Acoa jornadas 2017 by ACOA AKE

J O R N A D A S

Publicaciones anteriores: JORNADAS

Organiza:

Colabora:

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

JORNADAS “RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL”

“EL CONCEJO ALAVÉS ANTE EL SIGLO XXI” 26 y 27/8/2002 SEMINARIO

“LOS CONCEJOS: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SU PATRIMONIO” 15 y 16/1/2004 SEMINARIO

“LA ECONOMÍA Y LOS CONCEJOS ALAVESES” 3/3/2005 SEMINARIO

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS Y COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

“LOS MONTES PÚBLICOS DE ÁLAVA: UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS” 7 y 8/6/2006 SEMINARIO

“LOS CONCEJOS ALAVESES ANTE LA NUEVA NORMA FORAL DE MONTES; LOS PARQUES NATURALES, LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 4 y 5/10/2007 SEMINARIO

“EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS RURALES. ÁLAVA 2008” 19 y 20/11/2008 SEMINARIO

“LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES” 12 y 13/11/2009 SEMINARIO

“LAS ENTIDADES LOCALES VASCAS ANTE SU PRÓXIMA LEY REGULADORA” 21 y 28/10/2010 SEMINARIO

“LA GESTIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO DESDE LA ÓTICA DE LOS CONCEJOS ALAVESES” 20 y 27/10/2011 SEMINARIO

“PATRIMONIO CULTURAL, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO LOCAL” 8 y 15/11/2012 SEMINARIO

“LOS CONCEJOS ANTE LA REFORMA LOCAL” 2 y 3/10/2013 JORNADAS

“ACTIVIDAD ECONÓMICA Y VIDA RURAL EN LOS CONCEJOS DE ÁLAVA” 23/10/2014 JORNADAS

“AUSTERIDAD, DIVERSIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES EN LOS CONCEJOS ALAVESES” 22/10/2015 JORNADAS

“MUJERES EN ÁLAVA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO” 20/10/2016

ELORRIAGA • VITORIA-GASTEIZ • 19 DE OCTUBRE DE 2017

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS Y COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ELORRIAGA

•

V I TO R I A - G A S T E I Z

•

OCTUBRE

2017

JORNADAS “RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS Y COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA” “NATURA 2000 SAREA, KEB ETA HBBE EREMUAK, ALTXOR NATURALA, ERAGINDAKO KOMUNITATEAK ETA KONPENTSAZIO BEHARREZKOAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAN”

Organiza / Antolatzen du ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DE ÁLAVA (ACOA) ARABAKO KONTZEJU ELKARTEA (AKE)

Colaboran / Laguntzen du

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

EDITA: Juntas Generales de Álava IMPRIME: Imprenta de la Diputación Foral de Álava San Miguel de Acha, 7 01010 VITORIA-GASTEIZ DEPÓSITO LEGAL: VI-

JORNADAS “RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS Y COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA” Pág.

Presentación. Pilar GARCÍA DE SALAZAR OLANO, Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial Presentación. D. Javier ARGOTE URZELAI. Presidente de ACOA-AKE La contribución de los espacios protegidos al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. El parque natural de lzki (ÁLAVA). Oihana GARCÍA ALONSO. Doctora. Profesora de la Facultad de Economía Aplicada, campus de ÁLAVA. Universidad del País Vasco. Planificación participativa y gestión concertada en la Red Natura 2000. Santiago Garcia Fernandez- Velilla El papel de los Concejos de Álava en la gestión de los Espacios Naturales: amenazas y oportunidades. José Carlos MARÍN CORRES. Asociación de Concejos de Álava (ACOA AKE). La problemática surgida en relación a las indemnizaciones y compensaciones derivadas de las declaraciones de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. El Programa de Captación Voluntaria de Agricultores en las ZEPA y su crítica. Alfonso JUÁREZ MOTA. Cooperativa de agricultores de la Unidad de Lillo. Las ponencias impartidas por Antonio ARANOA MORENO. Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha. Miguel ANGEL RUBIO GARCÍA. Jefe de sección de Red Natura 2000 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha. Clausura. Pedro Ignacio ELOSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA. Presidente de las Juntas Generales de Álava.

PROGRAMA

Jueves, 19 de octubre de 2017

9:30

10:00

10:45-11:15 11:15-12:00

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA. Mª Pilar GARCÍA DE SALAZAR OLANO. Ilma. Sra. Teniente Diputado General de Álava y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial. Javier ARGOTE URZELAl. Presidente de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA AKE). La contribución de los espacios protegidos al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. El parque natural de lzki (ÁLAVA). Oihana GARCÍA ALONSO. Doctora. Profesora de la Facultad de Economía Aplicada, campus de ÁLAVA. Universidad del País Vasco. RECESO Gestión participativa. Santiago GARCÍA FERNÁNDEZ-VELILLA. Coautor del libro “Decidir juntos para gestionar mejor. Manual de planificación participativa en áreas protegidas”. Autor de la “Guía metodológica para la elaboración de Planes de Gestión en Lugares Natura 2000 en Navarra”.

12:00-12:30

12:30-13:30

16:00-17:30

17:30 -18:30

18:30

El papel de los Concejos de Álava en la gestión de los Espacios Naturales: amenazas y oportunidades. José Carlos MARÍN CORRES. Asociación de Concejos de Álava (ACOA AKE). Mesa redonda con la participación de los ponentes. Modera: Francisco GÓNGORA CAMACHO. Periodista. La problemática surgida en relación a las indemnizaciones y compensaciones derivadas de las declaraciones de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. El Programa de Captación Voluntaria de Agricultores en las ZEPA y su crítica. Alfonso JUÁREZ MOTA. Cooperativa de agricultores de la Unidad de Lillo. Antonio ARANOA MORENO. Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha. Miguel ANGEL RUBIO GARCÍA. Jefe de sección de Red Natura 2000 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha. Mesa Redonda con la participación de los ponentes y de asociaciones ecologistas, sindi catos agrarios y representantes de ACOA-AKE. Modera: Francisco GÓNGORA CAMACHO. Periodista. CLAUSURA. Presidencia de las Juntas Generales de Álava

PRESENTACIÓN

Pilar GARCÍA DE SALAZAR OLANO, Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

Egun on denoi, eta eskerrik asko jardunaldi honetan parte-hartzeko gonbiteagatik. La jornada de hoy, y mi intervención hoy aquí, me ha dado la oportunidad en los últimos días de detenerme sobre un asunto que afecta a lo más nuclear de nuestro Territorio. Es una inquietud y un deseo compartido encontrar el equilibrio idóneo entre la actividad agrícola, la diversificación económica en zonas rurales, la conservación del medio natural, la protección de nuestra biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la población de las zonas rurales, evitando el despoblamiento y posibilitando el desarrollo rural Hoy nos reúnen aquí todas esas preocupaciones, porque son, creo sinceramente, una parte importante de los problemas reales de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Y quiero que mis primeras palabras sean de autocrítica. Si me permitís, de autocrítica compartida y constructiva. Todavía no hemos sido capaces, nadie, ni instituciones, ni sector agrario, ni la industria, ni asociaciones o movimientos ecologistas, ni los y las vecinas de los pueblos…. nadie hemos sido capaces de hallar ese equilibrio idóneo, no hemos sido capaces de dar esa respuesta con la que todos y todas nos sentiríamos, seguramente no satisfechos plenamente, pero sí de alguna manera identificados. 11

Una Araba verde. Una Araba industrial. Una Araba agrícola. Una Álava competitiva. Una Álava sostenible. Una Álava cohesionada… Todos estos adjetivos son propios de nuestro Territorio. No sobra ninguno. Me resulta imposible renunciar a ni uno solo. Y sin embargo, en muchas ocasiones, se nos antojan irreconciliables. Pues bien… es ahí donde tenemos el gran reto. A nuestra generación nos corresponde hacer conciliar todas esas fortalezas de Araba que he enunciado, porque esa es la Araba que dejaremos como legado a nuestros hijos e hijas. Podríamos interpretar esta responsabilidad como un desafío, como una amenaza. Yo prefiero verlo como una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque creo, francamente, que las alavesas y los alaveses somos una comunidad privilegiada, por la tierra que pisamos, que cultivamos, que pastamos, que protegemos, que conservamos… en definitiva, por la tierra que habitamos. Este espacio geográfico de 3.000 km2 llamado Araba, tiene el 68% de su superficie protegida bajo figuras de Protección Ambiental. El 27% está considerada espacio natural protegido. Contamos con 29 espacios protegidos por la RED EUROPEA NATURA 2000, 5 parques naturales y 4 humedales protegidos por el convenio internacional RAMSAR. Así, 4 de los 6 humedales RAMSAR existentes en Euskadi se sitúan en Araba. No cabe duda, de que todas estas calificaciones reflejan que la población alavesa ha sabido cuidar y gestionar su patrimonio natural durante siglos. Sin duda, han sido las personas que han habitado nuestros pueblos, los agricultores y agricultoras, los ganaderos y ganaderas y vecinos y vecinas en su conjunto, los que nos han dejado en herencia esta riqueza y la obligación, a la vez, de preservarla. También es el reflejo de que hoy en día la sociedad alavesa tiene una especial sensibilidad hacia su entorno natural. Es nuestro deber preservar todo este capital natural porque además de su valor patrimonial, nos aporta alimentos y agua de calidad; absorbe los gases de efecto invernadero; reduce los efectos de eventos meteorológicos extremos como las inundaciones o las olas de calor; permite que nos adaptemos mejor al cambio climático; y nos proporciona momentos y espacios para la salud, el ocio o el recreo. Al mismo tiempo, Araba tiene cerca de 65.000 hectáreas de suelo agrícola cultivado, repartidas en cerca de 3.500 explotaciones. La producción agraria total (agrícola, forestal y ganadera) es la más pujante de Euskadi. En Araba ha crecido un 3,9% frente al 0,8% para el conjunto de la CAV. No quiero extenderme en los datos… 12

Nuestras agricultoras, nuestros ganaderos, los forestalistas, los jóvenes que se incorporan al sector, de ellos depende no sólo la producción de alimentos, sino la vida misma de nuestros pueblos. El objetivo es mantener un mundo rural vivo, habitado de lunes a domingo, activo e innovador respecto a sus actividades tradicionales. La ganadería extensiva de pastos montanos, la agricultura ecológica, el turismo de naturaleza, los equipamientos y servicios asociados son algunos ejemplos de esas apuestas innovadoras. Y no podemos dejar de mencionar nuestros montes. Los montes de utilidad pública son una seña de identidad de Araba y debe ser responsabilidad y compromiso del conjunto de la sociedad alavesa mantenerlos, combinando aprovechamientos y conservación. Estas actividades que acabo de mencionar y otras que también aportan desarrollo económicosostenible a nuestros pueblos, pueden y deben convivir en armonía con las diferentes formas de protección de nuestro espacio natural, complementarse y beneficiarse mutuamente en nuestro Territorio. En esta tarea, los Concejos y las Juntas Administrativas son un agente clave. Los Concejos representáis esa realidad compleja que he intentado describir de búsqueda del equilibrio idóneo. Formáis parte de esos espacios naturales, sois parte de su esencia. Sois, en muchos casos, propietarios, responsables y cogestores de esos espacios. También sois conscientes de la importancia de conservar dichos espacio, pero al mismo tiempo, conocéis y sufrís muchas consecuencias y limitaciones en el desarrollo de los usos y formas de hacer seculares, que por cierto han contribuido a construir y moldear estos paisajes y ecosistemas que hoy son objeto de protección. Sois en definitiva, institución y población al mismo tiempo. Por todo ello, quiero hacer un reconocimiento a los Concejos y las Juntas Administrativas, y reivindicar su papel y participación en los procesos de declaración y de gestión de los espacios naturales protegidos. Voy terminando. Araba no es ajena a los fenómenos globales. Los grandes movimientos migratorios evidencian a nivel mundial un nuevo éxodo rural a las ciudades, provocando grandes concentraciones de personas, despoblamiento, desarraigo… En cambio, nuestro Territorio nos ofrece la posibilidad de vivir en el entorno rural y muchas familias alavesas han elegido este entorno para desarrollar su proyecto de vida, personal y profesional, crear una familia…. Personas comprometidas con nuestros pueblos, que los mantienen vivos y que cuidan nuestro entorno rural, los espacios naturales, nuestro Territorio. Desde aquí mi reconocimiento. Sé que en muchas ocasiones no os sentís bien tratados, ni suficientemente 13

escuchados y que las limitaciones, que a veces os llegan de manera sobrevenida, os ponen en situaciones difíciles. Hoy vamos a tener oportunidad de hablar sobre todo ello. Para superar las dificultades, esas situaciones difíciles, lo mejor es sin duda conocerlas, identificarlas, mirarlas y analizarlas de manera compartida y colaborativa. Encuentros como el de hoy amplían la mirada sobre el camino a seguir para hallar ese equilibrio, ese desarrollo sostenible, de nuestros pueblos y del entorno rural. Un equilibrio, seguramente imperfecto, pero en el que todos y todas tengamos cabida y nos sintamos a gusto. Hagamos el esfuerzo de acercarnos. De colaborar, de cooperar y estaremos más cerca de lograr el objetivo. La jornada de hoy es una oportunidad para ello. Eskerrik asko.

Javier ARGOTE URZELAl. Presidente de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA AKE).

