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miércoles 7 de febrero de 2018 · Año 7 No 1868
Mendoza pierde $120 millones al mes por no ratificar el Consenso Fiscal
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La Cámara de Diputados comenzó a tratar en comisiones el proyecto de ley para que la Provincia renuncie a los juicios a la Nación a cambio de una compensación impositiva. Por Horacio Yacante La Legislatura provincial comenzó a tratar el proyecto de ley para ratificar el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre Mendoza y la Nación por el Fondo del Conurbano Bonaerense. El atraso provoca una pérdida de fondos nacionales de alrededor de $120 millones mensuales en compensaciones. Sin embargo, su tratamiento aún genera dudas en el justicialismo por el impacto impositivo que podría tener sobre los propietarios inmobiliarios. La importancia de este acuerdo radica en que la Provincia comenzaría a percibir un bono a cuenta de futuras pérdidas producidas por el programa nacional de reducción de impuestos federales y regionales. Además, establece como cláusula fundamental que cada una de las jurisdicciones desistan de alrededor de 50 juicios que mantienen con el Gobierno Nacional. En el caso de Mendoza, renunciaría a dos litigios en potencia por un valor estimado en $8.000 millones, debido a la interrupción del Fondo de Autarquía y la retención del 15% de ANSES. Según explicó el ministro de Hacienda y Presupuesto, Lisandro Nieri, la llegada de estos fondos son fundamentales para balancear el presupuesto. “Los bonos servirán para compensar la pérdida de fondos coparticipables del Impuesto al
MENDOZA La Legislatura tratará el proyecto para ratificar el Consenso Fiscal.
Cheque, estimados en alrededor de $1.300 millones. Lo que nos permite concluir el ciclo con costo cero, es decir, sin impacto negativo sobre las cuentas provinciales que se mueven con superávit”, agregó. Más allá del optimismo del funcionario, desde el justicialismo no se mostraron tan convencidos acerca de la conveniencia a largo plazo del consenso. Reunidos en la primera sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, los legisladores dejaron en claro su oposición a la creación de una Dirección Nacional de la Propiedad Inmobiliaria, un órgano similar al rubro automotor, que se encargaría de determinar el valor de los inmuebles. El diputado kirchnerista Jorge Tanús fue quien más in-
sistió sobre este punto, ya que “podría ocurrir que viviendas que hoy son consideradas como sociales, sean tasadas más alto de lo que ocurre actualmente y terminen pagando mucho más de Impuesto Inmobiliario y a los Bienes Personales”. “La Nación compensaría en recaudación, pero nuevamente recargando a los sectores populares”, insistió en concordancia con temores similares reconocidos incluso dentro del oficialismo. En caso de que el proyecto no lograra el consenso, Nieri advirtió que “la provincia perdería todo lo acordado”. De este modo, las pérdidas por la reducción impositiva deberían ser asumidas con fondos locales y también se restablecería el litigio iniciado en la Corte Suprema de la Nación.
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Así lo adelantó el Ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri. En el SUTE consideran que es un mensaje desesperado del Ejecutivo para imponer su propuesta. P.2