “Hábitats” que viene a completar, e integrar, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres o Directiva “Aves”. La Directiva “Hábitats” diseña la estrategia de conservación de la biodiversidad europea. En sus anexos establece un listado de hábitats naturales de interés comunitario y otro de especies de flora y fauna también de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación Z.E.C.s). Dentro de esta relación de hábitats y especies, algunos están 124


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designados como hábitats o especies de interés prioritario. Teniendo en cuenta el contenido de estos anexos, los estados miembros debían presentar a la Comisión europea una lista propuesta de lugares con indicación de los hábitats y especies de los anexos de la Directiva comprendidos en esos lugares. Estos “lugares”, L.I.C.s –Lugares de Interés Comunitario- junto con las zonas de especial protección para las aves (Z.E.P.A.s), designadas en aplicación de la Directiva “Aves”, constituyen la Red Ecológica Europea “Natura 2000”. Tras sucesivas propuestas a la Comisión, la lista de la C.A.P.V. se completó en 2003. En Álava se designan cuatro Z.E.P.A.s y veinticinco L.I.C.s, aunque cinco de estos L.I.C.s coinciden con parte de las Z.E.P.A.s. Ocho de los L.I.C.s propuestos son espacios fluviales, cuatro son lagos, lagunas o embalses artificiales y el resto de los L.I.C.s alaveses son espacios fundamentalmente montanos.

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La “Red Natura 2000” en Álava ocupa 79.936 hectáreas, es decir, el 26,3% de la superficie provincial. De esta superficie 70.699 hectáreas corresponden a monte público catalogado como de Utilidad Pública. Es así que los montes públicos catalogados contribuyen al 88,7% de la Red Natura 2000 alavesa.

Parte de esta superficie poseía ya con anterioridad, o estaba en camino de tener un status de protección, dado que la Red Natura integra los Parques Naturales y Biotopos Protegidos, declarados o en proceso de declaración, siguiendo el procedimiento señalado por la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Otros espacios se incorporan “ex novo” a esta nueva red de espacios protegidos. Los L.I.C.s montanos unidos a los L.I.C.s fluviales forman una red de conservación que “malla” bien nuestro territorio, si se completa con una adecuada estructura de conectores o 126


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corredores ecológicos que salven las zonas de ruptura de la Red Natura 2000 (infraestructuras de comunicaciones, zonas urbanas extensas, polígonos industriales, zonas agrícolas intensivas, etc.). Como se ha indicado más arriba el diseño de la red de conectores está prácticamente finalizado y, unido a los espacios de la “Red Natura 2000”, completará el diseño de una red alavesa de Espacios Naturales Protegidos coherente con las premisas y estrategias europeas de conservación de la biodiversidad. Algo más de la mitad de los L.I.C.s alaveses están integrados en la región biogeográfica atlántica y el resto en la región mediterránea. La lista europea de la región atlántica se aprobó en diciembre de 2004 y la mediterránea se aprobará este año. Una vez aprobada la lista, ha de procederse a la designación de esos lugares como zonas de especial conservación (Z.E.C.s) Según indica el artículo 4.4 de la Directiva, esta designación ha de realizarse “lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, fijándose las prioridades en función de la importancia de los lugares, el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del Anexo I o de una especie del anexo II y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pese sobre ellos. La inclusión de un área o de un monte en la Red Natura 2000 no significa la prohibición de uso o explotación de esa zona. De hecho la propia Directiva subraya en su segundo considerando introductorio que “el mantenimiento de la biodiversidad podrá en determinados casos requerir el mantenimiento y el estímulo de actividades humanas”. Algunos de nuestros hábitats de interés, como determinados tipos de prados semi-naturales, de brezales o de otros matorrales evolucionarían a formaciones arbustivas o arboladas sin un presión suficiente del hombre y del ganado. En ese sentido, la Directiva contempla en su artículo 8 la cofinanciación comunitaria para el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales prioritarios y especies prioritarias. La vía de financiación comunitaria de la conservación de la Red Natura 2000 es la convocatoria LIFE – Naturaleza. Este año se está procediendo a la revisión de las premisas y del montante de fondos de LIFE, estando previsto para el año 2007 la nueva propuesta LIFE – Naturaleza, con una dotación mucho más elevada que la existente hasta el momento. Desde el momento que un lugar figura en la lista aprobada, es obligatoria la adopción de medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de las especies que han motivado la inclusión de ese lugar en la lista. En este sentido, el artículo 6.3 de la Directiva dice que “cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación en dicho lugar”.

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CONCLUSIONES Los montes públicos catalogados alaveses representan un fabuloso patrimonio natural y cultural, cuya protección y conservación han de resultar prioritarias, tanto para las entidades propietarias, principalmente Concejos, como para el resto de las administraciones públicas concernidas. El mantenimiento de los usos tradicionales, introducidos algunos correctores técnicos para garantizar la conservación, y formulados en términos económicos viables, se revela como una buena estrategia para la conservación de la biodiversidad. Este mismo mantenimiento de la diversidad biológica podría revertir a las comunidades rurales en forma de ingresos dinerarios y de otros beneficios, cuantificables en términos de calidad de vida y bienestar, que actuarían de motor en el mantenimiento de prácticas de conservación y desarrollo durable. La inclusión de casi la mitad de la superficie de los montes catalogados alaveses en la Red Ecológica Europea Natura 2000 se vislumbra como una importante posibilidad de recuperación del papel central que los montes públicos tuvieron en la vida rural, tras varias décadas prácticamente olvidados. Los instrumentos de financiación comunitarios, aunque todavía sin definir, podrían servir para poner en marcha este nuevo – viejo- sistema de gestión de la conservación. En un futuro próximo, en medio de una crisis de biodiversidad de nivel planetario, es posible que los montes alaveses vuelvan a recobrar la importancia central que antaño tuvieron dentro de la cultura y las economías de las sociedades rurales, aunque bajo parámetros e intereses muy diferentes a los preindustriales. Si en el pasado la importancia de los montes en Álava, en su mayoría públicos, fue la diversidad de productos que proporcionaban a los habitantes del medio rural, productos básicos en una economía fundamentalmente de autoconsumo, a corto plazo, las externalidades derivadas del importante papel de estos espacios en la conservación y protección del Medio Ambiente y en los servicios de ocio y recreo cada vez más demandados por las poblaciones urbanas figurarán probablemente como rendimientos fundamentales de los montes públicos alaveses. Agradecimientos. Agradezco al Centro de Cálculo de Álava y, particularmente a Javier Díaz de Guereñu del Río, Ingeniero Superior en Geodesia y Cartografía, la ayuda prestada en la elaboración de las cartografías que aparecen en este artículo.

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“LOS APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES (MADERABLES, FOGUERAS, PASTOS, ROTUROS, AGUAS, CAZA, FRUTOS SILVESTRES, HONGOS, PLANTAS, FLORES, RECURSOS MINEROS…) ANTE EL RETO DE SU TRANSFORMACIÓN. EL DERECHO AL USO Y DISFRUTE DE LA NATURALEZA”. DEMETRIO LOPERENA ROTA. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.


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NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE LOS BIENES COMUNALES19 I.- INTRODUCCION II.- PLANTEAMIENTO GENERAL A) La propiedad y sus límites B) Concepto de frutos silvestres C) Distinción entre uso recreativo y aprovechamiento D) El ius usus inocui III.- LA INOCUIDAD DE LOS USOS A) Inocuidad económica B) La inocuidad ambiental C) La proporcionalidad del uso IV.- LOS SUJETOS A) El titular B) El usuario ocasional V.-EL CASO DE LOS BIENES COMUNALES

¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Fray Luis de León, Vida retirada

I.- INTRODUCCION Mientras vamos asimilando que Naturaleza intacta no es síntoma de pobreza, comienzan a plantearse pequeños conflictos sociales con algunas consecuencias jurídicas sobre las que 19

Este texto es una actualización de mi artículo “ Uso recreativo de los predios y aprovechamiento de los frutos silvestres”, publicado En la Revista de Derecho ambiental de 1997.

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conviene reflexionar. En este trabajo se van a tratar de apuntar los problemas derivados de esa nueva conciencia que busca en la naturaleza el recreo, la diversión, el esparcimiento, la relajación o cualquier otro de los fines que tópicamente se nos anuncian. En efecto, la mayor parte de la población se agrupa en núcleos urbanos de cierta entidad y busca en el campo, cada vez más, ese lugar en el que encontrar el descanso del que hace tantos siglos nos hablara Fray Luis de León, aunque ahora de forma temporal (fin de semana o vacaciones). El paseo, senderismo, montañismo, escalada y otros deportes más novedosos vinculados a la aventura están siendo practicados ya por un número de personas tan considerable que han empezado a surgir tensiones entre los amantes de la Naturaleza que los practican y los titulares de los predios o fundos sobre los que se realizan esas prácticas. Tanto los bienes comunales como los estrictamente privados, en general, han estado sin vallado y ha sido históricamente bien aceptado el que, con cuidado de no dañar lo que era la explotación económica del titular, se pudieran transitar con fines deportivos o de esparcimiento, recoger plantas medicinales y frutos silvestres (especialmente setas). El conflicto ha surgido por la concatenación de estos factores: 1º) La presencia de un número cada vez más elevado de personas. El furor playero de décadas pasadas está dejando paso a una nueva afición a la montaña o al campo, en general, en nada ajena a las nuevas percepciones culturales del ecologismo. 2º) Las nuevas rentabilidades económicas. La recolección hasta fecha reciente de flores silvestres, plantas medicinales, frutos silvestres o setas se realizaba por el paseante para uso propio sin el más mínimo ánimo de lucro. Ahora esto ha cambiado, en parte, cuando grupos organizados recolectan cualquiera de estos productos en predio ajeno, normalmente en bienes comunales, con el fin de comerciar en los mercados urbanos. Lógicamente, y al menos en el caso de los bienes comunales, sus titulares han descubierto que aquellas ajenas e inocuas extracciones del pasado pueden convertirse en perturbadoras de la rentabilidad económica de los bienes que legítimamente les pertenecen, ya que se ha producido una transformación: a los frutos que anteriormente consistían principalmente en pastos y madera, hoy podemos añadir otros frutos silvestres cuyo valor comercial les ha sido dado en época reciente. 3º) La crisis del mundo rural. Sus causas y efectos son bien conocidos. Al margen de las frías cifras demográficas o macroeconómicas, el hombre que habita nuestros pueblos se siente peor tratado por las Administraciones públicas que el urbano y además observa que los fines de semana y períodos vacacionales alteran su vida drásticamente con la 132


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nutrida presencia de habitantes de las ciudades, sin que se derive muchas veces beneficio económico de estas molestias. En ocasiones, el apreciable decremento económico que padecen los vecinos ha dado lugar a la prohibición de recolectar algunas especies a los no vecinos y por tanto no titulares de bienes comunales. Esta prohibición se ha realizado con diversas fórmulas técnicamente mejorables, como acotados o permisos previo pago de tasas, que más adelante estudiaremos. Afortunadamente sobre eco-turismo y turismo rural se está estudiando mucho en nuestro país con publicaciones y congresos en los que se presentan experiencias de otros países que conocen bien esta tensión y la tienen resuelta. Las Comunidades autónomas especialmente están trabajando en este ámbito con cierta intensidad, aunque el equilibrio final parece lejano en muchos puntos de nuestra geografía. En el seno de esta coyuntura se están planteando problemas jurídicos sectoriales como el que voy a tratar de exponer, y que no siempre se observan correctamente.

II.- PLANTEAMIENTO GENERAL

A.- LA PROPIEDAD Y SUS LÍMITES20 Hablamos con frecuencia de límites al derecho de propiedad21 con una intención simplificadora y didáctica. Para hablar de los límites estrictamente deberíamos hablar de aquellos que son fruto de la legislación ordinaria (que muy bien podría disponer otra cosa), los principios constitucionales y aún los derechos inherentes a nuestra condición de seres humanos reconocidos en las Convenciones internacionales. Los primeros son los verdaderos límites jurídicos, son aquellos que las instituciones representativas de la sociedad pueden establecer o eliminar; los límites constitucionales y los derivados de los Derechos humanos van en consonancia con nuestro grado de desarrollo civilizatorio y no está a disposición del legislador el imponerlos o preterirlos. Aún hay un tercer grupo que es el de los límites derivados de la naturaleza de las cosas. Pues bien, los enmarcados en segundo y tercer lugar no son exactamente límites evitables sino contornos del derecho de propiedad que se advierte ya desde su origen conceptual como algo muy alejado de lo absoluto.

20

El concepto de propiedad lo encontramos en el art. 348 del Código Civil : “ La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”. Asimismo, la Constitución Española recoge el derecho de propiedad en su art. 33, donde establece que los límites de este derecho los deteminará su función social de acuerdo con las leyes.

21

Castán,” Derecho Civil Español Común y Foral”, Tomo II, Vol. I, págs. 207 a 241.

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El concepto de propiedad absoluta, como el mismo concepto de soberanía, ha sido puramente teórico, elaborado con fines didácticos y no dogmáticos. Nunca la propiedad ha sido ilimitada, aunque sea porque ontológicamente ello remite a un concepto de infinitud ajeno a cualquier institución social. Del mismo modo que la Ley y el Reglamento son el camino que ha de recorrer la Administración en su función de servicio público -vinculación positiva a la legalidad-, la propiedad tiene en la ley no unos límites, aunque sea didácticamente muy eficaz la explicación, sino cabalmente el camino por el que puede caminar el titular con los aprovechamientos que correspondan. No cabe entender que el propietario de un fundo lo sea de una parte de la biosfera con las exclusiones que le marque la ley pero con potestades residuales respecto de la misma. Aunque no este expresamente excluido por los textos positivos, el aprovechamiento que supusiera una violación de los principios constitucionales, especialmente función social de la propiedad y derecho a un medio ambiente adecuado, convertirían en antijurídica una determinada actuación. La biosfera solo puede usarse en común y éste es un imperativo jurídico que procede de bases biológicas: todos sus elementos están profundamente interrelacionados de modo que una actuación nociva, por localizada que ésta sea, tiene efectos sobre elementos que están más allá del espacio geográfico donde se ha producido la actuación. Como dijimos en otra parte, nadie tiene derecho a destruir la cuota de la biosfera que con el título de derecho de propiedad la sociedad ha puesto en sus manos. Es cierto que los límites que la legislación impone prácticamente impiden ese supuesto. Sin embargo en un predio rústico, por ejemplo, viven millones de insectos y otros elementos bióticos sin cuyo concurso la biosfera no tendría los parámetros que necesita nuestra especie para sobrevivir. Dado que no hay legislación que proteja a estos seres vivos22, ¿podría el propietario acabar con los que habitan en sus fundo?. A mi juicio no, es una acción antijurídica, es una extralimitación del ejercicio del derecho de propiedad, es un abuso de derecho prohibido en el art. 7.2 del Código Civil.23 Cuando vemos un rótulo: finca particular, prohibido el paso, podemos estar también ante una situación parecida. Ante una finca urbana o una nave industrial o un jardín de recreo la prohibición es lógica, ya que a su titular corresponde en exclusiva el disfrute y aprovechamiento de la finca: se está excluyendo la presencia de personas no autorizadas por el titular. Sin embargo el titular de un predio rústico de cientos o miles de hectáreas, a mi juicio, no puede hacer lo mismo. Tiene derecho a la rentabilidad económica del predio, pero la propiedad no excluye los usos inocuos sobre ella. Así, practicar el paseo, llamado ahora senderismo, por un altozano, fotografiar unas rocas y recoger un ramo de flores silvestres ordinariamente son usos inocuos perfectamente legales 24 sobre los que el

22

Bellver Capela, Vicente y Catala Bas, A. H. : “ El estatuto ético-jurídico de los animales. Revisión de la legislación española.”, Revista General de Derecho, núms 589-90, 1993, págs. 9635 y 9636.

23

Art. 7.2 del C.C.: “ La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.”.

24

“ El ius usus inocui “, Castán, op. cit., págs 215 a 221.

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titular del fundo no puede disponer. La biosfera nos pertenece a todos y salvo que el paseo, la fotografía o las flores formen parte de la rentabilidad del fundo cualquiera puede realizar ese uso inocuo. ¿Podría legítimamente el propietario de un monte prohibir o cobrar por su filmación? Aún estamos a tiempo de evitar legal y jurisprudencialmente estos excesos.

B.- CONCEPTO DE FRUTOS SILVESTRES La legislación sectorial no tiene una terminología unívoca. Pero, en todo caso, siempre estamos haciendo referencia a un producto vegetal que tiene algún valor de uso para las personas, aunque sea el estético o meramente recreativo, y que surge espontáneamente en la Naturaleza sin intervención directa del hombre. Queda excluido, por tanto, de esta categoría cualquier producto vegetal en el que ha intervenido la actividad del propietario en orden a su aparición, desarrollo o recolección, porque en tal caso habría un ánimo evidente de cultivo que excluiría a nuestros efectos su carácter de silvestre. Las setas son probablemente el ejemplo más claro de este tipo de frutos, dada la afición a la micología que existe en muchas Comunidades autónomas y que en general se ha practicado accediendo a la seta y al predio donde se hallaba con total libertad. Pero no hay por qué centrarse únicamente en las setas y sus distintas variedades. De hecho y por ejemplo, en Navarra existe un licor producto de la maceración de un fruto silvestre en licor de anís, el endrino (patxaran, en lengua vasca), que ha dado lugar a la comercialización generalizada de este tipo de licor, ya conocido generalmente como pacharán y que actualmente está protegido por el régimen de la denominación de origen Navarra. Durante siglos este licor se fabricaba artesanalmente en los hogares navarros para el consumo familiar, recolectándose el fruto libremente en los abundantes terrenos comunales de la montaña de Navarra sin trámite alguno. La aparición de la explotación industrial de este licor ha generado una presión al recolector que ha dado lugar la las primeras tensiones vecinales y ambientales. Además, recoger fresas silvestres, avellanas, castañas, arándanos, plantas medicinales y semillas de árboles nobles, como el roble, haya o castaño, está siendo también cada vez una actividad más frecuentes. Es evidente que allí donde existe una zona protegida con su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales25 las extracciones de frutos silvestres estarán sometidas

25

Al planeamiento de los recursos naturales y al contenido de dichos planes se refiere la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

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a los criterios técnicos que se hayan establecido, incluso pueden estar terminantemente prohibidas26. Esto, sin embargo, no debe hacernos perder de vista la realidad generalizada de que la aprobación de una figura de protección de los Espacios Naturales no cambia la titularidad del bien, y por tanto la titularidad de sus frutos, de su uso y aprovechamiento, si bien ahora limitados a lo que disponga el PORN. Hay actividades profundamente vinculadas con la recolección de frutos silvestres como el paseo, senderismo o montañismo cuyo examen jurídico es idéntico. También la recolección de minerales y otros elementos fósiles con fines científicos o recreativos guarda analogía con esas actividades, siendo válidas, también en su caso, las conclusiones que aquí se aporten, ya que aunque no tienen la misma naturaleza física o biótica, creo que sí la tienen jurídica. En cuanto a la vida animal, las especies protegidas, incluidas las cinegéticas tienen un régimen propio distinto del de los frutos silvestres, aunque queda abierta la interrogante de si la vida inferior, insectos, lombrices etc., están sometidos a algún régimen de protección o siquiera de aprovechamiento27 .

C.- DISTINCION ENTRE USO RECREATIVO Y APROVECHAMIENTO Nos estamos refiriendo en este trabajo a los usos y no a los aprovechamientos. Es verdad que no siempre nuestro ordenamiento distingue entre ambos conceptos, porque no es fácil hacerlo con carácter general. En nuestro caso, es muy útil la distinción ya que una actividad recreativa del tipo que sea en predio ajeno nunca puede ir más allá de un uso. No sería correcto denominarlo aprovechamiento porque este concepto evoca una rentabilidad económica radicalmente alejada del uso recreativo al que nos referimos. En segundo lugar el aprovechamiento es excluyente. Un cultivo se aprovecha en su integridad por su titular. Incluso en una finca cuyo aprovechamiento principal sea la recolección de plantas silvestres, la presencia de otras personas extrayendo una parte de ella implica un decremento en la economía del titular incompatible con el ejercicio del derecho de propiedad, que le otorga el derecho a acceder a los frutos.

26

El art. 7.2 de la Ley Foral nº 3/90, de 31 de diciembre de 1990, establece que “en los espacios naturales protegidos todo aprovechamiento estará smetido a la autorización de la Administración Medioambiental. En la misma norma foral, en su art. 65.c), al hablar del uso recreativo de los montes prohibe “..la recogida de productos sometidos a autorización y de material vegatal, mineral, o de ejemplares de la fauna de los montes...”.

27

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en el cap. primero de su Tit. IV, rotulado “De la flora y fauna silvestres”, no hace ninguna referencia concreta a este tipo de vida animal.

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La idea de uso, sin embargo, no tiene este rasgo de exclusión del tercero. Recoger un ramo de amapolas en un trigal es un uso perfectamente compatible con el aprovechamiento que el titular del dominio realiza del predio. Lo mismo puede decirse del que pasea sin daño por el trigal: puede disfrutar de su uso recreativo, sin que ello excluya el aprovechamiento principal, ni siquiera en una mínima parte. Compatibilidad entre uso y aprovechamiento es, pues, rasgo característico y fundamental. Los usos a su vez, en lo que aquí ha de tratarse, son los compatibles entre sí, al menos genéricamente. Así una extracción sistemática y cronológicamente organizada de amapolas en un trigal no tiene esa naturaleza de mero uso ocasional, sino que se convierte en una aprovechamiento solo legítimo mediando el previo acuerdo del titular del fundo. Es decir, el uso recreativo debe permitir genéricamente otro idéntico por diferente persona simultánea o sucesivamente. En definitiva el uso recreativo se realiza cuando se da una doble compatibilidad: a) Compatibilidad entre el uso y el aprovechamiento principal. b) Compatibilidad de los usos recreativos o del uso recreativo a realizar por varias personas. El uso recreativo presupone además, como consecuencia de la compatibilidad aludida, el no agotamiento de lo extraído. Si en el predio existiesen muchas amapolas, un ramo no las va a agotar, del mismo modo que si existen abundantes setas, la extracción de una cantidad convencional como es un cestito, tampoco excluye genéricamente otros usos. Ahora bien este uso recreativo requiere de unos cuidados perfectamente exigibles. Así, no deben extraerse las raíces cuando para la aparición de nuevas plantas así convenga. Debe usarse cuchillo o navaja para recoger setas para garantizar la permanencia del micelio y favorecer la aparición de una nueva seta. Obsérvese que no seguir las normas convenientes para la ulterior reproducción de la planta hace perder parcial o totalmente el rasgo de la compatibilidad en que venimos insistiendo. Si en todo un año solo creciese una amapola o una seta, supuesto límite, difícil o imposible, es evidente que, al excluirse el rasgo de la compatibilidad, el uso recreativo del no titular devendría ilegítimo.

D.- EL IUS USUS INOCUI Como ya se ha avanzado, la propiedad absoluta es un concepto que incluso en su acepción más teórica no ha tenido vida real. Lo cierto es que la propiedad está vinculada a un contenido 137


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concreto de uso, aprovechamiento y disposición28 que con modulaciones históricas ha llegado hasta nuestros días desde el propio Derecho romano. También desde ese momento y sin ruptura de la continuidad se ha permitido el uso inocuo de la propiedad ajena, esto es, el uso que no afectara los contenidos de poder que sobre ella tenía su titular. Así el ius usus inocui ha sido y sigue siendo un derecho perfectamente reconocido , y sobre todo, practicado en nuestro país. Todavía en grandes extensiones dedicadas al cultivo de cereales y que afortunadamente permanecen sin vallar, los rebaños de ovejas acuden a pastar en los rastrojos igual que lo hicieron durante centenares de años. Parece como si el dominio en plenitud solo se realizara desde el momento de la siembra hasta el de la cosecha, quedando el resto del año libre para otros usos tradicionales perfectamente compatibles con el cultivo de cereales a que se dedica el fundo. En el Derecho de caza, tanto en terrenos libres como acotados por Municipios con afectación de múltiples propiedades de diversa naturaleza, dominio público, comunales o propiedad privada, el ejercicio de tal actividad presupone el derecho a acceder a la propiedad ajena para abatir o cobrar la pieza. Idéntico análisis puede hacerse cuando un pescador debe cruzar un fundo ajeno para llegar a la orilla del río. Son usos perfectamente inocuos que no han planteado conflictos apreciables. En nuestro Código Civil hay algún supuesto singularizado anecdóticamente como el de la colmena que se asienta en propiedad ajena29 . Pues bien, esta inocuidad tradicionalmente ha sido también admitida en las flores y frutos silvestres a los que hacemos referencia, dado que nunca han constituido el núcleo de aprovechamiento de un predio rural. Cualquier aficionado al paseo o la montaña ha podido recoger fresas o setas sin que su actividad se considere antijurídica, no sólo por motivos históricos, sino porque no se vincula a un abuso de derecho que el Código Civil no autoriza. El uso recreativo del que hablamos guarda un paralelismo con los ejemplos puestos, pero tiene algunas diferencias. Es un derecho que se adquiere con la condición de ciudadano, con la condición de ser humano, lo cual nos lleva inmediatamente al campo de los derechos y libertades públicas y, en el caso de nuestra Constitución, al art. 45.1 que reconoce a todos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Nuestro Código Civil no reconoce textualmente el ius isus inocui, al margen de su concepción negativa de interdicción del abuso del derecho. Sin embargo, la doctrina e incluso el Tribunal Supremo han apuntado su existencia en nuestro ordenamiento

28 29

Art. 348 del C.C. Art. 612 del C.C.

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No es insólito este reconocimiento en el Derecho comparado, ya que un país que a estos efectos tiene mucha similitud con el nuestro como es Suiza, en su Código Civil reconoce también el ius usus inocui 30 . Al no tratarse de un derecho real ni personal sobre cosa ajena, como se apuntó, nos vamos al campo de los derechos humanos. A pesar de las tensiones que con los textos positivos pueda producir esta catalogación, podemos considerar que es ahí donde dogmáticamente encuentra un mejor acomodo. Del uso inocuo no se puede decir que sea un límite a la propiedad, mas bien diríamos que la propiedad no alcanza a ocuparlo; está excluido del haz de poderes que le es inherente. Por eso no tiene titulares concretos ni formas predeterminadas para siempre. Como se avanzó, la propiedad no presupone la entrega completa de una parcela de la biosfera. Se entrega con el título de propiedad el uso y aprovechamiento de una parte de la misma, limitada además territorialmente. El derecho al medio ambiente adecuado parte del reconocimiento de que la biosfera nos pertenece en común y de forma indivisible a todos los ciudadanos del Planeta por igual, y al margen de las formas jurídicas utilizadas para su administración, entre las que singularmente destaca el derecho de propiedad, una parte permanece extra-comercium y al margen de ese derecho por estar ínsita en ese derecho fundamental a disfrutar de la biosfera que todos tenemos. Pues bien, el ius usus inocui del que hablamos es precisamente una de esas parcelitas que excluidas del derecho de propiedad nos pertenecen a todos en cuanto titulares del derecho a un medio ambiente adecuado, sobre todo cuando está tan claramente positivizado como en nuestro texto constitucional. Así pasear, recoger plantas medicinales, setas o frutos silvestres en predio ajeno es una parte del derecho que tenemos todos a disfrutar del medio ambiente adecuado y que puede hacerse en todo lugar cuando se den rasgos de inocuidad que vamos a examinar a continuación.

III.- LA INOCUIDAD DE LOS USOS Los usos que genéricamente denominamos, con cierta impropiedad, recreativos en predio ajeno han de cumplir una serie de características de inocuidad para resultar jurídicamente legítimos.

30

Art. 699 Code civil: “ Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’appropier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ ait édicté, dans l’ interêt des cultures, des défense spéciales limitées à certains fonds. La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.”.

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A.- INOCUIDAD ECONOMICA La primera y más elemental exigencia que puede requerirse para el uso inocuo del fundo ajeno es la ausencia de quebranto económico en el titular. Y ello tanto en su vertiente activa como en la pasiva. Así, el titular no podrá ser privado de los frutos con los que espera obtener un beneficio económico. Pero tampoco está obligado a soportar el coste de alguna reparación que haya de hacerse como consecuencia de la extracción por tercera persona de un fruto con el que no iba a comerciar y obtener rentabilidad alguna31 . Pero la ausencia de rentabilidad económica es también exigible del tercero usuario. Cuando la recolección de frutos silvestres en fundo ajeno se produce con ánimo de lucro no estamos en sentido estricto ante un uso inocuo, aunque no perjudique el cultivo principal. El disfrutar de los bienes ambientales con un uso recreativo es incompatible con el ánimo de lucro. Por tanto, si se diera esta circunstancia habría de solicitarse el permiso del titular y llegar eventualmente al correspondiente contrato en el que si mediara contraprestación económica podría exigirse la exclusividad en la recolección del fruto, excluyéndose, por tanto, otros usos por terceras personas del mismo fruto. Todo ello porque ese fruto a través del contrato ha pasado a ser parte de la renta económica del fundo y, por tanto, su extracción no resulta inocua ni para el titular ni para el que ha adquirido previo pago esos frutos. Es evidente que hay zonas de conflicto difícil de resolver. Son los supuestos en que los frutos o el uso correspondiente ha sido transformado, siquiera levemente para su comercialización. Porque podemos considerar que si no hay comercio ulterior la inocuidad hay que presumirla. Aunque es cierto que todo es susceptible de ser traducido a guarismos económicos, el ahorro económico de una familia que cena setas no puede computarse a nuestros efectos como una renta ilegítima. Como regla general, un uso es inocuo cuando el titular, por sí mismo o a través de persona contratada, no puede obtener el beneficio que el usuario sí es capaz de obtener. Contemplar un paisaje, recolectar plantas para lo que se exige grandes conocimientos de botánica, o guiar un paseo naturalístico aparecen así como actividades absolutamente inocuas. Un problema práctico que conviene apuntar es la necesidad de advertir por parte del titular del predio que alguno o algunos frutos silvestres están excluidos de su uso por terceros. Esto resulta imprescindible en los lugares donde secularmente se ha tolerado este tipo de usos y aprovechamientos y donde el titular a partir de un momento dado decide rentabilizarlos económicamente en exclusiva. Puede estar en su derecho pero tiene la carga de advertir a los usuarios tradicionales que la anterior inocuidad económica del uso ha desaparecido y que van a ser explotados tales frutos, prohibiéndose, por tanto, su recolección a los terceros.

31

Así, por ejemplo, el dueño de un predio cultivado no tiene por qué soportar los daños que un tercero cause en su cosecha al ir a recoger, pongamos por caso, plantas aromáticas.

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B.- LA INOCUIDAD AMBIENTAL La normativa que desarrolla los Espacios naturales protegidos establece un catálogo de plantas que por estar en peligro de extinción, está prohibida su recolección. La protección de la biosfera puede llevar aparejado, como vemos, la necesidad de que durante los años precisos se practique una moratoria de extracción, hasta que se haya comprobado su completa recuperación como especie. En los Espacios naturales protegidos por alguna figura legal, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, será el que determine los límites de la actividad humana para que resulte inocua ambientalmente o en determinados supuestos, para permitir una paulatina recuperación que restaure el equilibrio perdido. El límite ambiental no supone necesariamente que las cosas permanezcan inalteradas “como están” sino que en muchos casos se exige el respeto hacia una transformación espontánea o inducida para recuperar su estado presuntamente ideal. Pero, además, de estas determinaciones normativas orientadas a garantizar la inocuidad ambiental de algunos usos o aprovechamientos, los titulares de algunos bienes pueden establecer normas singulares de protección, prohibiendo o limitando algunos usos o aprovechamientos. Esto se da con alguna frecuencia en montes de titularidad pública o en bienes comunales. En estos casos, dependiendo de la temporada o de la especie pueden establecerse limitaciones a los que acudan a extraer algún fruto o planta silvestre. En ocasiones la inocuidad ambiental no viene determinada por la especie que se extrae sino por su tamaño. La reproducción se completa en muchas plantas en un determinado momento de su ciclo biológico y el extraerla antes de que se haya posibilitado la reproducción en algunas plantas puede alterar el equilibrio ecológico. Este es el motivo ambiental, que por sí solo o bien unido a otras razones, impulsa a ciertas regulaciones del tamaño de las planteas extraídas. Otro apartado al que se extiende la protección ambiental, en el caso de la extracción de frutos o plantas silvestres, es al método utilizado. Hay veces, quizás la mayoría, en la que las manos son instrumento suficiente para realizar la extracción pero no siempre es un medio inocuo. Arrancar plantas con las manos puede suponer llevarse las raíces con las que después se produciría una eventual reproducción. En el caso de las trufas, parece claro que la necesidad de excavar aunque sea levemente en el suelo supone una alteración física, de consecuencias ambientales, que autorizaría a su extracción únicamente al titular del fundo, responsable también de su integridad ambiental. En definitiva, la extracción de frutos silvestres ha de hacerse permitiendo su reproducción, y sin alterar la planta, arbusto o árbol en los que se han desarrollado. Otra variable que ha de ser tenida en cuenta para garantizar la inocuidad ambiental es el momento del curso biológico. Para que pueda hablarse verdaderamente de un fruto debemos

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pensar en una época del año determinada por el lugar y por la planta. La desatención a esta elemental norma de respeto ecológico puede convertir lo que en un momento del año es inocuo, en perfectamente nocivo ambientalmente en otra época del mismo. A estos elementos caracterizadores de la inocuidad ambiental habría que añadir lo que puede denominarse la urbanidad ambiental. En efecto, pisotear plantas, romper ramas u observar cualquier comportamiento análogo pueden ser ambientalmente inocuos, en líneas generales, pero tratándose de un predio ajeno y de una parte de la biosfera que nos corresponde a todos ese derecho al uso inocuo se convierte en un abuso del derecho y por tanto, algunas de estas conductas resultan netamente antijurídicas.

C.- LA PROPORCIONALIDAD DEL USO A los requisitos ya señalados hay que añadir necesariamente el de la proporcionalidad. Puede que sea inocuo económicamente pero la presencia de miles de personas en un pequeño bosque no se ajusta a ese uso inocuo de la propiedad ajena que estamos postulando porque la intensidad lo convierte en desproporcionado. Afortunadamente hasta la fecha el uso espontáneo, sin regulación alguna, ha garantizado una proporcional intensidad en la mayor parte de los usos y aprovechamientos. La nueva percepción ecológica, como comentábamos páginas atrás, está haciendo que grandes masas de habitantes de ciudades acudan al campo a disfrutar de la Naturaleza. Cuando por motivos de proximidad geográfica o de publicidad la intensidad de los usos y aprovechamientos que comentamos se producen de forma desproporcionada, se necesita la regulación. En estos supuestos creo que el órgano ambiental competente, además del titular del fundo, complementaria o supletoriamente, pueden aprobar las normas limitativas de la intensidad de los usos y aprovechamientos de los frutos silvestres. No es fácil regular un sistema limitativo por número o peso, la proporcionalidad es una valoración que hay que realizar en cada caso. La objetivación, por tanto, de un eventual sistema sancionatorio tiene dificultades de muy difícil o imposible resolución.

IV.- LOS SUJETOS A.- EL TITULAR El propietario del predio rústico, no soporta, como decimos, ni servidumbre, ni carga ni derecho personal sobre su finca. En la tesis que aquí defendemos la propiedad está formada por un 142


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núcleo duro, intangible, consustancial al propio instituto dominical. Un círculo contiguo variable en sus dimensiones de acuerdo con la naturaleza del bien y las limitaciones que le imponga la legislación positiva: y, finalmente un círculo externo, ajeno al régimen de la propiedad. Es en este último círculo donde ubicamos el ius usus inocui derivado del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado. Ello no obstante, el titular del predio puede convertir en ocasiones el uso inocuo económicamente en perjudicial, en la medida en que sustituya, por ejemplo, el cultivo de cereales por el aprovechamiento de frutos silvestres. Es preciso insistir en la naturaleza rústica del bien, dado que en zonas urbanas, los parques y jardines son fruto de la actividad humana aunque, eventualmente, puedan aparecer frutos silvestres. Hay de todos modos en los titulares de los predios una situación asimilada a la de sujeto pasivo de una relación jurídica. En realidad todos los titulares de predios rústicos, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas soportan sobre los mismos, sin exclusión o preferencia, con carácter general por tanto, la consecuencia del derecho a disfrutar de la Naturaleza derivada del art. 45.1 de la Constitución.

B.- EL USUSARIO OCASIONAL El verdadero sujeto titular de este derecho al uso inocuo del predio ajeno es el simple ciudadano, sin cualificación especial por motivo de vecindad o edad, por ejemplo. Disfrutar de la Naturaleza es una proyección del derecho reconocido en el artículo 45.1 de la Constitución que en este caso y a los efectos recreativos que tiene este derecho se materializa a través del derecho al uso inocuo del predio ajeno. Ahora bien, este uso, que lleva a ciertos aprovechamientos, debe quedar perfectamente distinguible de cualesquiera otras servidumbres o cargas que afecten a la propiedad rústica. Y el rasgo más claro, desde una perspectiva puramente práctica u operativa es la ocasionalidad subjetiva y pluralidad indefinida del uso. Esto quiere decir que un tránsito sistemático, periódico, o una extracción de frutos silvestres realizada siempre por la misma persona o conjunto de personas, no se alejaría del concepto que venimos definiendo, para aproximarnos a un derecho real o personal; en definitiva a una relación jurídica entre el titular y el usuario. El uso ha de ser, pues, ocasional sin previa determinación legal o práctica, aunque cada especie de setas, por ejemplo, tenga su periodo de recolección. Y ha de ser también realizado por una o varias personas sin preferencia alguna, aunque también sabemos que ciertas especies micológicas brotan en lugares determinados, cuyo secreto guardan como tesoro los aficionados.

V.-EL CASO DE LOS BIENES COMUNALES Este tipo de bienes es sobre el que con mayor frecuencia se proyecta el uso inocuo por terceras personas. En efecto, el proceso histórico de privatización de los inmuebles rústicos

143


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se ha desarrollado especialmente sobre aquellas parcelas susceptibles de cultivo o de algún aprovechamiento singular. De este modo, en muchos casos los bienes comunales (o en mano común) que quedan en nuestra geografía son justamente aquellos sobre los que el cultivo u otra forma de aprovechamiento intensivo se hacía difícil o imposible. Esto explica que gran parte de nuestros bienes comunales mantengan una vegetación natural abundante en productos naturales: frutas silvestres, setas, plantas medicinales etc. Precisamente porque la utilización de estos bienes se hacía en común y porque no afectaba a este tipo de productos, sino sobre todo a pastos y madera, se ha permitido sin oposición apreciable que cualquier viajero extrajera estos productos para su disfrute personal. Pero recordemos que a tenor de la Legislación general la titularidad, uso y aprovechamiento de los bienes comunales corresponde a un colectivo concreto de personas, los habitantes de un determinado municipio, u otros colectivos en el caso de los bienes en mano común. El art. 79.3 de la LBRL establece que “son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.”32 Esto quiere decir que el uso o aprovechamiento de estos bienes por terceras personas no puede producirse de forma automática, como si fuesen patrimonio común de todos los ciudadanos. La tolerancia practicada hasta ahora ha sido, en mi opinión, una aplicación del ius usus inocui que venimos comentando. Está ocurriendo, sin embargo, que la inocuidad económica con ciertos productos, como las setas, está desapareciendo. Así, los vecinos de muchos pueblos han visto que la recolección y venta de setas en sus bienes comunales podría otorgarles un beneficio económico muy sustancial incompatible con la extracción que venía realizando cualquier visitante. Con ello surgen las tensiones sociales que incluso han tenido algún efecto sobre el orden público (notas, pinchazos de ruedas). Algunos Ayuntamientos han reaccionado ante la situación con una fórmula muy práctica: se acota la recogida de setas. Aunque la terminología no es muy correcta la idea tiene un buen soporte jurídico ya que corresponde legalmente al Ayuntamiento aprobar la regulación de los usos y aprovechamientos, y al pasar las setas a convertirse en un producto de gran rentabilidad económica, este apartado que antes carecía de restricciones prácticas en vecinos y no vecinos pasa a ser sometido en un régimen de intervención en el que se opta por alguna de las siguientes fórmulas. a) Se reserva para uso exclusivo de vecinos. b) Se subasta su extracción al mejor postor. c) Se autoriza la extracción a terceras personas bajo ciertas condiciones.

32

Asimismo, art. 2.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En el mismo Reglamento, la Sec. 3ª, del Cap. IV, se refiere al aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales.

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“LOS MONTES DE ÁLAVA: UN RECURSO ESENCIAL PARA LAS COMUNIDADES VECINALES. INSTITUCIONES TRADICIONALES” D. JESÚS Mª GARAYO URRUELA. Sociólogo y autor de diversas publicaciones en relación a los montes de Álava.


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MONTES DE LOS CONCEJOS: IMPORTANCIA PATRIMONIAL Y MODERNIZACIÓN FORESTAL

Los concejos y juntas administrativas representan una arraigada y singular forma institucional de canalizar y fomentar la participación directa de la población en la gestión de los asuntos colectivos con el fin de prestar los servicios más inmediatos del vecindario. En este sentido, puede considerárseles una experiencia ejemplar de ejercicio de la autonomía local en su expresión más cercana al ciudadano. En la actualidad, 326 concejos representan el marco institucional, bajo el cual 29.692 alaveses, aproximadamente, el 10% de la población alavesa, organizan y resuelven los problemas más cercanos de la vida cotidiana. La proximidad del concejo al ciudadano es un aspecto digno de ser resaltado dentro de un contexto en el que la creciente complejidad técnica de los asuntos a gestionar obliga a las administraciones modernas a trasladar las decisiones a órganos más importantes y tecnificados, pero cada vez más alejados del ciudadano que es el que paga los servicios que recibe. En este sentido, resulta necesario articular un sistema de reparto de competencias en el que el principio de autonomía local se enriquezca –siempre que sea posible- con la participación de los propios ciudadanos. La pervivencia de los concejos, por tanto, no representa un residuo organizativo ancestral llamado a desaparecer sino que entronca con las pautas predominantes en el ámbito europeo en materia de organización política de la vida local33. La figura institucional de los

33

Así, la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1.985, ratificada por el Reino de España con fecha 20 de enero de 1988, define la autonomía local según el apartado 1 del artículo 3º como “la capacidad efectiva para las entidades locales de regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos”. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo, este derecho es ejercido por consejos o asambleas compuestas de miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal, que puedan disponer de órganos ejecutivos responsables ante aquéllas. Las competencias y sistema organizativo de los concejos alaveses en su modalidad de concejo abierto o cerrado responden a los criterios que el texto de la Carta manifiesta en cuanto a contenidos esenciales y organización democrática de la autonomía local.

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concejos puede decirse, por ello, que se convierte en una vía institucional a mantener y potenciar si se pretende fortalecer y profundizar en la sociedad alavesa la participación directa del ciudadano en la vida política. La pervivencia de pueblos y concejos alaveses hasta la actualidad no se entiende sin el estratégico papel desempeñado con este motivo por los patrimonios forestales de su propiedad. Por un lado, los ingresos provenientes de las cortas sirvieron para que pueblos y concejos pudieran realizar inversiones en infraestructuras viarias y equipamientos básicos y redujeran las cuantías de las derramas vecinales por gastos entrañados por cobertura de servicios como la enseñanza y la atención medica, entre otros. Los rendimientos de su gestión y administración estuvieron vinculados, por otro lado, a la creación y conservación de los patrimonios concejiles en el ámbito inmobiliario (casa del concejo, escuela, casas, molino, lavadero, terrenos, vías públicas y plazas,…). A su vez, la población residente de los concejos encontró en los montes concejiles unos recursos productivos (madera para la construcción, pastos, roturos,…) y energéticos (leña) que fomentaron su supervivencia y fijación en el territorio concejil. La pregunta, a la que se trata de responder en este trabajo es si los montes concejiles van a seguir desempeñando el papel de recurso estratégico mantenido en el proceso histórico, en un momento en el que el mantenimiento de los concejos aporta principios y elementos que pueden contribuir a la refundación de las actuales sociedades democráticas de carácter representativo. Con este motivo, se estudia la extensión y distribución de la superficie de los patrimonios forestales como paso previo a señalar diversos datos que ponen de manifiesto la modernización forestal sucedida en algunos de estos bienes en los aspectos jurídicos, productivos y económicos y la participación patrimonial en la financiación de las cuentas concejiles.

EXTENSIÓN E IMPORTANCIA DE LOS PATRIMONIOS FORESTALES CONCEJILES. La formación de buena parte de los concejos y núcleos de administración concejil arranca de la época alto-medieval e, incluso, en algunos casos, en etapas históricas anteriores. La porción del terreno ocupado por parte de cada uno de estos núcleos de población, es decir, el término de jurisdicción concejil, fue consecuencia del asentamiento de un primitivo grupo social sobre el mismo con el fin de explotar de forma estable los recursos existentes. El uso interrumpido dio lugar a que los entidades locales, herederas de los grupos sociales primitivos, fueran adquiriendo derechos sobre el territorio ocupado por cada uno de ellos con las limitaciones impuestas por los condicionantes físicos del terreno y el dinamismo socioeconómico de cada uno de ellos. Los núcleos familiares por medio de la posesión inmemorial se apoderaron jurídicamente de los solares urbanos ocupados por las casas, los terrenos de vocación agrícola y, también, de aquellos forestales susceptibles del mismo. En manos de los pueblos y concejos, quedaron los espacios ocupados por edificios, por las redes viarias y vías públicas, por los equipamientos y servicios concejiles y por los montes, es decir, todos aquellos bienes de interés común para el conjunto de los vecinos. 148


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Número de concejos con patrimonio forestal. La práctica totalidad de los 336 concejos, que existen actualmente en Álava, poseen montes en propiedad: concretamente, el 97,92%. Una parte muy pequeña de los mismos, el 1,79%, posee montes solamente de manera compartida (comunidades de montes). Por tanto, se puede afirmar que el 98% de los concejos, bien por ellos mismos o, en caso de no suceder lo anterior, por la vía de algunos de los núcleos de concejiles, que lo componen, posee patrimonios forestales.

Tabla 1.- Número de concejos alaveses con propiedades forestales Entidades

Núm. Abs.

%

Concejos y/o núcleos de población de los respectivos términos concejiles con montes de titularidad privativa o compartida.

322

95,84

Concejos y/o núcleos de población de los respectivos términos concejiles que poseen solamente montes en comunidad.

7

2,08

Concejos y/o núcleos de población de los respectivos términos concejiles sin propiedades forestales.

7

2,08

Total concejos.

336

100

Los concejos o núcleos de sus respectivos términos concejiles, que no disponen de ningún tipo de propiedad foresta representan solamente el 2%. La mitad de estos como también de los que poseen exclusivamente patrimonios forestales mancomunados se localizan en la jurisdicción municipal de Vitoria-Gasteiz.

Extensión y formas de titularidad. La extensión de los patrimonios concejiles ha experimentado importantes cambios en el proceso histórico. Su amplitud, indudablemente, fue muy superior en las etapas históricas precedentes. De cualquier modo, la superficie ocupada en la actualidad por los patrimonios concejiles es preciso valorarla como muy importante. La superficie de los patrimonios forestales concejiles se eleva en forma aproximada y redondeada a 133.653 149


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hectáreas34. Esta superficie representa aproximadamente el 75% de la superficie forestal y el 44% de la superficie total del territorio histórico alavés. Tabla 2.- Extensión de la superficie forestal de propiedad de los concejos alaveses. Entidades

Hectáreas

%

Pueblos y/o núcleos concejiles.

96.357,81

72,1

Comunidades de pueblos y/o núcleos concejiles.

37.295,63

27,9

133.653,44

100

Total

Los habitantes de concejos y núcleos de administración concejil confluyeron en la búsqueda de recursos silvo-pastoriles con los de otros colindantes en la explotación de aprovechamientos de sierras y montes. De este modo, se produjo un uso compartido del mismo que derivó en la aparición de las comunidades de montes. Por ello, los patrimonios forestales concejiles abarcan tanto formas de titularidad individualizadas y, por tanto, encabezadas, por cada concejo, como compartidas entre los mismos. La mayor parte del patrimonio forestal concejil es detentado de manera individualizada (96.357 hectáreas, es decir, el 72,1%), pero también presentan una notable importancia las formas mancomunadas de propiedad y aprovechamiento silvo-pastoriles (37.295 hectáreas y 27,9%). Este hecho se confirma con el dato de que en torno al 45-50% de los núcleos alaveses de población poseen patrimonios forestales bajo esta formula jurídica. Régimen de administración El régimen administrativo al que están sujetos los terrenos forestales no coincide con el régimen de pertenencia de estos, pública o privada. Esto aparece claramente en los montes de 34

La fuente utilizada para adelantar la cifra de 133.653 hectáreas radica en el Catastro. Desde el punto de vista de medir cuantitativamente la importancia de la superficie forestal poseída por los concejos, existen diferentes fuentes que proporcionan información al respecto: el Catastro de Riqueza Rústica, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, el Censo Agrario y los Inventario Forestales. El fin principal perseguido por varias de ellas, -el estudio de los factores productivos agrarios, en el caso del Censo Agrario, o el crecimiento de la existencias madereras, en lo que se refiere al Inventario forestal-, deriva en que la información proporcionada por ambos sea marginal o muy general para el propósito perseguido. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública no ha sido actualizado desde su elaboración a principios del siglo XX, por lo que su empleo para este fin es limitado. La fuente más interesante a emplear se reduce, por consiguiente, al Catastro de Riqueza Rústica. La poca atención que presta el Catastro al régimen de administración, en el que se desenvuelven las fincas registradas en el mismo, ha obligado a cotejar y depurar esta información con la aportada por las otras fuentes, particularmente, por el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. La cifra de 133.653 hectáreas como las demás reflejadas en este trabajo son resultado de indagaciones personales, por lo que han de considerarse aproximativas y provisionales en tanto no se dispongan de estadísticas oficiales al respecto. Cuando esto ocurra, las cifras adelantadas variarán seguramente. Las variaciones, sin embargo, no se espera que sean tan importantes como para que las conclusiones obtenidas de las mismas por medio de porcentajes y medias queden invalidadas o alteradas sustancialmente.

150


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propiedad de los concejos. La gestión de los terrenos forestales de dominio público o demaniales, entre los que se incluyen los montes de utilidad pública o de uso comunal pertenecientes a los concejos, está regulada por la Norma Foral 13/86 en materia de montes de cuya aplicación se encargan los Servicios Forestales de la Diputación Foral de Álava. En los montes de dominio público, los concejos mantienen la iniciativa de gestión que como propietarios le corresponden, pero esta queda condicionada a la supervisión y tutela técnicas de los servicios forestales de la Diputación foral. El resto de montes, denominados montes de libre disposición o patrimoniales son gestionados directamente por los concejos propietarios. La administración forestal desarrolla sobre ellos un papel indirecto a través de los permisos de corta y el sometimiento a la pertinente normativa de cara a percibir subvenciones. Independientemente de lo dicho anteriormente, los Servicios Forestales de la Diputación gestionan el vuelo de aquellos montes de libre disposición que los concejos tienen consorciados con la institución foral. La superficie declarada monte de utilidad pública representa aproximadamente en Álava la mitad del territorio. La titularidad de este tipo de montes recae en su totalidad dentro del territorio alavés en entidades locales. Estas entidades son en su mayoría concejos y/o núcleos de administración concejil integrados en los mismos: 127.835 hectáreas, o sea, el 85,46% de la extensión de los montes de utilidad publica del territorio alavés. De lo anterior se deriva que la mayor parte de los montes de los concejos y núcleos de administración concejiles se encuentran sometidos a un régimen de administración forestal especial, el propio de los montes demaniales. Tabla 3.- Extensión de los Montes de Utilidad Pública de las entidades locales alavesas. Montes de U. P. Entidades locales Hectáreas Municipios (1)

%

21.717,79

14,52

Concejos (2)

127.835,16

85,46

Total

149.552,95

100

(1) Incluidas las propiedades forestales de los núcleos de administración concejil y las comunidades de montes participadas por entidades locales concejiles. (2) Incluidas las propiedades forestales de los núcleos de administración municipal y comunidades de montes participadas por entidades locales municipales.

La superficie forestal ocupada por los montes de libre disposición de los concejos se ha tendido a agruparlos en las estadísticas oficiales con los montes y terrenos de titularidad privada35. Según investigaciones propias, la superficie ocupada por este tipo de montes, no obstante se evalúa que asciende como mínimo a 6.185 hectáreas. 35

El Plan Forestal Vasco 1994-2030 explicaba este hecho en la dificultad de conocer el dato y en la baja importancia de los montes patrimoniales sobre los demaniales (pagina 60).

151


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Tabla 4.- Régimen de administración de los montes de propiedad de los concejos. Régimen de administración

Hectáreas

%

Montes de U. P.

127.835,16

95,65

Montes de L. D.

5.818,28

4,35

133.653,44

100

Total

La superficie gestionada por los concejos de manera directa, o lo que es lo mismo, los bienes patrimoniales de los concejos, es, por tanto, muy pequeña porcentual mente. De 100 hectáreas de patrimonio forestal en propiedad de los concejos y núcleos de administración concejiles, no llegan ni a cinco hectáreas la superficie ocupada por los montes de libre disposición de los concejos. Y esto, claro, si los concejos no mantienen algún tipo de consorcio con la administración forestal, pues en ese caso, se encuentran supeditados a las bases técnicas fijadas con tal motivo por los servicios técnicos forales. El reparto entre formas de propiedad constatado para el conjunto de montes concejiles se repite en el caso de los montes de utilidad publica: 72% (titularidad individualizada) 28% (titularidad compartida). Tabla 5.- Formas de titularidad de la superficie forestal concejil según régimen de administración. Montes de U. P.

Montes L. D.

Titularidad Hectáreas

%

Hectáreas

%

Individualizada

92.670,69

72,49

3.687,12

63,37

Compartida

35.164,47

27,51

2.131,16

36,63

Total

127.835,46

100

5.818,28

100

La presencia de comunidades de montes, en cambio, es superior en la distribución porcentual sobre formas de titularidad de los montes de libre disposición, al llegar a superar el tercio de la superficie total de los mismos, concretamente, el 36,63%.

Diferencias en el tamaño de los patrimonios forestales concejiles La extensión de las propiedades forestales varía notablemente de unos concejos y núcleos concejiles a otros. Las diferencias interconcejiles, en este sentido, son muy grandes. El tamaño 152


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oscila desde prácticamente una superficie próxima a cero hasta otra cercana a las 3.000 hectáreas. En el extremo más bajo, se sitúan concejos localizados principalmente en las partes central de la Llanada alavesa: Lermanda, Arcaute o Arcaya, con patrimonios inferiores a una hectárea. En la parte alta, figuran concejos de las zonas alavesas más oriental y occidental: Laminoria con 3536,92 hectáreas en la comarca de la Montaña y Valderejo (2901,57 hectáreas) o Bóveda (2337 hectáreas) en la comarca de Valles alaveses. La media de los patrimonios forestales de las entidades concejiles alavesas, incluida la superficie ocupada por las comunidades de montes y terrenos de aprovechamientos agrarios en común asciende hasta las 380,78 hectáreas. En este sentido, conviene señalar que esta media es bastante inferior a la de los patrimonios forestales municipales (634,58 has.). Tabla 6.- Media de extensión de los montes de propiedad de los entes locales alaveses. Entidades

Hectáreas

Propiedades forestales de los concejos (1) Propiedades forestales de los municipios (2) Total

Número

Media

133.653,44

351

380,78

23.489,07

37

634,58

157.142,39

388

405,79

(1) Incluidas las propiedades forestales de los núcleos de administración concejil y las comunidades de montes participadas por entidades locales concejiles. (2) Incluidas las propiedades forestales de los núcleos de administración municipal y comunidades de montes participadas por entidades locales municipales.

La diferencia radica posiblemente en la localización de unas y otras propiedades forestales: las propiedades forestales concejiles se encuentra preferentemente situadas en montes bajos, mientras que las municipales se distribuyen mayoritariamente por montes altos y altiplanos de sierras. El análisis de la distribución de los patrimonios forestales poseídos por concejos y/o núcleos de administración concejil permite aproximarnos a cómo se reparte el importante patrimonio forestal concejil entre los diferentes concejos distribuidos por la geografía alavesa. Para el análisis, se han tenido en cuenta principalmente las propiedades forestales de los concejos en forma individualizada36. El control y aclaración de las formas comunitarias de propiedad forestal no resulta fácil por constituir una realidad compleja y sujeta a enmarañadas casuísticas de índole jurídica, que afectan a la participación en la propiedad y en los aprovechamientos. Además, no solo

36

En ciertos casos claros, en los que las comunidades de montes están participadas por el concejo con algunos o todos de sus núcleos de administración concejil, como es el caso, por ejemplo, de las Ledanías (Anda, Luna y Marinda), se ha atribuido, sin embargo, al concejo el patrimonio forestal poseído tanto de forma individualizada como compartida por todos los pueblos que lo componen. De esta manera, se atiende a la unidad funcional, aunque no jurídica, desempeñada por los montes en la financiación de las inversiones concejiles.

153


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confluyen en este tipo de propiedad forestal los concejos sino que en ocasiones, entran además de éstas otras entidades locales: núcleos de administración concejil, núcleos de administración municipal, concejos y municipios. Tabla 7.- Distribución del tamaño de extensión de los montes de propiedad de los concejos. Tamaño

Extensión (Hectáreas)

Numero de concejos

%

%

Media por concejo

00-49

1.193,59

1,21

58

18,01

20,58

50-99

3.244,59

3,29

44

13,66

73,74

100-249

16.533,31

16,78

97

30,12

170,44

250-499

22.472,08

22,80

64

19,88

351,13

500-749

18.432,24

18,70

30

9,32

614,41

750-1250

17.746,50

18,01

19

5,90

934,03

1250 y más

18.934,08

19,21

10

3,11

1893,03

Total

98.556,39

100

322

100

306,08

El volumen de los patrimonios forestales puede variar mucho de unos concejos a otros. Con la salvedad de que hacen referencia a propiedades forestales concejiles de titularidad preferentemente individualizada, es preciso resaltar, en este sentido, los datos siguientes: - Los patrimonios forestales del 18% de los concejos no supera la extensión de 50 hectáreas. A este grupo de concejos, con una media de 20,58 hectáreas, le corresponde el 1,21% del total de la superficie forestal en propiedad de los concejos. El número de concejos se acerca al tercio, concretamente, el 31,67%, cuando el listón de la superficie de los patrimonios se eleva hasta 100 hectáreas. La media, en este caso, es de 43,51 has y la superficie poseída representa el 4,5 de la superficie total. - Las propiedades forestales del 61,79% de los concejos no alcanzan la superficie de 250 hectáreas. Este grupo de concejos detenta la titularidad de algo más de un quinto (21,28%) de la superficie forestal concejil. - Casi un quinto de los concejos (19,88%) dispone de patrimonios forestales de notable extensión, entre 250 y 500 hectáreas. La media del grupo es de 351, 13 hectáreas y el grupo abarca una superficie aproximadamente a medio camino entre el quinto y el cuarto de la superficie forestal concejil, el 22,80%, concretamente. - Los concejos con patrimonios importantes, es decir, aquellos con propiedades forestales superiores a 500 hectáreas, representan el 18,33% y poseen más de la mitad de la superficie 154


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forestal concejil (56%). Dentro de este grupo, 10 concejos (3,1%) poseen patrimonios entre 1250 y 3536 hectáreas y detentan la titularidad de casi un cuarto (19,21%) de la superficie concejil individualizada. - Los concejos con patrimonios forestales que superan las 250 hectáreas de superficie, representan algo más de un tercio de los concejos alaveses (38,21%) y poseen más de tres cuartos (78,72%) de la superficie concejil poseída de manera individualizada. El análisis anterior puede terminarse de manera resumida en la siguiente forma: la dimensión de los patrimonios forestales es muy importante para aproximadamente un quinto de los concejos, que disponen de recursos por encima de las 500 hectáreas, pero presentan un escaso o reducido valor en el desenvolvimiento de otro aproximadamente un tercio de los mismos, aquellos que poseen patrimonios por debajo de las 100 hectáreas. La extensión de la propiedad forestal adquiere, por otro lado, un valor más o menos notable en un porcentaje cercano también a un quinto de concejos al encabezar titularidades de patrimonios concejiles individualizados entre 250 y 500 hectáreas. El resto de los patrimonios concejiles presenta un valor pequeño que puede pasar a medio en la medida que se alejan de las 100 hectáreas y adquieren valores próximos a las 250 hectáreas.

Tamaño de los patrimonios forestales concejiles según territorio y población La distribución de la pendiente por el territorio alavés marca, en este sentido, las diferencias patrimoniales interconcejiles. Los concejos localizados en la parte central y sur del territorio alavés tienden a disponer de patrimonios forestales de escasa o baja importancia, mientras que los de los ubicados en las comarcas como Valles, Montaña, Estribaciones y Cantábrica presentan en un análisis general extensiones de importancia media y, en ciertos casos, incluso, alta y muy alta. La propiedad individualizada de los patrimonios forestales concejiles menores de 50 hectáreas corresponde a concejos localizados preferentemente en las comarcas La Llanada alavesa y Valles alaveses. A ambas, pertenecen el 88% de los concejos con este volumen propiedades individualizadas de montes concejiles. La práctica totalidad de los concejos de estas características ubicados en la Llanada alavesa pertenece al municipio de Vitoria-Gasteiz y ayuntamientos colindantes. En cuanto la comarca Valles alaveses, son concejos de su zona central y más meridional como Puentelarra, Rivaguda o Santurde por citar los tres concejos con menor propiedad forestal individualizada. Los patrimonios forestales mayores de 500 hectáreas tienden a concentrarse en las comarcas Montaña y Valles, en las que se ubican el 72,68% de los concejos con ese volumen de propiedad forestal individualizada. A la Montaña, pertenecen concretamente el 40,68% y a Valles Alaveses el 32,2%. Los de esta última comarca se encuentran localizados en el extremo noroccidental de la misma. La tercera comarca en importancia es la Llanada, en cuya zona oriental se localizan diferentes concejos con importantes patrimonios forestales.

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Tabla 8.- Distribución del tamaño de la extensión de los montes concejiles por comarcas. Menos de 50 hectáreas

Comarcas

500 hectáreas y más

Número

%

Número

%

Cantábrica alavesa

2

3,45

3

5,09

Estribaciones del Gorbea

6

10,35

2

3,39

Rioja

0

0,00

1

1,69

37

63,79

10

16,95

1

1,72

24

40,68

Valles alaveses

12

20,69

19

32,20

Total

58

100

59

100

Llanada Alavesa Montaña

En la Rioja, no existe la figura del concejo y el adscrito a la misma en la tabla es Salinillas de Buradón, integrado en el término municipal de Labastida pero que geográficamente, puede considerarse el extremo más meridional de la extensa llanada que conforma la parte central del territorio alavés. Los concejos alaveses son en su mayor parte pueblos rurales de reducida dimensión geográfica. Resulta ilustrativo, en este sentido, tener en cuenta que el 80% de los mismos no supera la cifra de 100 habitantes. Una parte muy reducida de los mismos, concretamente, el 2,5%, llega a albergar una población superior a los 500 residentes. Entre su problemática, merece señalarse el progresivo despoblamiento, el envejecimiento de la población, la crisis de las producciones agrarias, el déficit de equipamiento e infraestructuras. Tabla 9.- Distribución del tamaño de la extensión de los montes concejiles según la población de los concejos. Número de habitantes Menos de 25

Concejos Núm. Abs.

Números Absolutos %

Monte

%

Población

Monte

Población

73

22,67

18.470,11

1.182

18,74

4,17

25-49

102

31,68

31.400,05

3750

31,86

13,22

50-99

84

26,09

28.086,55

5671

28,50

19,99

100-199

38

11,80

12.069,02

4977

12,25

17,54

200-499

17

5,28

3.551,93

4363

3,60

15,38

8

2,48

4978,73

8424

5,05

29,70

322

100

98.556,39

28.367

100

100

500 y más Total

156


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El reparto del patrimonio forestal en función del número de habitantes puede dar una idea de hasta qué punto y en qué medida los recursos forestales pueden adquirir un valor estratégico en el futuro desenvolvimiento de los concejos. Los datos así obtenidos reflejan que los pueblos pequeños y, por tanto, los que albergan el menor número porcentual de habitantes, poseen, en cambio, la mayor parte de los patrimonios forestales concejiles. Así, los concejos de menos de 100 habitantes, en los que residen aproximadamente el 37% de la población concejil, encabezan la titularidad de 77.956,71 hectáreas, es decir, el 79% de la superficie de los patrimonios concejiles. En cambio, los concejos de más de 200 habitantes, en los que habitan el 45% del total de la población del conjunto de los concejos, poseen únicamente el 8,65 de la superficie forestal concejil. Por lo anterior, se deduce que los concejos pequeños pueden valerse de sus patrimonios forestales con objeto de mantenerse y sobrevivir en un contexto económico y territorial como el actual muy desfavorable para ellos, particularmente, para aquellos concejos alejados de los ejes de transporte y de los núcleos de población importantes. De cualquier manera, la importancia que puedan tener los patrimonios forestales en el desenvolvimiento futuro de los concejos no solo depende del tamaño y su distribución sino que está ligada a los sistemas de gestión y manejo forestales desplegados sobre los mismos.

LA MODERNIZACION FORESTAL EN LOS MONTES CONCEJILES. La idea de modernización va unida de manera general a la sociedad burguesa y a todo lo que ella supone en los diferentes ámbitos de la vida. Lo moderno se contrapone a lo tradicional, que se suele equiparar con todo aquello que le precedió y en cierto modo, frenó su desarrollo. El concejo, desde esta perspectiva, puede considerarse una entidad tradicional. El camino recorrido por los patrimonios forestales concejiles en el proceso histórico ha estado bastante unido al proceso seguido por los concejos. Esta evolución puede ser reconstruida de forma breve al menos en sus rasgos más generales. La documentación existente de la etapa bajo-medieval y de la Edad Moderna sobre los concejos ha transmitido diferentes Ordenanzas de buen gobierno, por las que diferentes concejos aprobaron a modo de recopilación escrita los usos y normas que según costumbre, regulaban su funcionamiento interno y el aprovechamiento de sus bienes. La regulación productiva contenida en las ordenanzas pretendió la preservación de recursos forestales de los patrimonios concejiles como madera, agua o grana. Las ordenanzas establecían diferentes penas con el fin de reprimir y cortar cualquier aprovechamiento abusivo de unos aprovechamientos imprescindibles para la subsistencia de la población. Los pueblos gestionaban los patrimonios forestales con total y absoluta y libertad. La segunda mitad del siglo XVIII, coincidente con la llegada de la dinastía borbónica, marcó los primeros pasos en la transformación de la gestión consuetudinaria de los montes concejiles. 157


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Concretamente, estas modificaciones llegaron por medio del Reglamento para el cuidado y conservación de montes y frutales, aprobado en Juntas Generales el 11 de julio de 1784 y confirmado por la Real Provisión de 12 de noviembre de 1793. Este reglamento vino a ser la aplicación al territorio alavés de las Ordenanzas Generales de Montes de 7 de diciembre de 1748. El reglamento implantó la fiscalización técnico-administrativa de las cortas arboladas, por un lado, y por otro, conllevó la absorción de las atribuciones en materia penal, desarrolladas hasta entonces por las entidades locales, por parte del Diputado General en cuanto Juez y Sub-delegado de Montes de Álava. El reglamento contenía los fundamentos legales para suprimir la libertad absoluta en las cortas forestales y condicionar las competencias jurisdiccionales de los concejos sobre sus patrimonios forestales. En definitiva, el reglamento abría la vía para la intervención de poderes políticos externos en la vida organizativa y productiva de los bienes forestales concejiles. La instauración y desarrollo de la organización burguesa de la sociedad en la década final de la segunda mitad del siglo XIX representó una profunda transformación desde el punto de vista político y económico. En materia agraria, la sociedad burguesa consagró el régimen individual de la propiedad, desarrolló un modelo económico basado en el mercado y extendió nuevos sistemas y técnicas de producción que intervenían a modo de soporte y vehículos del esquema general de cambio agrario. Las transformaciones promovidas desde el estado liberal entrañó importantes consecuencias en el desenvolvimiento de los patrimonios forestales de los concejos. La legislación liberal en materia local no alteró el funcionamiento de las entidades locales menores alavesas: se reconocía su singularidad y sin entrar a regular su situación jurídica, se remitía su régimen legal de funcionamiento a las estructuras organizativas de las que desde tiempo inmemorial, se habían dotado según usos consuetudinarios. Sin embargo, el concejo pasó a un segundo plano en el entramado institucional promovido desde el Estado liberal que eligió la figura del municipio como entidad local a potenciar y extender, en la que con el paso del tiempo, se preveía que terminarían por integrarse las entidades locales pre-liberales, caso, por ejemplo, de los concejos alaveses. De algún modo, quedaban así abiertos los posteriores intentos y pasos dados de instancias municipales para integrar los términos jurisdiccionales concejiles en los municipales y para apoderarse de sus patrimonios forestales. El Estado liberal defendió diferentes estrategias pero todas ellas orientadas a la consecución del objetivo central de su reforma agraria: la propiedad libre, plena e individual de la tierra. Así, el estado liberal decretó la desamortización y desde la administración liberal, se dictaron diferentes normas orientadas a la venta de los bienes de propios y la partición de patrimonios de titularidad compartida por las entidades locales. Con el argumento de que la comunidad era fuente de conflictos y motivo de abandono productivo, las administraciones públicas de ámbito supra-locales promovieron la división de aprovechamiento y en caso de ser posible, la división de la propiedad del suelo con vistas a conseguir que cada entidad local dispusiese como único dueño de una superficie forestal separada y distinta. Diferentes medidas promovidas en este sentido por las instituciones estatales fueron confirmadas y adaptadas a su respetivo ámbito por las Juntas Generales de Álava que en las sesiones del mes de noviembre de 1859, acordaron la

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supresión de Parzonerías y Comunidades de montes y concretamente, manifestaron su apoyo a los expedientes de división de arbolado iniciados en diferentes comunidades de montes e instaron a la Diputación con objeto de que agilizase la tramitación y conclusión de las mismas. La primera medida pasó sin repercusión alguna, pero la segunda adquirió cierta importancia por afectar a un sector importante de las comunidades de montes. De esta manera, diferentes entidades concejiles pasaron a gestionar de manera individualizada la parte correspondiente de recursos forestales que hasta entonces, habían disfrutado mancomunadamente. La desamortización trajo como reacción un debate que tuvo como fondo la necesidad de excluir de la misma aquellos predios y fincas forestales que cumplieran determinados fines ambientales, ecológicos y sociales. Como plasmación jurídica de este debate, se desarrolló la figura legal de montes de utilidad pública. El Catalogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Álava, incluyó 745 montes, entre los que predominaban montes de los concejos37. La inclusión de la mayor parte de los patrimonios concejiles forestales en el Catalogo Provincial de Montes de Utilidad Pública supuso para ellos la excepción de la desamortización y por tanto, la conservación de su titularidad por parte de las entidades concejiles. La declaración como montes de utilidad pública suponía también la preservación, al menos, legal, frente a posibles futuras actuaciones abusivas. Además y este, quizá, puede considerarse el aspecto más importante, este tipo de montes quedaron sujetos desde entonces a la inspección técnico-facultativa del Estado, asumidas en el caso concreto de territorio foral alavés por la Diputación Foral de Álava. El sometimiento de las talas a reglas dasocráticas, la regeneración del arbolado mediante acotados, la experimentación y repoblación forestal con coníferas y, en fin, el manejo forestal orientado a la compatibilización de explotación económica y conservación de los recursos forestales representan medidas de modernización productiva, cuyo grado de aplicación ha sido variable en los patrimonios forestales concejiles. En cualquier caso, diferentes experiencias que perseguían la aplicación de los principios y técnicas productivas de las ciencias forestales en patrimonios forestales gestionados totalmente o en parte por entidades concejiles, comenzaron a ser conocidas para la segunda mitad del siglo XIX. Así, puede señalarse el Proyecto de Administración, Régimen e Inspección de los Montes de la Parzonería de Encía, por el cual el arbolado quedaba dividido en diez porciones y las talas se concentraban de forma rotativa en uno de ellos por el tiempo de un decenio estuvo vigente durante el período 1848-1859 en la gestión de las talas del hayedo. La división del arbolado, sin embargo,

37

Las fuentes proporcionan extensiones diferentes para los montes de utilidad pública de propiedad de los entes locales alaveses. Según el Inventario forestal de 1986, la extensión de estos montes ascendía a 146.449 hectáreas. En el Plan Forestal Vasco 1994-2030, se señalaba como extensión de los mismos 147.952 hectáreas (página 107). La superficie de estos montes, según el inventario forestal de 1996, ascendía a 150.030 hectáreas. Estas importantes diferencias no encajan en la escasa o nula movilidad de entradas y salidas habidas en el Catalogo de los montes alaveses de utilidad pública durante el período temporal abarcado por las fuentes citadas. En este trabajo, se adelanta como dato a revisar y depurar la extensión de 149.553 hectáreas.