MONTE PÚBLICO Y CONCEJOS ALAVESES. UN BINOMIO NECESARIO De todos es conocida la estrecha vinculación de los montes alaveses a la vida de los concejos. Así nuestras comunidades más pequeñas, solas o agrupándose en Parzonerías, Ledanías, Sierras, etc. han conseguido que este recurso esencial para la supervivencia de antaño haya llegado hasta hoy con unas cualidades que nos permiten augurar que van a servir para el sostenimiento de las futuras generaciones que habiten nuestros pueblos, así como de las Instituciones que los administran. No podemos obviar que lo que hoy disfrutamos es fruto del interés en la conservación de este recurso por parte de los Concejos, los cuales han sabido poner los fines comunes del monte por encima de los intereses estrictamente económicos que su uso y aprovechamientos podían comportar. Es indiscutible, que gracias al particular modelo administrativo alavés, con los Concejos como titulares y administradores de los montes públicos, estos han conservado, sin grandes estridencias, una gran parte del medio natural. Los cambios tanto económicos como sociales de nuestra sociedad en el pasado siglo, parecía que la técnica iba a sustituir a la naturaleza, produjeron una transformación en la relación de los pueblos con el monte, con un progresivo abandono. Posteriormente, 15

la aparición del concepto del Medio Ambiente, que debería haber servido para afianzar y volver a esa relación Concejo-Monte, está sirviendo, sin embargo, de paraguas a las Administraciones mayores, que con la excusa de una mejor conservación, se van arrogando competencias en detrimento de los pueblos, propietarios y gestores, creemos que con buena nota en el mantenimiento de medio (medio ambiente). Además, y desde esas mismas administraciones, y en beneficio de la comunidad (ciudad) se están fomentando nuevas modas, en las que el uso del monte para el disfrute del ocio y del tiempo libre parece primar sobre los usos seculares. Frente a este “entente cordiale” que ha existido entre nuestros pueblos y el monte, que ha permitido y debe permitir en el futuro el desarrollo de nuestros pueblos y la sostenibilidad de los recursos naturales, se está fomentando, de una manera creemos que abusiva, el uso del monte como lugar de esparcimiento de los urbanitas, lo que está provocando una sensación de imposición e invasión. Los montes de los concejos alaveses producen, además de recursos económicos (madera, pastos, roturas, caza, setas,…), generan además bienes medioambientales (conservación de la biodiversidad, control de la erosión, regulación del régimen hídrico,…) y cubren servicios sociales (culturales, recreativos,…), cuestiones estas dos últimas no monetarizadas, pero que nadie pone en duda que reportan indudables beneficios a la sociedad alavesa. La exploración de estos beneficios sociales no cuantificados puede representar un aumento en el peso de los bienes patrimoniales forestales en el conjunto de los ingresos concejiles. De la misma forma, es necesario cuantificar las posibilidades que la biomasa ofrece gracias a las nuevas técnicas de explotación. Las mejoras que se introduzcan en su manejo y gestión redundarán sin duda en la creación puestos de trabajo que afiancen la población en nuestros pueblos, con lo que el monte volvería a tener el protagonismo y valor que en los últimos tiempos ha perdido. La posesión de patrimonio forestal esta muy diseminada al ser los concejos propietarios individuales del mismo. Es necesaria la creación de uniones interconcejiles de patrimonio forestal de forma que podamos defender intereses comunes, con criterios técnicos, económicos y sociales de forma que puedan dar continuidad en el tiempo a los ingresos patrimoniales, tal vez en una cuantía menor pero estable en el tiempo. Estas agrupaciones, pueden ser el punto de partida para la contratación de personal técnico propio que redunde en un incremento de la participación de los concejos en la planificación y gestión de sus montes, que por otro lado llevaría a los concejos a poder defender sus intereses tanto ante la tutela técnica de la administración foral, como ante la fuerte intervención autonómica (declaración de espacios protegidos, planes de energía eólica,…). La unión interconcejil en materia forestal servirá para hacer valer los derechos que les corresponden como sector mayoritario en la propiedad forestal además de poder enfocar los múltiples aprovechamientos generados por los montes públicos sin los condicionantes impuestos por las limitaciones territoriales de los términos concejiles concretos. La realidad es que se sigue considerando a las comunidades vecinales (concejos) como entidades incapaces de gestionar sus propios bienes, como menores necesitados de un tutor 16

que les diga, sin equivocarse nunca, lo que les conviene y lo que deben hacer. Se ha arrancado a los concejos la administración de sus bienes comunales y se les ha acostumbrado a dirigirse a la Administración mayor en actitud humilde y mendicante, con lo que al cabo de tantos años de incapacitación, ahora nos sorprendemos de la debilidad de sus iniciativas. Hay que volver a dar a los concejos su autonomía, veremos que pronto recobran su músculo y sus ganas de actuar y decidir.

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES. EL PARQUE NATURAL DE IZKI (ÁLAVA). OIHANA GARCÍA ALONSO Doctora. Profesora de la Facultad de Economía Aplicada, campus de ÁLAVA. Universidad del País Vasco.

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

1. UN POCO DE HISTORIA: LOS BOSQUES DE IZKI COMO RECURSO TRADICIONAL PARA LAS COMUNIDADES LOCALES En la cornisa cantábrica los montes y bosques tuvieron desde tiempos ancestrales una función predominantemente productiva como recurso fundamental en un sistema agroganadero tradicional en el que la provisión de pastos, madera, abono y leña era un complemento importante para las explotaciones familiares de autoconsumo. Estos bosques se gestionaron desde tiempos inmemoriales como un recurso común, es decir, se consideraba que todos los vecinos tenían derecho al uso de los mismos, y se regían desde tiempos remotos por instituciones locales que establecían una serie de reglas comunes dirigidas a priorizar los intereses colectivos de las comunidades locales. Al igual que en gran parte de la provincia alavesa, los montes de Izki cumplían para las comunidades locales una función muy relevante. Las pequeñas poblaciones situadas en su entorno se rodeaban de tierras de labor propiedad particular de cada vecino, mientras que los recursos de la masa boscosa (miel, caza, pastos, hoja seca, bellotas, agua, suertes de leña, madera) eran aprovechados de manera comunal por las economías de subsistencia. De hecho, es el bosque y no el valle, el elemento social aglutinador de estos pueblos, al inducir similares mecanismos de supervivencia entre los pueblos que lo circundan y favorecer las relaciones vecinales (Martín y del Villar, 2005:213). Los montes de Izki se dividieron hasta el siglo XIX en dos comunidades de uso compartido, Izki Bajo e Izki Alto, regidas por sendas Juntas formadas por los miembros representantes de los concejos integrantes. Las funciones de los junteros o alcaldes montaneros consistía en velar por el uso correcto y buen aprovechamiento de los recursos comunes de Izki. Las ordenanzas aprobadas en las Juntas eran de obligado y estricto cumplimiento y estaban encaminadas a la conservación de los montes por el bien común para la provisión sostenible de energía, comida y refugio. Aquellas generaciones fueron conscientes de que debían asegurar la persistencia de las masas boscosas, aliándose y aplicando medidas comunes con respecto al control del fuego, la carga ganadera, el aprovechamiento de leña, etc. 21

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

“Yten ordenamos que quoando alguno allare enxambre en los dichos nuestros montes, señalando el arbol donde estubiere con una señal de la cruz. Nadie se atreba a sacar y llebar desde el dia de Sanct Juan Baptista asta Sanct Miguel Arcángel so pena de seis cientos maravedis”. Ordenanzas de 1561 de la Comunidad de Ezkerra (Izki Alto) (González Salázar, 2005:148). La Política liberal que caracterizó a Europa desde mediados del s. XVIII y durante todo el siglo XIX, empujó a que se produjera un despojo general de los bienes comunales, al que no escaparon muchos de los ubicados en el País Vasco. Partiendo de la creencia de que la propiedad privada era la manera más eficiente de explotar los recursos naturales, la política predominante facilitaba la privatización de los bienes públicos y comunales, a través de leyes desamortizadoras. Por fortuna, este proceso no llegó a afectar a Izki, ya que al igual que una gran parte de los montes alaveses, se logró declarar el monte como de “Utilidad Pública” en 1909. Al considerarse sus valores ambientales (forestales) y su uso comunal (pastos) relevantes para el conjunto de la sociedad, se permitió que este monte quedara al margen de las leyes desamortizadoras que pretendían enajenarlo a menos privadas. Para esa fecha, los pueblos de los alrededores de Izki ya no conformaban una mancomunidad, al haber decidido repartir sus bosques. De hecho, en 1859, la Diputación Foral de Álava abolió las comunidades de montes con objeto de fomentar y conservar el arbolado (Garayo, 1991), manteniéndose solamente los pastos como el único recurso común competencia de las Juntas, al menos un siglo más hasta el cierre de los mismos. La catalogación de los montes de Izki como Montes de Utilidad Pública consagró la patrimonialización municipal del bien comunal, ya que se exigió que se inscribiera como propiedad de las villas, lo que supuso la pérdida definitiva de la propiedad para el “común de los vecinos”. Desde el momento en el que Izki pasó a formar parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, se asume que este territorio debe preservar su función pública, primando no sólo los aspectos económicos, sino también los aspectos ecológicos y sociales en sus formas de explotación. Esta función social se llevó y aún se lleva a cabo a través de la tutela, tanto en los usos forestales como ganaderos, de la administración forestal, en concreto de la Diputación Foral de Álava. Los ingenieros de montes comenzaron a intervenir activamente en la gestión de los recursos antes comunales, promoviendo planes de ordenación e imponiendo criterios técnicos de conservación del arbolado y de uso ganadero, una intervención que sigue vigente hoy en día (Alberdi, 2003). 2. LA REVALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE IZKI En las últimas décadas del siglo pasado dos corrientes van a afectar a la gestión de los terrenos del Parque Natural de Izki y van a ser claves para definir su situación actual: el inicio de la política de espacios protegidos en el País Vasco y simultáneamente, el despegue paulatino de las políticas de desarrollo rural en la Unión Europea. 22

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

La declaración de espacios protegidos tomó una creciente relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, las áreas protegidas que se extienden por los cinco continentes son más de 200.000, y cubren aproximadamente el 15% de la superficie del planeta (UNEPWCMC-IUCN, 2016) No sólo se ha producido una enorme expansión de la superficie protegida en las últimas cinco décadas. También la planificación y gestión de las área protegidas ha ido variando a la par que lo ha ido haciendo la concepción del medio ambiente, el territorio y el desarrollo humano. En el enfoque actualmente dominante, las áreas protegidas se contemplan como un instrumento para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Manifestaciones como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono y otros problemas de alcance global han contribuido a que se tome conciencia de la insostenibilidad del modelo de desarrollo adoptado por la mayor parte de las sociedades del planeta y han empujado a actuaciones públicas a favor de la preservación de la vida en la tierra, entre ellas el establecimiento de espacios protegidos. Al mismo tiempo, las áreas protegidas se conciben en esta nueva visión como un instrumento susceptible de contribuir a los objetivos de ordenación territorial y de desarrollo rural. Las estrategias clásicas de conservación de la naturaleza, que consideraban exclusivamente dimensiones naturales en la planificación y manejo de los espacios protegidos, no han obtenido los resultados previstos, entre otras cuestiones por haberse obviado recurrentemente los intereses de las comunidades rurales que en ellos se asientan. En Europa el principal reto al que se enfrentan las políticas europeas de protección de espacios es la compatibilización entre la protección a la naturaleza y el uso del territorio por parte de las comunidades rurales y del resto de la sociedad. En el continente europeo los espacios protegidos han sido declarados como tales por contar con valores naturales dignos de ser preservados, pero en su mayor parte son espacios fuertemente humanizados, cuyas funciones económicas, sociales y culturales también han de ser mantenidas y potenciadas. Precisamente, la puesta en valor de estas funciones de las zonas rurales y de montaña, en las que se ubican la mayor parte de los espacios europeos, ha supuesto una evolución conceptual que ha incrementado durante las últimas tres décadas el protagonismo de las políticas de desarrollo rural, que se han erigido como un complemento fundamental de la Política Agraria Común. En un contexto de excedentes agrícolas, creciente globalización y riesgo de abandono de muchas explotaciones agropecuarias, las actuales políticas europeas de desarrollo rural inciden especialmente en el papel multifuncional del mundo rural, revalorizando las actividades agropecuarias y forestales y reconociendo que el mundo rural, además de ofrecer funciones productivas, juega también un papel fundamental en la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de ciertos valores sociales y culturales.

2.1.- El proceso de declaración del Parque Natural de Izki La intensa industrialización que durante el siglo XX caracterizó a gran parte del territorio del País Vasco no había afectado prácticamente al entorno del Parque Natural de Izki. Mientras ganaba protagonismo la vocación agrícola de la comarca, la importancia productiva del bosque 23

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

inició un claro retroceso. La segunda mitad del siglo XX supuso un periodo de regeneración forestal natural en los bosques de Izki, ya que el abandono de los pueblos supuso una menor necesidad de madera y leña y una disminución notable de la carga ganadera extensiva, reduciendo de manera considerable la presión humana sobre el bosque. La importancia de las formaciones vegetales autóctonas, la diversidad de hábitats y la variedad botánica y faunística del entorno de los montes de Izki propició que ya en los primeros pasos de la política de protección de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco los poderes públicos priorizaran la conservación de esta zona forestal. La figura principal elegida para proteger los espacios vascos fue, al igual que en muchas comunidades autónomas españolas, la del Parque Natural, una categoría flexible que incorpora como uno de sus objetivos principales, junto con la protección de sus valores y el uso público, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. De hecho, la política de protección del medio natural del País Vasco surgió basándose en una filosofía que abogaba por prestar atención a las necesidades de las comunidades locales, cuya satisfacción había sido asumida como necesaria para el éxito de las declaraciones de espacios, al menos conceptualmente. Téngase en cuenta que la política de declaraciones comienza en un contexto ideológico mundial en el que se estaban poniendo en entredicho las posturas aislacionistas y puramente conservacionistas del protección. Además, la estrategia de declaración de espacios protegidos estuvo en la Comunidad del País Vasco vinculada en sus inicios a la política de desarrollo rural, definida por un amplio grupo de agentes sociales e institucionales y protagonizada por los departamentos de agricultura de las instituciones competentes, dedicados también a solucionar los estrangulamientos estructurales que dificultaban el desarrollo de las áreas rurales e inmersos a finales de los años 80 en una profunda reflexión sobre el papel del mundo rural. En el momento en el que se inicia el proceso de declaración del Parque Natural de Izki, de hecho, la dinámica social y económica de la comarca en la que se ubica este parque era muy preocupante. La Montaña Alavesa había sufrido un fuerte éxodo rural que había provocado una reducción notable de la presencia humana en el territorio. Tanto es así que en la década en la que se propuso la declaración del Parque, los años 90, sólo residía en la comarca un 41% de los habitantes de mediados de siglo. Con densidades de población cercadas al despoblamiento y una población envejecida, masculinizada y con escasa formación, las iniciativas locales de dinamismo económico eran prácticamente nulas y muy especialmente, se percibía un sentimiento de pesimismo generalizado con respecto al porvenir futuro de los pequeños pueblos alaveses más alejados de la capital. El proyecto del Parque Natural de Izki se presentó a la población local como una alternativa para la generación económica. La regulación propuesta en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) no implicaba prácticamente limitaciones a las actividades tradicionales que utilizaban los recursos del Parque. La gestión del espacio, en tanto que Monte de Utilidad Pública, ya recaía desde hacía décadas prácticamente en la Diputación Foral de Álava (gestora de los 24

