De víctimas a líderes:
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El trabajo de una década de protección de Cristosal en Centroamérica
Sumario
El Programa de Protección de Víctimas de Cristosal cumple 10 años de impacto en Centroamérica, brindando oportunidades significativas de transformación a las personas desplazadas forzadamente: pasar de pertenecer a poblaciones históricamente excluidas o perseguidas a asumir roles de liderazgos y conformar redes locales de apoyo para otras personas en condiciones similares.
El programa, que nació en El Salvador enfocado inicialmente en brindar refugio y atención a víctimas de desplazamiento por violencia, creció y ahora atiende a personas migrantes, personas de la comunidad LGTBIQ+, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y a personas desplazadas por el cambio climático.
En la búsqueda de soluciones sostenibles, el enfoque también evolucionó: se pasó del asistencialismo y de la provisión de casas de resguardo a la implementación de un Programa de Protección que va más allá, y que busca construir arraigos y liderazgos comunitarios que luchen por la defensa y restitución de los derechos humanos. Es decir, un modelo donde se fomenta la organización social como un espacio de fortalecimiento y cambio social.
En el marco de este programa, Cristosal desarrolló un modelo de acompañamiento a las víctimas conocido como Ruta de Atención Integral (RAI), que incluye la atención inmediata de necesidades humanitarias de emergencia y de riesgo, formación y atención psicosocial y acompañamiento para el acceso a la justicia y la restitución de derechos. Esto es lo que ha permitido que personas que sufrieron algún trauma se conviertan en líderes o lideresas que contribuyen a la creación de nuevas redes de protección en sus comunidades.
Como organización también identificamos cómo nuestra misión abría la oportunidad para incidir en la creación de políticas públicas con enfoque de derechos. En El Salvador, pese a la resistencia gubernamental, este esfuerzo culminó en un hito significativo: la aprobación de una ley que no solo reconoce el desplazamiento forzado, sino que también aboga por la dignidad y los derechos de quienes han sido obligados a abandonar sus hogares.
En Honduras, Cristosal ha brindado asistencia a 3,064, personas desplazadas y migrantes que han retornado. A través del apoyo de la organización, estas personas están reconstruyendo sus vidas en su lugar de origen o en nuevos reasentamientos. En este país, la labor de la organización no solo se limita a brindar asistencia inmediata, sino que también desarrolla planes de vida que fortalezcan el arraigo y que buscan restituir los derechos que fueron vulnerados a causa del desplazamiento.
En Guatemala, país en el que comenzamos a trabajar a partir de 2018, también se adaptó el enfoque —pensado inicialmente para la atención de víctimas de violencia generalizada— hacia un modelo que permitiera crear comunidades más resilientes donde la dignidad y los derechos humanos de grupos específicos, como la población LGTIBQ+, fueran prioridad. El trabajo con estas comunidades ha permitido se puedan promover procesos de integración y soluciones duraderas para luchar contra la discriminación y la exclusión. En una década, este programa ha protegido a 11,736 personas en estos tres países centroamericanos.
I. Primer período: En la búsqueda de soluciones duraderas ante la crisis de desplazamiento y migración forzada (2014-2019)
De este contexto surgió el modelo de la Ruta de Atención Integral (RAI), que proponía alternativas de protección dentro del país, previniendo la migración irregular. Acompañada por un enfoque de protección local llamado Sistemas Locales de Protección, esta estrategia implicaba la coordinación entre la institucionalidad estatal y los actores comunitarios para acercar los servicios de derechos humanos y acogida a las personas desplazadas.
Cristosal trabajó junto con diversos actores clave para construir respuestas de protección a las poblaciones vulnerables durante este período:
Medios de comunicación: Jugaron un papel crucial en visibilizar la problemática, aumentando la conciencia pública sobre la crisis del desplazamiento forzado.
Organizaciones de la sociedad civil y ONG: Colaboraron en la identificación y atención de casos, en muchas ocasiones de forma conjunta. Además, en 2017, Cristosal participó en la Mesa contra el Desplazamiento Forzado de El Salvador, donde se presentó el primer informe de la sociedad civil sobre esta problemática, en colaboración con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Cooperantes internacionales: Organizaciones como AVINA, AWO International, USAID y la Fundación Interamericana apoyaron proyectos clave, como los pilotos de los Sistemas Locales de Protección y la regionalización del enfoque de soluciones duraderas.
Gobiernos locales y organizaciones comunitarias: En particular, las de las zonas del norte de Morazán en El Salvador fueron claves para los esfuerzos iniciales de construcción de alternativas de protección local a través de la creación de comunidades de acogida.
Cristosal implementó inicialmente una modalidad de protección complementaria basada en la gestión de albergues, los cuales ofrecían seguridad, estabilidad emocional y confidencialidad mientras las víctimas accedían a la protección internacional.
