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EL VOCERO DE PUERTO RICO > JUEVES, 31 DE DICIEMBRE DE 2015
En picada la actividad económica El despilfarro y la falta de visión han provocado una contracción durante nueve años
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Laura M. Quintero >lquintero@elvocero.com @lauquinterodz
Villamil, son “instrumentos” válidos, aunque no constituyen un modelo económico coherente. Quiñones opinó, en cambio, que el modelo económico de Puerto Rico tiene tantas “válvulas de escape” que pese a toda la inversión económica que ha habido desde 2006, cuando comenzó la recesión,
La economía de Puerto Rico reflejó una disminución de 0.5% en el Índice de Actividad Económica con respecto a hace un año, un patrón que los economistas consultados proyectan que perdurará en 2016, cuando la población cumpla una década de estar sufriendo los embates de la recesión. “El 2016 promete unas circunstancias más graves de las que experimentamos en 2015”, advirtió el economista Argeo Quiñones, al aludir a la intensificación de medidas de austeridad, que suponen más contribuciones, más cargos y menos gasto público. Con esta proyección, coincidió el presidente de Estudios Técnicos, Joaquín Villamil, quien aseguró que hay consenso de que no El economista Argeo Quiñones opinó que el modelo económico de habrá crecimiento económiPuerto Rico tiene tantas “válvulas de escape” que pese a toda la co hasta el año fiscal 2018. inversión económica que ha habido desde 2006 ha sido insuficiente para alcanzar el crecimiento. >Archivo/EL VOCERO A corto plazo, dijo que no es mucho lo que se puede hacer para revertirlo. ha sido insuficiente para alcanzar el creSin embargo, para el año fiscal 2017 cimiento. El economista calcula que entre (que inicia en julio de 2016), es posible un 2006 a 2014 se han inyectado más de $40 crecimiento modesto si se toman medidas mil millones a la economía puertorriqueña, para simplificar el sistema contributivo que nadie sabe a dónde fueron a parar. El y estimular mayor actividad municipal y desglose incluye $15 mil millones por los local, así como mayor inversión mediante bonos de COFINA garantizados por el IVU, las Leyes 20 y 22, que otorgan exencioun estímulo federal de $1,200 millones que nes contributivas para estimular la otorgó la administración Bush en 2008, un exportación y la inversión. El gobierno estímulo de Obama bajo Fondos ARRA de comisionó a Estudios Técnicos analizar $7 mil millones, un estímulo federal que el impacto de estas leyes que, según
recibió el Banco Popular y Firstbank para comprar activos tóxicos de $1,000 millones, el plan Fortuño con un estímulo de $500 millones, y el Obamacare bajo el cual se asignaron $7 mil millones para mejorar los servicios de salud. Por todo lo anterior, el economista se mostró escéptico con las ayudas que
los utilizamos para subsidiar las actividades del sector privado, y no somos lo suficientemente organizados para exigir unos objetivos económicos favorables”, indicó. El economista llamó la atención sobre las repercusiones sociales que esto acarrea, las cuales no se pueden desligar de ninguna discusión económica. En síntesis, la calidad de vida y las condiciones de igualdad disminuyen, lo cual provoca a su vez malestares de violencia como los que han ocurrido en días recientes. “Es un gran manto de pesimismo que se cierne sobre la sociedad”, lamentó. Por otro lado, rechazó la discusión simplista de achacar los problemas económicos al status político, ya que “esta crisis es autoinfligida”. “Es el resultado de decisiones de política económica adoptadas por los dos partidos de gobierno hace más de medio siglo”, dijo en referencia al Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista que nos han gobernado desde hace setenta años. La administración García Padilla había presentado, en El presidente de Estudios Técnicos, Joaquín Villamil, aseguró mayo de 2014, como parte de que hay consenso de que no habrá crecimiento económico su agenda de recuperación hasta el año fiscal 2018. >Archivo/EL VOCERO económica una proyección de un crecimiento de 2% para 2018 a través de una inversión pueden provenir del gobierno federal. “La público privada de $12,000 millones, que idea de que arreglos por parte del gobierno no especificó de dónde provendrá. Los federal resolverían parcial o totalmente principales proyectos de infraestructura la crisis en Puerto Rico es incorrecta en la que ha intentado promover el gobierno en medida que no se efectúen cambios estruc- esa dirección, son la Ciudad de las Ciencias turales”, precisó. ($39 millones), la extensión de la ruta PR 22 La cantidad inmensa de subsidios que ($1,000 millones), la institución correcciootorga el gobierno ha sido precisamente nal de mujeres ($133.7 millones), Roosevelt una de las críticas constantes de un sector, Roads ($1,000 millones) y el Terminal Maríentre los críticos Quiñones. “Los recursos timo para Gas Natural en Aguirre ($267 que tenemos, que son limitados, cuando millones).
En el limbo el ‘Fondo de Acceso a la Justicia’ Laura M. Quintero >lquintero@elvocero.com
El déficit de $3 millones que enfrenta Servicios Legales de Puerto Rico pudo haber sido prevenido por el propio gobierno que ha estado en incumplimiento con la Ley 165 de 2013, que creó un “Fondo de Acceso a la Justicia”. Pese a que el gobernador Alejandro García Padilla nombró en propiedad a los abogados Carlos Del Valle Cruz, Salvador Antonetti Stutts, José Colón Santana, la CPA Wanda Rivera Ortiz y a la economista Martha Quiñones Domínguez a la Junta Administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico, no identificó otras fuentes de ingresos para asignar los $200 mil para el funcionamiento anual de la entidad, por lo cual ha quedado impedida de operar. La entidad estaba destinada a proveer recursos a las organizaciones sin fines de lucro,
tal como Servicios Legales de Puerto Rico, que ofrecen representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos en pleitos de naturaleza civil, casos de menores y Salas Especializadas en Sustancias Controladas. La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) también ha estado en incumplimiento con la ley, ya que debía ordenar a los abogados la creación de una cuenta IOLTA (en inglés, Interest On Lawyer Trust), que serán las cuentas que establecerán los abogados y los bufetes para depositar el dinero que le entreguen sus clientes dentro de una relación fiduciaria. Los intereses que generen esos depósitos serían dirigidos a nutrir el Fondo de Acceso a la Justicia. Pese a que la jueza presidenta, Liana Fiol Matta, ha estado en conversaciones con el autor de la medida, el senador Ramón Luis Nieves, para los efectos de comprender a cabalidad las exigencias de la Ley, después de dos años de
su aprobación en 2013, aún no se ha puesto en práctica mediante las reglamentaciones de la profesión legal. El senador reconoce que la falta de asignación de fondos sin duda es parte de insostenibilidad fiscal, pero “dentro de toda esta discusión fiscal, tenemos que ocuparnos del tema del acceso a la justicia... El sistema tiene dos varas: una para los que tienen dinero y otra para los pobres. Eso no debería ser así”, argumentó Nieves. La Junta de Directores de Servicios Legales aprobó el presupuesto, con un recorte de $3 millones, pero incluyó una enmienda para recortar 6% adicionales al Bono de Navidad del personal gerencial. La licenciada Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de la entidad, indicó que este recorte se hizo con el propósito de salvar a los ocho abogados unionados de ser cesanteados, aunque al cierre de eta edición seguían vigentes los despidos.