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

espacios protegidos de su territorio) y más aún, la declaración abría la esperanza de cambio hacia una diversificación de la economía agropecuaria tradicional, gracias a la expectativas de desarrollo turístico vinculadas con los potenciales visitantes atraídos por la figura de protección. Sin embargo, la población local se mostró desde el inicio discrepante con el proyecto de protección. Existía el temor a limitaciones de usos que hipotecaran aún más el desarrollo socieconómico en una zona muy desfavorecida social y económicamente y consideraban la declaración un intrusismo de las administraciones regionales. Las numerosas reuniones mantenidas con los representantes de los 13 concejos afectados por la declaración no impidieron que éstos mostraran su disconformidad con el proceso de información pública ni mejoró la imagen del órgano gestor entre las administraciones locales, que no llegaron nunca a tener confianza con el proyecto de protección. Sin embargo, la inexistencia de alternativas de desarrollo socioeconómico y la constatación de que la decisión de proteger el área ya estaba tomada por instancias superiores favorecieron que la mayor parte de la población local fuera progresivamente aceptando la declaración de Parque Natural. Esta aceptación “pasiva” fue debida en parte debido a las promesas de inversiones del órgano gestor y por otra parte algo lógico si se tiene en cuenta el escaso tejido social con el que cuenta la zona, que impidió la constitución de una oposición al proyecto bien informada y organizada. Así, el 31 de marzo de 1998 el Gobierno Vasco aprobó el PORN y simultáneamente declaró el Parque Natural de Izki, convirtiéndose así en el tercer Parque Natural de la provincia alavesa y el sexto del País Vasco. La temprana aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG, en 2000), sin apenas alegaciones, permitió que el Parque contara rápidamente con las herramientas básicas de ordenación y gestión. Excepto el pequeño pueblo de Korres, en donde hay algunas propiedades privadas, el resto del territorio (97%) es propiedad de las 13 Juntas administrativas, al tratarse de Montes de Utilidad Pública. En general, y dado que en estos montes la Diputación Foral de Álava ya contaba anteriormente con importantes atribuciones en la planificación y gestión del territorio, la declaración del Parque Natural no supuso en materia normativa prácticamente más limitaciones que las que ya estaban establecidas en las normas sectoriales que regulaban estos montes. Si acaso se garantizó con más celo el cumplimiento de las normas, y se estableció un control de accesos, que si bien fue muy contestado por la población local en sus inicios, no supuso limitaciones relevantes. 3. LA INFLUENCIA DEL PARQUE NATURAL DE IZKI EN SU ENTORNO SOCIOECONÓMICO En este apartado nos disponemos a evaluar qué consecuencias ha tenido la declaración del Parque Natural para las comunidades locales. Para ello, se han consultado diversas fuentes (estadísticas, informes, memorias de gestión, etc.), y se ha completado esta documentación con una serie de 33 entrevistas a gestores, comunidad local y negocios turísticos, que se realizaron tras 25

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

haber transcurrido diez años de la declaración (en 2008). Para el análisis socioeconómico se ha considerado relevante tener en cuenta los tres municipios que aportan terrenos al parque (ArraiaMaeztu, Bernedo y Campezo), los cuales constituyen el Área de Influencia Socioeconómica (AIS) del Parque Natural de Izki a) Una población que no consigue remontar La extremadamente baja densidad de población de la zona que era característica antes de la declaración persiste hoy en día en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural de Izki. Lo cierto es que el proceso de regeneración del capital humano está siendo una tarea muy difícil de conseguir y los agentes entrevistados creen que las condiciones vida de los habitantes no se han visto prácticamente influenciadas por la declaración del Parque Natural de Izki.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a gestores, comunidad local y negocios turísticos (García, 2009)

A diferencia de otras zonas rurales alavesas, el entorno de Izki no ha conseguido superar la tendencia poblacional regresiva, y de ningún modo el Parque Natural se ha convertido en un factor dinamizador que ayude a fijar población rural. De hecho, en la comarca de la Montaña Alavesa, a la que pertenecen los tres municipios afectados, el relevo generacional no está garantizado, al seguir estando la población muy envejecida, presentar un crecimiento vegetativo negativo y altas tasas de masculinidad aun tras varias décadas de aplicación de programas de desarrollo rural ( Gobierno Vasco PDR Montaña 2015-20). 26

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Evolución poblacional en números índices del Parque Natural de Izki 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00

1996

2000

2005

2007

AIS del PN de Izki

Municipios rurales de Álava

Valles Alaveses

Korres

2016

Fuente: EUSTAT y Nomenclator INE

b) La inapreciable influencia del Parque en los negocios del entorno El desarrollo de las actividades turísticas vinculadas a la satisfacción de las necesidades de los visitantes a los espacios protegidos es una de las transformaciones más frecuentemente experimentadas por los entornos de influencia de los mismos. Sin embargo, en Izki, al analizar la evolución del número de establecimientos, tasas de empleo y tipos de infraestructuras turísticas y actividades comerciales se constata la muy escasa influencia del Parque Natural. La escasa y envejecida población, el reducido tejido social y la ausencia de actuaciones públicas que priorizó en sus inversiones iniciales ( ya de por sí muy reducidas) el uso público sobre la promoción y dinamización social y económica, han provocado que la población local no perciba efectos prácticamente en su entorno. El aumento en el número de visitantes fue muy paulatino durante los primeros años, pero a lo largo del tiempo ha pasado de una estimación de 10.000 visitantes en 2002 a casi 50.000 en 2016. Sin embargo, este incremento no ha provocado prácticamente la apertura de negocios que den servicios a los mismos. La oferta turística y comercial en la zona sigue siendo escasa y poco estructurada. Además, el débil tejido productivo local tampoco facilita que el parque genere efectos inducidos positivos en la zona en términos de rentas y empleos. Además, en la zona no existen prácticamente empresas relacionadas con las actividades de mantenimiento que requiere la gestión del parque natural (trabajos forestales, realización de informes técnicos, señalética, creación de infraestructuras…) y por lo tanto, pese a que ha

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

Establecimientos de hostelería por mil habitantes en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural de Izki 30 25 20 15 10 5 0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arraia-Maeztu

Bernedo

Campezo/Kanpezu

Fuente: EUSTAT

habido tímidos intentos para que sea la población local la beneficiada por esos empleos creados, la práctica totalidad de servicios y empleados se contratan externamente. Todo ello permite concluir que la economía del entorno de Izki no se ha especializado en la atención de las necesidades de los visitantes al Parque Natural ni su población se ha vinculado en términos de empleo en nuevas actividades, lo que ha impedido superar el recelo inicial de la población. Se percibe entre los agentes locales una sensación de que les predispone negativamente ante nuevas propuestas, lo cual dificulta todavía hoy en día enormemente la gestión. c) Los grupos perjudicados y beneficiados por el parque Los servicios que los espacios protegidos ofrecen a la sociedad y los costes de su provisión no se distribuyen generalmente de forma equitativa. La población local puede llegar a soportar una parte sustancial de los costes de gestión de un área protegida, siendo especialmente relevantes los costes de oportunidad si se restringen sus actividades tradicionales sin establecerse compensaciones. Además, los hipotéticos efectos positivos de la protección ambiental para estas comunidades no siempre se materializan. Más aún, en caso de generarse beneficios, estos no garantizan una compensación a los grupos locales más perjudicados, lo que ha provocado profundos conflictos en muchas áreas protegidas del planeta. Las comunidades locales suelen percibir en general los proyectos de protección como una intrusión en sus derechos y un perjuicio para sus intereses. Y consecuentemente muestran una clara oposición a los mismos. 28

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En este apartado se reflejan sobre todo las opiniones de los diferentes agentes sociales afectados e implicados en el Parque Natural de Izki. Estas opiniones corresponden a la información trasmitida por tres tipos de agentes: expertos (11 entrevistas), ganaderos y representantes de las Juntas ( 5 entrevistados) y negocios turísticos (16 establecimientos del entorno), que fueron entrevistados en el año 2008, transcurridos diez años desde la declaración del Parque. Dos terceras otra tercera parte eran (normalmente vinculada a la parte gestión administrativa) partes de los entrevistados locales, mientras que otra tercera (normalmente vinculada se consider a la locales. gestión administrativa) se consideraron no locales.

Fuente: Elaboración propia (García, 2009)

Grupos beneficiados y perjudicados por Grupos beneficiados y perjudicados por la declaración del Parque Natural de Izki

la declaración del Parque Natural de Izki

10 5 0 5 10 15

10 5 Visitantes y turistas Juntas 0 Administrativas Visitantes y Juntas propietarias

turistas Administrativas

Ganaderos propietarias

10 15

Perjudicados

Negocios turísticos

Ganaderos

Otros

Negocios Cazadores turísticos Habitantes del entorno en general

Cazadores

Beneficiados Otros

Perjudicados Beneficiados

Habitantes del entorno en general

Fuente: Elaboración propia (García, 2009)

Fuente: Elaboración propia 2009)que es percibido por haber recibido beneficios En general, podemos decir que(García, el único grupo por la declaración han sido los visitantes y turistas. El resto de los agentes o grupos de interés son

En general, podemos decir que el único grupo que es percibido por haber recibido be 29 por la declaración han sido los visitantes y turistas. El resto de los agentes o grupos de son percibidos, en función de si las opiniones son de agentes locales o foráneo perjudicados en algunos sentidos y beneficiados en otros.

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

percibidos, en función de si las opiniones son de agentes locales o foráneos, como perjudicados en algunos sentidos y beneficiados en otros. Costes derivados de la existencia del Parque

Características

Beneficios derivados de la existencia del Parque

––Ayudas extraordinarias ––Gestionan con la Diputación el 97% de ––Más burocracia ––Mayor control por parte de la aportadas para acometer los terrenos del Parque ––Escasa rentabilidad forestal guardería obras e infraestructuras ––Participan en el patronato pero sin in- ––Pequeñas molestias derivadas beneficiosas para el uso volucrarse suficientemente de las infraestructuras cons- público y la conservación ––Escasas fuentes de ingresos truidas que para los regidores ––Compensaciones por las locales representan costes limitaciones de uso para ––Poca cooperación entre los concejos ––Reducida capacidad de gestión y falta de oportunidad elevados en Marqulnez y Quintana de dinamismo en la búsqueda de ini- términos de tiempo no retri- (fuente de ingresos imciativas de promoción socioeconómica. buido. portante). ––Algunas zonas no son hábiles para el ganado. ––Molestias de los visitantes (puertas abiertas, perros, etc.). ––Requisitos especiales para la construcción de cobertizos, que reducen su utilidad y pueden incrementar su coste. ––Limitaciones para otorgar permisos de construcción para nuevas instalaciones ganaderas en terrenos privados y en de Protección.

––Construcción de infraestructuras (con objetivos ambientales y recreativos). ––Se han acometido algunos desbroces y creado pastizales. ––Mejora notable de la accesibilidad por las pistas y caminos. ––Mentalización de la necesidad de realizar una adecuada gestión ganadera

Negocios turísticos

––Pastoreo extensivo, que contribuye a la conservación del medio natural. ––Escaso número de ganaderos, de edad avanzada y con escasas perspectivas de relevo. ––Dependencia de las ayudas públicas. ––Escasa adaptación a los cambios de gestión requeridos ––Representados en el Patronato ––Poco organizados

––Muy escasos en el Área de Influencia ––Existen ciertas limitaciones ––Reducido incremento de Socioeconómica, sin apenas perspec- para la organización de even- las rentas vinculadas a los tivas de crecimiento. tos y actividades recreativas gastos de los visitantes al ––Actividades tradicionales y poca capa- innovadoras en terrenos pro- PNI. tegidos. ––Utilizan el PNI como recidad innovadora. ––Muchos de ellos abiertos a principios curso de promoción, “vende los años 90 gracias al apoyo de las den Parque” ayudas al desarrollo rural. ––La obtención de rentas no depende sustancialmente de los visitantes al Parque.

Población local en general

Ganaderos

Juntas Administrativas propietarias

STAKEHOLOER LOCAL

––Desilusión y escepticismo con respecto ––Mayor control de la actividad ––Revalorización local del a los efectos del Parque Natural en la cinegética. medio natural. economía local. ––Prohibición efectiva de acce- ––Apertura, gracias al trader en vehículo por pistas y siego de visitantes, a ––Escasa formación e iniciativa. ––Reticencia a cambios de gestión y al caminos. nuevas gentes y mentaliincremento del control de actividades ––Limitaciones ante propuestas dades. en terrenos comunales. de cambios de usos en fincas ––Reducida participación en las activida- privadas del Parque y en la des organizadas por el Parque. Zona Periférica de Protección. ––Escasa vinculación de los habitantes locales con el Parque.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a gestores, población local y negocios turísticos (García, 2009)

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En la tabla anterior se resumen los grupos locales de interés más afectados, sus características y los efectos positivos y negativos que el espacio protegido ha tenido en sus actividades y en sus modos de vida. En general, la influencia del Parque es escasa, a excepción de algunos casos muy concretos y sus efectos su van diluyendo conforme nos alejamos de los trece concejos propietarios de los terrenos protegidos. Curiosamente, la principal preocupación expresada en las entrevistas por los pobladores locales fue la propuesta de establecer un sistema detallado de control de accesos. Los costes económicos de esta limitación son irrelevantes, pero socialmente se ha constataba, incluso diez años tras la declaración, un rechazo frontal al control exhaustivo del tránsito rodado. Este conflicto refleja el intenso sentimiento local de propiedad sobre el bosque de Izki. d) El desarrollo vinculado al Parque Natural: una retórica difícil de materializar En las últimas tres décadas se han detectado avances relevantes en relación a la inclusión de los objetivos socioeconómicos en los espacios protegidos de España y el País Vasco: se declaran áreas de influencia socioeconómica, se propone la elaboración de planes de desarrollo socioeconómico sostenible, etc. En el Parque Natural de Izki los instrumentos normativos también incluyeron desde el inicio estas consideraciones de índole socioeconómico, por lo que podríamos concluir que el soporte legal con respecto a la compatibilidad entre las necesidades locales y la protección de la naturaleza era, en principio, adecuado en este parque natural. Sin embargo, al igual que en nuestro entorno está resultando realmente complicado hacer operativo el nuevo paradigma en cuanto a la consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico vinculados a las áreas protegidas, se detecta una clara divergencia entre las intenciones teóricas expresadas y la realidad que caracteriza a la gestión diaria del Parque Natural de Izki. El compromiso con los objetivos sociales y económicos es aún muy débil, al adolecerse aún de los instrumentos operativos necesarios para que éstos puedan cumplirse. Tanto Izki como el resto de los parques naturales vascos parecen responder más bien a otras demandas de la sociedad. No es de extrañar, por lo tanto, que los efectos del espacio protegido sobre la estructura económica y social de su Área de Influencia Socioeconómica hayan resultado ser prácticamente imperceptibles. Efectivamente, aunque conservación, ocio y desarrollo son, teóricamente, objetivos de la declaración de los parques naturales vascos, tenemos la impresión que el acento se ha puesto en su función recreativa, que se ha potenciado tratando de que no provoque una merma en la conservación. El principal instrumento de desarrollo concebido para las Áreas de Influencia Socioeconómica de los Parques Naturales, los Programas de Desarrollo Socioeconómico, no se ha llegado a aprobar a día de hoy. Se echan en falta medidas, inversiones y proyectos que concreten y materialicen las intenciones expresadas a nivel conceptual. En general, los compromisos de financiación pública son insuficientes y no es habitual la aceptación y participación generalizada de la población local en la gestión. 31