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representó el fin de esta interesante iniciativa. La gestión forestal se ha efectuado, por tanto, desde entonces en forma individualizada. Sin embargo, las entidades locales parzoneras estudian en los últimos años gestionar de manera agrupada el arbolado dividido en la mitad del siglo XIX. Con ello, se pone de manifiesto las paradojas generadas por los diferentes elementos de la modernización forestal: la aplicación del apartado jurídico de la misma promovió la división individualizada de masas forestales que requieren, sin embargo, ser gestionadas de manera agrupada para adecuarlas a un manejo forestal basado en los requerimientos de las ciencias forestales. También, merece recordarse la política forestal emprendida por los años sesenta del siglo XIX en la Sierra de Arcena con objeto de reforzar el proceso natural de colonización del pino silvestre de terrenos ocupados por un hayedo en regresión. La sustitución gradual del hayedo por el pino silvestre se mantuvo en el tiempo y adquirió intensidad en los años sesenta y siguientes del siglo XIX. Con el asesoramiento de los técnicos forales del ramo, la Junta de la comunidad destinó en estos años puntualmente lo previsto para mejoras forestales en rozas de matorral y preparación de los suelos rasos de modo que la semilla de pino silvestre germinase y reforzar así el proceso natural de sustitución del haya por el pino silvestre. La ordenación de montes, aunque en casos muy concretos y en fechas más bien próximas, no ha dejado tampoco de ponerse en práctica en algunos montes concejiles alavesas. Las intervenciones señaladas evidencian que las transformaciones forestales no faltaron en los montes concejiles. Todas estas experiencias, sin embargo, pueden considerarse tímidas y puntuales medidas de modernización forestal de los montes concejiles. La crisis, en que se vio envuelto el mundo rural alavés en el marco de la etapa del desarrollismo económico generado por el Plan de Estabilización trajo una serie de repercusiones productivas (intensificación de los procesos de modernización agraria), laborales (reducción de la mano de abra agraria) y demográficas (pérdida de población), que supuso importantes consecuencias en el campo forestal. El descenso de la carga productiva sobre los montes derivó en un desarrollo espontáneo de la vegetación arbustiva, que terminó por evolucionar hacia una regeneración natural de las masas forestales. Los pueblos, al fin de obtener recursos con los que financiar las obras necesarias para dotarse de los mínimos equipamientos colectivos, optaron por una política de forestación y explotación intensivas. Los años sesenta se corresponden con una política de recuperación forestal, en la que la colonización de terrenos desarbolados con plantaciones de especies de crecimiento rápido adquirió volumen, ritmo y continuidad. En este sentido, el Inventario forestal de 1986 daba 3.958 hectáreas consorciadas en los montes de libre disposición de los concejos, lo que venía representaba aproximadamente 2 de cada 3 hectáreas de este tipo de montes concejiles. La transformación técnico-económica en los sistemas y técnicas de aprovechamiento forrajero del monte se produjeron a un ritmo y una intensidad bastante menor en comparación con el arbolado. Intentos aislados de mejora pastoril no faltaron, pero la gestión de los pastos se mantuvo hasta décadas recientes dentro de un modelo tradicional de aprovechamiento en cuanto a las condiciones de acceso (movilidad geográfica del ganado por el monte) y técnicas

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de aprovechamiento (pastoreo extensivo forzadamente deambulante por una decreciente y baja fertilidad de los pastos naturales). El objetivo perseguido era el máximo aprovechamiento de los pastos sin preocuparse por la reproducción del mismo y por la preservación de su calidad y valor nutritivo. La orientación ganadera tomada como opción productiva por las explotaciones agrarias alavesas no siempre ha sido concordante con las estrategias desarrolladas en los patrimonios forestales concejiles y ello ha provocado problemas y tensiones entre las expectativas ganaderas y forestales y en último término, practicas productivas de difícil compatibilización, sobre todo, a escala de términos concejiles.

PATRIMONIOS FORESTALES Y FINANCIACION CONCEJIL. Los ingresos patrimoniales de los concejos comprenden un amplio abanico de fuentes: alquileres de bienes inmuebles con destino a vivienda u oficina, rentas de terrenos rústicos, explotación de cotos de caza, etc., además de los aprovechamientos forestales, objeto de análisis en este trabajo. Los 57 concejos analizados en el Estudio-diagnóstico realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas, generaron durante el ejercicio de 1996 rendimientos patrimoniales por valor de 94.383 miles de pesetas. Esta cifra representaba el 9% de los ingresos totales del ejercicio. Los ingresos patrimoniales generados por siete concejos, en concreto, Alegria, Echavarri-Viña, Izarra, Lagran, Llanteno, Nanclares de la Oca y Orbiso suponían el 57% de los ingresos recaudados por este motivo en el conjunto de concejos analizados en el estudio. Cada uno de estos siete concejos, por otro lado, ingresaron en 1996 ingresos patrimoniales superiores a los 3 millones. Un estudio posterior elaborado sobre las cuentas concejiles de 2001 examinó los diferentes capítulos por los que los concejos recaudaban ingresos. La recaudación de ingresos proveniente de bienes patrimoniales se situaba en segundo lugar con 22,75% de los mismos, tras el capitulo de subvenciones, que representaban el 56,07% del total de los ingresos concejiles durante 2001. Los ingresos procedentes de bienes patrimoniales reportaban la principal fuente de ingresos en el caso de 81 concejos (26,64%). Los estudios mencionados evidencian la existencia de diferencias significativas entre los concejos por motivo de la composición patrimonial. Unos conejos no tenían otra opción que acudir a las aportaciones vecinales para proceder a la devolución de los anticipos retornables concedidos por Diputación. Otros, en cambio, se valían de ingresos atípicos, los ingresos patrimoniales, concretamente, para autofinanciar la parte de las inversiones no financiadas por las entidades de rango superior. Las diferencias concejiles en la composición patrimonial determinan una realidad muy distinta de unos concejos a otros. En el caso de algunos concejos, los aprovechamientos forestales 161


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constituían una importante fuente de financiación. Así, dieciocho de los cincuenta y siete concejos estudiados por el Tribunal Vasco de Cuentas, es decir, el 31,57%, recaudaron ingresos por la explotación de sus patrimonios forestales. Los ingresos obtenidos por ese concepto se elevaron a 82.119 miles de pesetas, aproximadamente el 8,31% del total de ingresos habidos en los referidos concejos durante el ejercicio de 1996. Los concejos con mayores ingresos fueron Larrimbe y Lezama, que lograron por ese medio respectivamente 50.960 y 10.067 miles de pesetas. Los ingresos provenientes de aprovechamientos forestales tienen la consideración de extraordinarios o atípicos al depender su materialización de la prolongada periodicidad en la que se reproducen las cortas de árboles. Por estar poblados los montes concejiles en su mayor parte de especies forestales de turno largo, las talas y cortas forestales importantes son muy esporádicas y se prolongan por amplios períodos de tiempo. Por ello, cualquier análisis serio en la materia precisa de estudios que vayan más de un año concreto y que abarquen periodos de tiempo más amplios. Los datos referidos pueden considerarse una primera aproximación al tema y de alguna manera, permiten calibrar el papel que juegan en la recaudación concejil de ingresos y cuál es la importancia de estos bienes en el desenvolvimiento actual de los concejos alaveses. El interés económico de los recursos forestales concejiles se circunscribe fundamentalmente a las plantaciones de coníferas. Generalmente, las plantaciones de estas especies forestales en montes concejiles son de extensión más bien pequeña y forman rodales dispersos entre masas frondosas y rasos destinados a pastos. El interés de las plantaciones de coníferas, que en cualquier caso, alcanzan notables extensiones en los montes concejiles de la comarca cantábrica., no se limita a las especies de turno corta sino que también, puede abarcar a las especies de turno largo en función del manejo forestal desplegado. La explotación maderera desarrollada en los montes de la Junta de la sierra de Arcena con una conífera como el pino silvestre comporta una experiencia singular de cómo los concejos pueden valerse de los recursos forestales para lograr un rendimiento económico, que puede valorarse de alto, si logran articular las prácticas forestales adecuadas. Los ingresos por aprovechamiento de madera ascendieron a 208.88 miles de pesetas en valor constante de 1980 entre 1951 y 1980. La venta de la madera generó de media la cantidad anual de 6.936 miles de pesetas de 1980. La Junta de la comunidad obtuvo un rendimiento económico por las cortas forestales de 5.848 pesetas de 1980 por hectárea forestada y año en los treinta años estudiados. Los ingresos aumentaron en el período estudiado a un ritmo interdecenal del 4% anual. Los concejos participantes en la Junta de Arcena se distinguen por una reducida dimensión demográfica, por no superar más que uno de los seis de ellos (Bachicabo, Barrio, Gurendez-Quejo, Nograro y Sobrón) el tamaño de lo cincuenta habitantes. De este modo, estas pequeñas localidades consiguieron de manera estable unos ingresos anuales, que sumados a los también procedentes de otros bienes forestales y patrimoniales, fueron sin duda importantes a la hora de afrontar las necesidades y gastos de unos pueblos sometidos al impacto de fuerte desequilibrios productivos, demográficos y territoriales por su condición de núcleos rurales.

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Con lo hablado y escrito acerca de las desventajas que para la inversión y la gestión forestal eficaz y continuada presentan las comunidades de montes, los montes de la Junta de la Sierra de Arcena son un ejemplo de compatibilización de tradición jurídica/modernización forestal y de sostenibilidad/rentabilidad económica. Desde esta perspectiva, estos montes representan un símbolo de lo que los montes de los concejos pueden llegar a convertirse si los concejos llegan a poner en práctica las políticas y las estrategias forestales adecuadas.

CONCLUSIONES. Los montes de los concejos alaveses no solo producen recursos económicos (madera, pastos, roturos, caza, frutos silvestres, etc.). Por su condición de terrenos arbolados y por su régimen legal de montes de utilidad pública, estos recursos están llamados a generar bienes (conservación de la biodiversidad, control de la erosión y del régimen hídrico, absorción de gases de efecto invernadero) y cubren servicios (usos culturales y recreativos) que no se rigen por un mercado definido hasta la fecha por mecanismos monetarizados pero que nadie pone en duda que reportan indudables utilidades económicas a la sociedad alavesa. Las vías por explorar en esta dirección son muchas y amplias, por ser un sector en alza, que contrasta con la tendencia a la baja que distingue la importancia económica de los usos silvo-pastoriles tradicionales. Los avances, que puedan darse en esta dirección, así como las mejoras que se introduzcan en su manejo y gestión redundarán ciertamente en el mantenimiento de, al menos, un relativo peso de los bienes patrimoniales forestales en el conjunto de los ingresos concejiles, en los que es de prever que las subvenciones y la participación en impuestos concertados cobrarán cada vez más un creciente protagonismo. El mantenimiento de cierto nivel de los ingresos patrimoniales dentro de los ingresos recaudados por los concejos reviste gran importancia, ya que de ello va depender la capacidad de maniobra financiera, sino de todos, al menos, de buena parte de ellos, cuando tengan que abordar la mejora/dotación de los equipamientos y servicios vecinales. Un factor importante, que obstaculiza de partida la mejora de la gestión de los recursos forestales concejiles, radica en la falta de información existente sobre los mismos. Los montes de las entidades locales alavesas constituyen una realidad “invisible” en las estadísticas oficiales, que no va más allá de adelantar una cifra utilizada, por otro lado, como mero apunte retórico para resaltar la importancia que los patrimonios concejiles tienen a la hora de desarrollar una política forestal en territorio alavés. Ello, en definitiva, no es sino un reflejo más de la situación de segundo plano e incluso de postergación, en que se encuentran los concejos y el mundo rural, en general, dentro del entramado social e institucional alavés articulado sobre la macrocefalia vitoriana. La disposición de información específica y actualizada resulta imprescindible para conocer mejor cuál es la situación real de este importante segmento del patrimonio forestal alavés y en base a ello, tomar las medidas adecuadas. Pasos importantes y obligados, en este sentido, son la 163


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actualización del Catalogo de Montes de Utilidad Pública y la elaboración de los inventarios de los bienes patrimoniales de los concejos. El Catalogo es un registro que precisa ser profundamente revisado por sumar a algunos errores de partida los importantes cambios de todo tipo (propiedad, especies forestales, medición) acumulados en los montes públicos alaveses durante un período temporal que alcanza prácticamente un siglo. La elaboración de los inventarios de bienes concejiles38 contribuirá a de una manera más precisa a determinar cuáles son la extensión y la valoración económica de sus actuales usos y aprovechamientos. Los datos facilitados por una y otra fuente han de ser completados con otros vinculados con el manejo forestal para de este modo, construir una base de datos, que integre información jurídica, cartográfica, biológica, forestal, económica, social y en definitiva, toda aquella información necesaria para un manejo sostenible de la riqueza forestal concejil en sus implicaciones biológicas, económicas y sociales. La creación de fondos forestales constituye una interesante línea de mejora en la gestión y manejo de los montes concejiles. Esta vía de actuación puede abrir múltiples pero interesantes posibilidades para los intereses concejiles. Los posibles niveles de unión interconcejil pueden ser varios y distintos: asociación de concejos con patrimonio forestal agrupados para defensa de intereses comunes, agrupación de patrimonios forestales para ser gestionados técnicamente de manera conjunta por ser terrenos colindantes, gestión conjunta de la superficie agrupada con criterios técnicos y económicos coherentes, , .... La constitución de bancos interconcejiles de patrimonios forestales permitirá alcanzar los umbrales de superficie necesarios para aplicar una ordenación forestal sostenible, que garantice compatibilizar rendimiento económico y preservación intergeneracional de la riqueza forestal. Por otro, la ordenación forestal puede ser la vía de solución a los problemas surgidos por usos enfrentados de los múltiples aprovechamientos generados por los recursos forestales: silvícola, pastoril, agrícola, recreativo, medioambiental, etc., al poder enfocar estas cuestiones sin los condicionantes impuestos por las limitaciones territoriales de los términos concejiles concretos. La ordenación y/o una gestión técnica común permitirán, a su vez, dar continuidad en el tiempo a ingresos, que hoy en día, tienen el carácter de atípicos y extraordinarios y dar paso a una situación en la que los ingresos podrían llegar a sucederse en una cuantía menor, pero estable de un año a otro. Ello facilitará que los concejos puedan prever o al menos, conocer mejor cuál va ser

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La obligación de formar inventario establecida en el art. 42 de la Norma Foral 11/95 sigue siendo diez años después de la aprobación de la norma una tarea pendiente para buena parte de los concejos. El Estudio-diagnóstico de los concejos en el ejercicio 1996 realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas puso de manifiesto que entre los 57 concejos analizados, 16 entidades (38%) tenían elaborados para esa fecha inventario, 19 relaciones de bienes y derechos y 22 entidades concejiles no poseían ni inventario ni relación de bienes. Posteriores fiscalizaciones realizadas por el organismo vasco de control de las cuentas públicas evidenciaron avances en el asunto: Así, los concejos de Manzanos, Berantevilla y Rivabellosa habían elaborado o estaban en trámites de elaborar el inventario de bienes para el año 2002. Sin embargo, la tarea de elaboración de inventario era todavía un asunto pendiente en 2001 en concejos con importantes patrimonios forestales como Larrimbe y Lezama.

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la futura evolución de los ingresos procedentes de este sector de su patrimonio y de este modo, poder programar en el tiempo sus inversiones. Cualquier forma de agrupación puede ser punto de partida para la contratación de personal técnico que se encargue de promover, coordinar, asesorar a los concejos en materia forestal y de este modo, redunde en un incremento de la participación de los concejos en la planificación y gestión de sus montes. La agrupación, además, permitirá crear órganos de encuentro en el campo forestal que conducirá a unificar criterios e intereses entre los concejos en un segmento de su patrimonio sujeto a la tutela técnica foral (aprovechamientos en montes de utilidad pública) y a una fuerte intervención autonómica (declaración de espacios protegidos, planes de energía eólica,…). La unión interconcejil en materia forestal, por todo ello, servirá en definitiva para fortalecer la capacidad de interlocución de los concejos ante las entidades foral y autonómica y de este modo hacer valer los derechos que les corresponden por su condición de sector mayoritario en la propiedad forestal al detentar tres cuartos de la superficie territorial clasificada como tal y en su situación de ser titulares de bienes forestales que representan más de cuatro quintas partes de los montes alaveses declarados montes de utilidad pública y prácticamente, la mitad de la superficie de Álava. Este aspecto, a su vez, lo reclaman una relación más igualitaria entre el mundo rural y urbano alaveses y unas estructuras democráticas sustentadas en la participación directa del ciudadano y en la prevalencia del dialogo y la armonización de intereses sobre la imposición y el atropello de derechos en base a pretendidos objetivos de política forestal y ambiental de rango superior.

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“LA PROPIEDAD COMUNAL DE LOS MONTES Y LA CRISIS DE LAS ECONOMÍAS DE MONTAÑA. UNA VISION A LARGO PLAZO” Iñaki IRIARTE GOÑI. Profesor del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.


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1. Introducción En primer lugar me gustaría agradecer a la Asociación de Concejos de Álava la oportunidad que me dan para tratar sobre un tema como es el de la trayectoria histórica de los montes públicos, al que he dedicado y sigo dedicando una parte importante de mi trabajo de investigación y sobre el que, en consecuencia, siempre me gusta hablar y debatir. Además, el hecho de que este foro quede fuera del ámbito estrictamente académico al que me dedico, supone para mí un aliciente especial. Es habitual que los investigadores, aislados en la burbuja de nuestros congresos y seminarios, nos limitemos muchas veces a dialogar entre nosotros perdiendo de vista a otros sectores sociales que en el fondo están interesados, si bien desde otras perspectivas, en los mismos problemas que analizamos. Por eso esta reunión ofrece la posibilidad de ver en qué medida la investigación universitaria sobre los montes públicos puede conectar con otros ámbitos más pegados a la realidad y aportar su granito de arena para entender algunos aspectos relacionados con el tema que están de plena actualidad. Dicho esto debo reconocer algunas carencias sobre mi participación en este encuentro. En primer lugar, he de decir que se bastante poco sobre los montes públicos de Álava, de tal manera que mi intervención se va a centrar en aspectos que han afectado a los montes del conjunto del Estado Español, sin entrar en las peculiaridades concretas de este territorio. En segundo lugar, también cabe advertir que mi investigación es prioritariamente histórica y que, en ese sentido, puedo hablar poco sobre aspectos relacionados con el futuro. En cualquier caso, espero que se haga buena esa idea que circula entre los historiadores y que sitúa a la historia, precisamente, como una herramienta imprescindible para entender el presente y, en esa medida, para construir también el futuro39.

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Una visión reciente sobre las funciones de la historia y su importancia puede verse en Tello (2005).

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El planteamiento que me gustaría realizar sobre la evolución de los montes públicos es bastante sencillo, pero creo que resulta interesante en la medida en que nos puede ayudar a situar las cosas en un marco teórico básico que nos permita entender el devenir histórico de esos espacios40. Ese planteamiento viene a decir que la funcionalidad económica y social de esos territorios no ha permanecido inalterada a lo largo del tiempo, sino que, como no podía ser de otra manera, se ha ido ajustando a los cambios a los que se han visto sometidas la economía y la sociedad del país. Para entender esta cuestión conviene desagregar el análisis de los montes públicos en tres apartados estrechamente relacionados entre si (ver diagrama 1). Se trata de la manera en que la sociedad ha ido “entendiendo” los montes públicos, de la manera en la que esa sociedad ha ido explotando esos espacios desde el punto de vista económico y de la manera en la que se han ido organizando las formas y los mecanismos para determinar quién, cómo y cuándo podía acceder a ellos.

RELACIONES DINÁMICAS ECONOMÍA-SOCIEDAD-MONTE PÚBLICO FORMA DE “ENTENDER” LOS MONTES

CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

FORMA DE EXPLOTAR LOS MONTES

CAMBIOS EN LAS FUNCIONES DE LOS MONTES

FORMA DE “ACCESO” A LOS MONTES

La primera cuestión, esto es, la manera de “entender” los montes públicos, puede parecer baladí si consideramos que los montes son unos espacios que siempre han estado ahí y que la 40

Los montes públicos han sido objeto en las últimas décadas de un gran interés por parte de muchos historiadores y por ello la bibliografía existente sobre el tema es muy abundante. Los principales estados de la cuestión al respecto con una profusa recopilación bibliográfica son los de Balboa (1999), Jiménez Blanco (2002) e Iriarte Goñi (2002). Una recopilación de trabajos para el ámbito de la Europa del sur puede verse en Sebastián Amarilla y Uriarte (2003)

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gente siempre los ha visto de la misma manera. Pero las cosas nunca han sido tan sencillas. La evolución histórica de las sociedades implica transformaciones en las formas de percibir la realidad y, cómo no, de percibir los recursos a su alcance. Se trata de una transformación de fondo, apenas perceptible en el día a día, pero que va calando en el largo plazo y que hace que nuestra manera de entender, por ejemplo, la función de un bosque sea radicalmente distinta a la que podía existir hace unos cuantos años. Un monte se puede ver simplemente como un espacio del que obtener madera o se puede ver como un ecosistema complejo que además de su función maderable nos aporta otras muchas utilidades. Y esa misma diferencia se puede encontrar también en la manera en la que las sociedades han ido percibiendo a lo largo del tiempo el concepto de lo “público”, porque no es lo mismo identificar ese ámbito, por ejemplo, con la comunidad de vecinos o con el Estado. Más adelante volveré sobre estas cuestiones, pero por el momento me interesa resaltar cómo los cambios en esa forma de entender los montes han estado estrechamente relacionados con las formas de explotarlos. En lo básico, el uso económico de los montes ha estado ligado a la demanda que la economía (local, nacional y también internacional) ha realizado sobre los productos extraíbles de ellos que, obviamente, se ha transformado a lo largo del tiempo. Si una sociedad básicamente agraria podía encontrar múltiples utilidades en los montes para desarrollar sus actividades domésticas y agrícolas, una sociedad industrial los observará principalmente como fuente de materias primas para su transformación en las fábricas y una sociedad post-industrial puede verlos como fuente de servicios de diverso tipo entre los que pueden destacar los de carácter ambiental. Finalmente, tanto la percepción como la explotación han ido influyendo en las reglas del juego, en las normativas que han ido definiendo los derechos de propiedad y de uso que en lo básico han podido bascular entre la preeminencia de lo comunitario y la preeminencia de lo privado, pasando por diferentes grados de control por parte de las diferentes instancias públicas (ayuntamientos, Estado y en algunos lugares como Álava, concejos). Como señalaba antes, estos tres niveles de análisis han estado estrechamente relacionados entre si, hasta tal punto que es difícil ordenarlos de manera clara. Podría decirse que a veces un cambio en la percepción ha ido seguido de un cambio en la explotación y este a su vez de cambios en las formas de acceso. Pero no siempre ha tenido que ser así. Han podido darse casos en los que lo primero haya sido la transformación en las formas de acceso y que éstas hayan desencadenado a u vez cambios en la explotación y en la manera de percibir los recursos. Las combinaciones pueden ser muchas más, pero lo importante es que la interacción entre estos tres niveles puede permitirnos un acercamiento a los montes públicos con un esquema interpretativo capaz de ordenar el análisis. De aquí en adelante, por tanto, me centraré en estos aspectos, realizando un recorrido necesariamente breve por cada uno de ellos.

2. El concepto de monte público y su evolución Si comenzamos por la manera de entender los montes públicos, cabe decir que los mismos fueron en realidad una invención del siglo XIX. De hecho, el propio concepto de monte público 171


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se fue construyendo al socaire de la revolución agraria liberal que tuvo lugar en España con el desmoronamiento del Antiguo Régimen. Se trataba de un momento de transformaciones profundas en el que los gobiernos liberales (el término liberalismo es utilizado aquí en un sentido más económico que político) estaban redefiniendo en profundidad los derechos de propiedad sobre la tierra. Este proceso no fue ni mucho menos exclusivo de España sino que tuvo lugar, si bien con una cronología diferente, en toda Europa y también en otras zonas del mundo colonizadas mayoritariamente por europeos. En el caso español, la redefinición de derechos de propiedad se fue llevando a cabo a través de procesos como la abolición de los señoríos o las diferentes desamortizaciones que se fueron decretando en la primera mitad del XIX. Pero el proceso que afectó más directamente a los montes fue la Desamortización General de 1855, pensada en gran medida para actuar sobre las superficies comunitarias compuestas principalmente por bosques y pastos. La idea básica que movía esa desamortización era que la propiedad privada de la tierra era más eficiente para generar mejoras en la economía y, en consecuencia, se iban a arbitrar toda una serie de medidas para que los particulares pudieran acceder a dicha propiedad. El caso de los montes, sin embargo, resultaba peculiar al menos por dos motivos. El primero era que una buena parte de esas superficies habían sido gestionadas tradicionalmente de forma comunitaria, de tal forma que su privatización iba a encontrar, al menos en algunas zonas, una fuerte oposición por parte de aquellas personas que hasta ese momento habían podido utilizarlos. El segundo tenía que ver con las propias características de esos espacios que por su altitud o su cubierta vegetal podían generar toda una serie de efectos positivos para el medio y que según defendían especialmente los técnicos forestales de la época no podían quedar en manos de la iniciativa privada, ya que la misma no tenía incentivos para conservarlos. Estos dos motivos hicieron que la propia legislación desamortizadora de 1855 incluyera varios mecanismos de excepción para la privatización de montes que sirvieron para que muchos de ellos no pasaran a manos privadas. Se trató de un proceso un tanto opaco ya que los motivos de excepción que en algunos casos sirvieron para eludir las ventas, en otros no fueron suficientes para evitarlas. Se siguió, por tanto, una dinámica que no tuvo que ver exclusivamente con la legislación emitida, sino también con la forma de aplicarla en los diferentes contextos económicos, sociales y ambientales del país. En conjunto, sin embargo, las excepciones no impidieron que la privatización alcanzara a más de cinco millones de hectáreas de monte. Pese a todo, y para lo que aquí nos interesa, fue en ese contexto en el que surgió el propio concepto de monte público, como algo en principio muy poco definido, pero que englobaba a todos aquellos montes que por los motivos que fuera no estaban siendo considerados como enajenables. En cualquier caso, la no privatización de muchos montes no era un punto de llegada, sino más bien un punto de partida. A partir de ahí había que dirimir en quien iba a recaer la capacidad de gestionar esos espacios. Y en este sentido puede decirse que la doble línea que acabó imponiéndose se podría resumir en los conceptos “municipalización” y “estatalización”. Con el primero se pretende resumir el proceso según el cual los montes fueron adscritos de manera prácticamente sistemática a los ayuntamientos, siendo considerados de ahí en adelante como bienes municipales. Esto suponía, implícitamente, que las comunidades vecinales (a las que la 172


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reforma liberal ni siquiera reconocía entidad legal) dejaban de tener capacidad de decisión directa sobre cómo gestionar esos espacios y que la misma recaía en los representantes municipales. Se trataba, en el fondo, de una simplificación propia del liberalismo que pretendía homogeneizar y racionalizar (siempre para sus fines) situaciones de facto mucho más complejas. El proceso paralelo a la municipalización fue el de la “estatalización” que podría resumirse en el hecho de que paulatinamente el Estado fue incrementando su control no sólo sobre aquellos montes que eran de su propiedad, sino también sobre el resto de los montes públicos. Para ello se fueron estableciendo toda una serie de mecanismos que obligaban a los ayuntamientos a contar con el permiso de la Dirección General de Montes para poder realizar aprovechamientos. Obviamente la puesta en práctica de ese proceso presentó sus problemas ya que el Estado no contaba ni con el personal técnico ni de guardería suficiente como para ejercer un control efectivo sobre la totalidad de los montes. Pero la intención estaba clara y, en el largo plazo, se fue saldando con un éxito bastante considerable. En definitiva, el triple proceso que se acaba de resumir (privatización, municipalización y estatalización) y que estuvo detrás de la propia creación del concepto de monte público no se produjo de la noche a la mañana, sino que de una u otra forma se fue extendiendo como mínimo durante toda la segunda mitad del siglo XIX e incluso durante las primeras décadas del XX. De hecho, si bien el momento álgido de las privatizaciones se produjo especialmente durante las décadas de los sesenta y los ochenta del XIX, las ventas continuaron produciéndose hasta mucho tiempo después. Por lo demás, el propio concepto de monte público también fue cambiando e incluyendo nuevas características. En este sentido, la aparición del concepto de “utilidad pública” creado en España en 1899 y desarrollado posteriormente puede considerarse, en este contexto, como una especie de formalización legal de buena parte de los montes públicos. Por lo demás, aunque desde el punto de vista legal puede decirse que todos estos cambios han permanecido bastante cerrados durante la segunda mitad del siglo XX, no ha ocurrido lo mismo con las formas de entender las formas de gestión de los montes públicos. Al contrario, desde hace décadas viene produciéndose a nivel mundial un interesante debate sobre los bienes comunales (estrechamente ligados a los montes públicos) y sobre las formas de entenderlos al que me gustaría referirme brevemente porque creo que aportan datos interesantes sobre el tema que nos ocupa. En 1962 el biólogo Garret Hardin escribía en Science un artículo titulado “The tragedy of the commons” que venía a resumir de manera formalizada algunas de las ideas más extendida sobre los comunales41. Para ese autor los bienes comunales llevan implícita una tragedia que proviene del diferente reparto de costes y beneficios entre los usuarios de esos bienes. Cada uno de los usuarios recibe directamente los beneficios de usar el bien, mientras que los costes quedan diluidos en el conjunto de la comunidad. En este contexto, para Hardin, cada usuario individual elegirá incrementar el uso posible del bien, pero como todos harán lo mismo esa situación llevará

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Hardin (1962)

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irremediablemente a la sobreexplotación. Frente a esta ineficiencia propia de los comunales, la solución propuesta es o bien la privatización o bien la estatalización, de tal manera que sea el Estado quien a través de sus regulaciones evite la consumación e la tragedia. Como puede comprobarse, de forma implícita, esta concepción de los comunales es la que fue guiando la actuación sobre los montes públicos que se ha comentado más arriba. Existe, sin embargo, otra forma de ver las cosas como se desprende del trabajo de la investigadora americana Eloinor Ostrom que en 1990 publicaba su libro “Governing the commons”42. Este libro recoge la mayor parte de las críticas que otros investigadores han realizado a Hardin, en el sentido que el mismo, en su tragedia, confundía los bienes comunales con los bienes de libre acceso. Una situación que no ha sido la habitual ya que los comunales se han caracterizado precisamente por el establecimiento de unas normas que regulan las posibilidades de acceso de los miembros de la comunidad. Partiendo de esta idea, Ostrom señala que lo verdaderamente importante está precisamente en el establecimiento de esas normas. Desde esta perspectiva, si las normas están bien establecidas la gestión de los bienes comunales puede ser perfectamente eficiente e incluso más apropiada para generar desarrollo en determinadas circunstancias. En este sentido cabe señalar que el debate sigue vivo y que en función de por que línea nos inclinemos el futuro de los comunales y de los montes públicos puede seguir caminos distintos.

3. La explotación económica de los montes públicos El segundo nivel de análisis al que me refería más arriba tiene que ver con las formas de explotación de los montes públicos que han ido cambiando considerablemente a lo largo del tiempo. En este sentido, para mostrar si bien grosso modo esa evolución, me voy a centrar en la funcionalidad económica que los montes tenían en la agricultura tradicional y en los principales procesos de cambio que se han ido implementando a largo plazo, para acabar con algunas reflexiones sobre la situación actual. En el marco de una economía agraria tradicional los montes públicos jugaban un papel fundamental para el desenvolvimiento de las economías locales que se podría resumir básicamente en tres niveles diferenciados. Por una parte, los montes eran la base para el sustento de una ganadería extensiva que conformaba una parte esencial del sistema agrario tanto para el desarrollo de la agricultura (ganado de trabajo) como para la alimentación humana o el comercio (ganado de renta). Por otra parte, los montes podían constituir una reserva de tierra cultivable de la que echar mano en los momentos en los que la demanda de alimentos tendía a crecer. Finalmente, los montes constituían también una especie de almacén de recursos de diverso tipo entre los que cabe destacar la leña para los hogares, la madera para la construcción o diversos

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Ostrom (1999)

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productos relacionados con la caza, la pesca o la recolección de plantas que podían constituir un complemento económico. Desde esta perspectiva cabe decir que los montes desempeñaban un papel multifuncional y que las diversas regulaciones del aprovechamiento del espacio trataban de garantizar un uso integrado del territorio en el que el desarrollo de esas actividades pudiera ser compatible entre sí. Nada garantiza que en ese contexto y en determinados momentos pudieran producirse tensiones entre las diferentes formas de uso, pero resulta también evidente que los diferentes reglamentos trataban de evitarlas. Esta situación de partida fue transformándose conforme lo hacían las condiciones económicas que impulsaban cambios en la demanda. En este sentido, la evolución de la población jugó un papel fundamental. Su crecimiento desde el siglo XIX hizo crecer también las necesidades de alimentos y, en un contexto geográfico y técnico en el que los incrementos de la producción agrícola por unidad de superficie resultaban difíciles de conseguir, impulsó un importante proceso de extensión de las roturaciones que afectó de lleno a los montes. De hecho, podría decirse que una parte considerable de las privatizaciones que se produjeron a lo largo de la segunda mitad del XIX estuvieron relacionadas de una u otra forma con la roturación de nuevas tierras43. En este nuevo contexto, la presión ejercida sobre las superficies de monte fue incrementándose considerablemente y pudo dar lugar a tensiones sociales crecientes sobre las formas de uso (entre intereses agrícolas e interese ganaderos, principalmente). El hecho de que la población activa agraria se mantuviera en España en porcentajes muy elevados hasta fechas bastante tardías contribuyó sin duda a exacerbar dichas tensiones. Pero el incremento de la presión sobre los montes no provino sólo del hambre de nuevas roturaciones. Desde principios del siglo XX la economía española inició un proceso de crecimiento económico que, en lo básico, tuvo que ver con el desarrollo de nuevos sectores industriales y también con un impulso de la urbanización y de la construcción de obras públicas. Un nuevo marco en el que los productos forestales empezaron a jugar un papel distinto al tradicional. Así, crecieron, por ejemplo, las necesidades de madera para la construcción o para la fabricación de pasta celulósica; crecieron también las necesidades de resina como materia prima para la industria química en sus múltiples variantes; y crecieron igualmente las necesidades de corcho para tapones o para la fabricación de aglomerados. En definitiva, se fue dando un incremento de lo que podría considerarse como presión urbana e industrial sobre los montes públicos que se saldó con una clara tendencia a la especialización productiva de esos espacios y que tendía a erosionar en gran medida su multifuncionalidad. A partir de ahí el objetivo prioritario sería la intensificación de las extracciones de los productos más adecuados en cada caso, lo cual suponía relegar a un segundo plano los usos secundarios. Este proceso de transformación se inició, como se ha indicado, a lo largo del primer tercio del siglo XX, pero se vio reforzado en gran medida durante los años cuarenta y cincuenta en el nuevo 43

Una medición de ambas variables desagregada a escala regional puede encontrarse en GEHR (Grupo de Estudios de Historia Rural) (1994).

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marco político dictatorial surgido de la guerra civil. En este sentido cabe decir que el denominado primer franquismo (el que va desde 1939 hasta el plan de Estabilización económica de 1959) de un lado necesitaba impulsar la especialización productiva de los montes y, de otro, contaba con las herramientas para hacerlo. Lo necesitaba, básicamente, porque la economía española estaba aislada del contexto internacional y se vía obligada a obtener en el interior materias primas que antes podía importar. Contaba con nuevas herramientas porque la brutal represión ejercida durante la guerra y en el periodo inmediatamente posterior había eliminado cualquier posibilidad de oposición a los proyectos del régimen y permitía al mismo imponer sus criterios sobre el uso de los recursos sin encontrar resistencias. La especialización maderera de una parte considerables de los montes del país, unida a los proyectos de repoblación forestal con especies de crecimiento rápido fueron las principales consecuencias de esta forma de actuación. Sin embargo, el nuevo contexto económico que se abrió en España a lo largo de los años sesenta iba a volver a cambiar la situación. El proceso que protagonizó este cambio fue la llegada a España, con el desarrollismo, de la tecnología agrícola propia de la Revolución Verde. En efecto, durante los años sesenta tuvo lugar una modernización técnica que cambió considerablemente la faz del mundo rural. De hecho, la mecanización estuvo relacionada con una caída en picado de la población activa agraria y, en consecuencia, con un éxodo rural a gran escala que hizo descender la población de muchas zonas rurales A eso habría que añadir la aparición de nuevos materiales sintéticos que comenzaron a ser utilizados como materia prima en los procesos industriales y que rebajaron la demanda de muchos productos forestales. En conjunto, y para lo que aquí interesa, todos estos cambios contribuyeron a rebajar considerablemente en el largo plazo la presión sobre los montes públicos y abrieron una nueva etapa en sus formas de explotación. Llegamos así a la situación actual caracterizada básicamente por dos aspectos esenciales. El primero tiene que ver con la aparición de algunas nuevas oportunidades productivas para los montes que, en lo básico, se relacionan con el interés ambiental que ha ido creciendo en las sociedades occidentales en las últimas décadas y que también han llegado aquí. Entre ellas cabría destacar, por ejemplo, la utilización de los espacios de monte como soporte para la obtención de energías renovables (especialmente energía eólica) o, en un sentido más general, el uso de los montes en sus aspectos ambientales y recreativos. En cualquier caso cabe señalar que esta última función, pese a su evidente crecimiento se encuentra más bien en una situación incipiente que en cualquier caso habría que acabar de definir y empezar a regular. Ello nos lleva al segundo aspecto que tiene que ver con el estado de subexplotación y abandono en el que hoy se encuentran muchos montes públicos con los peligros que ello puede conllevar.

4.- El acceso a los montes Finalmente, el tercer nivel de análisis al que me refería más arriba está relacionado con las normas básicas que han ido regulando las posibilidades de usar los montes, de las que se puede 176


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decir, siguiendo el planteamiento inicial, que también se han visto alteradas en función de los cambios observados en los niveles anteriores. Si para realizar un breve repaso a este tercer aspecto volvemos a situarnos en el marco de una sociedad agraria tradicional, puede decirse que las normas básicas de uso de los montes venían marcadas en lo esencial por la comunidad de usuarios y que, en consecuencia, rara vez se trataba de bienes de libre acceso predestinados a la tragedia (en el sentido utilizado por Hardin). Ahora bien, este predominio de las regulaciones comunitarias no debe confundirse con la existencia de unas normas que garantizaran el uso igualitario de los recursos. En este sentido cabe decir que los bienes comunales jugaban históricamente un doble papel social. De un lado su utilización venía marcada en buena medida por el nivel de riqueza de los distintos usuarios, de tal forma que aquellos que contaban con más medios de producción (más tierra en propiedad o más animales) generalmente podían hacer un mayor uso de los comunales. Pese a ello, los miembros menos pudientes de la comunidad también tenían garantizado el acceso a los recursos, de tal forma que podían obtener de ellos algún beneficio. Desde esta perspectiva cabe decir que tradicionalmente los comunales contribuían a la acumulación de los pudientes y a la reproducción de los humildes, esto es, a perpetuar las situaciones sociales de partida. Sin embargo esto no era incompatible con que unos y otros defendieran “el común” y la necesidad mantenerlo como tal. En este contexto, un segundo elemento que podía definir las formas de acceso a los recursos era que en lo básico los diferentes usuarios hacían un uso directo de los mismos, obteniendo directamente lo que necesitaban, en función de las regulaciones establecidas. Frente a esta situación de partida, las transformaciones que se fueron produciendo tanto en la manera de entender los montes como en sus formas de explotación fueron acompañados de unos procesos de cambio en las regulaciones que se podían resumir en tres aspectos. El primero tiene que ver con la erosión de lo comunitario que como ya se ha señalado más arriba estuvo estrechamente relacionado con el asentamiento de una sociedad y de una economía de carácter liberal durante el siglo XIX. En este contexto, la pérdida de importancia de lo comunitario tuvo que ver en primer lugar con lo que se podría considerar como fueras externas a la propia comunidad (principalmente el Estado) que contaban con los medios (principalmente la legislación) para reducir su poder. Pero achacar toda la responsabilidad a factores exógenos sería muy parcial, porque la erosión del poder comunitario tuvo que ver en el fondo con un profundo cambio de mentalidad que se produjo a escala europea y que poco a poco fue dando lugar a una preeminencia del individuo. Desde esta perspectiva, la erosión se fue produciendo también en el seno de los propios grupos comunitarios. Fuera como fuere, el resultado de este proceso fue la pérdida de control directo de la comunidad y su sustitución en la toma de decisiones por los ayuntamientos que no siempre ni necesariamente se identificaban o recogían las sensibilidades de una comunidad en franco retroceso. El segundo aspecto que discurrió en paralelo con el anterior fue el control del Estado, que como contrapartida a su flexibilidad a la hora de preservar algunos montes de la privatización, fue estableciendo un mayor control sobre los usos a realizar en los mismos. Así, desde la década de 1860 se fueron redactando los denominados planes de aprovechamiento forestal 177


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que determinaban sobre el papel la cantidad de recursos que se podían extraer de los montes. Desde finales del siglo XIX el Estado reforzó esa intervención elaborando para algunos montes los llamados planes de ordenación que superaban a los d aprovechamiento en la medida en que no se limitaban a realizar una previsión anual, sino que establecían una planificación a largo plazo. Estas actuaciones del Estado tenían como objetivo básico contribuir a una mayor mercantilización de los productos forestales, con el fin de que los mismos pudieran llegar a los mercados. Desde esta perspectiva el cambio fue más profundo de lo que en principio pudiera parecer, ya que el Estado no sólo supervisaba el uso, sino que estaba impulsando, en paralelo, la cesión de los derechos de explotación de los montes públicos a individuos y empresas privadas capaces de llevar a cabo la explotación y conectarla con los mercados. En este contexto una de las tendencias detectadas en las regulaciones del uso fue que los aprovechamientos realizados directamente por los vecinos (aprovechamientos vecinales) tendieron a caer y también a ser gravados muchas veces con determinados cánones (perdiendo su carácter gratuito), mientras que los aprovechamientos cedidos a particulares a cambio de una renta anual tendían a crecer. Asistimos en definitiva a una privatización no de los montes, pero si de su uso, que obviamente fue creciendo conforme el proceso de intensificación de la producción forestal fue incrementándose. Finalmente, el tercer aspecto relacionado con la transformación de las regulaciones tiene que ver con la monetización de los beneficios obtenidos de los montes. Si, como señalábamos antes, los usos realizados tradicionalmente se caracterizaban básicamente por la extracción directa de recursos por parte de los vecinos, conforme se fue produciendo la intensificación y la comercialización de productos, los montes comenzaron a ser, muchas veces por encima de otra cosa, fuentes de renta monetaria para los ayuntamientos, generando una situación que es la que hoy predomina. Conviene aclarar, sin embargo, que todos estos cambios en las formas de regular el acceso a los montes públicos no se fueron produciendo sin problemas. De hecho, en muchos lugares, los intentos de transformar los derechos de uso generaron una resistencia enconada por parte de los vecinos que a veces encontraron apoyo en los propios ayuntamientos y siguieron la vía judicial, pero que otras veces se expresaron a modo de protesta cotidiana haciendo caso omiso de las nuevas regulaciones y saltándose en consecuencia la ley en lo que algunos autores han denominado como protesta delito. En términos generales estas resistencias que se podían interpretar como intentos de seguir controlando las regulaciones, tuvieron más importancia en aquellos periodos en los que el clima político parecía propicio a las reivindicaciones. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en los años de la Segunda República cuando la Ley de Reforma Agraria propició el rescate de montes y comunales usurpados en periodos anteriores y cuando se asistió a una auténtica eclosión de las reivindicaciones sobre regulación de los comunales. Como ya se ha adelantado, el franquismo acalló estas protestas e impuso, también en este aspecto, un nuevo orden que tendía a reforzar el poder del Estado y a propiciar los usos privatizados. Pese a todo, durante los años de la última transición política hacia la democracia se asistió, al menos en algunas regiones, a un nuevo intento de retomar la cuestión. Pero por el camino la sociedad agraria tradicional había culminado su crisis y, en ese nuevo contexto, los montes públicos y también la regulación de sus usos habían perdido la importancia económica y social de otros tiempos.

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5. A modo de conclusión Después de este apretado repaso a las transformaciones básicas sufridas por los montes públicos en el largo plazo, conviene concluir con algunas ideas básicas que nos permitan enlazar directamente con el tema de este encuentro. Por lo que hemos visto, los montes públicos, que jugaban un papel clave en las economías agrarias tradicionales, han ido perdiendo importancia a lo largo del tiempo y han pasado a situarse en lo que podríamos denominar como la periferia de la economía. Cabe advertir, sin embargo, que la funcionalidad de esos bienes a lo largo de la historia se ha ido adaptando a nuevas circunstancias económicas y sociales o, como dirían algunos científicos sociales, su resiliencia, entendida como la capacidad de un sistema para adaptarse a lo shocks externos, ha sido elevada. Desde esta perspectiva, me parece adecuado el título de estas jornadas porque, efectivamente, esos bienes pueden seguir siendo un recurso estratégico para el futuro. Ahora bien ¿cómo se debería actuar sobre ellos? Mi trabajo de investigación, centrado en el pasado no me permite aportar grandes cosas al respecto, pero si me gustaría señalar tres elementos clave que si bien pueden resultar excesivamente generales deberían servir, a mi modo de ver, de guía para el futuro. El primero tiene que ver con la multifuncionalidad, una palabra que ya ha salido en este recorrido histórico y que convendría recuperar. En la situación económica actual parece que tiene poco sentido volver a la vía de la especialización productiva. Al contrario, mantener unos usos múltiples e integrados de los montes públicos puede permitir el aprovechamiento de la mayor parte de sus utilidades económicas, sociales y ambientales. El segundo se refiere a la sostenibilidad, que es una palabra clave para el desarrollo. En la medida en que los montes públicos representan aun hoy una parte no despreciable del territorio y en la medida en que, como ya señalaban algunos técnicos forestales en el siglo XIX, generan beneficios evidentes para el medio, garantizar un uso sostenible de los mismos (siempre dentro del marco multifuncional al que me acabo de referir) parece esencial. Finalmente, el tercer elemento tiene que ver con el consenso. A lo largo de los últimos dos siglos la imposición en el uso de los montes y la exclusión de los locales de los procesos de toma de decisiones ha sido demasiado habitual y en muchas ocasiones ha llevado al mal funcionamiento y al fracaso de los proyectos que se pretendían desarrollar. Una manera de intentar evitarlo en el futuro es contar con la opinión de los directamente implicados en su uso.

Referencias BALBOA LOPEZ, X. (1999): “La historia de los montes públicos españoles (1812-1936): un balance y algunas propuestas”, Historia Agraria, 18, pp. 95-128. GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (GEHR) (1994): “Más allá de la propiedad perfecta. El proceso de privatización de los montes públicos españoles, (1859-1926)”, Noticiario de Historia Agraria, 8, pp. 99-152. 179


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HARDIN, G. (1968): “The Tragedy of The Commons”, Science, 162, pp. 1243-1248. IRIARTE GOÑI, I. (2002): “Common Lands in Spain: Persistence, Change and Adaptation”, Rural History, Cambridge University Press, 13, 1, pp. 19-37 JÍMENEZ BLANCO (2002): “El monte: una atalaya de la historia”, Historia Agraria, 26, pp. 141192. OSTROM, E. (1990): Goberning The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University press, Cambridge SEBASTIAN AMARILLA, J. A. y URIARTE, R. (eds.): Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (siglos XVIII-XX), SEHA- PUZ, Zaragoza TELLO, E. (2005): La historia Cuenta, Ediciones del Viejo Topo, Barcelona

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CLAUSURA

SRA. DOÑA MARÍA TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA, Presidenta de las Juntas Generales de Álava.

Buenas tardes a todos y todas Como presidenta de la Juntas Generales de Álava, tengo el honor de clausurar este seminario organizado por ACOA, Asociación de Concejos de Álava, que se ha convertido ya en una cita indispensable de nuestro calendario. En esta ocasión, el tema elegido para analizar, reflexionar y debatir ha sido “los Montes Públicos de Álava: un recurso estratégico para el futuro de nuestros pueblos”. Durante dos jornadas ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a los expertos que nos acompañan hablar sobre una de las competencias más importantes con que cuentan nuestros concejos: el patrimonio público constituido por los montes públicos. Es una realidad fácilmente constatable por todos que las comarcas y pueblos de Álava, al igual que sucede en los territorios de nuestro entorno, han experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. Así pues, las funciones y usos de estos montes y otros terrenos comunales se han visto obligadas también a adaptarse. De un aprovechamiento fundamentalmente basado en explotaciones forestales y ganaderas, se ha pasado a un mayor protagonismo de actividades ligadas al ocio y tiempo libre o al disfrute del Medio Natural. 181


LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS

Este cambio imparable obliga a las instituciones, especialmente a los concejos, a buscar equilibrios entre la necesidad, por un lado, de conservar las características propias de cada zona y sus formas tradicionales de subsistencia económica con el desarrollo, la necesidad de nuevas infraestructuras y los nuevos modos de vida. Por eso, conocer los antecedentes históricos de la ordenación y la gestión de los montes de Álava, su legislación, los aprovechamientos tradicionales, su capacidad como recurso esencial para las comunidades vecinales o incluso la crisis de la economía rural, como nos han dado la oportunidad estas jornadas, resulta muy importante. Y no quiero terminar, igual que cada año en esta cita, sin hacer una mención especial al trabajo de los Concejos, por su estrecha relación con los ciudadanos a los que sirven, desde la doble perspectiva de representación directa de las poblaciones en los asuntos colectivos y como órgano de prestación de los servicios públicos más cercanos. Una peculiaridad administrativa que nos convierte en un territorio singular de tal complejidad competencial entre ayuntamientos, cuadrillas y concejos que hace necesaria una modificación de la forma de financiación de las entidades locales que haga posible solucionar los problemas que existen actualmente. A todos ustedes y a ACOA, muchas gracias y hasta el año que viene.

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“ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO”

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MINTEGIA “ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO”

Antolatzen du:

Laguntzen du:

Arabako Foru Aldundia Toki Administrazioaren Saila

Diputación Foral de Alava Departamento de Administración Local

ARGITARATZEN DU: Arabako Biltzar Nagusiak INPRIMATZEN DU: Arabako Foru Aldundiaren Moldiztegia San Miguel de Acha, 7 01010 VITORIA-GASTEIZ LEGEZKO GORDAILUA: VI-210/2007


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MINTEGIA “ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO””

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Hasiera: Jagoba GÓMEZ ALONSO jna., Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Zuzendaria, eta. Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI jna., Eusko Jaurlaritzako Toki Araubidearen Zuzendaria Mintegiaren aurkezpena: Javier ARGOTE URZELAI jna., Arabako Kontzeju Elkartearen Lehendakaria. Hitzaldia: “Aurrerakin historikoak Arabako mendien antolaketa eta kudeaketa dela-eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurralde historikoen alorrean.” Lourdes SORIA SESÉ and. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbidearen Historiako Irakaslea. Hitzaldia: “Mendiei buruzko oinarrizko legeak; arauzko aurrerakinak eta eskumenak.” Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ jna., Madrilgo Asanbladako Abokatua eta Madrilgo Carlos III Unibertsitateko Administrazio-zuzenbideko Irakasle Elkartua. Hitzaldia: “Arabako Mendiak, antolaketa eta kudeaketa. Toki Entitateei buruzko aipamen berezia zainketaren alorrean esku-hartze garrantzitsua baitute” Mª Elena VILCHES PLAZA and. Arabako Foru Aldundi Txit Goreneko Mendi-ingeniaria.

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Hitzaldia: “Ohiko aprobetxamenduak (zurezkoa, egurrezkoa, larreak, luberriak, urak, ehiza, baso-fruituak, onddoak, landareak, loreak, meatzaritza-baliabideak, etab.) horien aldaketaren erronkaren aurrean. Natura erabiltzeko eta horretaz gozatzeko eskubidea.” Demetrio LOPERENA ROTA jna., Euskal Herriko Unibertsitateko Administrazio-zuzenbideko Katedraduna.

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Hitzaldia: “Arabako mendiak: ezinbesteko baliabidea auzo-komunitateentzat. Ohiko entitateak”. Jesús Mª GARAYO URRUELA jna., Soziologoa eta Arabako mendiei buruzko argitarapen batzuen egilea. 145

Hitzaldia: “Mendien herri-jabetza eta nekazaritza-ekonomien krisia. Epe ertain eta luzerako ikuspegia.” Iñaki IRIARTE GOÑI jna., Zaragozako Unibertsitateko Egitura eta Historia Ekonomikoko eta Ekonomia Publikoko Saileko Irakaslea. 167

María Teresa RODRIGUEZ BARAHONA andreak, ARABAKO Biltzar Nagusietako Lehendakariak, mintegiari amaiera eman dio. 181

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HITZAURREA

María Teresa Rodríguez Barahona Andrea

AKEk, Arabako Biltzar Nagusien laguntzarekin, urtero antolatzen dituen Mintegiei buruzko argitalpenek, testu-bilduma interesagarria osatzen dute jada, gure toki administrazioetan eragina duten zenbait gairi buruzkoak. Edizio honetan zenbait gai landu dira, adibidez XXI. menderako erronkak, zerbitzu publikoen eta ondareen kudeaketa eta administrazioa, kontzejuen ekonomia edo orrialde honetan duzuena, hau da, mendi publikoak eta gure herrien balio estrategikoa. Gai horiek guztiek hausnarketa egitera bultzatzen gaituzte zerbitzatzen dituen pertsonekin lotura estuena duten entitateei buruz eta, batez ere, gogorazten digute herriek ordezkaritza zuzena dutela guztion gaietan eta ezinbesteko funtzioa dutela zerbitzu publikoak emateko orduan, eta azken helburua gure eskubideak eta askatasunak egikaritzeko berezko eremua izatea dela, betiere kohesioaren eta gizarte-ongizatearen, aurrerapen ekonomikoaren eta, batez ere, bizikidetza baketsuaren alde.

María Teresa Rodríguez Barahona Presidenta de las Juntas Generales de Alava

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IREKIERA

Jagoba Gómez Alonso jauna

Hasiera: Jagoba GÓMEZ ALONSO jna., Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Zuzendaria. Mendiek orokorrean, errealitate fisiko gisa, Araban 183.826 ha-ko azalera okupatzen dute. Mendi guztien %78 publikoak dira, eta mendi publiko horiek 143.384 ha-ko azalera dute. Beraz, mendi publikoek eremu geografiko garrantzitsua dute Araban. Garrantzi fisiko horrek, beharko, mendi publikoei buruzko hausnarketa historiko eta juridikoa dakar berekin, eta hausnarketa hori historian Arabak izan duen bilakaerarekin bat dator. Aitzinean jada, 1332. urtean hain zuzen, Borondatezko Eskaintzari dagokion eskrituraren XIV. klausulak –Eskaintza horren bidez Alonso Jaunak Alfontso Hamaikagarrenari probintzia eman zion–, xedatzen du mendiak eta kortak eta belardiak aurrekoen jabetzakoak direla, eta jabetza horiek nahi bezala erabil ditzaketela. Denboraren poderioz mendien erabilerak eta aprobetxamenduak aldatuz joan ziren, eta Araban Mendiei eta Soroei buruz idatzitako lehen araudi modernoa Biltzar Nagusiek onetsi zuten 1784ko uztailaren 11n, eta 1793ko azaroaren 12an Gaztelako Errege Kontseilu Gorenak berretsi zuen. XIX. mendean maiz eguneratzen zituzten Arabako Probintziako Mendien eta Soroen Kontserbazioari buruzko xedapenak, 1845eko ekainaren 15eko Erregelamenduarekin gertatu zen bezala. Ondoren eta XIX. mendearen bigarren erdian mendien zuzenketari eta kudeaketari 9


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buruzko erregelamenduak Mendien Ordenantzak deitu zituzten. XIX. mendean 1884ko eta 1896ko Ordenantzak ditugu. Dagoeneko XX. mendean Arabako Probintziako 1904ko, 1908ko, 1911ko, 1912ko, 1914ko, 1919ko, 1920ko, 1923ko eta 1924ko Mendien Ordenantzak onestu eta argitaratu zituzten. Ikusten denez, mende hasieran eta 20 urteko epe horretan Arabako Mendiei buruzko 9 Ordenantza argitaratu ziren. Erabilerak eta aprobetxamenduak arautzeko behar handi horrek agian zerikusi handia zuen XIX. eta XX. mende artean nagusitzen den teknifikazioarekin. Arabako Foru Aldundiak ere parte hartu zuen teknifikazio horretan. Mendi publikoak zaintzeko alorrean aipatu beharra dugu Arabako Probintziako Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa. 1898ko abuztuaren 3ko Errege-dekretu bidez erabaki zuten Katalogo hori egitea, 1897ko otsailaren 27ko Errege-dekretuan oinarrituta, eta Sustapen Ministerioak onetsi zuen 1909ko maiatzaren 5eko Errege-agindu bidez. Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan mendi publikoak sartzearekin batera, ondasun publikotzat hartzen zituzten mendi horiek eta pribatizaziotik babesten zituzten. Mendi horiek XIX. mendearen lehen erdiko gerren ondorioz saldutako ondasun publikoen eraso pribatizatzailea gainditu zuten, baita Álvarez Mendizábalen (1836an) eta Espartero eta O’Donnellen (1855ean) desamortizazioak ere. Pribatizatze-prozesu horrek eragin txikiagoa izan zuen Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan baino. Hori dela eta, gaur egun Arabako mendi gehienak publikoak dira eta askotan horixe goraipatzen dute mendi publiko horietako baliabide naturalak hobeto zaindu baititugu. Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Legetik aurrera, apirilaren 28ko 10/2006 Legearen bidez sartutako aldaketekin, erabilera publiko gisa eta zerbitzu publikoko arrazoirengatik katalogatutako mendiak jabari publikoko ondasunak dira. Jabari publikoak direnez, katalogatutako mendiak besterenezin, preskribiezin eta enbargaezinak dira eta ez dute titularitatearen gaineko zergarik ordaindu behar. Mendietan egiten diren aterakuntzazko jarduerak, ohikotzat jo ditzakegun erabilera eta aprobetxamenduak dira, eta honako produktu hauek lortzen dira erabilera eta aprobetxamendu horien bidez: zura, egurra, larreak, luberriak, ehiza eta arrantza. Baso produktuen aterakuntza ordenatu horren ezaugarri garrantzitsua errentari mugatzen dela eta, ondorioz, kapitala zaintzen dela litzateke; horixe izan da, hain zuzen, ohiko basogintzaren araua, eta honako adierazpen honen bidez azaltzen da: “zainduz ekoiztea”. Gaur egun ohiko basogintzaren “zainduz ekoiztea” eredua izendatzeko, Río de Janeiron 1992an egindako Hitzarmenetik aurrera, “ekoizpen iraunkorra” kontzeptu orokorra erabiltzen dugu. Eta ekoizpen iraunkorra mendi publikoen eremuan errazagoa bada ere, askoz zailagoa izango da ondasun ez berriztagarrien kasuan. 10


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Mendi publikoek mendiari berari, titularrei eta, orokorrean, gizarteari, ematen dizkieten onuren artean, merkatuaren prezioaren xede diren aterakuntzazko ondasunen ekoizpen zuzenaz gain, honako hauek ere badituzte: Mendi-ingurunea zaintzea eta hobetzea, baita mendi eta baso-lurren paisaia- eta ekologiabaldintzak ere. Landare-estaldura zaintzea eta berritzea, lurren eta uraren kalitatea hobetzea eta higadura zein basamortutzea galaraztea. Baso-ekintzaren eta landa-gizartearen arteko lortura gordetzea eta hiri-gizarteak ingurumena ezagutu dezan lortzea. Oinarrizko prozesu ekologikoak eta Natura 2000 Sarean sartutako babesteko ereduak zaintzea. Ur-balantzea eta uren kalitatea hobetzea arro hidrograďŹ koak babestuz. Mendi-lurren emankortasuna eta egonkortasuna zaindu eta berreskuratzea, baita normalean ibaien behera kokatzen diren landa-lurrenak ere. Pertsonen errespetuzko prestakuntza, atsedena eta aisia sustatzea. Ikusi dugu, laburbilduz, mendi publikoek ondare-ondasun multzoa eskaintzen digutela, eta mintegi honetako hizlariek mendi publiko horien historiari, babes juridiko eta erakunde administratiboei, antolakuntza eta kudeaketari, erabilera eta aprobetxamenduei eta inplikazio ekonomiko eta ekologokoei buruz hitz egingo digute, eta geuk dugu, atsegin handiz gainera, mintegi honi hasiera emateko ardura. Jagoba GĂ“MEZ ALONSO jna. Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Zuzendaria.

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IREKIERA

José MªEndemaño Aróstegui jauna

Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI jna., Eusko Jaurlaritzako Toki Araubidearen Zuzendaria. Hasteko eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Arabako Kontzeju Elkarteari Arabako Mendi Publikoei buruzko Mintegi honi hasiera emateko aukera eman didalako, Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Zuzendariarekin batera. Jardunaldi hauetan Unibertsitateko eta Arabako Foru Administrazioko zenbait adituk Arabako Mendi Publikoak aztertuko dituzte ikuspuntu desberdinetatik abiatuz: aurrerakin historikoak; lege aplikagarriak; antolamendua eta kudeaketa; Kontzejuek mendien zainketan duten funtzio; ohiko aprobetxamenduak; auzo-komunitateetan duten garrantzia; datozen urteetan mendiek izan dezakeen garapena landa-ekonomia txikiek jasaten duten krisi honetan; baita azterketarako egun hauetan mahai gainera aterako diren beste gai asko eta asko ere. Nik uste dut Kontzeju Elkarteak ez duela kasualitatez mintegi hau antolatu, Arabako mendiek kontzejuekin lotura estua baitute; gainera administrazioaren ikuspuntutik kontzejuei dagokie landa-bideen, mendien, iturrien eta kontzejuei berez dagozkien erabiltzeko ondasun eta zerbitzu publikoen poliziaren eskumena; baita ondarearen administrazio, zainketa eta arauketa ere, basoena barne (Martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoaren Kontzejuei buruzkoaren 7. artikulua). Ez dagokit mendiek kontzejuen bizitzan tradizioz izan duten eta gaur egun duten garrantziari buruzko balorazioa egitea (kontzeju horiek batzutan oso aspaldiko jatorrizko komunitatetan elkartzen dira erabilera publikoko mendi baten oinarrian), baina bistakoa da mendi horiek 13


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kontzejuen ondare direla eta aprobetxamenduak kontzeju horientzat diru-sarrera iturri direla. Bizilagunentzat erabilera-iturri dira: abereentzako larreak, etxeak berotzeko egurra, etab; gainera leku bikainak dira naturarekin harremanetan egoteko eta burua oxigenatzeko betidanik hain hurbil ditugun lasaitasunezko leku horietan, batez ere presak eta larritasunak (askotan nora goazan ondo jakin gabe) pentsatzen uzten ez gaituen garai honetan. Halaber, ez dagokit mendien garrantzi sozio-ekonomikoa azaltzea, ezta ingurumenaren zainketan eta birsorkuntzan duten garrantzia aztertzea ere. Edonola ere, gure herrietan gertatzen ari diren aldaketa sozial eta ekonomikoek eragina izan behar dute aipatutako mendi horien erabileran. Aipatutako ohiko aprobetxamenduek zenbait beharrei erantzuten zieten, baina dagoeneko behar horiek ase ditugu; hori dela eta, mendietan beste aprobetxamendu batzuk egin ditzakegu, adibidez aisiarekin zerikusia dutenak. Seguru asko jardunaldi hauetan gai hori aztertu eta horren inguruan hausnarketa egingo dugu. Arabako mendien araubide juridikoa foru arauen bidez arautu dute beti, 1793ko azaroaren 12ko “Arreglamento u Ordenanzas de Álava” dokumentutik hasita. Ohitura hori mantendu da eta gaur egun 27/1983 Legearen, azaroaren 25ekoaren 7.a)9 artikuluak –Autonomia-Elkarte Osokorako Erakundeen eta Bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa eta Lurralde Historikoen Legea izanarekin ezaguna–, Lurralde Historikoetan foru entitateei mendien, aprobetxamenduen, abelbideen eta larreen eskumena esleitzen die, baita baso-zaintza eta nekazaritzako zein basoko lurrak zaintzea eta hobetzea ere. Uztailaren 4ko 13/1986 Foru Arauak berak arautzen ditu gaur egun –ondoren Foru Arau horretan egindako aldaketekin– Arabako mendien araubide juridikoa eta aprobetxamenduak. Seguru nago mintegi honetan proposamen interesgarriak egingo dituzuela, eta horiei esker, zalantzarik gabe, mendi publikoen foru araubidea eguneratu eta hobetu ahal izango da. Lehen aipatutako 13/1986 Foru Arauak ia 20 urteko iraunaldia du. Tarte honetan garrantzi handiko araualdaketak egin dira, eta Foru Arau horretan jasotakoan eragina dute aldaketa horiek. Hona hemen horietako aldaketa batzuk: a) Estatuko oinarrizko legediari dagokionez, antzinako Mendien Legearen, 1957ko ekainaren 8koaren ordez, gaur egungo Mendiei buruzko 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, dugu (eta Lege horrek ere zenbait aldaketa izan ditu). Aipatutako Lege hau beste ikuspuntu batetik egin da; ikuspuntu horren arabera ingurumenaren babesak garrantzi handiagoa du. b) Osagarrizko edo prozedurazko alderdiak direla-eta, 1958ko Administrazio Prozedurako Legetik, gaur egungo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legera, azaroaren 26koa, joan gara. c)

Zehatzeko araubideari dagokionez, agian Foru Araua aldatu beharko genuke, oinarrizko arautegiaren (30/1992 Legea) 127. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoaren arabera; 14


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baita otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa, ere. d) 3/1998 Legean, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena babesteko lege orokorrean, jasotako printzipioek ere mendi publikoen antolamendua hobetzen laguntzen dute. Hala nola, profesional batzuek, ni baino adituago direnez eta gaiari buruz gehiago dakitenez, beharrezko alderdi eta ikuspuntu guztiei buruzko balorazioa egingo dute, mendi publikoek funtzio ekonomiko eta sozial garrantzitsua betetzen jarrai dezaten –baita gerora begira ere–, aspalditik bete izan duten moduan. Seguru nago mintegi hau ekimen egokia dela hori guztia lortzeko; arrakasta eta abilezi guztia opa dizuet, Arabarrentzat ona izango delako. Eskerrik asko. José María Endemaño Aróstegui Toki Araubidearen Zuzendaria

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AURKEZPENA

Javier Argote Urzelai jauna

MINTEGIAREN AURKEZPENA: Arabako Kontzeju Elkartearen Lehendakaria, Javier ARGOTE URZELAI jna. Honako hauek dira Arabako Kontzeju Elkarteak, gure erakundeen ezin eskertuzko laguntzarekin, Elorriagako Biltzar Etxean egindako laugarren jardunaldiak. Pozik gaude eta eskerrak ematen ditugu 2002an hasitako topaketekin jarraitzeko gai izan garelako. Urte horretan “ARABAKO KONTZEJUAK XXI. MENDEAN” tituluko mintegia egin genuen; hurrengoak, 2004koak, “KONTZEJUAK: ZERBITZU PUBLIKOEN ETA BEREN ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ADMINISTRAZIOA” izena zuen, eta 2005ean “ARABAKO KONTZEJUEN EKONOMIA” tituluko mintegia egin genuen. Mintegi horiek guztiek arrakasta handia izan zuten parte-hartze eta jarraipenari dagokionez, eta zenbait argitarapenetan agerian utzi dugu arrakasta hori. Oraingoan “ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO” izeneko mintegia aurkeztu nahi dugu. Gaur emango diogu hasiera mintegiari eta, programan ikus dezakegunez, aztertzen saiatuko gara nola antolamendu eta administrazioaren bidez gure komunitate txikienek, kontzejuek –haien bakarrik edo Partzuergo, Ledania, Mendietan etab.etan taldekaturik–, lortu duten aitzinean bizirik irauteko oinarrizko baliabide hori gaur egun arte zaintzea ezaugarri egokienekin, gure herrietan biziko duten hurrengo belaunaldiak eta mendi horiek administratzeaz arduratzen diren Erakundeak mantentzeko modukoak alegia. Ezin dugulako ahaztu gaur horretaz gozatzen dugula herriak, hau da, kontzejuak baliabide hori zaintzeaz arduratu direlako; kontzeju horiek jakin dutelako mendien helburu sozial eta komunak, erabilera eta aprobetxamenduen ondoriozko interes ekonomiko hutsen gainetik jartzen. Arabak, eredu administratibo bereziarekin, jabeek –kontzejuek– Mendi Publikoetan egiten duten kudeaketa eta administrazioarekin, natura-ingurunearen zati handia zaindu du. 17


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Aldaketa sozial zein ekonomiko handiek eta “Ingurumenaren� kontzeptuaren agerpenak –eta horren babes egokirako(?) goi Administrazioek zenbait eskumen bereganatu dituzte, herri, jabe eta administratzaileen kalterako, eta gure ustez egoki zaindu dute ingurumena–, aldaketak sortu dituzte herrien eta mendiaren arteko harremanari dagokionez. Administrazio horiek, komunitatearen (hiria?) onurarako eta Ingurumenaren zainketarako, beste moda batzuk sustatu dituzte, eta moda berri horien arabera hiriko biztanleen aisiaz eta denbora libreaz gozatzeak lehentasuna du betiko erabileren aldean, eta gure herrien eta mendiaren artean izan den entente cordiale horren aurrean, zeinak gure herrien garapena eta etorkizuna eta baliabide naturalen iraunkortasunaren garapena ziurtatu duen eta etorkizunean ziurtatuko duen. Jardunaldi hauetan herrien eta mendiaren arteko sinbiosiko harremanari buruzko iragana, oraina eta harreman horrek izan dezaken etorkizuna aztertuko dugu. Ondo pasatuko dugula uste dut, eta espero dut zenbait ondorio atera ahal izatea; horrela bada, idei eta proposamen batzuk egin ahal izango ditugu, gure foru legegileei (beren eskumen esklusiboa denez) 1986ko Mendiei buruzko Foru Araua adosten eta gertatzen diren aldaketa sozial, ekonomiko, kultural etab.ei egokitzen laguntzeko modukoak. Administrazio publiko txikiek, Kontzejuek, gaur egun goreneko Administrazioek altxortzat aurkezten duten hori zaintzen jakin dutenez, agian mintegi honen bidez aldarrikatu ahal izango dugu haiek dutela gure arbasoek utzitako ondarea administratzen eta kudeatzen jarraitzeko eskubidea. Eskerrik asko. Javier Argote Urzelai Arabako Kontzeju Elkarteko Presidentea

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2006ko EKAINAREN 7a (asteazkena) Arratsaldeko saioa 16:00

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Hasiera: Jagoba GÓMEZ ALONSO jna., Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Zuzendaria, eta Jose Mª ENDEMAÑO AROSTEGUI jna., Jaurlaritzako Toki Araubidearen Zuzendaria. Mintegiaren aurkezpena: Arabako Kontzeju Elkartearen Lehendakaria, Javier ARGOTE URZELAI jna. Hitzaldia: “Aurrerakin historikoak Arabako mendien antolaketa eta kudeaketa dela-eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurralde historikoen alorrean.” Lourdes SORIA SESÉ. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbidearen Historiako irakaslea. Hitzaldia: “Mendiei buruzko oinarrizko legeak; arauzko aurrerakinak eta eskumenak.” Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ. Madrilgo Asanbladako Abokatua eta Madrilgo Carlos III Unibertsitateko Administrazio-zuzenbideko Irakasle Elkartua. ASTEAZKENA AMAITUTA 2006ko EKAINAREN 8a (osteguna) Goizeko saioa

09:30

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11:30 12:00

Hitzaldia: “Arabako Mendiak, antolaketa eta kudeaketa. Toki Entitateei buruzko aipamen berezia zainketaren alorrean esku-hartze garrantzitsua izan baitute”. Mª Elena VILCHES PLAZA. Arabako Foru Aldundiaren Mendi-ingeniaria. Hitzaldia. “Ohiko aprobetxamenduak (zurezkoa, egurrezkoa, larreak, luberriak, urak, ehiza, baso-fruituak, onddoak, landareak, loreak, meatzaritza-baliabideak....) horien aldaketaren erronkaren aurrean. Natura erabiltzeko eta horretaz gozatzeko eskubidea”. Demetrio LOPERENA ROTA. Euskal Herriko Unibertsitateko Administrazio-zuzenbideko Katedraduna. Kaferako atsedenaldia. Hitzaldia: “Arabako mendiak: ezinbesteko baliabide auzo-komunitateentzat. Ohiko entitateak”. Jesús Mª GARAIO URRUELA. Soziologoa eta Arabako menediei buruzko argitarapen batzuen egilea. Arratsaldeko saioa

16:00

Hitzaldia: “Mendien herri-jabetza eta nekazaritza-ekonomien krisia. Epe ertain eta luzerako ikuspegia.” Iñaki IRIARTE GOÑI. Zaragozako Unibertsitateko Egitura eta Historia Ekonomikoko eta Ekonomia Publikoko Saileko Irakaslea. 17:00

18:30

Mahai-ingurua, UAGAk, EGUZKIk, FORU ALDUNDIAK eta AKEk parte hartuko dute eta Antón ARAMBURU ALBIZURI jaunak moderatuko du. Mendi-ingeniaria. Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitatearen Zuzendaritza. 18:30 Mª Teresa RODRÍGUEZ BARAHONA andreak, ARABAko Biltzar Nagusien Lehendakariak, mintegiari amaiera emango dio.

