Ensayo - Geopolítica de la educación

República Bolivariana de Venezuela UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA Vicerrectorado-Académico Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado Escuela de Coordinación de los Programas en Ciencias de la Educación MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

TEMA: ENSAYO- NOCIONES BÁSICAS DEL DERECHO EDUCATIVO

AUTORA: ROSA ETELVINA LOZANO GUILLAS

TUTORA: DRA. CLAUDIA CAMPINS

San Joaquín de Turmero - Estado Aragua, noviembre 1. INTRODUCCIÓN La Constitución del 2008, declara que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida porque todos sabemos que el ser humano, nace, crece, se reproduce y muere pero la población cada vez es mayor debido al crecimiento de generaciones, es por eso que el Estado tiene el deber ineludible e inexcusable, que constituye una área prioritaria de la política pública y de la inversión social, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir, con una visión humanística y holística, buscando la inclusión, la eficiencia y la excelencia al más alto nivel.

Es importante por lo que el derecho a la educación son obligaciones por parte del estado que están dentro del plan del buen vivir, como atención prioritaria que requieren un estudio interdisciplinario, en tanto, el carácter complejo de la educación, que está en la base de tal exigencia, se manifiesta también cuando lo estudiamos en el marco del derecho y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En cuanto a la relación entre el derecho y la educación, una educación basado en los derechos humanos imparte las habilidades necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida diaria, la equidad de género, la diversidad cultural, el dialogo, la prevención de la violencia, la eliminación de los estereotipos(raciales, étnicos, religiosos, o basados en el género y/o orientación sexual) pueden ser todos abordados desde una perspectiva de derechos humanos a través de los principios de respeto, la tolerancia, y el reconocimiento.

Finalmente de acuerdo a las fuentes de derecho a la educación, la educación ecuatoriana experimento cambios trascendentales en la historia del país y a partir de un análisis cualitativo de la política educativa en torno al derecho a la educación en las constituciones de tres Revoluciones: Alfarista (1897 y 1906), Juliana (1928-

1929) y Ciudadana (2008), que se basa en la descripción de la progresión del derecho a la educación en la política educativa pública de las tres revoluciones.

2. DESARROLLO 2.1.

El Derecho de la Educación

El derecho a la educación implica garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, libertad de elegir maestro, a encontrar en la escuela todo lo necesario para la construcción de una razón activa y viva, debe ser la acción considerada como el fin más importante de la organización política de las democracias, tal como lo establece el Art.19 de la DDHH, supone “libertad de pensamiento” es decir mantener sus propias opiniones, filosofía creencia, pensamiento político; y “libertad de expresión” la cual es un derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones por cualquier medio de reproducción más la correlativa obligación de respetar esas obligaciones, derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se divulguen opiniones o pensamientos atentatorios contra el orden público o el orden de convivencia establecido [CITATION Dec15 \l 12298 ] De acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”[CITATION Art13 \l 12298 ] La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente, el aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive, el estado garantizará la libertad de enseñanza, de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres, madres y/o representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos/as una educación acorde con sus principios creencias y opciones pedagógicas.

El derecho a la educación es una de aquellas obligaciones por parte del estado que están dentro del plan del buen vivir, como atención prioritaria que requieren un estudio interdisciplinario. En tanto, el carácter complejo de la educación, que está en la base de tal exigencia, se manifiesta también cuando lo estudiamos en el marco del derecho y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

2.2.

Relación entre el Derecho y la Educación

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

La educación como un servicio público en el marco de Buen Vivir La educación es la condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir, por lo tanto la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, un deber ineludible e inexcusable del estado y un área de política pública y de la inversión estatal, por lo tanto este servicio público de la educación puede ser ofrecido a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares, en todos los centro educativos se deben ofrecer “sin costo servicios de

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social”[ CITATION Art21 \l 3082 ] Garantiza la gratuidad, universalidad y laicidad de la educación pública Los principios de gratuidad y universalidad de la educación pública están consignados en los artículos 28 y 348 de la Constitución, así como en el artículo 2 literal “gg” de la LOEI. El principio de laicidad o laicismo el derecho de la ciudadanía a practicar sus creencias de manera voluntaria en las instituciones educativas, la educación pública será laica y mantendrá “independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa”. Del mismo modo extiende el período de escolaridad obligatoria a trece años incluyendo la Educación General Básica y el Bachillerato[CITATION Con08 \l 3082 ] Participación activa de la comunidad educativa y de las familias en los procesos educativos.