Este modelo de albergues permitió sentar las bases para la Ley de Desplazamiento
atención psicológica, apoyo a medios de vida y asistencia legal. Hasta 2024, más de 10,000 personas han recibido atención a través de la RAI en El Salvador, Honduras y Guatemala.
En 2017, se lograron los primeros casos de reubicación segura y sostenible en El Salvador, y posteriormente en Honduras y Guatemala. En 2019, Cristosal comenzó a establecer los primeros territorios de acogida en el marco de la RAI, con procesos de formación dirigidos a operadores estatales y liderazgos comunitarios en estas zonas. Sin embargo, los desplazados no optaron inicialmente por estos territorios, lo que llevó a un ajuste en la estrategia. Se decidió priorizar la integración local posterior a la reubicación, permitiendo a las personas desplazadas elegir los lugares donde pudieran reintegrarse, aprovechando sus propias redes de apoyo.
Los Sistemas Locales de Protección comenzaron a consolidarse en 2022, con experiencias destacadas en Camotán (Guatemala), Choloma (Honduras) y La Libertad (El Salvador).
Por último, en 2019, Cristosal desarrolló el Manual de Soluciones Duraderas, basado en los indicadores de la Biblioteca de Indicadores de Soluciones Duraderas (JIPS, 2019), herramienta fundamental para medir los avances en la reintegración y la construcción de soluciones sostenibles para las personas desplazadas por violencia.
Evolución del modelo durante el período
2014
Aprendizajes basados en las primeras atenciones a casos de desplazamiento por violencia en El Salvador
2017
Regionalización del enfoque de soluciones duradera a través de su introducción en Honduras y Guatemala
2016
Introducción del enfoque de soluciones duraderas como respuesta al desplazamiento forzado
2019
Introduccióm del enfoque de sistemas locales de protección en El Salvador
OIM y Open Society Institute: Financiaron la implementación del modelo de transferencias de efectivo para personas desplazadas por desastres en los tres países.
Actores de gobernanza local en gestión de desastres: Entidades como Protección Civil en El Salvador, COPECO en Honduras y CONRED en Guatemala, fueron esenciales para la distribución de ayuda y la gestión de la crisis.
Población en general: La población desempeñó un rol fundamental al canalizar denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción en el contexto de la implementación de poderes de emergencia.
Experiencias, logros y aprendizajes
Este período representó un desafío para Cristosal al tener que ampliar sus capacidades para atender problemáticas de gran escala, como la gestión de ayuda humanitaria y la asistencia legal.
Gracias a la colaboración con las entidades de gobernanza local, Cristosal logró gestionar la ayuda humanitaria de manera eficiente, lo que le permitió mejorar la logística y la distribución de servicios técnicos a la población. Sin embargo, no se alcanzaron esfuerzos sostenidos para gestionar los riesgos en los territorios, lo que es fundamental para el retorno o la reubicación local de las personas desplazadas. Este sigue siendo un área pendiente de desarrollo en cuanto a soluciones duraderas para las personas desplazadas por desastres.
En la segunda fase de atención a desastres, implementada en 2023 y 2024, se realizaron jornadas psicosociales colectivas en los municipios previamente beneficiados con ayuda económica multipropósito. Estas jornadas ayudaron a formular planes de reintegración local con un enfoque de soluciones duraderas, promoviendo grupos de autoayuda como base para la organización de las víctimas a nivel comunitario.
En el ámbito de las poblaciones LGBTIQ+ víctimas de crímenes por prejuicio, Cristosal logró avances procesales significativos, con procesos en los que se discutió de manera apropiada y sobre base científica la necesidad del reconocimiento de la identidad de género de personas trans y al valorarse las pruebas periciales producidas por Cristosal se reivindica uno de los derechos de las víctimas, aunado a que se solicitó una calificación legal especializada al crimen. Además, se implementaron pasantías para personas de la población LGBTIQ+ dentro de Cristosal, lo que fortaleció tanto a las organizaciones involucradas como a Cristosal en cuanto a la comprensión más profunda de las necesidades de protección de esta población.
Evolución del modelo durante el período
Aprendizajes basados en las primeras atenciones a casos de población LGBTIQ+ víctimas de crímenes de odio
Aprendizajes a partir del monitoreo a poderes de emergencia en el marco de la pandemia por COVID-19 2021
Amplificación de capacidades del modelo de protección a poblaciones desplazadas a partir de la atención a casos vinculados con desastres
III. Tercer período: Actualidad y perspectivas: regreso al movimiento social (2023-2024)
Contexto
En 2023, la situación en El Salvador se agravó con la implementación del Régimen de Excepción como medida de seguridad, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias, amenazas, malos tratos, presuntas torturas y muertes bajo custodia estatal dentro del sistema penitenciario se convirtieron en un trágico común denominador.
Las víctimas, que anteriormente huían de la violencia de las pandillas, ahora se enfrentan a un nuevo agresor: el mismo Estado, que las perseguía con capturas arbitrarias o persecución política. Además, el régimen de excepción en El Salvador, junto con el debilitamiento democrático en Honduras y Guatemala, aumentó la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes de comunidades y movimientos cívicos.
