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Nacionales
Guatemala, miércoles 1 de marzo de 2017 Gabriel Herrera
El investigador indagaba la muerte de Myrna Mack.
Se inicia juicio por deceso de José Mérida Gabriel Herrera
El Juzgado A de Alto Impacto desarrolló una audiencia por el caso del Banco de Comercio.
Fiscalía solicita que se abra proceso
Los sindicados, quienes aparecen detrás de la malla, laboraban en la extinta Policía Nacional. Sara Solórzano @SsolorzanoDCA
E
l Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por Pablo Xitumul, declaró abierto el debate oral y público contra 4 hombres señalados de ser los presuntos responsables de ultimar a José Miguel Mérida Escobar, investigador de la extinta Policía Nacional (PN), quien realizaba las pesquisas por la muerte de la antropóloga Myrna Mack Chang. Los enjuiciados son los exagentes de la PN: Julio David López Aguilar, José Miguel Gonzá-
lez Grijalva, Alberto Encarnación Barrios Rabanales y el excomisionado de dicha institución, Martín Alejandro Mejía García; ellos son señalados de los delitos de deberes de lesa humanidad y asesinato.
Pormenores
De acuerdo con el Ministerio Público, Mejía es acusado de ser el coautor de la muerte del detective Mérida Escobar, jefe de la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas, asesinado el 5 de agosto de 1991 en el parque Gómez Carrillo. Jorge García, fiscal a cargo del proceso, detalló que los sindica-
dos participaron en la muerte de Mérida. Por este hecho fueron detenidos Alfredo de Jesús Guerra Galindo y Gonzalo Alfredo Cifuentes, quienes supuestamente fueron torturados para que admitieran el homicidio. Mack Chang, fundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala, fue ultimada el 11 de septiembre de 1990 en la capital. Como autor material del crimen fue detenido en diciembre de 1991, en Los Ángeles, el sargento del Ejército Noel de Jesús Beteta, quien fue condenado a 25 años de prisión en febrero de 1993.
Los Pelones logran libertad El Juzgado Décimo Penal, a cargo de Wálter Villatoro, resolvió cerrar de manera provisional el proceso a favor de 6 presuntos integrantes de la banda Los Pelones, que se dedicaba supuestamente al robo de propiedades, y ordenó la libertad inmediata de quienes estaban privados de su libertad. El Ministerio Público argumentó en su solicitud que están pendientes de realizarse 15 dili-
gencias, por lo que el juzgador les otorgó un plazo, que vence el 18 de marzo del próximo año, para recabar los indicios que fortalezcan los señalamientos que se puedan imputar en el futuro. Quienes podrán abandonar la prisión en los primeros minutos de hoy son Heriberto Sagastume, Fredy Saravia Cardona, Óscar René Melgar Moreno, Gloria Gramajo Mazariegos de Melgar, Cristiani
Samayoa López y Hugo Leonardo Fonseca, quienes fueron sindicados de asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, asesinato en grado de complicidad, falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados. Las investigaciones detallaron que la agrupación compraba de forma fraudulenta inmuebles y asesinaba a los propietarios para evitar denuncias. Sara Solórzano
El Ministerio Público pidió que enfrenten juicio 13 representantes legales de empresas vinculadas con el desaparecido Banco de Comercio, y 4 particulares, por su presunta participación en préstamos por Q288 millones que fueron trasladados a la offshore Organizadora de Comercio. De acuerdo con las investigaciones, la entidad financiera ofrecía al público inversiones por medio de pagarés. El inversionista depositaba su dinero en esa entidad, pero los fondos eran acreditados en la cuenta a nombre de la firma que tiene sus operaciones fuera del país. A cambio, el ahorrante recibía un certificado de custodia de inversión en valores, sin valor legal. Entre los señalados están Malvina Beatriz Armas España, Carlos Luarca Gil, Guillermo Rodolfo Estrada Crespo, Lionel Armando Martínez, María
Q288 millones
fueron trasladados a una offshore. Figueroa de Pérez, Rodolfo Morales Taracena, Rosa María Chavarría Lemus y Virgilio Estacuy Coroxon, sindicados de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de dinero. En noviembre de 2006, la cartera de crédito del banco aumentó de Q40 millones a Q160 millones. Un mes después, alertados por una crisis bancaria, los clientes solicitaron a Organizadora del Comercio S. A., y a Organizadora de Comercio, acreditada en Panamá, el pago de sus inversiones. El número de afectados es de 7 mil. Sara Solórzano Archivo
El juez Wálter Villatoro otorgó un año para que el Ministerio Público obtenga evidencias.