Permite exigir un servicio educativo de calidad con la participación de las familias y la sociedad ya que el sistema educativo de país no es propiedad del Estado ni de los funcionarios que trabajan en él, sino de toda la comunidad educativa que incluye fundamentalmente a estudiantes y sus representantes donde participan activamente en el gobierno escolar, código de convivencia democráticos, la misma que tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo y en el Art. 347 (que determina que será responsabilidad del Estado, entre otras, “garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en el proceso educativo”) [ CITATION Mar12 \l 3082 ].

Derecho

de

los

estudiantes

en

los

establecimientos

particulares

y

fiscomisionales En el caso concreto de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, la LOEI ratifica que el Estado controlará el cobro de pensiones y matrículas, y además determina, en el artículo 58, que estas instituciones educativas tienen varias obligaciones con los usuarios de sus servicios. En el artículo 140 del Reglamento se detallan algunas de estas, como la prohibición de que se exija a los estudiantes o a

sus familias el pago de cualquier contribución económica que no esté expresamente autorizada por el Ministerio de Educación, o el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o matrículas. También se establece que, de acuerdo con el principio de inclusión educativa, los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales no podrán cobrar valores adicionales a ningún estudiante en atención a sus necesidades educativas especiales, tienen la obligación de contar con medidas a fin de garantizar que, en caso de fallecimiento de sus representantes legales, los estudiantes puedan continuar sus estudios en la institución.

Se prohíbe la paralización de las actividades del servicio educativo La LOEI en su artículo 132, literal “p”, prohíbe taxativamente a los representantes legales de los estudiantes, así como a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos “promover o provocar la paralización del servicio educativo”. En la disposición general primera, la Ley también establece que, “considerando que la educación es un derecho humano a la vez que un servicio público fundamental, se prohíbe a todos los miembros de la comunidad educativa, promover o provocar deliberadamente la paralización del servicio educativo.

Ninguna causa o circunstancia, excepto la que derive del caso fortuito o de fuerza mayor, justificará la interrupción de las actividades educativas”. De esta manera, los paros de actividades con las consiguientes pérdidas de clases, empobrecimiento de la calidad de la educación pública y violación del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que aquellos ocasionaban son cosa del pasado[ CITATION LOE21 \l 12298 ] Derecho a educación para personas con escolarización inconclusa.

El estado para garantizar el acceso universal a la educación, impulsa políticas y programas especiales y dota de los recursos necesarios que faciliten la escolarización regular de las niñas, niños y adolescentes que por distintas particularidades o circunstancias de inequidad social, necesidades educativas específicas entre otras presenten dificultades de inserción educativa, desface escolar significativo o que, por cualquier motivo demanden intervenciones compensatorias en razón de su incorporación tardía a la educación, de la misma forma a las mujeres que no han tenido acceso a la educación o tienen rezago