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

En el Parque Natural de Izki, en concreto, la población local de su Área de Influencia Socioeconómica se muestra desilusionada y escéptica con respecto a la potencialidad del espacio protegido para favorecer una mejora en sus condiciones de vida. Quizá el órgano gestor alentó en su momento unas expectativas de desarrollo demasiado optimistas. Sin embargo, el desarrollo rural del entorno de Izki no ha trascendido, al igual que ha ocurrido en muchas áreas protegidas españolas y vascas, la mera retórica. Lo cierto es que en Izki se partía de una población con escasa formación, tradicionalmente muy aislada y con un reducido espíritu emprendedor. Estas características son compartidas también por la mayor parte de los regidores locales, es decir, por los responsables de Ayuntamientos y Juntas Administrativas. Este escaso capital social ha dificultado las iniciativas privadas de promoción de fuentes alternativas de ingresos vinculadas con las actividades turísticas, e incluso la propia aceptación de la figura de protección y la participación en la gestión. Por otro lado, el órgano gestor dedicó durante los primeros años de vida del parque escasos medios humanos y financieros, sin haber llegado siquiera a planificar una estrategia propia y específica de promoción socioeconómica vinculada al área protegida, pese a que ésta estaba prevista por la legislación. Los puestos de trabajo directos e indirectos generados por la gestión del espacio protegido no son suficientes para favorecer la instalación de nuevos pobladores en el entorno, ni para fijar a los jóvenes de la zona en sus lugares de origen. Más bien el esfuerzo financiero y el acento en la gestión se han concentrado, como suele ser habitual, en el uso público. En definitiva, se hace cumplir la normativa existente, pero se adolece de suficiente voluntad política y de suficiente capacidad emprendedora privada como para hacer del Parque un verdadero instrumento de promoción socioeconómica local. Este objetivo sólo puede lograrse con un decidido impulso de las autoridades públicas competentes a favor de las capacidades emprendedoras de la comunidad local (formación, capacidad innovadora, dinamismo), de tal manera que éstas se conviertan en protagonistas de sus procesos de desarrollo y puedan hacerlos sostenibles en el tiempo. 4. DE LOS PARQUES NATURALES A NATURA 2000: IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA EL MEDIO RURAL ALAVÉS El País Vasco, al igual que otras muchas regiones europeas, se encuentra inmerso en un proceso de intensa transformación de su política de protección de espacios protegidos, derivado de la Directiva de Hábitats. En la actualidad nada menos que un 20,22% del territorio vasco se ha propuesto como Zona de Especial Conservación bajo la red Natura 2000, predominando los espacios forestales interiores de montaña. En relación a otros países europeos, la estrategia de las instituciones vascas ha sido muy ambiciosa. De hecho, en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea, la superficie relativa 32

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

protegida en el País Vasco mediante LIC/ZEC sólo es superada por tres países: Bulgaria (30%), Croacia (28%), Eslovenia (32%) y por la propia España, país que en general también ha optado por una decidida aplicación de la Directiva de Hábitats. % de área terrestre afectada por ZEPA

% de área terrestre afectada por LIC/ZEC

% de área terrestre afectada por Natura 2000

5,60

20,22

20,90

España

20,00

23,26

27,29

Media UE-28

12,38

13,84

18,12

País Vasco

Elaboración propia con datos del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (www.euskadi.net), la Agencia Europea de Medio Ambiente (www.dataservice.eea.europa.eu/dataservice) y Europarc, 2016.

Más de la mitad de la Red Natura 2000 se ha configurado en el País Vasco con espacios ya protegidos en los que existía una regulación específica. Este hecho es lo habitual en nuestro entorno, donde por ejemplo en España también casi la mitad de la Red Natura 2000 se corresponde con alguna otra figura de protección (Europarc, 2016). Por ello, para analizar los efectos de la Red Natura en el territorio vasco quizá deberíamos fijarnos en la aportación “neta” de la misma, es decir, en las nuevas áreas protegidas. Pues bien, observamos que Álava no sólo contiene más del 50% de la superficie protegida vasca Natura 2000 ( reflejo de la óptima conservación de su medio natural), sino que ha sido ésta la provincia sobre la que se ha basado la nueva propuesta de protección, ya que aporta más del 80% de la superficie “nueva” protegida. El hecho de que Álava se sitúe entre dos bioregiones (Atlántica y Mediterránea) y que cuente con una gran extensión de Montes de Utilidad Pública bien conservados, donde la presión sobre los usos del suelo es escasa, ha facilitado sin duda esta configuración. TOTAL NATURA 2000 (Ha.)

Porcentaje

NUEVOS ENP NATURA 2000 (Ha.)

Porcentaje

Álava

80.271

55,25

50.136

80,41

Gipuzkoa

39.994

27,53

7.594

12,14

Bizkaia

25.033

17,23

4.656

7,44

TOTAL

145.298

100

62.532

100

Fuente: Elaboración propia con los datos del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (www.euskadi.net). Nota: Para calcular la aportación neta de la Red Natura 2000 se han considerado exclusivamente los espacios que no habían sido protegidos anteriormente, es decir, se han excluido los parques naturales, biotopos protegidos, Urdaibai y Txingudi.

RED NATURA 2000, ZONAS ZEC, ZEPA, TESORO NATURAL, COMUNIDADES AFECTADAS

La Directiva de Hábitats es rigurosa con respecto a los deberes de conservación. Al contrario que en los Parques Naturales, figuras que responden a múltiples finalidades, el principal objetivo de la red Natura 2000 es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, lo cual implica que los usos tradicionales del espacio (agrícolas, ganaderos y forestales) serán mantenidos siempre y cuando se consideren positivos para la conservación de los hábitats protegidos, pero deberán ser limitados en caso contrario. La distribución de usos de suelo en la Red Natura 2000 en el País Vasco corrobora que la protección de los servicios de los ecosistemas protegidos difícilmente podrá ser promovida si las medidas propuestas no cuentan con el consenso de los usuarios y propietarios de los terrenos. En el País Vasco los espacios incluidos en la Red Natura 2000 dependen en gran medida del mantenimiento de las actividades agropecuarias. Concretamente, el 28% de los LIC/ZEC vascos (36.000 Ha) lo componen hábitats que dependen de las prácticas agrícolas extensivas (pastizales, prados, etc.), un porcentaje mucho mayor que la media europea (17%) (IHOBE, 2006:75), Por ello, las medidas para su conservación deben implicar actuaciones que garanticen los usos agrícolas, ganaderos y forestales tradicionales, aunque siempre con el objetivo prioritario de la conservación, es decir, exigiendo que la actividad humana no suponga ninguna merma en el estado de conservación favorable de hábitats y especies. Por otro lado, y como cabe esperar, la mayor parte de los espacios vascos de la Red Natura 2000 se asienta en zonas desfavorecidas. En la comarca de la Montaña Alavesa, por ejemplo, se han incluido en la Red Natura 29.583 Ha, lo que representa más de la mitad de su superficie, y excepto el Parque Natural de Izki (9.143 Ha), todos son nuevos espacios protegidos, es decir, han sido elegidos en base a los criterios técnicos de la Directiva de Hábitats, sin mediar prácticamente ningún tipo de participación local en dicha elección, y habrán de ser gestionados exclusivamente en función de la mejora de su estado de conservación. En la Red Natura 2000 los propietarios, las comunidades locales, los ayuntamientos y los concejos sobre los que recaerán las consecuencias más directas, se han topado con una efectiva protección de ciertos hábitats, cuyos límites y existencia, una vez aprobados, son difícilmente modificables. Por ello, en nuestra opinión, el desarrollo de la Red Natura 2000 ha supuesto un paso atrás para la incorporación de consideraciones sociales y económicas en la política de protección. La selección de las zonas a proteger se ha basado casi exclusivamente en criterios biológicos y patrimoniales, mientras los compromisos comunitarios de financiación son aún escasos y de incierto futuro. Existe aún una elevada incertidumbre sobre las consecuencias que la Red Natura 2000 tendrá en las comunidades rurales en las que se asienta, y solo articulando medidas compensatorias adecuadas puede evitarse que parte de los costes del establecimiento y mantenimiento de dicha red recaiga en los propietarios y usuarios de la nueva superficie protegida, que en el País Vasco se encuentra predominantemente en manos de ayuntamientos y juntas administrativas, propietarios de los terrenos comunales protegidos. 34

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

El desarrollo de la Red Natura 2000 debería aprovecharse como una oportunidad para inducir a un replanteamiento de la política de protección de la naturaleza que implique, comprometa y coordine actuaciones a favor del desarrollo rural en el entorno de influencia de los espacios protegidos. Un planteamiento que reconozca que la protección ambiental, además de innumerables beneficios, puede acarrear costes a ciertos agentes. Se trata, por lo tanto, de corregir las deficiencias detectadas para evitar un recrudecimiento de los conflictos con las comunidades locales. Unos conflictos que podrían incluso comprometer la efectiva preservación de la riqueza biológica europea. BIBLIOGRAFÍA ALBERDI, J.C. (2004): Usos ganaderos en espacios comunales: actividad básica en la sostenibilidad de los medios de montaña del País Vasco, Sancho el Sabio, 20:11-34. EUROPARC-ESPAÑA (2016): Anuario 2016 Europarc-España del estado de los espacios naturales protegidos. Oficina técnica de Europarc-España. Fundación Fernando González Bernáldez, Madrid. GARAYO, J.M. (1991): Las comunidades de montes en Álava. Narria, estudios de artes y costumbres populares, 53-54:13-22 GARCÍA ALONSO, O. (2009): La contribución de los espacios protegidos al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. Aplicación al parque natural de Izki (Álava). Tesis doctoral UPV/ EHU. https://addi.ehu.es/handle/10810/10379 GOBIERNO VASCO, ADR Izki, HAZI (2016): Programa de Desarrollo Rural de la Montaña Alavesa 2015-2020. GONZÁLEZ SALAZAR, J.A. (2005): “Montaña alavesa. Comunidades y pastores”. Ohitura, Estudios de etnografía alavesa, nº 11 (extraordinario). IHOBE (2006): Agricultura y medio ambiente en la CAPV. Indicadores 2006. Serie Programa Marco Ambiental, n.56. MARTÍN, R. y DEL VILLAR, J. (2005): Izki parque natural. Departamento de Urbanismo y Medio ambiente de la Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz. WDPA Consortium (2016) Protected planet Report 2016. UNEP-WCMC, IUCN

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN CONCERTADA EN LA RED NATURA 2000 SANTIAGO GARCIA FERNANDEZ- VELILLA

COMPENSACIONES NECESARIAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

EL CONSENSO QUE NO EXISTIÓ El artículo 4 de la Directiva de Hábitats establece que la lista de lugares para la Red Natura 2000 deberá seleccionarse en base a los criterios que se enuncian en el Anexo III (etapa 1) y a la información científica pertinente. Los criterios de dicho anexo son básicamente criterios ecológicos. La Directiva obliga a seleccionar una representación suficiente de cada hábitat del anexo I y de cada especie del anexo II. O lo que es lo mismo, una superficie en el caso de los hábitats, y un número de poblaciones en el caso de las especies, que garantice su supervivencia a largo plazo aun en el caso de que perturbaciones naturales o humanas pudieran afectarles negativamente. Por tanto, salvo en el caso de lugares irremplazables por contener representaciones únicas de un elemento, no existe una combinación única de soluciones que puedan satisfacer los requerimientos de la Directiva de Hábitats en cuanto a la confección de la lista de lugares. Parece claro que en aplicación de los criterios del anexo III deberían selecionarse aquellos lugares donde los elementos se encuentren en mejores condiciones ecológicas. Pero nada dice la directiva de que no puedan tenerse en cuenta otros criterios socioeconómicos cuando las condiciones ecológicas sean similares en dos lugares. De hecho, el artículo 2 establece que las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. De hecho, uno de los criterios se refiere al grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural de que se trate y a la posibilidad de restauración. Como se aclara en el documento de notas explicativas para la elaboración de los formularios estandarizados de datos de cada lugar, que proporcionaron los servicios técnicos de la Comisión Europea, este subcriterio solo debe tenerse en cuenta cuando los elementos a conservar estén degradados. Se desprende de ello, en consonancia con lo anteriormente expuesto, que en el caso de existir lugares en los que no estén degradados, deberá priorizarse su selección. Pero en el resto de los casos podría 39

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tenerse en cuenta el coste de restauración, que depende no solo de factores ligados estrictamente a la existencia de técnicas y conocimientos propios de la restauración, sino tambien de factores socioeconómicos como el coste de la tierra u otros locales y regionales que determinan el coste de oportunidad de la opción de conservar. La designación de un área como lugar de la Red Natura 2000 puede condicionar las actividades productivas que se pueden realizar. Algunas deberán ser decididamente apoyadas ya que son necesarias para el mantenimiento y conservación de los elementos que hay que conservar; otras deberán incorporar medidas que podrán conllevar sobrecostes de producción; y finalmente, algunas otras deberán ser restingidas al no ser compatibles con los objetivos de conservación. Los planificadores de la red podrían haber tenido en cuenta los costes previsibles para la conservación y los costes de oportunidad de las diferentes opciones que daban soluciones satisfactorias a los requerimientos de la Directiva de Hábitats. Y puesto que la selección de lugares ofrecía multiples soluciones capaces de dar respuesta a estos requerimientos con diferentes costes sociales, hubiera sido deseable que esta selección se hubera hecho mediante procesos de participación ciudadana que implicaran a todas las partes interesadas. Navarra utilizó un algoritmo multicriterio de análisis espacial para facilitar la toma de decisiones en la selección de lugares, que tuvo en cuenta aspectos socioeconómicos, supeditados siempre al cumplimiento de los objetivos de conservación, tal como establece la Directiva. Las posibles soluciones alternativas fueron discutidas a nivel institucional y finalmente la seleción acordada fue sometida a consulta pública. En País Vasco, como en la mayoría de las Comunidades Autónomas, la selección de áreas fue discutida a nivel institucional y modificada sucesivamente en función de las negociaciones bilaterales con los servicios técnicos de la Comisión Europea. Aunque no se pueda decir que algunos grupos de interés fueran del todo ajenos a este proceso, no hubo en ninguna Comunidad Autónoma un proceso transparente de participación social en la construcción de la Red Natura 2000. Este proceso hubiera dotado a la Red del consenso social que debe exigirse a cualquier decisión pública; maxime cuando se trataba de decidir que partes del territorio van a destinarse prioritariamente (que no exclusivamente) a dar estabilidad a la estructura ecológica de una Comunidad Autónoma y a garatizar el mantenimiento de su patrimonio natural, y cuales podrán destinarse a otras funciones productivas o de servicios que requieran unos usos más intensivos y una mayor transformación del territorio. Son por anto decisiones estratégicas que tienen repercusiones relevantes para muchos ciudadanos y para la vertebración del territorio. También es cierto que el ambiente injustificadamente hostil y la desinformacion existente, hacían dificil en aquel momento un debate sereno y constructivo (lo que parece estar resultando ser una costumbre propia de nuestra particular idiosincrasia), que permitiera alcanzar una solución consensuada antes de que la Comisión abriera expediente de infracción por incumplimiento de la Directiva. Reflexionar sobre lo que pudo haber sido y no fue la selección de áreas de la Red N2000 no tiene sentido si las concusiones a las que se llegan se utilizan intencionadamente para bloquear la 40