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“AURRERAKIN HISTORIKOAK ARABAKO MENDIEN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA DELA-ETA LURRALDE HISTORIKOEN ALORREAN” LOURDES SORIA SESÉ. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbidearen Historiako Irakasle Titularra.


ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO

Aurkibidea: I.- Azalpena II.- Jabariak 1.- Dominium 2.- “Guztien” jabetza 3.- Mendi-komunitateen berezitasuna 4.- Jabaria eskuratzea III.- Erregearen esku-hartzea 1.- Kontzejuen autonomia 2.- XVIII. mendetik aurrerako bilakaera IV.- Komunalen narriadura 1.- Kontzejuen ekimenezko pribatizatze-prozesua 2.- Bizilagunen usurpazioak V.- Ondorioa VI.- Bibliografia-oharra

I.- AZALPENA Jakina denez, “guztion ondasunek” edo “herriaren ondasunek” (XIX. mendeko terminologia erabiliz), batez ere mendiez osatutakoek, jasan duten erasorik gogorrena desamortizazioa izan da. Une horretan bertan hasten da tratadisten defentsa sutsua eta, beraz, horiek teoria mailan izan dezaketen garrantzi historikoa ulertzeko abiapuntua da. Mahai gainean dugun gaia dela-eta, Arabako Mendiak alegia, agian Arabako foralista batek inork baino hobeto azal dezake komunalei buruzko pentsamendu forala. 23


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Ramón Ortiz de Záratek, “Compendio foral de la provincia de Álava” izenekoan –1858koa da lehen edizioa–, honakoa dio hitzez hitz: Foruaren arabera, honako hauek Arabako probintziakoak dira, eta Arabarentzat utzi zituen Alfontso XI.ari egindako Borondatezko Eskaintzan: mendiak, kortak eta herrien beste ondasun komun batzuk... Ondasun horien amortizazio edo desamortizazioari buruzko legeek eta xedapenek, foruen aurkako alderdiei dagokionez, Araban ez dute eraginik. Arabako Probintziak desamortizazioa onartzen du foruekin bat datorrenean, beraz ondasunen askatasunaren aldekoa da; horrela bada, herri eta udalek nahi bezala, nahi dutenei, nahi duten garaian eta haien intereserako abantaila gehiago dituen eran besterendu ditzaten. Baina Estatuak egiten duen nahitaezko besterentzearen aurkakoa da, askatasunaren, benetako desamortizazioaren eta jabetzaren zein foruaren aurkako baita, eta horrek suposatzen duelako saltzen duen estatuak ondasun horiek menderatzen dituela, eta herri eta udalei bakarrik laga diela horien administrazioa eta gozamenaren zati bat; eta hori guztia Gaztelan gertatzen da, baina ez Araban (Borondatezko Eskaintza, 3, 13 eta 14. kapituluak- 1799ko azaroaren 23ko, 1805eko azaroaren 18ko, 1806ko abenduaren 21eko, 1807ko azaroaren 21eko, 1828ko maiatzaren 7ko eta 1856ko maiatzaren 7ko erabakiak) (81-82 orri.). Ortiz de Zárateren hitzek oinarrizko gaia proposatzen dute, eta abiapuntu horretatik, lotutako beste gai batzuk sortzen dira. Funtsezkoa da, foru lurraldeetan komunalei eta horiek izan ditzaketen ezaugarriei buruz duten ustea ulertzeko, autoreak Gaztela eta Araba artean egiten duen bereizketa mendi komunen izaera juridikoa dela-eta; lehenengo kasuan mendi horiek Estatuarenak dira eta, aldiz, bigarrenean, herrienak. Egoera ezberdin horren ondorioz, kasu foralean kontzejuek askatasun osoa izango dute ondasun horiek xedatzeko eta, neurri txikiagoan, horiek administratzeko; aldiz, Espainiako lurraldeak estatuaren menpekoak izango dira. Ondorio horrek garrantzi handiago izango du Estatua orokorki nahitaez besterentzen hasi zenean. Baina XIX. mendean desberdintasun hori bazuten ere, horrek ez du esan nahi aurretik ere bazutela. Horri buruz bi gauza kontuan izan behar ditugu. Lehenengoa, berezitasun forala jarraikortasun bat duten erakundeetan egotearekin identifikatzen dela (garaien bilakaeraren ondorioz sortzen diren apurketa historikoekin zerikusirik ez duen jarraikortasuna), eta horri esker XIX. mendearen hasierako hamarkadetan berritzat hartutako erregimena finkatuko dela. Eta bigarrena, erakunde horiek juridikoki Europako Erdi Aroko zuzenbidea modernoaren kulturaeremu komunean sortzen direla, eta Gaztelako Erresumako foru-lurraldeek horren berri Gaztelaren bitartez dute batez ere. Erakunde horiek ulertzeko, horien genesira eta sorrerako giro juridikora jo beharko dugu, hau da, Gaztelako tratadistak aztertu behar ditugu, baina ez komunalen desamortizazioa ekarri zuen erregimen “berri” horretako Gaztelako tratadistak, aurrekoak baizik, “antzinako” erregimen izenarekin ezagutzen dugun (gutxiespen-kontrajartzearekin) horren Zuzenbideko juristak, hain zuzen.

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Gainontzeko ereduak batzen dituen eredu gisa, ikus dezagun zer dioen Jerónimo Castillo de Bovadillak, doktrina zein praktikaren eremuan Gaztelako kontzejuen politikari buruz goreneko adituak, “Política para corregidores y señores de vasallos” liburuan (1597. urtean argitaratutakoa) Ortiz de Záratek proposatutako oinarrizko gai horri buruz: Herrien ondasunen Jaurgoa haiena da, eta horien ondasun eta jabetasunaren eskubidea dute, Avendaño eta beste batzuen arabera... Horrela bada, aipatutako herrien ondasun horiek ez dira Enperadore edo Erregearenak, eta haiek ezin dizkiete ondasun horiek kendu, ezta erabili ere, horien truke behar bezala ordaintzen ez badute eta, gainera, herriaren premiagatik izan behar da. Eta Antonino Enperadoreak Eudemones Nicomedienseri honakoa esan bazion ere: Munduko Gizona naiz; eta horixe bera esan bazuten Zenón Enperadoreak eta beste batzuek ere, jurisdikzio, zaintza eta babesaren eremuan ulertzen da hori, eta ez jaurgo edo jabetzaren eremuan, Bártulo, Abadek, Cassaneok eta beste batzuek esandakoaren arabera, eta bi gauza oso desberdinak dira. Horrela bada, Partidaren Legeak, herrien ondasunei buruzkoak, honakoa dio: “Banaka hiri edo hiribildu bakoitzeko guztiena dira”. “Banaka dira”, esaterakoan jaurgoaz hitz egiten du. Eta esaten duenean “eta kideko leku guztiak hiri edo hiribildu horren komunalaren alde finkatzen eta ematen dira”, eta Gregorio Lópezek aipatzen du “eratuak” esaterakoan bizilagunek eratu zutela ulertu behar dela; Avendañok esaten du Gaztelako Erregeen Legea dela-eta, herriei zenbait ondare eta errenta eman zizkietela bizi ahal izateko. (II. T., V. Lib., IV. Kap., 3. zk.) Bovadillaren baieztapenak erabatekoak dira. Alde batetik, eta eskuratzeko modua zein jatorria alde batera utzita –horri buruz ez baitu iritzirik ematen–, herrien jabetza eta ondasuna herriena beraiena da, eta nahi dutena egin dezakete jabetza eta ondasun horrekin. Bestalde, erregearen ahalmena babes hutserako ekintza politikora mugatzen da. Komunalen hasierako eta oinarrizko galdera jabariarena da, eta horri erantzuna eman nahian, aipatu beharra dago XIX. mende erdiko egile foralak eta XVI. mende amaierako Gaztelako juristak alderdi batean bat egiten dutela. Foru lurraldeen komunalen aurrerakin historikoak eta juridikoak bilatzerakoan, bat-etortze horrek jabariaren eta horren ondoriozko gaien azterketaren arrazoiketa gidatuko duen ardatzaren ontasuna bermatuko du.

II.- JABARIAK 1.- Dominium. Kontzeptuak, nahiz eta hitz berarekin adierazi, denbora eta kulturen arabera aldatzen direnez, hasteko eta behin komenigarria litzateke aipatzea zein zen jabetzaren kontzepzioa 25


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Erdi Aroko mundu moderno juridiko horretan, non komunalen erakundea sortzen eta hobetzen den. Zuzenbide komunak jabetza-eskubidearen erromatarren esanahi hertsia gordetzen badu ere, hau da norberaren gauzak erabiltzeko eta horretaz neurri gabe baliatzeko gaitasuna jabearen onurarako eta zentzuzko moduan, eskubide horren izaera glosalarien modura ulertzen da: ez jabari amaigabe eta unitario gisa, erromatarren zuzenbideari dagokiona, baizik eta Erdi Aroko errealitatearekin kontziliatzeko, gauzak dituen eskubideen anizkoiztasunetik oinordetzan hartutako errealitatea alegia, hori guztia hasieran Bulgarok eta ondoren Accursiok jabetza dibinoari buruz sortutako doktrinarekin bat etorriz. Doktrina horren arabera bi jabari modu egon daitezke: jaunen jabetza edo dominium directum –bakarra da–, eta jabetza erabilgarria edo o dominium utile –era askotakoa da. Gauzak izan ditzakeen erabilera beste jabetza erabilgarri daude. Arazoa honakoa da: herriei zer jabetza-modu dagokie komunaletan. Une honetan interesatzen zaigunaren arabera, kontzejuak alegia, mendiak eduki eta horietaz gozatzen dutenean, behin eta berriz esan eta ulertzen dute jabetza zuzena dutela eta ez direla jabe erabilgarri hutsak, hau da ez direla beste baten (kasu honetan erregearen) gozamendun edo mendekoa. Horrela izatekotan, erregeak, kasu jakin batzuetan, ondasunak erabil ditzake, eta horrek arrazoitu zuen, Ortiz de Zárateren esanetan, Gaztelan Estatuak egindako salmenta: Estatuak egindako nahitaezko besterentzearen arabera, aurresuposatzen da estatu saltzailean ondasun horiek menderatzen dituela, eta herriei eta udalei bakarrik horien administrazioa eta gozamenaren zati bat laga zietela.

2.- “Guztien” jabetza Ondasun komunalen jabari zuzen hori, euskal probintzien dokumentazioaren arabera, ez dagokio kontzejuari erakunde gisa, bizilagun guztiei baizik, nahiz eta kolektiboki bizilagun horiei “kontzeju”, “toki” edo “auzotasun” jakin bat esleitu. “Komun” horri ezin diogunez pertsona juridiko jakina –organikoki osatutako entitate abstraktua–, esleitu, beste modu batez azaldu behar dugu talde batek ondasunen jabetza izatea. Horretarako, benetako garaian kokatu behar dugu, eta garaiaren testuinguruaren arabera, haiek ulertzen zuten “lurralde bati lotutako subjektu juridikoen batasunak” auzo-komunitatea osatzen zuela. Hasteko eta behin, subjektu juridikoen batasuna zen, ez baitzuten onartzen bazirela gizaki isolatu eta sozialki bereziak eta, beraz, pertsona baten identitateak ez zuen oinarri fisikoarekin zerikusirik, taldean okupatzen zuen egoerarekin baizik. Taldekideen egoeren ezaugarriak, gainontzekoekin konparatuz, eskubideen eta betebeharren arabera finkatzen ziren, hau da, subjektu juridikoak balira bezala. Talde oinarrizkoena eta lehena familia zen. Familian elkarrekin erlazionatutako subjektu juridikoak “gurasoak”, “seme-alabak”, etab. ziren. Familia-taldea auzo-taldearen oinarria da, 26


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ezen etxearen oinarri materialean eta familiaren gizarte-osagaiaren arabera eratzen baita auzokomunitatearen erlazio-sistema. Komunitate horretan parte hartzen dute eta berez dituzten eskubide guztietaz gozatzen dute bizilagun guztiek; eta bizilaguna familiaren etxearen jabea da. Beraz, familiako ondasunek beharreko aberastasuna sortzen dute ofizioak izateko, hau da, auzo-komunitatearen bizitza politikoan aktiboki parte hartzeko. Hori dela eta, doktrina juridikoak ez du jolas hutsa egiten esaten duenean ondo zuzendutako familia, politikoki antolatutako auzokomunitatearen benetako irudia dela. Bigarrenik, lurraldearekiko loturarik gabe ez dago komunitate politikorik. Bizilagunen arteko loturak ez dira zuzenean harreman pertsonaletan oinarritzen, lurraldearen arabera egituratzen dira; horrela bada, eremuak multzo bakarra osatzen du giza komunitatearekin eta bere ohiturekin. Hori dela eta, komunitate horretako kide izateko beharrezkoa da leku horretan bizitzea eta, askotan, Euskal Herrian eta Nafarroako zenbait lekutan gertatzen den moduan, horrez gain, harresi-barruko bizilagun izan behar ziren zenbait herri-eskubide izateko, bereziki politika eremuko eskubide batzuk. Lurraldeak subjektu politikoaren duintasuna du, eta egoera hori lortzen du Foruetan eta Erdi Aroko hiri-gutunetan onartzen denean mugatzen duen eremu hori jurisdikzio-eremu salbuetsia dela, hau da, botere autonomoko esfera duela. Atsegina denez, garai horretako doktrinak esan zuen lurraldea eta jurisdikzioa bata bestearekin lortzen zirela: iurisdictio cohaeret territorio. Hori dela eta, lurralde-banaketa ezinbesteko gai politikoa zen, lurraldeen arteko banaketa edo bereizketaren atzetik –lautadan hiribilduen sorrera eta garai modernoan mendeko herri bereizketa-, esfera politikoen bereizketa edo banaketa dator, botere autonomoen sorrera alegia. Beraz, komunitate eta bere lurraldea –jarraitzeko behar dituzten ondasunekin osatua–, banatu ezinezko bi elementu gisa agertzen dira; lehengo, oraingo eta geroko belaunaldiek osatzen duten “gorputz morala” da. Gorputz moral hori, aldi berean, ondasunen jabetzen titularra, communitas civium delakoari dakionez, eta horren aprobetxamenduaren onuraduna da. Historiografiak batzutan komuneko gauzen titularitatea zalantzan jartzen du eta bi arrazoimota ematen ditu. Nire ustez arrazoi horiek itxurazkoak dira soilik. Lehenengoa, batzutan udala soilik agertzen dela jabetzaren titular gisa eta, bigarrena, ondasun komunalak besterenezinak direla. Udalak komunalen antolaketari buruzko ekintzetan egile izendatu bada ere, horrek ez gaitu okertu behar, benetan bizilagun guztien jabetza baitira, bizilagunek erabaki baitituzte udalak egiten dituen ekintza horiek guztiak. Kontzeju irekia, hain zuzen, aro modernoko euskal eta nafar kontzejuei nortasun politikoa ematen dien oinarrizko ezaugarrietako bat da, bizilagun izateko baldintzekin, berezko entitate judiziala izatearekin, ofizioen izendapenarekin eta gaitasun politikoarekin batera. Ezaugarri horiek guztiak hobeto lotzen dira kontzejuen ohiko ordenuarekin, jatorrizkoarekin, ahozko igorpenekoarekin, idatziz jasotako ordenuarekin baino.

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Parte-hartzeko jatorrizko modu hori, bizilagun eskubidea duten guztiek osatutako asanblada orokorraren bidezkoa alegia, Antzinako Erregimenean iraun zuen nahiz eta lehen zuen garrantzia galdu zuen eta eskumenak, beste kontzeju organo murriztu batzuen onurarako, honako hauetara murriztu ziren: garrantzi bereziko gaietan edo ez ohiko gaietan erabakiak hartzea, horien artean komunalen aprobetxamendua, banaketa bidezko kontribuzioak, kargu publikoen hautaketa, ordenantzen onespena (ez beti) eta lehentasunezko artikulu batzuen prezioak finkatzea. Bizilagunek mendiak besterentzeko eskumenik ez izatea, “komuneko” jabetza osoko itxurazko mugaketa baino ez da, jabetzaren aurkakoa izan beharrean, jabetza indartzen baitu. Durkheimi jarraituz gero, besterenezintasunak pertsonen eta gauzen arteko batasun handiena irudikatzen du, horrela bada jabetzapena osoa eta behin betikoa izango baita. Kasu honetan subjektuaren eta subjektu horrek duen gauzaren arteko lotura inoiz baino indartsuago izango da eta, halaber, gizartearen gainontzeko subjektuen bazterketa zorrotzagoa izango da.

3.- Mendi-komunitateen berezitasuna Ohiko herri-jabetzarekin batera, komunitate bakarrari dagokiona, Euskal eta Nafarroako probintzietan oso zabalduta zegoen honako erregimena: mendien jabetza eta gozamena zenbait herrirena izatearena, eta mendi horiek erabiltzen zituzten herri partehartzaile gehienen boto eta iritziaren arabera. Herrien partaidetza kuantitatiboki ezberdina izan zitekeen, baino kualitatiboki berdinak ziren, herri batek ezin zuen zuzendaritzako edo guztion ordezkariaren funtzioa hartu. Eremuen arabera izen ezberdina dute, baina izaera juridikoa mendi Komunitateena, eta organikoki kudeatzeko berezko organoak dituzten eta ez dituztenen arteko banaketa egin dezakegu. Honako hauek dira zatitugabeko komunitateen berezitasun garrantzitsuenak: antzinatasuna, jatorria oso aspaldikoa baita, eta aprobetxamenduaren inguruko arazoak aspaldi agertzen direla, behintzat XVI. mendetik aurrera. Arazo horiek konkordien bidez edo justiziari zatitugabekoa jabetzen banaketari buruzko epaia emateko eskatuz. Askotan ez zen zatitugabeko jabetza osoa banatzen, gatazkaren xedeko mendiak banatzen ziren soilik. Partzuergoak, aldiz, garai nahiko modernoan eratzen dira, Eri Aroaren amaieran alegia, komunitate bizilagun batzuen transakzio eta akordioen ondorioz.

4.- Jabaria eskuratzea Auzo-komunitateak komunalen jabaria zuela esaterakoan, horren defentsa juridikoaren justifikazioa, hau da, eskuraketaren legitimazioa egin beharra dugu.

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Doktrina juridikoak jabaria eskuratzeko sei modu daudela esaten du: traditio, constituto possessorio, onarpena, erauzketa, okupazioa eta usukapioa. Lehenengo bostak jabetza zuzena onartzen eta aurreikusten badute ere (enfiteusidunaren, lurrazal-eskubidendunaren, gozameneskubidea duenaren, basailuaren eta erabiltzailearen jabetza), usukazioa, jabariaren preskripzioa lortu nahi duenarena, jabari zuzenaren aurkakoa da. Erosketa-titulua alde batera utzita, zenbait mendi-komunitatek egin duten moduan, kontzejuak komunalen jabetza eskubidea zalantzarik gabeko eskubide hori egikaritzeko iraunkortasunean oinarritzen dute, hau da, usukapioan, betiere garaian zuen esanahi bikoitzarekin: jabetza erabilgarriaren defentsari eta, batez ere, zuzenekoaren defentsari dagokionez. Ikus ditzagun epaitegien aurrean erabilitako zenbait argudio. Hasteko eta behin, mendiak eta lugorriak haienak dira haiek modu guztietan erabiltzen dituztelako; hau da, ez dute soilik aprobetxamendu hutsa egiten, jabariaren ekintza “guztiak” egiten dituzte: aprobetxamenduak kanpoko pertsonei saltzea, bizilagunen artean mendi-zaindariak izendatzea, harrapatu eta diruzko zigorrak jartzea kontzejuaren baimenik gabe mendietaz eta bazketaz aprobetxatu direnei, eta baimenak ematea eraikitzeko, karea egiteko edo luberritzeko. Nafarroako iturrietatik hartutako testu historiko batek horixe adierazten du, 1440an Baztan Ibarraren Sententziak Nafarroako Errege-ondarearen auzia dela eta: mendi eta lugorri komunei buruzko edukitza-informazioa eta luberri eta itxierari buruzko espedientea, Iruñea, 1869: ..eta arbasoek bere garaian eta gaur egun eraiki egin dute, eraikuntzak agindu dituzte y landatzeaz eta ereitez edo luberritzeaz gozatu dute dagokien eremuetan; eta hartu, jaso, ustiatu, gozatu eta aprobetxatu dituzte Jainkoak emandako fruituak, egurra egin dute, zuhaitzak moztu dituzte etxeak eta beste eraikin batzuk egiteko... eta atzerritarren zein tornularien arbak saldu dituzte “ (5-37. orri). Bigarrenik, eta legitimitate gehiagoko edo gutxiagoko jatorrien auzian sartu gabe, mendiak haienak dira mendi horiek oso aspalditik erabili dituztelako eta jabari-ekintzak egin dituztelako mendeetan eta inolako etenik gabe: bai modu baketsuan, Erregea edo jaunak horregatik arduratu gabe, bai judizialki eskubide hobea onartu ez badiete ere mendi horiek erabiliz: ...jabetza eta ondasunak preskribitutako denboran... eta batez ere haien arretarekin... ehun urte bete eta gizonen oroimena ez da horren aurkakoa eta preskripzio hori bete beharko du. Beraz, etengabeko jabetza luzeak, modu nabarmenean eta fede onarekin, eta horrek esan nahi du jabeari kalterik egiteko kontzientziarik gabekoa eta kontraesanik gabekoa dela. Hementxe preskripzioetako bat erabiltzen da: oso aspaldikoa izatea alegia, Zuzenbide komuneko juristek egindako doktrina-eraren arabera sortutakoa. Preskripzio horren ezaugarri garrantzitsuena

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“igaro den denbora” da, eta horrek sortzen du denboran luzatu den eta besteen kontzientzian behin betikotzat finkatu den egoera batekin bat etortzeko beharra. Oinarrizko faktore horretatik oso aspaldiko preskripzioaren baldintzak eta frogak ondorioztatzen dira. Horien bi baldintzak ondo baino hobeto egokitzen dira Erdi Arokoari dagokion kontsebadurismoan, garai horretan antzina gauzekiko eta gehiengoaren iritziarekiko errespetua dogma baitziren: antzinako gauzak, hau da gauza horien sorrera gogoratzen ez denean, eta uste izatea gauzen baldintza jakin bat zuzenbidearen araberakoa dela aspalditik guztiek errespetatu dutelako. Oso aspaldiko gauza hori bi elementu horietan, antzinako gauzetan eta uste orokorrean, oinarria izan dezan, ahoz probatu behar da behintzat 54 urtetik gorako lekukoekin. Adin hori ez zuten arbitrarioki aukeratu, mende bat atzera egin zezaketen lekukoak behar zituztelako finkatu zuten: pubertaroa formalki 14 urteko adinarekin zutela kontuan izanik, 54 urteko lekukoak 40 urteko epea gogoratu zezakeen, gainera beste 40 urte adineko pertsonen bidez ezagutu zezaketen eta beste 40 urte adineko horiek aurrekoei entzundakoaren bidez. Guztira 100 urte, antzinako gauzen preskripzio epea alegia. Horrela bada, lortutako komunalen jabetza justifikatzeko, titulua ezaren arazoa konpontzeko erabiltzen den teknika juridikoa erabiliko da; horren bitartez, legez preskribitu ezinezkoa preskripzio bidez eskuratzea justifikatu ahal izango da, kasu honetan, jatorriz erregeak zuzenean zituen mendiak eta lugorriak. Oso aspaldiko preskripzioak usukapioaren derrigorrezko baldintza guztiak (bat izan ezik) bete zitzakeen. Fede ona, ustezkoa baita beti eta txarra dela esaten duenari dagokiolako fede txar hori egiaztatzea; gauzaren tradizioa, bakarrik eskatzen duelako tradizio hori agintzen duenaren esku egotea; eta etengabeko jabetza, esanahi bikoitzarekin, denbora igarotzearen eta derrigorrezko izateko jarraikortasunaren esanahia. Baina, jabetzaren ezaugarriak direla-eta, ezin da titulu justua eskuratu esaten badu egungo jabea aurrekoari kalte egin gabe agertu dela. Gabezi hori fictio iuris delakoaren, hau da, izatearen susmoaren bidez gainditzen da, baina ezin bada itxurazko titulu hori definitu, pribilegio, dohaintza edo erosketa dela ematen du. Horri esker, oso aspaldikoaren bitartez ea quae alios sua natura non sunt praescriptibilia, hau da, edozein eskubide –bai eskubide publikoak, bereziki Enperadoreari eta Aita Santuari dagozkionak (vectigalia, gezurrezkoak legitimatu, ospea ordezkatu), bai eskubide pribatuak– lor daiteke. Horrek esan nahi du legez gauzak preskribiezinak direla esaterakoan, preskribiezintasunak ez du oso aspaldikoan eraginik, eta doktrina horrekin bat dator, gizon askea baino ez baitu libratzen. Laburbilduz, gezurrezko titulua definitu ez dutenez, horrek zenbait gauzak eskuratzeko aukera ematen du; nahiz eta gauza horiek preskripzio bidez eskuratu ezin, beste bide batzuen bitartez eskuratu daitezke, adibidez, lurrak lagatzeko ustezko errege-pribilegio bidez.

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III.- ERREGEAREN ESKU-HARTZEA Komunalen antolamendu osoa bizilagun guztiei baldin badagokie eta Erregeak babesteko ekintza hutsa baino ez badu, galdetu beharko genuke babesteko ekintza horren arrazoiari, edukiari eta denboraren poderioz berdin jarraitu edo aldatzeari buruz.

1.- Kontzejuen autonomia eta errege-babesa. Aitzinako erregimenaren edo foru-erregimenaren Kontzejuaren eta erregearen arteko harremana ulertzeko, testuinguru egokian kokatu behar ditugu. Castillo de Bovadillaren jakituriara joko dugu berriz ere, hark honakoa esaten baitu: Horrela bada, Printzea Errepublikaren aita, buru eta tutorea denez eta Jurisdikzioaren Jauna denez, Erromatar herriak harengana igorri baitzituen haren gaitasun guztiak beste kapitulu batzuetan esan bezala, eta Errepublikaren senarra denez, eta ezkontzaren alde egin behar du eta kargak bere gain hartu beharko ditu, ondasunak eman behar dizkiete eta administrazioz jabetu: horrela bada, berari dagokio, errege-ezaugarrien arabera, kideak gobernatzea, hornitzea eta ikustea kideak eta emazte eta ardurapekoa nola mantentzen, nola gastatzen eta jakinarazten duen, horren administratzailea baita. (Ibid.) “Errepublikaren” termino orokor horretan, zeinaren bidez doktrinazko eta arauzko testuetan garaiko sare politiko eta juridikoan erakundeak zuen funtzioa ondo ulertzeko abiapuntua izendatzen zuten, kontzeptualki esan nahi du ez dela hierarkia-piramidearen oinarrian eta piramide horren buruaren pean dagoen erakundea –ondoren garatuko da kontzepzio hori–, baizik eta bere ordenu juridikoarekin bat etorriz arautzen den gorputz politikoa dela. Baina kontzejuen autonomia hori ez da berezia, entitateei zegozkien testuinguru zabalagoan kokatzen da. Garaiko zuzenbide naturalak, zuzenbide positiboan zehaztu eta horretan legitimatzen denak, unibertsoaren ordenua ordezkatzen du: talde osoan duten garrantziaren arabera mailakatutako organoen gorputza da, eta talde horretan bakoitzak bere funtzioa du; hori dela eta, organo bakoitzak hari dagokion funtzioa gauzatzeko beharrezko autonomia izan behar du, eta buruaren funtzioa gorputzaren batasuna eta kide guztien armonia mantentzea da. Garaiko eremu politikoaren arabera, horrek esan nahi du erregea gizartearen egituraren entitate guztien burua dela, eta bere eginbeharra entitate horien intereseko esferen artean sor daitezkeen gatazkak konpontzea da (horregatik botere mugatua du, eta kasu jakin batzuetan eta tasatutako prozeduren bitartez baino ezin du gauzen ordenu naturala urratu potestas extraordinaria edo ahalmen berezien bidez). 31


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Lurraldearen ikuspuntutik, zentro politikoaren funtzioa ez da zuzeneko administrazioa, errepubliken kontrola eta zuzendaritza baizik; hori dela eta, errepublika horiek beharrezko autonomia izan behar dute gizartea zuzentzen duen ordenu naturala gauzatu eta gordetzeko, hau da, jurisdikzioa egikaritu ahal izateko. Jurisdikzio horrek, aipatutako garaian, hiru ahalmen zituen: ohiturak agerian uzten dituen arauen araberako lege eta estatutuak egitea, magistraturak eratzea eta ordenu naturalaren arabera epaitzea, ez modu abstraktuan, ohituren, pribilejioen eta Zuzenbideak babestutako beste egoera batzuen arabera zehatutako moduan baizik. Testuinguru horretan, erregearen besterentzeko baimenak zentzu osoa du. Nahiz eta Kontzejuek, komunalei buruzko antolamendu-ekintzak egiten dituztenean, ez uste ekintza horiek egiten dituztela titular legitimoak, erregeak edo jaunak, utzitako edo baimendutako eskubide batetaz gozatzen dutelako, baizik eta beren eskubidea egikaritzen dutelako, pertsona moralak direnez erregearen babespean daude, jurisdikzioaren jauna delako eta, beraz, negozio juridiko jakin batzuk egiteko, adibidez, ondasunak besterentzeko, haren baimena behar dute. Erregearen baimenaren bidez besterenezintasuna apurtzea, beraz, ez du zerikusirik erregeak herriondasun horien jabea izatearekin, taldearen tutore gisa duen funtzioaren pean baitago. Baimen hori ez da jabearen ezaugarria, jurisdikzioaren jauna den pertsonarena baizik.

2.- XVIII. mendetik aurrerako bilakaera Estatu Modernoaren proiektua garatzen den ahala, zentralizatutako lurralde-administrazioa nagusitzen da; eraginkortasun gehiago edo gutxiago izango du, baina kontzejuen betiko autonomian eragina izango du administrazio horrek. XVIII. mendetik aurrera komunalen jatorriari buruzko eztabaidak agertzen dira, monarkia absolutuaren finantza-beharrekin lotuta beti. Erregeen nahien euskarri diren herri-jabegoaren titularitateari buruzko argudio juridikoek, une horretara arte erabilitako oso bestelako oinarrizko kontzepzio batzuk erabiltzen dituzte. Honako hauek interesatzen zaizkigu, oinarrizkoak baitira: jabetzarena eta kontzejuarena. Haiek erabiltzen duten Jabetzaren kontzeptua “norberaren jabetza” kontzeptua da (Grossik erabilitako terminologiaren arabera), hau da, jabetza pertsonala, gizaki bakoitzari dagokiona, erromatar aztarnarik duen kultura liberal bati dagokiona. “Norberaren jabetza” hori, neurri batean, ordezkatzen duen jabetzaren, “jabetza funtzioaren”, antitesia da; “jabetza funtzio” hori taldea nagusitzen duen balore-sistemari dagokio, eta gizakiak eta beren helburuak talde horren menpe egongo dira; sistema horretan, gainera, subjektiboa objektiboaren gainetik dago, hau da, gauzen izaera ekonomikoa, horien xedea, funtzionalitatea. Kontzejuaz duten kontzepzioari dagokionez, ohiko “errepublika” menpeko toki entitate bihurtu da; horrek esan nahi du kontzejutik –auzo-komunitatearen adierazpen edo ekintza-organo gisa ikusita–, udalerrira pasatu dela, eta udalerria banatutako entitate garrantzitsutzat hartzen da.

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Oinarrizko egoera teoriko horrek, praktikan erregea bultzatuko zuen lugorriak saltzera. Besterenezintasunari buruz indarrean zeuden debekuen aurka eginez, 1737 eta 1738an bi erregedekretu bidez erreinuaren lugorri guztiak saltzeko agintzen zuten; erregeak egoera hori justifikatu zuen esanez kontzejuek eta partikularrek usurpatutako errege-lurrak zirela. Erregeak ordura arte ezagutzen ez zen mailan jokatzen zuenez, protesta ugari suertatu ziren. Nafarroan egindakoa baino ez dugu aztertuko. Nafarroako Gorteak 1738ko Errege-zedularen aurka egin zuten, erreinuko lugorri edo herri-lur guztiak ezberdintzen eta legitimatzen zituen erabakiaren aurka alegia. Erabaki horrek dio foru-unibertsotik kanpo dauden kontzepzio berrien aurrean mendeko ohitura dagoela. Kontzejuen jabetzako eta erregearen jabetzako mendien arteko bereizketa eginez hasten da: Erreinu honetan bi lugorri mota daude; tokien mugarrien barruan daudenak; eta Erregemendiak deitutakoak, erregearen jabetzakoak. Bigarrenik, zenbait arrazoi ematen ditu herriek udalerri barruko lur publikoetan duten jabetza justifikatzeko, bai jabariari dagokionez, bai ondasunei dagokionez. Oso aspaldiko preskripzioa eta foru iraunaldia topatzen dugu puntu horretan: ...oso aspaldiko ondasun baketsua, Zergadun, Ondarezko, Jasotzaile eta Errege-ogasunaren gainontzeko ministroek ikusita eta horien guztien tolerantziarekin, adierazitako lur horietan urgentzia handia dela medio inolako interesik izan gabe, eta Errege Ondarearen usurpazioa gertatu dela esan gabe. ...Erreinu honi bere Foruak, Legeak eta Ordenantzak eta erabilerak, ohiturak, zabaltasunak, salbuespenak eta askatasunak gordetzeko errege-juramentuaren ondorioz Erreinuko herri horiek jarraitu behar dutela orain arte bezala, adierazitako lurretan egin duten erabilerekin, aprobetxamenduekin eta jabariarekin, eta horiek gabe ezinezkoa dela haien mantenua. Erabakiaren amaieran lugorri errealengoen ondare-masari buruz hitz egin da, eta erabileraren araberako bereizketa sartu du erabaki horrek: errealengo arruntak eta errealengoak besterik gabe. Errealengoak besterik gabe, herri-aprobetxamendurik gabekoak, Pirinioetako eremuan eskuraketa ezberdinen bidez lortutako zenbait mendi ziren (“Erreguerena”, “Legua Acotada”, eta “Aezcoa” izeneko mendiak). Errege-ondareak mendi horiek lortu zituen zenbait unetan, XVI. mendetik aurrera, Eugi eta Orbaizetako burdin fabriketarako behar zituzten energia-iturriak ziurtatzeko. Horrela bada, 1775ean partikular bati “Erreguerena” erosi zion, eta 1784an Aezkoako bizilagunek burdin fabrika jartzeko lokala eta fabrika mantentzeko mendiak laga zizkioten.

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Behintzat kasu batean, “Legua Acotada” izenekoan, erregeak ez zuen jabetza hori lortu, erabiltzeko eta horretaz baliatzeko eskubidea baino ez zuen. Errealengo arruntak izenekoak, Andia, Entzia eta Urbasa mendietan ziren, baita horregatik Errege-Bardenak izenarekin ezagutzen dugun eremuan ere. Mendi horiek Nafarroako Erregeenak baziren ere, erreinuko bizilagunek taldeka erabiltzeko eskubidea zuten. Herri-zortasun handiak zituzten (larreak, ura, zurak), eta gehienetan erregeak herriei garai ezberdinetan eta titulu ezberdinengatik lagatakoak ziren: konkistatu berriko hiribildu mugakideetara biztanleak erakartzeko, gerra- edo fideltasun-zerbitzuak saritzeko, gastu bereziei aurre egiteko emandako diruaren trukeko ordainak eta pribilegio berezi, ohitura edo sententzien ondoriozko lagapenak. Zenbait kasutan bizilagunen eskubideak mendietako herri mugakideetara mugatzen ziren, baina beste batzuetan besteren lekuetara zabaltzen ziren. Erabilera arrunteko errege-mendi horiengatik, ordainduz, Koroarekin zenbait konpromiso hartu ziren 1688an eta 1705ean, eta konpromiso horiek bizilagunei bermatzen zieten jarraitzen zutela modu baketsuan horien jabetza izaten: ...ezingo da eta ez da salmentarik edo besterentzerik egingo, oso aspalditik duten gozatzeko jabetza betiko jarraitu eta zaindu beharko da.

IV.- KOMUNALEN NARRIADURA Komunalei buruzko jabetzarekin lotura duen gaia ondokoa da: haien oinarrizko xedea (guztion probetxurako ondasunak izatearena) behin eta berriz urratzen dute, eta xede horrek komunal horien jatorria bera justifikatzen du. Hori dela eta, komunal horiek narriatzen direla esan dezakegu. Prozesu hori, lugorrien salmentekin eta desamortizazioekin goreneko mailara heldu bazen ere, XV. mendetik aurrera gero eta nabarmenago izan zen, aprobetxamenduen erregimenari eta izaera juridikoaren aldaketei dagokienez. Aldaketa horien guztien helburu zuzena edo ez zuzena emaitza bera lortzea zen: guztiontzat ziren baliabide naturalak era pribatuan erabiltzea. Dena dela, pribatizazio horren ezaugarriak eta baldintzak ezberdinak dira kontzejuen ekimenez edo partikularren ekimenez egiten bada.

1.- Kontzejuen ekimenezko pribatizatze-prozedura Komunalen aprobetxamenduen erregimen-aldaketak, kolektibo izatetik banakako izaterako aldaketak, izaera juridikoa aldatu gabe, normalean bi eratan egiten ziren. Hasteko eta behin, 34


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senipartearen ondorio bidez, aldez aurretik Erregearen baimena izanik, guztion erabilerako ondasunak baten ondasun bihurtzen ziren, eta modu pribatuan ustiatzen hasiko ziren enkante edo beste prozedura bidez. Bigarrenik, kontzertu edo ordenantza bidez bizilagunen eskubide kolektiboak murrizten zituzten kontzejuek komunal batzuk banakako erabilerarako uzterakoan: lurren aprobetxamendua luberritzeko baimenen bidez, edo mendi jakin batzuen zura edo agurraren aprobetxamendua burdinoletarako edo ontzien eraikuntzarako erreserbatzen zutenean. Horiek guztiak hitzartutako pribatizazioak dira, erregeak edo kontzejuen gobernuorganoak onartuak eta haien kontrolpekoak. Muga jakin batzuk dituzte, bai kontzejuaren berariazko zereginen ondoriozkoak, norberarenak komunalen alde handitzeko beharra sinesgarriro justifikatzen dituztenak, bai gehienezko denboraren eta banakako ustiaketaren eta okupazioaren baldintzen ondoriozkoak. Eta beti, kasu batzuetan izan ezik, udalerriarentzat ekarpen ekonomikoa dakar, handiagoa edo txikiagoa, eta horrek eragin ez zuzena du herrikomunitatearen alde. Beste gauza bat da aprobetxamendua besterendu beharrean, ondasuna bera besterentzea, eta horren ondorioz jabetzaren titularra aldatuko litzateke. Salmenta batzuk “betiko” egiten ziren, erosleen alde egindako salmenta iraunkorrak ziren, eta Kontzejuak ez zuen saldutako azalera berriz eskuratzeko aukerarik. Baina salmenta gehienak behin behingoak izan ziren, eta Kontzejuak “grazia-karta” gordetzen zuen. “Grazia-kartan epe jakin bat jartzen zuten, eta epe horretan kontzejua jabetza eskuratu ahal izango zuen aldez aurretik ordaindutako dirua emanez gero. Batzutan udalerriek saldutako eremu horietan zenbait erabilera-eskubide gordetzen zituzten, batez ere bazka-eskubidea, eta kasu horretan saltzaileak ezin zituen eskuratutako lursailak hesitu. Udal-arken defizit-egoera endemikoa dela-eta, kontzejuek oso gutxitan zuten besterendutako ondasunak berreskuratzeko aukera, batez ere salmentaren zenbatekoari ondoren egindako hobekuntzak gehitu behar zizkiotenean. Besterentzeko beste modalitate bat, maizago egiten zena, zentsuen eraketaren bidez egiten zen. Horiei esker kontzejuek kreditu-eragiketa nahiko handiak egin zitzaketen, eta ordaina komunalen bidez ziurtatzen zuten. Diruz jasotako kapital nagusia edo kreditu horien korrituak itzuli ezin zutenean, kontzejuek jabetza batzuk galtzen zituzten, balioaren arabera fidantza moduan emandakoak alegia. Zentsu horiek egiten ziren Kontzejuek kopuru handi batzuk behar zituztelako, eta gainera askotan kopuru horiek epe motz eta finkoan itzuli behar zituzten. Batez ere bi egoera berezi hauei erantzuteko dira: pribilegioak erosteko eta erregeak emandako zerbitzuak. Hori dela eta, erregeak erraz ematen zuen besterentzeko baimena, eta batez ere XVII. mendean izenpetu ziren baimen horiek.

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Izaera legitimoa dela-eta, orain arte azaldutako besterentzeen agiriak topatzea erreza bada ere, jendaurrean egiten direlako, egoera oso bestelakoa da kontzejuek legez kontra egindako besterentzeen kasuan. Salbuespen moduan, horien berri izango dugu erreklamazioren bat egin denean. Beraz, ezin dugu esan orokorrean gutxiagotan edo maitasun txikiagorekin gertatzen zirenik eta komunalenganako eragina txikiagoa zutenik. Agian guztiz kontrakoa gertatzen zen, baina datu gutxiago ditugunez, besterentze horien arrazoi, egoera eta moduei buruzko azalpena ahulagoa eta osatugabea da, eta horregatik, legezko besterentzeen aldean, legez kontrakoak gutxiago direla ematen du. Kontzejuek bi modutan saihestuko dute derrigorrezko errege-baimena: ondasuna besterenduz eta horren aprobetxamendua besterenduz. Lehenengo kasuaren arabera, usurpazioa egiten da jabetzaren titularra betiko aldatzen dutelako, kontzejutik pertsona pribatu batengana pasatuko da jabetza hori; bigarren kasuan, aldiz, herri-komunitateak erabilera-eskubidea denbora batez igorriko dio partikular jakin bati. Beti ez da erraza bata eta beste bereiztea, bigarren kasutik lehenengora joateko joera handia baitago; baina orduan usurpazioaren eragilea ez da kontzejua izango, aprobetxamenduaren bizilagun onuraduna baizik; baina hori ez da hemen aztertu beharreko gaia. Urteko kontuak zehaztasun eskasarekin egiten direnez, Legez kontrako besterentze horiek egitea errazagoa da, eta salatzea, berriz, zailagoa. Edozein modutan ere, ez du ematen garrantzitsuak direnik, herri-lurretatik edo hiribilduetatik hurbileko lurretatik banandutako lurrazal txikiak izaten zirelako, eta ereiteko lur eta baserriak edo baso txikiak jartzeko lursail bihurtuko ziren. Askoz gehiago izan ziren, zalantzarik gabe, erabiltzeko eskubideak besterentzeko usurpazioak. Beste arrazoi batzuen artean, usurpazio horien arrazoiak interes partikularra gainditzen duelako, eta interes orokorrean eragina ez duenean, behitzat badu gizartearen sektore handi batean. Kontuan izan behar dugu oinarrian mendi jakin batzuen zuhaitzen mozketaren aprobetxamendua saltzen dela burdinolen sutegietan erabiltzeko. Burdinolak jarri zuten lekuetan, burdinola horiek jarduera ekonomikoaren oinarri bihurtu ziren, eta biztanle asko eta asko, zuzenean edo ez, eta batez ere jabeak, horien funtzionamendu egokiaren menpe zeuden. Jabe horiek gizarte-talde nagusian agertzen ziren. Bestalde, salmenta horiek Udalerrian etekin handia sortzen zuten; beraz, kasu honetan zentsuen funtzio bera izaten zuten. Hau da, zentsuetan bezala, burdinolak erabiltzen ziren zenbait gastu ďŹ nantzatzeko, bestela gastu horiek bakoitzaren diruaz ďŹ nantzatu beharko zituzten eta gizarte-talde nagusi hori kaltetuena aterako litzateke. Baina, modu honetan, talde nagusi hori onuradun nagusia da usurpazioarekin. Herria izango da usurpazio horren biktima, mendi batzuk erabiltzeko eskubidea galduko baitu. 36


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2.- Bizilagunen usurpazioak Bizilagunen ekimenez komunalak pribatizatzea, usurpazioa litzateke. Hasteko eta behin komunalak desnaturalizatuko dituzte, horretaz baliatzeko aukera pribatizatuz; ondoren ondasuna betiko bihurtzeko joera izango dute eta jabetza bihurtzen saiatzen dira, eta prozesua osatuko da jabetze hori finkatu eta legitimatzen denen, normalean preskripzioari esker. Egia esanda, kontzejuek jartzen zuten abian, luberritzeko baimenen bidez, preskripzioa ekar zezakeen prozesua, nahiz eta gero bizilagunek edo baimenik gabe usurpazioaren bidez lurrak okupatzen zituzten beste batzuek iruzurrezko ekintzak egin. Baimenak emateko, erabiltzaileak onartu behar zuen landatutako lurrak herri-jabetza zirela, baina lagatzearen inguruko egoerek zein luberritzearen ezaugarriek sortzen dute usurpazioa. Onarpen hori batzutan notario-eskritura beten bidez jaso eta iraunarazi behar bazuten ere, normalean nahikoa zen kontzejuen liburuetan jasotzea zenbateko azalera landatu behar zuten, eta askotan ez zuten idatziz jasotzen, hitzez soilik. Zenbait kasutan askotan prozesua nahita luzatzen zuten eta azkenean ez zuten eskriturarik egiten, beste batzutan hitzezko kontratuaren txostena galtzen zuten, eta beste zenbaitetan, askotan luberrituko lursailaren kokapena eta mugak zehazten ez zituztenez, erregistroa eginda zutela ahazten zuten hainbeste akten artean. Gainera baimenak epe luzerako ematen ziren: batzutan “lurra nekatu arte”, beste batzutan ez zuten mugarik jartzen edo betiko luzatzen zen. Berezitasun horien guztien babespean, onuradunak, alde bakarrez, baimenaren bidez ordezkatutako lotura juridikoa berritzen du, eta ondorioz askotan luberritutako lursaila herriarena dela ahazten du. Askotan lursailaren kanpoaldean zenbait seinale jartzen ditu, adibidez hesi edo harrizko murruekin ixten dute, palaxuak jarri beharrean, eta fruta-arbolak landatzen dituzte; horrek guztiak lurraren jabe direla adierazten du.

V.- ONDORIOA Herri-mendien azalpena ulertzeko berriz aztertu beharko dugu Ortiz de Záratek orrialde hauen hasieran adierazitakoa; hau da, garai horretan Arabako mendien izaera juridikoaren –herriek baitzuten mendi horien jabari, jabetza eta kudeaketa–, eta Gaztelako mendien arteko desberdintasuna. Azken horiek Gaztelakoak ziren, eta horregatik besterentzeko aukera zuten. Foralistek argi eta garbi zuten desberdintasun hori, eta herrietan eta bizilagunen artean sustraitutako betiko ohitura jasotzerakoan ikusten zuten zer nolako aldaketa garrantzitsu ematen ziren XVIII. mendetik aurrera jabetza kolektiboan eta Estatuko administrazioan. Kontzeptu-aldaketa hori baino lehen, jabarian ez zegoen horrelako desberdintasunik, eta herri-mendien aurrerakin historikoek eta juridikoek testuinguru bakarra aurkezten dute, Europako 37


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Erdi Aroko zuzenbide arrunta eta modernoaren kulturari dagokiona. Berezitasuna ez da horren edukia, iraunkortasun horren errealitatea baizik, eta iraunkortasun hori igortzen digu Ortiz de Záratek. Jabetza zuzen eta erabilgarriaren kontzepzioaren iraunkortasuna; hau da, bizilagunek elkarrekin jabariaren titularrak dira, ez pertsona juridiko gisa, “lurralde bati lotutako subjektu juridikoen batasunez” osatutako herri-komunitate gisa baizik; lehengo, oraingo eta etorkizuneko belaunaldiek osatzen dute gorputz moral hori. Jabetza horren defentsa juridikoaren arazo nagusia eskuraketaren legitimitatea da. Arazo hori epaitegietan konpontzen dute oso aspaldiko preskripzioaren bidez, beraz pasatako denbora dela-eta onartu behar da behintzat ehun urtez luzatu den eta gainontzekoen kontzientzian behin betikotzat hartzen den egoera. Erreinuaren lurralde-antolaketaren ikuspuntutik, herri-komunitateak mendietan duen erabilera librea, kontzejuari egitura politiko eta juridikoan dagokion funtzioaren bidez azaltzen da, “errepublika” (hitz horrekin izendatzen zuten garaiko testuetan) ez baitzen hierarkia-piramidearen oinarrian eta buruaren menpe dagoen erakundea, baizik eta berezko ordenu juridikoaren arabera arautzen den gorputza. Hori dela eta, zentro politikoaren funtzioa ez da administrazio zuzena, inguruko entitateen kontrol eta zuzendari hutsa baizik. Funtzio horrek ez dio legitimitaterik ematen lugorriak saltzeko edo desamortizazioak egiteko. Hala ere lugorriak saldu eta desamortizazioak egin zituzten, eta desamortizazioak XV. mendetik aurrera erritmo bizian garatutako prozesuaren goreneko puntu izan ziren, aprobetxamenduen erregimenak aldatu zituztelako eta, gainera, herri-mendien izaera juridikoa aldatu zutelako. Kontzejuen zein partikularren ekimenez egindako aldaketa horien guztien helburu zuzena edo ez zuzena emaitza bera lortzea zen: guztiontzat ziren baliabide naturalak era pribatuan erabiltzea.

VI.- BIBLIOGRAFIA-OHARRA ABELLÁ Y GARCÍA DE EULATE, A.: Ordenanzas de buen gobierno de los concejos de Álava, VitoriaGasteiz, 1985, Arabako Foru Aldundia ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Historia de la propiedad comunal, A. Nietoren “Aurretiazko Azterketarekin”, Madril, 1981 (1. edizioa, 1890) BAUER MENDERSCHEID, E.: Los montes de España en la Historia, M.A.P.A., Madril, 1980 BOURJOL, Maurice: Les biens communaux: voyage au centre de la propriété collective, París, 1989 38


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MENDIEI BURUZKO OINARRIZKO LEGEAK; ARAUZKO AURRERAKINAK ETA ESKUMENAK MENDIEN ERREGIMEN JURIDIKOA: ARAUZKO AURRERAKINAK ETA 43/2003 LEGEAREN, 10/2006 LEGEAREN BIDEZ BERRITUTAKOAREN, SISTEMA Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ. Madrilgo Asanbladako Abokatua. Madrilgo Carlos III Unbertsitateko Administrazio-zuzenbideko Irakasle Elkartua.


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Aurkibidea.- I.— ATARIKOA: GARAPEN IRAUNKORRERAKO BASO-AZALERAK BABESTEKO BEHARRA. II.— ESPAINIAN BASO-ONDAREA BABESTEN DUEN LEGERIA. II.1.— Baso-arauen bilakaera: bilakaera eratzen duten bost urratsak. II.2.— Aurrerakin historikoak eta arauemaileak 1957ko Mendiei buruzko Legera arte. II.2.A).— Lehen urratsa: arau-abstentzioa (XI. mendera arte). II.2.B).— Bigarren urratsa: polizia administratiboa; “Austriak” eta “Borbondarrak” (XI. mendetik XIX. mendera). II.2.C).— Hirugarren urratsa: baso-politikaren hastapenak; polizia eta sustapena (XIX. mendetik 1957ra). II.3.— 1957ko ekainaren 8ko Mendiei buruzko Legea eta horren Erregelamendua. II.3.A).— Baso-kode berria. II.3.B).— Sistema definitzeko elementu batzuk. II.4.— 1978ko Konstituzioak indarrean sartzean izandako eragina: ingurumenaren lehentasuna. II.5.— Konstituzioak gaiari buruzko eskumenak nola banatzen dituen. II.6.— Indarrean dugun Zuzenbide positiboa: Estatuaren oinarrizko legeak eta erkidegoen arauak. II.7.— Erregimen Bereziak. II.7.A).— Legearen aurrean “Administrazio Publiko eskudunak” kalifikatzea. II.7.B).— Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Organoen berezko eskumenak, arauzkoak zein betearazleak. II.7.B).i— Mendiei buruzko eskumenak eta mendiak arautzeko arauak bere gain hartzea. II.7.B).ii— Arabako Lurralde Historikoko Mendiak arautzen dituen Foru Araua. II.7.C).— Erregelamendu-ahalmenak Ceutan eta Melillan. II.7.D).— baso-politika gauzatzeko eskumena Kanarietako Autonomia Erkidegoaren Irletako Kabildoen alde eskualdatzea. III.— MENDIEI BURUZKO AZAROAREN 21EKO 43/2003 LEGEA, APIRILAREN 28KO 10/2006 LEGEAREN BIDEZ ALDATUTAKOA. III.1.— Mendiei buruzko 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa. III.1.A).— Indarrean sartzea eta jatorrizko 43/2003 Legearen testuaren indargabetze-klausula. III.1.B).— 2003ko azaroaren 21eko Legearen egitura. III.1.C).— Izaera arauemailea: Estatuko oinarrizko legeria. III.2.— 10/2006 Legearen, apirilaren 28koaren, bidez egindako erreforma garrantzitsua. III.2.A).— 43/2003 Legetik eragindako artikuluen eta xedapenen xehetasuna. III.2.B).— Natura-ondarerako Fondoa. III.2.C).— Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoa arautzen duen 50/1981 Legearen, abenduaren 30ekoaren, erreforma. III.3.— Indarrean dagoen Mendiei buruzko Legearen araudi-edukia. III.3.A).— Legearen xedea eta oinarriak. III.3.B).— Xedapen orokorrak: “mendi” kontzeptua. III.3.B).i.— Xedea, aplikazio-eremua, oinarriak eta gizarte-funtzioa. III.3.B).ii.— “Mendi” kontzeptua. III.3.B).iii.— Legean erabilitako hitzen definizioa. III.3.C).— Administrazio Publikoen eskumenak. III.3.C).i.— Eskumen-mugaketaren oinarri orokorrak. III.3.C).ii.— Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenak. III.3.C).iii.— Basoen eremuan ad hoc sortutako organoak: Ingurumeneko Batzar Sektoriala eta Basoen Kontseilu Nazionala. III.3.C).iv.— Autonomia Erkidegoen eskumenak. III.3.C).v.— Toki Entitateen eskumenak. II.3.D).— Mendien sailkapena eta araubide juridikoa. III.3.D).i.— Tipologia-irizpideak. III.3.D).ii.— Mendi publikoak: jabari publikokoak eta ondarezkoak. III.3.D).iii.— Mendi pribatuak. III.3.D).iv.— Mendi babesleak eta babesteko beste eredu batzuk dituztenak. III.3.D).v.— Lehentasunez eskuratzeko eskubidea eta baso-jarduketarako unitaterik txikienak. III.3.E).— Baso-kudeaketa iraunkorra. III.3.E).i.— Baso-

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informazioa. III.3.E).ii.— Baso-plangintza. III.3.E).iii.— Mendien antolaketa. III.3.E).iv.— Basoaprobetxamenduak. III.3.F).— Mendiak zaintzea eta babestea. III.3.F).i.— Lurzoruaren erabilerak. III.3.F).ii.— Lurzorua zaintzea, higadurari eta desertifikazioari aurre egitea eta baso- eta urberreskurapena. III.3.F).iii.— Baso-suteak. III.3.F).iv.— Baso-osasuna eta -genetika. III.3.F).v.— Mendiaren erabilera soziala. III.3.G).— Basoari buruzko ikerketa, prestakuntza, zabalkuntza eta dibulgazioa. III.3.H).— Kudeaketa iraunkorra sustatzeko neurriak. III.3.I).— Zehatzeko araubidea baso-eremuan.

I.— ATARIKOA: GARAPEN IRAUNKORRERAKO BASO-AZALERAK BABESTEKO BEHARRA. Guretzat baso-ondarearen diziplina juridikoa beti bigarren mailakoa izan da. Unibertsitate-foroan, hain zuzen, Zuzenbide administratibo bereziaren azken atala da, ondasun publikoei buruzko teoria orokorraren eranskin gisa agertzen da; beraz, epigrafe hutsa da, edo kasu onenetan, Curriculumaren programetako gaia da. Baina askotan Curriculumaren programa zabalegia denez, ikasturtean ez dute gai hori lantzeko denborarik eta, batzutan ikasleei azterketarako azken gai hori ez prestatzeko esaten zaie —eta horrek esan nahi du, zalantzarik gabe, Lizentziatura amaitzen dutela jakin gabe mendiak arautzeko legerik dugula. Ingurumeneko Zuzenbideaz espezializatutako ikastaroetan, Masterretan adibidez, zer gertatzen den aztertzerakoan, egoera ez da askoz hobea. Ingurumenari buruzko ikastaroak gainbegiratuz, konturatuko gara ikastaro horien programek arreta txikia eskaintzen diotela, kuantitatiboa zein kualitatiboa, baso-azalen babesari. Araubide juridikoari buruzko irakaspenezko arreta baino ez dute egiten; gainera, arreta hori ezin dugu zabalegitzat hartu. Gogoratu behar dugu, alde batetik gaia orokorrean, eta salbuespen gutxi batzuk izan ezik, irakasgaiaren oinarrizko eskuliburutik kanpo utzi dutela eta, beste alde batetik, beste ondasun publiko batzuk baino garrantzi txikiagoa izan duela, ekarpen monografiko jakin batzuetara mugatzen baita askotan. Ekarpen monografiko horien guztien artean, eta zehaztasun handirik egin gabe, Guaita Martorell-en1 ekarpen aitzindari eta ezaguna, Grau Fernández-ek2 1957ko Legearen eta horren Erregelamenduaren bidez diseinatutako sistemari buruz egindako oharrak,

1

Aurelio Guaita Martorell irakaslearen lehen ekarpena “Régimen jurídico administrativo de los montes” liburuak ikus daiteke, 2. edizioa, Santiago de Compostela, 1956; hementxe adierazitako aipatutako ondoko liburukoak dira: “Derecho administrativo: aguas, montes, minas” 2. edizioa, Civitas Argitaletxea, Madril, 1986.

2

Cfr., Salvador Grau Fernández: “Comentarios a la Ley y Reglamento de Montes con notas de jurisprudencia”, Bolaños y Aguilar, Madril, 1966.

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orain dela gutxiago Esteve Pardo-k3 egin dituenak eta, bereziki, López Ramón-en4 azalpenak aipatuko genituzke. Gainera indarrean dagoen Mendien Legeari buruz egindako azterketak, Calvo Sánchez-ek5 koordinatzen dituenak, garrantzitsuak dira. Eta horiekin guztiekin batera gaiari buruz 43/20066 Legea indarrean sartzerakoan nik egindako bi kolaborazioak aipatu nahi nituzke. Aipatutako egoeraren aurrean, baso-azalerek garapen iraunkorrerako duten garrantzi handia dugu. Azken urte hauetan garrantzi horretaz jabetzen joan dira Nazioarteko Zuzenbidean eta Europar Batasunekoan; horrela bada, basoaren ingurumen-babesari lehentasuna eman diote eta mendien kudeaketa iraunkorraren alde egin dute, aprobetxamenduak naturaren legeetara egokitzen duen kudeaketa alegia, mendi horien babesa eta zabalkuntza bermatzeko eta, ondorioz, mendien ingurumen- eta gizarte-funtzio garrantzitsuak betetzen direla bermatzeko. Ezin dugu ahaztu, gaiarekin jarraituz, Nazio Batuen Asanbladak, 1997ko ekainean egindako bilkura berezian, honako Adierazpen hau egin zuela mendien balioari buruz: “Baso-mota guztien antolaketa, zaintza eta garapen iraunkorra ezinbestekoak dira garapen ekonomiko eta sozialerako, ingurumenaren babeserako eta planetako bizitza eusten duten sistemetarako. Basoak garapen iraunkorraren parte dira.”. Ardura hori, bestela, planeta osoan baso-azalerak duen garrantziaz kontzientzia hartzearekin bat dator. Baso edo lursailak, hain zuzen, urgaineratutako lurren ehuneko 28 dira. Europako eremura mugatuz gero, basoek 300 miloi hektarea okupatzen dute, hau da, ia kontinente osoaren herena. Eta Espainiar lurraldeari dagokionez, datuek oso adierazgarriak dira ere bai: Baso-inbentario Nazionalaren arabera, 26 miloi hektarea baso edo baso-izaerako lursail ditugu, lurraldearen ehuneko 50 okupatzen dute —zehazki, ehuneko 51,93—. Banaketa eginez gero, 26 miloi hektarea horietatik, 14 miloi hektarea zuhaiztiak dira, hau da, lurraldearen ia ehuneko 28, eta 12 miloi hektarea zuhaitzik gabeko lursailak dira, azalera nazionalaren ia ehuneko 24 hain zuzen. Gehiago sakondu nahi badugu, datu horien guztien arabera, aipatu beharra dugu Espainia zuhaizti azalera handiago duen Europako herrietako bat dela, Suediaren —28 miloi—, Finlandiaren

3

Ikus José Esteve Pardo: “Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes: función ecológica y explotación racional”, Civitas Argitaletxea eta Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1995.

4

Gaiari buruz, Fernando López Ramón, hasteko “Principios de Derecho Forestal”, Aranzadi Argitaletxea, Iruña, 2002, liburuan, eta 43/2003 Legea indarrean sartzerakoan, ondokoan: “Crítica jurídica de la nueva Ley de Montes”, Revista Española de Derecho Administrativo, Thomson–Civitas, 121. zenbakia, 2004ko urtarrila -martxoa 2004, 5-24 orri.

5

Vid., Luis Calvo Sánchez (Koordinatzailea): “Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Estudios de Derecho forestal estatal y autonómico”, Thomson–Civitas, 2005.

6

Ikusi, Alfonso Arévalo Gutiérrez: “La Ley básica de Montes y la protección del Patrimonio forestal en la Comunidad de Madrid”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, 18. zk., 2004ko urtarrila- apirila, 57-120 orri.; eta “La legislación básica protectora del Patrimonio Forestal: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes”, Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, Ecoiuris, 66. zk., 2004ko ekaina, 1-28 orri.

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—23 miloi baino gehiago— eta Frantziaren —16 miloi baino zertxobait gehiago— atzetik. Baina esan beharra dugu aipatutako zuhaizti horren dentsitatea zertxobait txikiagoa dela gure herrian. Horrela bada, hektarea bakoitzeko metro kubiko zurari dagokionez, Alemaniako basoen 262, Austriakoen 249, Holandakoen 141 edo Italiako 114 metro kubikoen aurrean, Espainiako zuhaiztien dentsitatea 42 metro kubikokoa da. Aipatutako datuek agerian uzten dute baso-lursailak babesteko beharra. Babesteko beharraren oinarria bistakoa da eta benetako egiaztapen bati erantzuten dio: babes hori, horren araubide juridikoa nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretarako lursailen araubide juridikotik mugatuz egingo da, muga hori bide bakarra baita desforestazioa ekiditeko, inolako ordenurik gabeko ebakuntzen eta mozketen, nekazaritzaren alde errotik ateratako zuhaitzen eta luberritzeen eta abeltzaintzaren gehiegikerien ondoriozko desforestazioa alegia, suteen lakra ez aipatzeagatik. Baso-lursailen babesarekiko ardurak, arautzeko ahalmena duenari bultzatu dio zenbait babesteko neurri ezartzera nekazaritzako eta abeltzaintzako eskakizunen bultzada ekonomizistei aurre egiteko. Horrela bada, gure artean, eta eskumen horren eraketa alde batera utzita, eskumena duena jabetu egin da mendien araubide juridikoa eta jarduera horietarako lursailen araubidea bereizteko beharraz. Ezen, Gibert-ek erakutsiko digunarekin bat etorriz, “mendien eskubideak desagertzen direnean, mendiak ere desagertzen baitira”.

II.— ESPAINIAN BASO-ONDAREA BABESTEN DUEN LEGERIA.

II.1.— Baso-arauen bilakaera: bilakaera eratzen duten bost urratsak. Aipatutako premisak aldez aurretik kontuan izanik, nabarmendu behar dugu Martínez Blanco-k (“Elementos de legislación y administración forestal”, 1928) eta Guaita Martorell-ek (1956) egindako ekarpenetatik aurrera, gure Doktrinak beti mendien babesaren eremuan eta ondoriozko baso-politika egiterakoan hiru urrats bereizi dituela, 1957ko ekainaren 8an onetsitako Mendiei buruzko Legera arte. Honako hauek dira urrats kronologiko horiek: i.- Lehen urratsa: arau-abstentzioa (XI. mendera arte). ii.- Bigarren urratsa: polizia administratiboa (XI. mendetik XIX. mendera). iii.- Hirugarren urratsa: baso-politikaren hastapenak; polizia eta sustapena (XIX. mendetik 1957. urtera). Aurrerakin horiek kontuan izanik, 1957. urteko Legea eta Erregelamendua benetako “Basokode” izan ziren, eta ia mende erdian indarrean egon ziren. Hurrengo epigrafeetan aipatutako lau urrats horiek azalduko ditut, dena dela, eta azterketa zehatzagoa egiteko helburuarekin, lehen aipatutako lanetan7 ere sakonduko dugu.

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Baina urrats horien azterketari ekin baino lehen, garapenaren zikloarekin amaitzeko, baieztatu dezakegu 1978ko Konstituzioak eratutako funtsezko lurralde-eremuan egokia dela beste bosgarren urratsa gehitzea, eta urratsa horren inflexio-puntua gaur egun indarrean dugun Mendeei buruzko 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, litzateke. Lege horrek baso-eremuen araubide juridikoa eguneratzen du, betiere Konstituzioak eskainitako ingurumen-kontzepzioarekin bat etorriz eta baso-kudeaketa iraunkorrean oinarrituz. Legeak garrantzi berezi du, ezin baitugu ahaztu Legea behar bezala ulertzeko ezinbesteko bi datu. Hasteko eta behin, 43/2003 Legea 1833ko Mendiei buruzko Ordenantza Orokorrekin sortutako dinamika historikoaren ondoriozkoa dela. Gogoratu baino ez dugu egin behar, alde batetik, jabetza pribatuetako mendietan esku-hartzen hasten direla XVIII. mendetik aurrera ezarritako kontzepzio arrazionalistaren ondorioz, Borbondarren dinastiaren etorrerarekin, ondoren Cadizko Gorteek kontzepzio hori alde batera utzi zuten, nahiz eta XX. mendean berriz agertu; bestalde, basopolitikaren eremuaren administraziorako tresna nagusia, adibidez Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa, XIX. mendean sortu zutela. Bigarrenik, indarrean dagoen Mendiei buruzko Legea, Estatuko oinarrizko lege gisa onartu zutela, Autonomia Erkidegoak, Konstituzioaren eta Estatutuen arabera bere gain hartutako eskumenekin bat etorriz, baso-ondarea babesteko eta sustatzeko berezko arauak ezartzen hasi zirenean; eta horrek esan nahi du alde batera utzi beharko zituztela Estatuaren Legean oinarrizko edukien aurkako erkidego-arauak. Aipatutako datu horren ondorioz, hain zuzen, 43/2003 Legean azkar aldaketa egin behar izan zuten, 10/2006 Legeak, apirilaren 28koak, egindakoa alegia. Aldaketak, Zioen Azalpenean adierazten denaren arabera —horren I. Atalaren bigarren paragrafoa—, honako hauek zuzendu nahi ditu: “eskumenen definizio zuzena dela-eta (eta Legearen zenbait aginduen arabera Administrazio Publikoei dagozkie), zein mendien babes eta zaintzarako mekanismoen antolaketa dela-eta (bereziki baso-suteei aurka egitearekin eta mendi-mota guztiak katalogatzeko eta erregistratzeko sistema administratiboek ematen duten babesarekin zerikusia dutenak), Legean aurkitutako zenbait gabezi eta urritasun”.

II.2.— Aurrerakin historikoak eta arauemaileak 1957ko Mendiei buruzko legera arte. II.2.A).— Lehen urratsa: arau-abstentzioa (XI. mendera arte). Jakina denez, baso-ondarea babesteari buruzko arauen jatorria Zazpi Partiden Kodea eta Najerako Forua ziren. Horiei dagokie basoen zainketa eta defentsaren aldeko lehen neurriak –babez ere jarduera pribatuak mugatzen zituztenak– jasotzearen meritua.

7

Vid., batez ere Eloy Colom Piazuelo: “La conformación histórica del Derecho Forestal”, Calvo Sánchez-ek koordinatutako komentarioetan, op. cit. 142-200 orri.

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Aurretik botere publikoek eremu horretan ezer egin ez bazuten ere, agindu horiek dinamika hori hautsi zuten; aurreko egoera hori Guaita Martorell-ek ia abstentzio osoko urrats deitu zuen. Aurreko iritzia zalantzan jarri gabe –jarduera-eza dudarik gabekoa baita–, kontuan izan behar dugu, guztia ondo ulertu ahal izateko, Erdi Aroko egoera sozio-politikoa; botere publikoaren dispertsioa zen egoera horren ezaugarria, eta botere hori lurraren jabetzan oinarritutako ondareharremanen saretik abiatuta egituratzen zen. Egoera hori alde batera utzita, ezin dugu ahaztu, halaber, epe horretan, alde batetik, Iberiar Penintsulan ezarritako biztanle-kopurua nahiko txikia zela eta, bestalde, baso asko zirela, penintsulako lurralde ia osoa zuhaitzekin estalita baitzegoen. Ondorioz, ezin zuten aurreikusi baso horien produktuen ondoriozko aberastasunak gutxituko zirela. Beste era batera esateko, arau-abstentzioaren garaian zuhaitz-masa handiei esker ziurtatuta zuten bai egurra, bai garai horretan egindako eraikuntzetarako zura.

II.2.B).— Bigarren urratsa: polizia administratiboa; “Austriak” eta Borbondarrak” (XI. mendetik XIX. mendera). XI. mende amaieran hasitako iraultza sozio-ekonomikotik aurrera irekitako modernitaterako igarobideak –eta horren ondorioa merkataritza sortu zen–, beste eskakizun ekonomiko batzuk sortu zituen. Une historiko horretan sortzen da baso-ondarea babesteko beharra, nekazaritza eta, batez ere, abeltzaintza suspertzen hasten direnean hain zuzen. Azaldu dugun bezala, babesteko lehen neurriak Zazpi Partiden Kodean eta Nájerako Foruaren bidez agertu ziren; tresna horiek jarduera pribatua mugatzeko zenbait neurri jasotzen zituzten, batez ere suteak saihesteko helburuarekin. Hori dela eta, Parada Vázquez-ek8 gogorarazten digu 1256. urteko Valladolideko Gorteetan Alfontso X.a Jakitunak zigor gogorrak ezarri zituela suteak sortzen zituztenentzat («surik ez egin mendiak erretzeko, sua egiten harrapatuz gero, egilea sura bota»), eta horixe bere agindu zuen Gaztelako Pedro I.ak 1350ean. Aurrerakin hori izanda, Estatu modernoa finkatzeko prozesutik, edo adjetibaziorik gabeko Estatutik, Cádizeko Gorteetan irudikatutako Iraultza liberala gertatu arteko epe luze horretan beste bi azpi-urrats bereiztu beharko genituzke. Lehengo urratsa etor daiteke Erregeak botere politikoa biltzen eta sustatzen zuen prozesuaren epearekin –historiografiak horrela definitzen du-, Errege Katolikoen eta Habsburgotarren —“Austriar Erregeen”— garaia litzateke. Epe horretan eskakizun ekonomikoek lehentasuna zuten. Aldiz, “Borbondarren” etorrerarekin, XVIII. mendetik aurrera, babes-neurriek garrantzi berezia lortuko dute.

8

Cfr., José Ramón Parada Vázquez: “Derecho administrativo. III. Bienes públicos. Derecho urbanístico”, 5. edizioa, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madril, 1993.

