Para Oyorzábal Díaz, los funcionarios federales pretenden evadir su responsabilidad con el argumento de que los sierreños tienen “sus propios mecanismos especiales de producción para recuperarse”. Las autoridades se niegan a reconocer esa zona como la octava región comercial de la entidad, dice.
Indolencia estatal A pesar de las crecientes protestas de pobladores de La Sierra, las autoridades se muestran indolentes. Gente del municipio de Leonardo Bravo mantuvo el bloqueo de la carretera Casa Verde-Filo de Caballos hasta el viernes 11, para sumarse a las protestas de sus vecinos de los municipios de General Heliodoro Castillo y Eduardo Neri. Hacia el mediodía retuvieron al subsecretario para Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza; al alcalde perredista de Leonardo Bravo, Leopoldo Cabrera Chávez, y a funcionarios de la Sedesol en el estado. Según los manifestantes, actuaron de esa forma porque el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se comprometió el jueves 10 a subir a La Sierra junto con el secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Lara Montellanos, para atender el reclamo de los 18 comisarios municipales de los tres municipios enclavados en la sierra, y no había cumplido. Hasta el cierre de esta edición, el viernes 11 por la noche, los funcionarios estatales y el edil perredista seguían retenidos en el poblado, informó el comisario de Los Morros, Crescencio González Díaz, y advirtió que serán liberados cuando el gobierno estatal atienda los reclamos. O
Ezquiel Flores
como delincuentes a todos, a pesar de que saben bien lo que sucede en La Sierra”, declara López Torres. Ante el abandono oficial, la gente de La Sierra se organizó para abrir caminos, conseguir insumos y hacer justicia por mano propia ante la ausencia de autoridad, reiteran los pobladores. El martes 8, otro grupo de habitantes de La Sierra se manifestó de manera pacífica en esta capital, Recorrieron las principales calles con pancartas y lanzaron consignas contra el gobierno por la falta de atención a sus comunidades. Encabezados por el exalcalde de Tlacotepec, Severo Oyorzábal, instalaron un plantón en la residencia oficial Casa Guerrero y presentaron un diagnóstico devastador. Los 46 ejes carreteros que circulan sobre la columna vertebral de la Sierra Madre del Sur, desde Costa Grande y Tierra Caliente hasta el centro de la entidad, dijeron, se encuentran destrozados. La falta de caminos ahorcó esa franja donde habitan más de 140 mil personas distribuidas en al menos mil 200 comunidades, hoy incomunicadas. Con el propósito de desactivar la protesta pacífica, las autoridades estatales prometieron un encuentro con el gobernador para esta semana. El propósito era evitar incidentes durante la fugaz visita del presidente Enrique Peña Nieto a esta capital el miércoles 9 para encabezar una reunión de gabinete en Casa Guerrero y evaluar los daños provocados por la tormenta Manuel. Los funcionarios federales presentaron informes de las siete regiones del estado, pero en ningún momento hablaron sobre la situación de La Sierra.
Campo de Aviación. Quema de viviendas de narcos
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PATRICIA DÁVILA
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URANGO/ MAZATLÁN.- Aún no se ha terminado y ya es considerada una de las más riesgosas del país. La supercarretera Durango-Mazatlán (que el presidente Enrique Peña Nieto debe inaugurar el 17 de octubre) ya presentaba “peligrosas” fallas geológicas no previstas en el proyecto técnico, túneles tapados por aludes y tramos en donde el terraplén con el pavimento va literalmente hacia el precipicio, desde antes incluso de que la golpeara la cola del huracán Manuel. A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre. La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más “importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada”. Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños “colaterales” que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona (Proceso 1823). Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie. A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica. La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En
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