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implementación de la Red. Pero sí lo tiene si dichas conclusiones se aplican a intentar no cometer los mismos errores en las fases presentes y futuras de desarrollo de la N2000. LA SOLIDARIDAD QUE NUNCA LLEGA Una estuctura ecológica, y por lo tanto la Red Natura 2000, es absolutamente imprescindible no solo para el bienestar general de la ciudadanía sino también para el funcionamiento eficiente de los sistemas productivos. Cumple por tanto una función esencial en cuando que garantiza la provisión de bienes y servicios ambientales proporcionando además beneficios económicos tangibles. Eso significa que las áreas dedicadas a funciones de producción de bienes y servicios que tienen valor de mercado, deben ayudar solidariamente al mantenimiento de los mismos estándares de calidad de vida que ellas disfrutan en las areas N2000 destinadas al mantenimiento del patrimonio natural común, en la medida en que estas puedan ver mermada su posibilidad de producir bienes con valor de mercado. El término “solidaridad” viene del adjetivo latino solidus, que significa sólido, completo, o entero. Hace mención por tanto a que somos parte de un todo y a la cualidad que nos permite ser algo completo; es decir, mejor que la suma de las partes gracias a la diversa contribucion de cada parte. Por tanto, la solidaridad puede entenderse como la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el compromiso activo de contribuir a darles satisfacción. El consenso y la solidaridad son factores clave para alcanzar la cohesión social y territorial. Esta cohesión se traduce por una parte, en que los ayuntamientos que aportan territorio a la Red Natura 2000 puedan dar los mismos servicios que se dan fuera de N2000; y por otra, en que la gente pueda alcanzar “produciendo biodiversidad” el mismo estándar de calidad de vida que tiene la gente que produce bienes o servicios que se compran y se venden, es decir, que tienen «precio». INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL Para que la solidaridad interterritorial sea algo más que una expresión vana en boca de las personas que deciden por nosotros, debemos articular instrumentos concretos que la hagan realidad. Mencionaré tan solo tres posibles. 1) Las transferencias corrientes a capítulos incondicionados El principio de suficiencia financiera contenido en el artículo 142 de la Constitución, establece que los ayuntamientos dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que 41

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la ley les atribuye y se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Uno de los instrumentos que se utilizan para hacer llegar a las entidades locales recursos financieros son las transferencıas corrientes, que aunque de menor importancia cuantitativa que los procedentes de los tributos locales u otras transferencıas de capital desde el Estado o desde las Comunidades Autonomas, tienen importancıa en el conjunto de los presupuestos locales, muy especialmente en Navarra y País Vasco. Los criterios de reparto varian mucho de unas Comunidades a otras y además sufren continuos cambios. Pero se fundamentan, por una parte, en las necesidades de gasto (signo positivo) y por otra, en capacidad fiscal y de ingresos (signo negativo). Para cuantificarlo, se usa una combinación de variables como la población de cada municipio, la población con mayor demanda asistencıal, la dispersión, la tasa de paro registrado, la renta media declarada, y la capacidad fiscal o de ingresos de cada municipio (Cordero J. M. y Murillo I, 2008)1. En Navarra, por ejemplo, el índice de capacidad fiscal tiene en cuenta el valor catastral del comunal, lo que tenía sentido en el pasado reciente, cuando para realizar ciertas inversiones o provisionar servicios podían recurrir, por ejemplo, a aprovechamientos del monte que generaban ingresos irregulares. Pero si la designación de parte de esos comunales como N2000 deviene en la limitación de algunos aprovechamientos, y en su lugar conlleva la aplicación de medidas de gestión activa, lo que anteriormente era una fuente de ingresos puede llegar a convertirse en motivo de gasto. Una manera de afrontarlo, sería que la superficie de área protegida se tuviera en cuenta en la distribución de fondos, al igual que se suele tener actualmente en cuenta la superficie de suelo urbanizada; sobre todo si se avanza hacia un escenario de gestión concertada con una mayor implicación de las entidades locales. La consideración de variables ambientales en la asignación de la cuantía de las transferencias corrientes podría, de una parte reconocer la contribución diferenciada que cada municipio hace a la conservación del patrimonio natural común; y de otra, incentivaria a las entidades locales que apostaran por implicarse activamente en el desarrollo de la Red. Algunas de estas variables podrían ser el índice municipal de biodiversidad y su estado de conservación, las medidas activas e inversiones en conservación y un índice de disciplina ambiental que midiera actuaciones municipales con impactos desfavorables. 2) Fondo para la biodıversidad La ley básica sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad estableció el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que diez años después solo existe en el texto legislativo. La creación de un Fondo Vasco para la biodiversidad permitiría el desarrollo autonómico de lo que fue una buena idea, pero adaptándola mejor a las particulares condiciones forales. Dicho fondo tendría por objeto no solo el uso eficiente de los fondos públicos para la conservación de la naturaleza, sino también la captación de recursos privados. No se trata

1 Cordero J. M. y Murillo I, 2008. La participación de los municipios en los ingresos de las Comunidades Autónomas. Secretaría General de Presupuestos y Gastos, Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda

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de habilitar un capítulo presupuestario específico, sino de crear un órganismo de gestión con personalidad jurídica y autonomía instrumental; salvo en los casos de donaciones en las que el donante establezca condiciones diferentes específicas de administración del legado. Un fondo de este tipo tendría cuatro líneas básicas de actuación: a) el asesoramiento estratégico a particulares, asociaciones y entidades locales; b) la financiación de programas y proyectos de conservación; c) el apoyo a propietarios y gestores de tierras que generen bienes y servicios ecológicos d) y un mecanismo de compensación ambiental interterritorial para entidades locales. Para ello podría poner en marcha mecanismos de pago por servicios ambientales, bancos de habitats, sistemas de créditos de bodiversidad, de carbono y cuantos mecanismos innovadores de mercado favorezcan sus objetivos. En el caso de que en el País Vasco llegaran a aplicarse incentivos fiscales específicos para la biosdiversidad, podría ser entidad colaboradora con la administración en materia de control del cumplimiento de las condiciones técnicas por las que se concede el beneficio fiscal. También podría gestionar una parte de los impuestos ambientales finalistas en el caso de que llegaran a implantarse en el País Vasco. 3) Integración ambıental en las politicas sectoriales Con frecuencia las administraciones sectoriales interpretan que las zonas de la Red Natura 2000, una vez designadas, quedan fuera de su “jurisdicción”. Quedan entonces al margen de sus programas de inversión y desarrollo, y en manos de una administración ambiental a la que la ley estatal y la mayoría de las autonómicas encarga el papel de dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales y su entorno, aunque no disponen presupuesto para que pueda cumplir con dicho fin. Las Comunicaciones sobre financiación de la Red Natura 2000, de 2004 y 2012, apuestan por el enfoque de la integración entendiendo que “si se pretende integrar las consideraciones ambientales en las políticas de desarrollo regional, agrario y rural, esas políticas deberían contribuir a la financiación de Natura 2000 recurriendo de forma combinada a los instrumentos financieros de la Unión que les son propios. No hay que olvidar que Natura 2000 constituye una contribución importante no sólo para la política de medio ambiente de la Unión sino, además, para las políticas

2 COM (2004) 431 final de 15 de julio de 2004, «Financiación de Natura 2000» y SEC (2011) 1573 final; y SEC (2011) 1573 final de 12 de diciembre de 2011, «Financing Natura 2000, Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people», p. 11.

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de desarrollo regional, agrario y rural”. De forma análoga, el Parlamento Europeo3 subrayó la importancia de integrar la protección y la conservación de la biodiversidad en la elaboración, aplicación y financiación de todas las políticas políticas sectoriales y advirtió de que la pérdida de biodiversidad tiene unos costes económicos devastadores para la sociedad que, hasta ahora, no se han integrado de forma suficiente en las políticas económicas o de otra índole; e indicó que no es viable ningún modelo económico que no tenga en cuenta una conservación adecuada de la biodiversidad PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN EN N2000 Anteriormente se subrayó la necesidad de la participación social en el proceso de diseño y planificación de los sistemas de espacios naturales, en general, y de la Red Natura 2000, en particular. Lo mismo puede decirse en el caso de los planes de gestión de cada uno de los espacios designados. Los planes de gestión son el instrumento en el que el conjunto de todas las partes interesadas plasman su visión compartida de lo que quieren que sea ese espacio a largo plazo, y enumeran las medidas que cada una de las partes se compromete a adoptar en los próximos años para alcanzar objetivos concretos que permitan que la visión se acabe haciendo realidad. Quienes entienden que los planes de gestión son documentos técnicos hechos por y para los técnicos, se equivocan. En territorios multiusos como son los lugares Natura 2000, el plan de gestión es el lugar común donde acordar los limites de cada uso en beneficio del proyecto colectivo. Y lo primero que hay que hacer es indicar que el Gobierno Vasco, bien sea por convicción, bien sea por otros motivos, y siendo consciente de que no era una decisión fue la que fácil, habida cuenta del recelo que en algunos sectores sociales y profesionales levantó la designación, ha promovido procesos de participación para la elaboración de los planes de gestión. Se podrá discrepar de la manera en la que estos procesos se han llevado a cabo, y dudar de que las contribuciones ciudadanas se hayan tenido suficientemente en cuenta en los documentos finalmente aprobados; pero se debe reconocer que han supuesto una ventana a la participación de las partes interesadas mayor de la que es habitual en planes y proyectos promovidos por otras políticas sectoriales. La guia “Decidir juntos para gestionar mejor”4, encargada por el Departamento de Medio Ambiente, describe en detalle una propuesta (Garcia y col., 2011), sobre cómo hacer planificación participativa con escenarios de futuro en lugares N2000. No voy pues a explayarme en este asunto más allá de algunos aspectos clave.

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural (2013/C 258 E/15) 4 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/documentacion/decidir_juntos/es_doc/adjuntos/decidir_ juntos.pdf

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Secuencia de la planificación participativa

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La planificación participativa permite someter a debate de las partes interesadas el documento técnico mientras se está realizando y aún no se han tomado las decisiones. Ello es posible porque el proceso técnico y el foro social transcurren simultáneamente, y se definen instrumentos específicos de retroalimentación que son dinamizados por mediadores ambientales especializados. La visión se construye mediante escenarios de futuro o mediante talleres de expectativas; y se redactan documentos específicos breves que evitan términos técnicos complejos para que sean de fácil comprensión para todas las partes interesadas. En el taller de validación, los mediadores resumen las aportaciones del foro que se han incluido total o parcialmente al documento y un representante de la administración ambiental explica los motivos por las que algunas se han rechazado. El documento resultante pasa entonces a consulta pública, durante la cual, quienes no hayan quedado satisfechos con alguna de las partes del documento podrán presentar alegaciones que deberán ser respondidas por escrito siguiendo los procedimientos legalmente establecidos para estos procesos formales de consulta pública. Sí quisiera comentar muy brevemente algunos déficits que hacen que los planes de gestión que se han ido aprobando, inclusos aquellos que puedan considerarse técnicamente impecables, nazcan ya muertos en el mismo momento de su aprobación. La buena noticia es pues que tenemos planes; la mala es que probablemente no nos sirvan de mucho. La aprobación de planes de gestión parece haberse convertido en un objetivo en sí mismo para evitar de nuevo la apertura de un procedimiento de infracción comunitario, pero el objetivo de aprobar planes debería ser ponerlos en marcha y aplicar las medidas que contienen. He pues ahí algunas reflexiones: 1) La participación en la gestión no acaba con la aprobación de los planes. Deben existir mecanismos de rendición de cuentas periódicos de lo realizado y de los resultados obtenidos. Y las partes interesadas deben poder intervenir en las nuevas decisiones que haya que tomar si fuera necesario reorientar la gestión y proponer nuevas medidas (gestión adaptativa). 2) Los planes incluyen una estimación de costes pero no un programa financiero que indique quien va a pagar cada medida. En algunos de ellos se sugiere que algunas medidas se financien con cargo a los Programas de Desarrolo Rural, pero el programa vasco no contempla el apoyo a dichas medidas. De hecho, los responsables de la gestión de la Red Natura 2000 carecen de competencia (e incluso de influencia significativa) sobre los instrumentos financieros que proponen algunos planes; por lo que no es previsible que esas medidas puedan llegarv a ejecutarse. 3) No existe una carta de compromiso por la que los actores institucionales o privados se comprometan a suscribir acuerdos, convenios o contratos para poner en marcha las medidas que son de su competencia o de su ámbito de actuación, en el calendario previsto por el plan. 46