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Egia da, XV. mendetik XIX. mendera arteko epean, hain zuzen, honako ezaugarri hau nagusituko dela: Erregearen ardura mendiak babestea da, eta horretarako zenbait babes-neurri berezi sartuko ditu, eta neurri horiek, gaur egun ditugun kontzeptu juridiko administratiboen arabera, “poliziaren” jarduera administratibotzat har daitezke. Dena dela, aipatu beharra dugu XVIII. mendean abeltzaintzaren eta ontzigintzaren eskakizunek lehentasuna zutela. Gogoratu baino ez ditugu egin behar “Gaztelako Artzain Mestaren Kontseilu Prestuaren” pribilejioak babesteko hartutako neurri nahasi guztiak. Errege Jakitunak sortu zuen entitate hori 1273. urtean. “Mesta”, ezaguna egin zenean, Gaztelako artzain guztien bilkura izatetik, elkarte nazional bihurtu zen, eta Erregeek emandako eskubide eta pribilejioak zituen, adibidez bazkarako eta artzaintzarako eskubidea, edo kimatzeko pribilejioa, nekazaritzako produktuen kalterako. “Austriar” erregeek, beren aldetik, zerga-erregimen berezia ezarri zuten entitate hori nekazariengandik babesteko; horrek liskar bukaezin anitz sortu zituen. Gehiago sakonduz, Mestak zenbaitetan erregearen mesedea galdu bazuen ere, eta XVIII. mendean dinastia-aldaketaren ondorioz mesede hori betiko galdu bazuen ere, pribilejioak ez zituen galdu, mugatu baino ez zituzten egin, 1836. urtean Mesta desagertu zen arte. Guri axola zaigun gaiari dagokionez eta jarduera horrek sortutako bultzada ekonomikoa zalantzan jarri gabe —artilea esportatzeko merkataritza handi batetik hasita—, esan beharra dugu Mesta, neurri handi batean, Iberiar penintsulan historian gertatutako desforestazioaren arrazoia izan zela, larre batzuetatik bestera ibiltzen ziren ehun milaka ardik gero eta bazka eta belar gehiago behar zutelako jateko eta, ondorioz, zuhaitz-mozketak inolako kontrolik gabe orokortu ziren, bai eta errotik ateratakoak eta luberritzeak ere. Baina zitalkeria litzateke Mesta penintsulako lurraldean gertatutako desforestazioaren eta ondoriozko desertifikazioaren arrazoi bakarra dela esatea, eragin bera izan baitzuten eraikuntzaren ondoriozko eskakizunek, eta baita, eta modu berezian gainera, ontzigintzaren industriak ere; “eguzkia sartzen ez zen” Inperioan zabalkuntza geografikoko prozesu bizian baitzegoen industria hori. Bestalde, Borbondarren garaian sartutako erreformek, 1669ko Frantziako Ordenantzekin gertatu zen bezala, basoei mozketen aurreko gutxieneko babesa eskaintzen zieten, eta gogor zigortzen ziren mendietan egindako kalteak. Azpi-urrats honetan araudi luzea egin zuten. Laburbilduz, araudi horrek honako hiru ezaugarri hauek zituen: 1. Sistemarik gabeko araudia zen, ez zuten babesteko eredu jakin baten arabera egituratu. Egia esanda, jarraikako zenbait xedapen ziren, eta une batzuetan babesteko neurri batzuk sartzen zituzten.

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2. Aplikatzeko eremua mendi publikoak zein pribatuak ziren; beraz, babes-neurrien eraginkortasunak eragina zuen bai erregearen zein guztion aprobetxamenduko mendietan, bai mendi pribatuetan, eta zenbaitetan jabeei ez zieten luberritzen uzten nekazaritzaproduktuak landatzeko. 3. Babes-neurriak gaur egun polizia administratibo izenarekin ezagutzen dugunari mugatzen dira, nahiz eta oso gutxitan sustapen-lana ere egiten zuten, hala nola, hartutako zenbait erabakiren arabera basoetan berriz zuhaitzak jartzeagatik sariak eman zituztenean. Testuinguru horretan bertan kokatu egin behar ditugu bai Fernando VI.ak 1748ko abenduaren 7an egindako Ordenantza garrantzitsua, zeinaren bidez bizilagunek zuhaitz kopuru jakin bat landatzeko eta basoak garbitzeko beharra zuten, bai 1778ko urtarrilaren 31n Marinaren beharrei erantzuteko emandako Ordenantza.

II.2.C).— Hirugarren urratsa: baso-politikaren hastapena; polizia eta sustapena (XIX. mendetik 1957ra). XIX. mendean, liberalismoari dagokion filosofia indibidualista eta abstentzionistaren eremuan –eta garai horren ezaugarri nagusia jabetza eskubidea oinarrizko ordenu politiko burges berriaren oinarrizko printzipiotzat hartzea zen–, jabetza eskubidea eskubide mugatu gisa zehaztu zen. Cádizko Gorteetan 1812ko urtarrilaren 14an onetsitako Dekretuak baieztatzen du adierazitakoa, eta horri esker ez dut bestelako azalpenik egin behar. Dekretu horren bidez, jabetza partikularreko mendietan ezinezkoa zen esku-hartze publikorik; gainera, kontuan izan behar dugu, epe historiko horretan nekazaritzako laborantzek lehentasuna zutela baso eta abeltzain aprobetxamenduen aurrean. Horrekin jarraituz, lehenengo liberalismoaren ideologiaren oinarriekin bat etorriz, Cadizko Konstituzioak, 1812ko martxoaren 19koak, 321. artikuluan finkatu zuen Udalek guztien mendiak eta soroak zaindu behar zituztela, eta basoak pribatizatzearen aldeko joera agertu zuen Cádizko Gorteek egindako hurrengo Dekretuak, 1813ko urtarrilaren 4koak; gainera 1822ko ekainaren 29ko Dekretuak aurreko horren aginduak errepikatu zituen. Irakidura liberala gaindituta, XIX. mendeko lehen herena amaitu zenean, mendien babesaren aldeko prozesua hasi zen; baso-politika modernoaren ondoriozko diziplina sistematiko batek zuzendu zuen prozesu hori. Beste hitz batzuekin esateko, polizia administratiboaren neurri bakar eta koiuntural horien aurrean, mendien zaintza aktibo eta positiboaren aldeko beste neurri batzuk hartuko ziren; horrela bada, babesteko teknikak beste batzuekin osatu ziren, basoak zabaltzearen eta berritzearen aldekoekin alegia, hau da, sustatzeko neurriekin. Jarraian azalduko ditudan gertaerek bidea zabaldu zuten 1957ko Mendiei buruzko Legeak finkatutako egoerara iritsi arte, eta aurrerakin hori ezinbestekoa da gaur egun indarrean dugun 50


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43/2003 Legeak diseinatutako sistema ulertzeko; Nafar eta Euskal mendien, (Arabako kasuarekin lotuz, ikusi Garayo Urruela-ren “Los montes del País Vasco” lana, 1992) edo guztion esku ziren herri-mendien diziplinaren garapenaz luze ezin badugu hitz egin ere, hona hemen gertaera horiek laburbilduta: 1.- Mendien Ordenantza Orokorrak, Sustapeneko lehen Kargudunak, Javier de Burgosek, egindakoak. Testua 1833ko abenduaren 22ko Errege-dekretu bidez onestu zuten. Ordenantza Orokorrek –Frantziako 1824ko uztailaren 21eko Baso-kodean eta 1827ko abuztuaren 13ko Errege-ordenantzan oinarritutakoek eta, ondorioz, mendia definitzeko elementutzat zuhaitzak egotea izanik–, mendiei buruzko diziplina sistematikoa sartzen dute, eta kontzeptu hori gaur egun indarren dugunaren aurrekoa da. 1. artikuluak honako hau dio: «Mendi hitzarekin, Ordenantza hauen ondorioetarako, zuhaitzak dituzten lursail guztiak izendatzen dira, eta ontzi eraikuntzarako, eraikuntza zibiletarako, ikatzerako, erregaietarako eta beste aprobetxamendu komunetarako izango dira; mendi garaiak zein txikiak, basoak, ibarbasoak, soroak edo edozein motako sastrakadiak izan daitezke, baino ezin dira olibak, fruta-arbolak edo beste fruitu berezi edo laborantza batzuetarako erabiltzen diren nekazaritza-lursailak izan.». Gainera, Ordenantza Orokorrek Estatuko Baso-administrazio modernoaren oinarriak ezarri zituzten, eta horren aurrerakina Karlos III.ak 1762ko apirilaren 19an emandako Errege-zedula izan zen, zeinaren bidez herrietan zelari batzuk eta mendietan bisitari batzuk jarri zituzten, Erregealtxorrak ordainduta. Mendien Ordenantzen artikuluek, hain zuzen, Mendietako Zuzendaritza Nagusiaren sorrera xedatu zuten, eta hortik aurrera, ondorengo Dekretuen bidez (1835eko apirilaren 30ekoaren eta maiatzaren 1ekoaren bidez), Mendi-ingeniarien Gorputza eratu zen eta ingeniari horiek prestatzeko eta hautatzeko berezko Eskola sortu zuten. Dena dela, ezin dugu ahaztu babesteko eta kudeatzeko arauen zein ad hoc sortutako administrazioaren aplikazio-eremua mendi publikoetara mugatzen zela, eta partikularren mendiek ez zutela luberritzeko debekurik, mendi horietan aprobetxamendu-askatasunak agintzen baitzuen. 2.- Baina, egia esanda, Ordenantza Orokorrak ez zituzten praktikan aplikatu. Itzulingururik gabe, horrelaxe adierazi zuen ondorengo 1846ko apirilaren 18ko Errege-ordenak. Desuetudo horren edo erabilerarik ezaren arrazoiak –García Goyenak, Gómez de la Sernak eta Ortiz de Zúñigak erabilitako hitza aipatzeagatik–, garai horretan hasitako gerra zein ondorengo errebolta politikoak izan ziren. Egoera horretan, 1837ko Konstituzio progresistak sortutako aldaketa politikoari esker –Esteve Pardo-k egiaztatukoaren arabera (1995)–, baso-politikaren norabidea aldatu zen. Horrela bada, Frantziako eragina alde batera utzi eta arreta legeri saxoian jarri zuten; legeri hori mendi garaietaz

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edo baso zurgaietaz arduratu zen, eta horietan oinarrituko da 1846ko apirilaren 18ko Erregeordena. Eremu arauemaile berri horretan, burokrazia sendotzeari esker lortu zuten mendiak indarrean ziren xedapenen pean jartzea modu eraginkorrean. Mendetasun hori 1850eko ekainaren 21eko Errege-ordenak azaldu zuen, honakoa adierazten baitu: “Estatuko mendietan zein herri-mendietan aspalditik egiten ziren ordenurik gabeko mozketekin eta ebaketekin, errotik aterako jarduerekin eta luberritze arbitrarioekin amaitu zen; edozein gozamen edo aprobetxamendu egiteko beharrezkoa izango zen gobernuaren, edo beharrezkoa balitz, probintziako gobernadorearen baimena; gozamenak metodo bidez egiten ziren eta gutxiago eta garrantzi txikiagokoak ziren, zuhaitzen egoera dekadenteak edo bizitzaren nahitaezko beharrek baimentzen zituztenera mugatzen baitziren; gutiziak eta espekulazioaren ondoriozko gehiegikeri batzuk aldatu zituzten; hitz batez esateko, gai horri buruzko lege, ordenantza eta argibide guztiak kontuan izan ziren”. 3.- Baina azaldutako egoera horretan berehala eragina izan zuen desamortizazio-legeriak, 1855eko maiatzaren 1eko Desamortizazioaren Legearen bidez eta baso-interesik gabeko mendi publiko guztien salmentari buruzko Ordenuaren bidez zehaztutakoak. Ondorioz, beste arau orokor batzuk onetsi zituzten, eta neurri handi batean 1833ko Ordenantza Orokorrak indargabetu zituzten; gainera Ordenantza Orokor horietatik abiatuta emandako arau sakabanatu guztiak sistematizatu zituzten. Zehazki, Mendiei buruzko Legea, 1863ko maiatzaren 24koa, (nahiz eta berez legetzat ezin hartu) eta horren Erregelamendua onetsi zuten –1865eko maiatzaren 17ko Errege-dekretu bidez onetsia–. Dena dela, horren aplikazio-eremuak partikularrek beren jabetzako lursailetan askatasun osoa zutela zioen berriz ere. Arau horiekin batera, 1884ko maiatzaren 8ko Errege-dekretua aipatu beharra dugu. Dekretu horren bidez 1833ko Ordenantza Orokorretan finkatutako mendien zigor-legeriaren erreforma onetsi zen, eta zigorrekin batera administrazio-errepresiorako sistema ere finkatu zen. Sistematizatzeko lan garrantzitsuaz gain, XIX. mendeko azken herenean antzeko zenbait arau onetsi zituzten, hainbat helbururekin, adibidez 1877ko uztailaren 11ko Legea (mendi publikoak berritzeari, sustatzeari eta hobetzeari buruzkoa) eta horren Gauzapen-erregelamendua, 1878ko urtarrilaren 18koa, edo suteen prebentziorako zenbait arau. 4.- Azaldu berri dugun mendi-konfigurazio horrek aldaketa garrantzitsuak jasan zituen XX. mendearen lehen erdian. Desamortizazio-ekintza gelditu bazen ere, nabarmendu beharra dugu, berriz ere, aldarrikatu zutela baso-legeria partikularren jabetzeko mendietan aplikatzea, eta une horretatik aurrera administrazioaren esku-hartzearen pean gelditu ziren.

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1908ko ekainaren 24ko Legeak, mendien zaintzari eta baso-berritzeri buruzkoak, eta horren erregelamenduak, 1909ko urriaren 8koak, ondo baino hobeto adierazten zuren aurreko paragrafoan azaldutakoa: Legea mendi publikoetan zein partikularren mendietan aplikagarria zen. Xedapen sektorial batzuek 1908ko Legearen aginduak osatu zituzten, adibidez parke nazionalei buruzko legeria —1916ko abenduaren 7koa, Parke Nazionalen Sorrerari buruzkoa, eta Erregelamendua, 1917ko otsailaren 23koa—, eta Estatuko baso-ekintza arautzeko Legea — 1935eko urriaren 9koa, 1939ko abuztuaren 26koaren bidez aldatutakoa, Estatuko Baso-ondareari buruzkoa. 5.- Gerra Zibilaren ostean botere publikoek baso-jabetzetan zuten esku-hartzea indartu zuten eta, horretarako, arau sektorial batzuk onestu zituzten. Arau guztien artean, honako hauek nabarmenduko ditugu: 1941eko martxoaren 10eko Legea, Estatuaren Baso-ondareari buruzkoa; 1948ko abenduaren 23ko Legea, Herri-mendien Aprobetxamendurako Arauei buruzkoa; 1949ko uztailaren 16koa, Antolaketa-planik ez duten Mendien Aprobetxamendu eta Hobekuntzei buruzkoa; baso-berritzeko eta basoizurriteei aurre egiteko 1952ko laguntza-legeak eta partikularrei laguntzak zaintzeko legea, 1955ekoa.

II.3.— 1957ko ekainaren 8ko Mendiei buruzko Legea eta horren Erregelamendua. II.3.A).— Baso-kode berria. Agerian utzitako arau-sakabanatze hori dela-eta, gaiari buruzko beste diziplina osoa onesteko beharra zuten. Lan hori 50eko hamarkadako legegileak egin zuen bere bermatutako teknika arauemailearekin. Helburu horrekin, hain zuzen, Mendiei buruzko 1957ko ekainaren 8ko Lege garrantzitsua egin zuten. Testu horrek indargabe utzi zituen aurreko legeak, 1863koa, 1877koa eta 1908koa, eta baita lege horien garapenerako erregelamenduak ere. Ia mende erdiko iraunaldia izan du, eta 1978ko Konstituzioaren ostean, gaiari buruzko oinarrizko araua izan da (149.1.23 artikulua), gaur egun indarrean dugun 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, indarrean sartu arte. Legearen funtsezko edukiari dagokionez, nabarmendu beharra dugu 1957ko Legea aztertutako dinamika historikoaren ondorioa zela. Grau Fernández-ek (1966) nabarmendutakoaren arabera, hain zuzen, moldatu eta indargabetzen ziren xedapenen oinarrizko printzipioek, lehendabiziko aldiz 1833ko Ordenantza Orokorretan baieztatutako mendiaren kontzeptu bera jasotzen zuten. Dena dela, zenbait aldaketa era sartu zituzten, adibidez mendi babesleen kategoria berritu zuten, mendi partikularretara mugatu baitzuten, edo katalogatutako mendien xedeak zabaldu zituzten aurretiko mendi publiko babesleak bere gain hartzeko.

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Legearen agindu guztiak osatzeko, 485/1962 Dekretua, otsailaren 22koa, sortu zuten. Dekretu horren bitartez Mendiei buruzko erregelamendua onetsi zuten. Dekretua, “Hitzaurrean” adierazten den bezala, ez zen 1957ko Legea garatzeko testu hutsa, gaiari buruz indarrean ziren xedapen gehienak moldatu baitzituen; hori dela eta, benetako “Baso-kodetzat” hartzen dugu. Zenbait arau sektorial Aipatu behar ditugu, gaurko Konstituzioa baino lehen eta 1962ko Dekretuaren ostean onetsitakoak, hizpide dugun gaian garrantzi handia izan baitzuten: — 81/1968 Legea, abenduaren 5ekoa, ohian suteei buruzkoa. — 5/1975 Legea, maiatzaren 2koa, Natur Gune Babestuei buruzkoa; Lege horrek indargabetu zuen babes-erregimen berezia, 1957ko Mendiei buruzko Legearen bidez sartutakoa. 1977ko martxoaren 4ko Dekretuak garatu zuen Lege hori. Edo, — 5/1977 Legea, urtarrilaren 4koa, Baso-ekoizpenak sustatzeari buruzkoa; maiatzaren 2ko 1.279/1978 errege-dekretuak garatu zuen lege hori. Dekretuaren bidez legea aplikatzeko Araudia onetsi zuten.

II.3.B).— Sistema definitzeko elementu batzuk. Ezin dugu honetaz luze hitz egin, baina gogoratu beharra dugu, Guaita Martorell-ek esandakoaren bat etorriz, 1957ko Legeak ezarritako mendiaren lege-kontzeptuak honako bi ezaugarri hauek zituela: 1. Landa-lurtzat eta ez hiri-lurtzat kalifikatutako lursailak direla, beraz parkeak, lorategiak eta orubeak ez ziren kontzeptuaren barruan sartzen. 2. Lursailak baso-espeziak izan behar zituen, fruta-arbolak, helburu zientifikokoak eta apaingarrirako zuhaitzak alde batera utzita. Kontzeptu horretatik abiatuta, Legeak ezarritako mendien tipologia-irizpideak irizpide bikoitza zuen: titularitate publiko edo pribatuaren irizpide subjektiboa eta araubide juridikoarena. Horren ondorioz ondarezko edo jabari publikoko mendi publikoak –eta funtzioaren arabera, erabilera publikoko menditzat hartuko zituzten eta Mendien Katalogoan sartu–, eta katalogatu gabeko gainontzeko mendiak genituen, funtzio ezberdinak zituztenak. Beren aldetik, partikularren mendiek babesleak, ez babesleak edo zenbaitzuen jabetzakoak izan zitzaketen. Mendi horien babeserako ezinbestekoa zen identifikazio egokia egitea, Mendien Katalogoaren bitartez. Mendien Katalogoa 1863ko Legeak dagoeneko ezarritako erregistro publiko administratiboa zen, eta horren helburua erabilera publikokotzat hartutako mendi guztiak erregistroan sartzea da, eta mendiren bat katalogoan sartzerakoan honako hauek ere finkatu

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behar ziren: xedatzeko ahalmenei mugak jartzea, preskripzio-epe berezia egiaztatzea, edukitzapresuntzioa eta enbargaezintasuna adieraztea.

II.4.— 1978ko Konstituzioak indarrean sartzean izandako eragina: ingurumenaren lehentasuna. 1978ko Espainiako Konstituzioa indarrean sartzeak eragina izan zuen, halabeharrez, 1957ko Legeak eta 1962an egindako Erregelamenduak osatutako arau-blokean, bai autonomiaren printzipioan oinarritutako Administrazio Publikoen eredu pluralista eta polizentrikoa azaldu zuelako, eta horrek baso-eskumenak administrazio horien artean artikulatzeko beharra ekarri zuelako, bai funtseko erabakiengatik, zeinetan ingurumenak lehentasunezko arduratako bat baitzen. Aipatutako azken horri dagokionez, Konstituzioaren testuak, Aurreko Tituluan botere publikoek sustatzeko funtzioa duela —9.2. artikulua—, eta jabetzak funtzio soziala duela (eta edukia legeek finkatzen dutela) espresuki esateaz gain, —33.1 eta 33.2 artikuluak—, I. Tituluaren III. Kapituluak pertsonaren garapenerako egokia den ingurumenaz gozatzeko eskubidea finkatzen du, baita ingurumen hori zaintzeko beharra ere. Horrela bada, ingurumen-exijentzia –45.1 artikuluan aldarrikatutakoa eta 53.3 artikuluak eskaintzen dion berariazko bermearekin–, geure sistema juridiko eta politikoan barneratzen da politika sozial eta ekonomikoa gidatzeko printzipio gisa, eta botere publikoen jardueretarako baldintza bihurtzen da, arautegi hori betearazlea zein judiziala izanik. 45. artikuluak berak agindu horiek guztiak osatzen ditu, botere publikoei natura-baliabide guztien erabilera arrazionala zaintzeko funtzioa ematen baitie, betiere bizi-kalitatea zaindu eta hobetzeko eta ingurumena defendatu eta lehengoratzeko helburuarekin eta beharrezko talde-elkartasunean oinarrituz. Aipatutako aginduak jarraitzen du esanez helburu horiek urratuz gero Legeak ezarritako zigor penal edo administratiboak jarriko direla, eta urratzaileak egindako kaltea konpontzeko beharra izango duela. Gainera, 132.1 artikulua ere kontuan izan behar dugu. Artikulu honek erreserba-legea ezartzen du jabari publikoko eta komunalen araubide juridikoaren diziplinan, eta horretarako horiek besterendu, preskribatu eta enbargatzeko ezintasuna finkatzen du; gainera 2. atalak dio legeari dagokiola jabari publikoko ondasunak finkatzea. Konstituzioaren aginduak indarrean sartu eta ondorioz berehala gai horri buruzko garrantzi handiko zenbait arau onetsi ziren. Horrela bada, toki araubidea arautzen duen legea alde batera utzita, honako hauek bereiz ditzakegu: — Alde batetik, 55/1980 Legea, azaroaren 11koa, Manu komuneko Herri-mendiak arautzen dituena.

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— Bestalde, 22/1982 Legea, ekainaren 16koa, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan sartutako lurrak doan eta ICONAren aurrekontuaren kontura berritzekoari buruzkoa. — Azkenik, 4/1989 Legea, martxoaren 27koa, Natur Eremuak eta Landaretza eta Animali Basatiak Babesteari buruzkoa; babes hori “parkeak”, “natura-erreserbak”, “naturamonumentuak” eta “paisai babestuak” klasifikazioan oinarritzen da. Baina ingurumen kontzepzio horretara, Konstituzioak agindutakora, egokitutako mendien berezko diziplina ez zen indarrean sartu 2004ra arte; hori dela eta, 1957ko Legearen xedapen zeharrek indar arauemailea izan zuten mende laurdenean Oinarrizko Lege balira bezala.

II.5.— Konstituzioak gaiari buruzko eskumenak nola banatzen dituen. Jakina denez, ingurumen alorrean eskumenak banatzeko Konstituzioaren zein Estatutuen araberako eredua, eta batez ere baso-ondareari dagokionez, konpartitutako eskumen-sistemaren bidez antolatzen da, zeren eta, beste askotan gertatu den bezala, Konstituzioaren egileak ez zielako esklusiboki eman ez Estatuari ezta Autonomia Erkidegoei bloketzat hartzen den materia horren eskumena. Ondorioz, lurralde-entitate bakoitzaren eskumen-eremuaren modulazioa dugu, jarduera bakoitzaren araberakoa. 45. artikuluak onartu egiten duenez Konstituzioak politika sozial eta ekonomikoaren zuzendari nagusia dela —eta, ondorioz, botere publikoen eginbehar juridiko eraginkorrarena eta hiritarren erreakzio-eskubidearekin batera—,149.1 artikuluak, 23. egoeran, Estatuari honako eskumen esklusiboa esleitzen dio: “Ingurumena babesteko oinarrizko legegintza; nahiz eta autonomia-erkidegoek ahalmenak izan ditzakete, babes-arau gehigarriak ezartzeko. Mendiei, baso-aprobetxamenduei eta abelbideei buruzko oinarrizko legegintza”. 149.1 artikuluak berak osatzen du esleipen hori, Estatuari dagozkion beste titulu batzuekin, eta horiek betez ingurumenarekiko jarduera, eta bereziki baso-ondarearekikoa, egin dezake. Zehatz-mehatz aztertu ezin dugunez, honako egoera hauek gogoratuko baino ez dugu egingo: 8.ena –legegintza zibila, zuzenbide zibilak, forodunak nahiz bereziak dituztenei kalterik egin gabe–; 14.ena –Ogasun Nagusia eta Estatuaren Zorra–; 15.ena –Ikerketa zientifiko eta teknikoa bultzatu eta horren koordinazio orokorra egitea–, eta 18.ena –Herri-administrazioen araubideari eta horien funtzionarioen estatutuari buruzko oinarriak; administrazio-prozedura erkidea; nahitaez jabetza kentzeko oinarrizko legegintza; administrazio kontratu eta emakidei buruzko oinarrizko legegintza; eta herri-administrazio guztien erantzukizun-sistema. Estatuaren eskumen-eremua onartuz, Autonomia Erkidegoei dagokionez, 149.1.23 artikuluak gaitasuna ematen die Estatuaren oinarrizko legeria garatzeko arauak emateko eta babesteko arau gehigarriak finkatzeko, betiere Autonomia Erkidego bakoitzaren Estatutuak ezartzen duen moduan. Aurrekoa alde batera utzita, 148.1 artikuluak —hic et nunc, “Historia del Derecho”—

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honako eremu hauetan eskumenak bere gain hartzeko aukera ematen die: “Mendiak eta basoaprobetxamenduak” —8. baldintza– eta “Ingurumena babesteko gaia kudeatzekoa”—9. baldintza. Aurrekoa aldez aurretik kontuan izanik, honako honek ondo baino hobeto adierazten du Estatu Autonomikoaren erakundetzearen ondoriozko mimetismo prozesua: Estatuaren lurraldeegiturako hamazazpi Erkidegoek baso-gaiaren eskumena bakoitzaren Erkidegoari esleitzera ekin diote. Premisa horretatik abiatuta, kontuan izan behar dugu eskumen-eremuan izan den uniformetasuna 9/1992 Lege Organikotik, abenduaren 23kotik, 143. artikuluaren bidez Autonomia onartu zuten Autonomia Erkidegoekiko eskumen-transferentziei buruzkoa. Estatutu-aginduen xehetasunak laburki azalduz, gaur egun indarren dugunaren arabera, bi kasu hauetan —Balear Uharteetan eta Nafarroako Foru-erkidegoan—, Estatutuetan “eskumen esklusibotzat” hartzen dute baso-eremua. Oinarrizko beste sei erakunde-arauen arabera — Andaluzia, Aragoi, Katalunia, Balentziako Erkidegoa eta Euskal Autonomia Erkidegoa—, Erkidegoek eskumen esklusiboa dute baina beti Konstituzioaren 149.1.23 artikuluarekin bat etorriz. Amaitzeko, beste Estatutu batzuetan, bederatzitan hain zuzen, lege-garapenaren eta betearazlearen eskumena Estatuaren oinarrizko legeriaren eremuan dago eta, bere kasuan, Estatuak finkatzen duenaren arabera —Asturietako Printzerria, Kanariak, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Extremadura, Madrilgo Komunitatea, Murtzia eta Errioxa. Edozein modutan ere, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen eskumen-tituluak Auzitegi Konstituzionalak zehaztutakoaren arabera interpretatu behar dira, hau da, Interprete Goreneko hitzetan —149/1991 epaia, uztailaren 4koa, 1. Oinarri Juridikoa—, “nabarmendu beharko genuke Konstituzioak ingurumenari dagokion Estatuaren eskumen esklusiboaz hitz egiten duenean (149.1.23. artikulua) berezitasun bat eskaintzen duela, eta berezitasun hori ezin dugu alde batera utzi esanahi zehatza finkatzeko orduan”. Eta ondoren Auzitegi Konstituzionalak honako hau zehazten du: “Konstituziogileak ez dio Estatuaren legegintzako eskumenari bakarrik utzi nahi ondorengo garapenerako beharrezko oinarrien finkapena, alderantziz, ulertu du Estatuak berak ezarri behar duela ingurumena babesteko beharrezkotzat jotzen duen arautegi osoa (nahiz eta, argi dago, Autonomia Erkidegoek, nolabait esateko, babesteko estandar hori hobetu ahal izango duten)”. Beste hitz batzuekin esateko, Estatuaren oinarrizko legeria eta Erkidegoen garapen-legeriaren arteko ohiko egiturak ez bezala, 149.1.23 artikuluak harreman berezia agitzen du, eta harreman horren arabera oinarrizko legeriak Erkidegoen eskumen-nukleoa errespetatu behar du: arau gehigarriak egiteko aukerarena. Nukleo hori, bestalde, garapen-legeria baino txikiagoa da. Hori dela eta, Epaitegi Gorenak eskumen autonomikoaren eraginkortasuna mugatzen du esanez “ingurumen alorrean oinarrizko legearen garapenerako Autonomia Erkidegoei tartea uzteko Estatuak duen beharra, beste eremu batzuetan baino txikiagoa dela eta, ondorioz, ez da egokia Estatuaren arauak Konstituzioaren aurkakoak direla esatea arau horien xehetasuna delaeta ezin dela arau-garapenik egin argudiatuz”. Dena dela, Auzitegiak berak ondorengo 102/1995

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Epaian zehaztu zuenez, Estatuaren Arautegiak “ezin du ingurumen alorrean eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoei garapen legegilerik egiteko aukerarik ematen ez dien xehetasun-mailara heldu, bestela eskumenik gabe uzten baitie”. Laburbilduz, eta aipatutako azken epaiaren 9. Oinarri Juridikoaren hitz grafikoen arabera, honako ezaugarri hauek dituen banaketaren aurrean gaude: “gaiari buruzko estratifikazio mailakatua, non Estatuak emanda aginduek nahikoak eta homogeneoak izan behar duten, nahiz eta hobetzeko modukoak, nolabait esateko, Autonomia Erkidego bakoitzaren egoeretara egokitzeko”. Eskumenen taula, aldi berean, esku-hartzearekin osatu behar da, eta esku-hartze hori, oinarrizko arauen arabera, Toki Entitateei dagokie. Konstituziogileak Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen artean egindako eskumen-banaketaren lehen maila alde batera utzita, ohiko legegileak gaiari buruzko berezko esleipena Toki Entitateei egoztea erabaki du. Horixe bera ikusten da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenaren, 25. eta 26. artikuluetan. Lege hori betez, Toki Entitateek, gure antolaketaren ohiko irizpideari jarraituz, bere gain hartzen dituzte ingurumena kudeatzeari eta babesteari buruzko berezko titulu batzuk; adibidez, ibilgailuen trafikoa antolatzea; babes zibila eta suteak; hiriantolaketa, -kudeaketa, -gauzapena eta –diziplinak; erabiltzaileen eta kontsumitzaileen defentsa; ur-horniketa; hondakinen bilketa eta tratamendua; edo estolderia eta hondakin-uren tratamendua. Aurreko guzti horrek, Administrazio Publiko bakoitzak bere eskumenen eremuan duen eskumen-arduratik abiatuta ulertu baino ezin dugun egoera sortzen du gure antolakuntzan.

II.6.— Indarrean dugun Zuzenbide positiboa: Estatuaren Oinarrizko Legeak eta Erkidegoen arauak. Adierazitako ondorioaren arabera, beharrezkoa da baso-babesaren eremuan Estatuan indarrean dugun oinarrizko legeria zein erkidegoena ezagutzea. Estatuak, eremu horretan dituen tituluak egikarituz, 1957ko Legea ordezkatu eta indargabetu zuen, eta azaroaren 21eko Mendiei buruzko 43/2003 Legea egin zuen. Lege horrek gure antolakuntzan beste araudi bat sartu du, eta baso-eremuak arautzen dituen araubide juridikoa eguneratzeko joera du, betiere Konstituzioak ezarritako ingurumenaren kontzepzioarekin eta Espainiako mendien babesa eta antolakuntza zuzendu behar duen kudeaketa iraunkorreko printzipioekin bat etorriz. Dena dela Lege horren aginduak asko aldatu zituzten orain dela gutxi, apirilaren 28ko 10/2006 Legearen bidez alegia. Aldaketa horrek helburu bikoitza du —lehen adierazitakoaren arabera—,

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eta Zioen Azalpenean berariaz adierazten dira: zenbait gabezi eta urritasun zuzentzea, alde batetik, Administrazio publikoei dagozkien eskumenei buruzkoak eta, beste alde batetik, mendien babes eta zaintzaren antolaketari buruzkoak, baso-suteen eta erregistro eta katalogoko sistema administratiboen babesarekin zerikusia dutenak alegia. Lan honen III. eta IV. atalek 43/2003 Legeak definitutako sistemaren azterketa egiten dute, 10/2006 Legean finkatutako eran, eta, beraz, bistakoa denez, horietara jo dezakegu. Baina zehaztasunekin hasi baino lehen, beharrezkoa da kontuan hartzea, Konstituzioa indarrean izanik eta 1957ko Legeak adierazitako eremuan, zenbait lurralde-entitatek basoondarearen zenbait alderdiri buruz arauak egiteari ekin ziotela. Ordea, nabarmendu beharra dugu sei Autonomia Erkidegok 43/2003 Legea onestu baino lehen bazutela gaiari buruzko berariazko arautegi osoa, Autonomiaren arau-eremua betetzeko asmoarekin. Sei Autonomia Erkidego horiekin batera, Asturietako Printzerria ere horretan dabil, eta Aragoin Lege Proiektua izapidetzen ari dira. Legeen onespearen araberako ordenuan, honako hauek ditugu: — Katalunia: 6/1988 Legea, martxoaren 30ekoa, Baso-antolaketari buruzkoa, (Kataluniako Generalitateko Aldizkari Ofiziala, apirilaren 15ekoa, 978. zenbakia, eta y Estatuko Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 2koa, 105. zenbakia, 13.440. orria eta hurrengoak). — Nafarroako Foru-Erkidegoa: 13/1990 Foru Legea, abenduaren 31koa, Baso-ondarea Babesteari eta Garatzeari buruzkoa, (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 1991ko urtarrilaren 14koa, 6. zenbakia, 114. orria eta hurrengoak, eta Estatuko Aldizkari Ofiziala, 1991ko martxoaren 22koa, 70. zenbakia, 9.073. orria eta hurrengoak). Lege hori garatzeko, alde batetik, Otsailaren 17ko 59/1992 Foru Dekretuan xedatutakoa kontuan izan behar da –zeinaren bidez Mendien Erregelamendua onesten den, 1990-12-31ko 13/1990 Foru Legea, baso-ondarea babesteari eta garatzeari buruzkoa, garatzeko–, (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 20koa, 48. zenbakia, 1.913. orria eta hurrengoak), eta, beste alde batetik, azaroaren 3ko 322/1997 Foru Dekretuan, Nafarroako Mendi Babesleen Katalogoaren Sorrera eta Araubide Juridikoari buruzkoan, ezarritakoa ere bai (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 14koa, 137. zenbakia, 7.894. orria eta hurrengoak). — Andaluzia: 2/1992 Legea, ekainaren 15ekoa, Baso-antolaketari buruzkoa (Andaluziako Juntaren Aldizkari Ofiziala, 1992ko ekainaren 23koa, 57. zenbakia, 4.255. orria). Lege hori garatzeko irailaren 9ko 208/1997 Dekretua egin zuten, Baso-erregelamendua onesten duena (Andaluziako Juntaren Aldizkari Ofiziala, urriaren 7koa, 117. zenbakia, 12.148. orria eta hurrengoak). — Valentziako Erkidegoa: 3/1993 Legea, abenduaren 9koa, Baso-legea (Valentziako Generaliteko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 21ekoa, 2.168. zenbakiak, 13.236. orria eta

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hurrengoak, eta akats-zuzenketa egin zuten 1994ko urtarrilaren 28ko Aldizkari Ofizialean, 2.195. zenbakian, 1.075. orria). Maiatzaren 16ko Dekretuak –zeinaren bidez 1993-129ko 3/1993 Baso-Legearen Erregelamendua onesten den (Valentziako Generalitateko Aldizkari Ofiziala, ekainaren 1ekoa, 2.520 zenbakiak, 8.259. orria eta hurrengoak, eta akats-zuzenketa uztailaren 24ko 2.557. zenbakiko Aldizkarian egin zen)–, Lege-aginduak osatu zituen. — Errioxa: 2/1995 Legea, otsailaren 10ekoa, Baso-ondarearen Babesari eta Garapenari buruzkoa (Errioxako Aldizkari Ofiziala, otsailaren 21ekoa, 22. zenbakia, 715. orria). Legea garatzeko, 114/2003 Dekretuaren bidez, urriaren 30ekoa, otsailaren 10eko 2/1995 Legea onetsi zuten, Errioxako Baso-ondarea Babesteari eta Garatzeari buruzkoa (Errioxako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 4koa, 136. zenbakia, 5.221. orria eta hurrengoak). — Madrilgo Komunitatea: 16/1995 Legea, maiatzaren 4koa, Baso eta Naturaren Babesari buruzkoa (Madrilgo Komunitatearen Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 30ekoa, 127. zenbakia, 2. orria eta hurrengoak, eta akats-zuzenketa ekainaren 28ko 152. zenbakian, 4. orria, eta Estatuko Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 10ekoa, 190, zenbakia, 24.949. orria eta hurrengoak). — Asturietako Printzerria: 3/2004 Legea, azaroaren 23koa, Mendiei eta Baso-antolaketari buruzkoa (Asturietako Printzerriaren Aldizkari Ofiziala, abenduaren 3koa, 281. zenbakiak, 17.506 orria eta hurrengoak, eta akats-zuzenketa 2005eko urtarrilaren 11ko 7. zenbakian, 146. orrian egin zuten).

II.7.— Erregimen Bereziak. II.7.A).— Legearen aurrean “Administrazio Publiko Eskudunak” kalifikatzea. Baso-ondarea babesteko legeriaren testuinguru orokorra azalduta, ezin dugu atal hori amaitu nabarmendu gabe, beren aginduen aplikazioaren eremuan, alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoak eta, beste alde batetik, Balear irletako Uharte Kontseiluek –eta bereziki Kanarietako Kabildoek– duten egoera berezia. Berezia dugu, halaber, Ceuta eta Melillako Autonomia Erkidegoen egoera, eta bestelako toki entitatetara zabaltzen da, adibidez, eskualdeetara; eskualdeek baso-eskumenak bere gain hartzen baitituzte bakoitzaren autonomia-legeria betez. Lehenik eta behin, aipatutako lurralde-entitate guztiak, Legearen ondorioetarako, Autonomia Erkidegoen parekoak dira, eta baso-eremuan “Administrazio Publiko Eskudunen” kalifikazioa dute eta beren baliabideak kudeatzeko gaitasuna dute.

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Horixe bera esaten du 43/2003 Legearen Seigarren Xedapen Gehigarriak, “Administrazio Publiko Eskudunak”: “Testuan Autonomia Erkidegoak aipatzerakoan, barne sartzen dira Ceuta eta Melilla hiriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historikoak eta Kabildoak zein Uharteko Kontseiluak, baita arautegi autonomikoak onartutako baso-eskumenak dituzten beste toki-entitateak ere”.

II.7.B).— Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Organoen berezko eskumenak, arauzkoak zein betearazleak. II.7.B).i— Mendiei buruzko eskumenak eta mendiak arautzeko arauak bere gain hartzea. Aipatutako Administrazio Publiko eskuduneko kalifikazioa alde batera utzita, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatutuen arabera bere gain hartutako eskumena, egia esanda, Lurralde Historikoetako Foru Organoei dagokiela adierazi behar dugu. 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoa, Autonomia-elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaria-lurraldeetako Foruzko Jardute-erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, hain zuzen, (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 182. zenbakian, abenduaren 10ekoan, argitaratua), Lehengo Tituluan “Autonomia Erkidego Osorako eta Lurralde Historikoen Foru Organoen eskumenak” mugatzen ditu, eta II. Kapituluari dagokio “Lurralde Historikoen eskumenak” zein diren zehaztea. 7.a).9. artikuluan honakoa dio: “Lurralde Historikoen Foru-Erakundeek, bakoitzak berariazko araubide juridikoaren arabera erabiliko dituen eskumen esklusiboak izango dituzte honako gai hauetan: Mendiak, aprobetxamenduak, baso-zerbitzuak, abereentzako bideak eta larreak, Autonomia Estatutuaren 10.8. artikuluak dioenez; baso-zaintza eta nekazaritza eta baso-lurrei bere onean eustea eta hobetzea”. Horren ondorioz, 27/1983 Legearen 7.a).9. artikuluaren arabera, eta 8.1. artikuluarekin batera, esan dezakegu Euskal Autonomia Erkidegoko mendiak Lurralde Historikoen foru-entitateen eskumen esklusibo direla, eta haiek dutela arauak egiteko ahalmena eta, nola ez, arauen betearazpenaren ahalmena, betiere Konstituzioaren 149.1.23 artikuluak finkatutako mugak errespetatuz. Hori dela eta, Lurralde bakoitzak finkatutako arauak bete beharko dira, honako hauek alegia: — Gipuzkoan, Gipuzkoako Mendien 6/1994 Foru Araua, uztailaren 8koa (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 134. zenbakian, uztailaren 15ekoan, argitaratutako, 8.965. orria eta hurrengoak);

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— Bizkaian, Mendi eta Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko 3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 123. zenbakian, ekainaren 28koan, argitaratutakoa, 7.839 orria eta hurrengoak); eta, — Araban, 13/1986 Foru Araua, uztailaren 4koa, Arabako Lurralde Historikoko mendien erregimena arautzen duena (Arabako Aldizkari Ofizialean, abuztuaren 13koan, argitaratutako).

II.7.B).ii— Arabako Lurralde Historikoko Mendiak arautzen duen Foru Araua. Zehazki, eta hizpide dugun gaiarekin jarraitzeko, uztailaren 4ko 13/1986 Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoko Mendien erregimena arautzen duenaren, aitzindaria 1793ko azaroaren 12ko “Arreglamento u Ordenanzas de Álava” izenekoa da; halaber, honako hauen ondoriozkoa ere bada: Baso Arau-hausteen Ordenantza eta Zigorra, 1973ko azaroaren 28koa eta Araba Probintziako Mendiei buruzko Ordenantza, 1974ko azaroaren 14koa. Azken araua indarrean izan genuen 13/1986 Araua onetsi arte. Gainera, egia esateko, 13/1983 Foru Arauren edukiak aipatutako foru testu horien aginduak biltzen ditu, baita garatzeko emandako xedapenak ere, nahiz eta 1978ko Konstituzioak adierazitako ingurumen-babesaren eremuan egoitzen dituen eta, ondorioz, Administrazioaren esku-hartzea gogortzen duen funtzio teknikoak zein babesa eta zaintza funtzioei dagokienez. 154 artikuluk osatzen dute Foru Araua. Sei Kapitulutan egituratzen dira artikulu horiek guztiak, eta kapitulu horiek honako eduki hau dute: — Atariko Titulua, 1. eta 2. artikulua. Helburua eta aplikazio-eremua definitzen dute, bai mendi publikoei, bai partikularren mendiei dagokienez. — Lehenengo Titulua, “Mendien Kontzeptua eta sailkapena”, 3. artikulutik 14.enera. Bi kapitulu ditu Tituluak. Kapitulu horietan Arauen ondorioetarako mendiaz zer ulertzen den azaltzen dute, eta ondoren mendien sailkapena egiten dute, bai jabetzari dagokionez, bai babespena behar izateko –eta beraz, administrazioaren esku-hartzea behar izateko– dituzten oinarrizko ezaugarriei dagokienez; horrela bada, administrazio-erregistroa antolatzen da beste batzuekiko jabetza-ondorioak ditu. — Bigarren Titulua, “Erabilera Publikoko Mendiei buruzkoa”, 15. artikulutik 38.enera. Hiru Kapitulu ditu, eta Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa arautzen dute. Katalogo horretan entitate publikoen eta erabiltzeko modukotzat hartutako mendiak sartzen dira, baita mendi horien eranskinak ere, gizarte-interesekotzat hartutako partikularren mendiak behar bezala agerian uzteko. Katalogoko mendientzat beste batzuekiko jabetza-ondorioak ematen dizkie Katalogoak, mugaketa erraztuz eta kargak murriztuz.

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— Hirugarren Titulua, “Baso-aprobetxamenduak”, 39. artikulutik 82. enara, bost kapitulutan banatua. Kapitulu horrek aprobetxamendu guztiak arautzen ditu, oinarrizkoenetik (ekoizpena alegia), beste osagarri batzuetara, adibidez artzaintza eta luberritzeak, eta egurra egiteko ohiko aprobetxamendua nabarmentzen du. — Laugarren Titulua, “Basoa berritzeari eta bere onean eusteari buruzkoa”, 83. artikulutik 116.enera. Tituluak sei kapitulu ditu, eta zenbait sari jasotzen ditu baso-berritze eta –hobetze lanen truke emateko; gainera plaga eta baso-suteen aurkako babesa arautzen du, larreak eta baso-arrastoak erretzeari buruzko diziplina zainduz. — Bosgarren Titulua, “Arau-hauste eta Zigorrei buruzkoa”, 117. artikulutik 154.enera. Zortzi kapitulu ditu. Bereiztu egiten dira Administrazioarekin, euste bereziaren barruan, egindako ekintzak eta Administrazioarekiko harreman zuzenetik kanpo egindakoak. Lehenengoak elkarrekiko harremanaren eremuan zigortzen dira eta, bigarrenak, aldiz, jurisdikzioak epaitzeko dituen eskumenak errespetatuz, zehapen subsidiarioen bidez edo zehapen zuzenekin zigor-arloan tipifikatu ez dituzten kasuetarako dira. Halaber, zigorrak ezartzeko eta kobratzeko prozedura arautzen du, baita erantzukizun zibila ere, betiere Konstituzioak zigor-prozeduraren berri emateko printzipioak errespetatuz. Honako xedapen hauek osatzen dituzte artikulu horiek guztiak: zortzi xedapen gehigarri, Foru Aldundiari araua gauzatzeko ahalmena emateari buruz; hiru xedapen iragankor, araua indarrean sartzen den unean dugun egoerari egokitzeari buruzko alderdiak jasotzen dituztenak; bi amaierako xedapen, iraunaldiari buruz, eta xedapen indargabetzailea, aurreko foru Ordenantzak eta Foru Arauaren aurka joan daitezkeen edozein xedapen jasotzeko.

II.7.C).— Erregelamendu-ahalmenak Ceutan eta Melillan. Ceuta eta Melillari dagozkienez –Hiri Autonomoak dira, hitz lauez, araubide berezia duten Toki Entitateak–, kontuan izan behar dugu 43/2003 Legearen Laugarren Amaierako Xedapenak ematen dizkiela –betiere Lege horrek eta horretarako Estatuak egiten dituen Legeetan finkatutako eremuan–, esleituta dituzten araugintzako ahalmenak. Ahalmen horiek martxoaren 13ko 1/1995 Lege Organikoak eta 2/1995 Lege Organikoak, hurrenez hurren, esleitzen dizkiete.

II.7.D).— Baso-politika gauzatzeko eskumena Kanarietako Autonomia Erkidegoan Irletako Kabildoen alde eskualdatzea. Kanarietako Autonomia Erkidegoari dagokionez, nabarmendu beharra dugu, maila betearazlean, eskumenak eskualdatu dituztela Irletako Kabildoen alde. Irletako Kabildoak ohitura sendoko administrazioak dira, eta horien aurrekontua, askotan, Komunitatearena berarena baino handiagoa izaten da.

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Hori dela eta, gogoratuko dugu uztailaren 11ko 161/1997 Dekretu bidez jatorriz egindako eskuordetze orokorra. Dekretuak Irletako Kabildoen esku utzi zituen baso-zerbitzuei, ingurumenaren babesari eta babespeko natur eremuen kudeaketa eta zaintzari buruzko gaiak —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 106. zenbakian, abuztuaren 15ekoan, argitaratutakoa, 9.967. orria—. Dena dela, Dekretuak zenbait aldaketa izan zituen, testua aldatu eta akatsak zuzendu baitzituzten. Lehen aldaketa abenduaren 19ko 298/1997 Dekretu bidez egin zuten; Dekretuaren 1. artikuluak Hirugarren Xedapen Gehigarria aldatu zuen, 2. artikuluan beste bi gehigarri erantsi baitzituen (Seigarrena eta Zazpigarrena) —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 165. zenbakian, abenduaren 23koan, argitaratutakoa, 14.596. orria; akats-zuzenketa 1998ko otsailaren 25eko 25. zenbakian egin zuten, 1.599. orria. Ondoren beste aldaketa egin zuten azaroaren 16ko 204/1998 Dekretuaren bidez; Dekretuak zenbait eranskin gehitu zituen —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 151. zenbakian, abenduaren 2koan, argitaratutako, 14.246. orria. Aurrerakin horrekin, abenduaren 3ko 8/2001 Legeak, zeinaren bidez uztailaren 26ko 14/1990 Legearen aldaketa partziala egin zuten, Kanarietako Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari buruzkoak, aipatutako Legearen Lehen Xedapen Gehigarria beste modu batera idatzi zuen; horren arabera, Irletara zenbait eskumen eskualdatu zituzten, bakoitzak bere lurralde-eremuan, honako hauek adibidez: baso-zerbitzuei, abelbideei eta larreei, ingurumenaren babesari eta babespeko natur eremuen kudeaketa eta zainketari buruzko eskumen administratiboak. Aipatutako uztailaren 26ko 14/1990 Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrak, bigarren atalean, honakoa dio: Kanarietako Gobernuak, aldez aurretik Transferentzien Batzordearen Erabakia izanik, dagokion Dekretua onestuko zuela, eta Dekretu horretan eskualdatutako, konpartitutako eta erreserbatutako funtzioak azalduko zirela, baita zerbitzuen, bideen eta baliabideen eskualdaketarako beharrezkoa den metodologia ere. Agindu hori osatzeko eta Erkidegoaren eta Kabildoen arteko eskualdaketa behar bezala egiteko helburuarekin, abuztuaren 9ko 111/2002 Dekretua egin zuten, baso-zerbitzuei, abelbideei eta larreei, ingurumenaren babesari eta babespeko natur eremuen kudeaketa eta zainketari buruz Kanarietako Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoak dituen Funtzioak Irletako Kabildoetara eskualdatzeari buruzkoa —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 110. zenbakian, abuztuaren 16koan, argitaratutakoa, 13.849 orria.—. Dekretuak, 1. artikuluan finkatzen duenaren arabera, honako helburua zuen: eskualdatutako eskumenen funtzioak zehaztea —8/2001 Legeak indarrean sartu arte, 161/1997 Dekretuak delegatutako eskumentzat hartzen ditu—, baita Kanarietako Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoarentzat gelditu diren funtzioak ere. Gainera zerbitzuen, bideen eta baliabideen eskualdaketarako beharrezkoa den metodologia ere finkatzen du. Azalpen xehatua ezin badugu egin ere, gogoratu beharra dugu 2. eta 5. artikuluen bidez eskualdatutako funtzioak mugatu ondoren, eta 8. artikuluak Kanarietako Gobernuari esleitzen dion kontrol-teknikak alde batera utzi gabe, Irletako Kabildoek eskualdatutako zerbitzuak eraginkortasun administratiboarekin eta legearen arabera gauzatuko dituztela bermatzeko, 111/

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2002 Dekretuaren 6. artikuluak Autonomia Erkidegoarentzat zein funtzio uzten dituen esaten du. Gogoratuko dugu, garrantzi handikoa baita: “Kanarietako Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren esku geldituko dira, 2., 3. eta 4. artikuluetan adierazitako gaiak direla-eta, honako funtzio hauek: a) Babespeko Natur Eremuen Plan eta Arauak egitea, izapidetzea eta Kanarietako Gobernuan eskumena duen organoari bidaltzea, behin betiko onar ditzan. b) Lege-ekimena, Berariazko Legeek eta Autonomia Estatutuak Irletako Kabildoei onartu dieten lege-ekimenean kaltetan izan gabe. c) Arauzko ahalmena gauzatzea, Irletako Kabildoeei beren antolaketa eta funtzionamendua antolatzeko duten arauzko ahalmenean kaltetan izan gabe, eta barne sartzen da Irletako entitateek duten ahalmena eskualdatutako eskumenak egikaritzeko ďŹ nkatzen diren zerbitzu publikoak arautzea. d) Irletako eremuan edo eremu txikiagoetan antolaketa-tresnen behin betiko onespena, Irletako Kabildoek egindako eta izapidetutako antolakuntza-tresnak alegia, honako salbuespen honekin: indarrean dagoen lege edo arauekin bat etorriz behin betiko onespena Kabildoei dagozkienean. Eta, edozein modutan ere, eremu erregional edo irletakoa ez den beste eremu batzuen tresnak egitea, izapidetzea eta behin betiko onestea. e) Mendien erabilera publikoa aitortzea, Katalogoan sartzea edo ez erabakitzea, mendien gutxieneko unitatea ďŹ nkatzea eta mendi babesleak aitortzea, aldez aurretik dagokion Irletako Kabildoaren proposamena izanda. f) Dagokien Irletako Kabildoen proposamenaren ondorioz, Baso-aprobetxamenduak egiteko beharrezkoak diren baldintza tekniko, fakultatibo eta ekonomikoen plegu orokorrak onestea. g) Baimendu behar diren baso-espezie berrien aprobetxamenduak zehaztea. h) Kanarietako baso-politika koordinatzea eta Kanarietako Baso-Planaren gauzapena, jarraipena eta eguneraketa koordinatzea. i) Irletako Kabildoek partzuergoan sartutako edo hitzartutako mendien indargabetzeari buruz egiten dituzten proposamenak erabakitzea, aldez aurretik Mendien Batzordearen txostena izanik. j) Irlez gaindiko eremuan baso-suteen prebentzio eta aurka egiteko eskumena duten entitateekiko koordinazioa, Irletako Kabildoen esku jartzea sute guztietan edozein giza

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baliabide zein baliabide material gehigarri, betiere sutea ezin dutenean gainditu irlalurraldeak dituen baliabideen, eta, beraz, Autonomia Erkidegoko beste irla batzuetatik, beste Autonomia Erkidego batzuetatik edo Administrazio Zentraletik ekarritako giza baliabide zein baliabide material batzuk behar dituztenean. k) Desagertzeko arriskua duten espeziak berreskuratzeko planak eta habitat-aldaketa dela-eta espezie sentikorren zainketari buruzko planak egin, izapidetu eta onestea, baita desagertzeko arriskua duten, habitat-aldaketarekiko sentikor diren eta erasotzeko erraz diren katalogatutako espezien erabilerarako baimenak ematea, betiere dagozkien planak onestu ez dituztenean. l) Irletako lurraldez besteko habitateko espezie katalogatuei buruzko planak egin, izapidetu eta onestea (itsasoko espezieak), baita desagertzeko arriskua duten, habitat-aldaketarekiko sentikor diren eta erasotzeko erraz diren katalogatutako espezien erabilerarako baimenak eta irlaz besteko habitateko gainontzeko espezieak erabiltzeko baimenak ematea ere (itsasoko espezieak). m) Sentikortasun Ekologikoko Eremuen Katalogo Erregionala kudeatzea. n) Gaiari buruzko legeek Inpaktu Ekologikoari buruz arautzen dituzten funtzio guztiak, Ingurumen-zedulak emateko eskumena eta inpaktu ekologokoaren oinarrizko adierazpena izan ezik. ñ) Irlaz gaindiko eremuan naturan josketarako eta heziketarako politika koordinatzea, baita ingurumenari buruzko dibulgazioa eta informazioa, eragindako Irletako Kabildoekin koordinatuz”. Ondoren, 111/2002 Dekretua, eta Xedapen Gehigarri bakarra betez, zehaztu egin dute Uhartediaren zazpi Irletarako dekretuak eginez. Dekretu horiek baso-zerbitzuen, abereentzako bide eta larreen, ingurumenaren babesaren eta babespeko natur eremuen zainketaren eremuan transferitutako eskumenak egikaritzeko Autonomia Estatutuaren zerbitzuen, giza baliabideen eta baliabideen eskualdaketarako dira, eta 2002ko abenduaren 20koak dira. Ordenu zenbakiaren arabera, honako Dekretu hauek dituzte: .— El Hierro Irlako Kabildoarentzat, 177/2002 Dekretua —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 173. zenbakian, abenduaren 30ekoan, argitaratukoa, 22.277. orria; akats-zuzenketa, 51. zenbakiko Aldizkarian, 2003ko martxoaren 14koan, 4.016. orria—; .— Fuerteventura Irlako Kabildoarentzat, 178/2002 Dekretua —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 1. zenbakian, 2003ko urtarrilaren 1ekoan, argitaratutakoa; akats-zuzenketa, 51. zenbakiko Aldizkarian, martxoaren 14koan, 4.017. orria—; 66


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.— Gran Canaria Irlako Kabildoarentzat, 179/2002 Dekretua —Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 1. zenbakian, 2003ko urtarrilaren 1ekoan, argitaratutakoa; akats-zuzenketa, 51. zenbakiko Aldizkarian, martxoaren 14koan, 4.018. orria—; .— La Gomera Irlako Kabildoarentzat, 180/2002 Dekretua — Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 1. zenbakian, 2003ko urtarrilaren 1ekoan, argitaratutakoa—; .— Lanzarote Irlako Kabildoarentzat, 181/2002 Dekretua — Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 1. zenbakian, 2003ko urtarrilaren 1ekoan, argitaratutakoa; akats-zuzenketa, 51. zenbakiko Aldizkarian, martxoaren 14koan, 4.019. orria—; .— La Palma Irlako Kabildoarentzat, 182/2002 Dekretua — Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 10. zenbakian, 2003ko urtarrilaren 16koan argitaratutakoa—; eta .— Tenerife Irlako Kabildoarentzat, 183/2002 Dekretua — Kanarietako Aldizkari Ofizialean, 173. zenbakian, abenduaren 30ekoan, argitaratutakoa, 22.285. orria; akats-zuzenketa, 51. zenbakiko Aldizkarian, 2003ko martxoaren 14koan, 4.020. orria.

III.—MENDIEI BURUZKO AZAROAREN 21EKO 43/2003 LEGEA, APIRILAREN 28KO 10/2006 LEGEAREN BIDEZ ALDATUTAKOA..

III.1.— Mendiei buruzko 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa. III.1.A).— Indarrean sartzea eta jatorrizko 43/2003 Legearen testuaren indargabetze-klausula. Aurretik azaldutakoarekin bat etorriz, Mendiei buruzko 43/2003 Legeak, azaroaren 21ekoak, Estatuan indarrean dugun eremu arauemailea osatzen du, Estatuaren oinarrizko legeria baita —ondoren azalduko dugun eran. Lege horrek Estatu autonomikoaren alorrean, Espainiako baso-eskubidea instituzionalizatzen eta kodifikatzen du, betiere landare-estaldura zaintzeko helburuarekin. Baina Lege horren aginduak, hurrengo 10/2006 Legeak, apirilaren 28koak, ezarritakoaren arabera kontuan izan behar dira. Atal honetan jatorrizko testua aztertuko dugunez, gogoratu beharra dugu 43/2003 Legeak, Seigarren Amaierako Xedapenari dagokionez —“Legea indarrean sartzea”—, indarrean sartu zela Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 3 hilabete ondoren (280. zenbakian, 2003ko azaroaren 22koan, argitaratu zen, 41.422-41.442 orriak). 67


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Ez genuke zehaztu behar indarrean sartzeak, Xedapen Indargabetzaile bakarraren arabera, aurreko helburu bereko Legea, 1957ko ekainaren 8koa, indargabetu zuela. Azken Lege horrek, alde batetik, ezin zuen Administrazio Publikoei zegozkien eskumenak egituratu eta, beste alde batetik, ez zen tresna egokia funtzio eta helburu berri batzuk kokatzeko, mendien arauketarekin ingurumenarekiko arretari lehentasuna emateko behar diren funtzio eta helburuei alegia. Lege horrez gain, Xedapen Indargabetzailearen 1. atalak, lehen adierazitako beste lau lege aipatzen ditu: .— 1941eko martxoaren 10eko Legea, Estatuaren Baso-ondareari buruzkoa. .— 81/1968 Legea, abenduaren 5ekoa, ohian suteei buruzkoa. .— 5/1977 Legea, urtarrilaren 4koa, Baso-ekoizpenak sustatzeari buruzkoa. .— 22/1982 Legea, ekainaren 16koa, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan sartutako lurrak doan eta ICONAren aurrekontuaren kontura berritzekoari buruzkoa. Indargabetuko lege-testuak garatzeko emandako arau-xedapenei dagokienez, Xedapen Indargabetzailearen 2. atalak dio indarrean jarraituko dutela Legean finkatutakoaren aurkakoak ez diren bitartean, hau da, “garatzeko eman daitezkeen arauak indarrean sartu arte”; eta horretarako Hirugarren Amaierako Xedapenak Gobernuari, bere eskumenen eremuan, beharrezko xedapenak egiteko ahalmena ematen dio. Eraginkortasun indargabetzailea alde batera utzita, kontuan izan behar dugu Lehen Amaierako Xedapenak –“Martxoaren 27ko 4/1989 Legearen, Natur Eremuak eta Landaretza eta Animali Basatiak Babesteari buruzkoaren, aldaketa”–, aipatutako legearen zazpi alderdi aldatzen dituela. Lehengo eta behin, III. Tituluari beste kapitulu bat gehitzen zaio, II.bis, “Natura 2000 Europako Sare Ekologikoari buruzkoa”, eta 20.bis, 20.ter eta 20.quáter artikuluek osatzen dute kapitulu hori. Bigarrenik, 21. artikuluaren 1. atala aldatuko da. Gainera 26. artikuluaren 4. atala beste modu batera idatziko dute. Eranskinei dagokienez, alde batetik, Legearen eranskina I. Eranskin bihurtuko da eta, beste alde batetik, beste II. Eranskina sartuko dute. Seigarrenik, 28. artikuluaren 5. atala indargabetuko dute. Amaitzeko, Gobernua gaitzen dute, Errege-Dekretu bidez, II. Eranskina aldatzeko, betiere Europar Batasuneko arauetara egokitzeko helburuarekin.

III.1.B).— 2003ko azaroaren 21eko Legearen egitura 80 artikuluk osatzen dute Lege horren testua. Artikulu horiek guztiak zazpi titulutan banatzen dira, eta honako helburu hauek dute titulu horiek: 68


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— I. Titulua: “Xedapen Orokorrak”, 1. artikulutik 10.era ; bi kapitulu hauetan banatzen dira artikulu horiek: I.a, “Helburua eta Kontzeptu Orokorrak”, 1. artikulutik 6.enera; eta II.a, “Administrazio Publikoen Eskumenak”, 7. artikulutik 10.era. — II Titulua: “Mendien sailkapena eta araubide juridikoa”, 11. artikulutik 27.enera; bost kapitulu ditu: I.a, “Mendien sailkapena”, 11. artikulutik 13.enera; II.a, “Mendi publikoen araubide juridikoa”, 14. artikulutik 19.enera; III.a, “Mendi-publikoen edukitza berreskuratzea eta mugaketa”, 20. eta 21. artikuluak; IV.a, “Mendi pribatuen araubidea”, 22. artikulutik 24.enera; eta V.a, “Lehentasunez eskuratzeko eskubidea y baso-ekintzarako gutxienezko unitateak”, 25. artikulutik 27.enera. — III. Titulua: “Baso kudeaketa iraunkorra”, 28. artikulutik 38.enera; lau kapitulu ditu: I.a, “Baso-informazioa”, 28. artikulua; II.a, “Baso-antolaketa”, 29. artikulutik 31.enera; III.a, “Mendien ordenamendua”, 32. artikulutik 35.enera; eta IV.a, “Baso-aprobetxamenduak”, 36. artikulutik 38.era. — IV. Titulua: “Mendiak zaintzea eta babestea”, 39. artikulutik 54.enera; lau kapitulu ditu Tituluak: I.a, “Lurzoruaren erabilerak”, 39. eta 40. artikuluak; II.a, “Lurzoruak zaintzea, higaduraren eta desertifikazioaren aurkako borroka eta baso- eta ur-lehengoratzea”, 41. eta 42. artikuluak; III.a, “Baso-suteak”, 43. artikulutik 50.enera; eta IV.a, “Baso-osasuna eta -genetika”, 51. artikulutik 54.enera. — V. Titulua: “Ikerketa, prestakuntza, zabalkuntza eta dibulgazioa”, 55. artikulutik 59.era; bi kapitulu ditu: I.a, “Baso-ikerketa”, 55. eta 56. artikuluak; eta II.a, “Baso-prestakuntza eta hezkuntza”, 57. eta 58. artikuluak. — VI. Titulua: “Baso-sustapena”, 60. artikulutik 66.enera; hiru kapitulu ditu: I.a, “Basointeresen defentsa”, 60. artikulua; II.a, “Baso-enpresak”, 61, eta 62. artikuluak; eta III.a, “Pizgarri ekonomikoak araututako mendietan”, 63. artikulutik 66.era. — VII Titulua: “Zehatzeko araubidea”, 67. artikulutik 80.enera; bi kapitulu ditu: I-a, “Arauhausteak”, 67. artikulutik 72.enera; eta II.a, “Zigorrak”, 73. artikulutik 80.enera. Amaierako xedapen talde batek osatzen du lege-gorputz hori. Horietako zenbait xedapen aztertu ditugu dagoeneko, eta beste batzuen edukiaz gero arduratuko gara. Honako xedapen hauek dira: — hamar xedapen gehigarri —Lehena, “Baso-berritzerako partzuergoak eta hitzarmenak”; Bigarrena, “Araubide bereziak”; Hirugarrena, “Baso esku-hartzea babespeko natur eremuen adierazpenean”; Laugarrena, “Hondakin baso-biomasaren erabilera energetikoa”; Bosgarrena, “Baso-jabeen elkarteak”; Seigarrena, “Administrazio publiko eskudunak”; Zazpigarrena, “Aldaketa klimatikoa”; Zortzigarrena, “Baso jabari publikoko

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mendiak okupatzea Defentsa Nazionala dela eta”; Bederatzigarrena, “Mezenasgoa”; eta Hamargarrena, “Pro indiviso-ko mendi-kudeaketa”—; — bost xedapen iragankor —Lehena, “Zortasunak jabari-publikoko mendietan”; Bigarrena, “Mendien antolaketarako epea”; Hirugarrena, “Pizgarri ekonomikoak ez araututako mendietan”; Laugarrena, “Lege aurretik Erabilera Publikotzat hartutako mendiak”; eta Bosgarrena, “Lege aurretik babesletzat hartutako mendiak”—; — dagoeneko aztertutako Xedapen Indargabetzaile bakarra —“Arauzko indargabetzea”—; eta — sei Amaierako Xedapen —lehen aztertutako Lehena, “Martxoaren 27ko 4/1989 Legearen, Natur Eremuak eta Landaretza eta Animali Basatiak Babesteari buruzkoaren, aldaketa”; Bigarrena, “Eskumen-gaitasuna”; Hirugarrena, “Gaitasun arauemailea”; Laugarrena, “Arauzko ahalmenak Ceutan eta Melillan”; Bosgarrena, “Isunak eguneratzea”; eta, Seigarrena, dagoeneko aztertu duguna, “Legea indarrean sartzea”—.

III.1.C).— Izaera arauemailea: Estatuko oinarrizko legeria. Legearen “Zioen Arrazoiaren” azken paragrafoaren arabera —lege-testua behin betiko onetsi ondoren “Hitzaurrea izan beharko luke”—, Legea “Konstituzioaren 149.1. artikuluaren 8., 14., 15., 18. eta 23. egoerekin bat etorriz egiten da. Artikulu horrek Estatuari honako gai hauen eskumen esklusiboa esleitzen dio: Legeri Zibila, ogasun orokorra, ikerketaren sustapena eta koordinazioa, Administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak eta ingurumenaren eta mendien eta basoaprobetxamenduen babesari buruzko oinarrizko legeria hurrenez hurren”. Aitorpen hori zehazteko, Bigarren Amaierako Xedapenak, “Eskumen gaitasuna”-k, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 23. egoerarekin bat etorriz erabakien “oinarrizko izaera” aipatzen du; ondorioz, Autonomia Erkidegoek erabaki horiek arauen bidez garatu ditzakete, betiere oinarrizko eremuen mugetan. Zehaztasun orokor horretatik abiatuta, aipatutako Azken Xedapenak azaldu egiten du zein alderdik oinarrizko edo Estatuaren eskumen esklusibo diren, Estatuaren zenbait eskumen-tituluren arabera egiten badira: .— Lehen blokea, “Estatuaren oinarrizko legeria”, Konstituzioaren 149.1. artikuluaren 18. egoerarekin –honako artikulu hauek osatzen dute: 12., 14.enetik 17.enera, 18.4, 20., 21., 36.4 eta 47.3–, eta Bigarren Xedapen Gehigarriaren 1. atalarekin eta Lehen Xedapen Iragankorrarekin bat etorriz. .— Honako hauek “Estatuaren eskumen esklusibo” gisa egindako aginduak dira, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 8., 14. eta 15. egoerekin bat etorriz, eta, ondorioz, ezin dute Autonomien

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garapenik izan: 18.1, 2 eta 3 artikuluak, 19., 22. eta 25. artikuluak, eta legeri zibilaren oinarriaren eskumen esklusiboari buruzko Hamargarren Xedapen Gehigarria — 149.1.8 artikulua—; Bederatzigarren Xedapen Gehigarria Ogasun orokorrari buruzko eskumenetik abiatuta —149.1.14 artikulua—; eta 55. eta 56. artikuluak, V. Tituluaren I, Kapitulua osatzen dute, ikerketa zientifikoaren eskumenari dagokionez —149.1.15 artikulua—.

III.2.— 10/2006 Legearen, apirilaren 28koaren, bidez egindako erreforma garrantzitsua. III.2.A).— 43/2003 Legetik eragindako artikuluen eta xedapenen zehaztasuna. Oinarrizko Legearen aginduek garrantzi handiko aldaketak jasan dituzte, aipatutako helburu bikoitzarekin —zenbait urritasun edo gabezi zuzentzea, alde batetik, Administrazio publiko bakoitzari dagozkion eskumenen definizio zuzenari buruzkoak eta, beste alde batetik, mendiak babesteko eta zaintzeko mekanismoen antolakuntzari berari buruzkoak. Aldaketa horiek guztiak apirilaren 28ko 10/1996 Legearen artikulu bakarrean jaso dituzte (Estatuaren Aldizkari Ofizialean, 102. zenbakian, apirilaren 29koan, argitaratutakoa, 16.830 orria eta hurrengoak), eta Hirugarren Amaierako Xedapenarekin bat etorriz, Legean indarrean izan da aldizkari ofizialean argitaratutako egunaren biharamunetik aurrera. Era laburrean eta egindako aldaketekin zer helburu lortu nahi zituzten aztertu gabe —10/ 2006 Legearen Zioen Azalpenean zehazten dira helburu horiek aipatuko ditut horren azterketa egiterakoan–, zerrendatuko ditut (tituluen arabera eta eragindako artikulua edo xedapena aipatuz), 43/2003 Legearen zein agindu edo amaierako xedapen jasan dituzten aldaketa horiek: — I. Titulua: - 1. artikulua, artikulu bakarraren 1. atalaren bidez aldatutakoa - 3. artikuluaren j) eta k) hizkiak, artikulu bakarraren 2. atalaren bidez gehitutakoa. - 5. artikuluaren 1.e) atala, artikulu bakarraren 3. atalaren bidez gehitutakoa - 6. artikuluaren q) hizkia, artikulu bakarraren 4. atalaren aldatua. - 7. artikuluaren 1.a) atala, Xedapen Indargabetzaile bakarraren bidez indargabetua. - 7. artikuluaren 2.c) eta g) atalak, artikulu bakarraren 5. atalaren bidez aldatuak. - 7. artikuluaren 2.h) atala, Xedapen Indargabetzaile bakarraren bidez indargabetua. 71


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- 7. artikuluaren 3. atala, artikulu bakarraren 6. atalaren bidez aldatua. - 10. artikuluaren 3. atala, artikulu bakarraren 7. atalaren bidez gehitua. — II. Titulua: - 12.bis artikulua, artikulu bakarraren 8. atalaren bidez gehitua. - 13. artikulua, artikulu bakarraren 9. atalaren bidez aldatua. - 18. artikuluaren 1. atala, artikulu bakarraren 10. atalaren bidez aldatua. - 18. artikuluaren 4. atala, artikulu bakarraren 11. atalaren bidez aldatua. - 20. artikuluaren 1. atala artikulu bakarraren 12. atalaren bidez aldatua. - 21. artikuluaren 2. atala, Xedapen Indargabetzaile bakarraren bidez indargabetua - 21 artikuluaren 7. atala, artikulu bakarraren 13. atalaren bidez aldatua. - IV.bis Kapitulua, 24. artikuluarekin osatua. Artikulu bakarraren 14. atalaren bidez, Artikulua beste modu batera idatziko dute eta 24.bis, 24.ter eta 24.Quatre artikuluak gehituko dituzte. - 25. artikuluaren 1.b) atala, artikulu bakarraren 15. atalaren bidez aldatutakoa. — III. Titulua: - 28. artikuluaren 1. atalaren i), j) eta k) hizkiak, artikulu bakarraren 16.1 atalaren bidez gehituak. - 28. artikuluaren 1. atalaren azken paragrafoa, artikulu bakarraren 16.2 atalaren bidez gehitua. - 29 artikuluaren 2. atala, artikulu bakarraren 17.1 atalaren bidez aldatua. - 29 artikuluaren 3. atala, artikulu bakarraren 17.2 atalaren bidez aldatua. - 30. artikuluaren 2. atala, artikulu bakarraren 18, atalaren bidez aldatua. - 32. artikulua, artikulu bakarraren 19. atalaren bidez aldatua. - 33 artikuluaren 2. eta 4. atalak, artikulu bakarraren 20.1 atalaren bidez aldatuak. - 33 artikuluaren 5. atala, artikulu bakarraren 20.2 atalaren bidez kendua. - 34. artikulua, artikulu bakarraren 21. atalaren bidez aldatua. - 35. artikulua, artikulu bakarraren 22. atalaren bidez aldatua.