educativo a fin de promover la igualdad entre hombre y mujeres. En caso de las personas con necesidades educativas específicas, los programas de escolaridad inconclusa deberán incorporar adaptaciones tecnológicas, curriculares y físicas que permitan el acceso, participación, aprendizaje, permanencia y culminación en la educación inconclusa. La edad para acogerse a este tipo de acceso es mayor a 15 años para básica superior y mayor a los 18 años para bachillerato. (Art. 55 LOEI) El derecho a la escolarización de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad Los estudiantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad reciben un trato preferencial para su acceso y permanencia en el sistema educativo, ya que los derechos de las personas con necesidades educativas especiales están garantizados desde la Constitución que en su artículo 347 numeral 2, dispone que “los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales”, y en su artículo 348, segundo inciso, establece que el Estado financiará la educación especial. De estos principios constitucionales se deriva el artículo 47 de la LOEI, así como los artículos 227, 228, 229 y 230 del Reglamento, los cuales establecen que el Ministerio de Educación, a través de su planta central y de sus niveles desconcentrados, promoverá el acceso y permanencia en el sistema educativo de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. Este mandato se cumple ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria[ CITATION Con21 \l 3082 ] La educación Intercultural Bilingüe Para asegurar un servicio educativo de calidad con pertinencia cultural y lingüística para las nacionalidades y pueblos indígenas, es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación a través de la Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe que a su vez forma parte del Ministerio de Educación. Se sigue respetando el derecho a las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural, así como los derechos colectivos la cual garantiza la educación los pueblos originarios en la lengua correspondiente y asegurando también que la inversión presupuestaria sea equitativamente distribuida a todos ellos[ CITATION LOE18 \l 3082 ] Derecho a la Educación Superior

La Ley de Educación Superior vigente, contiene aspectos muy avanzados con respecto a la formación de los estudiantes universitarios y el respeto a sus derechos y los derechos humanos, con los instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre educación superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que busca formar profesionales y académicos con una visión humanista, solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir, en un marco de pluralidad y respeto; en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República, (CRE) en sus artículos pertinentes.3 La Ley de Educación Superior publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 298. El objeto de esta Ley es definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. Con el fin de que la educación sea de carácter humanista, cultural y científica y que constituya un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y permita a los estudiantes y maestros y educadores desarrollar sus habilidades y destrezas que contribuyan en sus proyectos y en el entorno del Buen Vivir Derechos de los maestros y educadores La Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, que es una dependencia técnica y administrativa del Ministerio de Educación, es la encargada de promover la Capacitación y Formación Docente en el país, a través de espacios de aprendizaje que permiten democratizar el acceso a una educación de calidad, venciendo barreras de tiempo y espacio, coordinando, monitoreando, evaluando y asesorando con la participación activa y comprometida de los diferentes actores de la educación.

La capacitación Docente demanda una permanente preparación e innovación educativa, es una obligación fundamental del Estado para con la Educación, es necesario fortalecer una capacitación Docente en el Ecuador que promueva el autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida y el acceso equitativo al conocimiento; la creatividad, la reflexión, un desarrollo integral y la posibilidad de incorporar nuevas conceptualizaciones, nuevos paradigmas, en el diseño de nuevos procesos de enseñanza aprendizaje[ CITATION DDH12 \l 12298 ] 2.3.

Las Fuentes del Derecho Educativo

Ecuador desde su creación como "República independiente", ha tenido líderes y caudillos que priorizaron una política nepotista, centralista y de enriquecimiento burocrático, entendiendo a la educación como un factor de privilegio y no de derecho. Es así, como desde el gobierno de Juan José Flores en 1830 hasta el de Francisco Robles en 1859, salvo excepción de Vicente Rocafuerte, quien fundo escuelas, colegios, museos y creo la Dirección General de Estudios, que si bien generaron pautas para atender ciertas necesidades educativas.

Con la llegada de García Moreno al poder, se experimentaron los primeros cambios de trascendencia en la educación pública del país, se pensó en la consolidación de un plan que de forma paralela se vaya construyendo en forma física como de aprendizaje, por ese motivo, se ordenó la inyección económica del Estado para construir

escuelas,

colegios,

observatorios,

imprentas,

la

fundación

de

la Escuela Politécnica Nacional que llegó a ser considerada una de las más importantes de la época en el contexto sudamericano, aumentando el número de estudiantes en territorio nacional, complementando esta inversión en la instrucción pública importó un modelo educativo europeo, a tomar fuerza en el escenario internacional con el liberalismo.