La situación se complicó aún más con la hostilidad por parte de actores estatales a nivel local, que dificulta o incluso imposibilita la colaboración con entidades responsables de proteger los derechos humanos. Esta problemática se agrava cuando el propio Estado se convirte en un agente perpetrador de violaciones de derechos.
Necesidades y respuestas
Frente a las afectaciones por el régimen de excepción, Cristosal entendió que el acceso a justicia y la incidencia ante un Estado que vulnera los derechos humanos era esencial. Esto llevó a la organización a aplicar un enfoque psicojurídico en la atención a las víctimas, un acompañamiento emocional y legal que ayudara a garantizar su estabilidad antes, durante y después de los procesos judiciales y mediáticos. Además, este enfoque busca prevenir la revictimización, el estigma y la violación de otros derechos en el proceso.
El enfoque de protección preventiva surgió como una respuesta clave para proteger a defensores y líderes cívicos, fortaleciendo sus redes de apoyo comunitarias, organizativas y multiactor. Este enfoque ha sido fundamental para desarrollar capacidades de resiliencia, gestión activa de riesgos y amenazas, y promover la incidencia en favor de la protección de sus derechos.
Por último, Cristosal actualizó su enfoque de protección local, adaptándolo a los nuevos desafíos del contexto regional. Este nuevo enfoque pone en valor la capacidad de las víctimas para incidir en la protección de sus derechos, fomentando la resiliencia colectiva como una herramienta de autoprotección ante los abusos del Estado. Además, busca potenciar la incidencia comunitaria para activar los servicios públicos relacionados con los derechos humanos.
Articulación con otros actores
Durante este período, Cristosal ha trabajado de manera coordinada con
Organizaciones sociales, en su mayoría conformadas por víctimas, que han sido cruciales para entender las implicaciones individuales, familiares, colectivas y comunitarias de los regímenes de excepción. A través de esta colaboración, Cristosal ha podido conocer de cerca los efectos psicosociales de los entornos amenazantes, los riesgos que enfrentan y la capacidad de resiliencia de las comunidades.
Defensores y defensoras de derechos humanos, que han trabajado junto a Cristosal para mapear riesgos y amenazas, y fortalecer sus redes de apoyo.
Cooperantes internacionales como Pan para el Mundo y AWO, que han apoyado la creación y el desarrollo de estructuras sociales de base comunitaria. Esto ha permitido a Cristosal acompañar e integrar a víctimas de violaciones de derechos humanos y fomentar la protección de sus derechos a través de organizaciones de víctimas, incluyendo a personas desplazadas por violencia, migrantes retornadas y poblaciones LGBTIQ+ vulneradas.
Gobiernos locales en El Salvador, Honduras y Guatemala, que han facilitado la creación de mecanismos locales de acompañamiento a las víctimas, basados en el liderazgo comunitario y la organización local.
Experiencias, logros y aprendizajes
Las organizaciones de víctimas y las poblaciones afectadas por regímenes de excepción en las comunidades aportaron de manera muy particular a través de un piloto de acompañamiento colectivo desarrollado por el programa de protección en la zona oriental, El Salvador.
Además del piloto antes mencionado, el desarrollo de un proceso de capacitación en materia de victimología y de acompañamiento psicojurídico a victimas basado en la experiencia previa de acceso a justicia transicional por casos de lesa humanidad de los años ochenta en El Salvador.
Los ejercicios realizados con defensores y defensoras de derechos humanos han permitido desarrollar herramientas para formular planes de contingencia, los cuales forman parte del enfoque de protección preventiva especialmente dirigido para este segmento de población.
Dentro de los esfuerzos de promoción del nuevo enfoque de protección local, en los tres países se registran historias de éxito a nivel individual y colectivo donde las víctimas han pasado de ser víctimas a líderes en sus comunidades y luego llegar a considerarse defensoras y defensores de derechos humanos. Así pues, se ha evolucionado para integrar dentro de los Sistemas Locales de Protección no solo a funcionariado, sino también a líderes de la comunidad y organizaciones de víctimas, así como de representantes de poblaciones vulneradas. Esto se ha logrado en los tres países, con la inclusión de poblaciones LGBTIQ+ desplazadas y migrantes retornadas con necesidades de protección. Actualmente, estas experiencias en particular se están plasmando en un manual de acompañamiento a víctimas en el marco de estructuras sociales y organización comunitaria.