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- 35.bis artikulua, artikulu bakarraren 23. atalaren bidez gehitua. - 37. artikuluaren b) hizkia, artikulu bakarraren 24. atalaren bidez aldatua. — IV. Titulua: - 41. artikuluaren 1. atala, artikulu bakarraren 25. atalaren bidez aldatua. - 41. artikuluaren 3. atala, artikulu bakarraren 26. atalaren bidez aldatua. - 46. artikuluaren 1. atala, artikulu bakarraren 27. atalaren bidez aldatua. - 47. artikuluaren 1. eta 3. atalak, artikulu bakarraren 28. atalaren bidez aldatuak. - 48. artikuluaren 3. atalaren lehen paragrafoa, artikulu bakarraren 29. atalaren bidez aldatua. - 49. artikuluaren 2. atala, artikulu bakarraren 30. atalaren bidez aldatua. - 50 artikulua, artikulu bakarraren 31. atalak izenpea aldatu du. - 50. artikuluaren 1. atala, artikulu bakarraren 32. atalaren bidez aldatua. - IV. Tituluaren V. Kapitulua, 54.bis artikulua jasotzen duena, eta ex novo sartzen da artikulu bakarraren 33. atalaren bidez. — V. Titulua: - 58. artikulua, artikulu bakarraren 34. atalaren bidez aldatua. — VI. Titulua: - 63, artikuluaren 1. eta 3. atalak, artikulu bakarraren 35. atalaren bidez aldatuak. — VII. Titulua: - 77. artikuluaren 2. atala, artikulu bakarraren 36. atalaren bidez aldatua. — Xedapen Gehigarriak: - Bigarren Xedapen Gehigarria, 2. atalean beste paragrafoa sartzen da artikulu bakarraren 37.1 atalaren bidez. - Bigarren Xedapen Gehigarriaren 3. atala, artikulu bakarraren 37.2 atalaren bidez aldatua. - Hamaikagarren Xedapen Gehigarria, artikulu bakarraren 38. atalaren bidez gehitua. 73


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— Amaierako Xedapenak: - Hirugarren Amaierako Xedapena, artikulu bakarraren 39. atalaren bidez aldatua. Aurreko zerrenda ikusita, nabarmendu beharra dugu, Bigarren Amaierako Xedapenak, “Eskumen-gaitasuna” izenekoak, adierazitakoaren arabera, 10/2006 Legea Konstituzioaren 149.1. artikuluaren 23. egoerarekin bat etorriz egiten dutela, beraz, Legearen aginduak oinarrizkoak dira. Dena dela, Xedapenak berak zehazten du, 2. eta 3. ataletan, zenbait artikulu zer titulu betez ematen diren. Honako hauek zehazki: “2. Oinarrizkoak dira, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 18. egoera betez eman direlako, artikulu bakarraren hamaikagarren, hamahirugarren eta hogeita seigarren atalak. Atal horiek Mendiei buruzko 43/2003 Legearen, azaroaren 21ekoaren, 18.4, 21.7 eta 47.3 artikuluak aldatzen dituzte. 3. Artikulu bakarraren hamabosgarren atalak, mendiei buruzko 43/2003 Legearen, azaroaren 21ekoaren, 25.1.b) artikulua aldatzen du. Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 8 baldintza betez egiten dute; dena dela, Autonomia Erkidegoek eskubide zibil, foral edo bereziak zaindu, aldatu eta garatu ahal izango dituzte”.

III.2.B).— Natura-ondarerako Fondoa. 43/2003 Legearen aginduetan egindako aldaketa horiek guztiak alde batera utzita, 10/2006 Legearen berrikuntza garrantzitsuenetariko bat Natura-ondarerako Fondoaren eraketa da. Fondoak baso-eremuak babesteko beharrezkoak ditugun baliabide ekonomikoen egonkortasuna eta iraunkortasuna bermatzea du helburu. Fondoa baterako finantzaketarako tresna da, eta baso-kudeaketa iraunkorraren alde eginez lurralde-kohesioa bermatu nahi du; helburua baso-eremuen funtzio ekologiko, sozial eta kulturalei balio handiagoa ematea eta basogintzako eredu iraunkorrak bideragarri egitea da; gainera, Autonomia Erkidegoei dagokie emandako diru-laguntzen kudeaketa. 10/2006 Legearen Lehen Xedapen Gehigarriak Fondoaren diziplina finkatzen du, eta Lege horren Bigarren Amaierako Xedapenak dioenez, diziplina Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 14. egoerarekin bat etorriz egin da. Aipatutako Xedapen gehigarriak honakoa dio hitzez hitz: “1. Natura-ondarearen Fondoa sortuko da, baso-kudeaketa iraunkorraren, baso-suteen prebentzio estrategikoaren eta baso eta natur eremuak babestearen aldeko praktikak 74


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abian jartzeko helburuarekin, betiere praktika horien finantzaketan Estatuko Administrazio Orokorrak parte hartzen badu. Fondoak urte anitzeko ekintzak finantzatu ditzake, eta lurralde-kohesioa bermatzeko baterako finantzaketa tresna izango da. Fondoa Estatuaren Aurrekontu Orokorren bidez emandako partidekin eratuko da, helburu bereko Erkidegoetako finantzaketa-tresnek batera emandako finantzaketen ondoriozko hornidurak eta etorkizunean ezarri daitezkeen beste finantzaketa-iturri batzuk barne. 2. Honako hauek izango dira Fondoaren xedeak: a) Pizgarri egokien bidez, baso-inbertsio, -kudeaketa eta –antolaketa sustatzea, bereziki, mendien antolaketarako proiektuak edo plan dasokratikoak egin ditzaten sustatzea. b) Baso-suteen prebentziorako ekintzen alde egitea. c) Finantzaketa-tresna batzuk ezartzea basozaintza iraunkorrerako kudeaketa-ereduak bideragarri bihurtzeko. d) Ikerketa aplikaturako, frogaketarako eta esperimentaziorako berariazko ekintzak finantzatzea. e) Baso-eremuen funtzio ekologiko, sozial eta kulturalei balio handiagoa ematea, eta natura-baliabideen ingurumen- eta zaintza-zerbitzuen alde egitea. f) Baso-jabetza duen taldeari pizgarriak ematea elkarrekin baso-ustiaketak egin ditzaten, baso-kudeaketa iraunkorraren aldeko ustiaketak alegia. g) Ziurtagiria duten basoetatik etorritako baso-produktuen erabilera sustatzea eta ekoizpen eta merkataritzaren alde egitea. h) Baso-eremuen zaintza eta iraunkortasunaren aldeko zenbait ekintza egitea eta tresna gehigarri batzuk sortzea. i) Aurreko helburuak osatzea eta arau bidez zehazten diren beste batzuk, baso-kudeaketa iraunkorrarekin lotura dutenak. 3. Autonomia Erkidegoei dagokie Fondorako ematen diren diru-laguntzen kudeaketa. 4. Errege-dekretu bidez Natura-ondarerako Fondoaren funtzionamendua arautuko da, eta Autonomia Erkidegoen parte-hartzea bermatuko du dekretuak”.

III.2.C).— Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoak arautzen duen 50/1981 Legearen, abenduaren 30ekoaren, erreforma. 10/2006 Legearen bidez egindako erreformaren hirugarren eta azken alderdi garrantzitsua honakoa da: Justizia Administrazioa sendotu egin dute ingurumen alorreko delinkuentziari aurre

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egiteko, betiere nazioarteko zenbait erakundek egiaztatutako ildoari jarraituz. Gogoratu baino ez dugu egin behar Europako Kontseiluaren 77/28 Erabakia. Erabaki hori zuzenbide penalak ingurumenaren babesean egin dezakeen ekarpenari buruzkoa da, eta Auzitegietan eta Fiskaltzetan atal bereziak jartzea eskatzen da gaiarekin zerikusirik duten arazoak lantzeko. Helburu horrekin, eta gaian trebatutako profesional bereziak izateko, Ministerio Fiskalaren erakunde-egitura aldatzeari ekin zaio, eta Ingurumeneko Atalak sartu egin dituzte. Erakundearen goi-kargu batek, lehen mailako fiskalak alegia, koordinatuko ditu atal horiek guztiak. Zehazki, Legeak, Lehen Amaierako Xedapenean eta Konstituzioaren 140.1. artikuluaren 5. egoerarekin bat etorriz —Bigarren Amaierakoa esaten duena betez–, honakoa egiten du: .— hasteko eta behin, Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoaren 18.1 artikuluaren bigarren paragrafoa beste modu batera idatzi du, eta Justizia Auzitegi Nagusietako Fiskaltzetan eta Probintzia Auzitegietan Ingurumeneko Atalak sortu ditu. Atal horiek adituak dira lurraldeantolaketarekin, ondare historiko, natura-baliabide eta ingurumenaren babesarekin, eta landaretza, fauna eta etxeko animalien babesarekin eta baso-suteekin zerikusirik duten delituak jarraitzen eta ikertzen. Gainera, .— jarraian, 18.quinquies artikulua sartu dute. Artikuluak Ingurumen Salako Fiskala sortuko du, eta Fiskal Orokorrak, ordezkaria denez, izendatuko du Fiskal hori, Kontseilu Fiskalari entzun ondoren. Fiskalari ematen zaizkion zehaztatutako funtzioak garatzeko, Guardia Zibilaren Natura Babesteko Zerbitzuaren Unitate bat esleituko diote, baita, beharrezkoa balitz, gainontzeko Estatuko Segurtasuneko Indar eta kidegoen beharrezko poliziak ere. Gainera, beste profesional eta aditu tekniko batzuen laguntza jaso dezakete eta baso- edo ingurumen-agenteen laguntza eskatu dezake. III.3.— Indarrean dugun Mendiei buruzko Legearen araudi-edukia. Mendiei buruzko Legearen ezaugarri nagusiak aztertu ondoren, Legea gaur egun idatzita dugun moduan –10/2006 Legearekin bat etorriz–, lege-aginduen edukia aztertu beharra dugu, berariazko arau autonomikoa baldintzatzen baitu, eta, bereziki, geure ordenamendu juridikoan ex novo sartutako –1957ko aurreko legearen aurrean– zehaztapenen alderdietan arreta berezia jarriz. Ondorio sistematikoetarako, Legearen xedea eta printzipioak aztertu ondoren, edukia azalduko dut testu artikulatuaren egiturari jarraituz. III.3.A).— Mendiei buruzko Legearen xedea eta oinarriak. Lehen aipatutako Nazio Batuen Asanbladak 1997an egindako Adierazpenetik abiatuta, zeinaren bidez esaten baiten basoak garapen iraunkorraren parte direla, Legegileak, 43/

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2003 Legearen Zioen Azalpenaren bigarren paragrafoan ezartzen denez, honako eginbeharra du: “mendiak arautzeko lege-eremua finkatzea, Espainiako lurralde osoan baso-eremuak berriz orientatzeko, zaintzeko, hobetzeko eta aprobetxatzeko, betiere gaur egungo egoera sozial eta ekonomikoarekin eta Konstituzioak sortutako Estatu Autonomikoen eraketarekin bat etorriz.”. Aipatutako postulatu horiek honakoa adierazten dute (laugarren paragrafoa, eta ondoren 1. artikuluak horren edukia eraginkor bihurtuko du, 10/2006 Legeak sartutako iraunkortasuna zein lurralde-kohesioa kontuan izateko beharra aipatzen du): “Legeak tresna eraginkorra izan nahi du Espainiako mendien zaintza bermatzeko eta lehengoratzeko, hobekuntza eta aprobetxamendu arrazionala sustatzeko, horretarako beharrezko talde-elkartasunean oinarrituz”. Zioen Adierazpenak berak jarraian zerrendatzen ditu adierazpen horren printzipioak, eta printzipio horiek 3. artikuluan arautuko dira. Printzipio horietako lehena mendien baso-kudeaketa iraunkorra da. Oinarrizko ideia da, eta horren inguruan izango ditugu gainontzeko printzipioak. Oinarrizko ideia hori 6.e) artikuluan zehazten da: “Baso-kudeaketa iraunkorra: mendien antolaketa, administrazioa eta erabilera biodibertsitate, produktibitate, bizitasun, potentzialtasun eta berriztatzeko gaitasunerako aukera ematen duten moduan zein intentsitatean egitea, orain zein etorkizunean toki-, nazio- eta nazioarteeremuan garrantzia duten funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozialei arreta egiteko, eta ekosisteman kalterik sortu gabe”. Bestalde, eta inolako zalantzarik gabe, azpimarratu beha ditugu, bai funtzionaltasun anitza —hau da, mendien ingurumeneko, ekonomiako eta gizarteko balioak modu orekatuan betetzea—, bai baso-planifikazioa lurraldearen ordenamenduan integratzeko ekintza —eta lotesle izango dira hiri-eraldaketarako ekintzetan. Gainera Legeak honako hauek finkatzen ditu: lurralde-kohesioa eta subsidiariotasuna, basoekoizpenen eta herri-garapenaren sustapena, baso-biodibertsitatea zaintzea eta lehengoratzea, baso-politika nazioarteko ingurumen-helburuetan sartzea, Administrazioen arteko lankidetza eta kooperazioa eta baso-eremuari buruz erabakiak hartzen dituzten eragile sozial eta ekonomiko guztien derrigorrezko esku-hartzea. 10/2006 Legeak —3. artikuluari j) y k) hizkiak gehituz— honako bi hauek gehitu ditu: arretaren ikuspuntua edo printzipioa eta mendiak Aldaketa Klimatikora egokitzea. Oraingoan aipatu baino ez dugu egingo, Legearen aginduak aztertzerakoan gogoan hartuko baititugu.

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III.3.B).— Xedapen Orokorrak: “mendi” kontzeptua. Legeak I. Tituluan “Xedapen Orokorrak” finkatzen ditu, eta I. Kapituluak “Xedea eta Kontzeptu Orokorrak” zehazten ditu (1. artikulutik 6.enera). II. Kapituluak, berriz, Administrazio Publiko guztien eskumenak mugatzen ditu —7. artikulutik 10.enera—, baina alderdi hori beste atal batean aztertuko dugu.

III.3.B).i.— Xedea, aplikazio-eremua, printzipioak eta gizarte-funtzioa. Hasteko eta behin, Legeak honako hauek zehatuzko ditu: helburua —1. artikulua—, aplikazioeremua —2. artikulua— eta printzipioak —3. artikulua— eta titularitatea alde batera utzita mendiek duten funtzio soziala –4. artikulua. 43/2003 Legearen Zioen Azalpenean aipatutako xedea dela-eta, 10/2006 Legeak iraunkortasunaren sustapena eta lurralde-kohesioa sartu dituenez, indarrean dugun 1. artikuluak honako hau dio: «Legeak Espainiako mendien zainketa eta babesa bermatzea du helburu, berriz orientatzeko, zaintzeko, hobetzeko eta aprobetxatzeko, ekintzak sustatuz eta talde-elkartasunean eta lurralde-kohesioan oinarrituz”. Printzipioak berriz azaldu gabe —lehen aipatu ditudanak, 1. eta 3. artikuluetan eta gehitutako j) eta k) hizkietan adierazitakoak—, aplikazio-eremuari dagokionez, Legearen aginduak “Espainiako mendi guztietan” aplikagarri direla nabarmendu beharra dugu, 2. artikuluak finkatutakoari jarraituz. Baieztapen orokor hori eginda, Legeak egoki jotzen du bere inperioa zien den zehaztera, eta, beren bitxitasunagatik zalantzak sor ditzaketen zenbait kasu aipatzen ditu. Hori dela eta, eta berariazko legeetan aipatutakoa ere kontuan izanik, indarrean dugun Legea honako eremu hauetara zabaltzen da: — lehenengoa, manu komuneko herri-mendiak; horietan mendi pribatuen araubidea aplikatzen da. Dena dela, mendi horiek bereziak dira komuneko jabetza dutelako, eta banatu, besterendu, preskribatu eta enbargatzeko ezintasunaren muga dute —11.4 artikulua; — bigarrena, lursail mistoak, nekazaritza-, baso- eta artzain-lursailak, eta bereziki larreak, ezaugarriei eta baso-aprobetxamenduei dagokienez; 78


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— hirugarrena, babespeko natur eremuetako mendiak edo eremu horien parte direnak; eta, — laugarrena, mendietatik doazen edo mendien mugakide diren abere-bideak. Aldi berean Legeak bi “Araubide berezi” aurreikusten ditu Bigarren Xedapen Gehigarrian. Bi kasu horietan Legearen aplikazioa aldatzen da; hori dela eta, Estatu mailako eskumenak egikaritzean eragindako edo Estatuaren Administrazioak kudeatutako zerbitzu publikoetan atxikitako mendiei buruzko berariazko arauei kalterik egin gabe —10/2006 Legearen bidezko idazketaren 3. artikulua—, honako araubide juridikoa izango dute: — Ondare Nazionaleko jabari-publikoko mendiak Legean ezarritakoaren arabera arautzen dira, betiere aginduek eragindako helburuen aurkakoak ez badira. — Defentsa Ministerioari atxikitako jabari-publikoko mendiak, baita Defentsarako interesa duten eremuak eta aipatutako Ministerioak edozein titulu juridikoaren arabera jarduerak egiteko erabiltzen dituen eremuak ere. Legean finkatutakoaren arabera arautzen dira, nahiz eta horren aplikazioa Defentsa Nazionalaren helburuaren pean egongo den. Hori dela eta, aipatutako Ministerioak bere gain hartuko du baso-suteen aurkako borrokaren ardura, eta horretako Ingurumen Ministerioaren aholkularitza izango du. 10/2006 Legeak zehaztu egiten du eremu horietan ez dela aplikatuko 58.3. artikuluak baso-polizia administratiboko funtzioak egiten dituzten funtzionarioei buruz xedatutakoa, erreformak berak adierazitako moduan. Gainera Zortzigarren Xedapen Gehigarriak dio, Ingurumen Ministerioak onestutako plan teknikoekin bat etorriz, Defentsa Ministeriori dagokiola, defentsa nazionala dela-eta, prebentziorako azpiegiturekin eta suteak itzaltzeko ekipoekin hornitzea jardueretako erabiltzen dituen eremuak, su-arrisku zuzena duten eremuak alegia. Aipatu beharra dugu, halaber, Konstituzioak erkidegoei gaiarekiko egotzitako eskumena ikusita, 10/2006 Legearen bidezko erreformak kendu egin duela parke naturaletan sartutako Estatu-titularitateko baso-lurraldeen jatorrizko elkarrekiko kudeaketarako araubidea. Garrantzi berezia du 4. artikuluak mendien funtzio sozialari dagokionez egiten duen mugaketa. 4 artikulu horrek dio, titularitatea edozein izanda ere, mendi guztiek funtzio sozial garrantzitsua betetzen dutela, bai natura-baliabideen iturri direlako, bai ingurumen-zerbitzu anitzen iturri direlako, eta Legeak berak adibide batzuen bidez azaltzen du hori. Muga hori dela-eta, Konstituzioaren 9.2 eta 33.2 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Administrazio publikoek mendi horien guztien zaintza, babes, lehengoratze, hobetze eta aprobetxamendu ordenatuaren alde egingo dute, mendiak publikoak zein pribatuak izanda ere. Mendi pribatuek estatutu juridiko berezia dute; horrela bada, eta Kode Zibilak jabetza-eskubideari buruz egindako zehaztapen orokorrak alde batera utzi gabe, araubide gehigarria ezartzen zaie, eta horren bidez esku-hartze administratiboaren menpeko jabetza bihurtzen dira. Aurrekoak garrantzia du kontuan izanik Espainiako baso-masa erdia partikularren jabetzakoa dela.

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III.3.B).ii.— “Mendi” kontzeptua. Adierazitakoarekin bat, Legeak dio mendien inperioan Espainiako mendi guztiak sartzen direla, publikoak zein pribatuak. Ondorioz, garrantzi berezia du lege berriak zein mendi kontzeptutik abiatzen den zehazteak. 5. artikuluak hori finkatzea du helburu, eta muga bikoitza du, bat positiboa eta bestea negatiboa; hau da, berariaz zehazten du menditzat hartzen diren lursailak eta baita, alde batera utziz, egoera horretan ez daudenak ere. Nabarmendu beharra dugu 43/2003 Legeak bere gain hartutako lege-kontzeptuak, 1957ko Legeak eta horren Erregelamenduak egindako definizio kaskarra gaindituta –nekazaritzaerrendimendurik ez duten landa-eremuak zirela zioen—, mendiei izaera irekiago, positiboago eta errealistagoa ematen diela alderdi bikoitzetik, baso- zein gizarte-alderditik, eta berariaz onartzen duela baso-lurraldearen funtzio guztiak: ingurumenekoak, babesleak, ekoizleak, kulturalak, paisaiaren alorrekoak edo olgetarakoak. Halaber, garrantzitsua da aipatzea Legeak Autonomia Erkidegoei beren lurraldeetan kontzeptua mugatzeko aukera ematen diela, eta berariaz esaten du zer tarte duten nekazaritzalur abandonatuak —5.1.c) artikulua—, nekazaritza-lurraldeetako baso-enklabeak—5.1.e) artikulua, 10/2006 Legearen bidez sartua—, hiri-lurrak eta lur urbanizagarriak —5.2.b) artikulua– eta Legearen aplikazioan eragindako menditzat hartuko den gutxieneko unitatearen zabalera, betiere lurraldearen zabalerarekin bat etorriz, zehazteko,—5.3. artikulua—. Laburbildutakoaren arabera, honako hau da 5. artikulua mugatzeko baldintza orokorra, 1. atalaren lehen paragrafoan jasotzen dena: “Legearen ondorioetarako, mendia zuhaitz, zuhaixka, sasi edo belar baso-espezie dituen lursaila da, bai bakarrik hazi direlako, bai landatu edo erein dituztelako, eta ingurumen, babes, ekoizpen, kultur, paisai edo olgetarako funtzioak betetzen dituzte eremu horiek”. Berehala, atal horren bigarren paragrafoak, muga positiboa osatuz eta 10/2006 Legearen barruan, zeinak e) hizkia gehitu duen, honakoa zehazten du: “Honako hauek ere mendiak dira: a) lugorriak eta harri edo hondarrezko lursailak. b) Mendi-zerbitzuetarako erabiltzen diren eta mendian bertan kokatzen diren eraikuntzak eta azpiegiturak. c) Autonomia Erkidegoak zehaztatutako baldintzak eta epeak betetzen dituzten nekazaritza-lur abandonatuak, betiere baso-egoerako zeinu nabariak baldin badituzte.

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d) Aurretik azaldutako baldintzak betetzen ez dituen baina baso-berritzeko edo basoerabilerarako esleituko den edozein lursail, aplikagarri den araudiarekin bat etorriz. e) Nekazaritzako lursailetan dauden baso-enklabeak, betiere Autonomia Erkidegoak zehaztutako gutxieneko azalera badute”. Eta bazterketaren bidetik —mugaketa negatiboa—, 5. artikuluaren 2. atalak lege-definizioa osatzen du honakoa esanez: «Honako hauek ez dira menditzat hartuko: a) Nekazaritza-laborantzako lursailak. b) Hiri-lursailak eta Autonomia Erkidegoak baso- eta hirigintza-araudian alde batera uzten dituen gainontzeko guztiak”.

III.3.B).iii.— Legean erabilitako hitzen definizioa. Legeak I. Tituluaren I. Kapituluaren aginduak osatzen ditu ahalegin propedeutiko goresgarria eginez, lege-testuan erabilitako honako 18 hitz hauen kontzeptuak zehazten baititu —6. artikulua, “Definizioak”–: “Basokoa”; “Baso-espeziea”; “Kudeaketa”; “Basogintza”; “Baso-kudeaketa iraunkorra”; “Baso-berritzea”; “Ohianeratzea”; “Berrohianeztatzea”; “Baso-aprobetxamenduak”; “Aprobetxamendu-plana”; “Baso-sutea”; “Baso-erabilera aldaketa”; “Baso-kudeaketarako tresnak”; “Mendi-antolaketarako proiektuak”; “Plan dasokratiko edo plan teknikoa”; “Mendi ordenatua”; “Baso-ziurtapena”; eta “Baso-agentea”. Hitz gehienak ondoren zehazten dira, eta kontuan izan behar dugu azkenekoa, 6. artikuluaren q) hizkian jasotakoa, 10/2006 Legearen bidez zehaztu dela, eta baso-agenteei, beren berariazko izena edozein izanda ere, polizia judizialaren funtzioak egozten zaizkiela, Prozedura Zibilaren Legearen 283.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Zalantzarik gabe, Estatuaren oinarrizko legeriaren ezaugarriak eta aurreikusten zaion garapen autonomikoa kontuan izanik, zehaztapen hori guztiz ona da Zuzenbidearen ziurtasunaren ikuspuntutik; horrela bada, saihestu egiten baita antolaketaren beste sektore batzuetan dagoen arau-nahasketa —ad exemplum, hiri-diziplinaren alorrean.

III.3.C).— Administrazio Publikoen eskumenak. III.3.C).i.— Eskumen-mugaketaren oinarri orokorrak. Orain arte laburbilduz egin ditugun azalpen guztiak kontuan izanda, gogoratu beharra dugu, lehen esan dugun moduan, 43/2003 Legeak mendiak arautzeko beste lege-eremu bat

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ezartzerakoan zuen helburuetako bat honakoa zela: 1978ko Konstituzioak eratutako Estatu autonomikoarekin bat datorren arau-gorputza sortzea. Ildo horretatik, 10/2006 Legearen bidez egindako erreformak adierazi zuen honako helburua zuela: Administrazio publikoei dagozkien eskumenei buruzko zenbait gabezi eta urritasun zuzentzea. Premisa horretatik abiatuta, eta Estatuaren oinarrizko legearen arau-izaera aztertuz, beharrezkoa da Estatuak bere gain hartutako eskumenen eta Autonomia Erkidegoen zein Toki Entitateen jarduera-eremuaren lege-azterketa egitea. Legeak zenbait agindu ematen ditu helburu horrekin, I. Tituluaren II. Kapituluan, “Administrazio publikoen eskumenak”, (7. artikulutik 10.enera). Aztertzen hasi baino lehen, kontuan izan behar dugu 10/2006 Legeak eragina izan duela eta aldatu egin dituela 7. artikuluaren 2. ataleko c) eta g) hizkiak eta 3. atala, eta 10.3 artikulua. Orokorrean, lehendabizi nabarmendu behar dugu indarrean dugun Mendiei buruzko legeak, Autonomia Erkidegoek bere gain hartutako eskumen-tituluak kontuan izanda —148.1. artikuluaren 8.a eta 9.a eta 149.1. artikuluaren 23.a—, Estatuko Administrazio Orokorraren funtzioak zein diren argitzen dituela, bai esklusiboki dituen funtzioak, bai lankidetza eta koordinazioaren bidez dituenak —7. artikulua—, eta Administrazio autonomikoak baso-gaiaren arduradun eta eskudunak direla dio, Konstituzioaren eta dagozkien Autonomia Estatutuekin bat etorriz —8. artikulua. Hortik abiatuta, Legea administrazio guztien arteko lankidetza eta kooperazioaren aldekoa da guztiz, baso-eremuaren onurako, eremu horrek, Zioen Azalpenak azaltzen duen bezala, ez baititu administrazio-mugak ulertzen. Eta, ildo horretatik, indartu egiten da Toki Administrazioek basopolitiketan duten funtzioa —9. artikulua—, eta horretako beren mendietan eragin zuzena duten erabakiak hartzeko orduan partaidetza handiagoa izango dute; horrela bada, Espainian baso-jabe nagusia gisa duten funtzioa onartzen zaie, baita gizarte osoaren onurako natura-baliabideak zaintzeko duten funtzioa ere. Aurreko guztia, bistakoa denez, aurretik azaldutako araubide juridikoak alde batera utzi gabe, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurralde Historikoei, Ceuta eta Melillari eta Kanariar eta Balear Irletako Kabildo eta Kontseiluei dagozkienak.

III.3.C).ii.— Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenak. Eremu orokorra azalduta, lehenik eta behin esan dezakegu Estatuko Administrazio Orokorrari 43/2006 Legeak hiru eskumen-mota esleitzen dizkiola: .— lehena, esklusiboki esleitzen dizkienak;

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.— bigarrena, Autonomia Erkidegoekiko lankidetzan eta kooperazioan bere gain hartzen dituen eskumenak, eta beti berez dituenak alde batera utzi gabe; eta, .— azkenik, gauzatzen dituenak baso-politikaren barne-koordinaziorako eta internazionaliz aziorako. 1.— Estatuaren eskumen esklusiboak. Oraintxe aipatu dugunez, lehenik eta behin Estatuko Administrazio Orokorraren eskumen esklusiboa, 7.1.b) artikuluaren arabera, baso-gaiari dagokionez Espainia nazioarte eremuan ordezkatzea litzateke. Hori dela eta, kontuan izan behar dugu Legearen printzipioetako bat, 3.g) artikuluak dionez, honakoa dela: “Espainiako basopolitika nazioarteko ekintzak ingurumena babesteko dituen helburuetan integratzea, batez ere desertifikazioari, aldaketa klimatikoari eta biodibertsitateari dagokionez”. Bestela, gogoratu beharra dugu 7. artikuluaren jatorrizko a) hizkiak, 10/2006 Legearen Xedapen Indargabetzaile bakarraren bidez indargabetuak, Estatuari esleitzen ziola bere titularitateko mendiak kudeatzeko eskumen esklusiboa. 2.— Autonomia Erkidegoekiko lankidetzan dituen eskumenak. Gai honetan derrigorrezkoa da Administrazio publikoen arteko lankidetza eta koordinazioa. Legegileak behar hori ezagutzen duenez, Legearen printzipioen artean —3.h) artikulua—, honakoa aldarrikatzen du: “Administrazio publikoen arteko lankidetza eta kooperazioa baso-politikak egiteko eta gauzatzeko”. Printzipio horretatik abiatuta, eta Autonomia Erkidegoek interes orokorreko erabakiak hartzeko prozesuan duten partaidetza sustatuz, Estatuko Administrazio Orokorrak, Autonomia Erkidego horiekin lankidetzan, jarraian azalduko ditugun zortzi eskumenak ditu. 7.2 artikuluak esleitzen dizkio eskumen horiek, artikulu horren h) hizkia –ur eta baso lehengoratzeko jarduerak– 10/2006 Legearen Xedapen Indargabetzaile Bakarrak indargabetu ondoren. 1.- Hasteko eta behin, baso-politika orokorraren helburu orokorrak definitzea. Definizio hori honako agiri hauetan zehazten da (ondoren azalduko ditugu agiri horiek guztiak): “Espainiako Baso-estrategia” —29. artikulua—; “Espainiako Baso-plana” —30. artikulua—; “Desertifikazioaren aurkako Ekintza Plan Nazionala” —41.1 eta 2 artikulua—; eta “Ur eta Baso Lehengoratzeko Lehentasunez Jarduteko Plan Nazionala” —41.3 eta 4 artikulua—. Edozein modutan ere, kontuan izan behar dugu aipatutako agiri horiek egiteko, Autonomia Erkidegoek parte hartuko dutela aurreikusten dela.

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Horrela bada, baso-politikarako erreferentziazko agiri “Espainiako Basoestrategia” egiteko, 29.2 artikuluak Ingurumen Ministeriok egin behar duela xedatzen du, betiere aurretik eragindako Ministeriori entzunda, Autonomia Erkidegoen parte-hartzearekin eta Natura Babesteko Batzorde Nazionalaren eta Basoen Kontseilu Nazionalaren txostena izanik. Ministroen Kontseiluari dagokio agiria onestea, erabaki bidez eta aldez aurretik Batzar Sektorialaren aldeko txostena izanik, 10/2006 Legeak eskatzen duen moduan. 30.2 artikuluaren arabera, Ministerioak berak du, Autonomia Erkidegoen laguntzarekin, “Espainiako Baso-plana” egiteko eskumena; horretarako, Erkidego bakoitzaren baso-planak kontuan izan behar ditu eta Natura Babesteko Batzorde Nazionalaren eta Basoen Kontseilu Nazionalaren txostenak behar ditu. Estrategiarekin gertatzen den bezala, Ministroen Kontseiluak du agiria onesteko eskumena, erabaki bidez eta aldez aurretik Batzar Sektorialaren aldeko txostena izanik, 10/2006 Legeak eskatzen duen moduan. 41.1 artikuluaren arabera, Ministerioen Kontseiluak du “Desertifikazioaren aurkako Ekintza Plan Nazionala” egin eta onesteko eskumena, betiere Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren eta Autonomia Erkidegoen laguntzarekin. Plan horri buruz esan beharra dugu 43/2003 Legearen jatorrizko testuak esaten zuela Autonomia Erkidegoei zegozkiela Planaren aplikazioa eta jarraipena egitea bi Ministerio horiekin koordinatuz; dena dela, indarrean dugun testuak dio Ministerioek eta Erkidegoek egin behar dutela Programaren aplikazioa eta jarraipena, bakoitzak bere eskumenen eremuan eta koordinazioko printzipioekin bat etorriz. Amaitzeko, “Ur eta Baso Lehengoratzeko Lehentasunez Jarduteko Plan Nazionala” dela-eta, 41.3 artikuluaren arabera, Ingurumen Ministeriori dagokio Plana egin eta onestea Autonomia Erkidegoen laguntzarekin. Lehen aztertutako programarekin bezala, indarrean dugun testuaren arabera, Ministerioek eta Erkidegoek egin behar dute Programaren aplikazioa eta jarraipena, bakoitzak bere eskumenen eremuan eta koordinazioko printzipioekin bat etorriz. 2.- Estatuko Administrazio Orokorrak, gainera, bere gain hartzen du baso-informazioa biltzeko, egiteko eta sistematizatzeko lana, “Espainiako Baso-estatistika” gorde eta eguneratzeko helburuarekin —2.b) eta 28. artikuluak—. Lan horretan Autonomia Erkidegoen laguntza sartu dute; horren arabera, Autonomia Erkidegoek Ingurumen Ministeriori eman behar diote, urteko azken lauhilekoa amaitu baino lehen, aurreko urteari buruz egin duten baso-informazio estatistikoa. Estatistikan jasotako informazioa Autonomia Erkidegoen eta Toki Entitateen esku jarriko da, baita baso-enpresen eta –industrien esku eta interesik duten gainontzeko eragileen esku ere, 10/2006 Legeak informazio hori publikoa dela

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esaten baitu ingurumen-informazioa eskuratzeko araudiarekin bat etorriz —28.1 artikuluaren azken paragrafoa. 3.- Suteen aurka mendien defentsa osatzeko Estatuak Autonomia Erkidegoei ematen dizkien baliabide guztiak alde batera utzita, eta suteak itzaltzeko entitateen arteko lankidetza errazteko helburuarekin, 2.c) eta 46.1 artikuluek —10/2006 Legean jasotakoak— honakoa agitzen dute: Estatuko Administrazio Orokorrak, Autonomia Erkidegoen laguntzarekin, Natura Babesteko Batzorde Nazionalak proposatuta eta Baso-suteen aurkako Komitearen laguntzarekin, Espainiako lurralde osoan basosuteak itzaltzeko baliabide materialak normalizatzeko jarraibideak zein langileen trebakuntza, prestakuntza eta ekipamendurako jarraibideak finkatuko dituela. Gainera, 46.3 artikuluak dio sutea Autonomia Erkidego bi edo gehiagoren lurralde mugakidetan gertatzen bada eta Estatuko Administrazio Orokorraren esku-hartzea eskatzen badute, Estatuak eragindako Autonomia Erkidegoei eska diezaioke sutea itzaltzeko lanetan zuzendaritza bateratua eratzeko, eta zenbait langile tekniko bidaliko ditu bateratutako zuzendaritzari aholkatzeko. 4.- Kontuan izanik 52.2 artikuluak esaten duela Autonomia Erkidegoek Estatuko Administrazio Orokorreko entitate eskudunari eragile kaltegarrien auka hartutako neurriei buruz informazioa eman behar diola, agian Espainiako mendien osasun orokorra kaltetua izan daitekeelako, Estatuari dagokio —2.d) artikuluaren arabera— baso-plagen arrisku larria dagoenean presazko neurri fitosanitarioak hartzeko beharrezko funtzioak gauzatzea, baita neurri horien gauzapen, koordinazio eta jarraipen egokiaren alde egitea ere, Landareen Osasunari buruzko 43/2002 Legearekin, abenduaren 20koarekin, bat etorriz. 5.- Baso-sektorearen lan- eta gizarte-alderdiak garatzen eta sustatzen laguntzeko, Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio, Autonomia Erkidegoen eta gizarte eragile ordezkarien laguntzarekin, baso-sektoreari buruzko prestakuntza- eta enplegu-planak sustatzea —2.e) artikulua—, landa-biztanleengan arreta berezia jarriz; barne sartzen dira lan-arriskuen prebentzioari buruzko neurriak, 57. artikuluan ezartzen den moduan. 6.- Basoko baliabide genetikoei dagokienez, Ingurumen Ministeriori dagokio, Autonomia Erkidegoen laguntzarekin, genetika hobetzeko eta baliabideak zaintzeko programa nazionalak egitea. Halaber, 2.f) eta 54. artikuluek Gobernuari esleitzen diote, Autonomia Erkidegoei kontsulta egin ostean, zenbait oinarrizko arau finkatzea ugalketako baso-materialen jatorri, ekoizpen, erabilera eta merkaturaketari buruz eta, bereziki, baliabide horien jatorrizko erregioak zehaztea eta “Oinarri Materialen Erregistro eta Katalogo Nazionala” zaintzea. 7.- Baso-antolaketaren eremuan, Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio mendiak antolatzeko eta aprobetxatzeko oinarrizko jarraibide komunak

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finkatzea —ez onestea, 2.g) artikuluaren jatorrizko testuak zioen bezala–; jarraibide komun horiek 43/2003 Legeak aurreikusitako “Mendien antolaketa eta aprobetxamendurako oinarrizko argibideen” ordez agertzen dira. 10/ 2006 Legeak idatzitako 32. artikuluaren arabera, Gobernuari dagokio, Arloko Batzarraren bitartez, jarraibide horiek onestea, aldez aurretik Natura Babesteko Batzorde Nazionalari eta Autonomia Erkidegoei kontsulta eginez; eta Autonomia Erkidegoei mendien antolaketarako eta aprobetxamendurako argibideak onesteko eskumena ematen die. 8.- Baso-eremuan ikerketa zientifikoa eta berrikuntza teknologikoa sustatzea; 55. artikuluaren arabera, sustapen hori “Ikerketa Zientifiko eta garapen eta berrikuntza teknologikorako Plan Nazionaletan” gauzatu behar da; Ikerketa Zientifiko eta Teknikoaren Sustapen eta Koordinazio Orokorrari buruzko 13/1986 Legeak, apirilaren 14koak, ezarri zituen aipatutako Plan Nazional horiek. 3.— Beste eskumen batzuk: estatuaren koordinazioa. Aurreko eskumenez gain, 7.3 artikuluak, halaber, Estatuko Administrazio Orokorrari esleitzen dizkio indarrean dugun legeriak ematen dizkion eskumen guztiak eta, batez ere eraginkortasun operatibo berezia duten bi titulu hauek: 1.- Hasteko eta behin, baso-eremuan garrantzi handia duten bi administrazio-erregistro gauzatzea eta koordinatzea. Alde batetik, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa; 16.2 artikuluak Autonomia Erkidegoei esleitzen die, bakoitzak bere lurraldean, Katalogo horren gauzapena; dena dela, Autonomia Erkidegoek Ingurumen Ministeriori egindako inskripzio guztien berri eman behar diote, baita Katalogoan aldaketarik sortarazten dituzten administrazio-erabaki eta epai irmo guztien berri ere, orokorrean katalogatutako mendien berrikuspena eta eguneraketa sortzen duten trukaketei, prebalentziei eta erabakiei buruzkoak barne. Beste alde batetik, mendi babesleen Erregistroa eta babes bereziko beste figura bateko mendiena. Indarrean dugun 24.ter artikuluak berariaz arautzen du Erregistro hori, eta artikulu horren 3. atalak dio Autonomia Erkidegoek Ingurumen Ministeriori, behintzat urtean behin, Erregistro horretan sartutako edo kendutako mendien berri eman behar diotela. 2.- Bigarrenik, 10/2006 Legeak sartutako testuarekin bat etorriz, sareak diseinatzen laguntzea, Autonomia Erkidegoek beren lurralde-eremuan lortutako datuak biltzea eta organo komunitarioei jakinaraztea, mendi eta ingurumenaren arteko elkar ekintzarako Europako sareen eremuetatik datozen datuak alegia.

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Eskumena hori, jatorriz 43/2003 Legeak koordinazio gisa finkatzen zuena, 56. artikuluaren arabera (“Sare tematikoak, jarraipen-eremuak eta erreserba-alorrak”) ulertu behar dugu, eta Bigarren Amaierako Xedapenean agertzen diren aginduak —3. ataleko b) hizkia—, Konstituzioak 149.1.15 egoeran finkatutako Estatuaren eskumen esklusiboarekin bat etorriz ematen dira.

III.3.C).iii.— Basoen eremuan ad hoc sortutako organoak: Ingurumeneko Batzar Sektoriala eta Basoen Kontseilu Nazionala. Aurrekoa aztertu ondoren, nabarmendu beharra dugu Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenak gauzatzeko helburuarekin, eta batez ere zenbait alderditarako entitate autonomikoen lankidetza eta koordinazioa ezinbestekoa dela ikusita, Legearen 10. artikuluak “Espainiako basopolitikaren Koordinaziorako eta Kontsultarako Organo” bi finkatu dituela. Alde batetik, “Ingurumeneko Batzar Sektoriala” dugu; Natura Babesteko Batzorde Nazionalaren laguntza du, eta garrantzi handiko funtzioa du Estatuko eta Erkidegoen administrazioek Espainiako baso-politikari dagozkion gaiak prestatu, aztertu eta garatzeko izan behar duten koordinazioan. Helburu horrekin, aipatutako Batzorde Nazionalean “Baso-komitea” lan-organoa eratu dute, eta sei hilabetean behin bildu beharko da. Bestalde, , “Basoen Kontseilu Nazionala” kontsultetarako entitatea dugu. Estatuko Administrazio Orokorrari aholkuak ematen dizkio mendi eta baso-baliabideei buruz; gainera, baso-sektorearen planifikazioan eta antolaketan interesik duten alderdien parte-hartzerako tresna ere bada. Aurreko ataletan Estatuko Administrazio Orokorraren eskumenak aztertzerakoan, dagoeneko nabarmendu ditugu erabakiak hartzeko orduan zein kasutan entitate horiek parte hartu behar duten, beraz, ez dut hori guztia berriz errepikatuko, eta bakar-bakarrik esango dut “Ingurumeneko Batzar Sektorialak” baso-politikaren artikulazioan oinarrizko funtzioa hartzen duela bere gain.

III.3.C).iv.— Autonomia Erkidegoen eskumenak. Zioen Adierazpenaren seigarren paragrafoak finkatzen duenez, “Legeak dio Administrazio Autonomikoek dutela baso-eremuaren ardura eta eskumena, Konstituzioan eta autonomia estatutuetan xedatutakoaren arabera”. Oinarri horretatik hasita, eskumen zehatzak alde batera utzita, eta batez ere kooperazio eta lankidetzaren eremuan, hemen azaldutakoaren arabera, eskumenak Autonomia Erkidegoei dagozkiela kontuan izanik, 43/2003 Legearen 8.1 artikuluak orokorrean dio Erkidego bakoitzak estatutuen bidez bere gain mendi-eremuan eta baso-aprobetxamenduaren alorrean hartutako

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eskumenak dituela, edo lege-aplikazioan eragina duten beste eskumen-titulu batzuen araberakoak. Ildo horretatik, Legearen 8.2 artikuluak Nafarroako Foru Erkidegoaren kasua aipatzen du, eta esaten du mendien eta baso-aprobetxamenduen alorreko eskumenak Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko 13/1982 Legean, abuztuaren 10ekoan, aurreikusten direla Aipatutako eremuan, Estatuaren oinarrizko legeriak finkatutako eskumen autonomikoak zehaztu behar ditugu. Hiru ataletan banatu ditzakegu: lehenengo, lankidetza eta kooperazio erregimenean dituztenak; bigarrenik, “Administrazio publiko” izateagatik orokorki esleitzen dizkietenak; eta, hirugarrenik, 43/2003 Legeak berez aipatzen dituenak. 1.— Erkidegoek lankidetza eta kooperazio erregimenean dituzten eskumenak. Hasteko eta behin, 3.h) artikuluak baso-politikak egiteko eta gauzatzeko aipatzen duen lankidetza eta kooperazioaren printzipioarekin bat etorriz, gogoratu beharra dugu 43/2003 Legeak berariaz aurreikusi egiten duela Autonomia Erkidegoen esku-hartzea 7.2 artikuluak Estatuko Administrazio Orokorrari esleitzen dizkion eskumenak gauzatzerakoan, hemen aipatu dugun eran. Ez dut berriz azalduko, bakarrik esango dut Legearen III., IV., V. eta VI. Tituluetan araututako eremukoak direla. Esku-hartze hori Ingurumeneko Batzar Sektorialaren bitartez bideratzen dute gehienetan. 2.— Autonomia Erkidegoek dituzten eskumenak “Administrazio Publiko” izateagatik. Aurretik aipatutako eskumenez gain, ezin dugu ahaztu kasu askotan Legeak definitu egiten duela Autonomia Erkidegoek zer kokagune duten “Administrazio publiko”, “Administrazio kudeatzaile”, “Administrazio jabe”, “mendiaren titular”, “basoadministrazio eskudun”, “Administrazio bideratzaile” gisa eta, ondorioz, beren eskumen eremua ere. Adibidez, adierazitakoarekin bat etorriz: .— 4. artikuluaren bigarren paragrafoan, mendien funtzio soziala onartu ondoren “Administrazio publikoak kasu guztietan zaintzearen, babestearen, lehengoratzearen, hobetzearen eta aprobetxamendu ordenatuen alde egitera behartzen ditu”. .— 15. artikuluan, “basoen jabari publikoen erabilerak” arautzerakoan, zehazten du zer esleipen dituen “Jabari publikoko mendien administrazio kudeatzaileak [...]”. .— 19. artikuluan, ondare-mendiei dagokienez, “preskripzioa eteteko” aukera finkatzen du “mendiaren administrazio-jabeak egindako edukitza-ekintzaren bidez”. .— 36. artikuluak sortutako “baso-baliabideen jabetza” “mendiaren titularrari” dagokiola finkatzen du, eta hari esleitzen dio horren aprobetxamendua, betiere Legeak eta arautegi autonomikoak finkatutako eran.

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.— 39. artikuluak agintzen du “Baso-administrazio eskudunak” derrigorrezko txostena egin behar duela “hiri-antolaketan baso-erabilera zehazteko”; gainera, txostena loteslea izango da mendi babesle edo katalogatuak baldin badira. .— 72. artikuluak xedatzen du “Administrazio bideratzaileak” jurisdikzio-entitate eskudunari jakinarazi behar diola behin-behineko basoko arau-haustea gertatu dela, eta arau-hauste hori delitutzat edo hutsegitetzat har daiteke; zehatzeko prozedura eten egingo da aipatutako entitateak erabakia hartzen duen arte; epai-egoitzan erabakia hartu ondoren, entitate eskudunari dagokio prozedurarekin jarraitzea, deliturik edo hutsegiterik egin ez dutela erabakiz gero —non bis in idem printzipioa indarrean dagoelako—, betiere ere epai irmo bidez onestutzat emandako ekintzak kontuan izanik. 43/2003 Legearen hainbat artikulutan erari buruzko aipamenak ditugu, adierazitako erreferentzien bidez edo antzeko beste batzuen bidez; horrela bada: .— 20. artikuluan “jabari publikoko mendien edukitza-ikerketa eta –berreskurapenari” buruzko gaian. .— 21. artikuluan, “titularitate publikoko mendien mugaketa” dela-eta. .— 22. artikuluan, “Mendi baten Jabetza Erregistroan matrikulazio eza edo gehiegizko edukierako inskripziorako” aldeko txostenari dagokionez, baita erregistro-idazpenaren zuzenketarako beharrezkoak diren ekintzak egiteari dagokionez ere. .— 25. artikuluan “lehentasunez eskuratzeko eskubidea” egikaritzeko. .— 27. artikuluan, “mendi-taldekatzea” sustatzeko eremuan. .— 33. artikuluan “mendien antolaketaren” sustapen tekniko eta ekonomikoari dagokionez. .— 35. artikuluan Administrazio publikoei eskatzen dienean saiatu behar direla “basoziurtapenetan” gardentasun, gurakotasun, bazterketarik eza eta lehia askeko baldintzak betetzen. .— 36.4 artikuluan, “baso jabari publikoko mendietako aprobetxamenduak besterentzeari” dagokionez, nahiz eta agindu horren 5. artikuluak zehazten duen honako mendi hauek ez dutela jabari horietan eskudun diren organoen baimenik behar: zor-eremuek, poliziak edo ureko, itsasoko zein lurreko eremu publikoek, errepideek edo trenbideek eragindakoak; betiere mendi horiek Autonomia Erkidegoaren baso-entitateak onestutako kudeaketa-tresnak baldin badituzte, eta aipatutako jabari publikoen kudeaketa-organoek onespenaren aldeko jakinarazpena egin badute.

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.— 40. artikuluan “baso-erabilerari eta landare-estalduraren aldaketari” dagokionez. Artikuluak finkatu egiten du baso-entitate eskudunaren aldeko txostena behar dela eta, beharrezkoa balitz, mendiaren titularraren txostena; Baso-administrazio eskudunari erabilera-aldaketa baimentzeko prozedura errazagoa egiteko gaitasuna ematen dio, aurreko erabileren berrikuspena eskatzen duen aldi baterako basolandaketetarako. Gainera, baso-erabilera aldaketarik egin gabe, mendiko landareestaldura nabarmenki aldatzeko baimena eskatzen denean, kasu horiek arautzeko gaitasuna ere badu. .— 43. artikuluan “baso-suteen aurkako defentsari” dagokionez, gai horrekiko ardura esleitzen baitie. .— 44. artikuluaren 2. eta 5. atalean, “baso-suteen prebentzioari” buruzkoan; Administrazio publikoak direnez kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko zenbait programa gauzatuko dituzte, prebentzioan eta suak itzaltzen laguntzeko boluntario-taldeen eraketa arautu dezakete, eta horretarako jarduera horiek egiteko hautatutako pertsonen trebakuntzaz arduratuko dira. Halaber, mendi-jabeen taldeen eta mendiak zaintzen eta suteen aurka egiten interesa duten pertsona eta entitate taldeen eraketa sustatuko dute. .— 47.3 artikuluan, sutea itzaltzeko ardura duen Administrazioari eragiketaren Zuzendari teknikoaren eta haren menpe dauden langileen jurisdikzio zibil eta penalaren aurreko defentsa juridikoa esleituko zaie, sutea itzaltzerakoan emandako aginduen edo egindako ekintzen ondorioz izan ditzaketen erantzukizunagatik . .— 55. artikuluan, baso-ikerketaren sustapenari buruzkoan. .— 57.3 artikuluan, basogintza sustatzeari buruzkoan. .— 58. artikuluan, Administrazio publikoei “itzaltzeko, poliziaren eta baso-zaintzaren” funtzioak esleitzen dizkienean. .— 59. artikuluan, “baso-hezkuntzako programak” sustatzeko gaian. .— 60. artikuluan, “baso-fundazio eta –elkarteak” sustatzeari buruzkoan. .— 65. artikuluan, “ingurumen-kanporaketen pizgarriak” direla-eta; artikulu horrek Administrazio publikoei mekanismoak eta baldintzak arautzeko eskumenak ematen dizkie, eta 3. atalak zehaztu egiten du pizgarriak emateko bideak, Administrazioaren inbertsio zuzena barne. .— 66. artikuluan, baso-inbertsioak finantzatzeko “hobaririk duten kreditu-lineak” sustatzeari dagokionez.

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.— 69. artikulua, Administrazio eskudunari, edo agintari-agenteei, esleitzen die “kautelazko neurriak” edo behin behingo neurriak hartzearen eskumena, konfiskazioa barne, baita horren berrespena prozedura hasi ondoren. .— 77. artikuluan, arau-hausleak zehatzeko organoak finkatutako eran eta baldintzekin “egindako kaltea konpontzeko” duen beharrari dagokionez, eta konponketarik ezin denean, dagokion kalte-ordaina eskatzeko beharra dute. .— 78. artikuluan, “hertsatzeko isunei eta gauzapen subsidiarioari” dagokionez, horren eskumena Administrazio bideratzaileari esleitzen zaio. .— 79. artikuluan, legez kanpo lortutako baso-produktuen “konfiskazioak” hitzartzeko aukerari dagokionez eta arau-haustean erabilitako tresna eta baliabideei dagokienez. .— Zazpigarren Xedapen Gehigarrian, Espainiako baso-lurraldea “aldaketa klimatikora” egokitzeko beharrari buruzko ikerketa dela-eta, egokitzapen horretarako antolaketametodo eta baso-tratamendu egokien azterketa eginez. .— Azkenik, Lehen Xedapen Iragankorrean, “jabari publikoko mendietan eragina duten zor eta beste karga batzuen” berrikuspenari dagokionez; horrela bada, jabari-publikoko izaerarekin eta Legearen beste printzipio batzuekin bateragarri direla bermatzeko. 3.— Berariazko eskumen autonomikoak, Estatuko oinarrizko legeriak esleitutakoak. Orain arte azaldutako eskumen horiez guztiez gain, Mendiei buruzko Legeak berak askotan baieztatzen du zein diren Autonomia Erkidegoen eskumenak. Gogoan hartuz eskumen horiek kontuan izan behar direla legeri autonomikoa egiterakoan, gure akatsa edo ez-egitea salbu, 43/2003 Legearen arabera, Autonomia Erkidegoek berariaz berrogeita hamar bat eskumen bere gain hartzen dituzte; honako hauek alegia: 1.- “Mendi kontzeptua” zehaztea, 5. artikuluaren 1.c) eta b) ataletan eta 2.b) atalean finkatutako eran, bai mugaketa positiboaren bidez, eta horretarako nekazaritza-lursail abandonatuek egoera juridiko hori lortzeko zein baldintza eta epe bete behar dituzten eta zein izan behar den nekazaritza-lursailetan diren baso-enklabeen gutxieneko azalera zehatu behar dute, bai hiri-lursail eta lursail urbanizagarriak kanpoan uztearen bidez. 2.- Menditzat hartuko duten “gutxieneko unitate administratiboa” zehaztea, 5.3 artikuluarekin bat etorriz eta lurraldearen ezaugarriak baloratuz. Horren helburua gehiegizko partzelazioa saihesteko moduko azalera izatea litzateke, gehiegizko partzelazioren bidez zailagoa izango baita babesteko neurriak hartzea zein basobaliabideak erabiltzea.

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3.- “Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan sartutako toki-mendien kudeaketa”, legeri autonomikoak Toki Entitateei esleitzen ez badio eskumen hori. Edozein modutan ere, mendi horien kudeaketarako trenak egiteko prozeduran parte hartuko dute, derrigorrezko txostena eginez, 9. artikuluaren a), b) eta d) hizkiekin bat etorriz. 4.- “Toki Entitateek baso-gaian dituzten eskumenak” mugatzea, baso-legeriaren bidez edo aplikagarri diren beste lege batzuen bidez, eta 9.f) artikuluarekin bat etorriz. 5.- “Erabilgarritasun publikoko mendiak katalogatzeko irizpideak” lege bidez finkatzea, 13.c) artikuluarekin bat etorriz. 6.- Kudeatzen dituzten jabari publikoko mendietan, intentsitatea, arriskua edo errentagarritasuna dela-eta “aurretiazko baimenik behar dituzten jarduerak” finkatzea. Dena dela, katalogatutako mendietan derrigorrezkoa izango da Autonomia Erkidegoaren baso-organoaren aldeko txostena, 15.2. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz. 7.- Finkatzea kudeatzen dituzten mendietan zein izango diren “emakidarik” behar izango dituzten jarduerak baso jabari publikoen erabilera pribatua egiteagatik. Edozein modutan ere, katalogatutako mendien emakidarako beharrezkoa izango da aldez aurretik Autonomia Erkidegoaren baso-organoaren aldeko txostena, natura balioen iraupenarekin bateragarri izateari buruzkoa, 15.4 artikuluak xehatutakoarekin bat etorriz. 8.- 13. eta 16. artikuluekin bat etorriz, “Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan” mendiak sartu eta kentzea eta katalogoa zaintzea. 9.- “Jabari publikoko mendien dexedemapen-prozedura” arautzea, 17.3 artikuluarekin bat etorriz; eta katalogatu gabeko jabari publikoko mendien dexedemapenerako basoorganoaren aldeko txostena exijituko da, 17.2 artikuluak 12.1 artikuluaren b) eta c) hizkietan xedatutakoari buruz adierazitakoa betez. 10.- Entitate titularraz gain, “Katalogatutako mendien jabetzako deklarazioko epaiketa arruntetan alde demandatuaren” prozesu-jabetza ere bere gain hartzea, 18.2 artikuluarekin bat etorriz. 11.- Katalogatutako mendiari buruzko espediente baten ondorioz “basokoa ez den beste jabari publikoko adierazpenik” egitekotan, zehaztea zein organok erabakiko duen zein adierazpen nagusituko den, 18.4 artikuluaren arabera. 12.- “Katalogatutako mendien mugaketa-prozedura” arautzea. Estatuak mendien titularra denean, derrigorrezkoa izango da Estatuaren Abokatutzaren txostena, 21.3 artikuluak agintzen duenarekin bat etorriz, eta kontuan izan behar da Legearen 5. artikuluak esaten duela neurketa-ekintzetan bakarrik balioko dutela eta eraginkorrak izango direla

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Jabetza-erregistroan izena emanda dauden tituluak zein Administrazio titularraren eta Autonomia Erkidegoaren baso-organo eskudunaren ustez edukitza-balio nahikoa duten tituluak. 13.- 21.10 artikuluarekin bat etorriz, “ekintzen deuseztasuna eskatzea titularitate publikoko mendien mugaketa administratiboaren ondorioz suertatutako prozedura judizialetan”, betiere Autonomia Erkidegoaren prozesu-ordezkaritza beharrezko epean deitu ez dutenean eta prozeduraren egoera edozein izanda ere. 14.- 22. artikuluaren arabera, “mendi baten Jabetza Erregistroan matrikulazio eza edo gehiegizko edukierako inskripzioren” kasurako, baso-organo autonomikoak aldez aurretik txostena egin behar du, eta aldekoa dela ulertuko da, administrazioaren isiltasun positiboa dela-eta, eskaera egin eta hiru hilabete igarota jabetzaren erregistratzaileak erantzunik eman ez badu. 15.- Baso-organo eskudunaren bidez eta titularrekin “mendi pribatuen kudeaketa” kontratatzea, eta mendi horien baso-kudeaketarako eta –antolaketarako tresnen aplikazioa gainbegiratzea, 23 artikuluaren 2 eta 3 atalak. 16.- Mendi edo baso-lursail publiko zein pribatuak “mendi babesletzat” jotzea edo klasifikazio hori kentzea —24. artikula–, babes bereziko beste figura batzuk ezartzea zein klasifikazio hori eman edo kentzea —24.bis artikulua— eta dagokion administrazioerregistroa egitea. Gainera Ingurumen Ministeriori behintzat urtean behin informazioa eman behar zaio —24.ter artikulua—. Hori dela eta, mendi publikoen kasuan, 24.quáter artikulu berriak eskumenak berariaz esleitzen dizkio Autonomia Erkidegoaren basoadministrazioari. 17.- “Lehentasunez eskuratzeko eskubidea” gauzatzea 25. artikuluak finkatutako eran. 18.- “Mendien segregaziorako mugak” finkatzea, eta horretarako, 26. artikuluak dioen arabera, finkatu egingo du zein izango den gutxieneko azalera baso-lursaila zatiezin bihurtzeko, jabetzari egotzi ezin zaizkion arrazoiak alde batera utzita. 19.- Ingurumen Ministeriori, baso-estatistikan eskudun diren organoen bitartez, eremuari buruzko informazio guztia ematea, “Espainiako baso-estatistika” egiteko, nazioarteko entitateen estatistika-informazio eskaerari erantzuteko, eta baso-informazioa hiritarren esku jartzeko behar duen informazioa alegia, 28.2 artikuluak xedatutakoaren arabera. 20.- “Baso Baliabideak Antolatzeko Planak” egitea eta onestea, baso-organoaren proposamenarekin. Plan horiek, 31.1 artikuluaren arabera, baso-planifikaziorako tresnak dira eta lurraldea antolatzeko eremuan erreminta bihurtuko dira, 3.c) artikuluak finkatutako printzipioekin bat etorriz.

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21.- 31. artikuluak berak xedatukoaren arabera, “Baso Baliabideak Antolatzeko Plana” egin baino lehen, menditzat hartzen diren lurraldeak definitzea –3. atala–, eta mota horretako tresnaren bat behar duten lursailak zehaztea —5. atala. 22.- “Baso Baliabideak Antolatzeko Planen” dokumentazioa eta edukiak zehaztea 31.6 artikuluan finkatutako oinarrizko eremuan. 23.- Baso-organo eskudunaren bitartez “Natur Baliabideak Antolatzeko Plan” bat “Baso Baliabideak Antolatzeko Plantzat” hartzeko beharrezkoa den aldeko txostena egitea, baso-organoa ez denean Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onesten duena, 31.8. artikuluaren arabera. Hori guztia dela eta, kontuan izan behar dugu Hirugarren Xedapen Gehigarriak esaten duela Autonomia Erkidegoaren baso-organoak derrigorrez parte hartu behar duela mendiak babespeko natur eremuak direla adierazteko prozeduran, aitorpena egiten duen organoa beste bat denean. 24.- Zehaztea zein mendi publikok edo pribatuk “Mendiak antolatzeko proiekturik”, “Plan dasokratikorik” edo antzeko beste kudeaketa-tresnarik behar duten, 33.2 artikuluarekin bat etorriz. Salbuetsita daude Autonomia Erkidegoak, baso-lurraldearen ezaugarriekin bat etorriz, finkatutako gutxieneko azalera ez dutenak. 25.- 33.3 artikuluaren arabera, “Mendiak antolatzeko proiektuak”, “Plan dasokratikoak” edo antzeko beste kudeaketa-tresnak onestea, betiere kontuan izanik Bigarren Xedapen Iragankorrak mendien antolaketarako 15 urteko epea finkatzen duela. 26.- Baso-organoak “zurgai ez diren aprobetxamenduak” arautu behar ditu, batez ere larreak, eta aprobetxamendu horiek, mendia kokatuta dagoen eremuaren arabera dagokien basokudeaketako edo Baso Baliabideak Antolatzeko Planean agertu behar dira, 36.3 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz. 27.- “Zurezko eta egurrezko aprobetxamenduak” arautzea. Aprobetxamendu horiek, Autonomia Erkidegoak kudeatzen ez dituen mendietan, 37. artikuluan finkatutako oinarrizko baldintzen pean egongo dira. Artikulu beraren arabera, kontuan izan behar da antolaketarako tresnarik baldin badago, ustiaketaren titularrak aldez aurretik basoorgano autonomikoari aprobetxamenduaren berri eman behar diola, organo horrek aprobetxamendua antolaketara egokitzen dela egiaztatu dezala; horren arabera, aprobetxamendua ukatu edo mugatu dezake bakarrik arauz finkatutako epean eta erabaki arrazoitu bidez, eta aprobetxamendua onartutzat hartzen da epean erabakirik ematen ez bada. Baina antolaketa-tresnarik ez badago, aprobetxamenduetarako aldez aurretiko administrazio-baimena behar da. 28.- Finkatzea Toki Entitateek zenbat eman behar duten “Katalogatutako mendietan hobekuntzak egiteko fondorako”; ekarpen hori ez da inoiz baso-aprobetxamenduen 94


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balioaren edo okupazioen edo mendian egindako beste jardueren bidez lortutakoaren ehuneko 15 baino gutxiago izango. Horren kudeaketa ere egingo du, Udalei eskumen hori igorri ez badio behintzat, 9.c) eta 38. artikuluekin bat etorriz. 29.- Egiteko eta onesteko prozedurarekiko lankidetza alde batera utzita, 41. artikuluak “Desertifikazioaren aurkako Ekintza Plan Nazionalaren” eta “Ur eta Baso Lehengoratzearen Lehentasunezko Jardueren Plan Nazionalaren” aplikazioa eta jarraipena esleitzen die, Estatuko Administrazio Orokorrarekin koordinatuz; eta azken plan horri dagokionez, gaitasuna ematen die uholdeengatik edo elurrengatik arriskurik duten herri zein giza kokagune eremuak zehazteko. 30.- “Jabari publiko hidraulikotik kanpo ur- eta baso-lehengoratzeko jardueren interes orokorra adierazteko” ekimena, 42. artikuluarekin bat etorriz. 31.- 44. artikuluak xedatutakoaren arabera, “baso-suteen prebentziorako” gaian, bai berariazko programak antolatzea —Estatuko Administrazio Orokorrarekin duen koordinazioa eta arrazoiaren azterketaren bidez eta disuasioko zaintzaren bidez–, bai suteak itzaltzeko langileak eta baliabideak mugituz duen esku-hartzea alde batera utzita, Autonomia Erkidegoei dagokie su-arriskurik ekar dezaketen jarduera guztiak arautzea eta aplikagarri diren segurtasuneko arauak finkatzea, eta mendietan ibiltzea mugatu edo debekatu dezakete sute-arriskua dela-eta beharrezkotzat jotzen dutenean. 32.- “Baso-suteak itzaltzeak antolatzeko” gaiari dagokionez, 46. artikuluak Autonomia Erkidegoaren organo eskudunari esleitzen dio sute bakoitzerako funtzioen arabera egituratutako aginte bateratua finkatzea, sutea txikia izateagatik beharrezkotzat jotzen ez denean izan ezik. Aurrekoa alde batera utzita, sutea Autonomia Erkidego bi edo gehiagoren lurralde mugakidetan gertatzen bada, horien organoak koordinatu beharko dira, eta Estatuko Administrazio Orokorrari eska diezaiokete zenbait langile tekniko bidaltzeko Administrazio horrek exijitu dezakeen bateratutako zuzendaritzari aholkatzeko. 33.- “Sute-arrisku handiko edo lehentasunez babestu beharreko eremutzat” jotzea eta defentsarako plana onestea (48. artikuluan finkatutako edukiarekin). Defentsarako plan hori Baso Baliabideak Antolatzeko Planarekin ordezkatu daiteke, betiere azken horrek aipatutako artikuluaren edukia betetzen badu. Autonomia Erkidegoei dagokie defentsarako planak idazteko modalitateak zehaztea, baita plan horietan sartutako interes orokorreko lanak aitortzeko modalitateak zehaztea ere; gainera, kasu bakoitzean, zehazteko du Administrazioak gauzapen subsidiarioak kostu bidez edo doan egiten dituen. 34.- “Su hartutako baso-lursailak lehengoratzeko” baldintzak bermatzea, eta landareestaldurarekiko ardurarekin bateragarri ez diren ekintzak debekatzeko epeak eta

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prozedurak finkatzea 50. artikuluan xedatutako eran. Horretarako, organo autonomiko eskudunak erretako zura bertatik kentzeko eta landare-estaldura lehengoratzeko neurriak finkatuko ditu, eta, edozein modutan ere, neurri horien artean, lehengoratzearekin bateragarri ez diren aprobetxamendu eta jarduera guztiak epe baterako mugatuko dira, eta bereziki, artzaintza, behintzat urtebeteko eperako, berariaz aurkakoa baimentzen ez bada. 35.- “Plagen foku hasiberriak” zaintzea, aurkitzea eta horiekin amaitzea, eta Estatuko Administrazio Orokorrari jakinarazi behar diote, agian plagek Espainiako mendi guztien osasuna kaltetu dezaketelako, 52.2 artikuluarekin bat etorriz. 36.- “Mendi-titularren betebeharren” eremuan, ez-ohiko eragile kaltegarrien agerpenari buruzko informazioa jasotzea, eta titularrek horien berri ematen behar dute; gainera finkatu diezaiekete zer derrigorrezko ekintza gauzatu behar dituzten, 53. artikuluarekin bat etorriz. 37.- Ingurumen Ministerioari laguntzea “baso baliabide genetikoei” dagokionez, 54. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz; horren helburua programa nazionalak egin eta garatu ahal izatea da. Galdetu egingo zaie erreprodukzioko baso-materialen produktuen, erabileren eta merkaturaketaren oinarrizko legeei buruz, baita aipatutako materialen jatorrizko eskualdeak zehazteari buruz. 38.- “Gaikako sareak, jarraipen-lursailak eta erreserba-eremuak” finkatzea, zaintzea, finantzatzea eta kontrolatzea, Estatuko Administrazio Orokorrarekin lankidetzan, 56. artikuluak xedatutakoa betez. 39.- Baso-sektoreari buruzko prestakuntza eta enplegu planak egitea, lan-arriskuen prebentziorako planak barne, Estatuko Administrazio Orokorrarekin eta gizarte-eragile ordezkariekin lankidetzan, 57.1 artikuluaren arabera; eta Estatuko eta gizarte-eragileen kooperazioarekin ere bai, baso-dibulgazioari buruzko programak finkatzea, 57.2 artikuluarekin bat etorriz. 40.- “Baso-kooperatiben, -enpresen eta –industrien erregistroa” 61. artikuluan ezarritako moduan egitea; gainera Estatuko Administrazio Orokorrari erregistro horren berri eman behar diote. 41.- Gaiari buruzko legeri autonomikoaren bidez “baso-produktuen lanbide arteko erakundeen estatutu juridikoa” arautzea, Nekazaritzako Elikagaietako lanbide arteko Erakundeak arautzen dituen 38/1994 Legearekin, abenduaren 30ekoarekin, batera. 42.- Legeri autonomikoaren bidez 67. artikuluak finkatutako baso arau-hausteen tipifikazioa zehaztea. 96


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43.- Baso-eremuan zehatzeko ahalmena gauzatzea eskumena esleituta duen organoaren bidez, 73. artikuluan xedatutakoaren arabera. 44.- Baso Administrazioaren eta mendien jabeen artean egindako “Baso-berrikuntzarako partzuergoak eta hitzarmenak” –Legeak horien arauketa indargabetu baitu–, beste kontratu-eredu batzuekin ordezkatzea, betiere Lehen Xedapen Gehigarriak xedatutako baldintzak betez. 45.- Jabekideen deialdia egitea, “pro indiviso-ko mendien kudeaketarako” aurreikusten den Batzar Kudeatzailea eratzeko.

