R agacino las anomalías del proyecto neoliberal

5 Dentro de algunos sectores de la izquierda, o inclusive de la concertación, se ha planteado como una salida a este momento la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿Qué opinión le merece a usted esta alternativa?

Una asamblea constituyente supone poder constituyente, sujetos constituyentes, fuerzas constituyentes. Y sabemos que si hoy o en el futuro inmediato se abriera la posibilidad de una asamblea, lo cual me parece ya improbable, el estado de debilidad del movimiento trabajadores y popular sería el marco propicio para legitimar un ordenamiento cuyas bases políticas, siendo optimistas, a lo más abrirían la puerta a un modelo cercano al que proclama el neo-estructuralismo de CEPAL: un capitalismo “mas inclusivo”, que promete reducir las brechas de desigualdad con políticas redistributivas y una intervención estatal moderada pero que mantiene las reglas fundamentales del mercado y del capital. Dificulto que en las condiciones actuales una asamblea constituyente, más allá de las encendidas y épicas alocuciones a los “ciudadanos” constituyentes, permita avanzar en reformas que trasladen siquiera en parte la soberanía a los productores y sectores populares. Pero aún así, si se definiera para el período este objetivo, una mínima seriedad política implicaría plantearse la tarea de construir una correlación de fuerzas adecuada para impulsar los objetivos más permanentes y emancipatorios. Desde ese punto de vista nuestra urgencia no es la asamblea constituyente sino construir una fuerza constituyente, de trabajadores y popular, capaz de unificar organizativa y programáticamente las voluntades en torno a un proyecto con horizonte emancipador. Y esto plantea inmediatamente la necesidad de impulsar un proceso de convergencia y el diseño de una táctica para el período cuyo centro sea la construcción de fuerza social y programática en esa perspectiva que, como lo he sugerido en otras ocasiones, contrasta con la idea de construirla en función de “incluirse” en la institucionalidad estatal, por ejemplo, como fuerza electoral. En particular la pretensión de ocupar espacios estatales en razón de que el Estado es un espacio en disputa, parecería razonable solo si el poder político residiera en el estado como lo declara el derecho constitucional burgués o como ocurrió en los períodos de estabilidad durante el siglo pasado. Pero si hoy, como afirma Mészáros, la verdadera y principal fuerza extra parlamentaria es la propia burguesía en virtud de que requiere cada vez menos de la intermediación parlamentaria para gobernar, entonces una táctica de “inclusión” en el Estado, en particular del parlamento y el gobierno, choca contra su nuevo carácter y promete más costos que beneficios. La escisión entre lo político y lo jurídico tiende a transformar al Estado en un cascarón jurídico, amén de todas las demás restricciones que éste impone a las fuerzas incluidas bajo clausulas de subordinación.

La fuerza constituyente tiene que disputar el poder político y no un lugar administrativo. Si el poder real se ejerce desde el seno de propia sociedad civil-empresarial y no desde las instituciones administrativo-estatales, la fuerza constituyente inevitablemente deberá enfrentarse a la patronal directamente en su propio terreno civil no estatal que, por lo demás, el mismo capital ha politizado.

En muchos momentos a través de la historia el movimiento de trabajadores y popular, cuando ha enarbolado plataformas de lucha por los derechos generales superando la demanda salarial parcial o cuando ha asumido la lucha por modelos desarrollo ajustados a las necesidades populares, ha logrado desplazar la política de lo estatal-institucional a la esfera social, politizándola desde el campo popular. Por decirlo de algún modo, son momentos en que se enfrentan la sociedad civilempresarial con la sociedad civil-trabajadora y popular. Por cierto esto no significa subestimar al Estado, sobre todo por cuanto éste retiene el monopolio de la fuerza legítima, pero en las condiciones del capitalismo actual la lucha no se concretará a través del Estado o desde el Estado.

No; el Estado aparecerá como actor durante el proceso como aparato represivo, y después, cuando resuelto el conflicto aunque sea transitoriamente, como simple “escriba” de lo que el capital ha debido conceder o logrado imponer. ¿Qué mejor ejemplo la reciente lucha de los portuarios cuyo verdadero triunfo, como lo han intuido sus dirigentes más talentosos, fue obligar al conjunto