Evolución del modelo durante el período
2023 2024
Aprendizaje sobre la base de la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de estado de excepción, corrupción y/o colusión de agentes estatales con el crimen organizado de la región
Introducción de nuevos enfoques de protección de víctimas basadas en la puesta en valor del movimiento social ante el antagonismo estatal
El Salvador: La
organización que despertó al Estado
Ana, a sus 38 años, tuvo que dejar su casa en la zona sur de San Salvador, por amenazas de una pandilla en 2021. No fue la única. Junto a ella 35 familias salieron de su caserío luego de una balacera. Una de las cosas que más recuerda Ana es cómo Cristosal le ayudó a procesar ese trauma, ya que además de apoyarla con su reubicación en otro caserío del mismo
"Nos enseñaron a no quedarnos estancadas. Lo que pasó no se nos olvida, pero se supera. No nos sabíamos expresar, nos daba pena. Nos ha ayudado la terapia y hoy podemos decir que somos unas nuevas personas", recuerda Ana, quien no solo recibió acompañamiento psicológico, sino también capacitación en temas de género. Ana ahora entiende cuáles
"Le decimos a los hombres que tenemos nuestros derechos y que merecemos respeto porque ellos eran machistas. Y nosotras sólo llorábamos o nos agachábamos, pero hemos aprendido muchas cosas en esa área", afirma..
La historia de Ana es solo una de las 6,605 historias que hay detrás de los procesos de protección y atención que ha brindado Cristosal a personas desplazadas en El Salvador. Ella pasó de afrontar una situación traumática a conformar una organización para ayudar a otras personas víctimas de desplazamiento. Ana impulsa ahora una organización de acompañamiento a víctimas: Manos Unidas. Cristosal les está ayudando en el proceso de
Alicia, prima de Ana, también es de las familias desplazadas del mismo caserío. Ella también trabaja en la conformación de Manos Unidas y es lideresa en su comunidad. Afirma que quieren ayudar a otras personas a afrontar una situación de crisis y a resistir, pero mientras tanto, continúan reuniéndose con las mujeres de su comunidad, alrededor de un árbol de
De la mano de Cristosal
En El Salvador, el programa de protección empezó en 2014, cuando Cristosal administraba un proyecto de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) para asistir a personas solicitantes de asilo. Las oficinas se llenaban de peticiones de protección internacional. Las víctimas querían irse del país. Fue entonces que Cristosal identificó la necesidad de crear programas especializados para atender a esa población. Primero, intentaron visibilizar el tema. y buscaron acompañamiento del Gobierno salvadoreño, pero recibieron respuestas cargadas de escepticismo. Les decían que, si destapaban ese problema, el tema se les saldría de las manos y que los casos se les podían desbordar. “A veces sentía que nos trataban de locos cuando hablábamos de desplazamiento interno en El Salvador. En aquel momento la incidencia nuestra era demostrar que sí se podía atender a esa población", recuerda Noah Bullock, director de Cristosal.
Pese a todo, Cristosal inició sin financiamiento. Se inspiraron en el modelo de trabajo de protección durante el conflicto armado. Se crearon protocolos rígidos de movilización y resguardo de las víctimas; se habilitaron casas de seguridad, donde se albergaban a familias desplazadas para darles cobijo, y protección temporal en esos espacios. En aquel momento, ni Cristosal ni el resto de las organizaciones aliadas veían la posibilidad de reubicaciones dentro del país. Todo el acompañamiento iba enfocado a facilitar las salidas al extranjero para estas personas.
Sin embargo, la organización tenía claro que no podía sustituir al Estado y que este debía asumir su rol, ya que no era sostenible tener a personas en albergues hasta por seis meses. "Se buscaba generar aprendizaje para que el Estado adoptara este modelo", cuenta Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.
Entonces Cristosal trabajó para incidir. Se crearon registros de casos para evidenciar que había un problema. La organización documentaba los casos y gestionaba los datos para demostrar la existencia de patrones. Pero ante la apatía estatal, se migró de la idea de que el Estado asumiera alguna responsabilidad y se apostó por un enfoque de protección basado en comunidades y redes familiares.
En 2016, Cristosal decidió finalizar con los albergues como modelo de protección y comenzaron a identificar comunidades de acogida. Tenían como modelos el pacto global sobre Refugiados inmigrantes y la declaración de Nueva York (2016), que establecieron lineamientos para mejorar los mecanismos de protección de personas desplazadas. Pero no funcionó: había mucha estigmatización y discriminación en las comunidades de acogida. "Las comunidades que estaban en condiciones de seguridad no querían recibir a gente desplazada por violencia, por el mismo miedo", relata Bullock.
Desistieron de propiciar las comunidades de acogida y decidieron trabajar con un modelo más flexible: uno que permitiera tejer nuevas redes comunitarias, pero también redes de apoyo familiar. La clave fue entender que no podían contar con un modelo que tuviera un un enfoque asistencialista al mismo tiempo que se insistía en la responsabilidad del Estado, y darle autonomía a las personas para fortalecer las redes existentes y no sustituirlas.
"Uno de los retos principales fue romper con modelos muy asistencialistas en nuestros equipos técnicos. Siempre es mucho más fácil regalar un poco de frijoles, en cambio una solución duradera tiene que tener una mirada mucho más integral", dice Bullock.