III.3.C).v.— Toki Entitateen eskumenak. Toki Entitateen, Espainian baso-jabe publiko nagusien, eskumenei dagokienez, adierazi beharra dugu Konstituzioaren testuak toki autonomia bermatzen duenez —137., 140. eta 141. artikuluak—, Legetik desagertu egiten direla edozein teknika interbentzionista; horrela bada, berez baso-kudeaketaz arduratzen den Administrazioa, Autonomia Erkidegoa, toki titularitateko mendien kudeaketan bakar-bakarrik parte hartuko du Udalek lankidetzarako hitzarmenak izenpetzen dituztenean, erakundeen autonomia bakarrik lortzen baita beren eskubideak eta betebeharrak etengabe gauzatzen badituzte eta dituzten ardura guztiak beren gain hartzen baldin badituzte. Hori guztia dela eta, toki erakundeek Autonomia Erkidegoen jardueretan duten partehartzea indartuko da derrigorrezko txostenak eginez. Premisa horietatik abiatuz, 9. artikuluak honako sei eskumen hauen zerrenda egiten du, Estatuko oinarrizko legeriaren eta Autonomia Erkidegoaren beraren legerian eremuan gauzatu beharrekoak: “a) Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan ez dauden eta bere titularitatekoak diren mendiak kudeatzea. b) Bere titularitateko mendi katalogatuak kudeatzea, Autonomia Erkidegoaren baso-legeriak horixe xedatzen duenean. c)

Bere titularitateko mendi guztien baso-aprobetxamenduen etekin ekonomikoak edukitzea; betiere kontuan izanik 38. artikuluak katalogatutako mendien fondoari buruz xedatzen duena, edo, beharrezkoa balitz, arautegi autonomikoan xedatutakoa.

d) Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoak jasotzen dituen mendien kudeaketatresnak egiteko prozedurari buruzko derrigorrezko txostena egitea. e) Legeak aurreikusten dituen bestelako derrigorrezko txosten batzuk egitea, bere titularitateko mendiei buruzkoak. 97


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f)

Autonomia Erkidegoaren baso-legeriak edo aplikagarri diren beste lege batzuek espresuki, lege honen xede den gaiari buruz, esleitzen dizkieten bestelako eskumen guztiak”.

III.3.D).— Mendien sailkapena eta araubide juridikoa. III.3.D).i.— Tipologia irizpideak. Titularitatearen irizpideari jarraituz, Legearen II. Tituluak —“Mendien sailkapena eta araubide juridikoa”, 11. artikulutik 27.enera—, 11. artikuluan mendi publiko eta pribatuen arteko betiko dikotomia finkatzen du: entitate publiko batenak —Estatua, Autonomia Erkidegoak, Toki Entitateak edo Zuzenbide publikoko beste entitate batzuk— edo Zuzenbide pribatuko pertsona fisiko edo juridiko batenak —bakarka edo jabekidetasunean— izatearen arabera; gainera, banaketa horretatik abiatuz araubide juridikoa finkatuko du. Araubideari dagokionez, eta lerro nagusien xehetasunekin hasi baino lehen, berriz aipatu beharra dugu, 4. artikuluak finkatutakoaren arabera, mendi publikoak, pribatuak zein manu komuneko herri-mendiak, funtzio sozial argia duten menditzat hartzen direla eta, horregatik, Konstituzioaren 33.1 artikuluaren pean daudela. Konstituzioaren artikulu horren arabera, Legeek Eskubidearen edukia mugatzen dute eta, aldi berean, jabetzaren funtzio soziala ere bai. Ideia horietan sakontzeko, Mendiei buruzko Legearen 3.b) artikuluak printzipio iradokitzaileen artean honakoa aipatzen du: “Mendien funtzio aniztasuna modu orekatua betetzea ingurumen, ekonomia eta gizarte balioei dagokionez”. Bere aldetik, 10/2006 Legeak 12.bis artikulua sartu du; artikulu horren arabera, eta ezaugarri bereziei dagokienez, mendiak babesletzat edo babesteko beste eredu batzuen menpekotzat har daitezke. II. Tituluko IV.bis Kapituluak tipologia-irizpide hori garatuko du (24, 24.bis, 24.ter eta 24.quater artikuluak). III.3.D).ii.— Mendi publikoak: jabari publikokoak eta ondarezkoak. Bakoitzaren araubide juridikoari dagokionez, mendi publikoak jabari publikokoak edo ondarezkoak izan daitezke —12. artikulua. “Jabari publikoko” mendiak, eragin eta zertarakoaren arabera kualifikatuak, direla-eta, nabarmendu beharra dugu 43/2003 Legeak erabilgarritasun publikotzat katalogatutako mendiak, jabari publikokoak direla finkatzen duela —12.1.a) artikulua—, eta Autonomia Erkidegoei gaitasuna ematen diela Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan Legean aurreikusitako baldintzaren bat betetzen duten mendiak sartzeko; gainera legeri autonomikoen bidez baldintzak gehitu daitezke —10/2006 Legearen bidez idatzitako 13. artikulua. Dena dela, eta Laugarren Xedapen Iragankorrak xedatutakoa betez, Legea indarrean sartu aurretik erabilgarritasun publikotzat hartutako mendi guztiak sartu behar dira Katalogoan.

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Aipatutako katalogatutako mendiez gain, honako hauek ere osatzen dute baso jabaripublikoa: lehenengo, toki titularitateko herri-mendiak, betiere mendi horien aprobetxamendua bizilagun guztiena baldin bada eta, bigarrenik, erabilera edo zerbitzu publikoetarako erabiltzen diren gainontzeko mendiak —12.1c) artikulua. Horrela bada, baso jabari-publikoa definitu ondoren, jabari publiko horien osagarriek honako ezaugarri hauek dituzte: alienaezin, preskribiezin eta enbargaezinak dira eta ez dute titularitatean gaineko zergarik ordaindu behar —14. artikulua—; eta Lehenengo Xedapen Iragankorrak dio mendi horien kudeaketaz arduratzen diren entitateak, hamar urteko epean, mendi horietan eragina duten zortasuna eta beste karga batzuk berrikusiko dituztela, jabari publikoko izaerarekin bateragarri direla ziurtatzeko. Horrela bada, kalitate handiena duen baso lurralde publikoari osotasun eta iraunkortasun handiagoa ematen zaio eta, aldi berean, Legeak hiritarrei baso jabari publikoa erabiltzeko aukera ematen die —baimenaren edo kontzesioaren bidez—, betiere natura-eremuaren erabilerak errespetatuz, eta irabazteko asmorik gabe eta indarrean diren arauak betez—15. artikulua, 36. eta 37. artikuluei buruzkoan, baso-aprobetxamenduetarako eta zurezko eta egurrezko aprobetxamenduetarako, hurrenez hurren. Aurretik esandako guztia kontuan izanik, “Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa”, gure ordenamendu juridikoan tradizio handikoa eta mendi publikoen babeserako oinarrizko tresna dena, beste arau-eremu batean dago izaera administratiboko erregistro publikoa sortzeko helburuarekin, non erabilgarritasun publikotzat hartutako mendi guztiak sartuko diren —16.1 artikulua—, eta dexedemapenarako aurretik katalogotik kentzea exijitzen da —17.1 artikulua. Are gehiago, aurreko legeriaren aurrean, jarrera indartu egiten da. Lehenengo eta behin, 1957 legean dagoeneko agertzen zen jabari publikoaren araubidearen vis atractiva izenekoa areagotuz, horren araubide juridikoa homologatu egiten da guztiz jabari publikoko ondasunen araubidearekin —12.1.a) eta 14. artikuluak. Gainera katalogatzeko arrazoiak asko zabaltzen dira, eta numerus apertus gisa eratzen dira, legeri autonomikoei eraketa hori egiteko aukera emanez —10/2006 Legearen bidez idatzitako 13.c) artikulua. Aurrekoa kontuan izanik, jabari publikoko mendien dexedemapena —17. artikulua—, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan mendiak sartzearen ondorio juridikoak—18. artikuluka, eta artikulu horren 1., 2. eta 3. atalak Estatuaren eskumen esklusibo baten arabera ematen dira, Konstituzioaren 149.1.8 egoera eta 43/2003 Legearen Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko a) hizkia—, jabari publikoko mendien edukitza berreskuratzea —20. artikulua— eta titularitate publikoko mendiak mugatzeko ahalmen administratiboa —21. artikulua— gure ordenamenduan dagoeneko finkatutako ditugun printzipioen araberakoak dira, beraz, ez ditut horiek aztertuko. Bakarrik zehaztuko dut 10/2006 Legeak beste modu batera idatzi dituela 18. artikuluaren 1. eta 4. atalak, 20. artikuluaren 1. atala eta 21. artikuluaren 7. atala. 99


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“Ondarezko mendiak”, beren aldetik, bazterketaren bidez definitzen dira: “jabari publikokoak ez diren titularitate publikoko mendiak”, 12.2 artikulua. Eta zehaztu egiten du mendi horien usukapioa edo eskuratze-preskripzioa bakarrik emango dela 30 urtez etenik gabe eta modu baketsuan jabe publikoak direnean; etetetzat emango da baso-aprobetxamenduak egiten badira, zehatzeko espedienteren bati hasiera ematen bazaio edo mendiaren jabe den administrazioak beste edozein edukitza-ekintza egiten badu. Horixe finkatzen du 19. artikuluak, eta artikulu horien aginduak Estatuaren eskumen esklusibo baten babespean ematen dira –Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 8. egoera eta 43/2003 Legearen Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko a) hizkia.

III.3.D).iii.— Mendi pribatuak. “Mendi pribatuaren”9 araubide juridikoari dagokionez, —IV. Kapitulua, 22. eta 23. artikuluak, 10/2006 Legearen arabera—, definiziotik abiatuta (Zuzenbide pribatuko pertsona fisiko edo juridiko baten mendiak), kudeaketa titularrari dagokiola ondoriozta dezakegu, eta kudeaketa hori egiteko zuzenbide publiko edo pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak zein mendian kokatzen den Autonomia Erkidegoaren baso-organoak kontrata ditzake. Dena dela, kudeaketa hori basokudeaketa edo antolaketarako dagokion tresnari egokitu behar zaio —23. artikulua—. Bestela, Legearen Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko a) hizkiak dioenaren arabera, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 8. egoeraren arabera (Estatuaren eskumen esklusiboa), 22. artikuluak “mendi pribatuen erregistro-idazpenak” arautzen ditu.

III.3.D).iv.— Mendi babesleak eta babesteko beste eredu batzuk dituztenak. 43/2003 Legeak lege-eraketan sartutako berritasun nabarmeneko bat “mendi babesleen” ereduari eta mendi horien erregistroari jarritako arreta da. Definiziotik bertatik antzematen dugu arreta hori, 13. artikuluak mendi publikoen katalogaziorako finkatzen dituen baldintzaren bat betetzen dituzten mendi pribatuak direla esaten baitu. 10/2006 Legeak aurrera pausu erabakigarria eman du, eta mendi babesleen zein babesteko bere eredu batzuk dituzten mendien arauketarako II. tituluan beste Kapitulu bat gehitzen du, IV.bis Kapitulua alegia. 24., 24.bis, 24.ter eta 24.quáter artikuluek osatzen dute kapitulu hori. Hasteko eta behin, nabarmendu beharra dugu, zaindu edo lehengoratu nahi den baliabideen ezaugarri objektiboak kontuan izanik, mendi babesleen eredua ez dela mendi pribatuetara

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Gai horri buruz, José Francisco Fernández García: “Los Montes de particulares en el derecho administrativo español”, Aranzadi, Cizur Menor (Nafarroa), 2004.

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mugatzen; aldiz, indarrean dugun Legearen 24. artikuluan finkatutako baldintzak betetzen dituzten titularitate publikoko mendietara ere zabaltzen dute, mendien babes berezirako beste eredu batzuk finkatzeko Autonomia Erkidegoek dituzten eskumenak alde batera utzita, 24.bis artikuluan xedatutako eran. Mendi horiek, publikoak zein pribatuak izan, garrantzi berezia dute gehitzen dituzten balio bereziengatik, eta horrek araubide juridiko berria justifikatzen du. Autonomia Erkidegoen baso-administrazioak herri babesletzat hartzeko eskumena du, eta jabea, zenbait pizgarri ekonomikoren bitartez, eskaera egitera bultzatzen dute —63. artikulua—; dena dela, ezin dugu ahaztu Bosgarren Xedapen Iragankorrak finkatzen duela Mendi Babesleen Erregistroan sartzen direla Legea indarrean sartu baino lehen babesletzat hartutako mendi guztiak. 24.ter artikuluak, bere aldetik, dagozkien erregistro publiko administratiboak sortu behar direla xedatzen du, eta 24.quáter artikuluak mendi babesleen babesteko beste eredu berezi batzuk dituzten mendi pribatuen araubidea finkatzen du.

III.3.D).v.— Lehentasunez eskuratzeko eskubidea eta baso-jarduketarako unitaterik txikienak. II. Tituluak aginduekin amaitzen du V. Kapituluan honako hauek arautuz: hasteko eta behin, “lehentasunez eskuratzeko eskubidearen” araubidea, tanteo edo atzera eskuratzearen bidez —25. artikulua, Estatuaren eskumen esklusibo baten gauzapenari erantzuten dio, Konstituzioaren 149.1 artikuluaren 8. egoera eta 43/2003 Legearen Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko a) hizkia; eta kontuan izan behar da 10/2006 Legeak beste modu batera idatzi duela 1. atalaren b) hizkia—; bigarrenik, Autonomia Erkidegoek finkatu beharreko “baso-jarduketarako unitaterik txikiena” —26. artikulua—; eta, hirugarrenik, “mendiak taldekatzea”, publikoa zein pribatuak, sustatzea, mendien antolaketa eta kudeaketa osoa errazteko helburuarekin —27. artikulua—. Esandako horren guztiaren arabera, gogoan izan behar dugu Hamargarren Xedapen Gehigarriak aurreikusi egiten duela Batzar Kudeatzailearen sorrera, mendien titularitatea pro indivisoko hamar jabe ezagun baino gehiagori dagokienean, eta Batzar horri esleitzen dio administrazio-egintza arruntak eta bereziak baimentzea, mendiak eta hango produktu guztiak kudeatzea eta horietaz gozatzea eta baso-, energia- eta meatzaritza-aprobetxamenduak besterentzea, baita Legearen arabera jabeak gaituta dauden beste edozein ekintza egiteko ere.

III.3.E).— Baso-kudeaketa iraunkorra. III.3.E).i.— Baso-informazioa. Legea, behin eta berriz aipatu dugun bezala, mendien kudeaketa iraunkorraren oinarrizko lehen printzipio horren eremuan gauzatu da; 3.a) artikuluaren bidez elementu iradokitzaile gisa egiaztatzen da eta 6.e) artikuluak modu honetan definitzen du printzipio

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hori: “mendien antolaketa, administrazioa eta erabilera biodibertsitate, produktibitate, bizitasun, potentzialtasun eta berriztatzeko gaitasunerako aukera ematen duten moduan zein intentsitatean egitea, orain zein etorkizunean toki-, nazio- eta nazioarte-eremuan garrantzia duten funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozialei arreta egiteko, eta ekosisteman kalterik sortu gabe” Kontzeptu horretatik abiatuta, Legearen III. Tituluak, “Baso-kudeaketa iraunkorra” izenekoak (28. artikulutik 38.enera), horren diziplinari ekingo dio, eta garrantzi berezia eskaintzen dio basopolitikaren definizioaren oinarrizko alderdi bati, “baso-informazioari” alegia; I. Kapituluaren 28. artikuluak arautzen du alderdi hori. Agindu horrekin honako helburua lortu nahi dute: zenbait mekanismo ezartzea Espainiako lurralde osorako baso-informazio eguneratua eta kalitatezkoa izateko, betiere irizpide eta metodologi komunetan oinarrituz. Ingurumen Ministerioak koordinatuko du informazio hori guztia eta “Espainiako Baso Estatistikan” gauzatuko da. “Espainiako Baso Estatistikak” honako funtzioa hauek ditu, beste batzuen artean: nazioarteko entitateen estatistika-informazio eskakizunei erantzutea eta hiritarrei erraztasunak ematea baso-munduarekin lotura duen informazioa eskura dezaten. Estatistikak, agiri guztien artean, honako hauek bilduko ditu: “Espainiako baso-inbentarioa” eta inbentario horri dagokion “Espainiako baso-mapa”, eta baita “Lur-higadurari buruzko inbentario nazionala” ere. Agiri horiek guztiak Espainiako lurralde osoan erabiltzen diren irizpide eta metodologien arabera egiten dira; agiriek jarraitutasuneko izaera dute eta behintzat hamar urtean behin eguneratu beharko dituzte. Ezin dugu ahaztu 16/2006 Legeak 28. artikuluaren 1. atalean i), j) eta k) hizkiak gehitu dituela; horrela bada, agiri-edukia zabalduz; gainera azken paragrafoa ere gehitu du, eta horren arabera Espainiako Baso Estatistikan biltzen den informazio guztia publikoa da, ingurumen-informazioa eskuratzeko arauak betez.

III.3.E).ii.— Baso-plangintza “Baso-plangintzari” dagokionez, Legeak, II. Kapituluan (29. artikulutik 31.enera) plangintza orokorraren beharra aipatzen du, eta plangintza hori, eraginkortasuna dela-eta, “Espainiako Baso Estrategian” gauzatzen da. Ingurumen Ministerioak egindako eta Ministroen Kontseiluak onestutako erreferentziazko agiria da. Onespena egin aurretik, Batzar Sektorialaren “aldeko” txostena behar da, 10/2006 Legeak xedatutakoaren arabera. Estrategiak mendien eta baso-sektorearen egoerari buruzko diagnostikoa, etorkizunerako aurreikuspenak eta Espainiako baso-politikak egituratzeko moduko jarraibideak bilduko ditu —29. artikulua.

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“Espainiako Baso Planak” garatuko ditu Estrategiak finkatutako erabaki guztiak, 30. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz. “Espainiako Baso Plana” baso-politikaren epe luzerako plangintzarako tresna da; Ingurumen Ministerioak egiten du eta, ondoren, Ministroen Kontseiluak du Plana onesteko eskumena, nahiz eta aldez aurretik Batzar Sektorialaren “aldeko” txostena behar duen, 10/2006 Legeak xedatutakoaren arabera. Aurrekoa azaldu ondoren, nabarmendu behar dugu berritasun garrantzitsuena “Baso Baliabideak Antolatzeko Planen” agerpena dela; 31. artikuluak dio eskualde-eremuko edo eremu baliokideko basoplangintzarako tresnak direla, eta lurraldearen antolaketaren eremuan integratzen direla; beraz, baso plangintza eta kudeaketa lurralde-antolaketaren eremu erabakigarriarekin lotzen dira, 3.c) artikuluak, Legea sortzeko printzipio gisa, xedatzen duen bezala. Hori dela eta, “Natur Baliabideak Antolatzeko Planik” dagoenean, martxoaren 27ko 4/1989 Legearekin, Natur Eremuak eta Landaretza eta Animali Basatiak Babesteari buruzkoarekin, bat etorriz egina, edo Autonomia Erkidegoaren araudiaren bidezko bestelako plangintza-tresna baliokiderik badago, Plan horiek Baso Baliabideak Antolatzeko Plantzat hartuko dira, betiere baso-organoaren aldeko txostenik badute eta Baso Baliabideak Antolatzeko Plana eta Natur Baliabideak Antolatzeko Plana bestelakoak direnean. Baso-administrazioaren jarrera sustatzeko helburu horri dagokionez, kontuan izan behar dugu Hirugarren Xedapen Gehigarriak xedatzen duela derrigorrez parte hartuko duela mendiak natur eremu babestutzat jotzeko prozeduran, organo autonomo eskuduna bat denean eta adierazpena egiten duena beste bat denean.

III.3.E).iii.— Mendien antolaketa. “Mendien arauketari” dagokionez –III. Kapituluan araututakoa (32. artikulutik 34.enera)–, azpimarratu behar dugu 10/2006 Legeak bereziki aldaketak sartu dituela alderdi horri buruz, betiere Zioen Azalpenean adierazitako postulatuekin bat etorriz. Aurrekoa esanda, lehenik eta behin, 10/2006 Legeak 32. artikulu osoa aldatu du, eta jatorrizko 43/2003 Legean “mendien antolaketa eta aprobetxamendurako oinarrizko erakundeak” aipatzen bazuen, indarrean dagoen idazketak dio “Oinarrizko jarraibide komun batzuk daudela mendien antolaketarako eta aprobetxamendurako”. Gobernuari dagokio, Errege-dekretu bidez, jarraibide horiek onesteko eskumena —indarrean dugun 32. artikuluaren eta Legearen Hirugarren Amaierako Xedapenaren arabera—; dena dela, aldez aurretik Basoen Kontseilu Nazionalari, Natura Babesteko Batzorde Nazionalari eta Autonomia Erkidegoei (Batzar Sektorialaren bidez) galdetu behar die. Aipatutako jarraibideek jaso behar dituzten aginduen artean, “Mendien antolaketa eta aprobetxamenduaren aginduen” gutxieneko edukia finkatzearena dugu; horrela bada, mendi horien kudeaketa iraunkorra bermatzeko. Autonomia Erkidegoei dagokie eduki hori onestea.

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33. artikuluak xedatutakoaren arabera, mendi publikoek, jabari publikokoek zein ondarezkoek, halabeharrez mendiak antolatzeko proiektu, plan dasokratiko edo antzeko kudeaketa-tresnaren bat izan behar dute, Autonomia Erkidegoek finkatutako gutxieneko azalera ez dutenak izan ezik, eta horien gutxieneko edukia Oinarrizko jarraibide komunetan bilduko dira. Edozein modutan ere, Bigarren Xedapen Gehigarriak xedatzen duena betez, 15 urteko epea dute, Legea indarrean sartzen denetik, dagokien antolaketa-tresna eratzeko. Kontuan izan behar dugu “Mendien Antolaketarako Proiektua”, 6.n) artikuluaren arabera “mendi batean edo mendi-talde batean basoko, zurezko eta zurezkoak ez diren baliabideen denborazko zein espaziozko antolaketa laburtzen duen dokumentua dela; hori egiteko basolurraldearen alderdi ekologiko, legal, sozial, eta ekonomikoei buruzko deskribapen zehatza eta, bereziki , baso-inbentarioa jaso behar du. Inbentarioak zehaztasun handikoa izan behar du, mendi-unitate bakoitzean zer basogintza aplikatu behar den eta errentak zenbatekoak izan behar diren finkatzen laguntzeko moduko zehaztasuna”. Aldiz, “Plan dasokratiko” edo “Plan Teknikoa”, 6.ñ) artikuluaren arabera “mendi-antolaketarako proiektua da, eta mendien ezaugarriak direla-eta —azalera txikia izatea, lehentasunezko funtzioak zura edo kortxoaren ekoizpena ez izatea, zuhaitz gazterik ez dituzten masak izatea, etab.— zuhaitz-kudeaketaren arauketa errazagoa izan behar du. Ondorioz, baso-inbentarioa ez da hain zehatza izan behar, nahiz eta oin kopuruan neurtutako dentsitatea eta eremu basimetrikoak jaso behar duen, zuhaitzak dituzten mendien kasuan”. Legeak, bestalde, mendi katalogatuen, mendi babesleen eta beste babes-eredu batzuk dituzten mendien kudeaketaren oinarrizko helburuak ere finkatzen ditu, arreta jarriz kalifikaziorako 13. eta 24. artikuluek finkatutako baldintzetara —10/2006 Legeak idatzitako 34 artikulua—; eta 35. artikuluak arautzen ditu —10/2006 Legeak ere idatzita— “Baso-ziurtapen” sistemak bete beharreko baldintzak; baso-ziurtapena honakoa dela dio: “borondatezko prozedura da, zeinaren bidez hirugarren alderdi independente batek idatzizko bermea ematen duen, bai baso-kudeaketa iraunkortasuneko irizpideekin bat datorrela, bai baso-produktuen jatorriari buruzko jarraipen fidagarria egiten dela bermatuz” —6.p) artikulua. Zioen Adierazpena adierazitakoarekin bat etorriz, —II. atalaren bigarren paragrafoan—, “Baso-ziurtapena, baso-kudeaketa iraunkorreko borondatezko tresna garden eta ez baztertzailea da, eta horren azken helburua baso-produktuen merkataritza produktu horien jatorrizko mendien kudeaketa iraunkorrarekin lotzea, azkenean azken erabiltzailea mendi ordenatuetatik eta irizpide iraunkorrekin kudeatutako mendietatik datozen produktuen alde egin dezan. Sartutako aldaketak dio Administrazio Publikoek kontratazio publikoetarako prozeduretan baso-produktuen kontsumo arduratsua sustatu behar dutela, eta erraztasunak emango dituztela ziurtagiririk duten mendietako zura eta produktuak eskuratzeko, aldiz, beste herri batzuetan gertatzen diren legez besteko mozketetatik datozen produktuei trabak jarriko dizkiete. Horrela bada, nazioarteko entitateek gai horri buruz egindako gomendio guztiei erantzuten diete. Halaber, Administrazio Publikoek sustatuko dute hiritarren produktu horiekiko kontsumo arduratsua”. Adierazpen hori Legearen 35.bis artikulu berrian zehazten da.

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III.3.E).iv.— Baso-aprobetxamenduak. Aprobetxamenduak baso-diziplinaren funtsezko elementuetako bat dira. Legeak, errealitate hori ezagutzen duenez, printzipioen artean honakoa aldarrikatzen du: “Baso-ekoizpenen eta elkarrekin daramaten sektore ekonomikoen sustapena” —3.d) artikulua—, eta hori “Landa-eremua garatzearekin eta enplegua sortzearekin” osatu behar dela dio —3.e) artikulua. Printzipio horietatik abiatuta, III. Tituluaren IV. Kapitulua (36. artikulutik 38.enera) “basoaprobetxamenduetaz” arduratzen da, eta baso-aprobetxamendu horien guztien artean, 6.i) artikuluarekin bat etorriz, honako hauek ditugu: “egurrezkoak eta zurezkoak, baso-biomasa barne, kortxoa, larreak, ehiza, fruituak, onddoak, landare aromatikoak, sendabelarrak, nekazaritza-produktuak eta merkatuan balioa duten mendiko beste produktu eta zerbitzu batzuk”. Araubide juridikoari dagokionez, mendiaren titularra aprobetxamendu-eskubidea duela jakinda, nabarmendu beharra dugu garrantzitsua dela mendiak kudeatzeko tresna egokiak ezartzea; horrela bada, mendi ordenatuetarako edo, bere kasuan, “Baso Baliabideak Antolatzeko Planaren” eremuan dauden mendietarako, Administrazioak proposatutako aprobetxamendua tresna antolatzailearen aurreikuspenekin bat datorren edo ez ikusi baino ez du egiten. Legeak arreta berezia eskaintzen dio “basoko hondar-biomasaren erabilerari”, eta Laugarren Xedapen Gehigarriak dio Gobernuak, Autonomia Erkidegoen laguntzarekin, estrategia garatuko duela basoko hondar-biomasaren erabilera garatzeko, betiere “Espainian energia berriztagarriak sustatzeko planean” finkatutako helburuekin bat etorriz. Gainontzeko alderdiei dagokienez, gure arau-ohiturarekin bat etorriz, “Mendi katalogatuak hobetzeko fondoa” aurreikusten da, Toki Entitateek egin beharrekoa. Fondo horrek mendi horiek zaintzea eta hobetzea du helburu, eta Autonomia Erkidegoek fondoaren zenbatekoa finkatuko dute, baina ez da baso-aprobetxamenduen bidez lortutako etekinen edo mendian egindako beste jarduera batzuekin lortutakoaren ehuneko 15 baino gutxiagokoa izango. Baso-organo autonomikoari dagokio Fondoa administratzea, nahiz eta Tokiko Entitate titularrari eskumena igortzea onartzen den —38. artikulua.

III.3.F).— Mendiak zaintzea eta babestea. III.3.F).i.— Lurzoruaren erabilerak. Legearen 3.f) artikuluak dio Legea sortzeko printzipioetako bat honakoa izan zela: “basoekosistemen biodibertsitate zaintzea eta lehengoratzea”.

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IV. Tituluak (39. artikulutik 54.enera) lantzen du gai hori; horretarako areagotu egiten ditu aurretik Estatuko legeriak baieztatutako babes- eta zaintza-neurriak, eta, “lurzoruaren erabilerei” dagokienez —I. Kapitulua, 39. eta 40. artikuluak—, hasi egiten da hiri-antolaketa basoadministrazioaren irizpidearen arabera baldintzatzen, eta hori loteslea da mendi katalogatu edo babesle baldin badira —39. artikulua, 13. eta 24. artikuluei buruzkoa. Hori guztia dela eta, 3.l) artikuluak dio “baso-erabilera aldaketa” honakoa dela: “mendiaren izaera hondatzen duen edozein jarduera material edo ekintza administratibo”. Aipatutako helburua dela-eta, 40. artikuluak edozein mendiaren baso-erabileraren aldaketarako zein baldintza bete behar diren zehazten du, mendiaren titularitatea edo araubide juridikoa edozein izanda ere. Gehiago zehaztuz, 10/2006 Legearen bidez egindako aldaketek, Autonomi Erkidego batzuek ezarritako neurri murriztaileekin bat etorriz, baso-suteen aurrean mendien babesa sendotu dute. Horrela bada, 50. artikuluan xedatutakoari jarraituz, debekatuta dago bai basoerabilera suteengatik aldatzea hogeita hamar urteko epean, bai baso-estaldura lehengoratzeko prozedurarekin bateragarri ez den edozein ekintzarik. Zioen Azalpenean adierazitakoaren arabera —III. atala—, “30 urteko epea erabaki da, gutxienezko epe horretan gehienetan posible izaten da basoaren landare-estaldura lehengoratzea eta, ondorioz, urbanizagarriak ez diren lurzoruak etorkizunean berriz kalifikatzeko aukera saihestuko da, batez ere baso-lursailak, baso-kudeaketa iraunkorraren printzipioekin arabera mendia lehengoratzeko helburuen kontrakoa baldin bada. Dena dela, modu berezian aurreikusten da Autonomia Erkidegoek aipatutako debekuetarako zenbait salbuespen erabaki ditzaketela, lursailaren erabilera-aldaketa sutea gertatu baino lehen aurreikusita zegoela egiaztatzen dituzten baldintza objektiboak baldin badaude”.

III.3.F).ii.— Lurzorua zaintzea, higadurari eta desertifikazioari aurre egitea eta baso- eta urberreskurapena. “Lurzorua zaintzea, higadurari eta desertifikazioari aurre egitea eta baso- eta urberreskurapenari” dagokionez —II. Kapitulua, 41. eta 42. artikuluak—, Legeak honako bi tresna hauek sartu ditu: “Ur- eta Baso-lehengoratzeko Lehentasunezko Jardueren Plan Nazionala” eta “Desertifikazioaren aurkako Ekintza Plan Nazionala”. Ingurumen Ministerioak bi tresna horiek behin betiko onestu behar ditu. Lehenengoaren eginbeharra azpiarro bakoitzean higadura-prozesuak diagnostikatzea eta identifikatzea da, eta bakoitzaren intentsitatearen eta herrietarako, laborantzetarako eta azpiegituretarako duten arriskuaren arabera sailkatuko ditu; ondoren eginbeharreko ekintzak baloratuko ditu eta ekintzen denbora-programazioa finkatuko du. Desertifikazioaren aurkako Programak, bere aldetik, honako helburu hauek ditu: lurren narriaduraren prebentzioa eta narriadura hori gutxitzea, narriadura partzialeko lurrak lehengoratzea eta desertifikatutako lurrak berreskuratzea; horrela bada, Espainiako lurraldeko eremu lehorren, erdi-lehorren eta azpi-heze lehorren garapen iraunkorrari laguntzeko.

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Ur- eta baso-lehengoratzeko ekintzei laguntzeko, gainera, Ingurumen Ministerioak lur horiek interes orokorrekotzat har ditzake, betiere eragindako Autonomia Erkidegoek eskatuta, nahiz eta ekintza horiek jabari publiko hidraulikotik kanpo egiteko izan –42. artikulua.

III.3.F).iii.— Baso-suteak. Aipatutako bermeen eremuan, garrantzi berezia du “baso-suteen” diziplinak, 43. artikulutik 50.enera bitartean finkatutakoak —III. Kapitulua. 6.k) artikuluaren arabera, “baso-sutea” honakoa da: “inolako kontrolik gabe mendian dauden baso-erregaietan zabaltzen den sutea”. Lege-aginduen arabera, Administrazio publikoek basosuteen aurkako defentsan erantzukizuna dutenez, mendien titularitatea edozein izanda ere —43. artikulua—, suteen prebentzioari halabeharrezko lehentasuna eman behar zaio —44. artikulua. Hori guztia alde batera utzi gabe, sutearen ondorio suntsitzaileak direla-eta, Legeak berariaz finkatu egin du edozein pertsonak sutea dagoela jakinarazteko beharra duela eta, beharrezkoa bada, sutea itzaltzen lagundu behar duela —45. artikulua. Gizarte zibilari inplikatzeko helburu horrekin, hiritarrak sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko kanpainak sustatzen dira. Halaber, Administrazio guztiak koordinatu behar dira suteen prebentziorako eta suteei aurre egiteko—46. eta 47. artikuluak, 10/2006 Legeak aldatu dituenak. Legeak 48. artikuluan dio —artikulu horren 3. atala beste era batez idatzi du 10/2006 Legeak—, Autonomia Erkidegoek “Sute arrisku handiko eremuak” edo lehentasunezko babeseko eremuak finkatu behar dituztela, eta eremu horiek dagozkien defentsa-plana izan beharko dutela. Gainera, Zigor Kodearen zigor-aginduak alde batera utzita, eraginkortasun praktiko berezia duen neurria honakoa da: su hartutako lursailak lehengoratzeko beharra —50. artikulua, zeinaren amaiera eta 1. atala 10/2006 Legearen bidez aldatu diren—, eta debekatzen du bai baso-erabilera suteengatik aldatzea hogeita hamar urteko epean, bai landare-estaldura lehengoratzeko prozedurarekin bateragarri ez den edozein ekintzarik Autonomia Erkidegoen legeriak finkatutako epean. Amaitzeko, gogoratu beharra dugu, aurretik adierazitakoaren arabera, Defentsa Nazionaleko intereseko eremuetan Defentsa Ministerioak erantzukizuna duela, betiere Ingurumen Ministerioaren laguntza teknikoarekin, Bigarren Xedapen Gehigarriaren 2. atalarekin —10/2006 Legearen bidez idatzitakoa—,eta Zortzigarren Xedapen Gehigarriaren 3. atalarekin bat etorriz.

III.3.F).iv.— Baso-osasuna eta genetika. Aipatutako IV. Tituluaren IV. Kapitulua “Baso-osasun eta –genetikaz” arduratzen da (51. artikulutik 54.enera), eta Landare-osasunari buruzko azaroaren 20ko 43/2002 Legearen aginduak

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bete behar direla dio —51. artikulua—, nahiz eta aitortzen duen eragile kaltegarrietatik babesteak prebentzio-jarduera eskatzen duela, baso-teknika egokien bidez, eragile kaltegarriak galarazten edo geldiarazten dituzten eragile biologikoen bidez eta borroka integralerako metodoak aplikatuz —52. artikulua—. Hori dela eta, mendien titularrek eragile kaltegarrien ez-ohizko agerrerak jakinarazteko eta organo eskudunek agindutako derrigorrezko ekintzak gauzatzeko eta gauzatzen laguntzeko beharra dute —53. artikulua. Azkenik, baso-baliabide genetikoen alorrean lankidetza nagusitu behar da, eta Ingurumen Ministeriori dagokio Oinarrizko Materialen Erregistro eta Katalogo Nazionala zaintzea —54. artikulua.

III.3.F).v.— Mendiaren erabilera soziala. Amaitzeko, 10/2006 Legeak V. Kapitulua sartu du, “Mendiaren erabilera soziala” izenekoa, eta 54.bis artikuluak osatzen du kapitulu hori. Artikulu horrek mendiekiko sarrera publikoa arautzen du Administrazio publiko eskudunek finkatutako eran, batez ere motor-ibilgailuen zirkulazioari dagokienez.

III.3.G).— Basoari buruzko ikerketa, prestakuntza, zabalkuntza eta dibulgazioa. Legearen V. Tituluak (55. artikulutik 59.enera), dagokion izenpekoarekin, batez ere arautu egiten ditu Estatuko Administrazio Orokorrak “Ikerketa zientifikoko eta garapen eta berrikuntza teknologikoko Plan Nazionalen” oinarrian gauzatu ditzakeen eskumenak. Ikerketa Zientifiko eta Teknikoaren sustapen eta Koordinaketa Nagusiari buruzko 13/1986 Legeak, apirilaren 14koak, arautzen ditu plan nazional horiek. Nabarmendu beharra dugu, Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko b) hizkiarekin bat etorriz, agindu guztiak Konstituzioak 149.1 artikuluaren 15. egoeran azaldutako Estatuaren eskumen esklusiboaren babespean ematen direla —“Ikerketa Zientifiko eta Teknikoaren sustapen eta Koordinaketa Nagusia”. Aurrekoa alde batera utzita eta kontuan izanik Legearen sorrerarako printzipioetako batek “inplikatutako sektore sozial eta ekonomikoek baso-politikan parte har dezaten” esaten zuela, –3.i) artikulua—, 57. eta 59. bitarteko artikuluek Administrazio publikoei eta eragile sozial ordezkariei esleitzen diete baso-prestakuntza eta –heziketarako planak sustatzeko funtzioa, alde betera utzi gabe Administrazio eskudunek gai horietan dituzten esleipen guztiak. Ezin dugu atal hau amaitu aipatu gabe 19/2006 Legeak 58. artikuluan, “Zabalkuntza, polizia eta baso-zaintza”, beste izenpeko bat jarri dutela eta beste edukia eman diotela. Aldaketa horren arabera, baso-zaintza administratiboaz arduratzen diren agenteen ahalmenak zehaztu dira;

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agente horiek, agintaritzaren agente direnez, Segurtasuneko Indar eta Kidegoekin koordinatuz lan egin behar dute.

III.3.H).— Kudeaketa iraunkorra sustatzeko neurriak. Lege berriaren alderdi garrantzitsuenetako bat, zalantzarik gabe, mendien kudeaketa iraunkor eta funtzio anitzekoa sustatzeko neurrien sorrera da. Neurri horiek “Baso-sustapena” izeneko VI. Tituluan arautzen dira, 60. eta 66. artikuluetan. Aginduek jarduera pribatua saritzeko joera dute, ingurumen-alorreko arazoak kanpora ateratzeagatik ematen diren diru-laguntzen eta beste pizgarri batzuen bidez. Gainera, interes orokorreko helburuen artean ere bai –Bederatzigarren Xedapen Gehigarria–, baso-kudeaketa iraunkorrerako helburuak sartzen ditu, Irabazi asmorik gabeko Entitateen eta Mezenasgoari Zerga-pizgarrien Zerga-Araubideari buruzko 49/2002 Legearekin, abenduaren 23koarekin, bat etorriz —“mezenasgoari” buruzko agindu hori, Bigarren Amaierako Xedapenaren 3. ataleko c) hizkiarekin bat dator eta Konstituzioaren 149.1.1 artikuluaren 14. egoeran aipatutako Estatuaren eskumen esklusiboaren babespean ematen da: “Ogasun Orokorra eta Estatuaren Zorra”. Aipatutako neurri horiekin onartu nahi dituzte jabeek gizartearentzat zenbait onura orokor sortzen dituztela beren mendiak zainduz eta babestuz, eta kontuan izan behar da, mendi guztien antolaketa sustatu nahi denez, pizgarriak bakarrik aplikatu ahal izango direla kudeaketa-tresnarik duten mendietan, nahiz eta lehentasuna izango duten babesletzat hartutako mendiak eta, bereziki, Babestutako Natur Eremuetan edo Natura 2000 Europako Sare Ekologikoan sartu direnak —63. artikulua gaur egun 10/2006 Legearen bidez idatzita dagoen bezala, 1. eta 3. ataletako aplikazio-eremua mugatzen du Estatuko Aurrekontu Orokorrekin finantzatutako pizgarrietara. Antolaketa orokortzeko helburu horrekin, Hirugarren Xedapen Iragankorrak 10 urteko epea finkatzen du, eta epe horretan antolatu gabeko mendien jabeek pizgarrietaz baliatu daitezke, eta diru-laguntza edo kredituren bat jaso dezakete baso-kudeaketa tresna egiteko. Epe hori igaro ondoren, administrazioaren kabuz edozein pizgarri ukatu egingo diete kudeaketa-tresnarik edo, bere kasuan, Baso Baliabideak Antolatzeko Planik egiten ez duten bitartean. Ezin dugu ahaztu, amaitzeko, 10/2006 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarriak, honakoa diola: “Gobernuak, Energia Berriztagarriak Sustatzeko Planaren eremuan, erregimen bereziko energia elektrikoa ekoizten dituzten zentralen primak eta pizgarriak eguneratuko ditu, erregai moduan suteen prebentziorako eragiketetatik eta baso-kudeaketa iraunkorreko planetatik datorren baso-biomasa erabiltzen dituzten zentraletan.

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463/2004 Errege-dekretuak, martxoaren 12koak, finkatuko ditu prima eta pizgarri horiek guztiak. Dekretu horrek erregimen bereziko energia elektrikoaren jardueraren araubide juridiko eta ekonomikoaren eguneraketarako eta sistematizaziorako metodologia finkatzen du”.

III.3.I).— Zehatzeko araubidea baso-eremuan. Zigor Kodearen 45.3 artikuluan xedatutakoa garatzeko, Legeak Kodearen aginduak osatzen ditu VII. Tituluan (67. artikulutik 80.enera); horrela bada, Legearen xede diren gaien halabeharrezko zehatzeko araubidea finkatzen du. Baso-lursailen hondaketa zuzenean edo ez-zuzenean ekarriko duten ekintzarik egin ez daitezen buruan sartzea du helburu. Bistakoa denez, zigor-administratiboen araubideak zigor penaltzat hartzen ez diren ekintzak eta ez-egiteak biltzen ditu, zeren Konstituzioak finkatutakoaren arabera, indarrean dugun Zigor Kodeak gaiari buruzko zenbait berariazko aurreikuspen jasotzen baititu. Horien azterketa egitea ez badagokit ere, gogoratu beharra dugu Europar Batasunak indartu egin duela ingurumenaren babes penalaren beharra, Europar Batasuneko Kontseiluak, 2003ko urtarrilaren 27an egindako bilkuran, ingurumena zuzenbide penalaren bidez babesteko Esparru-erabakia hartu baitzuen. Hori dela eta, gure legegileak, azaroaren 25eko 15/1995 Lege Organikok egindako aldaketaren bidez –zeinaren bidez Zigor Kodeari buruzko 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, aldatzen den–, Batasuneko beharrak betetzeko beharrezkoak diren aldaketak sartzen ditu. Zehatzeko eremu administratibora mugatuz, aztertutako Legeak, erabakiaren eraginkortasuna ziurtatzeko kautelazko zein behin behingo neurriak hartzearen bideragarritasuna baieztatzeaz gain —69. artikulua—, oinarrian arau-hausteen tipifikazioa eta arau-hauste horiek sailkatzeko irizpideak zehazten ditu larritasunaren arabera —67. eta 68. artikuluak—; gainera, dagozkien zigor administratiboak —74. artikulua—, zein preskripzio epeak —71. eta 80. artikuluak— finkatzen ditu, betiere kontuan izanik Bosgarren Amaierako Xedapenak Gobernuari baimena ematen diola, kontsumorako prezio-indizeekin bat etorriz, finkatutako isunen zenbatekoa Errege-dekretu bidez eguneratzeko. Edozein modutan ere, garrantzitsuena honakoa da: zigorra jartzeak (penala zein administratiboa), arau-hausteen arduradunek egindako kaltea konpontzeko duten beharrari —70. artikulua—, eta kaltetutako mendia edo baso-ekosistema arau-hauste egin aurretik zegoen moduan lehengoratzeko, edo, konponketa ezinezkoa denean, konpondu ezin diren kalteengatik dagokion kalte-ordainari aurre egiteko beharrari erantzuteko dio —77. artikulua, 10/2006 Legeak idatzi du 2. atala. Behar hori ez betetzeak, isun hertsatzaileak –eta behin eta berriz errepikatuko dira agindutakoa betetzeko tarte nahikoa pasa ondoren–, edo arau-hausleen betearazte subsidiarioa ekarriko dute —78. artikulua. Arau-hauste gehiago eginez gero, Administrazio eskudunak erabaki dezake bai legez beste lortutako baso-produktuak konfiskatzea, bai arau-haustean erabilitako tresnak eta baliabideak konfiskatzea —79. artikulua—, eta erabaki dezake konfiskatzea kautelazko

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neurri bezala, arau-hauste izan daitekeen jarduerarekin kalte gehiago sor dezaten galarazteko —69. artikulua. Amaitzeko, garrantzitsua da aipatzea 72. artikuluak adierazitako “non bis in idem” printzipioa; horrela bada, arau-haustea delitu edo hutsegite izan daitekeenean, Administrazio bideratzaileak dagokion jurisdikzio-entitateari jakinaraziko dio, eta eten egingo du zehatzeko prozedura administratiboa. Behin behingo zigor penalaren bidez bertan behera utziko da zigor administratiboa, subjektuaren, egindakoaren eta oinarriaren identitatea hautematen denean.

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“ARABAKO MENDIAK, ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA. TOKI ENTITATEEI BURUZKO AIPAMEN BEREZIA ZAINKETAREN ALORREAN ESKU HARTZE GARRANTZITSUA BAITUTE”. Mª ELENA VILCHES PLAZA. Arabako Foru Aldundi Txit Goreneko Mendi-ingeniaria.


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ARABAKO MENDIAK

Azken hamarkada hauetan Arabako Lurralde Historikoaren baso-alorra oharkabekoa gertatu zaigu nekazaritza-sektorearen garrantzi ekonomikoaren aurrean. EAEn Araba nekazaritzaprobintzia izan bada ere, aldameneko lurraldeetan, Bizkaian eta Gipuzkoan, baso- eta abeltzaintzabokazioa izan dute. Euskal Autonomia Erkidegoaren baso-eremuan sektore dinamikoena, zalantzarik gabe, sektore pribatua izan da, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa, eta eremu horretan Radiata pinuak lehentasun nabaria du. Horrek baso-politikak baldintzatu ditu, eta nahiz eta politika horiek mendien babesfuntzioaren garrantziaz hitz egin, praktikan baso-berritzerantz eta mendien ekoizpen ekonomiko zuzeneko alderdietarantz bideratu dituzte ekintzak, biodibertsitatea eta gure baso-ondarearen balio ekologiko handia sustatzeko ekintzei lehentasuna eman beharrean. Hala ere, Arabako baso-gaia gutxitan agertu bada ere, lurraldearen bi heren, gutxi gorabehera, baso-lurrak dira. Arabako baso-eremu hori publikoa da gehienbat. Udalen eta, batez ere Kontzejuen jabetza dira. Baso-azalera publiko horren zati handiena Erabilgarritasun Publiko gisa katalogatuta dago. Adierazpen horren bidez, Katalogoan bildutako mendi guztiek nabarmendu beharreko lege-araubidea dute, egin daitezkeen titularitate aldaketen eta erabilera aldaketen aurrean babestekoa. Sustapen Ministerioak 1909ko maiatzaren 5eko Errege-agindu bidez onetsi zuen Arabako Katalogoa. 748 mendi eta 152.585 hektareako azalera biltzen du, Arabako Foru Aldundiak egindako azken kartograďŹ a-eguneraketaren bidez lortutako datuen arabera. Beraz, Arabako azalera erdia (%50,24) Erabilgarritasun Publikotzat hartutako baso-azalera publikoa da. Ondare ekologiko, ekonomiko eta, nola ez, soziologoko eta kultural bikaina dugu, eta Kontzejuei dagokie batez ere ondare horren kudeaketa egitea, betiere Arabako Foru Aldundiak ďŹ nkatutako lege-arauen babes teknikoa gogoan izanik. 115


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Jardunaldi hauetan luze aztertuko ditugu mendi publiko horiek landa-komunitateei historikoki emandako produktu eta erabilera guztiak. Horietako aprobetxamendu batzuek (egurrak, zura, larreak, etab.) oraindik diraute, nahiz eta azken urte hauetan landa-ekonomietan garrantzi txikiagoa izan duten10. Aldiz, zaintzarekin eta biodibertsitatearekin lotura duten mendi-publikoen kudeaketari buruzko alderdiek gero eta garrantzi gehiago dute eta, zalantzarik gabe, laster funtzio garrantzitsua izango dute eremu horien erabilerak eta aprobetxamenduak antolatzeko orduan.

10

Ikusi Mendi Publikoen eta Baso-ondarearen Administrazioa, Zaintza eta Arauketa: “Los Concejos: Gestión y Administración de los Servicios Públicos y de su Patrimonio”. Arabako Biltzar Nagusien Edizioa. 2004

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ZER DA BIODIBERTSITATEA ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA ZAINTZEA Dibertsitate biologikoak, Edward O. Wilson biologoak biodibertsitate izenez ezagutarazikoak, honako definizio hau du: “edozein iturriko izaki bizidunen aldagarritasuna, honako hauek, beste batzuen artean, barne: lurreko eta itsasoko ekosistemak eta beste ur-ekosistema batzuk, baita parte diren egitura ekologikoak ere. Espezie barruko dibertsitatea, espezien artekoa eta ekosistemen artekoa biltzen ditu”11. 1992. urtean Nazio Batuen Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmena sinatu zuten Río de Janeiron egindako Lurraren Gailurrean. Ordutik hamalau urte pasa dira, baina dibertsitate genetikoa, espezien desagerpena eta habitaten suntsiketa kezkagarriak dira oraindik ere. Dibertsitate Biologikoaren galera eta Aldaketa Klimatikoa planeta mailako bi arazo ekologiko nagusiak dira, eta milioika pertsonen osasuna, ongizatea eta, baita bizitza ere, mehatxatzen dute. Biodibertsitatea galtzeko mehatxua hain kezkagarria denez, Edward O. Wilsonek honakoa dio: Erregai fosil guztiak agortzea, kolapso ekonomikoa, gerra nuklear mugatua edo gobernu totalitarioren menpe egotea. Katastrofe horiek guztiak ikaragarriak iruditzen bazaizkigu ere, belaunaldi gutxi batzutan konpondu daitezkeen gauzak dira. Baina 80.eko hamarkadan gertatzen den eta milioika urte konpontzeko behar duen gauza bakarra habitat naturalaren suntsipenaren ondoriozko dibertsitate genetikoaren eta espezien galera da. Seguru aski, horixe da ondorengoek inoiz barkatuko ez diguten erokeria.12 Garapenaren ezaugarriak dibertsitatea eta konplexutasuna dira. Orokorrean, sistema biologikoek, konplexutasun handiagoa duten heinean, egonkorragoak dira eta homeostasia handitzen dute, hau da, kanpoko nahasteen aurrean auto-arauketarako gaitasun handiagoa dute. Hori dela eta, biodibertsitatea “bizitzaren bizi-asegurutzat” jotzen dugu13. Dibertsitate biologikoa ekosistemen dinamika eta funtzionamendu egokirako oinarria da. Zenbait alderdi garrantzitsu horren menpe daude, hala nola, lurzoruen sorrera, klimaren erregulazioa, ur-erregulazioa edo uraren arazketa. Horrela bada, adibidez Europan gero eta uholde gehiago ditugu 70.eko hamarkadatik aurrera. 1900etik 1970era, urtean bost uholde baino ez ziren gertatzen; aldiz, azken hamar urteetan, 10 kasu baino gehiago ditugu urtero, eta 2000. urtean 35 uholde gertatu ziren.14 Zingira natural, zohikaztegi eta orokorren hezegune

11

Nazio Batuen Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenaren 2. artikulua

12

Jorge Riechmannek aipatua, Todos los animales somos hermanos izenekoan. Granadako Unib. 2003

13

Jorge Riechmann. Aipatutako lana.

14

¿Por qué importa tanto la diversidad biológica? Natura 2000, Europar Batzordeko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren Buletina. 2006ko maiatza.

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gutxiago izateak garrantzia handia du egoera horretan. 1993. urtetik Europak %10 hezegune galdu ditu15. Dibertsitate biologikoaren murrizketak interes nagusiko egungo zein geroko baliabideen galera handia dakar berekin. Mundu mailan espezien desagerpenaren tasak oso kezkagarriak dira. Zenbait ikerketa zientifikoren arabera, urtero milaka espezie desagertzen dira, eta horietako espezie batzuk oraindik ez ditu Zientziak aztertu. Konponbiderik gabe desagertzen diren espezie horien guztien artean, Medikuntzan erabilgarri izan daitezkeen zenbait landare ditugu. Ekosistemek eta lotuta daramaten dibertsitateek kultura-balio oso garrantzitsua dute. Taldeidentifikaziorako elementu dira. Naturaz gozatzeak eta natura begiratzeak balio emozional handia dute, gaixotasunak sendotzeko prozesuetan laguntzen dute eta buru-oreka ematen dute. Kultura bakoitzak balio kultural eta emozional horiek guztiak bere natura-ingurunearekin identifikatzen ditu, eta ingurune horren efektu osasungarri kultura guztietan ematen da. Ikusi ditut nola Aljeriar “hamada”ko Saharako errefuxiatuek adineko pertsonak eta gaixoak beren basamortuko toki jakin batzuetara eramaten dituzten, “prebentzioak” deitzen dituzten lekuetara, eta horrek ondorio sendagarriak dituela kasu askotan.

ARABAKO MENDIAK ETA BIODIBERTSITATEA ZAINTZEA EAEko eremuan, Arabako mendien ezaugarri bereizgarrietako bat batez ere titularitate publikokoak direla baldin bada, bigarren alderdi aipagarria honakoa da: Arabako mendi gehienak, eta batez ere mendi publikoak, bertako zuhaitz , zuhaixka eta belarki espeziez beteta daudela. Esku harturiko ekosistemak badira ere –Europa osoko ezaugarria baita, eta ia ez dute esku hartu gabeko ekosistemarik–, mendi horiek naturaltasun maila handia dute. Gure mendietan gehien zabaldutako zuhaitz-espeziea pagoa da, 30.000 pago hektarea ditugu; jarraian, honako hauek daude, orden horren arabera: erkametza, mendiko pinua, artea, insignis pinua eta tocorno haritza. Araban batez ere pagoari eta mendiko pinuari ematen diegu garrantzi gehien, orain arte zurezko aprobetxamendurako espezie nagusiak baitziren; hori dela eta, jabeek zenbait dirusarrera lortzen zituzten espezie horiekin. Gaur egun, zuraren merkatuaren krisia dela-eta, agian mendiak beste erabilera batzuen iturri gisa ikusten hasi behar gara, eta horietako erabilera asko biodibertsitatearekin lotuta daude.

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Amenazas a la biodiversidad europea. Natura 2000, Europar Batzordeko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren Buletina. 2006ko maiatza.

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1. taula: Baso-ekosistemek eskainitako produktu eta zerbitzuen barietatea. Unasylva 194. zk. FAO

Honekin batera duzuen eskeman16, FAOtik hartutakoan (Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea), baso-ekosistemek eskaintzen diguten produktu eta zerbitzuen barietatea identiďŹ ka dezakegu. Landare-produktuak, adibidez larreak, perretxikoak, aterakuntzazko

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Ikusi 1. zenbakiko taula

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produktuak (erretxinak eta beste batzuk), sendagaiak, elikagaiak, zurak, lurrinak, botikak, bestelako baso-landare batzuk, etab. Animalia-produktuak: narrastiak, hegaztiak, arrainak, intsektuak, beste animali basati batzuk, simaurra, intsektuen produktuak (eztia, argizaria, etab). Zerbitzuak: enplegua, landareen babesa, lurzoruen eraketa, ekoturismoa, uraren babesa, ondarea, paisaia, parkeak eta erreserbak, aisia... Zurez besteko beste baso-produktu batzuen etekinek gora egingo dute baso-ekosistemen biodibertsitate mailarekin batera. MEDFOREX proiektuak, mediterraneoko basoen kanpoalderdiei buruz egindako ikerketa baten arabera, kalkulatu zuen 1994an zurez besteko Italiako baso-produktuen balio ekonomiko osoa 326 milioi eurokoa zela. Zuzeneko produktu horiei ekosistemarekiko zerbitzuen balioa, jostaketa-alderdiak eta kanpo-alderdi negatiboak (higadura edo sute arriskua adibidez) gehituz gero, baso horien balioa 1.600 milioi eurokoa litzateke. Gainera aipatutako urtean zura saltzeagatiko sarrerak 441 miloi eurokoak izan ziren. Iturri horrek berak esaten digu mundu luze-zabalen gero eta datu gehiagok egiaztatzen dutela askotan etekin handiagoa lortzen dela biodibertsitatea eta baso-ekosistemak lehengoratuz eta zainduz, lurzorua beste gauza batzuetarako erabiliz baino. Eta adibide moduan esaten du New York hiriak 1.500 miloi dolar inbertitu zituela hiriaren ur-hornidurarako erabiltzen duten mendiarroa lehengoratzeko, eragiketa hori iragazketa-instalazioa jartzea baino askoz merkeago baita. Iragazketa-instalazioa 5 edo 6 aldiz garestiagoa izango litzateke eta urtero 300 miloi dolarreko gastua izango luke.17 Gure mendietako biodibertsitatea zaintzea, espazio eta eremu berezi batzuetan izan ezik, ez da baliabideen aprobetxamenduaren kontrakoa. Are gehiago, kasu batzuetan parte-hartze maila jakin bat edo aprobetxamendu batzuk ezinbestekoak dira biodibertsitatea gordetzeko. Lehen aipatu dugun moduan, zurez besteko beste produktu edo zerbitzu batzuen aprobetxamenduak biodibertsitate handiagoko mendiekin lotuta daude. Orokorrean, aipatu dezakegu etengabeko aprobetxamendu homogeneoek biodibertsitatearen galera dakartela; baina, aldiz, “artisau” ekintza estentsiboek dibertsitate biologikoa zaintzen laguntzen dute. Dena dela, mendiek eskaintzen dizkiguten baliabideen erabilera eta biodibertsitatea bateragarri badira ere, beharrezkoak ditugu mendi horien babesa ziurtatzeko moduko zenbait kudeaketa-jarraibide. Gure mendietako erabilerei buruzko horietako jarraibide batzuek aztertuko ditugu.

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¿Por qué importa tanto la diversidad biológica? Natura 2000, Europar Batzordeko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren Buletina. 20. zk. 2006ko maiatza.

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UR-ERREGIMENAREN ETA UR-ARAZKETAREN ARAUBIDEA Mendiek eta, bereziki, zuhaitz-estaldurek eta maila freatiko aldakor dituzten urez betetzen diren eremu hezeek, ur-bilketarako funtzio garrantzitsua dute, eta horri esker ur-zikloan ura beranduago sar daiteke; ondorioz, ur-erregimena arautzeko oinarrizko faktore dira. Gure mendietako prestazio horiek bertan izateko, beharrezkoa da enklabe guztiak heze izatea; beraz, edozein drainatze-praktika geldiarazi behar dugu, praktika horiek gelditutako ura ur-sarean azkarregi sartuko luketelako. Enklabe horiek biodibertsitatea gordetzeko leku garrantzitsuak dira, baita eremu horietatik kanpo bizi ezin duten landare eta animalia espezientzako habitat oso espezializatuak ere. Baso-soilketek edo “arraseko” mozketek baso-lurzorua zuhaitzik gabe uzten dute. Euriko ura mendi-mazelatik behera joaten da, lursaileko infiltrazioa txikiagoa izango da eta, ondorioz, baita baso-lursailen ur-erretentzioa ere; gainera, higadura sortuko da eta landaretzarik gabeko lursailak arrastaka jaitsiko dira. Dagoeneko Araban ez dira mendi publikoetan “arraseko” mozketa askorik egiten; produkzio-koniferen landare-unaden azken aprobetxamendurako mozketetara mugatzen dituzte. Kasu horietan beharrezkoa da azalera mugatzea, eta mozketak behintzat bi fasetan egingo dira, batez ere azalera nahiko handiko unadetan. Araban katalogatutako mendietan gutxi gorabehera 7.000 hektareako “luberri” edo nekazaritzako aprobetxamendurako herri-eremu ditugu. Mendiei buruzko 13/86 Foru Arauaren arabera, denbora baterako erabilera da, eta amaitu ondoren luberritutako eremuen baso-berrikuntzari ekin behar diote. Nahiz eta Mendiei buruzko Arauak dioen luberritzeak “higadura arriskurik” ez dagoenean egin behar direla, badira higadura-arrasto nabariko luberritzeak ere. Kasu horietan lurzoruak zaintzera bideratutako nekazaritza-praktikak exijitu beharko lirateke, adibidez maila-lerroan lurra lantzea, lurraren etengabeko estaldura dakartzaten laborantzak egitea eta, kasu larrienetan, eta azken baliabide gisa, higatu daitezkeen lurren baso-berritzea. Ur-ibilguaren bazterretan dugun landaretza espezializatua, dibertsitate biologikoa sortzen duen espezie eta ekosistemen berezitasuna izateaz gain, euri-zaparrada ostean ur-ekarpenetarako eta urak arrastaka eramandako elementuetarako hesi fisikoa ere bada. Funtzio bikoitza du, beraz: ur-erregulazioa eta –arazketa. Ur-ibilgu guztietako bazterreko landaretzak, ur-ibilguak oso txikiak badira ere, ahalik eta gehien errespetatu behar ditugu mozketei eta aprobetxamenduei dagokienez. Arabako ur-sare gehiena katalogatutako mendietan sortzen da. Goialdean ondo zaindutako ekosistemek, bermatu egiten dute ibarretarako irteeran ur garbiak izatea. Abeltzaintzako, nekazaritzako eta basoko jarduerek kontuan izan behar dute baso-ekosistemen funtzio garrantzitsu hori. 121


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Abere asko dauden mendietan, zenbait uraska jarri behar dira ur-ibilguetatik eta akuiferoak berriz urez betetzeko lekuetatik urrun; horrela bada, ur-kutsadura biologikoa ekiditeko. Europan ur-kutsaduraren arazo larriena urak nitrato gehiegi duela da. 1991. urtean 91/676 CEE Europako Zuzentaraua onestu zuten, nekazaritzako nitratoen ondorioko kutsaduraren aurka ura babesteari buruzkoa da. Baina hamaika urte ondoren, 2002an, Batzordearen jarraipentxostenak (407 amaierako txostena uztailaren 17koa) Europar Batasuneko %20 lur-azpiko uretan eta %30 eta %50 bitarteko aintziretako eta ibaietako uretan nitrato-kontzentrazio gehiegi dagoela egiaztatzen du. Nekazaritza-nitratoa Europako uretara heltzen den nitrato guztiaren %50 eta %80 bitartekoa da.18 Mendien ur-arazketan duten funtzioa kontuan izanik, katalogatutako mendi publikoetan dauden larreetan betiko baztertu beharko genuke ongarri kimikoen erabilera. Orain dela zenbait urtetik hona, Nekazaritzako eta Ingurumeneko Teknikari batzuk neurri horren aldekoak gara, nahiz eta orain arte ezin izan dugun praktika horrekin amaitu, eta Babestutako Natur Eremuetan ere ongarri horiek erabiltzen dituzte, gainera, behintzat 2004. urtera arte, diru-publikoen dirulaguntzarekin. Neurri interesgarria, eta Kontzejuek ere erabiltzeko modukoa, honakoa izan daiteke: mendi publikoetan luberritzeak enkante bidez esleitzen direnean, enkante horren Baldintzen Pleguan luberritzeak nekazaritza ekologikoaren arauen arabera egin behar direla finkatzea, horrela bada, nitratoengatiko kutsadura fokuak saihestuko baititugu.

HABITAT ETA ESPEZIEN DIBERTSITATEA ZAINTZEA Arreta zuhaitz-ekosistemetan jartzeko joera dugu, batez ere baso-eremuan lan egiten dugunok, eta gainontzeko landare-osaketei ez diegu hainbeste jaramonik egiten. Baina, Europa mailan, baso-habitatak ez dira mehatxatuenak. Azken urte hauetan, Europar eremuan honako hauek izan ziren habitat eta ekosistema kaltetuenak: txilardiak, sastrakak eta tundrak, hezeguneak, zohikaztegiak eta zingirak. Hori dela eta, geuk –eta Europako gainontzeko beste herri batzuek ere–, askotan egiten dugun mendi-aprobetxamenduei buruzko hausnarketa egin beharko genuke. Txilardiak, otadiak eta beste sastraka-osaketa batzuk “ez-emankortzat” hartzen dira, eta horregatik larre bihurtzeko edo baso-berritzeko joera dugu. Gaur egungo datuen arabera, beharrezkoa litzateke sastrakak mozteko praktika hori aldatzea, eta kontu handiz jokatu behar dugu belar-sastrakak kentzerakoan, sastrakak larre bihurtzean edo baso-berritzeak egiterakoan.

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http://europa.eu/scadplus “Europar Batasuneko jarduerak”

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Ezagutu ditut txilardietan belar-sastrakak kentzearen aurkako Arabako zenbait abeltzain. Animalien elikadurari buruzko adituen arabera, txilarrak nutrizio aldetik ez du inolako interesik, baina artzain horiek diote txilarra abereentzako elikadura-erreserba garrantzitsua dela urteko sasoi jakin batzuetan. Gainera, beste abeltzain-mota batentzat, adibidez erlezaintzarentzat, txilarra “larre” egokia da. Baso-osaketak zaintzeko praktikaren eremura mugatuz, biodibertsitatean aditu diren guztiek zuhaitz zaharrak zaintzea eta basoetan landaretza-materia hila izatea funtsezkoa dela diote. Basoan ditugun zuhaitz zaharrak biodibertsitatearekiko monumentuak dira: zuhaitz horien adarretan goroldioak, likenak, iratzeak eta beste landare-epifito batzuk agertzen dira; intsektu barietate handiak, desagertzeko arriskuan daudenak barne, zuhaitz horien zuloetan, adarretan edo azalean bizi dira; hegazti-espezie batzuek (batzuk arruntak dira, baina beste batzuk mehatxatuta daude), zuhaitz horiek behar dituzte habiak egiteko eta saguzar mehatxatu batzuk hantxe bizi dira. Aspalditik zuhaitz zahar horiek, adar askokoak edo ahultze-sintomak dituztenak, orokorrean zuraren ekoizpenerako erabiltzen ez direnez, gure herrietan herri-egurra banatzeko edo “eguraprobetxamendurako” erabili dira. Zorionez, ohitura hori ia desagertu egin da eta herri gehienetan gazte-masak argitzeko mozketen bitartez lortzen dute egurra. Zailagoa da egur-aprobetxamenduetarako basoen amaierako mozketetan zuhaitz zaharrak uztea. Zuhaitz horiek askotan zutik uzten dira, eta batzutan 5 edo 6 zuhaitz-talde uzten dute biziraupena ziurtatzeko. Baina diru asko balio dutenez, askotan entitate jabeei asko kostatzen zaie “mendian uztea hantxe ustel daitezen”. Halaber, zuhaitzak seinalatzean, kontuan izan behar dira zuloguneak edo arrailak dituzten zuhaitzak, animalia-espezie batzuek hantxe habiak egin ditzakete edo babestu daitezke eta (muxarrak, saguzarra, hegaztiak, etab), eta baita adaburuan habiak dituzten zuhaitzak ere. Aprobetxamenduetan askotan oinarrizko espeziaren alde egiten dute, gehienetan merkataritza-balio handiena baitu, eta horretarako espezie nagusi horrekin batera dauden beste zuhaitz- eta zuhaixka-espezie batzuk mozten dituzte. Irizpide hori dela-eta, gure basoetan astigarrak, gurbeak, urkiak, ezkiak, sahatsak eta beste espezie batzuk oso gutxitan agertzen zaizkigu. Hori oso kaltegarria da baso-dibertsitatearentzat, eta arreta handia jarri behar dugu inguruko zuhaitz eta zuhaixka horiek zaintzen.

LOTURA EKOLOGIKOA Dibertsitaterako beharrezkoa da habitaten arteko jarraikortasuna; horrela bada, basoeremuen arteko lotura bermatuko baita; horrek fauna-espezien joan-etorriak eta landare eta 123


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animalien genetika-dibertsitatearen jarraipena bermatzen baitu. Biodibertsitatearen galerarako arrazoi nagusietako bat habitaten zatiketa da. Arabako mendi publikoak gure lurraldea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duten hiru mendi-lerro nagusietan daude, eta Pirinioetako eta Kantauriko korridoreen lotura ekologikoan dugun garrantzi handiko mendi-korridore baten parte dira. Toki mailan, biodibertsitatea zaintzeko ezinbesteko helburua honakoa da: jarraikortasun hori hausten den tokietan lotura ekologikoak ziurtatzea. Mendien kudeaketan mendi ertzetako basozati edo -lerroei garrantzi gutxiegi emateko joera dugu, marjinalak eta ez-produktibotzat hartzen baitira. Baina askotan eremu horiek biodibertsitate garrantzitsua dute –ekotono eremua– eta lotura-funtzio ekologiko garrantzitsua dute. Bai Eusko Jaurlaritzak, EAEren eremuan, bai Arabako Foru Aldundiak, Arabako Lurralde Historikoan, lotura ekologikorako proposamena zehaztu dute, baso-eremuen jarraikortasuna ziurtatzeko helburuarekin.

BIODIBERTSITATEA ZAINTZEKO EUROPAKO ESTRATEGIA. NATURA 2000 SAREA Europako Ingurumen Agentziak 2005ean egindako txostenaren arabera (Europako ingurumena: Egoera eta perspektibak) %43 Europako hegaztik egoera kaltegarria jasaten dute. Ditugun 576 tximeleta-espezietatik, %12 oso gutxitan agertzen zaizkigu edo azkarregi gutxitzen dira. 660 landare-espezie gutxi gorabehera desagertutzat ematen dira edo desagertzeko arriskua dute. %45 narrasti eta %52 arrain mehatxatuta daude. 1992. urtean, Europako Kontseiluak 92/43/CEE Zuzentaraua onetsi zuen, natur habitatak eta baso landareak eta animaliak zaintzeari buruzkoa; “Hábitatak” izenarekin ezagunagoa da. Zuzentarau horrek osatu eta barne hartzen du 79/409/CEE Zuzentaraua, baso-hegaztiak zaintzeari buruzkoa (“Hegaztiak” izenekoa)”. “Hábitatak” Zuzentarauak Europako biodibertsitatea zaintzeko estrategia diseinatu du. Eranskinetan Europar Batasunerako interesa duten natur habitaten zein landare eta animalien zerrendak finkatu ditu; eta horiek babesteko beharrezkoa da Babes Bereziko Guneak (ZEC) zehaztea. Habitat eta espezie horien zerrendetan, batzuk lehentasunezko intereseko habitatzat edo espezietzat hartzen dira. Eranskin horien edukia kontuan izanik, Batasuneko estatuek Europako Batzordean tokien zerrenda proposatu behar dute, eta jakinarazi behar dute zein Zuzentarauaren eranskinetan agertutako habitat eta espezie agertzen diren leku horietan. “Toki” horiek, LIC deitutakoek –Garrantzi Komunitarioa duten Lekuak- Hegaztien Babeserako Eremu Bereziekin batera (ZEPAk) –“Hegaztiak” Zuzentaraua aplikatzeko finkatutakoak–, “Natura 2000” sarea osatzen dute. 124


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Batzordeari zenbait proposamen egin ondoren, 2003an osatu zuten EAEko zerrenda. Araban lau ZEPA eta hogeita bost LIC izendatu zituzten, nahiz eta Garrantzi Komunitarioa duten Leku horien artean, bost Hegaztien Babeserako Eremu Bereziekin bat datoz. Proposatutako zortzi LIC Garrantzi Komunitarioa duten Ur-leku dira, lau aintzira, urmael edo urtegi artifizial ditugu eta Arabako Garrantzi Komunitarioa duten gainontzeko Lekuak batez ere mendi-eremuak dira.

Arabako “Natura 2000 Sareak” 79.936 hektarea ditu, hau da, probintziako azaleraren %26,3. Azalera horretatik, 70.699 hektarea Erabilgarritasun Publikokotzat katalogatutako mendiak dira. Beraz, katalogatutako mendi publikoa Arabako Natura 2000 sarearen %88,7 dira. Azalera horien zati bat bazuen babesteko egoera, edo egoera hori lortzeko bidean zegoen, Natura Sareak Parke Naturalak eta Babestutako Biotopoak biltzen baititu (bai dagoeneko 125


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izendatutakoak edo izendatzeko bidean daudenak), eta Euskal Herriko Natura Babesteari buruzko 16/94 Legearen prozedurari jarraituz egiten du. Beste eremu batzuk, aldiz, lehendabiziko aldiz sartzen dituzte babestutako eremu horien guztien artean.