Revolución Alfarista (1897 y 1906), Recién a finales del siglo XIX, con la llegada del liberalismo al poder en el gobierno de Eloy Alfaro, constitucionalmente en 1897 se establece a la educación como una instrucción pública, gratuita, obligatoria y laica hasta la primaria. Este último principio no genero un impacto inmediato en el país, pues los religiosos seguían manteniendo la enseñanza y

dentro

de

lo

laico

estaba

inmersa

la religión católica

y

sus modelos de aprendizajes, pero en la primera década del siguiente siglo, con la constitución de 1907, se establece la separación entre las labores que le corresponden al Estado y la Iglesia, ahí, se empieza a generar de manera desordenada

un

nuevo

proceso

educativo

que

tenía

como

principio

al conocimiento de forma utilitaria.

Revolución Juliana (1928-1929) Fue un movimiento cívico-militar del Ecuador que, mediante un golpe el 9 de julio de 1925 liderado por la Liga Militar, los ideales liberales alfaristas son las que condujeron a la Revolución Juliana que derrotó a los poderes de la plutocracia

liberal y la hegemonía de la banca privada dando paso a un proceso de modernización y fortalecimiento del Estado ecuatoriano. Esta Revolución fue antioligárquica y precursora de un Estado enfocado en la promoción de derechos laborales, su rasgo distintivo fue la defensa del sentido social del trabajo y la economía. En este contexto sociopolítico, una de las políticas significativas fue la creación de la Escuela de Industrias y Oficios para mujeres en cada capital de provincia y de escuelas de educación básica, se incorporó la puericultura a la formación de las mujeres y se promovió la participación de las maestras en la vida social y política.

Revolución ciudadana (2008), Al movimiento político liderado por el Rafael Correa se lo denomina la Revolución Ciudadana, a diferencia de las revoluciones Alfarista y Juliana, no se inicia con un episodio violento de toma del poder, se obtuvo como resultado un trazo histórico de la progresión del derecho a la educación, desde esta perspectiva, a manera de exhorto, se termina con el planteamiento de propuestas para precautelar el derecho a la educación en el contexto actual de pandemia, entre los elementos más decisivos de la política pública de la Revolución Ciudadana para hacer real el acceso a la educación están las garantías para la inclusión y equidad, la gratuidad y obligatoriedad, requiere de políticas educativas complementarias y estratégicas que garanticen la efectividad de la gratuidad.

La calidad de la educación, educar para el desarrollo de la conciencia social y de las libertades de derechos y de cuidado de lo social como garantía de igualdad e inclusión social, la formación de los maestros/as para hacer posible la educación como un derecho. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de docentes formados para el siglo XXI, para la era digital, se ha avanzado, en cuanto concreción de derechos, a la inclusión como condición para la interculturalidad, una oportunidad privilegiada para una sociedad pluricultural, como es reconocida en la misma Constitución[CITATION Por21 \l 12298 ] 2.4.

Fundamentación Constitucional.

Una vez analizada la teoría de los derechos fundamentales, se tiene que proseguir preguntándose el por qué el derecho a la educación es un derecho fundamental,

para satisfacer estas preguntas existen dos posibles teorías, una teoría formal y un material.

La teoría material, siguiendo a Pablo Pérez catedrático de derecho constitucional de la universidad de Madrid, considera que los derechos fundamentales lo son por cuanto están reconocidos en la constitución, Pérez asegura que existen derechos humanos por ser reconocidos en instrumentos internacionales como tales, pero estos se vuelven fundamentales cuando son incorporados al ordenamiento jurídico constitucional interno[ CITATION Per08 \l 12298 ] El Enfoque material de los derechos fundamentales busca una explicación más profunda de que son los derechos fundamentales, Luigi Ferrajoli en su fundamento de los derechos fundamentales asegura que derechos fundamentales son los derechos que generan más derechos. La razón que a mi criterio existe para no tomar esta teoría es que nos lleva a los mismos resultados que la teoría formal.