En 2017 surgió el enfoque de soluciones duraderas, que contempla reubicaciones en el país y apoya a las familias para integrarse a sus nuevos hogares, facilitándoles nuevos medios de
vida. Les incentivaban a la creación de iniciativas productivas, es decir, a invertir en sus comunidades de acogida.
"Fue un trabajo bien duro el empezar a trabajar con la gente que venía con expectativas de irse del país. Yo les decía: no, le tenemos una opción dentro. Entonces, al principio era un rechazo total de la gente, y miedo obviamente", relata Mauricio Quijano, director del Programa de Protección.
Cristosal cuenta con indicadores de su enfoque de soluciones duraderas, un instrumento con el que tratan de monitorear niveles de reintegración, y que las personas retornadas atendidas por Cristosal no intentarán migrar nuevamente. "Hemos podido demostrar que con una atención, todavía bastante mínima, logras generar una alternativa a personas que de otra manera quizás estaría obligado a irse del país", agrega el director de Cristosal.
El Estado, para aquel momento, se negaba a reconocer que existía desplazamiento interno causado por la violencia. Fue por eso que empezaron a buscar incidencia legal. Presentaron seis casos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta le ordenó al Estado salvadoreño reconocer el problema y legislar. La organización también presentó una propuesta de ley. En 2020, tras un intenso cabildeo realizado por Cristosal, el congreso salvadoreño aprobó la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
Ahí empezó la articulación con organizaciones para la creación de un Sistema Nacional de Protección. Cristosal esperaba que a partir de ese momento se empezaría a trabajar de la mano con instituciones del Estado para proteger a las víctimas. Pero eso no sucedió. Al final, al esfuerzo le faltó financiamiento y un reglamento.
Pero Cristosal trabajó con algunas organizaciones gubernamentales y con alcaldías. El técnico del comité de prevención de La Libertad, Mauricio Montes, dice que la función es articular el trabajo de varios actores. "Cristosal nos ha ayudado a formarnos, a conocer los procesos y a unir esfuerzos", dijo el
También trabajaron con otras organizaciones no gubernamentales. Una psicóloga de una asociación intercomunal del departamento de Usulután dice: "Todo el trabajo va encaminado al empoderamiento. El apoyo va mucho más allá de lo económico, Cristosal se convierte en un soporte porque tenemos una red de apoyo, donde las personas comparten información y han adquirido conocimientos de derechos
Un cambio en el perfil de las personas
Con el paso del tiempo el Programa se adaptó a las necesidades de la población vulnerada en sus derechos. Los perfiles de las personas atendidas cambiaron. De trabajar con personas desplazadas por violencia, empezaron a dar atención a salvadoreñas y salvadoreños desplazados por la crisis climática o la violencia sexual. En 2020, incluso, el programa atendió a víctimas de la pandemia por Covid. "Ya no estamos sujetos a procesos burocráticos. El modelo nos está ayudando a tener flexibilidad para ajustarnos a perfiles, adaptados a la realidad", dice Rina Monti,
Medarda, una mujer de 34 años, fue víctima de violencia sexual en 2022. Tuvo que desplazarse desde un departamento hacia otro en el oriente de El Salvador. Cuando puso la denuncia, le hablaron del Programa de Protección de Cristosal. Recuerda que recibió la atención en cuestión de días: primero psicológica y después económica. La organización le proporcionó también los recursos para abrir una venta de
platillos típicos."Aprendí mucho sobre derechos. Antes nos pasaban cosas y nos callábamos, ahora sé dónde acudir. Nos han enseñado que sí podemos, y a identificar el acoso", dice.
Medarda ahora tiene una tienda y se ha convertido en lideresa en su comunidad de acogida. Relata que en la escuela de su hijo querían obligarlo a bailar. Ella se opuso y fue a hablar con el profesor para reclamar: "Hoy sabemos cómo defendernos", afirma.
Medarda es un ejemplo de la activación de redes locales. Ella le habló del programa a su amiga Yuli, una víctima colateral del régimen de excepción, un instrumento vigente desde marzo de 2022, que suspende derechos y garantías constitucionales para contener la violencia de las pandillas.
Yuli, de 26 años, enfrentó una situación crítica tras la detención arbitraria de su esposo, uno de los cientos de salvadoreños acusados de “Asociaciones Ilícitas” bajo el régimen de excepción. Esta captura ha dejado a Yuli y sus dos hijos en una condición de vulnerabilidad y sin ingresos económicos, ya que él era el único sostén económico de la familia. Cristosal intervinó para darle apoyo legal a su esposo. "Yo no sabía que teníamos derecho a un abogado. Nos enseñaron nuestros derechos, a hablar con la gente y a expresarnos. Ahora sentimos confianza en nosotras mismas", comparte Yuli.