Garrantzi Komunitarioa duten Mendi-lekuek, Garrantzi Komunitarioa duten Ur-lekuekin batera, gure lurraldea ondo baino hobeto egituratzen duen zaintzeko eremua osatzen dute, betiere lotura ekologikoen sare egokiarekin osatzen bada, Natura 2000 Saretik kanpo gelditzen diren eremuekiko haustura gainditzeko. (komunikazio-azpiegiturak, hiri-eremu zabalak, industrialdeak, nekazaritza-eremu intentsiboak, etab.). Lehen adierazi dugun bezala, ia amaituta dago loturen sarea eta, “Natura 2000 Sareko� eremuekin batera, Babestutako Natur Eremuen Arabako Sarearen diseinua osatuko da. Diseinu hori biodibertsitatea zaintzeko Europako estrategia eta premisekin bat etorri behar da. 126


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Arabako Interes Komunitarioa duten Leku erdiak baino gehiago eremu biogeografiko atlantikoan daude, eta gainontzekoak mediterranear eremuan daude. Eremu atlantikoaren Europako zerrenda 2004ko abenduan onetsi zuten, eta mediterranearra, aldiz, aurten onetsiko dute. Zerrenda onetsita, Babes Bereziko Eremuak (ZECak) finkatu behar dira. Zuzentarauaren 4.4. artikuluak xedatutakoaren arabera, izendapena lehenbailehen eta gehienez sei urteko epean egin behar da, eta aldeko kontserbazio-egoeran lehentasunak tokien I. Eranskinaren natura habitat moten edo II. eranskinaren espezien garrantziaren, zaintzeko beharraren eta lehengoratzeko beharraren arabera finkatuko dira, 2000 Natura Sarearekin bat etorriz, eta baita horiek hondatzeko edo galtzeko dagoen arriskuaren arabera ere. Eremu edo mendi bat Natura 2000 Sarean sartzeak ez du esan nahi leku horretan erabilera edo ustiaketa debekatutako dagoela. Izan ere Zuzentarauak berak azpimarratzen du sarrerako bigarren aldean “biodibertsitatea gordetzeko batzutan beharrezkoa izango dela gizakien jarduerekin jarraitzea eta jarduera horiek sustatzea”. Intereseko gure habitat batzuk, adibidez larre erdi natural batzuk, txilardi batzuk edo sastraka batzuk, zuhaizka edo zuhaitz-eremu bihurtuko lirateke gizakien edo abereen beharrezko esku-hartzerik gabe. Hori dela eta, Zuzentarauak 8. artikuluan jasotzen du lehentasunezko natur habitatak zein espezieak zaintzeko eta lehengoratzeko baterako finantzaketa komunitarioa. Natura 2000 Sarea zainketarako finantzaketa komunitariorako bidea, LIFE – Naturaleza izenekoaren deialdia da. Aurten LIFE fondoaren premisak eta zenbatekoak berrikusi dituzte, eta 2007. urterako LIFE – Narturaleza izenekoaren proposamen berria aurreikusita dago, eta horren hornidura orain duena baino askoz ere handiagoa izango da. Toki bat onestutako zerrendan sartzen dutenetik, neurri egokiak bere gain hartu behar ditu zerrenda horretan sartu duten natur habitaten eta espezien narriadura ekiditeko. Hori dela eta, Zuzentarauaren 6.3 artikuluak honakoa dio: “edozein plan edo proiektu, nahiz eta lekuaren kudeaketan lotura zuzena ez izan edo kudeaketarako beharrezkoa ez izan, leku horietan eragin nabaria izan baldin badezake, bai banaka, bai beste plan edo proiektu batzuekin batera, leku horretan izango duen eraginari buruzko azterketa egingo da, betiere leku hori babesteko helburuak kontuan izanik”.

ONDORIOAK Arabako katalogatutako mendi publikoek natur- eta kultura-ondare bikaina osatzen dute, eta mendi horiek babestea eta zaintzea lehentasunezkoa izan behar da, bai entitate jabeentzat, batez ere, Kontzejuentzat, bai barnean dauden gainontzeko administrazio publikoentzat. Ohiko erabilerak mantentzea –babesa bermatzeko zenbait zuzentzaile tekniko sartuz eta termino ekonomiko bideragarrien arabera eginez–, estrategia egokia da biodibertsitatea zaintzeko. 127


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Dibertsitate biologikoa zaintzeko jarduera horrek landa-komunitateentzat diru-sarrerak eta bestelako onura batzuk ekar ditzake, bizi-kalitatea eta ongizate mailan, eta zaintzeko eta garapen iraunkorrerako praktiketarako eragilea litzateke. Arabako katalogatutako mendi erdiak Europako Natura 2000 Sare Ekologikoan sartzea, mendi publikoei, zenbait hamarkadatan ia ahaztuta izan ondoren, landa-bizitzan zuten funtzio garrantzitsua berreskuratzeko ematen zaien aukeratzat har dezakegu. Finantzaketa komunitariorako tresnek, nahiz eta oraindik definitu gabe izan, zainketa kudeatzeko sistema zahar-berri hori abian jartzeko balio dezakete. Hurbileko etorkizunean, planeta mailako biodibertsitate-krisian, agian Arabako mendiek aspaldian landa-ekonomietan eta –kulturetan zuten oinarrizko garrantzia berreskura dezakete, nahiz eta industria aurreko garai horretako parametroak oso desberdinak izan. Iraganean Arabako mendiek –gehien bat publikoak–, garrantzia zuten landa-eremuko biztanleei ematen zizkieten produktuen dibertsitateari esker, batez ere autokontsumoko ekonomia horretan oinarrizkoak ziren produktuak eskaintzen zituztelako. Aldiz, epe laburrean Ingurumenaren zaintzaren eta babesaren eta gero eta gehiago eskatzen den aisialdirako eta jostaketarako zerbitzuen eremuan toki horiek dituzten funtzio garrantzitsuak Arabako mendi publikoen errendimendu garrantzitsuenen artean izango ditugu seguru aski. Eskerrak. Eskerrak eman nahi dizkiot Arabako Kalkulu Guneari eta, batez ere, Javier Díaz de Guereñu del Río jaunari, Geodesia eta Kartografiako Goi Ingeniariari, artikulu honetan agertzen diren kartografiak egiten laguntzeagatik.

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“OHIKO APROBETXAMENDUAK (ZUREZKOAK, EGURREZKOAK, LARREAK, LUBERRIAK, URAK, EHIZA, BASO-FRUITUAK, ONDDOAK, LANDAREAK, LOREAK, MEATZARITZA-BALIABIDEAK, ETAB.) HORIEN ALDAKETAREN ERRONKAREN AURREAN. NATURA ERABILTZEKO ETA HORRETAZ GOZATZEKO ESKUBIDEA”. DEMETRIO LOPERENA ROTA. Euskal Herriko Unibertsitateko Administrazio-zuzenbideko Katedraduna


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HERRI-ONDASUNEN APROBETXAMENDU BERRIAK19 I.- SARRERA II.- PROPOSAMEN OROKORRA A) Jabetza eta horren mugak B) Baso-fruituen kontzeptua C) Olgetarako erabileraren eta aprobetxamenduen arteko bereizketa D) ius usus inocui izenekoa III.- ERABILERA EZ-KALTEGARRIAK A) Ez-kaltegarritasun ekonomikoa B) Ingurumeneko ez-kaltegarritasuna C) Neurriz kanpoko erabilerak IV.- SUBJEKTUAK A) Titularra B) Aldizkako erabiltzailea V.-HERRI-ONDASUNEN KASUA

¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Fray Luis de León, Vida retirada

I.- SARRERA Guztiok ukitu gabeko Natura pobreziaren sintoma ez dela onartzen dugun bitartean, gizartegatazka batzuk agertzen hasten dira, eta gatazka horiek zenbait ondorio juridiko izango dituzte; 19

Testu hau “ Uso recreativo de los predios y aprovechamiento de los frutos silvestres” izeneko artikuluaren eguneraketa da. Ingurumeneko Zuzenbideko Aldizkarian 1997an argitaratu zen.

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komenigarria da ondorio juridiko horiei buruzko hausnarketa egitea. Naturan olgeta, dibertsioa, aisia, erlaxazioa edo topikoki iragartzen diguten edozein xede bilatzen dugu, eta lan honetan kontzientzi berri horren ondorioz sortzen diren zenbait arazo aztertuko ditugu. Biztanle gehienak hiri-nukleotan taldekatzen dira eta mendia, gero eta gehiago, atsedena topatzeko leku bihurtu da, orain dela hainbeste mende Fray Luis de Leónek aipatzen zuen atsedena hain zuzen, baina adi baterako izango da soilik (asteburuetarako edo oporretarako). Pertsona askok paseatzea, mendi-ibiliak, mendizaletasuna, eskalada eta abenturarekin lotutako beste zenbait kirol egiten dutenez, arazoak sortzen hasi dira Natura atsegin duten kirolarien eta kirola egiteko erabiltzen dituzten finka edo funts horien jabeen artean. Herri-ondasunak zein jabetza pribatuak hesitu gabe izan dituzte beti, eta ondo ikusten zuten leku horietatik ibiltzen uztea, betiere kalterik sortu gabe, kirol edo olgetako helburuekin eta sendabelarrak edo baso-fruituak hartzeko (batez ere perretxikoak). Gatazka, honako faktore hauen kateaketaren ondorioz sortu da: 1.) Gero eta pertsona gehiago daudelako. Lehen hondartza nahiago bagenuen ere, oraingoan mendi edo herriarekiko zaletasuna nagusitzen doa, eta orokorrean zaletasun hori ez dago ekologismoari buruzko pertzepzio kultural berrietatik kanpo. 2.) Errentagarritasun ekonomikoa. Orain dela gutxi arte menditik ibiltzen zenak baso-loreak, sendabelarrak, baso-fruituak edo perretxikoak hartzen zituen etxean kontsumitzeko eta inolako irabazi asmorik gabe. Hori aldatzen doa, neurri handi batean talde antolatu batzuek produktu horiek biltzen dituztelako beste batzuen finketan, normalean herriondasunetan, hiriko merkatuan saltzeko helburuarekin. Logikoki, eta behintzat herriondasunen kasuan, jabeek ikusi dute aitzinean kaltegarriak ez ziren beste batzuen jarduera horiek, legitimoki haienak diren ondasunen errentagarritasun ekonomikoa hankaz gora jar dezaketela, eraldaketa bat sortu delako: fruituak lehen batez ere larreak eta zura ziren, baina orain beste baso-fruitu batzuk agertu dira eta merkatuan balio jakin bat eman zaie. 3.) Landa-munduaren krisia. Kausak eta ondorioak ondo baino hobeto ezagutzen ditugu. Zenbaki demografiko edo makroeonomiko hutsak alde batera utzita, gure herrietan bizi den gizakiak uste du Administrazio publikoak hobeto tratatzen dituela hiriko biztanleak, eta gainera ikusi behar du nola asteburuetan eta oporretan haren bizitza aldatzen den hiriko hainbat biztanle herrietara heltzen direnean, eta eragozpenaz gain, ez dutela onura ekonomiko handirik sortzen. Batzutan bizilagunen gutxitze ekonomiko nabariaren ondorioz, herrikoak ez direnei, eta beraz herri-ondasunen titular ez direnei, zenbait espezie biltzea debekatzen diete. Debeku hori hobetu daitezkeen zenbait ereduren bidez egin da,

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adibidez barrutiak edo aurretik tasak ordainduz ematen diren baimenak; aurrerago aztertuko ditugu horiek guztiak. Zorionez herrialde honetan asko aztertzen ari gara eko-turismo edo landa-turismoari buruz zenbait argitarapen edo kongresuren bitartez; beste herri batzuetako esperientziak aurkezten dira, tentsioa ondo ezagutzen duten eta konponduta duten herrien esperientziak alegia. Autonomia Erkidegoek asko lantzen dute eremu hori, nahiz eta gure geografiako leku askotan azken oreka oso urritikoa ematen duen. Egoera horretan zenbait arazo juridiko sektorial agertzen zaizkigu; saiatuko nahiz hemen azaltzen arazo horietako bat. Arazo horiek guztiak ez dira beti behar bezala ikusten.

II.- PROPOSAMEN OROKORRA

A.- JABETZA ETA HORREN MUGAK20 Askotan hitz egiten dugu jabetza-eskubidearen mugetaz21 sinplifikatzeko asmo didaktikoarekin. Mugetaz hitz egiteko, bakarrik hitz egin beharko genuke lege arrunten (eta Legeek beste gauza bat ere xedatu zezaketen), Konstituzioaren printzipioen eta Nazioarteko Konbentzioetan gizaki izateagatik onartu zaizkigun eskubideen bidez sortutakoetaz. Lehenengoak benetako muga juridikoak dira, gizartearen entitate ordezkariek xedatu edo mugatu ditzaketenak dira; Konstituzioaren mugak eta Giza Eskubideen ondoriokoak zibilizazioaren garapen mailaren araberakoak dira, eta ez dago legegilearen esku muga horiek ezartzea edo finkatu nahi izatea. Gainera gauzen naturaren ondoriozko muga-taldea ere badugu. Bigarren eta hirugarren motako mugak ez dira berez saihestu daitezkeen mugak, baizik eta jatorritik nabarmentzen diren eta absolututik aldentzen diren jabetza-eskubidearen ingurukoak dira. Erabateko jabetzaren kontzeptua, soberaniaren kontzeptu bera bezala, kontzeptu teoriko hutsa izan da, helburu didaktikoekin, eta ez dogmatikoekin, egina. Jabetza ez da inoiz mugarik gabekoa izan, agian ontologikoki edozein gizarte-entitatetik kanpo dagoen infinitutasun kontzeptura eramaten gaituelako. Legeak eta Erregelamenduak Administrazioak zerbitzu publikoko funtzioan egin behar duen bidea diren moduan (legearen lotura positiboa),

20

Jabetzaren kontzeptua Kode Zibilaren 348. artikuluan dugu: “Jabetza gauza batetaz gozatzeko eta izateko eskubidea da, legeek ezarritako mugak soilik izanik”. Halaber, Espainiako Konstituzioak jabetza-eskubidea jasotzen du 33. artikuluan, eta artikulu horretan finkatzen du eskubide horren mugak jabetzaren gizarte-funtzioak ezarriko dituela legeekin bat etorriz.

21

Castán,” Derecho Civil Español Común y Foral”, II. Tomoa, I. Bolumena, 207-241 orri.

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jabetzarentzat legeak muga batzuk finkatu beharrean –nahiz eta didaktikoki azalpena oso eraginkorra izan–, ezarri egiten du titularrek zer bide egin dezaketen dagozkien aprobetxamenduekin. Ezin da ulertu funts baten jabea biosferaren parte baten jabea dela legeak finkatzen dituen salbuespenekin baina horren gaineko hondar-ahalmenekin. Testu positiboek berez ez badute kanpoan uzten, aprobetxamendu batek Konstituzioaren printzipioak urratzen baditu, batez ere jabetzaren funtzio soziala eta ingurumen egokirako eskubidea, jarduera jakin bat araubidearen aurkako bihurtuko luke. Biosfera elkarrekin erabili behar dugu, eta agindu juridiko hori oinarri biologikoak ditu: elementu guztiak elkarrekin erlazionatuta daude, beraz jarduera kaltegarri batek, nahiz eta oso lokalizatua izan, jarduera egin den eremu geografikotik kanpo dauden elementuengan eragina izango du. Beste atal batean esan genuen moduan, ezin du inork gizarteak jabetza-eskubide titulu baten bitartez haren esku jarri duen biosfera-kuota suntsitzeko eskubidea. Egia da, legeek ezarritako mugek hipotesi hori galarazten dute ia guztiz. Hala ere, landa-finka batean, adibidez, milaka intsektu eta beste elementu biotiko batzuk bizi dira, eta horiek gabe biosferak ez lituzke izango gure espezieak bizirauteko behar dituen parametro guztiak. Izaki bizidun22 horiek babesteko legerik ez dagoenez, jabeak beren funtsetan bizi diren animalia horiek hil ditzake? Nik ezetz uste dut, araubidearen aurkako ekintza da, jarduera horrek jabetza-eskubidea gainditzen duen jarduera da, Kode Zibilak 7.2 artikuluan debekatzen duen eskubide-abusua da.23 Honako errotulua ikusten dugunez: lursail partikularra, debekatuta dago sartzea, antzeko egoera izan daiteke. Hiri-finka, industria-nabe edo jolasteko lorategi batean sartzeko debekua logikoa da, titularrari bakarrik baitagokio lursailaz gozatzea eta horren aprobetxamendua: ezingo dira lursail horretara sartu titularrak baimentzen ez badie. Baina ehunka edo milaka hektareako landa-finka baten titularrak, nire ustez, ezin du gauza bera egin. Lursailaren errentagarritasun ekonomikorako eskubidea du, baina jabetzak ez du kanpoan uzten kaltegarriak ez diren beste erabilera batzuk. Horrela bada, goragune batean paseatzea, orain mendi-ibilia deitutakoa, harkaitzei argazkiak ateratzea edo basolore batzuk hartzea legezko kalterik gabeko erabilerak dira24, eta lursailaren titularrak ezin du horri buruz ezer erabaki. Biosfera guztiona da, eta paseatzea, argazkiak ateratzea edo loreak biltzea funts horren errentagarritasunaren parte ez badira, edonork kalterik gabeko erabilera horiek egin ditzake. Mendi baten jabeak legitimoki debekatu dezake edo kobratu dezake filmatzeagatik? Garaiz gaude eta gehiegikeri horiek legez edo jurisprudentziaren bidez saihestu ditzakegu.

22

Bellver Capela, Vicente y Catala Bas, A. H. : “El estatuto ético-jurídico de los animales. Revisión de la legislación española”, Zuzenbidezko Aldizkari Orokorra, 589-90 zk., 1993, 9635. eta 9636. orriak.

23

Kode Zibilaren 7.2 art.: “Legeak ez du eskubide-abusua edo eskubidearen gizartearen aurkako gauzapena babesten.”.

24

“El ius usus inocui “, Castán, op. cit., 215-221 orri.

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B.- BASO-FRUITUEN KONTZEPTUA Arloko legeriak ez du adiera bakarreko terminologia. Baina, edozein modutan ere, pertsonentzako erabileraren bat duten –erabilera estetikoa edo olgetako erabilera hutsa bada ere– landare-produktuetaz hitz egiten dugu, eta produktu horiek naturan sortzen dira gizakiek zuzenean esku hartu gabe. Kategoria horretatik kanpo daude, beraz, edozein landare-produktu, betiere jabeak produktuaren agerpenean, hazkuntzan edo bilketan esku hartu baldin badu; kasu horretan jabeak laborantza-xedea du, eta gure ustez, ez da baso-produktu izango. Perretxikoak dira, agian, fruitu-mota horien adibiderik argiena. Autonomia Erkidego askotan mikologiarekiko zaletasun handia dute, eta orokorrean askatasun osoa dugu perretxikoetara eta perretxiko horiek dauden finketara sartzeko. Baina ez dugu soilik perretxikoen eta perretxiko-barietate guztien kasua aztertuko. Izan ere, adibidez Nafarroan baso-fruitu bat aniseko likorean beratuz likore bat ateratzen dute, euskaraz patxaran izena du. Likore hori, patxaran izenarekin ezaguna dagoeneko, merkaturatu egiten da, eta gaur egun Nafarroako jatorri-deiturarekin babestuta dago. Zenbait mendetan likore hori nafarrek etxean egiten zuten artisau-eran eta familiarentzat soilik zen. Fruitua askatasun osoz biltzen zuten Nafarroako herri-mendien lursail ugarietatik, inolako tramiterik egin gabe. Likore horren industria-ustiaketa dela-eta, fruituaren bilketak zenbait tentsio sortu ditu, eta bizilagunen eta ingurumen eremuaren arteko lehen tira-birak gertatu dira. Gainera baso-marrubiak, hurrak, gaztainak, ahabiak, sendabelarrak eta zuhaitz nobleen haziak (adibidez, haritza, pagoa edo gaztainondoa) biltzea ohiko jarduera bihurtzen ari da. Bistakoa denez, Natura Baliabideak Babesteko Plana25 duen babestutako eremu batean, baso-fruituen bilketa finkatutako irizpide teknikoen araberakoa izango da, eta bilketa debekatu ere egin dezakete.26 Horrek ez gaitu aldendu behar honako errealitate orokortu honetatik: Natur Eremuak babesteko eredu baten onespenak ez duela ondasunaren titularitatea aldatzen eta, beraz, fruituen titularitatea zein erabileraren eta aprobetxamenduaren titularitatea, nahiz eta mugatua izan, Natur Baliabideak Antolatzeko Planak xedatutakoaren araberakoak izango direla.

25

Espainiako Eremu Babestu eta Animalia eta Landare Basatien Kontserbaziorako 4/1989 Legeak, martxoaren 27koak, aipatzen ditu baliabide natural horiek eta aipatutako planak.

26

1990ko abenduaren 31ko 3/90 Foru Legearen 7.2 artikuluak honakoa dio: “babestutako natur eremuetan edozein aprobetxamendu Ingurumen Administrazioaren baimenaren pean egongo da. Foru Arau horretan,. 65.c) artikuluan, mendien olgeta-erabileraz hitz egiterakoan, honakoa debekatzen du: “..baimenik behar duten produktuak, landare- eta meatzaritza-produktuak zein mendietako animaliak hartzea...”.

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Jarduera batzuek lotura handia dute baso-fruituen bilketarekin, adibidez paseatzea, mendi-ibiliak edo mendizaletasuna; azterketa juridikoa bera egin behar dugu jarduera horiekin. Mineralak eta beste elementu fosil batzuk helburu zientifiko edo olgeta-helburuekin biltzeak antzekotasun handia du aipatutako jarduerekin, eta hemen aterako ditugun ondorioak jarduera horietarako ere balio dute, ezen nahiz eta izaera fisiko edo biotiko bera ez izan, nire ustez, izaera juridiko bera dute eta. Animaliei dagokienez, babestutako espezieek –ehiza-espezieak barne–, beste berezko araubidea dute. Dena dela, honako galdera erantzun gabe dago oraindik ere: behean bizi direnak, intsektuak, zizareak, etab. babesteko edo aprobetxamendurako araubideren bat dute?27 .

C.- OLGETARAKO ERABILERAREN ETA APROBETXAMENDUAREN ARTEKO BEREIZKETA Lan honetan erabilerak aztertu ditugu, eta ez aprobetxamenduak. Egia da, gure araubideak ez ditu beti bi kontzeptu horiek bereizten, orokorrean ez baita erraza bereizketa egitea. Gure kasuan oso erabilgarria da bereizketa hori, beste baten finkan egiten den olgetarako jarduerak ezin duelako inoiz erabilera gainditu. Ez da egokia aprobetxamenduaz hitz egitea, kontzeptu horrek errentagarritasun ekonomikoa dakarrelako berekin, eta hemen aipatutako olgetarako erabilera oso urrun dagoelako errentagarritasun horretatik. Bigarrenik, aprobetxamendua baztertzailea da. Titularrak laborantza osoa aprobetxatzen du. Finka batean aprobetxamendu nagusia baso-landareen bilketa denean, beste pertsona batzuk landare horiek hartuz gero, titularraren ekonomia gutxituko da, eta gutxipen hori ez jabetzaeskubidearekin bateragarri, jabetzak fruituak hartzeko eskubidea ematen baitio. Erabileraren ideiak, berriz, ez du hirugarren bati baztertzeko ezaugarri hori. Galsoro batean mitxoleta-sorta hartzea, titularrak finkan egiten duen aprobetxamenduarekin guztiz bateragarri den erabilera da. Horixe bera esan dezakegu galsoroan kalterik sortu gabe lasai paseatzen duen pertsonaren kasuan: olgetarako erabileraz gozatu dezake, eta horrek ez du oinarrizko aprobetxamendua, ezta horren alde txikiena ere, galarazten. Erabileraren eta aprobetxamenduaren arteko bateragarritasuna da, beraz, oinarrizko ezaugarria. Gainera erabilerak, hemen landuko dugunaren arabera, bateragarri dira haien artean, behientzat orokorrean. Horrela bada, galsoro batean mitxoletak sistematikoki eta kronologikoki antolatutako eran hartzea ez da aldizkako erabilera hutsa, aprobetxamendua izango da; eta aprobetxamendu hori legitimoa izango da soilik aldez aurretik finkaren jabearekin akordioren bat egin bada. Hau da, olgetarako erabilerak utzi behar die beste pertsona batzuei aldi berean edo jarraian erabilera bera egiten. 27

Espainiako Eremu Babestu eta Animalia eta Landare Basatien Kontserbaziorako 4/1989 Legeak, martxoaren 27koak, IV. Tituluko lehen kapituluan, “Baso-landare eta –animaliei buruz” izenekoan, ez du animalia-bizitza horri buruzko aipamenik egiten.

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Azken finean, olgetarako erabilerarako bateragarritasun bikoitza behar da: a) Erabileraren eta aprobetxamendu nagusiaren arteko bateragarritasuna. b) Olgetarako erabileren arteko edo beste pertsona batzuek egingo dituzten erabileren arteko bateragarritasuna. Olgetarako erabilerak gainera, aipatutako bateragarritasunaren ondorio gisa, ezin du ateratako produktu horren agorpena sortu. Finkan mitxoleta asko baldin badaude, sorta hartzeagatik ez dira agortuko, eta perretxiko ugari baldin badaude, betiko saskitxoa hartzeak orokorrean ez ditu beste erabilera batzuk alde batera utziko. Baina olgetarako erabilera horiek erabat exijitu daitezkeen zaintzak eskatzen dituzte. Horrela bada, ez dira sustraiak atera behar beste landare batzuen sorrerarako beharrezkoak baldin badira. Perretxikoak hartzeko ganibetak edo labanak erabili behar dira, mizelioa hantxe usteko eta beste perretxiko batzuk haz daitezen. Ikusi, landarea berriz haz dadila beharrezkoak diren arauak betetzen ez badira, behin eta berriz aipatu dugun bateragarritasun ezaugarriaren alderdiren bat edo bateragarritasun osoa urratzen da. Urte osoan mitxoleta edo perretxiko bakarra hazten bada –kasu hori muturrekoa da, oso zaila edo ezinezkoa–, bistakoa da bateragarritasunaren ezaugarria kanpoan gelditzen denez, ez dela legitimoa titularra ez denak egiten duen olgetarako erabilera.

D.- IUS USUS INOCUI IZENEKOA Aurreratu dugun bezala, jabetza osoa benetan existitu ez den, ezta esanahi teorikoenean ere, kontzeptua da. Egia esateko, jabetza erabiltzeko, aprobetxamendurako edo gaitasuneko eduki jakin batekin lotuta dago28, eta zenbait modulazio historikorekin, gure garaira heldu zaigu erromatar zuzenbidetik. Une horretatik, gainera, eta etenik gabe, kalterik sortu gabe beste baten jabetza erabiltzea baimendu da; hau da, titularrak jabetza horrengan dituen botere-edukietan eraginik sortu gabe egiten den erabilera. Horrela bada, ius usus inocui eskubide onartua izan da beti, eta oraindik ere bada, eta askotan gauzatzen da gure herrian. Zereal-laborantzarako erabiltzen diren eta, zorionez, hesitu gabe dauden lursail zabaletan, ardi-taldeak uztondoetan sartzen dira bazkatzeko, ehunka urtez egin duten bezala. Ematen du ereiten denetik uzta biltzen denera arte jabetza osoa dutela, eta gainerako denboran finka horren zereal-laborantzarekin bateragarri diren beste ohiko erabilerak egiten dituzte. Ehizarako eskubideari dagokionez, bai lur-eremu libretan, bai Udalerriek mugatutako lurretan (eta ondorioz eragina izango dute hainbat jaberengan, jabari publiko, herri-jabetza edo jabetza

28

Kode Zibilaren 348. art.

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pribatuak izan daitezkeelako), jarduera hori gauzatzeko beste baten jabetzan sartu behar dira tiro egiteko edo pieza eskuratzeko. Azterketa bera egin dezakegu arrantzale batek beste baten lursailetik pasatu behar denean ibaiaren beste aldera joateko. Kalterik sortzen ez duten erabilerak dira eta orain arte ez dute kontuan izan beharreko gatazkarik sortu. Gure Kode Zibilean zenbait kasu bereizten dira, adibidez beste baten jabetzako lursailean jarritako erlauntza.29 Orduan, ez-kaltegarritasun hori aipatutako lore eta baso-fruituen kasuan ere onartu izan da beti, lore eta fruitu horiek ez direlako landa-finka baten aprobetxamenduaren muina. Paseatzea edo mendian ibiltzea gustuko duen edonork marrubiak edo perretxiko batzuk har ditzake, eta jarduera hori ez da legez kontrakoa, alde batetik arrazoi historikoengatik eta, beste alde batetik jarduerak ez duelako zerikusirik Kode Zibilak baimentzen ez duen eskubide-gehiegikeriarekin. Aztertzen ari garen olgetarako erabilerak antzekotasun handia du aipatutako adibide horiekin, nahiz eta desberdintasun batzuk ere izan. Herritar izateagatik, gizaki izateagatik onartzen den eskubidea da, eta horrek berehala eskubide eta askatasun publikoen alorrera eramaten gaitu; gure Konstituzioari dagokionez, 45.1 artikuluak ingurumen egokiaz gozatzeko eskubidea onartzen du. Gure Kode Zibilak ez du testuan zuzenean ius isus inocui aipatzen, nahiz eta eskubidegehiegikeria debekatzen duen. Dena dela, doktrinak, eta baita Auzitegi Gorenak ere, gure ordenamenduan badugula aipatzen du. Zuzenbide konparatuan onarpen hori ez da ezohizkoa; adibidez Suitzak eremu horri dagokionez gure herriarekin antzekotasun handia du, eta hango Kode Zibilak ius usus inocui 30 onartzen du . Aipatu dudan bezala, beste baten gauzaren gaineko benetako eskubide edo eskubide pertsonala ez denez, giza eskubideen eremura joango gara. Nahiz eta testu positiboen bidez katalogazio horrek tira-birak sortu, eremu horretan egokitasun handiena lortzen dugula uste dut. Ezin dugu esan kalterik sortzen ez duen erabilera jabetzari jarritako muga dela, baizik eta jabetzak ez duela erabilera hori jasotzen esango genuke; jabetzarekin batera doazen botere guztietatik kanpo gelditzen baita. Hori dela eta, ez du titular jakinik edo aurretik finkatutako eta betiko modurik aurreikusten. Aurreratu dugun bezala, jabetza eskuratzeak ez du esan nahi biosferaren lursaila osoa lortzen denik. Jabetza tituluarekin zati baten erabilera eta

29

Kode Zibilaren 612. art.

30

Kode Zibilaren 699. art.: “Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’appropier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ ait édicté, dans l’ interêt des cultures, des défense spéciales limitées à certains fonds. La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.”.

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aprobetxamendua erosten da, eta zati horrek, gainera, lurralde-muga jakin batzuk izango ditu. Ingurumen egokirako eskubidearen oinarria honakoa da: biosfera Planetako bizilagun guztiona dela eta zatiezina dela, nahiz eta administratzeko edozein modu juridiko erabili, eta jabetzaeskubidea nabarmentzen da modu juridiko horien artean, alderdi bat extra-comercium da eta eskubide horretatik kanpo dago, denok biosferaz gozatzeko oinarrizko eskubide horren barruan baitago. Beraz, ius usus inocui ez da jabetza eskubidean sartzen, eta guztioi dagokigun zatitxo horietako bat da, denok ingurumen egokirako eskubidea baitugu, batez ere gure Konstituzioak oso argi aipatzen baitu. Horrela bada, nahiz eta beste baten finkan sendabelarrak, perretxikoak edo baso-fruituak hartu, jarduera horiek guztiak ingurumen egokiaz gozatzeko eskubidearen barruan daude, eta edozein lekutan egiteko modukoak dira, betiere jarraian aztertuko ditugun ez-kaltegarritasun ezaugarriak ematen badira.

III.- ERABILERA EZ-KALTEGARRIAK Askotan modu ezegokian olgetarako deitzen ditugun beste baten finkan egindako erabilerek, ez-kaltegarritasun baldintza batzuk bete behar dituzte juridikoki legitimoak izateko.

A.- EZ-KALTEGARRITASUN EKONOMIKOA Beste baten finkan kaltegabeko erabilera egiteko, honakoa izango da oinarrizko lehen baldintza: titularrari kalte ekonomikorik ez sortzea. Eta hori, bai alderdi aktiboari, bai alderdi pasiboari dagokionez. Horrela bada, titularrari ezingo dizkiogu kendu etekin ekonomikoa lortzeko finkan dituen fruituak. Halaber, hark ez du zertan ordaindu behar beste batek fruituren bat hartzeko egin dituen kalteen gastuak, nahiz eta fruitu hori saltzeko edo etekin ekonomikoren bat ateratzeko ez izan31. Baina erabiltzaile horri errentagarritasun ekonomikorik ez lortzea ere eska diezaiokegu. Beste baten finkan baso-fruituak hartzen dituenean irabazteko asmoarekin, era hertsian ez gaude kaltegabeko erabilera baten aurrean, nahiz eta laborantza nagusian kalterik ez sortu. Ingurumenondasunez olgetarako erabileraren bidez gozatzea bateraezina da irabazteko asmoarekin. Beraz, egoera horretan titularraren baimena behar dugu eta aldi baterako kontratua egin beharko lukete; kontratu horren bitartez titularrari zerbait ordaintzen badio, fruituaren bilketa esklusiboa exijitu daiteke eta, beraz, beste batzuek ezingo dute fruitu hori bildu. Hori guztia, fruitua finkaren errenta

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Horrela bada, ez du zertan jasan behar beste batek zerbait biltzeko, adibidez landare aromatikoak, landutako finkan sortutako kalteak.

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ekonomikoaren parte bihurtu delako eta, beraz, bilketa ez da kaltegabekoa, ez titularrarentzat, ez aurretik ordainduz fruituak eskuratu dituenarentzat. Argi dago badirela erraz konpontzeko modukoak ez diren zenbait eremu. Adibidez, fruituak edo dagozkien erabilera merkaturatzeko eraldatu dituztenean, nahiz eta aldaketa txikia egin. Suposatu dezakegu ondoren merkaturatuko ez bada, jarduera kaltegabekoa dela. Eremu guztiak datu ekonomikoen arabera aztertu badaitezke ere, perretxikoak afalduz familia batek aurrezten duena, ezin dugu errenta ez-legitimotzat hartu. Orokorrean, erabilera kaltegabekoa izango da titularra, berak zuzenean edo kontratutako pertsona baten bidez, ezin duenean erabiltzaileak lortzen duen etekina lortu. Horrela bada, paisaia ikustea, botanikako ezagutza handia eskatzen duen landare-bilketa egitea edo natura-ibilbidea baten gida izatea kaltegabeko jarduerak dira. Honako arazo praktiko hau aipatu behar dugu: finkaren titularrak jakinarazi behar du basofruitu batzuk ezin dituztela beste pertsona batzuk hartu. Jakinaraztea ezinbestekoa da erabilera edo aprobetxamendu horiek betidanik baimendu diren lekuetan eta titularrak une jakin batean erabilera eta aprobetxamendu horiei era esklusiboan etekin ekonomikoa ateratzea erabakitzen duenean. Eskubide osoa du, baina ohiko erabiltzaileei jakinarazi behar die kaltegabeko erabilera hori desagertu egin dela, berak fruitu horiek ustiatuko dituela eta, beraz ohiko erabiltzaile horiek bilketa debekatuta dutela.

B.- INGURUMENEKO EZ-KALTEGARRITASUNA Babestutako natur eremuak garatzen dituen araudiak, bildu ezin diren landareen katalogoa finkatzen du, landare horiek desagertzeko arriskua baitute. Biosferaren babesak berekin ekar dezake, ikusten dugun bezala, beharrezko epean erabileraren eskubidea etetea, espeziearen lehengoratze osoa egiaztatu arte. Legezko eredu baten bidez babestutako Natur Eremuetan, Natur Baliabidean Antolatzeko Planak gizakien jardueraren mugak finkatuko ditu jarduera hori ingurumen alorrean kaltegabekoa izan dadila edo, zenbait kasutan, galdutako oreka berreskuratzeko pixkanakako susperraldia posible egiteko. Ingurumen-mugak ez du esan nahi gauzek beti “dauden bezala”, inolako aldaketarik gabe jarraitu behar dutela, baizik eta kasu askotan beharrekoa dela berezko aldaketaren bat edo egoera ezin hobea lortzeko aldaketaren bat egitea. Baina, zenbait erabilera edo aprobetxamenduren kaltegabetasuna ziurtatzeko arauez finkatutako xedapen horiez gain, ondasun batzuen titularrek babesteko arau berezi batzuk finkatu ditzakete, erabilera edo aprobetxamendu batzuk debekatuz edo mugatuz. Hori askotan gertatzen da titularitate publikoko mendietan edo herri-ondasunetan. Kasu horietan, sasoiaren edo espeziearen arabera, zenbait muga jarri ahal zaizkie fruitu edo baso-landare batzuk hartzera datozenei.

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Askotan ingurumeneko ez-kaltegarritasuna ez du espezieak berak finkatzen, hartzen den espezie horren tamainak baizik. Landare askok ziklo biologikoaren une zehatz batean osatzen dute ugalketa; landarea hartuz gero ugalketa prozesua amaitu baino lehen, landare horien oreka ekologikoa alda dezakegu. Ingurumen-arrazoi horregatik, eta batzutan horrekin batera agertzen diren beste arazo batzuengatik, hartzeko moduko landareen tamainari buruzko mugak jartzen dira. Ingurumen-babesa, baso-fruitu edo –landareak hartzeko jardueraren honako eremu honetara ere zabaltzen da: erabilitako metodoa. Batzutan, edo gehienetan, eskuak nahiko dira fruitu edo landare horiek ateratzeko, baina eskua ez da beti tresnarik egokiena. Landareak eskuekin ateratzen baditugu, sustraiak ere atera ditzakegu, eta sustraiak beharrezkoak dira landareak berriz hazteko. Boilurren kasuan, argi dago lurrean zuloa egiteak, nahiz eta oso txikia izan, ingurumen alorrean ondorioak izango dituen aldaketaren bat sortzen duela; hori dela eta, finkaren titularrak baino ez du horretarako baimena, ingurumen-osotasunaren arduraduna baita. Laburbilduz, baso-fruituak har daitezke haien ugalketarako aukera badago eta fruituaren landarean, zuhaixkan edo zuhaitzean aldaketarik sortzen ez badugu. Ingurumen ez-kaltegarritasuna bermatzeko, bilakaera biologikoa kontuan hartu beharreko beste aldagai bat da. Fruituaz hitz egin ahal izateko tokiak eta landareak finkatutako urteko sasoi zehatza kontuan izan behar dugu. Ekologiaren errespetuko oinarrizko arau hau betetzen ez bada, agian urteko sasoi jakin batean kaltegabekoa dena, beste sasoi batean ingurumen alorrean oso kaltegarri bihur daiteke. Ingurumeneko ez-kaltegarritasunaren ezaugarri horiekin batera, ingurumen-hirigintza izenaz deitu dezakeguna gehitu beharko genuke. Egia da, landareak zapaltzea, adarrak apurtzea edo antzeko portaeraren bat, orokorrean ingurumenari dagokionez kaltegabekoa izan daiteke, baina beste baten finkan bada eta guztiona den biosferan kaltegabeko erabilera eskubidea dugunez, eskubide gehiegikeri bihurtzen da eta, beraz, horrelako jokaera batzuk legez kontrakoak dira.

C.- NEURRIZ KANPOKO ERABILERA Aipatutako baldintza guzti horietaz gain, halabeharrez, proportzionaltasuna aipatu beharra dugu. Agian ekonomia aldetik kaltegabekoa izan daiteke erabileraren bat, baina milaka pertsona baso txiki batean agertzea ez da beste baten jabetzaren kaltegabeko erabilera horretara egokitzen, intentsitateak erabilera hori neurriz kanpoko bihurtzen baitu. Zorionez gaur egun arte, erabilera eta aprobetxamendu gehienetan, berez erabilerak neurriko intentsitatea bermatu du, inolako araurik gabe. Pertzepzio ekologiko berria dela-eta, aurreko orrialdetan azaltzen genuen bezala, hiriko biztanle asko basoetara joaten dira naturaz gozatzeko. Hurbiltasun geografikoa edo publizitatea

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dela-eta, erabilera eta aprobetxamenduen intentsitatea neurriz kanpokoa baldin bada, arauketaren bat beharrezkoa da. Kasu horietan, ingurumen-entitate eskudunak, finkaren titularrarekin batera, osagarri moduan, baso-fruituen erabilerak eta aprobetxamenduak mugatzeko arauak onets ditzakete. Ez da erraza kopuru edo pisuaren arabera mugatzeko sistemaren bat finkatzea; proportzionaltasuna kasuan-kasuan finkatu beharreko balorazioa da. Erraz konpontzeko modukoak ez diren edo ezin konponduzko zailtasunak daude zehatzeko sistema gauzatzeko.

IV.- SUBJEKTUAK A.- TITULARRA Landa-finkaren jabeak ez du bere gain hartuko, esan dugun bezala, finka horren ondoriozko zortasunik, kargarik edo eskubide pertsonalik. Hemen defendatu dugun tesiaren arabera, honako hauek osatzen dute jabetza: nukleo gogor eta ukiezin bat, gauzen jabari-eskubiderekin bat datorrena; alboko zirkulua, ondasunaren izaeraren eta legeri positiboak jartzen dizkion mugen arabera dimentsio aldagarriak dituena, eta, amaitzeko, kanpoko zirkulua, jabetzaren araubidetik kanpo dagoena. Azken zirkulu horretan dago Konstituzioak finkatutako ingurumen egokiaren ius usus inocui. Dena dela, finkaren titularrak, zenbait kasutan, ekonomiaren alorrean kaltegabekoa den erabilera, kaltegarri bihur dezake, adibidez, zerealen laborantza baso-fruituen aprobetxamenduarekin ordezkatzen badu. Behin eta berriz aipatu behar dugu ondasunaren landaizaera, hiri-eremuetan parkeak eta lorategiak gizakien jardueraren ondoriozkoak baitira, nahiz eta batzutan baso-fruituak ager daitezkeen. Dena dela, finken titularren kasuan bada harreman juridiko bateko subjektu pasiboekin antza handia duen egoera bat. Landa-finken titular guztiek, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, publikoak zein pribatuak, orokorrean bere gain hartzen dute, inolako bazterketarik edo lehentasunik gabe, Naturaz gozatzeko eskubidearen ondorioa; Konstituzioaren 45.1 artikuluak finkatzen du eskubide hori.

B.- ALDIZKAKO ERABILTZAILEA Beste baten finka bat kalterik sortu gabe erabiltzeko eskubidearen benetako titularra herritarra da, inolako sailkapenik egin gabe adibidez egoitzaren edo adinaren arabera. Naturaz gozatzea Konstituzioaren 45.1 artikuluak onartzen duen eskubidearen isla da; kasu honetan, eta eskubide horrek dituen olgetarako ondorioetakorako, beste baten finka kalterik sortu gabe erabiltzeko eskubidean gauzatzen da.

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Baina erabilera horrek zenbait aprobetxamendu ditu eta ondo bereiztu behar dugu landajabetzak izan ditzakeen beste zortasun edo karga batzuetatik. Eta ezaugarria oso argia da: ikuspegi praktiko edo operatibo hutsetik, erabileraren aldizkatasun subjektiboa edo definitu gabeko aniztasuna. Horrek esan nahi du sistematikoki, aldian behin leku batetik igarotzea edo beti pertsona berak edo talde berak egindako baso-fruitu bilketa ez dela definitzen ari garen kontzeptutik aldentzen, benetako eskubide edo eskubide pertsonal batera hurbiltzeko; azken finean, titularraren eta erabiltzailearen arteko harreman juridiko batera. Erabilera, beraz, noizean behingoa izan behar da, aurretiazko finkapen legal edo praktikorik gabekoa, nahiz eta perretxikoen bilketa, adibidez, une jakinean egin behar den. Erabilera pertsona batek edo batzuek egingo dute, baino inolako lehentasunik gabe, nahiz eta jakin badakigu mikologia-espezie batzuk leku jakin batzuetan hazten direla, eta aurkituz gero, zale batzuek ez dutela inoiz non dauden esango.

V.- HERRI-ONDASUNEN KASUA Gehienetan beste batzuen kaltegabeko erabilera ondasun horietan egiten da. Egia da, landa higiezinak pribatizatzeko prozesu historikoa, batez ere laborantzarako edo aprobetxamendu berezi baterako erabilgarri izan daitezkeen lursailetan gauzatu da. Horrela bada, askotan gure geografian gelditzen zaizkigun herri-ondasunetan (edo manu komunekoak) laborantza edo beste aprobetxamendu intentsibo batzuk oso zailak edo ezinezkoak izaten dira. Horrek argitzen digu zergatik herri-ondasun gehienek produktu natural oparo dituen landaretza duten: baso-fruituak, perretxikoak, sendabelarrak, etab. Ondasun horiek guztiek erabiltzen zituztenez eta erabilerak produktu horietan eraginik ez zuenez (larreei eta zurari baizik), garrantzi handiko oposiziorik gabe utzi diote edozein bidaiariari produktu horiek hartzen haren gozamenerako. Baina gogoratu beharra dugu Legeri orokorraren arabera, herri-ondasunen titularitatea, erabilera eta aprobetxamendua pertsona-talde jakin bati dagozkiola, udalerri jakin bateko bizilagunei, edo beste talde batzuei manu komuneko ondasunen kasuan. TAOLren 79.3 artikuluak honakoa xedatzen du: “erabilera eta zerbitzu publikorako ondasunak jabari publikoko ondasunak dira. Komunalak izango dira aprobetxamendua bizilagun guztiei dagokienean.”32 Horrek esan nahi du beste pertsona batzuek ezin dutela automatikoki erabilerari edo aprobetxamendurik egin, herritar guztion ondasun balitz bezala. Orain arte izandako tolerantzia, nire ustez, azaldutako ius usus inocui horren aplikazioa izan da.

32

Toki Entitateen Ondasunen Erregelamenduaren 2.3 artikulua, halaber. Erregelamendu horretan IV. Kap. 3. atalak herri-ondasunen aprobetxamendu eta gozamenaz hitz egiten du.

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Baina zenbat produkturen ez-kaltegarritasuna ekonomikoa desagertzen ari da, adibidez perretxikoen kasuan. Horrela bada, herri askotan bizilagunek ikusi dute herri-ondasunetan perretxikoak bilduz eta salduz etekin ekonomiko garrantzitsua atera dezaketela, eta hori bateraezina da orain arte bisitariek egiten zuten jarduerarekin. Hori dela-eta, zenbait gizartegatazka sortu dira, eta ordenu publikoan eragina izan dute batzutan (oharrak, gurpilak zulatzea). Udal batzuek formula praktiko baten bidez jokatu dute egoera honen aurrean: mugatu dute perretxiko-bilketa. Terminologia oso egokia ez bada ere, ideiak euskarri juridiko ona du, legez Udalari baitagokio erabilerak eta aprobetxamenduak arautzea, eta perretxikoak errentagarritasun ekonomiko handiko produktu bihurtzen denez, atal horrek, orain arte bizilagun direnentzat eta ez direnentzat inolako mugarik ez bazuen ere, honako formula hauek jasotzen dituen araubidea izango du: a) Bizilagunen erabilerarako izango da soilik. b) Jarduera diru gehien ematen duenari esleituko zaio enkante bidez. c) Beste batzuei perretxikoak biltzen utziko diete beti baldintza jakin batzuk betez gero.

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“ARABAKO MENDIAK: EZINBESTEKO BALIABIDEA AUZOKOMUNITATEENTZAT. OHIKO ENTITATEAK” JESÚS Mª GARAYO URRUELA jna. Soziologoa eta Arabako mendiei buruzko argitarapen batzuen egilea.


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KONTZEJUEN MENDIAK: ONDARE-GARRANTZIA ETA BASO-MODERNIZAZIOA Kontzejuak eta Administrazio-batzarrak guztion gaiak kudeatzeko alorrean herritarren parte-hartze zuzena bideratzeko eta sustatzeko era sustraitua eta berezia dira; horrela bada, herritarrengandik hurbilago dauden zerbitzuak ematea dute helburu. Beraz, herritarrengandiko hurbiltasuna dela-eta, toki autonomia gauzatzeko ereduzko esperientziatzat har dezakegu. Gaur egun erakunde-eremuan 326 kontzeju ditugu, eta eremu horretan 29.692 arabarrek (gutxi gorabehera Arabako biztanle guztien %10), eguneroko bizitzako arazo hurbilenak konpontzen eta antolatzen dituzte. Kontzeju eta herritarren arteko hurbiltasuna, babestu beharreko alderdia da, batez ere gaur egungo testuinguruan, non kudeatu beharreko arazoen konplexutasun teknikoa dela-eta, administrazio modernoek erabakiak beste entitate garrantzitsu eta espezializatu batzuetara bideratu behar dituzten; goi entitate horiek, gainera, gero eta urrutiago daude jasotako zerbitzuak ordaintzen dituzten herritarrengatik. Hori dela eta, beharrezkoa da eskumenak banatzeko sistema gauzatzea, toki autonomiaren printzipioa herritarren partehartzearekin aberasteko moduko sistema alegia –ahal denean behintzat. Kontzejuen iraupena ez da desagertzeko bidean dagoen antzinako hondarraren ondorioa, baizik eta Europa eremuan toki-bizitzaren antolaketa politikorako dituzten jarraibide nagusiak biltzen ditu33. Beraz, kontzejuen entitate-irudia zaindu eta babestu beharreko eredua da, behintzat Arabako gizartean herritarrek bizitza politikoan parte-har dezaten sendotu eta sakondu nahi badugu.

33

Horrela bada, 1985eko urriaren 15eko Europako Toki Autonomiaren Eskutitzak, Espainiako Erreinuak 1988ko urtarrilaren 20an berretsitakoak, modu honetan definitzen du toki autonomia 3. artikuluaren 1. atalean: “Toki entitateek duten benetako gaitasuna arazo publikoen alderdi handi bat arautzeko eta administratzeko legearen eremuan, beren ardurapenean eta herritarren onurarako”. Artikuluaren 2. paragrafoak esandakoaren arabera, zenbait kontzeju edo batzar sufragio libre, sekretu, berdin, zuzen eta unibertsalaren bidez hautatuko dira eta haiek dute eskubide hori gauzatzeko eskumena; gainera haien aurrean erantzun behar dituzten entitate exekutiboak izan ditzakete. Arabako Kontzejuen eskumenak eta antolatzeko sistema, kontzeju ireki edo itxi diren heinean, Eskutitzaren testuak toki autonomiaren oinarrizko edukiei eta antolaketa demokratikoari buruz finkatutakoaren araberakoak dira.

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Arabako herriek eta kontzejuek gaur egun arte nola iraun duten ulertzeko, beharrezkoa da kontuan hartzea jabetzakoak dituzten baso-ondareen funtzio estrategikoa. Alde batetik, mozketen bidez zenbait diru-sarrera lortzen zituzten, herriek eta kontzejuek bide-azpiegiturak eta oinarrizko beste ekipamendu batzuk egin ditzaten eta, aldi berean, herritarrek diru gutxiago jarri beharko zuten hainbat zerbitzuren truke, adibidez irakaskuntza edo osasuna. Beste alde batetik, baso-ondare horren kudeaketa eta administrazioa dela-eta, kontzejuek zenbait higiezin lortu eta kontserbatu zituzten (kontzeju-etxea, eskola, etxeak, errota, harraska, lursailak, bide publikoak eta plazak, etab.). Aldi berean, kontzejuetako bizilagunek kontzejuen mendietan ekoizpenerako zenbait baliabide (eraikuntzak egiteko egurra, larreak, luberriak, etab.) eta baliabidea energetiko batzuk (zura) aurkitu zituzten, eta baliabide horiek kontzeju-lurraldearen iraupena eta ďŹ nkapena sustatu zuten. Lan honetan honako galdera hau erantzutea dugu helburu: kontzejuen mendiek prozesu historikoan izan duten baliabide estrategiko horrekin jarraituko duten edo ez, kontuan izanik une historiko honetan kontzejuek gaur egungo ordezkaritza-gizartearen zabalkuntza ekar dezaketen zenbait printzipio eta elementu ematen dizkigutela. Arrazoi horregatik baso-ondarearen banaketa eta azalera aztertzen da, zenbat datu aztertu baino lehen, ondasun horietako batzutan gertatutako baso-modernizazioa azaltzen dizkiguten zenbait datu hain zuzen. Modernizazio hori alderdi juridikoetan, ekoizpen-alderdietan zein alderdi ekonomikoetan eman da. Gainera, kontzejuen kontuen ďŹ nantzaketarekiko ondarezko parte-hartzea ere aztertuko dugu.

KONTZEJUEN BASO-ONDAREAREN ZABALERA ETA GARRANTZIA. Kontzeju asko eta hainbat kontzeju-administrazio nukleo Erdi Aro Goiztiarrean sortu ziren eta, batzuk, aurreko aldi historiko batzuetan ere. Herrigune bakoitzak okupatutako lur-eremua, hau da, kontzejuaren jurisdikzio eremua, jatorrizko gizarte-talde batek, bertako baliabideak modu egonkorrean ustiatzeko helburuarekin, hantxe kokatzearen ondoriozkoa izan zen. Erabilera etenaren ondorioz, toki entitateek, hasierako gizarte-talde horien ondorengoek, okupatutako lur horietan zenbait eskubide lortu zituzten, betiere lursailen baldintza ďŹ sikoen eta talde bakoitzaren dinamismo sozio-ekonomikoaren baldintzen araberako mugekin. Familia-nukleoak, antzina-antzinako jabetzaren bidez, etxeek okupatutako hiri-oinetxeen, nekazaritzako erabilgarri ziren lursailen eta erabiltzeko moduko basoen jabe juridiko bihurtu ziren. Eraikinek okupatutako eremuak, bide-sareak eta bide publikoak, kontzejuen ekipamenduak eta zerbitzuak eta mendiak, hau da, bizilagun guztien intereseko ondasun guztiak, herrien eta kontzejuen esku gelditu ziren.

Baso-ondarea duten kontzeju-kopurua. Araban gaur egun ditugun 336 kontzejuen artean, ia guztiek mendi-jabetza dute: zehazki, %97,92. Kontzeju gutxi batzuek, %1,79k, konpartituko mendiak baino ez dituzte (mendi148


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komunitateak). Hori dela eta, %98 kontzejuk, bai haiek bakarrik edo, bestela, osagarri diren kontzeju-nukleo batzuen bidez, baso-ondareak dituzte. 1. taula.- Baso-jabetzak dituzten Arabako Kontzejuen kopurua Entitateak

Kop.

%

Titularitate pribatuko edo konpartitutako mendiak dituzten kontzejuak edo eta kontzeju-eremu horietako herriguneak.

322

95,84

Mendiak komunitatean soilik dituzten kontzejuak edo eta kontzeju-eremu horietako herriguneak.

7

2,08

Baso-jabetzarik ez dituzten kontzejuak edo eta kontzejueremu horietako herriguneak.

7

2,08

Kontzejuak guztira.

336

100

Baso-jabetzarik ez duten kontzejuak edo kontzeju horietako herriguneak %2 baino ez dira. Horietako erdiak zein manu komuneko baso-ondareak baino ez dituztenak Vitoria-Gasteizko udalbarrutian daude. Hedadura eta titularitate-erak. Kontzejuen ondareen hedadurak aldaketa garrantzitsuak jasan ditu prozesu historikoan. Zabalera, zalantzarik gabe, askoz handiagoa zen aurreko garai historikoetan. Edozein modutan ere, garrantzitsutzat hartu behar dugu kontzejuen ondareek gaur egun okupatzen duten zabalera. Kontzejuen baso-ondareen hedadura 133.653 hektareakoa34 da gutxi gorabehera.

34

133.653 hektareako zenbakia emateko iturria katastroa izan da. Kontzejuek dituzten baso-azaleraren garrantzia kuantitatiboki neurtzeko, zenbait iturrik horri buruzko informazioa ematen digute: Landa-aberastasunaren Katastroa, Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa, Nekazaritza-errolda eta Baso-inbentarioak. Horietako batzuek helburu jakina dutenez –nekazaritzako ekoizpen faktoreak aztertzea, Nekazaritza-erroldaren kasuan, edo zurezko izakinen hazkuntza, Baso-inbentarioari dagokionez -, haiek emandako informazioa bazterrekoa da eta haiek duten helburura zuzenduta dago. Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa ez dute eguneratu XX. mende hasieran sortu zutenetik, beraz erabilera mugatua du. Hori guztia dela-eta, erabiltzeko moduko iturri interesgarriena Landa-aberastasunaren Katastroa da. Katastroak arreta gutxi jartzen duenez Katastroan bertan erregistratutako finken administrazio-araubideari dagokionez, informazioa beste iturri batzuekin parekatu eta hobetu behar izan dugu, batez ere Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan eskainitakoarekin. 133.653 hektareako kopurua, zein lan honetan aipatzen ditudan beste kopuru guztiak, neuk egindako ikerketa batzuen ondoriozkoak dira, beraz, gutxi gorabeherakoak eta behin behingoak hartu behar ditugu, harik eta horri buruzko estatistika ofizialik izan arte. Estatistika ofizialekin, seguru aski, hemen aurreratutako kopuruak aldatuko dira. Dena dela, ez dut uste aldaketa horiek ehunekoen eta batezbestekoen bidez ateratako ondorioak alde batera uzteko modukoak izango direnik.

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Azalera hori baso-azalera osoaren %75 da, eta Arabako Lurralde Historikoaren hedadura osoaren %44. 2. taula.- Arabako Kontzejuen jabetzako baso-azaleraren hedadura. Entitateak

Hektarea

%

Herriak edo eta kontzeju-nukleoak.

96.357,81

72,1

Herri komunitateak edo eta kontzeju-nukleoak.

37.295,63

27,9

133.653,44

100

Guztira

Kontzejuetako eta kontzeju-administrazio nukleoetako bizilagunek aldi berean kontzeju mugakidekoekin baso- eta artzain-baliabideak bilatzen zituzten mendietako aprobetxamenduak ustiatzerakoan. Horrela bada, eremu horietan baterako erabilera egiten zuten eta, ondorioz, mendi-komunitateak sortu ziren. Beraz, kontzejuen baso-ondareek banakako titularitatea –eta, beraz, Kontzeju bakoitza horren buru da–, zein kontzeju batzuen arteko titularitatea izan dezakete. Baso-ondare gehienak kontzejuek banaka dituzten ondareak dira, (96.357 hektarea, hau da, %72,1), jabetzaren eta baso- eta artzain-aprobetxamenduen modu mankomunatuek ere garrantzi handia dute (37.295 hektarea eta %27,9). Hori guztia egiaztatu dezakegu honako datu honen bitartez: Arabako %45-50 herrigunek era juridiko horretako baso-ondareak dituztela.

Administrazio-araubidea Baso-lursailei dagozkien administrazio-araudia ez dator bat lursail horien jabetzaaraubidearekin, publikoa ala pribatua. Hori argi eta garbi ikusten da kontzejuen jabetzako mendien kasuan. Jabari publikoko baso-lursailen kudeaketa –eta kontzejuenak diren erabilgarritasun publikoko mendiak edo herri-erabilerako mendiak talde horretan sartzen dira–, Mendiei buruzko 13/86 Foru Arauaren bidez araututa dago, eta Arabako Foru Aldundiaren Basogintzako Zerbitzuek dute Arau horren aplikazioaren ardura. Jabari publikoko mendietan Kontzejuek kudeaketaekimena izaten jarraitzen dute, jabeak izateagatik eskumen hori baitute, baina Foru Aldundiaren Basogintzako Zerbitzuen gainbegiraketarekin eta babes teknikoarekin baldintzatuta dago ekimen hori. Gainontzeko mendiak, xedapen libreko mendiak edo ondare-mendiak izendatuak, kontzeju jabeek zuzenean kudeatzen dituzte. Baso-administrazioak mendi horietan funtzio ezzuzena du, mozteko baimenen bitartez eta diru-laguntzak eskuratzeko zenbait arau betearaziz. Aurretik esandakoa alde batera utzita, Aldundiaren Basogintzako Zerbitzuek kudeatu egiten dute kontzejuek foru entitate horrekin taldekatuta dituzten xedapen libreko mendien hegada. Araban erabilgarritasun publikoko menditzat hartu dute lurralde erdia. Arabako lurraldean mendi-mota horien titularitatea toki entitateena da. Toki entitate horiek, gehienetan, kontzejuak 150


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edo kontzejuetan sartuta dauden kontzejuen administrazio nukleoak dira: 127.835 hektarea, hau da, Arabako lurraldean erabilgarritasun publikoko mendien hedaduraren %85,46. Beraz, kontzejuen edo kontzejuen administrazio nukleoen mendi gehienak baso-administraziorako araubide bereziaren pean daude, jabari publiko mendiena hain zuzen. 3. taula.- Arabako toki entitateen Erabilgarritasun Publikoko Mendien hedadura. EP-ko mendiak Toki Entitateak Hektarea Udalerriak (1)

%

21.717,79

14,52

Kontzejuak (2)

127.835,16

85,46

Guztira

149.552,95

100

(1) Barne sartzen dira kontzejuen administrazio-nukleoak eta kontzejuen toki entitateen mendi-komunitateak. (2) Barne sartzen dira udal administrazioko nukleoen baso-jabetzak eta udal toki entitateen mendi-komunitateak.

Kontzejuen xedapen libreko mendiek okupatzen duten baso-azalera, estatistika oďŹ zialetan titularitate pribatuko mendi eta lursailen artean sartzeko joera izan da beti35. Dena dela, neuk egindako zenbait ikerketen arabera, mendi-mota horien zabalera gutxienez 6.185 hektareakoa izan daiteke. 4. taula.- Kontzejuen jabetzako mendian administrazio-araubidea. Administrazio-araubidea

Hektarea

Erabilgarritasun Publikoko Mendiak Xedapen Libreko Mendiak Guztira

%

127.835,16

95,65

5.818,28

4,35

133.653,44

100

Kontzejuek zuzenean kudeatzen duten azalera edo, beste modu batera esanda, kontzejuen ondasunen ehunekoa, beraz, oso txikia da. Kontzejuek eta kontzejuen administrazio-nukleoek dituzten baso-jabetzen 100 hektareetatik, 5 hektarea baino gutxiago dira kontzejuen xedapen libreko mendiak. Eta hori, gainera, Kontzejuek baso-administrazioarekin inolako partzuergorik ez badute, ezen, kasu horretan, foru zerbitzu teknikoek ďŹ nkatutako oinarri teknikoen pean egongo baitira.

35

1994-2030 Euskal Baso Planak honako azalpena ematen du: datua ezagutzea zaila dela eta ondare-mendien garrantzi gutxi dutela jabari publikoko mendien aurrean (60. orri.).

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Kontzejuen mendietarako finkatutako jabetza-eren banaketa bera ematen da erabilgarritasun publikoko mendietan: %72 (banakako titularitatea) %28 (bat baino gehiagoren titularitatea). 5. taula.- Baso-azaleraren titularitate-era administrazio-araubidearen arabera. Erabilgarritasun Publikoko Mendiak

Xedapen Libreko Mendiak

Titularitatea Hektarea

%

Hektarea

%

Banakakoa

92.670,69

72,49

3.687,12

63,37

Konpartitua

35.164,47

27,51

2.131,16

36,63

Guztira

127.835,46

100

5.818,28

100

Baina mendi-komunitate gehiago daude xedapen libreko mendien titularitate-eraren araberako banaketan, mendi guztien herena gainditzen baitute, zehazki, %36,63 dira. Kontzejuen baso-ondareen tamainari buruzko aldeak Baso-jabetzen hedadura oso ezberdina da kontzeju edo kontzeju-nukleo batzuetatik bestera. Kontzejuen arteko aldeak, beraz, oso handiak dira. Zerotik oso hurbil dagoen azalera eta 3.000 bat hektarea bitarteko azalera dute. Beheko aldean Arabako Lautadan kokatzen diren kontzejuak daude batez ere: Lermanda, Arkaute edo Arkaia, hektarea bakarra baino gutxiagoko ondasunekin. Goialdean Arabako ekialdeko eta mendebaldeko kontzejuak ditugu: Laminoria 3536,92 hektarearekin Mendialdeko eskualdean, eta Valderejok (2901,57 hektarea) edo Bóveda (2337 hektarea) Arabako Ibarrak eskualdean. Arabako kontzeju-entitateen baso-ondareen batezbestekoa, mendi-komunitateen eta elkarrekin erabiltzen dituzten nekazaritza-lursailen azalera barne, 380,78 hektareakoa da. Hori dela eta, aipatu beharra dugu batezbesteko kopurua askoz ere txikiagoa dela udalen basoondareetan (634,58 hektarea). 6. taula.- Arabako toki entitateen jabetzeko mendien hedaduraren batezbestekoa. Entitateak

Hektarea

Kontzejuen baso-jabetzak (1)

133.653,44

351

380,78

23.489,07

37

634,58

157.142,39

388

405,79

Udalen baso-jabetzak (2) Guztira

Kopurua

Batezbestekoa

(1) Barne sartzen dira kontzeju-administrazioko baso-jabetzak eta kontzejuen toki entitateen mendi-komunitate partaidetuak. (2) Barne sartzen dira uda-administrazioko nukleoen baso-jabetzak eta udal toki entitateen mendi komunitate partaidetuak.

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Baso-jabetza batzuen eta besteen arteko desberdintasuna kokagunean dago, seguru aski: kontzejuen baso-jabetzak batez ere basoberatan daude, aldiz, udal-mendiak baso garaietan eta mendien arteko goi-lautadetan daude. Kontzejuek edo eta kontzejuen administrazio-nukleoek dituzten baso-ondareen banaketa aztertuz gero, ikus dezakegu gutxi gorabehera nola banatzen den baso-ondare garrantzitsua Arabako lurraldean ditugun kontzeju guztien artean. Azterketa horretarako kontuan izan dugu, batez ere, kontzeju bakoitzaren baso-ezaugarriak36. Ez da erraza baso-jabetzaren era komunitarioak kontrolatzea eta argitzea, errealitate konplexua baitira eta, gainera jabetzaren partaidetzan eta aprobetxamenduetan eragina duten izaera juridikoko kasuistika nahasien pean daudelako. Gainera, baso-jabetza mota horietan ez daude soilik kontzejuak, batzutan beste toki entitate batzuk ere sartzen dira: kontzejuen administrazio-nukleoak, udalen administrazionukleoak, kontzejuak eta udalerriak.

7. taula.- Kontzejuen jabetzako mendien tamainaren banaketa.

Tamaina

36

Hedadura (Hektarea)

Kontzeju kopurua

%

%

Kontzeju bakoitzeko batezbestekoa

00-49

1.193,59

1,21

58

18,01

20,58

50-99

3.244,59

3,29

44

13,66

73,74

100-249

16.533,31

16,78

97

30,12

170,44

250-499

22.472,08

22,80

64

19,88

351,13

500-749

18.432,24

18,70

30

9,32

614,41

750-1250

17.746,50

18,01

19

5,90

934,03

1250 eta gehiago

18.934,08

19,21

10

3,11

1893,03

Guztira

98.556,39

100

322

100

306,08

Kasu argi batzuetan, non kontzejuak eta kontzejuen administrazio-nukleo batzuk edo guztiak mendi-komunitateen partaide diren, adibidez Ledaniak (Anda, Luna eta Marinda), kontzejuari egotzi diote bai banaka lortutako zein beste herri batzuekin lortutako ondarea. Horrela bada, mendiek kontzejuen inbertsioen ďŹ nantzaketarako duten unitate funtzionala dira, baina ez juridikoa.

153


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Baso-ondareen kopurua oso ezberdina izan daiteke kontzeju batzuetatik betera. Batez ere banako titularitateko kontzejuen baso-ondasunetaz ari direla salbu, eremu hori dela-eta, honako datu hauek nabarmendu beharko genituzke: - %18 kontzejutako baso-ondarea ez da 50 hektarea baino handiagoa. Kontzeju-talde horri, 20,58 hektareako batezbestekoarekin, kontzejuen jabetzako baso-azalera osoaren %1,21 dagokio. Kontzeju kopurua herena izango da, zehazki, %31,67koa, ondare-azalera 100 hektareetara handituz gero. Kasu horretan batezbestekoa 43,51 hektareakoa da eta, azalera guztiko %4,5 jabetzako azalera dute. - %61,79 Kontzejuk 250 hektareako baso-azalera baino gutxiago dute. Kontzeju-talde horrek kontzejuen baso-azalera osoaren bostenaren titularitatea du (%21,28). - Kontzejuen ia bostenak (%19,88) hedadura garrantzitsuko baso-ondareak ditu, 250 eta 500 hektarea bitartekoak. Talde honen batezbestekoa 351,13 hektareakoa da, eta taldeak kontzejuen baso-azalera osoaren bostena eta laurdena bitartean okupatzen du, %22,80 hain zuzen ere. - Ondare garrantzitsuak dituzten kontzejuak, hau da, 500 hektarea baino gehiagoko ondareak dituztenak, %18,33 dira, eta kontzejuen baso-ondasun guztien erdia baino gehiago dute (%56). Talde honetan 10 kontzejuk (%3,1) 1250 eta 3536 hektarea bitarteko ondasunak dituzte eta banakako kontzejuen azalera osoaren ia laurdena dute (%19,21%). - Arabako kontzeju guztien herenak (%38,21) 250 hektarea baino gehiagoko basoondasunak ditu, eta kontzeju horiek kontzejuek banaka duten azalera guztien hiru laurdena dute (%78,72%). Aurreko azterketaren arabera, laburbilduz, honako ondorio hauek atera ditzakegu: basoondare zabalera garrantzitsua du gutxi gorabehera kontzejuen bostenak , 500 hektarea baino gehiagoko baliabideak baititu; aldiz, 100 hektarea baino gutxiago dituztenek, herenak gutxi gorabehera, balio eskasa edo mugatua dute. Baso-jabetzaren azalera, alde batetik, garrantzitsua da bosten bat kontzejuen kasuan, 250 eta 500 hektarea bitarteko banakako kontzeju-ondasunak baitituzte. Gainontzeko kontzeju-ondasunek balio txikia dute, eta ertaina izatera hel daiteke 250 hektarea inguruko balioetara aldenduz gero.

Kontzejuen baso-ondarearen tamaina lurraldearen eta biztanleriaren arabera Arabako mendien banaketak ďŹ nkatu egiten ditu, zentzu horretan, kontzejuen arteko ondaredesberdintasunak. Arabako lurraldearen erdialdean edo hegoaldean dauden kontzejuek garrantzi gutxiko baso-ondareak izateko joera dute, aldiz, Ibarrak, Mendialdea, Gorbeia Inguru eta Kantauri 154


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eskualdetan adibidez, orokorrean garrantzi ertaineko hedadurak dituzte, eta zenbait kasutan, hedadura handiak eta oso handiak. 50 hektarea baino txikiagoko kontzeju-ondareen banakako jabetzak batez ere Arabako Lautadan eta Arabako Ibarretan daude. Kontzejuen mendien banakako jabetza duten %88 kontzejuk bi eskualde horietan daude. Ezaugarri horiek dituzten Arabako Lautadako kontzeju ia guztiek Vitoria-Gasteizko udalerrian eta udalerri mugakideetan daude. Arabako Ibarren eskualdeari dagokionez, erdiko eta hegoaldeko kontzejuak dira, adibidez Larrazubi, Rivaguda edo Santurde, banakako baso-jabetza txikiena dutenak aipatzeagatik. 500 hektarea baino gehiagoko baso-ondareak Mendialdean eta Arabako Ibarretan kontzentratzen dira batez ere, eta eskualde horietan banakako baso-jabetza duten kontzejuen %72,68 daude. Mendialdean, zehazki, %40,68 eta, Arabako Ibarretan %32,2. Azken eskualde honetakoak horren ipar-mendebaldean daude. Garrantziaren arabera Lautada hirugarrena da, eskualde horren ekialdean baso-ondare garrantzitsuko zenbait kontzeju baitaude.

8. taula.- Kontzejuen mendien tamainarekiko banaketa eskualdeen arabera. Eskualdeak

50 hektarea baino gutxiago

500 hektarea baino gehiago

Kopurua

%

Kopurua

%

Kantauri Arabarra

2

3,45

3

5,09

Gorbeia Inguruak

6

10,35

2

3,39

Errioxa

0

0,00

1

1,69

37

63,79

10

16,95

1

1,72

24

40,68

Arabako Ibarrak

12

20,69

19

32,20

Guztira

58

100

59

100

Arabako Lautada Mendialdea

Errioxan ez dute kontzejuen irudia, eta taulan Buradon Gatzaga agertzen da horrekin batera, Bastidaren udalbarrutian dago, nahiz eta geograďŹ koki Arabako erdiko lurraldea osatzen duen lautada zabalaren hegoalderagoko eremutzat hartu. Arabako kontzejuak, gehienak behintzat, zabalera geograďŹ ko murritzeko landa-herriak dira. Hori dela eta, argigarria izan daiteke kontuan izatea %80 kontzejuk ez duela 100 biztanleko kopurua gainditzen. Gutxi batzuek, %2,5 kontzejuk alegia, 500 bizilagun baino gehiago dituzte. Kontzeju horiek dituzten arazo guztien artean, etengabeko despopulazioa, biztanleen zahartzapena, nekazaritza-ekoizpenen krisia edo ekipamendu eta azpiegituren gabezia aipa ditzakegu. 155


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9. taula.- Kontzejuen mendien tamainaren banaketa kontzejuetan biztanle-kopuruaren arabera. Biztanle-kopurua 25 baino gutxiago

Kontzejuak Kop. Abs.

