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Lunes, 17 de marzo de 2014
El Gobierno fija la prueba que permitirá acceder a las profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales La capacitación se adquirirá tras la realización de una prueba escrita de respuestas múltiples l Consejo de Ministros, a propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales, para establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones. Dicha ley estimaba necesario adquirir una cualificación profesional más allá de la sola obtención de una titulación universitaria, tanto para la consecución del título profesional de abo-
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La prueba constará únicamente de una parte escrita, con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales gado (quien presta asistencia letrada bajo esa denominación) como el de procurador (que ejerce la representación procesal de las partes en los procesos judiciales). Ese proceso de capacitación profesional se adquiere mediante la su-
peración de una formación especializada a través de la realización de cursos de formación que han de incluir un periodo de prácticas externas y superar una evaluación. El Real Decreto 775/2011 estableció que para comprobar si se posee la formación necesaria para el ejercicio de ambas profesiones se debía realizar una prueba compuesta por dos partes: una de preguntas múltiples y otra consistente en la resolución de un caso práctico. El Real Decreto aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros reforma ese de 2011, para que la prueba conste únicamente de una parte escrita de con-
testaciones o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores. De esta forma, se afirma desde el Ministerio, se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teórico-práctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado.
El nuevo Real Decreto aprobado también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas. El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%).
ENTREVISTA SR. MANUEL FONTANILLA FORNIELES SOCIO DIRECTOR DESPACHO R. ALARCÓN-FONTANILLA Y SR. JORGE RODRÍGUEZ-ALARCÓN GIL, ABOGADO
“Contribuimos a que en España se pueda hacer una minería sostenible a nivel económico y social” Conocemos la trayectoria y objetivos del Despacho R. Alarcón-Fontanilla: un referente nacional del sector minero y de los hidrocarburos. ¿Cuándo se fundó el Despacho y qué ofrece hoy en día? El Despacho se funda hace más de 20 años con el objetivo de prestar asesoramiento jurídico integral a empresas. Desde el inicio, nos volcamos en el área de la investigación y aprovecham iento (I&P) de recursos mineros e hidrocarburos ya que esta actividad, en aquellos años y aun hoy, significaba un reto tanto en la aplicación de la norma específica como en materias que estaban latentes como la restauración medioambiental o el urbanismo entendido en su ámbito actual.
¿Por qué están especializados en minería e hidrocarburos? La minería es esencial para la economía de un país y en ella confluyen derechos e intereses legíti-
“Los proyectos de fracking o los trabajos de investigación de hidrocarburos en aguas Canarias constatan tanto la importancia económica de la minería como su conflictividad” mos muy diferentes y, a la vez, contradictorios. Basta mencionar los proyectos de fracking, (técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional) o
los trabajos de investigación de hidrocarburos en aguas Canarias para constatar tanto la importancia económica de la minería como su conflictividad. El Derecho es la mejor técnica para intentar conciliar todos estos intereses y resolver sus conflictos. Nuestro Despacho se creó para participar activamente en la consecución de este objetivo y contribuir a que en España se pueda hacer una minería sostenible por su importancia no solo económica sino social.
¿Qué servicios prestan? Prestamos asesoramiento jurídico integral a las empresas mineras o a emprendedores que inician por primera vez un proyecto minero. Ofrecemos el estudio jurídico de la viabilidad minera, medioambiental y urbanística de un proyecto; la di-
rección y tramitación de los procedimientos administrativos de obtención de derechos mineros, sus prórrogas y cualesquiera otros aspectos o incidencias de los mismos; dirección jurídica y tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, etc. Hemos dirigido la tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración con mucho éxito e importantes resultados por su cuantía económica.
medioambientales, urbanísticos, contractuales…
¿Qué otros servicios ofrecen? Podemos ofrecer y presentar proyectos de interés a empresas nacionales o extranjeras y fondos de inversión relacionados con el mundo de la minería o de hidrocarburos actuando no solo como asesores jurídicos sino como un núcleo generador de negocio en estos sectores.
¿Sólo asesoran a empresas mineras? También a quienes se oponen a proyectos mineros que por distintas razones objetivas tienen deficiencias legales o a explotaciones mineras en marcha que desbordan sus límites
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