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4) Mas allá de un listado de indicadores, los planes no incluyen un programa de seguimiento y no establecen una estructura de gestión funcional para los planes LA GESTIÓN CONCERTADA La Red N2000 es una herramienta estratégica, que debe servir no solo para conservar la biodiversidad, sino también para mantener la viabilidad económica y el tejido social en las zonas rurales. Cuando se aborda el tema de cómo gestionar la Red Natura 2000 es muy frecuente que se ponga énfasis en la idea de establecer pagos y compensaciones a los propietarios. En mi opinión, debe ponerse más el foco en el aprovechamiento de las oportunidades. La Red Natura 2000 coincide habitualmente con zonas cuyas limitaciones naturales han limitado antes de la designación el desarrollo de ciertas actividades intensivas. Con frecuencia son zonas con producciones extensivas donde las inversiones públicas de otras políticas sectoriales han sido menores que en otras partes del territorio. Por consiguiente, la precaria situación de algunas de estas zonas, el abandono y el envejecimiento rural no pueden ser achacados a las políticas de conservación y a la declaración del espacio. En este contexto, es improbable que N2000 conlleve nuevas restricciones o limitaciones ya que el paisaje y los elementos naturales que se pretender conservar con la designacion son habitualmente fruto de la gestión tradicional que se ha venido haciendo en estos lugares. Por el contrario, en la mayoría de los casos, la gestión adecuada y activa de N2000 debería implicar una movilización de recursos públicos hacia esas zonas al objeto de apoyar estas actividades para que no se abandonen. La gestión de la Red Natura 2000 no debe sustanciarse exclusivamente en el diseño de economías subsidiadas. Por consiguiente, para reducir la necesidad y cuantía de los subsidios, se debe estimular la generación de ingresos, y apoyar la mejora de la competitividad de las explotaciones extensivas en la Red Natura 2000. La Red N2000 abre oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades económicas ligadas a la propia gestión y restauración de la naturaleza, asi como a la provisión de servicios y productos para un mercado creciente de consumidores que demandan nuevos servicios en espacios protegidos y productos artesanales de calidad para los que la Red Natura 2000 puede ser un sello reconocible. Existen numerosas experiencias exitosas en las que productores dentro de N2000 han reorientado su actividad o iniciado nuevas actividades, beneficiandose de esta manera de la designación de sus tierras como N2000. También de áreas en las que la designación del lugar ha supuesto un incemento de empleos que han favorecido especialmente a jóvenes y mujeres. En este contexto de gente dueña de su vida y de su propio futuro, el papel de la Administración no es dictar el tipo de actividades económicas que deben poner en marcha los particulares, sino apoyar sus iniciativas, atender a las demandas de formación que soliciten e incentivar a quienes 47

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emprendan nuevos modelos de economía verde que sean compatibles con los objetivos que se establecen en los planes de gestión. Ello no quita que cuando la designación de un lugar conlleve un lucro cesante, que no expectante, para una actividad que ya existía, esta pérdida de ingresos debe ser compensada. No obstante, las compensaciones no tienen que ser siempre económicas; la administración puede proporcionar acceso gratuito a ciertos servicios, concesiones, licencias, beneficios fiscales etc. Pero en cualquier caso, las compensaciones a particulares siempre deben plantearse cuando existe una pérdida de ingresos demostrada y cuantificable; nunca por el mero hecho de estar en N2000 o por costes de oportunidad. Ahora bien, la Red Natura 2000 está mayormente integrada por socioecosistemas complejos donde el factor humano es parte consustancial de las interacciones que determinan, para bien y para mal, la presencia y estado de conservación de especies y hábitats naturales. Es por ello que la gestión de N2000 no se puede hacer sin contar con la gente que día a día construye el paisaje que hemos decidido que tenemos que conservar. Concertar significa acordar, pactar, decidir conjuntamente. No parece tener mucho sentido que los planificadores formulen medidas que tienen que aplicar las personas que viven en el territorio sin tener en cuenta la aceptabilidad de dichas medidas por parte de esas personas, ni su capacidad para ponerlas en marcha. Por consiguiente, la gestión de N2000 debe ser una gestión concertada, lo que implica que los gestores tienen que ser capaces de implicar a las comunidades locales no solo en las decisiones (planificación de la gestión), sino tambien en el desarrollo de las medidas que derivan de estas decisiones (gestión activa). Gran parte de la biodiversidad y de los hábitats que tenemos que conservar dependen de pequeñas explotaciones familiares que para mantenerse deben ser competentes y competitivas. Esto significa ser respetuosas con el medio ambiente pero también ser rentables; o lo que es lo mismo, llegar a fin de mes con unos ingresos dignos y comparables a los de cualquier trabajador de otro sector productivo; con una calidad de vida comparable a la media de la que se disfruta en cualquier otro territorio rural o urbano del País Vasco; y hacerlo de manera que produzca no solo bienes agrarios y forestales comercializables, sino también unos servicios ambientales medibles, por los que reciban unas ayudas públicas proporcionales. Pero hasta la fecha los fondos de desarrollo rural en el País Vasco no se han empleado para remunerar suficientemente la generación de bienes comunes ambientales que generan los caseríos vascos y otros gestores de tierras de alto valor natural. Para que ello fuera posible, los planes de gestión no deberían ser una mera enumeración de medidas deseables. Deberían incluir, como ocurre en algunos países de la Unión Europea, “contratos específicos aplicados por cada explotación o colectivamente”, que establezcan los compromisos concretos de los propietarios y gestores de tierras, así como los pagos por servicios ambientales que éstos recibirán en contraprestación por los servicios ecosistémicos y bienes 48

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públicos que su actividad privada genera. Estas prestaciones deberían están cuantificadas y tener su correspondiente asignación financiera en los Programas de Desarrollo Rural, en otros Programas Operativos o en los presupuestos propios del País Vasco. Otros instrumentos para la gestión concertada Existen numerosos instrumentos que favorecen simultáneamente la gestión concertada y la remuneración a quienes con su actividad privada generan bienes comunes que toda la sociedad disfruta, sin que tengan por ello que sufrir una merma de sus ingresos. Algunos son ya habituales y fáciles de implementar, como es el caso de los acuerdos voluntarios, los convenios, o los pagos agroambientales. Otros, aunque se viene aplicando desde hace ya décadas en muchos otros países con excelentes resultados, no han sido apenas aplicados en España más que de manera aislada. Es el caso de los sistemas de pagos por resultados o mediante subastas, la creación de bancos de hábitats, los permisos transferibles, etc. (García S., 20105).

5 http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/monografia3.pdf

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Uno de los más habituales son los llamados pagos por servicios ecológicos o ambientales (PSA). La idea fundamental de los sistemas de PSA es crear un mercado para un bien o servicio ambiental que tiene mucho valor para algunas personas, pero que habitualmente no tiene precio; es decir, nadie paga por disfrutarlo. Para ello lo primero que hay que hacer es identificar a las personas que con su actividad privada generan ese bien que otros disfrutan (externalidad ambiental positiva). Luego identificar a quienes se benefician de esa externalidad. Después hay que tratar de que se pongan de acuerdo en cuánto deberían pagar estos últimos a los primeros para que sigan haciendo aquello que genera la externalidad. Y finalmente hay que encontrar la manera en que se va a efectuar ese pago. Es pues básicamente un acuerdo entre particulares. Aunque en ocasiones, los gobiernos, como representantes de la ciudadanía, establecen pagos que salen de los presupuestos públicos, con los que tratan de remunerar a quienes generan bienes de interés público. En 1997 el gobierno de Costa Rica estableció un sistema pionero de pagos por servicios ambientales que fue ampliamente reconocido. Los propietarios de la tierra reciben un pago por aceptar ciertas limitaciones en sus actividades agrarias y forestales, con el objetivo de proteger los bosques y los servicios ambientales que generan. Reconocieron cuatro servicios ambientales de los bosques: absorción de carbono, regulación del ciclo hidrológico, mantenimiento de biodiversidad y provisión de valores estéticos y recreativos. Los fondos los aporta el propio gobierno y el Banco Mundial. Los fondos propios se generan por medio de una combinación de impuestos que incluyen un ‘impuesto ecológico’ a la gasolina, un impuesto al turista y un impuesto de ‘conservación del bosque’ que pagan las compañías hidroeléctricas y de suministro de agua potable. El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Fondo Nacional para la Financiación Forestal (FONAFIFO) se encarga de canalizar los pagos a los propietarios forestales y a las áreas protegidas. La utilización de esquemas de pagos por servicios ambientales para la protección combinada de cuencas hidrográficas que generan agua potable y biodiversidad son frecuentes en EE UU, Asia y América Latina. Uno de los ejemplos más documentados de pago por sistemas ambientales es el de las cuencas hidrológicas de Catskill, Delaware y Croton. Una nueva reglamentación introducida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) forzó a la ciudad de Nueva York a considerar varias opciones para el suministro de agua potable con el menor costo posible. Tras analizar el costo relativo de construir una nueva planta de tratamiento y otras alternativas de manejo del suelo, la ciudad de Nueva York invirtió alrededor de 1,5 mil millones de dólares en proteger y restaurar las montañas de Catskill, que abastecen de agua dulce a la ciudad. Ello se realizó principalmente por medio de un programa de adquisición de terrenos y servidumbres de conservación que amplían el área protegida de la cuenca hídrica a 121.500 hectáreas. Además, se puso en marcha un sistema de pagos ambientales gracias al cual los agricultores y productores silvícolas reciben compensación para retirar de la producción áreas sensibles o para mejorar las prácticas de gestión agrícolas o silvícolas. Se ha prestado especial atención a la protección y restauración de la vegetación de riberas. La alternativa de construir una planta de filtración habría requerido una inversión entre 5 y 6 veces superior, además de unos costes de explotación en torno a los 300 millones de dólares por año. Con la creación de un sistema de PSA, los contribuyentes 50

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de New York ahorraron entre 7.000 y 8.000 millones de dólares y han conseguido preservar una magnífica zona de bosques y humedales.

Dentro de la Red Natura 2000 del País Vasco existen cuencas de captación que suministran agua potable a numerosas poblaciones, sin embargo, este servicio ambiental no se traduce en una demanda específica ni en la consiguiente contribución de los beneficiarios a los costes de quienes proporcionan el servicio, lo que se conoce como el “efecto polizón”.

Embalse de Añarbe

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Embalse

Zona Especial de Conservación

Añarbe

Artikutza

Población abastecida (nº hab.)

Agua suministra da (hm3)

Coste evitado (€)

281.534

25,96

13.239.600

900.000

115,79

59.052.900

Aiako Harria Ullibarri

Embalses del Sistema del Zadorra

Urkulu

Aizkorri-Aratz

65.908

8,95

4.564.500

Barrendiola

Aizkorri-Aratz

26.011

3,10

1.581.000

Urdaibai

Red Fluvial de Urdaibai

44.000

5,34

2.723.400

1.317.453

159,14

81.161.400

Total

Los costes que se ahorran las poblaciones suministradas en depuración y potabilización de agua de boca son de 81 millones de euros al año. El coste estimado de la Red Natura 2000 del País Vasco es de unos 22 M€. Por tanto, teniendo en cuenta sólo el ahorro en costes de saneamiento de agua potable, N2000 tiene un beneficio neto de 59 M€. Y PARA CONCLUIR La Red Natura 2000 está compuesta por espacios hechos de gente, con gente y para la gente. No se puede construir sin ella. Por tanto deben habilitarse espacios permanentes para la participación y la rendición de cuentas. La red no se construirá solo con medidas reglamentarias y administrativas, aunque éstas sean también necesarias. Sobre la base de la gestión concertada, deben diseñarse instrumentos capaces de involucrar a las partes interesadas en la gestión activa. Estos instrumentos pueden adoptar la forma de acuerdos voluntarios, convenios, o contratos de gestión. En esta ponencia se exponen solo algunos de los instrumentos al alcance de los gestores. Todos tienen el reto de ser lo suficientemente “persuasivos” como para que la gente se enganche a ellos voluntariamente. Y para que eso sea posible deben comprender el propósito de lo que se les propone. En algunos casos deberán incluir incentivos que les animen a cambiar su forma de actuar por otras más favorables para la biodiversidad; o a mantenerlas si ya las venían aplicando. 52

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Pero la red tampoco puede ser rehén de exigencias desmedidas. Es obligación de los gestores públicos garantizar que el dinero que el conjunto de la sociedad destina a particulares responda a la satisfacción de un derecho básico o a incentivar la generación de bienes públicos que incidan en el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Por ello, los instrumentos financieros deben asegurar la retribución justa y proporcionada de los bienes y servicios ecosistémicos generados; que en consecuencia, deberán poder ser medidos y cuantificados. Pero N2000 no puede sostenerse sobre la base de sistemas económicos dependientes y subsidiados. Debe enfocarse al aprovechamiento de nuevas oportunidades. Si vives en el pueblo más lluvioso del planeta, tienes una tienda de gafas de sol y no vendes ni una, la culpa no es de los “Elementos” que te envían la lluvia; la culpa es tuya por no poner una tienda de paragüas. En un contexto de gestión basado en las oportunidades, los gestores públicos de la Red Natura 2000 no pueden conformarse con definir medidas estrictas de conservación para los hábitats naturales y las especies silvestres: deben asumir el trabajo de estimular el desarrollo socioeconómico en la red, apoyando las iniciativas económicas de la gente, atendiendo a las demandas de formación que soliciten e incentivando a quienes emprendan nuevos modelos de economía verde que sean compatibles con los objetivos que se establecen en los planes de gestión. De otro modo, la gestión de N2000 debe incorporar un enfoque estratégico cuyo objetivo sea la sostenibilidad del territorio.

EL PAPEL DE LOS CONCEJOS DE ÁLAVA EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES. JOSÉ CARLOS MARÍN CORRES. Asociación de Concejos de Álava (ACOA AKE).