Kopuru absolutuak %

Mendi

%

Biztanle

Mendi

Biztanle

73

22,67

18.470,11

1.182

18,74

4,17

25-49

102

31,68

31.400,05

3.750

31,86

13,22

50-99

84

26,09

28.086,55

5.671

28,50

19,99

100-199

38

11,80

12.069,02

4.977

12,25

17,54

200-499

17

5,28

3.551,93

4.363

3,60

15,38

8

2,48

4.978,73

8.424

5,05

29,70

322

100

98.556,39

28.367

100

100

500 eta gehiago Guztira

Baso-ondarea biztanle-kopuruaren arabera banatzeak adieraz dezake noraino eta zer neurritan baso-baliabideek balio estrategikoa izan dezaketen kontzejuen etorkizunera begira. Lortutako datuen arabera, herri txikienek, eta beraz, biztanle-kopuru txikiago dutenek, kontzejuen baso-ondare gehien dute. Horrela bada, 100 biztanle baino gutxiagoko kontzejuek (eta kontzeju horietan kontzejuetako biztanleen %37 bizi da), 77.956,71 hektareako jabetza dute, hau da, kontzejuen ondare osoaren %79. 200 biztanle baino gehiagoko kontzejuetan, aldiz, kontzejuen biztanle guztien %45 bizi da eta kontzejuetako baso-azaleraren %8,65 baino ez dute. Aurreko paragrafoan aipatutakoaren ondorioz, kontzeju txikiek beren baso-ondareak erabil ditzakete gaur egungo lurralde- eta ekonomia-testuinguru honetan jarraitzeko eta bizirauteko; testuinguru hori, berez, kontzejuen arkakoa da, batez ere garraio-ardatzetatik eta biztanle-nukleoetatik urrun dauden kontzejuentzat. Edozein modutan ere, baso-ondasunek kontzejuen etorkizunean izan dezaketen garrantzia, ez da soilik tamaina eta banaketaren araberakoa, kontzeju horietan jarritako kudeaketa-sistemekin eta baso-administrazioarekin ere lotuta dago.

KONTZEJUEN MENDIEN BASO-MODERNIZAZIOA. Modernizazioaren ideia orokorrean burges-gizartearekin eta gizarte horrek bizitzako eremu guztietan ekartzen dituen gauza guztiekin lotuta dago. Modernitatea eta ohitura kontrajarriak dira, eta ohitura aurreko guztia eta, neurri batean, modernitatea geldiarazi duena da. Ikuspegi horretatik, kontzejua ohiko entitatetzat har daiteke. Kontzejuen baso-ondareek prozesu historikoan egindako bidea oso lotuta dago kontzejuek jarraitutako prozesuarekin. Bilakaera hori laburbildu dezakegu, behintzat ezaugarri orokorrenak direla eta. 156


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Erdi Aro Goiztiarrean eta Aro Modernoan kontzejuei buruz dugun dokumentazioa, ondo gobernatzeko Ordenantza batzuen bidez igorri da; Ordenantza horien bidez kontzeju batzuek idatziz zenbait erabilera eta arau bildu zituzten ondasunen aprobetxamenduen barnefuntzionamendua ohituren arabera arautzeko. Ordenantzek jasotako ekoizpen-arauketaren helburua kontzejuen ondasunen baso-baliabideak zaintzea zen, adibidez zura, ura edo grana. Ordenantzek zenbait zigor ezartzen zituzten edozein gehiegizko aprobetxamendu eteteko edo geldiarazteko, aprobetxamendu horiek herritarren biziraupenerako ezinbestekoak baitziren. Herriek baso-aprobetxamenduak kudeatzen zituzten askatasun osoarekin. XVIII. mendearen bigarren erdian, Borbondarren dinastiaren etorrerarekin batera, kontzejuen mendien ohiturazko kudeaketa aldatzeko lehen urratsak eman ziren. Aldaketa horiek, zehazki, Mendiak eta fruta-arbolak zaintzeko eta babesteko Araudiaren bidez egin ziren; Biltzar Nagusiek 1784ko uztailaren 11n onetsi zuten Araudi hori, eta 1793ko abenduaren 12ko errege-hornidura bidez baieztatu zen. Araudi horren bitartez Arabako lurraldean 1748ko abenduaren 7ko Mendien Ordenantza Orokorrak aplikatu ziren. Gainera, alde batetik, zuhaitz-mozketen ďŹ skalizazio tekniko eta administratiboa ezarri zen eta, beste alde batetik, zigor-eremuko eskumenak, ordura arte toki entitateek gauzatutakoak, Diputatu Nagusiak bere gain hartu zituen, Arabako Mendien Epaile eta Ordezkariorde gisa. Araudiak baso-mozketen askatasun osoa eteteko lege-oinarriak biltzen zituen, baita kontzejuek baso-ondareetan zituzten jurisdikzio-eskumenak baldintzatzeko legeoinarriak ere. Laburbilduz, Araudiak kanpoko botere publikoei aukera ematen zien kontzejuen baso-ondareen antolaketan eta ekoizpenean esku-hartzeko. XIX. mendearen bigarren erdiaren azken hamarkadan, gizartearen burges-antolaketaren ezarrerak eta aldaketak, eraldaketa handia ekarri zuen ikuspuntu politiko eta ekonomikotik. Nekazaritza-alorrean, gizarte burgesak jabetzaren banakako araubidea ďŹ nkatu zuen, merkatuan oinarritutako eredu ekonomikoa gauzatu zuen eta ekoizpen teknika eta sistema berriak zabaldu zituen; teknika eta sistema horiek nekazaritza-aldaketaren eskemaren euskarri eta eramaile gisa jardun zuten. Estatu liberalak sustatutako aldaketek ondorio garrantzitsuak izan zituzten kontzejuen baso-ondareetan. Toki-eremuko legeri liberalak ez zuen Arabako toki entitate txikien funtzionamendua aldatu: haien berezitasuna onartzen zuten eta, egoera juridikoa arautzeari ekin gabe, funtzionamendurako lege-araubidea ohiturazko erabileraren arabera antzina-antzinatik eskumena zuten antolaketaegiturei ematen zieten. Baina kontzejuak bigarren mailan gelditu ziren Estatu Liberalak sustatutako erakunde-egituran, udala udalerrian sustatu eta hedatu beharreko eredu aukeratu baitzuten, eta denbora joan ahala toki entitate aurre-liberalak udalean integratuko zirela aurreikusten zen, adibidez, Arabako kontzejuak. Nola edo hala aukera eman zuten udalek ondoren egingo zituzten saio eta urratsetarako, kontzejuen jurisdikzio-entitateak udalean sartzeko eta baso-ondareak eskuratzeko alegia. Estatu liberalak zenbait estrategiaren alde egin zuen; estrategia horiek guztiak nekazaritzaerreformaren helburu nagusia lortzera bideratu zituen: lurraren jabetza askea, osoa eta

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banakakoa. Horrela bada, estatu liberalak desamortizazioa erabaki zuen eta administrazio liberalak zenbait arau egin zituen norberaren ondasunen salmentari eta toki entitateen baterako titularitateko ondasunak banatzeari buruzkoak. Komunitateak zenbait gatazka sortzen zituela eta ekoizpena bertan behera uzten zuela esanez, udalez gaindiko administrazio publikoek aprobetxamenduen banaketa eta, ahal zen neurrian behintzat, lurraren jabetzaren banaketa sustatu zuten; horrela bada, toki entitate bakoitzak baso-eremu banatu eta desberdin baten jabe izan dadila lortzeko. Arabako Biltzar Nagusiek baieztatu eta egokitu egin zituen Estatuko zenbait erakundek aipatutako helburuarekin sustatutako hainbat neurri; Arabako Biltzar Nagusiek 1859ko bilkuretan Mendien Partzuergoak eta Komunitateak kentzea erabaki zuten eta, zehazki, zenbait mendi-komunitatek hasitako zuhaitz-banaketa espedientearen alde agertu ziren; gainera Aldundiari eskatu zioten horien tramitazioa eta gauzapena bizkortzeko. Lehenengo neurriak ez zuen eragin handirik izan baina, aldiz bigarrenak garrantzi handia hartu zuen mendi-komunitateetako alderdi handi batean eragina baitzuen. Horrela bada, zenbait kontzejuk banaka hasi ziren dagozkien baso-baliabideen partea kudeatzen, ordura arte komunean kudeatzen bazuten ere. Desamortizazioak eztabaida bat ekarri zuen berekin; honako oinarri hau zuen eztabaida horrek: desamortizaziotik at gelditu behar ziren nolabaiteko ingurumen- ekologia- eta gizartehelburu zituzten lursailak eta ďŹ nkak. Eztabaida horren irudikapen juridikoa erabilgarritasun publikoko mendien lege-ďŹ gura izan zen. Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoan 745 mendi sartu zituzten, eta horien guztien artean gehienak kontzejuen mendiak dira37. Kontzejuen ondare gehienak Erabilgarritasun Publikoko Probintziako Katalogoan sartzeak mendi horiek desamortizaziotik at gelditzen zirela esan nahi du eta, beraz, kontzeju-entitateek horien titularitatea gorde zuten. Erabilgarritasun Publikoko mendi aitorpenak etorkizuneko gehiegizko ekintzen aurreko babesa, behitzat lege aurreko babesa, ekartzen zuen ere bai. Gainera, eta alderdi hau garrantzitsuena izan daiteke, ordutik aurrera mendi horiek Estatuaren aukerako ikuskaritza teknikoaren pean gelditu ziren, eta Arabako Lurralde Historikoan Arabako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen eginbehar hori. Mozketak arau desokratikoen araberakoak egin behar izatea, zuhaitzak barrutien bidez berritzea, koniferen bidezko baso-berritzea eta esperimentazioa eta, orokorrean, ustiaketa ekonomikoa eta baso-baliabideen babesa bateratzea helburu duten baso-erabilerak ekoizpenmodernizazioaren neurriak dira. Neurri horien aplikazio-maila ezberdina izan da kontzejuen basoondareetan. Edozein modutan ere, kontzeju-entitateek zuzenean edo neurri batean kudeatutako

37

Iturriek hedadura ezberdinak ďŹ nkatzen dituzte Arabako toki entitateen jabetzako erabilgarritasun publikoko mendiei dagokienez. 1986ko baso-inbentarioaren arabera, mendi horiek 146.449 hektarea dituzte. 1994-2030 Euskal Baso Planak mendi horiek 147.952 hektarea dituztela esaten du (107. orri.). Mendien hedadura, 1996ko baso-inbentarioaren arabera, 150.030 hektareakoa da. Alde horiek ez datoz bat Erabilgarritasun Publikoko Arabako Mendien Katalogoan aipatutako iturriek aipatutako aldian gertatu diren sarreren eta irteeren mugikortasun txikiarekin edo mugikortasun ezarekin. Lan honetan 149.553 hektareako datua aurreratu dugu, baina errebisatu eta hobetu beharreko datua da.

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baso-ondareetan, baso-zientzien ekoizpen-teknikak eta –printzipioak aplikatzea helburu zuten zenbait esperientzi XIX. mendearen bigarren erdian ezagutu ziren. Horrela bada, Entziako Partzuergoaren Mendien Administrazio, Araubide eta Ikuskaritzako Proiektua aipatuko dugu; proiektu horren bidez, zuhaiztia hamar eremutan banatu zuten, eta mozketak txandaka egiten zituzten, eremu bakoitzean hamar urtez; proiektua indarrean izan zuten pagadiaren mozketen kudeaketan 1848-1859 epean. Baina zuhaiztiaren banaketak ekimen interesgarri horrekin amaitu zuen. Ordutik aurrera Baso-kudeaketa, beraz, banaka egin zuten. Hala ere, partzuergoen toki-entitateek azken urte hauetan aztertu egin dute XIX. mendearen bigarren erdian zatikatutako zuhaiztia taldeka kudeatzeko aukera. Horrekin agerian uzten dira baso-modernizazioren elementuek sortutako paradoxak: horren atal juridikoa aplikatzearen bidez baso-masa batzuen banaketa indibiduala sustatu zen, nahiz eta basomasa horiek taldeko kudeaketa behar duten baso-zientzien eskakizunetan oinarritutako basoerabilerarekin egokitzeko. Gainera gogoratu beharra dugu XIX. mendearen 60.eko hamarkadan Arcena Mendilerroan hasitako baso-politika, atzera doan pagadian baso-pinuen kolonizazio prozesu naturala indartzeko helburuarekin. Pagadiaren ordez pixkanaka baso-pinuak agertzeko prozesuak iraun zuen, eta prozesu horrek indar handiagoa izan zuen XIX. mendeko 60.eko hamarkadan eta hurrengo urteetan. Baso-teknikarien aholkularitzarekin, komunitatearen Batzarrak urte horietan basohobekuntzetarako aurreikusitako dirua sastraka-luberrietan eta lurzoru soilguneak prestatzeko erabili zuen; horrela bada, errazagoa zen baso-pinuaren hazia ernamuintzea, eta pagadia basopinuarekin ordezkatzeko prozesu naturala sustatu zuten. Arabako kontzejuen mendietan, hala ere, mendien antolaketari ere ekin diote, behintzat kasu jakin batzuetan eta hurbilago ditugun urteetan. Aipatutako esku-hartzeek adierazten dute kontzejuen mendiek ere baso-aldaketak jasan dituztela. Dena dela, esperientzia horiek guztiak kontzejuen mendien baso-modernizaziorako garrantzi gutxiagoko neurri jakin batzuk baino ez dira. Egonkortze-planaren aldian Arabako landa-munduak jasan zuen krisia dela-eta, zenbait ondorio jasan zituzten ekoizpenaren eremuan (nekazaritzako modernizazio-prozesuak areagotzea), lan-eremuan (nekazaritzako eskulana gutxitu zen) eta demograďŹ aren alorrean (biztanleak galtzea), eta horrek basoari dagokionez ondorio garrantzitsuak izan zituen. Mendien gaineko ekoizpen-karga gutxitu zenez, zuhaixka-landaretza berez garatu zen eta, ondorioz, basomasen lehengoratze naturala suertatu zen. Herriek, gutxieneko talde-ekipamendu batzuetarako lanak ďŹ nantzatzeko baliabideak eskuratu ahal izateko, oihaneztapen-politikaren eta ustiaketa intentsiboen alde egin zuten. 70.eneko hamarkada baso-lehengoratze politikarekin bat dator, eta urte horietan zuhaitzik gabeko eremuak azkar hazten diren hainbat espezierekin kolonizatu zituzten, eta etengabeko eta erritmo biziko prozesu garrantzitsua izan zen. Hori dela eta, 1986ko Baso-inbentarioan kontzejuen xedapen libreko mendietan partzuergoko 3.958 hektarea zituzten, gutxi gorabehera mendi-mota horietako 3 hektareatatik 2 horrelakoak ziren.

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Mendien bazka-aprobetxamenduen sistemen eta tekniken eraldaketa tekniko eta ekonomikoak, zuhaitzen aldean, erritmo eta intentsitatea txikiagorekin gertatu ziren. Bazkak hobetzeko saio gutxi eta isolatu batzuk egin zituzten, baina orain dela hamarkada gutxi batzuetara arte, bazken kudeaketa aprobetxamenduen ohiko eredu baten araberakoa zen sarrera-baldintzak direla-eta (abereen mendietako mugikortasun geografikoa) eta aprobetxamendu-teknikak direla-eta (artzaintza estentsiboa eta halabeharrez noraezean ibiltzeko modukoa, bazka natural gutxiago daudelako eta horien emankortasuna txikia delako). Helburua bazkak ahalik eta gehien aprobetxatzea zen, bazka horien ugalketan zein kalitatean eta elikadura-balioan arretarik jarri gabe. Arabako nekazaritzako ustiaketek aukeratutako ekoizpen-prozesua ez da beti bat etorri kontzejuetako baso-ondareetan garatutako estrategiekin, eta horrek zenbait arazo eta gatazka sortu ditu nekazaritzako eta basoko aukeren artean, eta, azken finean, zailtasunez bateratzeko moduko zenbait ekoizpen-praktika ere sortu ditu, batez ere kontzejuen eremuan.

BASO-ONDAREAK ETA KONTZEJUEN FINANTZAKETA. Kontzejuen ondarezko diru-sarrerak iturri-mota anitzetatik datoz: ondasun higiezinak etxebizitza edo bulego moduan alokatzea, landa-eremuen errentak, ehiza-esparruen ustiaketa, etab. Gainera baso-aprobetxamendua dute, gure lanaren azterketaren xedea alegia. Kontuen Euskal Epaitegiak Azterketa-diagnostikoan aztertutako 57 kontzejuek, 1996. urtean 94.383 mila pezetako ondare-etekinak sortu zituzten. Kopuru hori ekitaldi osoaren diru-sarreren %9 da. Zazpi kontzejuk (Dulantzi, Etxabarri-Ibiña, Izarra, Lagrán, Llanteno, Langraiz Oka eta Urbisu) aztertutako kontzeju guztiek bildutako ondare-sarreren %57 sortu zuten kontzeptu beragatik. Zazpi kontzeju horietako bakoitzak, bere aldetik, 1996an 3 miloi baino gehiagoko ondare-sarrerak izan zituen. Ondoren, 2001. urteko kontzejuen kontuei buruz egindako ikerketa batek aztertu zituen kontzejuen diru-sarreraren iturri ezberdinak. Ondarezko ondasunetatik lortutako diru-sarrerak bigarren mailan ziren (%22,75), diru-laguntzen kapituluaren atzean (kontzejuek 2001. urtean jasotako diru-sarrera guztien %56,07). Ondarezko ondasunen ondoriozko diru-sarrerak diru-iturri nagusia ziren 81 kontzejuren kasuan (%26,64). Aipatutako ikerketen arabera, kontzejuen artean ondare-osaketari dagokionez alde handiak daudela egiazta dezakegu. Zenbait kontzejuk herritarren ekarpenak beharrezkoak zituzten Aldundiak emandako aurrerakin itzulgarriak itzuli ahal izateko. Beste batzuek, aldiz, ez-ohizko diru-sarrera batzuk erabiltzen zituzten, zehazki ondarezko diru-sarrerak, goi mailako entitateek finantzatzen ez zituzten inbertsioak finantzatu ahal izateko. Kontzejuen ondare-osaketak oso errealitate ezberdina zehazten du kontzeju batzuetan edo besteetan. Kontzeju batzuen kasuan, baso-aprobetxamenduak finantzaketa-iturri garrantzitsua 160


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ziren. Horrela bada, Kontuen Euskal Epaitegiak aztertutako berrogeita hamazazpi kontzejuen artean, hamazortzik, hau da %31,57k, diru-sarrerak bildu zituzten baso-ondareen ustiaketarekin. Kontzeptu horregatik 82.119 mila pezeta bildu zituzten, gutxi gorabehera 1996. ekitaldian aipatutako kontzeju horiek lortutako diru-sarreren %8,31. Larrimbek eta Lezamak lortu zituzten sarrera handienak, 50.960 eta 10.067 mila pezeta lortu zituzten hurrenez hurren. Baso-aprobetxamenduen ondoriozko diru-sarrerak ez-ohikoak edo bereziak dira, zuhaitzmozketen aldizkakotasun luzearen araberakoak izango baitira. Kontzejuen mendiek gehienbat epe luzean mozteko baso-espezieak dituztenez, baso-mozketa eta -ebakitze garrantzitsuak noizean behin egiten dira eta denbora tarte luzea irauten dute. Hori dela eta, gaiari buruzko azterketa serioa egiteko, urtebete baino iraupen luzeagoko tartea aztertu behar da. Aipatutako datuak gaiari buruzko lehen hurbilketatzat har ditzakegu, eta nolabait ere ondasun horiek kontzejuen bilketan zer funtzio duten eta gaur egun kontzejuetan zer nolako garrantzia duten neurtzeko balio dute. Kontzejuen baso-baliabideen garrantzi ekonomikoa batez ere konifera-landaketetan oinarritzen da. Orokorrean kontzejuen mendietan baso-espezie horien landaketak txikiak izaten dira, eta unadak eratzen dituzte masa-hostotsuen eta larretarako eremu garbien artean. Konifera-landaketen garrantzia –edozein kasutan ere, Kantauri eskualdeko kontzejuen mendietan landaketa horiek oso zabalak izaten dira–, ez da txanda motzeko espezietara mugatzen, txanda luzeko espezieak ere ager daitezke hango baso-erabileraren arabera. Arcena Mendilerroko Batzarren mendietan egindako zur-ustiaketa, baso-pinu koniferarekin egindakoa, esperientzi berezia da, azaltzen baitigu nola kontzejuek baso-baliabideetaz baliatu daitezkeen etekin ekonomikoa lortzeko, eta etekin hori handia izan daitekeela baso-praktika egokiak erabiliz gero. Zur-aprobetxamenduen diru-sarrerak 1951. urtetik 1980. urtera 208.88 mila pezetetakoa izan ziren 1980ko balio konstantean. Zur-salmentaren bidez urtero batezbesteko 6.936 mila pezetako kopurua lortu zuten 1980ko pezetetan. Komunitatearen Batzarrak basomozketengatik aztertutako hogeita hamar urte horietan 5.848 pezetako etekin ekonomikoa lortu zuen baso-hektarea eta urte bakoitzeko. Aztertutako epean diru-sarrerek urtero %4ko gorakada izan zuten. Arcena Batzarreko kontzejuek zabalera demografiko txikia dute, sei kontzeju horietatik (Bachicabo, Barrio, Gurendes-Quejo, Nograro eta Sobrón) batek baino ez du berrogeita hamar biztanle baino gehiago. Horrela bada, herri txiki horiek urtero diru-sarrera egonkorrak lortzen zituzten, eta beste baso- eta ondare-ondasun batzuekin batera, diru-sarrera garrantzitsuak lortzen zituzten landa-eremu izateagatik ekoizpen-, demografia- eta lurralde-desoreka handiak dituzten herrien beharrei eta gastuei aurre egiteko. Mendi-komunitateek baso-inbertsio eta –kudeaketa eraginkorrerako oraindik dituzten desabantailei buruz esandakoa eta idatzitakoa kontuan izanik, aipatu beharra dugu Arcena Mendilerroko mendiak ohitura juridiko eta baso-modernizazioaren eta iraunkortasun eta errentagarritasun ekonomikoaren arteko bateragarritasunerako adibide direla. Ikuspegi horretarik,

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mendi horiek kontzejuetako mendiak lor dezaketen guztiaren sinbolo dira, baina horretarako kontzejuek baso-politika eta –praktika egokiak abian jarri behar dituzte.

ONDORIOAK. Arabako kontzejuetako mendiek ez dute soilik baliabide ekonomikoak sortzen (zura, larreak, luberriak, ehiza, baso-fruituak, etab.). Zuhaitzak dituzten lursail direnez eta erabilgarritasun publikoko lege-araudia dela-eta, baliabide horien bitartez zenbait ondasun sor daitezke (biodibertsitatea zaintzea, higadura eta ur-erregimena kontrolatzea, negutegi-efektuko gasak xurgatzea) eta zerbitzu batzuk betetzen dira (kultura- eta jolas-erabilerak); ondasun eta zerbitzu horiek ez dira orain arte diru-mekanismoen bidez definitutako merkatuaren arabera arautzen, baina inork ez du zalantzan jartzen Arabako gizarteari erabilgarritasun ekonomiko anitz eskaintzen dizkiotela. Horren gainean bide luzea dugu aztertzeko, gorantz doan sektorea baita, eta horrek ohiko baso- eta artzain-erabileren garrantzi ekonomikoaren beherakadaren aurrean agertzen zaigu. Eremu horretan egin daitezkeen aurrerapenek eta erabileran eta kudeaketan sartu daitezkeen hobekuntzek, eragina izango dute, behintzat, baso ondarezko ondasunetan eta, beraz, ondasun horiek nolabaiteko garrantzia izaten jarraituko dute kontzejuen diru-sarreretan; gainera, dirusarrera horien artean, diru-laguntzek eta itunpeko zergek gero eta garrantzi handiagoa izango dutela aurreikusten da. Kontzejuek bildutako sarreren artean ondare-sarrera maila jakin bat izateak garrantzi handia du, horren araberakoa izango baita kontzeju horien guztien, edo behintzat gehienen, finantza-eragiketa gaitasuna herri-ekipamenduak eta –zerbitzuen hobekuntzaz edo hornikuntzaz arduratzeko orduan. Kontzejuen baso-baliabideen kudeaketa hobetzea eragozten duen faktoretako bat, horiei buruzko informazio-gabezia da. Toki entitateen mendiak errealitate “ikusezina” dira estatistika ofizialetan, eta normalean estatistika horietan soilik erabilitako zenbaki bat baino ez dute aurreratzen, Arabako lurraldean baso-politika garatzeko orduan kontzejuen ondasunek duten garrantzia azpimarratzeko ohar erretoriko gisa. Horrek, azken finean, erakusten digu kontzejuak eta landa-munduak orokorrean bigarren maila batean daudela edo bazterrean uzten direla Gasteizko makrozefaliaren inguruan eratutako Arabako gizarte- eta erakundeegituran. Beharrezkoa dugu berariazko informazio eguneratua izatea Arabako baso-ondare garrantzitsu horren benetako egoera ezagutzeko eta, horren arabera, neurri egokiak hartzeko. Hori dela eta, honako ezinbesteko urratsa garrantzitsu hauek ditugu: Erabilgarritasun Publikoko Mendien Katalogoa eguneratzea eta kontzejuen ondarezko ondasunen inbentarioa egitea. Katalogoa sakon berrikusi beharreko erregistroa da, hasierako akats batzuk baititu eta, gainera, ia mendeko epean Arabako mendi publikoetan mota guztietako aldaketak gertatu direlako (jabetza, baso162


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espezieak, neurketa). Kontzejuen ondasunen inbentarioen bidez38, zehazkiago finkatu ahal izango dugu gaur egungo erabileren eta aprobetxamenduen hedadura eta balorazioa. Iturri batetik zein bestetik ateratako datuak beste baso-erabilerari buruzko beste datu batzuen bidez osatu behar dira; horrela bada, informazio juridikoa, kartografiakoa, biologikoa, ekonomikoa, soziala, basoinformazioa eta, azken finean, kontzejuen baso-aberastasuna modu iraunkorrean erabiltzeko behar den informazioa guztia bilduko duen datu-basea egiteko, biologiaren, ekonomiaren eta gizartearen alorrean dituen inplikazioei dagokienez. Baso-funtsen sorrera, kontzejuen mendien kudeaketarako eta erabilerarako hobekuntza-lerro interesgarria da. Jarduera-bide horrek kontzejuen interesetarako aukera anitz eta garrantzitsu batzuk ekar ditzake. Kontzejuen arteko batasun mailak ezberdinak eta askotarikoak izan daitezke: guztion interesen alde egiteko baso-ondareak dituzten kontzejuen elkartea, baso-ondareak taldekatzea lursailak teknikoki elkarrekin kudeatzeko lursail mugakide direlako, irizpide tekniko eta ekonomiko koherente batzuen arabera taldekatutako azaleraren baterako kudeaketa, etab. Baso-ondareen kontzeju-arteko multzoen sorrerari esker, baso-antolaketa iraunkorra aplikatzeko beharrezkoa den gutxieneko azalera lortu ahal izango da. Antolaketa horrek bermatu egingo du etekin ekonomikoen bateragarritasuna eta baso-aberastasuna belaunaldiz belaunaldi zaintzea. Beste alde batetik, baso-antolaketa, sortzen diren hainbat arazoren konponbidea izan daiteke, baso-baliabideen aprobetxamendu anitzetan egiten duten aurkako erabileren ondoriozko arazoen konponbidea alegia: basozaintza, artzaintza, nekazaritza, jolasa, ingurumena, etab, arazo horiei aurre egin ahal diezaioketelako kontzeju-termino jakinetan jarritako lurralde-mugen baldintzarik gabe. Baterako antolaketari edo eta kudeaketa teknikoari esker, aldi berean, jarraikortasuna eman ahal izango diete gaur egun ez-ohizkoak edo bereziak diren zenbait diru-sarrerari, eta beste egoera bat sor daiteke, non urtero diru-sarrerak jasoko dituzten modu iraunkorrean, nahiz eta kopurua txikiagoa izan. Horri esker, kontzejuek aurreikusi edo, behintzat, hobeto ezagutu dezakete nolakoa izango den ondare horietatik jasoko dituzten diru-sarreren garapena eta, horrela bada, hobeto programatu ahal izango dituzte inbertsio guztiak. Edozein taldekatze mota langile teknikoren bat kontratatzeko aukera izan daiteke, kontzejuei baso-eremuan sustatzeko, koordinatzeko eta aholkatzeko ardura izango du langile horrek; horrela bada, kontzejuek esku-hartze handiagoa izango dute mendien antolaketan eta kudeaketan. 38

11/95 Foru Arauaren 42. artikuluak inbentarioa egiteko beharra finkatzen badu ere, Araua onestu zutenetik hamar urte igarota kontzeju gehienek lan hori egiteke dute. Kontuen Euskal Epaitegiak 1996ko ekitaldian egindako azterketa-diagnostikoak agerian utzi zuen 57 kontzejuen artean 16 entitatek soilik (%38) zutela inbentarioa eginda data horretarako, 19 entitatek ondasun eta eskubideen zerrendak zituzten eta 22 kontzeju-entitatek ez zutela inbentariorik edo ondasun-zerrendarik. Herri kontuak kontrolatzeko euskal entitateak ondoren egindako fiskalizazioen bitartez, eremu horretan zenbait aurrerapauso eman direla egiaztatzen dute: Manzanos, Berantevilla eta Rivabellosa herriek 2002. urterako inbentarioa egina zuten edo egitean ari ziren. Baina inbentario egin gabe zuten 2001ean kontzeju garrantzitsu askotan, adibidez Larrinben eta Lezaman.

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Taldekatzeak, gainera, baso-eremuan zenbait topaketa-organoen sorrera ekar dezake, eta organo horiei esker kontzejuen artean irizpideak eta interesak bateratu ahal izango dituzte foru tutoretza tekniko baten menpeko (erabilgarritasun publikoko mendien aprobetxamenduak) edo esku-hartze autonomikoaren parte-hartze handiko (babespeko eremuen aitorpena, energia eolikoko planak, etab.) ondare-segmentu batean. Baso-eremuan kontzejuen arteko batasunari esker, azken finean, kontzejuek foru entitateen eta entitate autonomikoen aurrean elkarrizketa sendotu ahal izango dute eta, beraz, basojabetzari dagokionez gehiengoa izateagatik dagozkien eskubideetaz baliatu ahal izango dira (horrela sailkatutako jabetzaren hiru laurdena baitute), baita erabilgarritasun publikoko menditzat hartutako mendien lau bosten eta Arabako osoko ia azalera erdia izateagatik dagozkien eskubideetaz ere. Alderi horri dagokionez, aldi berean, Arabako landa-eremuaren eta hiri-eremuaren arteko harreman berdintsuagoa eta hiritarren parte-hartze zuzenean eta elkarrizketaren eta interesen nagusitasunean oinarritutako egitura demokratikoak erreklamatzen dituzte, betiere goi mailako entitate batek lortu nahi dituen ingurumen- eta baso-helburuetan oinarrituz eskubideak indarrez ezarri beharrean.

BIBLIOGRAFIA. NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA (1988): Baso inbentarioa E.H.K.A. C.A.P.V. Inventario Forestal. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzako Argitalpenen Zerbitzu Zentrala. (1994): Plan Forestal Vasco 1994-2030. http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net /r50468/es/contenidos/ planes/plan_forestal/es_9394/adjuntos/Plan forestal1pdf. GARAYO URRUELA, J. Mª. (1988): “Políticas forestales y comunidades de montes: el caso de la Consierra de Arcena (Alava)”. Montes, 18. zk, 26-30. (1991): “Las comunidades de montes en Álava”. Narria, 53-54. zk.ak, 13-22. (1992): “Deforestación del territorio: el hayedo de los montes de la Parzonería General de Encía (siglos XVIII-XX)”. Agricultura y Sociedad, 62- zk., 73-109. MARTÍNEZ LA ORDEN, E. (2003): “La financiación de las entidades locales alavesas, con especial referencia a los concejos”, Arabako Kontzejua XXI. Mendearen aurrean. ACOA-EKE-k antolatutako jardunaldiak Elorriagan (Vitoria-Gasteiz) 2002ko irailaren 26an eta 27an. Vitoria-Gasteiz, Arabako Biltzar Nagusiak, 79-248. HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA(1998): “57/1998 Erabakia, ekainaren 3koa, zeinaren bidez jendaurrean jartzen den Arabako Lurralde Historikoaren Kontzejuen azterketa-diagnostikoa, 164


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1996ko ekitaldiari dagokionez”, EHAA, 148. zk., abuztuaren 7koa, 14.653 orria eta hurrengoak. (2004a): “... Osoko Bilkuraren Erabakia, Larrinbe eta Lezamako Kontzejuen 2001eko ekitaldiko fiskalizazio-txostena behin-betiko onesteari buruzkoa”, 2004ko urtarrilaren 26ko bilkuran hartutakoa, ALHAO, 69. zk., ekainaren 18koa, 5726-5730. orri. (2004b): “... Osoko Bilkuraren Erabakia, Rivabellosa, Zambrana eta Manzanos Kontzejuen 2001eko ekitaldiko fiskalizazio-txostenaren behin-betiko onesteari buruzkoa”, 2004ko urtarrilaren 26ko bilkuran onestutakoa, ALHAO, 69. zk., ekainaren 18koa, 5730-5734. orri.

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“MENDIEN HERRI-JABETZA ETA NEKAZARITZAEKONOMIEN KRISIA. EPE LUZERAKO IKUSPEGIA” Iñaki IRIARTE GOÑI. Zaragozako Unibertsitateko Egitura eta Historia Ekonomikoko eta Ekonomia Publikoko Saileko irakaslea.


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1. Sarrera Hasteko eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Arabako Kontzeju Elkarteari gai honetaz, mendi-publikoen bilakaera historikoaz alegia, hitz egiteko aukera emateagatik, ikerketa-lan handia egin baitut eta egiten jarraitzen baitut horren inguruan eta, beraz, oso gogokoa dut horretaz hitz egitea eta eztabaidatzea. Gainera, foro hau nik lantzen dudan eremu akademiko hutsera ez mugatzea eragingarria da niretzat. Ohikoa denez, ikertzaileek, gure kongresu eta mintegien barruan isolaturik, askotan gure artean baino ez dugu hitz egin, eta aztertzen ditugun arazoetan (nahiz eta beste ikuspegi batetik) interesa duten beste gizarte-sektore batzuk alde batean uzten ditugu. Beraz, bilkura honek aukera ematen digu ikusteko mendi-publikoei buruzko unibertsitateetako ikerketek zer neurritan konekta dezakete errealitatetik hurbilago dauden beste eremu batzuekin, baita gaiarekin lotuta dauden beste gaur egungo alderdi batzuei buruz geure harri-koskorra ekartzeko ere. Hori esanda, onartu behar dut mintegi honetan parte-hartzeari buruz zenbait gabezi ditudala. Hasteko eta behin, Arabako mendi-publikoei buruz oso gutxi dakidala aitortu beharra dut; hori dela eta, batez ere Espainiako Estatu osoko mendietan eragina izan duten alderdiei buruz hitz egingo dut, lurralde honetako berezitasunetan sartu gabe. Bigarrenik, nire ikerketa batez ere historikoa dela aipatu behar dut; beraz, gutxi hitz egin dezaket etorkizunarekin lotutako alderdietaz. Dena dela, historiagileek beti aipatzen duten ideia kontuan izan dezazuen espero dut: historia oraina ulertzeko ezinbesteko tresna dela eta, neurri handi batean, etorkizuna eraikitzeko erreminta ere bai39.

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Historiaren funtzioei eta garrantziari buruzko gaur egungo ikuspegi bat ikus dezakezue Tello-n (2005).

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Mendi publikoen bilakaerari buruz azalpen erraza egin nahi dut, baina, nire ustez, interesgarria izan daiteke, azalpen horrek lagundu ahal izango digulako gauza guztiak oinarrizko eremu teorikoan kokatzen, leku horien gertakizun historikoak ulertzen lagunduko digun eremuan hain zuzen40. Azalpenak, laburbilduz, honakoa dio: lurralde horien funtzionaltasun ekonomikoa eta soziala ez dela aldaketarik gabe iraun denbora osoan, aldiz, eta halabeharrez, herriko ekonomien eta gizarteen aldaketetara egokituz joan dela. Gai hori ulertzeko ezinbestekoa da mendi publikoen azterketa elkarrekin lotura handia duten hiru ataletan banatzea (ikusi 1. diagrama). Honako hiru atal hauek dira: gizarteak nola “ulertzen” dituen mendi publikoak, gizarte horrek nola ustiatu dituen eremu horiek ekonomiaren ikuspuntutik eta eremu horietara nork, nola eta noiz sartu daitekeen zehazteko mekanismoak.

EKONOMIA, GIZARTEA ETA MENDI PUBLIKOEN ARTEKO HARREMAN DINAMIKOAK MENDIAK “ULERTZEKO” ERAK

ALDAKETA SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK

MENDIAK USTIATZEKO ERAK

ALDAKETAK MENDIEN FUNTZIOETAN

MENDIETARA “SARTZEKO” ERAK

Lehenengo gaiari, hau da, mendi publikoak “ulertzeko” erari dagokionez, garrantzirik gabekotzat har dezakegu kontuan izanez gero mendiak beti hantxe izan ditugun zenbait eremu direla eta jendeak beti berdin ikusi dituela. Baina gauzak ez dira beti hain errazak. 40

Mendi-publikoek interes handia piztu dute historiagileen artean, horregatik bibliografia zabala dugu gaiari buruz. Gaiari buruz honako egile hauek bibliografia-bilketa dugu: Balboa (1999), Jiménez Blanco (2002) eta Iriarte Goñi (2002). Hego Europako eremuari buruzko lan-bilketa ikus dezakezue honakoan: Sebastián Amarilla eta Uriarte (2003)

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Gizarteen bilakaera historikoak aldaketak eragiten ditu errealitatea ikusteko moduan eta, nola ez, gure esku ditugun baliabideak ikusteko eran. Sakoneko aldaketa da, eguneroko bizitzan ia antzeman ezin duguna baina epe luzean eragina duena; eta aldaketa horri esker, adibidez, basoaren funtzioa ulertzeko era oso desberdina izango da guretzat orain dela urte batzuekin konparatuz. Mendia egurra hartzeko leku hutsa izan daiteke, edo egur-funtzioaz gain beste onura asko dituen ekosistema konplexua izan daiteke. Eta aldaketa bera ikus dezakegu gizarteek “publikoaren” kontzeptua ulertzeko duten eran, ez baita gauza bera kontzeptu hori adibidez auzokomunitatearen eremutik edo Estatuaren eremutik aztertzerakoan. Aurrerago berriz hori buruz hitz egingo dut, baina oraingoz bakarrik azpimarratu nahi dut mendiak ulertzeko eran suertatzen diren aldaketek lotura estua dutela mendi horiek ustiatzeko moduekin. Oinarrian, mendien erabilera ekonomikoa ekonomiak mendi horietatik atera daitezkeen produktuekin izan dituen eskakizunekin lotuta egon da beti (toki, nazio zein nazioarte mailako ekonomia), eta eskakizun horiek aldatuz joan dira. Nekazaritza-gizarteak mendietan zenbait erabilgarritasun topa zitzakeen etxeko zein nekazaritzako jardueretarako; industria-gizarteak, aldiz, mendiak lehengai iturri gisa ikusiko ditu, lehengai horiek fabriketan eraldatu ahal izateko, eta industria osteko gizarteak hainbat zerbitzuren iturritzat har ditzake, eta horien artean ingurumen alorreko zerbitzuak nabarmendu ditzakegu. Azkenik, pertzepzioak zein ustiaketak jolas-arauetan eragina izan dute, jabetza- eta erabileraeskubideak definitu dituzten arauetan, nahiz eta oinarrian herri-jabetza edo jabetza pribatua nagusitzearen artean egon, betiere entitate publikoen zenbait kontrol-maila izanik (udalak, Estatua eta zenbait tokitan, adibidez Araban, kontzejuak). Lehen aipatu dudan bezala, hiru azterketa-maila horiek harreman estua izan dute haien artean; hori dela eta, oso zaila egiten zaigu modu argi batez ordenatzea. Esan dezakegu zenbait kasutan pertzepzio-aldaketak ustiaketa-aldaketak ekarri dituela eta, aldi berean, erabilgarritasun erak ere aldatu dituela. Baina hori ez da zertan beti horrela izan behar. Agian gerta daiteke lehenik eta behin sartzeko erak aldatzea eta horregatik ustiaketan eta baliabideak hautemateko eran aldaketak suertatzea. Konbinazio anitz daude, baina garrantzitsuena da hiru maila horien arteko elkarreraginak mendi publikoei buruzko hurbilketa ekar dezakeela, azterketa ordenatzeko moduko interpretazio-eskema bidez. Hemendik aurrera, beraz, alderdi horietaz hitz egingo dut, alderdi bakoitza era laburrean, halabeharrez, aztertuz.

2. Mendi publikoaren kontzeptua eta horren bilakaera

Mendi publikoak ulertzeko erarekin hasiz gero, aipatu beharra dugu mendi publikoak XIX. mendean asmatutako errealitate direla. Izan ere, Espainian Antzinako Erregimenaren beherakadarekin suertatutako nekazaritza-iraultza liberalaren babesean eraiki zen mendi publikoaren kontzeptu bera. Aldaketa sakonetako unea zen, eta epe horretan gobernu liberalek (kasu honetan liberalismo hitza batez ere ikuspuntu ekonomikotik aipatzen dugu ikuspuntu politikotik baino) lurraren jabetza-eskubideak sakon berriz definitzeari ekin zioten. Espainia ez 171


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zen prozesu horretatik kanpo gelditu, ezta gutxiago ere, Europa osoan, eta batez ere europarrek kolonizatutako mundu luze-zabaleko eremuetan, gertatu zen prozesu hori, nahiz eta ezberdintasun kronologiko batzuekin. Espainiari dagokionez, jabetza-eskubidea berriz definitu zuten hainbat prozesuren bidez, adibidez jaurgoen deuseztapena edo XIX. mendearen lehen erdian agindutako desamortizazio anitzen bidez. Baina 1855eko Desamortizazio Orokorrak eragin zuzenagoa izan zuen mendietan. Desamortizazio horrek batez ere herri-azaleretan (baso eta larreez batez ere osatutakoa) eragina izatea zuen helburu. Desamortizazio horren oinarria honako ideia zen: lurraren jabetza pribatua eraginkorragoa zela ekonomia hobetzeko eta, ondorioz, partikularrentzat hainbat neurri jarriko zituzten jabetza hori eskuratzeko aukera emateko. Mendien kasua, hala ere, berezia zen behitzat bi arrazoi direla eta. Lehenengoa, mendi horietako gehienak betidanik elkarrekin kudeatzen zituztela eta, beraz pribatizatzeak aurkako jarrerak sortuko zituen behintzat eremu batzuetan, ordura arte mendi horiek erabiltzeko eskubidea zuten pertsonen eskutik. Bigarrenak eremu horien ezaugarriekin zerikusia du, mendi horien garaiera edo landaretza-estalduragatik ingurumenerako aldeko ondorio asko sortu zezaketen eta, garai horretako baso-teknikariek defendatzen zutenaren arabera, mendi horiek ezin zituzten ekimen pribatuaren esku utzi, ekimen pribatuak ez zituelako pizgarririk mendi horiek babesteko. Bi arrazoi horiengatik 1855eko desamortizazio-legeriak berak zenbait salbuespen-mekanismo ezarri zituen mendiak pribatizatzeko prozesuan; horri esker, mendi asko ez ziren partikularren esku geldituko. Prozesua ez zen oso argia izan, ezen zenbait kasutan salmenta galarazteko erabilitako arrazoiak, ez ziren beste zenbait kasutan nahikoak izan salmenta ekiditeko. Jarraitutako dinamikak, beraz, ez zuen soilik zerikusirik emandako legeriarekin, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-testuinguruetan aplikatzeko moduekin ere lotura zuen. Baina, orokorrean, salbuespenek ez zuten galarazi mendien bost miloi hektarea baino gehiagoren pribatizatzea. Dena dela, eta hemen interesatzen zaigun eremura itzuliz, testuinguru horretan sortu zen mendi publikoaren kontzeptua; printzipioz ondo definitu gabeko zerbait zen, nahiz eta atal horretan sartzen ziren edozein arrazoi zela-eta besterendu ezin ziren mendi guztiak. Edozein modutan ere, mendi askotan ez pribatizatzea ez zen helmuga, abiapuntua baizik. Hortik abiatuta, eremu horiek kudeatzeko gaitasuna noren esku utziko zuten erabaki behar zen. Horri dagokionez, bi kontzeptu hauetan laburbildu dezakegu nagusitutako lerro bikoitza: “udalekotzea” y “estatalizatzea”. Lehengoaren arabera, udalei sistematikoki esleitu zizkieten mendi horiek eta, hortik aurrera, udal-ondasun bihurtu ziren. Ondorioz herri-komunitateek (eta herri-komunitate horiei erreforma liberalak ez zion ezta lege-entitaterik onartzen ere kontuan izanda) eremu horiek kudeatzeko erari buruzko gaitasun zuzena galdu zuten, eta gaitasun hori udal-ordezkarien esku gelditu zen. Azken finean, liberalismoari zegozkion sinplifikazioa zen, eta izatez konplexuago diren zenbait egoera homogeneizatzea eta arrazionalizatzea zuen helburu (beti beren helburuen alde). Udalekotze-prozesuaren parean, estatalizatze-prozesua agertu zen. Prozesu horren arabera, laburbilduz, Estatuak pixkanaka gero eta kontrol gehiago eskuratu zuen, ez soilik bere jabetzako mendietan, baita gainontzeko mendi publikoetan ere. Horretarako zenbait mekanismo finkatu zituzten; oraingoan Udalek Mendien Zuzendaritza Nagusiaren baimena izan behar zuten aprobetxamenduak egin ahal izateko. Prozesu hori abian jartzeak, noski, zenbait arazo 172


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sortu zituen, Estatuak ez baitzituen langile tekniko eta zaintzarako langile nahikorik mendi guztien kontrol eraginkorra egin ahal izateko. Baina asmo argia zuten eta, epe luzean, asmoa lortzen joan ziren nahiko arrakastarekin. Azken finean, laburbildu dudan prozesu hirukoitz hori (pribatizatzea, udalkotzea eta estatalizatzea), mendi publiko kontzeptuaren sorreraren atzean zegoena, ez zen egun batetik bestera gertatu, baizik eta prozesua nola edo hala XIX. mendearen bigarren erdian, eta baita XX. menderen hasierako hamarkadetan ere, luzatu zen. Izatez, pribatizatze-prozesuaren unerik garrantzitsuena XIX. mendeko hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadan izan bazen ere, salmentekin jarraitu zuten debora luzez. Gainera, mendi publiko kontzeptu bera ere aldatu egin zen eta ezaugarri berri batzuk agertu ziren. Hori dela eta, Espainian 1899. urtean “erabilgarritasun publiko” kontzeptuaren sorrera eta ondorengo garapena mendi publiko askoren lege-formalizaziotzat har dezakegu. Bestela, XX. mendearen bigarren erdian legearen ikuspuntutik aldaketa horiek ia ukitu gabe gorde badira ere, ez da gauza bera gertatu mendi publikoen kudeaketa-erak ulertzeko moduekin. Alderantziz, mundu mailan eztabaida interesgarria suertatu da azken urte hauetan herri-ondasunei (mendi-publikoekin lotura estua dutenak) eta herri-ondasun horiek ulertzeko erei buruz, eta horretaz labur hitz egin nahiko nuke, esku artean dugun gaiari buruz datu interesgarri batzuk ematen baititu eztabaida horrek. 1962. urtean Garret Hardin biologoak Science aldizkarian “The tragedy of the commons” tituluko artikulua argitaratu zuen, eta artikulu horrek herri-jabetzei buruzko idei zabalduenetako batuk laburbiltzen zituen41. Egile horrentzat herri-ondasunek honako tragedia ekartzen dute berekin: ondasun horien erabiltzaileen artean kostuak eta etekinak era ezberdinean banatzearen ondoriozkoa. Erabiltzaile bakoitzak zuzenean ondasuna erabiltzearen onura jasotzen du baina kostuak, aldiz, komunitate osoaren esku gelditzen dira. Testuinguru horretan, Hardinen ustez, banakako erabiltzaile bakoitzak ondasunarekin egin daitekeen erabilera handitzea erabaki dezake, baina erabiltzaile guztiek gauza bera egingo dutenez, gehiegizko ustiaketa gertatuko da halabeharrez. Herri-ondasunetan gertatzen den eraginkortasun eza horren aurrean, honako konponbideak proposatzen dira: pribatizatzea edo estatalizatzea; horrela bada, Estatuak berak saihestu beharko du, zenbait arauren bidez, aipatutako tragedia. Era inplizituan egiaztatu dezakegunez, herri-ondasunen kontzepzio horrek goian aipatutako mendi publikoei buruzko jarduerak gidatu ditu. Baina, badago gauzak ulertzeko beste modu bat, Eloinor Ostrom Amerikako ikertzaileak 1990. urtean argitaratutako “Governing the commons”42 liburuan aipatzen duena alegia. Liburu horrek bildu egiten ditu beste egile batzuek Hardini egindako kritika guztiak; tragedia horretan

41

Hardin (1962)

42

Ostrom (1999)

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herri-ondasunak sarrera libreko ondasunekin nahasten zituela esaten zuten ikerlari horiek. Egoera hori ez da ohikoa, herri-ondasunek honako ezaugarria izan baitute: zenbait arau ďŹ nkatzen dira komunitateko kideen sarrera-aukerak erregulatzeko. Ideia horretatik abiatuta, Ostromek dio garrantzitsuena arau horiek ezartzea dela. Ikuspuntu horretatik, arauak ondo ezarri badira, herri-ondasunen kudeaketa eraginkorra izan daiteke eta, are gehiago, egokiagoa izan daiteke garapenerako zenbait egoeratan. Hori dela eta, eztabaida irekia dagoela aipatu beharra dugu, eta aukeratzen dugun ideiaren arabera herri-ondasunen eta mendi publikoen etorkizuna ezberdina izan daiteke.

3. Mendi publikoen ustiaketa ekonomikoa Lehen aipatu dudan bigarren azterketa-mailak zerikusia du mendi publikoen ustiaketarekin, eta ustiaketa horiek aldatuz joan dira denborarekin. Hori dela eta, bilakaera hori azaltzeko –nahiz eta oso gainetik ere–, ohiko nekazaritzan mendiek zuten funtzionalitate ekonomikoan oinarrituko naiz, baita denbora joan ahala gertatu diren aldaketa-prozesu garrantzitsuenetan ere; amaitzeko gaur egungo egoerari buruzko hausnarketa egingo dut. Ohiko nekazaritza-ekonomiaren eremuan, mendi publikoek ezinbesteko funtzioa zuten tokiko ekonomietan, eta funtzio hori hiru maila ezberdinetan laburbildu dezakegu. Hasteko, mendiak abeltzaintza estentsiboaren mantenurako oinarria ziren; abeltzaintza estentsiboa nekazaritzako sistemaren atal garrantzitsua baitzen, bai nekazaritzaren garapenerako (lanerako abereak), bai gizakien elikadurarako edo komertziorako (errentako abereak). Bigarrenik, mendiak landatzeko moduko lur-erreserbak izan zitezkeen, eta eremu horiek erabil zitzaketen elikagaien eskaria handitzen zenean. Amaitzeko, mendiak hainbat baliabideren biltegi ziren, adibidez etxerako egurra, eraikitzeko egurra edo ehiza, arrantza zein landarebilketarekin lotura duten beste produktu batzuk; produktu horiek guztiak osagarri ekonomikoa izan zitezkeen. Ikuspegi horretatik mendiek funtzio anitzak betetzen dituztela esan dezakegu, eta eremu horien aprobetxamenduei buruzko arauketek honako helburua zuten: lurraldearen erabilera integratua bermatzea, non jarduera horiek guztiak bateragarri izan daitezkeen. Ezin da inolaz ere ziurtatu testuinguru eta une jakin batzuetan erabiltzeko moduak direla-eta gatazkarik gertatuko ez denik, baina, halaber, argi dago araudiek gatazka horiek galaraztea zutela helburu. Hasierako egoera hori aldatuz joan zen baldintza ekonomikoak aldatzen ziren neurrian, aldaketa horiek eskari-aldaketak sustatzen baitzituzten. Hori dela eta, biztanleriaren bilakaera funtsezkoa izan zen. XIX. mendetik aurrera gertatutako biztanleria hazkundea dela-eta, elikagaibeharrak ere handitu egin ziren eta, testuinguru geograďŹ ko eta tekniko horretan azalera unitate bakoitzeko nekazaritza-ekoizpena handitzea zaila zenez, luberritzeak zabaltzeko prozesuari ekin zioten, eta prozesu horrek mendietan izugarrizko eragina izan zuen. Izatez, XIX. mendearen bigarren erdian pribatizatutako eremu handi batek nola edo hala lotura zuen lur berriak 174


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luberritzearekin43. Testuinguru berri horretan, asko handitu zuten mendietan egindako presioa eta, beraz, erabilera-moduei buruzko gizarte-gatazka asko sortu ziren (batez ere nekazaritzako interesen eta abeltzaintzako interesen artean). Espainian nekazaritzan biztanle asko luze aritu zirenez, tentsio horiek areagotu ziren. Baina mendiekiko presioaren hazkundea ez zen soilik luberritzeen ondorioz gertatu. XX. mende hasieratik Espainiako ekonomiak hazkunde-prozesuari ekin zion eta, oinarrian, industria-sektoreen garapenarekin eta urbanizazioen sustapenarekin zein herri-lanen eraikuntzarekin zerikusia zuen prozesu horrek. Eremu berri horretan baso-produktuek beste funtzio bat zuten. Horrela bada, adibidez, eraikuntzarako edo zelulosa-pasta egiteko egur-beharrak gehitu ziren; erretxina gehiago (erretxinaren aldagai guztiak) behar zuten kimika-industrian lehengai moduan erabiltzeko, eta kortxo-behar handiagoa zuten aglomeratuak ekoizteko. Laburbilduz, hiri- eta industria-presioa handitu zen mendi publikoetan, eta ondorioz eremu horietan espezializazio joera argia agertu zen eta mendien funtzio anitzak apaldu ziren neurri handi batean. Ordutik aurrera lehen helburua kasu bakoitzean produktu egokienak ateratzea litzateke eta, beraz, bigarren mailan gelditu ziren funtsezkoak ez ziren erabilerak. Aipatu dugun bezala, eraldaketa prozesu hori XX. mendearen lehen herenean hasi zuten, baina indartu egin zen berrogei eta berrogeita hamarreko hamarkadan, gerra zibilaren osteko diktadurako eremu politiko horretan. Hori dela eta, aipatu beharra dugu lehen frankismoa izenekoak (1939. urtetik 1959an ekonomia egonkortzeko plana egin artekoa), alde batetik mendien ekoizpenaren espezializazioa bultzatu behar zuela eta, beste alde batetik, espezializazio horretarako beharrezko tresnak zituela. Aipatutako espezializazioa bultzatzeko beharra zuen Espainiako ekonomia nazioarteko testuingurutik at zegoelako eta barnean lortu behar zituelako lehen inportatzen zituen produktu asko. Beste tresna batzuk zituen ezen gerrako eta ondorengo epeko errepresio handiak erregimenaren proiektuekiko oposizio-aukera guztiekin bukatu zuenez, erregimenak erabilerei eta baliabideei buruzko irizpideak ezartzen zituelako aurkako joerarekin topo egin gabe. Ekiteko modu horrek honako bi helburu hauek izan zituen: mendi gehienetan zur-espezializazioa gertatu zen eta basoak azkar hazteko moduko espeziekin berritzen zituzten. Baina hirurogeiko hamarkadan Espainian beste testuinguru ekonomiko bat agertu zen, eta testuinguru horrek egoera aldatu zuen. Aldaketa horren protagonista honakoa izan zen: Espainiara, garapenarekin batera, Iraultza Berdeari zegokion nekazaritza-teknologia ekarri zuten. Hirurogeiko hamarkadan landa-eremua asko aldatzeko moduko modernizazio teknikoa gertatu zen. Izatez, mekanizazioarekin batera nekazaritzan aritzen zen biztanle kopurua asko jaitsi zen eta, ondorioz, herritar-irteera garrantzitsua gertatu zen eta hainbat herritan biztanle asko galdu zituzten. Horrekin batera, gainera, produktu sintetiko batzuen sorrera aipatu beharra dugu; produktu horiek lehengai gisa erabiltzen zituzten industria-prozesuetan eta, beraz, baso-produktu askoren eskaera gutxitu zen. Laburbilduz, eta hizpide dugun gaiarekin lotuz, aldaketa horiei guztiei

43

Aldagai bereizi bi horien eskualdeko neurketa GEHR izenekoan dugu (Herri Historiako Ikerketa Taldea) (1994).

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esker epe luzera mendi publikoekiko presioa asko gutxitu zen, eta aldaketa horiek, ustiaketa-erei dagokionez, beste etapa bat ireki zuten. Horrela bada, gaur egungo egoerara heldu gara; egoera horrek funtsean bi ezaugarri ditu. Lehenengo ezaugarriak zerikusia du mendietan ekoizpen-aukera berri batzuen agerpenarekin; aukera horiek, oinarrian, azken hamarkada hauetan mendebaldeko gizarteetan gora egin duen ingurumenarekiko interesarekin zerikusia dute; interes hori honaino ere heldu zaigu. Aukera horien guztien artean honako hauek nabarmendu ditzakegu: adibidez, mendi-eremuak energia berriztagarriak lortzeko euskarri gisa erabiltzea (batez ere energia eolikoa lortzeko) edo, testuinguru orokorrago batean, mendien ingurumen- eta josketa-alderdiak erabiltzea. Edozein modutan ere, aipatu beharra dugu azken funtzio hori, nahiz eta gero eta garrantzi handiagoa izan, hasiberria dela, eta definitzen amaitu eta arautu beharko dugula. Horrek bigarren alderdi batera eramaten gaitu: gaur egun mendi publiko askotan azpi-ustiaketa egoeran daude eta bertan behera utzita daude, eta horrek arrisku asko ditu.

4.- Mendiekiko erabilgarritasuna Azkenik, lehen aipatutako hirugarren azterketa-maila, mendien erabilera- aukerak erregulatzeko oinarrizko arauekin lotuta dago. Horiei dagokionez, hasierako proposamenarekin jarraituz, erabiltzeko aukerak ere, aurreko mailetan aztertutako aldaketen arabera, aldatu egin direla aipatu beharra dugu. Hirugarren maila honi buruzko errepaso txikia egiteko, ohiko nekazaritza-gizartera bueltatu behar dugu; epe horretan funtsean erabiltzaileen komunitateek finkatzen zituzten mendien erabilerarako oinarrizko arauak eta, ondorioz, mendi horiek oso gutxitan hartzen ziren askatasunez erabiltzeko moduko ondasuntzat, (Hardinek zioen bezala, tragediarantz eramaten du askatasun horrek). Baina komunitatearen arau horien nagusitasuna ez dugu baliabideen erabilera berdintsua bermatzen duten arauekin nahastu behar. Horri dagokionez, nabarmendu beharra dugu herri-ondasunek historikoki gizarte-funtzio bikoitza zutela. Alde batetik, erabiltzaileen aberastasun-mailak, neurri handi batean, ondasun horien erabilera finkatzen zuen; horrela bada, ekoizpen-baliabide gehien zituztenek (lur-ondasun edo animalia gehiago) orokorrean herri-ondasunak erabiltzeko aukera gehiago zuten. Dena dela, komunitatean diru gutxiago zuten kideek ere baliabideak erabiltzeko aukera zuten, eta baliabide horietatik nolabaiteko etekina atera zezaketen. Ikuspuntu horretatik, adierazi beharra dugu herriondasunek dirudunei baliabide gehiago ematen dietela eta pertsona umil gehiago sortzen dituela, hau da, hasierako gizarte-egoerak iraunarazten dute. Baina batzuk zein besteak “herriondasunen” aldekoak ziren eta ondasun horiek diren moduan gordetzeko beharraren aldekoak. Hori dela eta, baliabideak eskuratzeko erak definitzen zuen bigarren elementua honakoa zen: oinarrian erabiltzaile guztiek horien erabilera zuzena egiten zuten, eta behar zutena zuzenean hartzen zuten, betiere finkatutako arauen arabera. 176


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Hasierako egoera horren aurrean, bai mendiak ulertzeko moduari dagokionez, bai mendi horiek ustiatzeko erei dagokienez gertatuko aldaketekin batera, arauketa mailan ere aldaketaprozesua suertatu zen, eta hiru alderditan laburtu dezakegu prozesu hori. Lehenengoak zerikusia du komunitatearen gauzen gainbeherarekin, eta gainbehera hori goian aipatu dugun bezala, XIX. mendean gertatutako gizartearen ďŹ nkapenarekin eta ekonomia liberalarekin lotuta dago. Testuinguru horretan komunitateak garrantzia galdu zuen, hasteko eta behin, komunitatetik kanpoko indarrengatik (batez ere Estatua), indar horiek beharrezko baliabideak baitzituzten (batez ere legeria) komunitateari indarra kentzeko. Baina erantzukizun osoa kanpoko alderdiek zutela adieraztea ez da bidezkoa, komunitatearen indarraren gainbeherak zerikusia izan baitzuen Europa mailan gertutako pentsaera aldaketarekin; pentsaera berri horrek pixkanaka-pixkanaka gizabanakoari garrantzia eman baitzion. Ikuspegi horretatik, komunitate-taldeetan ere gainbehera hori gertatu zen. Edozein modutan ere, prozesu horren ondorioz komunitateak zuzeneko kontrola galdu zuen, eta oraingoan udalek izango zuten erabakiak hartzeko eskumena, nahiz eta batzutan, edo askotan, udalek ez zuten atzera egiten zuen komunitate horren sentsibilitatea jasotzen. Aurreko alderdiarekin batera, bigarrena gertatu zen, Estatuaren kontrola alegia; nahiz eta mendi batzuk pribatizatzeko prozesutik babesterakoan nolabaiteko malgutasuna adierazi, mendi horietako erabileren gaineko kontrola areagotu zuen. Horrela bada, 1860tik aurrera basoaprobetxamenduen planak egiten joan ziren, eta plan horiek idatziz jasotzen zuten mendietatik zer baliabide-kopuru har daitekeen. XIX. mendetik aurrera Estatuak esku-hartze hori indartu zuen eta zenbait menditan antolaketa-planak egin zituen. Plan horiek aprobetxamendu-planak gainditu zituzten, urterako antolaketa egin beharrean, epe luzerako antolaketa egiten baitzuten. Estatuaren esku-hartze horien helburu nagusia baso-produktu gehiago merkaturatzea zen. Ikuspegi horretatik aztertuta, aldaketa hasiera batean uste baino handiagoa izan zen, Estatuak erabilera gainbegiratzeaz gain, aldi berean mendi publikoak ustiatzeko eskubideak lagatzea sustatzen zuen, ustiaketa egiteko eta produktuak merkatuan jartzeko gai izango ziren pertsona zein enpresei lagatzea hain zuzen. Testuinguru horretan, erabileren arauketan honako joera ikusi zen: bizilagunek gero eta aprobetxamendu gutxiago egiten zituzten zuzenean (herri-aprobetxamenduak), eta gainera kasu batzuetan zenbait zerga ďŹ nkatu ziren aprobetxamendu horien gain (dagoeneko ez ziren doaneko aprobetxamenduak izango); aldi berean, gero eta gehiago ziren partikularrei urteko errenta baten truke lagatako aprobetxamenduak. Beraz pribatizatze-prozesua eman zen, ez mendiena, erabilerena baizik; eta prozesua areagotu zen baso-produkzioa handitu zen heinean. Azkenik, arauketen eraldaketaren hirugarren alderdia mendietatik lortutako onuren monetizazioa litzateke. Lehen aipatu dugunez, ohiko erabileren ezaugarria bizilagunek zuzenean baliabideak ateratzen zituztela zen; baina produktuak merkatuan sartzen zituzten heinean, mendiak udaletarako dirua lortzeko iturri bihurtu ziren, eta askotan horixe zen mendien funtzio nagusia. Gaur egun funtzio bera nagusitzen da. Aipatu behar dugu, dena dela, mendiak erabiltzeko arauketari buruzko aldaketa horiek guztiak ez zituztela inolako arazorik gabe egin. Berez, toki askotan, erabilera-eskubideak aldatzeko saioek bizilagunen erresistentzia sutsua sortu zuten, eta askotan udalen laguntza ere lortu zuten eta

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bide judizialari ekin zioten; dena dela, beste zenbait kasutan protesta arruntak egin zituzten, arau berriei ez zieten kasurik egin eta legea urratzen zuten; egile batzuek protesta-delitutzat hartzen dituzte. Orokorrean erresistentzia horiek arauketen kontrola izaten jarraitzeko saioak ziren, eta garrantzi handiagoa izan zuten egoera politikoak aldarrikapenetarako tartea uzten zuenean. Horren adibide argiena Bigarren Errepublikaren urteetan dugu, Nekazaritza Erreformarako Legeak aurreko epeetan kendutako mendiak eta komunalak berriz hartzeko aukera ematen zuenean, eta komunalen arauketari buruzko aldarrikapen asko eta asko egin zirenean. Aurreratu dugun bezala, frankismoak protesta horiek guztiak isilarazi zituen eta Estatuaren boterea indartzeko eta erabilera pribatuak sustatzeko joera zuen ordenu berria ezarri zuen. Dena dela, demokraziarako trantsizio politikoaren azken urteetan, gaiari ekin zioten berriz ere, behintzat zenbait eskualdetan. Baina nekazaritza-gizartearen krisia gorenera iritsi zen eta, testuinguru berri horretan, mendi publikoek eta mendi horien erabileren arauketak ez zuten lehengo garrantzi ekonomiko eta sozialik.

5. Ondorio gisa Epe luzean mendi publikoek jasandako eraldaketa guztiei buruzko azterketa azkarra egin ondoren, amaituko dugu topaketa honen gaiarekin lotzeko zenbait ideiarekin. Ikusi dugunez, mendi publikoek funtzio garrantzitsua zuten ohiko nekazaritza-ekonomietan, baina garrantzia galduz joan dira eta ekonomiaren periferia deitu dezakegun egoeran daude gaur egun. Baina adierazi beharra dugu ondasun horien funtzioak egokitu direla historiako egoera ekonomiko eta sozialetara, edo zenbait gizarte-zientzialarik esango zuten moduan, mendiek erresilentzi handia izan dute (sistema batek kanpoko aldaketei egokitzeko duen gaitasun moduan ulertuta). Ikuspuntu horretatik egokia iruditzen zait jardunaldi hauen titulua, baliabide horiek etorkizunerako baliabide estrategikoak izaten jarraitu dezaketelako. Baina, nola jokatu behar dugu baliabide horiei dagokienez? Nire ikerketa-lanak iraganean oinarrituta daude eta, beraz, ezin dut etorkizunari buruz gehiegi esan. Dena dela, hiru giltzarriko elementu aipatu nahiko nituzke, eta nahiz eta orokorregiak izan, nire ustez, etorkizunerako gida gisa erabili beharko genituzkeelako. Lehenengoak funtzio anitzekin zerikusia du; hitz horiek ibilbide historikoan aipatu ditugu dagoeneko, baina gogoratu behar ditugu berriz ere. Gaur egungo egoera ekonomikoa dela-eta, ez du ematen ekoizpen espezializazioaren bidera itzultzea merezi duenik. Alderantziz, mendi publikoen erabilera anitz eta integratuei esker ekonomia, gizarte eta ingurumen alorreko erabilgarritasunak hobeto aprobetxatu daitezke. Bigarren alderdia iraunkortasuna da, garapenerako giltzarria baita. Gaur egun mendi publikoek lurraldearen eremu garrantzitsua okupatzen dutenez, eta mendi horiek ingurumenean onura handiak egiten dituztenez, XIX. mendean baso-teknikariek aipatzen zuten bezala, ezinbestekoa ematen du horien erabilera iraunkorra egiteak (betiere aipatu berri dudan funtzio anitzeko eremu horren barruan). Azkenik, hirugarren elementuak adostasunarekin zerikusia du. Azken bi mende hauetan ohikoa izan da mendien erabilera kanpotik ezartzea eta bertakoak alde batera uztea erabakiak hartzeko orduan, eta askotan horrek funtzionamendu okerra edo garatu nahi 178


ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO

ziren proiektuen porrota ekarri du. Etorkizunean, horri aurre egiteko modua erabileran zuzenean inplikatuta daudenen iritzia kontuan izatea da.

Aipamenak BALBOA LOPEZ, X. (1999): “La historia de los montes públicos españoles (1812-1936): un balance y algunas propuestas”, Historia Agraria, 18, 95-128 orri. GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (GEHR) (1994): “Más allá de la propiedad perfecta. El proceso de privatización de los montes públicos españoles, (1859-1926)”, Noticiario de Historia Agraria, 8, 99-152 orri. HARDIN, G. (1968): “The Tragedy of The Commons”, Science, 162, 1243-1248 orri. IRIARTE GOÑI, I. (2002): “Common Lands in Spain: Persistence, Change and Adaptation”, Rural History, Cambridge University Press, 13, 1, 19-37 orri. JÍMENEZ BLANCO (2002): “El monte: una atalaya de la historia”, Historia Agraria, 26, 141-192 orri. OSTROM, E. (1990): Goberning The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University press, Cambridge SEBASTIAN AMARILLA, J. A. y URIARTE, R. (eds.): “Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (siglos XVIII-XX)”, SEHA- PUZ, Zaragoza TELLO, E. (2005): “La historia Cuenta”, Ediciones del Viejo Topo, Bartzelona

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ITXIERA

MarĂ­a Teresa RODRIGUEZ BARAHONA andreak, Arabako Biltzar Nagusietako Presidenteak, mintegiari amaiera eman dio.

Arratsalde on guztioi Arabako Biltzar Nagusien Lehendakari naizenez, AKEk, Arabako Kontzeju Elkarteak, antolatutako mintegi honi amaiera emateko ohorea dut. Mintegia ezinbesteko hitzordu bihurtu da geure egutegietan. Kasu honetan, aztertzeko, hausnarketarako eta eztabaidarako gaia “Arabako Mendi Publikoak: baliabide estrategikoa geure herrien etorkizunerako� da. Bi egun hauetan gurekin izan ditugun zenbait adituk gure kontzejuek duten eskumen garrantzitsuenetako batez hitz egin digute: mendi publikoek osatzen duten ondare publikoa. Arabako eskualde eta herri guztietan egiaztatu dute, inguruko beste lurralde batzuetan gertatu den bezala, azken hamarkadetan izugarrizko aldaketak jasan dituztela. Horrela bada, mendi horien eta beste herri-lur batzuen funtzioek eta erabilerek aldaketa horietara egokitzeko beharra izan dute. Baso-ustiaketan eta nekazaritzan batez ere oinarritutako aprobetxamenduen aurrean, orain aisialdiarekin eta denbora librearekin edo Natura-eremuaz gozatzearekin lotuta dauden beste jarduera batzuk nabarmentzen dira. 181


ARABAKO MENDI PUBLIKOAK: BALIABIDE ESTRATEGIKOA GEURE HERRIEN ETORKIZUNERAKO

Aldaketa geldiezin horrek entitateei behartzen die, bereziki Kontzejuei, zenbait oreka bilatzera, alde batetik, eremuaren berezko ezaugarriak eta biziraupen ekonomikorako ohiko moduak gordetzearen eta, beste alde batetik, garapenaren, azpiegitura berrien eta bizimodu berrien beharraren artean. Hori dela eta, oso garrantzitsua da jardunaldi honen bidez landu ditugun hainbat alderdi ezagutzea: Arabako mendien antolaketa eta kudeaketaren aurrerakin historikoak, mendiei buruzko legeria, ohiko aprobetxamenduak, herri-komunitateen oinarrizko baliabide gisa mendien duten gaitasuna edo nekazaritzaren ekonomikoaren krisia. Eta ez dut amaitu nahi, urtero hitzordu honetan egiten dudan moduan, Kontzejuen lanari buruzko aipamen berezia egin gabe, hiritarrengan harreman estua dutelako ikuspegi bikoitzetik: talde-gaietan hiritarrak zuzenean ordezkatzen dituztelako, eta zerbitzu publikoak emateko hurbilago duten organoa delako. Ezaugarri administratibo berezi horri esker, udalen, koadrilen eta kontzejuen arteko eskumenkonplexutasun handiko herrialde bitxia gara, horregatik toki entitateen ďŹ nantzaketa-moduan aldaketak egin beharko ditugu, gaur egun ditugun arazoak konpontzeko moduko aldaketak alegia.

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"LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS" _2006

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