Para Cristosal, la implementación de un régimen de excepción que ha suspendido derechos y garantías fundamentales, ha supuesto un nuevo desafío. Anteriormente, las personas beneficiarias del programa enfrentaban la persecución de las pandillas, pero hoy, en muchos casos, el victimario es el propio Estado.
Honduras: De
víctimas de desplazamiento a líderes comunitarios
solo dos personas encargadas en el país. "Solo éramos dos técnicos: uno en San Pedro Sula y yo en Tegucigalpa. Atendíamos un proyecto piloto que sentaba las bases del Programa de Protección en el país", recuerda Judith Baquedano, investigadora de campo.
Sin embargo, en 2021, Lla organización experimentó una revitalización significativa. Decidió trasladar estratégicamente su sede de San Pedro Sula a Tegucigalpa y nombró a una coordinadora nacional de protección para fortalecer su operación. Este cambio marcó el inicio de una segunda fase de trabajo, permitiendo a Cristosal ampliar su impacto y responder de manera más efectiva a las necesidades de protección de la población.
Con el tiempo se realizaron ajustes significativos para mejorar la respuesta a las víctimas, estableciendo montos específicos para la ayuda humanitaria, y adaptando un enfoque más integral en la defensa de los derechos humanos.
"Cristosal no es una organización de ayuda humanitaria; somos defensores de derechos humanos. Desde el principio, supimos que las personas necesitaban condiciones para poder exigir sus derechos", agrega Baquedano.
Con el crecimiento del equipo, Cristolsal amplió su capacidad operativa, pasando de contar con dos técnicos a establecer una oficina más robusta, con abogados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Así, en colaboración con alianzas estratégicas, implementaron la ya creada Ruta de Atención Integral.
Esta ruta, como explica Karen Valladares, coordinadora de la organización en Honduras, no se limita a ofrecer ayuda humanitaria inmediata, sino que busca desarrollar un plan de vida integral. Identifican el potencial de las personas beneficiarias para emprendimientos y las empoderan en sus derechos, promoviendo liderazgos en las comunidades de acogida, inspirados en el modelo que inició en El Salvador.
A través de la RAI, Cristosal proporciona apoyo directo en cinco ejes fundamentales: protección, educación, litigio, defensa y comunicación. Alín Granados, técnica de protección de Cristosal, destaca que el objetivo principal es“que esos derechos vulnerados sean restituidos activando todos los mecanismos del Estado".
"Recibimos los casos, le hacemos un proceso psicosocial, entrevistamos a la persona junto con el equipo legal, y luego identificamos sus necesidades y capacidades para poder realizar un plan de trabajo. Este enfoque no sólo busca cubrir necesidades inmediatas como alojamiento y alimentación, sino que también se enfoca en la restitución de derechos a largo plazo", dice Karina Rodríguez, técnica de Cristosal.
Sin embargo, una de las dificultades que encontraron fue que no todas las víctimas buscaban el tipo de ayuda que ofrecían, ya que el deseo de migrar persistía en algunos casos. Para superar este desafío, establecieron alianzas claves con organizaciones comunitarias, estatales y civiles, con el fin de acompañar a las personas en un proceso a largo plazo.
Otro de los retos iniciales fue romper el hielo con las instituciones estatales. Alín Granados explica: "Cuesta tener esa apertura, pero una vez uno ya tiene esa apertura, pues es más fácil poder pedir el apoyo para las personas que lo necesitan".
Un caso exitoso de esta colaboración es Choloma. Yovani Servellón, director de desarrollo comunitario de la municipalidad, destaca que la alianza con Cristosal ha transformado su enfoque hacia las personas migrantes: "Hemos conocido la historia de los migrantes y eso ha servido de mucho para que podamos entender esos procesos y colaborar para poder ayudar", afirma.
Manuel Del Cid, quien coordinó un proyecto de Médicos por el Mundo en colaboración con Cristosal, señala que a diferencia de otras organizaciones que ofrecen apoyo temporal, Cristosal "no solo se enfocan en el apoyo inmediato, sino que también brindan herramientas para el emprendimiento, lo que permite a los beneficiarios ser autosostenibles. Esto es un plus que marca una gran diferencia en el proceso de reinserción social".
En 2023, Cristosal comenzó a trabajar con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Elsy Reyes, coordinadora de Defensoría de Movilidad Humana de dicha institución, resalta que esta colaboración fue crucial gracias a la flexibilidad de Cristosal en la atención a personas en situación de riesgo. "Muchas organizaciones que trabajan en temas de desplazamiento son muy cerradas en sus perfiles, pero Cristosal permite que una persona que aún enfrenta riesgo pueda recibir apoyo nuevamente", señala Reyes.
Además, la alianza con Cristosal ha permitido complementar servicios y evitar la duplicación de esfuerzos garantizando así un apoyo integral para los beneficiarios. "Las demandas son muchas, y algunos procesos requieren apoderados legales o representación jurídica, algo que CONADEH no proporciona directamente.Cristosal tiene un componente legal que puede beneficiar a muchas personas", comenta Reyes.