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El año 1992 supone el inicio de tres procesos fundamentales en la relación del hombre con la naturaleza. A nivel global, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro supone el nacimiento del concepto de desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente del Desarrollo establece: Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. La Unión Europea aprueba la Directiva Hábitats, que dará origen a la Red Natura 2000: un conjunto de espacios naturales protegidos que abarca el 17% del territorio de la Unión Europea. En Álava, la gestión de los espacios naturales arranca ese año con la Declaración como Parque Natural de Valderejo. Pero lo cierto es que los Concejos de Álava –bien directamente, bien a través de las Comunidades de Montes– llevamos seiscientos años haciendo gestión de nuestros espacios 57

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naturales. Como ejemplo, la Comunidad de Montes de la Sierra de Gibijo se fundó en 1421 y sus ordenanzas datan del 2 de septiembre de 1604. Llevamos más de seiscientos años aplicando a la gestión de nuestros recursos naturales los principios del desarrollo sostenible, buscando el equilibrio entre la explotación de los diferentes recursos: pasto, grana, madera, leña... y la conservación de los mismos para las siguientes generaciones. Durante este período, tanto en Álava como en el resto de Euskadi, las formas consuetudinarias de aprovechamiento por los vecinos han ido cediendo terreno ante la explotación intensiva de los montes. Podemos distinguir diferentes etapas en esta gestión: Desde principios del siglo XVI, Comunidades, Parzonerías y Facerías regularon, mediante Ordenanzas, el aprovechamiento de sus recursos naturales, con el fin de mantener un equilibrio entre los aprovechamientos pascícola y forestal y garantizar la sostenibilidad de los recursos. La regulación pretendía evitar aprovechamientos abusivos y garantizar el disfrute igualitario de los recursos (madera, agua, grana) y preservar su reproducción natural. Se aplicaba, ya entonces, el principio de sostenibilidad. Desde mediados del siglo XVIII, la madera comienza a convertirse en un recurso económico, lo que transforma la organización consuetudinaria de las comunidades de montes. El aumento de la demanda de madera para la construcción naval da lugar a prácticas abusivas y a un mayor control de los aprovechamientos por las Juntas de Comunidad, que tratan de rentabilizar los recursos forestales. Por otro lado, instituciones supraconcejiles intervinieron para garantizar el abastecimiento de madera a los astilleros. El sistema de aprovechamientos vecinales deriva hacia una explotación más intensiva del monte. A lo largo del siglo XIX los usos vecinales relativos a los aprovechamientos forestales se van mostrando incompatibles con la conservación del arbolado, por lo que son progresivamente abolidos. La Revolución liberal burguesa promueve un modelo de propiedad territorial que se resume en el lema “una propiedad, un propietario” y choca frontalmente con las prácticas consuetudinarias y los modelos de propiedad de las comunidades de montes. En el caso de Álava, las Juntas Generales aprobaron en noviembre de 1859 la supresión de Parzonerías, Comunidades y demás corporaciones encargadas de la administración de 58

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los montes, así como la agilización de los expedientes de división del arbolado de dichas entidades. La primera medida no llegó a realizarse, pero la segunda dio pie a un largo proceso por el que unas sesenta comunidades de montes, un tercio de las existentes, dividieron entre sus propietarios comuneros el arbolado hasta entonces proindiviso. La partición del arbolado excluyó de la gestión comunal el aprovechamiento de mayor valor económico, devaluando así los contenidos comunitarios y reduciéndose los recursos económicos y la actividad de las Comunidades de Montes. Por otro lado, la división del arbolado, aunque inicialmente simplificó la administración de las comunidades de montes, acabó complicándola, debido a los conflictos entre aprovechamientos. La división afectaba al arbolado, pero el aprovechamiento del suelo permanecía en común. Al no regularse el crecimiento del bosque en los terrenos calvos, los intentos de reforestación provocaron –y siguen provocando en la actualidad– diversos conflictos, según las expectativas de ganaderos o forestalistas. El desarrollo de la economía alavesa desde los años cincuenta y sesenta del siglo pasado tuvo su traducción en las zonas rurales en la pérdida de población agrícola, la mecanización de los trabajos y la integración del campo alavés en el sistema capitalista de producción y modos urbanos de vida. El descenso de la carga productiva sobre el monte ha derivado en un desarrollo espontáneo de la vegetación arbustiva y una evolución natural hacia la regeneración forestal. Los pueblos, con objeto de obtener recursos con los que financiar nuevas infraestructuras y equipamientos, han optado por una política de forestación intensiva, con plantaciones de coníferas de crecimiento rápido que, en ocasiones, entran en conflicto con las prioridades y usos agrícolas y ganaderos. Hay una diferencia significativa en todo este proceso; mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa la propiedad comunal de los montes sufre un declive desde el siglo XVII y especialmente acentuado en el XIX, en Álava las Comunidades y Parzonerías fueron capaces de resistir el embate liberal de la segunda mitad del siglo XIX, bien que perdiendo una parte importante de su contenido y sus recursos a partir de 1859. Esta diferencia se traduce en la actualidad en el diferente peso de la titularidad pública del monte en cada territorio: así, en Álava los montes de titularidad pública representan el 48% de la superficie del territorio, frente a un 20% en Bizkaia y un 17% en Gipuzkoa1.

1 Mapa Forestal del País Vasco (2004-2005)

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Consecuencia de esta titularidad es que los bosques de frondosas representen en Álava el 72% de la superficie arbolada, frente al 43% en Gipuzkoa y tan sólo el 34% en Bizkaia. Y si nos referimos al estado de conservación y al grado de interés de los hábitats naturales, podemos señalar que la Red Natura 2000 incluye 52 Lugares de Interés Comunitario en el País Vasco, la mitad de ellos en Álava. Un 26% de la superficie de Álava pertenece a la red Natura 2000, porcentaje superior a la media de la CAPV (20,3%) y de la Unión Europea (17,6%) y ligeramente inferior a la media española (27%)2. El 88,7% de la Red Natura 2000 en Álava corresponde a monte público, mayoritariamente de titularidad de los Concejos y Comunidades de Montes. NUEVA SOCIEDAD, NUEVOS SIGNIFICADOS DE LOS ESPACIOS NATURALES Desde mediados del pasado siglo, la sociedad rural ha sufrido una radical transformación. Podemos afirmar que ha cambiado más en los últimos cincuenta años que en los quinientos anteriores. De un grupo homogéneo, relativamente incomunicado y autárquico, con unas ordenanzas consuetudinarias y una autoridad reconocida para hacerlas cumplir, hemos pasado a una sociedad heterogénea, inmersa en la aldea global y sometida a las tensiones entre tradición y modernidad. Las normas que funcionaron durante siglos han dejado de asumirse como inalterables. Los intereses, necesidades e inquietudes de los vecinos han cambiado radicalmente. A su vez, el monte ya no sólo es fuente de alimento para el ganado, de material para construir casas o carros y de combustible para cocinar y calentar la casa; ha adquirido nuevos significados para colectivos más amplios y diversos: nicho ecológico, reservorio de CO2, patrimonio cultural, lugar de esparcimiento, recurso turístico… Las normas que regulan su uso se dictan, a veces, desde lugares muy lejanos. Pero no podemos resignarnos a contemplar la desaparición del mundo rural tradicional. Hemos de integrar en un nuevo modelo una forma de vida acostumbrada a tratar con la naturaleza, adaptarse a sus ritmos estacionales y a sus cambios imprevisibles. Que ha aprendido que el mejor aprovechamiento es el que respeta la lógica de la naturaleza y la conservación de sus recursos.

2 La Red Natura 2000 ocupa el 11% de Bizkaia y el 20% de Gipuzkoa.

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UN CAMINO ERRÓNEO El procedimiento seguido por las instituciones autonómicas y forales en la regulación de los espacios naturales ha pecado de premura en los ritmos, falta de coordinación en el método, autoritarismo en las formas y fundamentalismo en los criterios de conservación. Premura en los ritmos porque, desde el año 1992 en que la Unión Europea aprobó la Directiva Hábitats, se dejaron transcurrir cinco años para elaborar la primera lista de Lugares de Interés Comunitario, trece más para comenzar la redacción de los instrumentos de protección y otros seis para aprobarlos. Una tardanza que provocó la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea y que implicó una tramitación apresurada de los documentos. La urgencia ha sido una coartada para el autoritarismo; se ha legislado al margen de los pueblos y sus habitantes; los plazos ajustados y las avalanchas de documentos técnicos, armas para rehuir la participación. Especial mención merece la falta de respeto del Gobierno Vasco hacia los Concejos. Las instituciones titulares y gestoras de la mayor parte de los espacios objeto de protección han sido marginadas durante todo el proceso. Así, en el caso de la Sierra de Gibijo, el que mejor conoce quien les habla, la primera reunión en que se convocó a las Juntas Administrativas, junto a los propietarios particulares, fue en junio de 2012. La precipitación, falta de información y nula voluntad de diálogo mostradas motivaron que diez Juntas Administrativas remitieran en septiembre de ese año un escrito al Gobierno Vasco protestando por las formas seguidas y reclamando el papel que les corresponde en la planificación y gestión del espacio. El Gobierno Vasco ni siquiera contestó. Falta de coordinación institucional que se manifiesta en lamentables disputas competenciales entre administraciones autonómicas y forales y entre departamentos de las mismas a la hora de diseñar los principios de conservación y los instrumentos de gestión. Los escritos de alegaciones a los Planes y de respuesta a las mismas ponen de manifiesto las profundas diferencias entre las administraciones encargadas de proteger el patrimonio natural; en particular, entre los departamentos de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava. Diferencias y descoordinación que se tradujeron en discusiones bizantinas sobre qué son regulaciones y qué directrices y en una tendencia a la sobrerregulación por parte del Gobierno Vasco, que primó sus aspiraciones competenciales frente a otras prioridades. Resulta incomprensible para un observador externo la descoordinación entre objetivos, regulaciones, directrices y medidas de gestión, el constante lanzamiento de pelotas entre instituciones y el desfase de más de un año en la tramitación de los anexos a la declaración. Llama la atención, por ejemplo, el desconocimiento de los autores del documento sobre el régimen en que se desarrollan los aprovechamientos forestales, la carga ganadera, las fogueras 61

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y roturos… La explicación que en su momento se dio a esta falta de información fue que “la Diputación se negaba a facilitársela”. Y, por último, fundamentalismo que se refleja en unos principios de conservación que contemplan la actividad humana como una amenaza, tolerable en hábitats de menor interés, pero inadmisible en aquéllos de mayor valor (ver PORN del PN Gorbeia). Los espacios de la red Natura 2000 en Álava no son territorios vírgenes ni ajenos a la actividad humana. Son espacios modelados por dicha actividad, históricamente bien gestionados y en los que las amenazas tienen que ver con la crisis del modelo tradicional de aprovechamiento. Pretender que la conservación de determinados hábitats, como pastos o bosques, se realice en ausencia de actividad humana, no solo contraviene los principios de la Red Natura 2000, sino que supone desconocer la génesis y los procesos de equilibrio propios de esos hábitats.

IDEAS PARA UN MODELO DE GESTIÓN Más allá de la crítica, es objetivo de esta charla apuntar algunas ideas para establecer un modelo de gestión de los espacios naturales. PARTICIPACIÓN Consecuencia de esta complejidad de lecturas es la necesidad de incluir las diferentes voces en el diseño de políticas de gestión. Ganaderos, cazadores, ecologistas, agricultores, forestalistas… deben exponer sus prioridades, sus recelos y sus expectativas. Superar una etapa de desconfianza, asignación de etiquetas y falta de comunicación. Entender la necesidad, incluso la obligación de alcanzar acuerdos. Asumir las discrepancias como parte del proceso. Reconocer los principales desacuerdos, pero poner en valor los puntos en común. En suma, abandonar la trinchera y sentarnos a la mesa. Análogamente, las diferentes administraciones implicadas en la protección de estos espacios deben superar celos y recelos y asumir que la gestión no puede ser sino una tarea común, en la que es más importante el acuerdo que la delimitación de las competencias.

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CONSENSO La conservación de la naturaleza es uno de los objetivos más ambiciosos de la sociedad actual. Requiere políticas de largo recorrido, ajenas a vaivenes circunstanciales y ampliamente respaldadas. Está justificado, por tanto, el esfuerzo de conseguir el mayor consenso posible, incluso la unanimidad, en las decisiones sobre la gestión de los espacios naturales. Empeño difícil, pero sin duda rentable, que obliga a entender los argumentos del otro y buscar los puntos que compartimos con ellos. TRADICIÓN La gestión llevada a cabo por los Concejos se ha realizado con suficiente solvencia. Por ello, parece razonable cimentar en la experiencia del pasado las políticas de conservación de los espacios naturales, apoyándolas en los mismos principios de sostenibilidad y participación aplicados durante siglos. Es necesario combinar estos significados en una estrategia integral de gestión. Entender que ha sido la actividad tradicional la que ha conservado estos espacios, sin declaraciones oficiales. Una política inteligente de conservación debe partir del conocimiento y respeto de los usos tradicionales que han modelado estos hábitats, corrigiendo prácticas erróneas y afrontando las disfunciones derivadas del cambio de una sociedad tradicional y homogénea a una sociedad cambiante y heterogénea. GESTIÓN Uno de los principios de la Red Natura 2000 es la transversalidad; la protección del patrimonio natural debe asumir las complejas relaciones entre naturaleza y actividades humanas. La experiencia de seis siglos nos dice que es compatible la protección de la biodiversidad con el aprovechamiento de los recursos naturales. Más aún, es el uso racional el que ha conservado los pastizales de montaña, los bosques de frondosas y las colonias de buitres. Crear santuarios para la vida salvaje supone, además de desconocer los procesos que han originado los hábitats que pretendemos proteger, renunciar a ese conocimiento surgido de la interacción entre hombre y naturaleza.

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Entre las múltiples causas de la tragedia que estos días ha vivido Galicia, se apunta al abandono del medio rural y el descuido de los montes. Esperemos que el celo conservacionista y excluyente no tenga entre nosotros las mismas consecuencias. DESARROLLO LOCAL La actividad tradicional sufre ataques de diferentes frentes. La competencia de la ganadería intensiva, las crecientes exigencias administrativas, las trabas derivadas de una política agraria poco atenta a los espacios protegidos, el difícil relevo generacional para un trabajo que no conoce de festivos ni de vacaciones… Desde 1996, la presencia de ganado ovino en la Sierra de Gibijo se ha reducido drásticamente, lo que ha supuesto la progresiva matorralización de los pastizales y la proliferación de plantas oportunistas. La situación socio-económica de la población que vive en el entorno de los espacios protegidos debe ser parte fundamental de los instrumentos de protección. Las herramientas de desarrollo deben coordinarse con las de conservación y elaborarse de común acuerdo con la población local. Emprender actividades económicas dentro de los espacios naturales protegidos implica calidad, respeto a la naturaleza y contribución a su conservación. Por ello, estas actividades deberían gozar de reconocimiento, apoyo e incentivos por parte de la sociedad. ESFUERZO EQUILIBRADO El monte ha sido tradicionalmente la fuente de recursos de los pueblos. Ya sea la fuente de los materiales y alimentos del ganado, la fuente de recursos económicos para hacer frente a los gastos e inversiones del concejo. Hoy, el monte es un bien multidimensional, del que disfrutan no sólo los concejos, sino el conjunto de la sociedad. Esta multidimensionalidad conlleva, en ocasiones, limitaciones al aprovechamiento. Pero estas limitaciones no deben recaer sobre la administración más débil, la Junta Administrativa. En un contexto de financiación escasa y exigencias crecientes en el funcionamiento de los Concejos, privarles de sus recursos tradicionales supone infligirles un serio quebranto económico, que traerá como consecuencia una peor calidad de vida de sus vecinos.

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Debe definirse un reparto equilibrado de compromisos entre las diferentes administraciones. Del mismo modo que la ciudad ofrece servicios que son disfrutados por sus habitantes y los provenientes de los pueblos, los espacios naturales constituyen un servicio que el mundo rural presta al urbano; recurso para el ocio, compensación de las emisiones contaminantes, mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio ecológico… Es razonable que, así como los servicios prestados por la ciudad al territorio son valorados y remunerados, los servicios medioambientales proporcionados por los pueblos sean reconocidos, valorados y remunerados, en especial cuando van asociados a una cierta expropiación del recurso. La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible no deberían ser objeto de contienda. Son parte de los grandes principios de los que depende nuestro futuro, no sólo como pueblo, sino como especie. Todos debemos remar en la misma dirección, pues nos jugamos mucho. Veinticinco años después de la Declaración de Río, deberíamos saber que sólo trabajando juntos podremos proteger lo que es de todos. Pero tampoco deben ser objeto de imposiciones, maniqueísmos ni planteamientos excluyentes. Las Juntas Administrativas y las Comunidades de las Sierras tenemos la mano tendida para colaborar. Aunque sólo sea por sentido práctico.

