mienta imprescindible para entender la aplicación desigual de la ley. Sin embargo, su reiteración no depende sólo de funcionarios corruptos, sino de su normalización por la sociedad. Sólo así puede reproducirse esta cultura del privilegio. En este contexto, quienes recurren a estas exenciones ante la ley pueden ser actores que emplean esta situación privilegiada para realizar actividades legales. Sin embargo, de acuerdo con la misma lógica, también hay espacio para quienes realizan actividades ilegales o se mueven entre la ilegalidad y la legalidad, como el crimen organizado. Su poder e influencia se nutre de la cultura dominante del privilegio, como la del resto de los grupos, también privilegiados. En la misma medida, si la cultura del privilegio afecta a la seguridad, lo hace de igual manera a la gobernabilidad y al desarrollo. Bajo esta visión integral, se propone que el motor mediante el cual se alimenta esta relación entre los ámbitos señalados es el Estado de derecho y la cultura de la legalidad, como factores trascendentales para alcanzar el bienestar de las sociedades. Es importante destacar que esta afirmación se basa en el valor instrumental del Estado del derecho y no como valor en sí mismo. La propuesta es contemplar la igualdad legal como un recurso imprescindible para eliminar el privilegio, la corrupción y la impunidad, pues alimentan la ineficiencia e ineficacia y, en consecuencia, impiden la retroalimentación positiva entre la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad, y en última instancia, el bienestar general.
La cultura del privilegio frente a la cultura de la legalidad Son muchas las definiciones de cultura de la legalidad. En términos generales, hacen referencia al nivel de apego que una sociedad tiene al cumplimiento que promueven la observancia
La seguridad en el marco del Estado de derecho