La diversidad de perfiles
Aunque Cristosal comenzó enfocándose en la atención a víctimas de desplazamiento forzado por violencia, rápidamente amplió su labor para incluir a personas desplazadas por desastres naturales. Como resultado, el 65% de los casos atendidos corresponde a personas afectadas por el cambio climático.
es que cada caso es distinto. No hay una fórmula mágica. La ruta es un acompañamiento, un proceso de recuperación emocional y de toma de conciencia", explica la investigadora Baquedano.
Claudio Castillo, un promotor social que trabaja con poblaciones excluidas como las comunidades afrodescendientes e indígenas, comparte que su experiencia con Cristosal ha profundizado su sentido de solidaridad y servicio: "Me he conectado con la antropología de la vida y eso es lo que me ha hecho mucho mejor persona", afirma.
Guatemala:
Las comunidades excluidas conformaron redes de apoyo
Claudia, originaria de la capital de Guatemala, fue víctima de grupos del crimen organizado y solicitó ayuda urgente para trasladarse a un territorio seguro con sus hijos. A través de Facebook encontró a Cristosal, pero con desconfianza se comunicó, temiendo que la información fuera falsa . Pasaron varios días antes de que recibiera el primer contacto, y tras dos meses, fue trasladada al albergue en la iglesia Episcopal de Quetzaltenango, en el
Al llegar, fue recibida por un comité local de protección que le proporcionó ropa, ya que venía de un clima cálido y no estaba preparada para las bajas temperaturas del nuevo entorno. También le proporcionaron un teléfono celular e insumos básicos. A lo largo de los días, la llevaron a conocer la ciudad, ayudándola a familiarizarse con el lugar y a fomentar su independencia, mientras continuaba su
El fortalecimiento de estos comités locales de protección, que actúan para facilitar la integración de las víctimas en la comunidad, es uno de los logros más significativos de Cristosal en Guatemala. Según Ericka Sánchez, técnica de la organización, estos grupos funcionan como asesores y acompañantes, promoviendo la inclusión de las personas
En Guatemala, al igual que en Honduras y El Salvador, Cristosal no se limita al asistencialismo; coloca a la persona sobreviviente al centro de su enfoque, buscando soluciones duraderas. Por ello, crea alianzas estratégicas que empoderen a las víctimas en materia de derechos humanos, y los comités locales juegan un papel
Entre 2021 y 2022, Cristosal implementó comités locales de protección en Quetzaltenango y en Chiquimula, en el oriente de Guatemala, con el objetivo de brindar
atención integral a los diferentes perfiles de víctimas de desplazamiento forzado. Quetzaltenango fue elegido como un punto estratégico debido a su rol como lugar de tránsito para personas migrantes hacia Estados Unidos, así como para quienes se trasladan desde departamentos del occidente para trabajar o estudiar.
En Chiquimula, por su parte, es un área que reporta casos de desplazamiento vinculados a la criminalización de defensores del territorio y recursos naturales. En el municipio de Camotán se estableció una mesa técnica de movilidad humana que integra a organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales.
Claudia Muñoz es una de las 2,067 personas que han recibido atención por desplazamiento forzado interno en Guatemala desde 2021. El apoyo inicial que recibió fue fundamental para adaptarse a nuevas condiciones de vida. Este acompañamiento no se limitó a la asistencia básica, sino que incluyó también apoyo psicológico, lo que fue crucial para su proceso de readaptación. Además, el comité local ayudó a Claudia a encontrar una vivienda en alquiler cerca de donde viven dos de sus hijos, quienes se habían desplazado años antes a Quetzaltenango debido a la inseguridad.
Roberto Armas, rector de la parroquia Episcopal en Quetzaltenango y líder del comité local de protección,afirma que como grupo su principal responsabilidad es brindar protección e insumos primarios desde la llegada de las víctimas al albergue. Posteriormente,el comité trabaja para fomentar la autonomía económica de las personas atendidas.
Jimny Batres, integrante del comité local en Quetzaltenango, destaca que en los últimos nueve meses ha recibido capacitación y formación para entender el funcionamiento de Cristosal y aprender a atender a víctimas del crimen organizado y personas desplazadas por
su orientación sexual. Este proceso de formación incluye la socialización de los planes de trabajo con entidades gubernamentales, así como la ubicación geográfica y el seguimiento continuo con las personas beneficiarias.
Flor de María Salazar, coordinadora nacional de Cristosal en Guatemala, resalta que el equipo ha fortalecido sus capacidades técnicas. “Se ha tecnificado muchísimo el equipo. Somos conscientes de la importancia de la investigación en derechos humanos, pero también de la visibilización de las necesidades de protección de las víctimas. Dentro de nuestros desafíos está enlazar a nuestro equipo técnico, que tiene muchísima vocación de servicio en el territorio”, explica.