LA PROBLEMÁTICA SURGIDA EN RELACIÓN A LAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES DERIVADAS DE LAS DECLARACIONES DE LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES (ZEPA) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA. EL PROGRAMA DE CAPTACIÓN VOLUNTARIA DE AGRICULTORES EN LAS ZEPA Y SU CRÍTICA. ALFONSO JUÁREZ MOTA.

Cooperativa de agricultores de la Unidad de Lillo.

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Mi resumen esta basado en la interpelación a la exposición que hace el Sr. Antonio Aranda Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Política Forestal de la Comunidad de Castilla la Mancha, sobre las zonas ZEPAS en nuestra comunidad. En primer lugar informo que soy presidente de la cooperativa agroalimentaria “Unidad de Lillo“ situada en un pueblo de la Mancha Norte toledana, con una población de 2.800 habitantes y en claro retroceso y con una tasa de paro muy elevada, provocada porque su población dependía en gran medida de unos de los mayores focos industriales de Europa en fabricación de puertas, que tras la crisis la mayoría cerró dejando algunas a más de 600 trabajadores en la calle, una parte de ellos vieron en las explotaciones agrícolas de sus padres la nueva fuente de ingresos y salvación. Nuestra Coop. se dedica a la elaboración de vino, aceite, almacén de cereal, suministro de carburantes, frutos de cáscara y está compuesta por más de 800 socios. En segundo lugar las localizaciones de las zonas Zepas han sido una chapuza sin precedentes, se hizo sin criterios científicos, socioeconómicos, sin consultar a los ayuntamientos ni asociaciones de propietarios, no conformándose la administración con esto vuelven hacer lo mismo con los planes de gestión, hacen copia y pego de otros palanes de gestión, les incluyen medidas más limitativas a todos los cultivos y por orden y mando los aprobamos sin el más mínimo consenso. En tercer lugar la cabaña de avutardas en nuestra zona se ha incrementado notablemente ¿no estaremos los agricultores haciendo las cosas tan mal?. En cuanto a la perdiz roja el máximo protector es el agricultor porque gran parte de ellos son cazadores que aman esta caza, y el resto porque les interesa como fuente de ingresos para arreglos de caminos. Por todo ello el agricultor no entiende que se le penalice por ello. 69

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En cuarto lugar los famosos cupos fijados para cultivos leñosos en las zonas Zepas es otro de los desastres y chapuzas. Nadie de mi pueblo puede entender que hace unos años había en declaración de cosecha por la cooperativa 2.600 hectáreas y ahora que solo hay 1.300 hectáreas sólo se permitan poco más de 200 de incremento, esto es un disparate. En quinto lugar si hablamos de los famosos cogollos que son las zonas más restrictivas y que a estas dicen que las pagaran de momento con 208 euros por hectárea y que según dice el Sr. Antonio Aranda, los agricultores están muy contentos, ¿me podría decir el Sr. Aranda que rendimiento medio por hectárea tienen estos agricultores?, ¿son tierras de primera? ¿son de riego?, creo que es evidente la respuesta (no cosechan muchos años) con su ayuda a pago único, pago verde más 208 euros se han conformado porque dicen que no pueden hacer otra cosa, creo que se han equivocado, pueden hacer muchas cosas, pero el tiempo dará la razón a quien la tenga. De los cogollos quieren sacar conclusiones que hasta ahora nunca han tenido ¿entonces con qué criterio científico y medio ambiental han realizado las zonas? En sexto lugar están empeñados la administración que se debe de hacer una agricultura tradicional, (cultivos tradicionales y de secano en especial el cereal) me puede decir la administración con producciones medias por hectárea en cereal de 1.400 kilos en los últimos años y con precios por los suelos, viñedo en vaso y de secano con producciones de 2 kilos cepa cómo narices el agricultor puede dar de comer a su familia. Están obligando al agricultor a que abandone su actividad, que no se incorpore ningún joven a la actividad por no ser rentable, pero tampoco quiere la administración que se marchen porque tienen que labrar las tierras para que la fauna pueda comer, ¿pues digan me Ustedes, cómo se soluciona todo esto? En resumen los agricultores de mi pueblo lo que queremos es poder trabajar, que nos dejen trabajar en lo que mejor sabemos, nuestra agricultura, no queremos limosnas en subvenciones, no aceptamos los planes tal y como están redactados, queremos un equilibrio entre nuestra agricultura y nuestra fauna y no queremos el desequilibrio que nos proponen. Fdo. Alfonso Juarez Mora Presidente de la Cooperativa la Unidad de Lillo.

LAS PONENCIAS IMPARTIDAS POR ANTONIO ARANOA MORENO.

Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha.

MIGUEL ANGEL RUBIO GARCÍA.

Jefe de sección de Red Natura 2000 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Gobierno de Castilla La Mancha.

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Las ponencias impartidas por D. Antonio Aranda Moreno y D. Miguel A. Rubio García, se plantearon en dos bloques. El primer bloque trató de enmarcar la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, indicando la cronología que se siguió hasta su final implantación en el territorio, y los pasos que se dieron para materializar los Planes de Gestión de cada uno de los espacios Natura 2000, en función de su tipología de espacio Red Natura 2000. El primer bloque se centró en el recientemente aprobado Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios (Orden 63/2017. D.O.C.M. nº 67 de 05/04/2017), tratando de resumir la conflictividad social - natural a la que se enfrentaba el territorio. Este territorio, abarca áreas de carácter estepario en Castilla–La Mancha cuyo origen deriva de las prácticas ganaderas y agrícolas desarrolladas históricamente en estas zonas y que transformaron los bosques xerófilos, que poblaban las grandes llanuras, en inmensos campos desarbolados de cultivos de secano o pastizales escasamente cubiertos por vegetación herbácea Las prácticas tradicionales de agricultura extensiva de secano y ganadería ovina extensiva, responsables de la existencia de la abundante y rica comunidad de aves esteparias, mantienen las condiciones de hábitat que estas especies requieren, existiendo un equilibrio entre estas y las actividades humanas basado en una relación de dependencia entre ambas. Planes de Gestión de Zonas de Especial Protección para la aves de ambientes esteparios en Castilla la Mancha Se hizo un recorrido cronológico relativo a la implantación de la Red Natura 2000 en Castilla La Mancha, así como la metodología empleada en el diseño homogéneo de los Planes de Gestión 73

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de cada uno de los lugares Red Natura 2000. En concreto se profundizó en los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y a su vez en el Plan que aglutina 8 ZEPA de ambientes esteparios que abarcan unas 201.263 ha de esta Región. Así, se fueron desgranando las medidas de conservación diseñadas, y en concreto: –– Medidas tendentes a favorecer de forma directa a la fauna –– Medidas tendentes a favorecer la extensificación agrícola –– Medidas tendentes a compatibilizar las prácticas agrarias y la fauna –– Medidas tendentes a compatibilizar las actividades no agrarias con la conservación de los valores naturales de las ZEPA –– Medidas de divulgación y concienciación Partiendo de estas medidas, se hizo una breve reseña en la forma de zonificar estos territorios esteparios, y contando con las distintas presiones y amenazas detectadas, se trataron las regulaciones de uso del suelo necesarias para asegurar el estado de conservación favorable para las aves esteparias vinculadas a las Directivas comunitarias, objeto de este Plan. En concreto se abundó un poco más en la problemática existente vinculada a la expansión de cultivos leñosos y en particular los intensivos, y las medidas que se han marcado para conseguir un desarrollo agrícola ambientalmente viable. MEDIDAS A APLICAR DE ACUERDO CON EL PLAN DE GESTIÓN ZEPA: EJEMPLO: PDR CASTILLA LA MANCHA: MEDIDA 12.1. PAGOS COMPENSATORIOS POR ZONAS AGRÍCOLAS EN RED NATURA 2000. El Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, recoge la medida 12 “Pagos compensatorios en la Red Natura 2000” con una submedida, la 12.1, referida a las zonas agrícolas incluidas en dicha red. En las llanuras castellano-manchegas, y ubicada sobre zonas incluidas en la Red Natura 2000, destaca la pseudoestepa de cultivos cerealistas de especial relevancia para la conservación de aves esteparias, sobre este ecosistema es sobre los que incidirá la submedida 12.1 relativa a “Pagos compensatorios en zonas agrícolas de la Red Natura 2000”. Esta submedida 12.1 recoge pagos compensatorios por la adopción de medidas de carácter obligatorio en las zonas agrícolas de la Red Natura 2000 para hacer compatible las prácticas agrícolas con la conservación de las aves esteparias. 74

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1. Rotación de cultivos, en ciertas condiciones 2. Sobresiembra. 3. La semilla no 4. Siembra del cereal y leguminosa no más tarde del 15 de diciembre 5. Retraso de labores. (para asegurar la cría de las especies protegidas) 6. No labores agrícolas nocturnas 7. No podrán utilizarse herbicidas en barbechos ni rastrojeras 8. Respeto de nidos, no cosechando en ciertos casos como los nidos de aguilucho 9. Alguna limitación al uso del girasol 10. Fajas de abandono de cultivo. Mínimo un 5% de la explotación acogida a la ayuda Estas medidas persiguen: –– Conceder ayudas en zonas concretas del territorio de Castilla-La Mancha, con el objetivo de impulsar aquellas explotaciones en donde se sufren pérdidas significativas de ingresos o donde los costes de explotación son elevados como consecuencia de su situación en tales zonas. –– Alcanzar un estado de conservación favorable de las especies y hábitats objeto de protección –– Campo de ensayo e investigación, para optimizar las prácticas agrarias con la premisa de asegurar la conservación de las especies y el desarrollo socioeconómico ligado a frenar la despoblación de ciertas zonas rurales. Por otro lado, tras la aprobación del Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Ambientes esteparios, por Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM nº 67 de 05/04/2017), estas medidas inicialmente se aplicarán a las Zonas marcadas como Zona A, en el mecionado Plan de Gestión. Inicialmente se aplicará a unas 30.000 ha distribuidas en 4 de las 8 ZEPA incluidas en el Plan, y en las provincias de Toledo, Albacete y Guadalajara, pero que probablemente se ampliarán. 75

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Por otro lado, la submedida 12.1 tiene una valoración en el Plan de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha de 208,2€/hectárea y año, lo que ha supuesto un aliciente para ciertos sectores de la agricultura vinculados a los cultivos de herbáceos de secano. El compromiso de mantener estas medidas coincidirá con la vigencia del Plan de Gestión de ZEPA de Ambientes Esteparios (5 años), pero sería deseable su continuidad en función de los resultados que se obtengan del seguimiento que se hará de esta medida. Se recordó que el diseño de las “Zonas A” nacieron con la intención de, a pesar de su obligatoriedad, consensuarlos con las distintas asociaciones de agricultores para que su integración y desarrollo fuera lo más exitoso posible. Todo esto fue posible, ya que la distribución territorial, su realidad física y la necesidad de asegurar el estado de conservación favorable de la totalidad del espacio Red Natura 2000, invitaba a elegir distintos lugares donde implantar las medidas anteriormente mencionadas y poder contrastarlas con otras localizaciones. REFERENCIAS: www.castillalamancha.es http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/ rednatura2000/ZEPA_Ambientes_Aves_esteparias

CLAUSURA

PEDRO IGNACIO ELOSEGI GONZÁLEZ DE GAMARRA Presidente de las Juntas Generales de Álava

Lehengo eta behin, Arabako Kontzeju Elkarteak antolaturiko jardunaldi honetan berriz parte hartzeko Arabako Batzar Nagusiei bidalitako gonbidapena eskertu nahi dizuet. Urtero bezala, eztabaidatzeko, hausnartzeko, esperientziak partekatzeko eta Elkarte hau gizarte arabarraren aurrean begi-bistakoa izateko balio du. Arabako herri txiki baten auzokide eta kontzejuaren kide moduan, gainera, aurten aukeratu duzuen gaia oso interesgarria iruditu zait. Toki-erakundeek, natura-guneen babesle gisa, gune hauei buruzko funtzesko erantzukizuna izan dute historikoki eta izaten jarraitu behar dute. Los montes comunales alaveses han sido a lo largo de los años una de las mayores preocupaciones de los concejos y, gracias en buena medida a su labor de conservación y mantenimiento, estos se han mantenido hasta la actualidad como uno de nuestros tesoros verdes más valorados. Son infinitos los planes de ordenación que se han sucedido desde las diferentes administraciones y que afectan, de una u otra manera, a estos espacios naturales protegidos. La declaración de estas áreas es imprescindible para la preservación de la diversidad y es aquí donde el papel de los concejos cobra aún más relevancia. Sois vosotros los concejos quienes mejor conocéis los espacios verdes de nuestro territorio y vuestra voz es fundamental. El ejercicio 77

de actividades económicas o de ocio, de los usos tradicionales del monte o de aprovechamiento de los recursos deben mantenerse en equilibrio estable y para lograrlo no se puede escatimar en escuchar las opiniones y aportaciones de todos los interesados. La protección de estos espacios puede estar atribuida administrativamente a una u otra institución, pero en la práctica esta labor nos corresponde a todas y todos los alaveses. Una última reflexión antes de dar por clausurada esta jornada. Las instituciones, todas las instituciones, son útiles y son, asimismo, respetadas por la ciudadanía si son capaces de gestionar con honradez y de responder a las necesidades de las personas. No quiero dejar pasar la ocasión, asimismo, para valorar y reconocer el trabajo de impulso y de reivindicación constante y continuada que ACOA realiza en el Territorio Histórico de Álava. Llegando ya al final, quiero recordar que el próximo mes de noviembre, todos los concejos del territorio renovaremos a nuestros representantes locales. Desde esta tribuna que hoy se me ofrece quisiera lanzar un llamamiento a la participación en ese proceso electoral a los vecinos y vecinas de Álava. Los concejos no sólo nos representan, sino que son estos concejos quienes defienden en el propio pueblo y, sobre todo, de cara al exterior la voluntad de sus habitantes en infinidad de asuntos que nos afectan muy de cerca. No dejéis pasar la oportunidad de participar en las elecciones del 26 de noviembre. Sin nada más, me despido dando por clausurada esta jornada. Pedro Elosegi Gonzalez de Gamarra Presidente Arabako Batzar Nagusiak