Pues la constitución de Montecristi en su art 11 acoge la teoría de la irradiación de Ricardo Guastini, desarrolla el modelo del estado constitucional de derecho, esto es que la constitución generaba efectos sobre todo el ordenamiento jurídico, así las leyes inferiores en su totalidad no pueden contradecir a la carta magna las normas que estén en contra de la constitución carecen de valides, aunque otros autores como Aragon Reyes aseguran que afecta su eficacia, ahí volvemos a que solo lo constitucional es válido, y solo lo valido es derecho fundamental.

Desde esta perspectiva bien podría decirse que la educación es un derecho fundamental pues la misma se reconoce en la declaración universal de los derechos humanos Artículo 22.-Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Los derechos humanos como eje transversal en la labor legislativa Algunas recomendaciones formuladas por la unión interparlamentaria y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los derechos humanos de lo que

pueden hacer los parlamentarios desde su ámbito de actuación legislativo y fiscalizador: 

Velar por que las disposiciones internacionales de derechos humanos se incorporen a la legislación nacional y gocen de rango constitucional para que tengan el máximo grado de protección en el ordenamiento jurídico del país.



Velar por los proyectos de ley que se presentan en el parlamento y porque las comisiones parlamentarias de las que forman parte sean conformes con las obligaciones del país en la materia de derechos humanos y revisar la legislación vigente para determinar si es compatible con esas obligaciones, para ello familiarizarse con la labor de los órganos creados en virtud de tratados, las recomendaciones formuladas por esos órganos y por otros mecanismos de vigilancia internacionales y regionales y con la labor del ONG nacionales e internacionales dedicadas a los derechos humanos y la de instituciones nacionales que trabajan en esa esfera.



Velar por que la educación en derechos humanos forme parte de los planes de estudios de las escuelas del país, las obligaciones de derechos humanos enmendadas del derecho constitucional e internacional sean cumplidas de forma franca, constructiva, innovadora y activa.

3. CONCLUSIONES  De lo investigado se puede concluir que el derecho a la educación es parte de los derechos humanos, por lo tanto, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber del estado que garantiza la gratuidad,

obligatoriedad, acción pedagógica adecuada, igualdad e inclusión social, basado en el buen vivir, es decir en el mundo actual no es solo el derecho a frecuentar escuelas sino también a recibir una educación de calidad que procure al pleno desenvolvimiento de la personalidad, a encontrar en la escuela todo lo necesario para la construcción de una razón activa y de una conciencia moral adecuada.

 En cuanto a la relación entre el derecho y la educación en la Constitución del Ecuador se dice que es un servicio público en el marco del buen vivir, garantiza la gratuidad, la universalidad, la laicidad, la inclusión social,

la educación

intercultural bilingüe para nacionalidades y pueblos indígenas, la calidad educativa con docentes capacitados a nivel nacional por lo cual la comunidad educativa y las familias son participes del proceso educativo sin importar los tipos de establecimientos ya sean públicos, particulares, fiscomisionales o municipales,

 Por otro lado el sentido de la educación se ubica en la inclusión y equidad social, esta es la dimensión política de la educación de estas tres revoluciones icónicas en la historia del país, las políticas educativas de acceso, gratuidad, universalidad, calidad, formación docente, respondieron a estos horizontes, amplios y complejos del pensamiento político social, con relativos avances, en cada contexto histórico, los avances en el derecho a la educación en el Ecuador, en el que las políticas educativas se orientan a superar la opresión y buscar la justicia social, la pandemia ha demostrado la necesidad de comprender que lo educativo es una asociación entre escuela, familia y comunidad.

 Finalmente se puede establecer que los derechos son fundamentales por lo que están reconocidos en la Constitución e incorporados al ordenamiento jurídico constitucional interno y velar por que la educación en derechos humanos forme parte de los planes de estudios de las escuelas del país.

4. REFERENCIAS  Art. 26 de la Constitución. (19 de 12 de 2013). Normas Constitucionales.

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5. ANEXOS  Derecho a la educación

 Derecho y la educación

Participante: Rosa Etelvina Lozano Guaillas Fecha: 02/08/2021