Cristosal también colabora con otras organizaciones no gubernamentales para atender a la población desplazada. Uno de los retos identificado por el personal técnico, es mejorar el tiempo de respuesta ante situaciones de crisis. Aunque en emergencias suelen reaccionar de forma inmediata, otros procesos pueden tardar hasta tres meses.
Brenda Ávila, trabajadora social en la Fundación
Sobrevivientes, que se enfoca en atender a mujeres víctimas de violencia, subraya que la respuesta del Estado suele ser lenta o inexistente. Por eso, desde hace dos años, la Fundación ha estado apoyándose en Cristosal para atender los casos de emergencia, dar apoyo legal, psicosocial y económico.
Osvaldo Canú Granados, de la agrupación
Resilientes, explica que Cristosal les está proporcionando asesoría y apoyo legal para obtener su representación legal como organización. Resilientes se especializa en ofrecer servicios de apoyo psicosocial a víctimas de violencia. “Los cambios que hemos visto son que tenemos mejores herramientas para desenvolvernos. Nos han empoderado para saber lo que podemos hacer cada uno de manera individual. Y la parte de ver la fase final,
donde no solamente eso es un sueño, ahora ya es una realidad. Estamos en la parte legal, pero ya nos da nueva luz, nueva esperanza para desenvolvernos como nueva organización”, dice Canú.
De la discriminación a la inclusión
Susy, una mujer de 44 años que vivía en la capital de Guatemala, se vio obligada a desplazarse a 200 kilómetros para resguardar su vida. Desde su adolescencia, sufrió de violencia física a manos de tres de sus hermanos debido a su orientación sexual. Ante esta situación, buscó refugio en un albergue donde encontró un espacio seguro, ya que vivir en su casa era peligroso.
El caso de Susy fue conocido por Cristosal en 2023, cuando ella estaba en ese albergue. Personal de la organización llegó al lugar para realizarle una entrevista que permitió incluirla en el Programa de Protección, con el cual le brindaron acompañamiento legal, psicosocial y económico a través de la Ruta de Atención Integral. Tras la evaluación de su caso, Cristosal decidió trasladarla a Quetzaltenango, donde inició su proceso de recuperación e integración.
Susy ejemplifica la evolución de perfiles atendidos por Cristosal, que desde junio de 2022 amplió su enfoque para acompañar a personas LGBTIQ+. En este marco, se estableció una colaboración con la Asociación Lambda, que se centra en la erradicación de las discriminaciones y violaciones a los derechos humanos.
Flor de María Salazar, coordinadora nacional en Guatemala explica que en el país hay multiplicidad de perfiles de personas víctimas de violaciones de derechos humanos con necesidades de protección. Inicialmente, la organización atendía a defensores y defensoras del territorio, pero a lo largo del tiempo la atención se amplió para incluir a
personas criminalizadas, perseguidas o víctimas de la violencia generalizada y violencia común. Actualmente, el programa de Protección beneficia a activistas, periodistas y a la
En sus primeros años, el Programa de Protección de Cristosal se centró en atender a personas criminalizadas por la defensa del territorio y recursos naturales. Durante esa etapa la organización constituyó equipos de litigio estratégico, educación, investigación en derechos humanos y comunicaciones, lo que
Cristosal también amplió su atención hacia personas retornadas y de migrantes en tránsito. Un ejemplo emblemático es el de Andrea, quien migró a Estados Unidos en 2022. Tras ser deportada, Andrea llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fue contactada por Cristosal. Su testimonio destaca que la ayuda fue más allá de la asistencia humanitaria; recibió apoyo para su reintegración en la comunidad.
“Fue un momento emotivo que alguien te diga que te van a ayudar y que vas a estar bien. Nunca voy a estar sola de nuevo, pensé, y así voy a salir adelante con mi hija”, recuerda Andrea sobre el primer acercamiento con Cristosal. Este primer contacto marcó el inicio de un proceso de acompañamiento que le permitió a Andrea regresar a su hogar en la aldea Chiquilajá, en
Pero el apoyo de Cristosal no se limitó a su regreso; la organización implementa las siguientes fases de la RAI y proporcionó a Andrea un capital semilla para formar su
Antes de migrar, Andrea trabajaba en una venta de ropa, pero ahora es dueña de un negocio dedicado a la venta de trajes de indumentaria maya, lo que le permite ofrecer un futuro mejor a su hija de 18 años y que no se enfrente a una
Susy, al igual que Andrea, recibió el apoyo necesario para ser económicamente independiente. Después de casi año y medio de trabajo en conjunto con Cristosal, logró su Estatus de Protección Temporal (TPS) y vivirá en Estados Unidos junto a su pareja. Sueña con estudiar medicina y luego tener un supermercado en su lugar de origen.
Claudia ahora disfruta de su tiempo con su nieto y dos de sus hijos. Sigue en terapia psicológica y,con el apoyo legal de Cristosal, espera a que su hija, quien aún permanece en la capital guatemalteca, también llegue a Quetzaltenango.
