8<LEY Y ORDEN
EL VOCERO DE PUERTO RICO > VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
No fue presionado el juez
La investigación según las fuentes, no tocó el ángulo de cómo se filtró a un periódico la queja de alegado hostigamiento sexual que radicó el oficial jurídico Guillermo Gustavo Hernández Saavedra contra el magistrado
Miguel Rivera Puig >mrivera@elvocero.com
El Departamento de Justicia concluyó la investigación del suicidio del juez superior José Javier Ramírez Lluch ocurrido el pasado 17 de junio y se descartó que alguien hubiera incitado al magistrado a tomar la fatal decisión el día antes de la vista que presidiría para evaluar el pedido de un nuevo juicio del convicto por asesinato Pablo José Casellas Toro. El jefe de los fiscales José B. Capó dijo el miércoles que la investigación había concluído y que se encuentran redactando un informe, cuyo resultado no adelantó. A preguntas de EL VOCERO respondió que se había descartado la incitación al suicidio, Angulo que de acuerdo a varias fuentes fue parte de la investigación. La investigación según las fuentes, no tocó el ángulo de cómo se filtró a un periódico la queja confidencial de alegado hostigamiento sexual que contra el magistrado había radicado su oficial jurídico Guillermo Gustavo Hernández Saavedra, la que estaba supuesta a ser publicada en determinado medio el 18 de junio, fecha en la que el magistrado presidiría la vista de nuevo juicio pedida por la defensa de Casellas Toro. Los investigadores enfrentarían una muralla legal ante la obvia posición que presentarían dos periodistas a quienes alegadamente les llegó la queja presentada por Hernández Saavedra hallándose la misma en una etapa de confidencialidad en la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), de no revelar sus fuentes. Sin embargo, el Departamento de Justicia entrevistó un sinnúmero de empleados y funcionarios de la Rama Judicial y repasaron las entrevistas a personas claves como la jueza Isabel Llompart Zeno, directora ejecutiva de Oficina de Admiración de
los Tribunales (OAT). Llompart Zeno fue entrevista extensamente por segunda ocasión, en la búsqueda para conocer quienes sabían de la existencia de la queja. Se estableció que Hernández Saavedra se había comunicado con las juezas Emmalind García García y Aleida Varona Méndez, en el Tribunal de Apelaciones, para quiénes había trabajado. Ambas juezas alegadamente tenían conocimiento de la queja para cuya redacción Hernández Saavedra le pidió consejo. Una vez presentada la queja a finales de mayo la jueza Llompart Zeno destituyó a Ramírez Lluch como juez administrador de la Región de San Juan y le ordenó que una vez terminara sus vacaciones en las que viajó a Europa con su esposa e hijo regresara a la que había sido su sala en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón atendiendo casos criminales. Ramírez Lluch tenía en sus manos la decisión de otorgar o denegar un nuevo juicio a Pablo José Casellas Toro, el hijo del juez federal Salvador E. Casellas Moreno. Casellas Toro fue hallado culpable el 22 de enero del 2014 por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón y condenado en febrero a cadena perpetua. Ramírez Lluch había pautado la vista pedida por los defensores de Casellas Toro para el 18 de junio. Ese día oiría los argumentos pidiendo un nuevo juicio por unos comentarios que se hicieron en el salón de los jurados en torno a un testigo de la defensa. El pedido en esa ocasión fue distinto al que resolvió el martes el Tribunal de Apelaciones ordenando un nuevo juicio, porque el veredicto no fue unánime. El 17 de junio en la prensa se publicó un artículo sobre un proceso administrativo que enfrentaría el juez superior César Mercado Santaella, asignado al Centro Judicial de Bayamón, lo que se entiende calentó el ambiente.
Ese día una periodista entrevistó a la juez Llompart Zeno, y al concluir la entrevista supuestamente comentó que al siguiente día se publicaría la queja contra Ramírez Lluch. Esa queja estaba en proceso de investigación, previo a que se resolviera si se convertiría en una querella. Ramírez Lluch estaba en su hogar en Guaynabo cuando a media tarde del 17 de junio recibió la llamada telefónica de OAT en la que se le dijo que un periódico publicaría un artículo sobre la queja del alegado acoso sexual. Al parecer el juez Ramírez Lluch ya lo sabía, pero no quién era el periodista que habría de escribirla. Al caer la tarde su hijo adolescente lo halló ahorcado en el garaje de su residencia. En su cartera se halló una nota en la que les decía a sus familiares que tenía un cáncer avanzado, pero aparentemente la autopsia determinó que no tenía esa enfermedad. Antes de cerrar el caso los fiscales entrevistaron por segunda ocasión al querellante Hernández Saavedra, quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. En la primera entrevista Hernández Saavedra declaró detalles que aparentemente entran en una abierta contradicción con lo declarado por otros testigos, entre ellos un abogado que trabaja en el Departamento de la Vivienda con quien el ex oficial jurídico mantenía una relación de amistad. En la entrevista se abundó si Hernández Saavedra tuvo alguna comunicación con personas que interesaban “sacar al juez de carrera” al divulgar la queja de acoso sexual para que fuera publicada en algún medio noticioso.
El juez superior José Javier Ramírez Lluch se suicidó el pasado 17 de junio. Archivo/EL VOCERO
Documentada posible presencia de ISIS en el Caribe @
El Comando Sur advirtió la semana pasada sobre una potencial amenaza por parte de terroristas vinculados al ISIS contra millones de turistas que viajan en cruceros por el Caribe. >AP
Yennifer Álvarez Jaimes
>yalvarez@elvocero.com @yalvarezjaimes
La versión del general John Kelly, comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, sobre la posibilidad de que seguidores del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se estén entrenando en el Caribe ha sido documentada por telediarios y reportajes investigativos en Trinidad y Tobago. El periodista investigativo Mark Bassant de la cadena CCN TV 6 de Puerto España reportó desde mayo de este año que documentos clasificados del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela sugieren que varios musulmanes
de Trinidad y Tobago estuvieron siendo entrenados por ciertos oficiales venezolanos para ingresas a las filas de ISIS. Además, en enero de este año el periódico venezolano El Universal reseñó que un grupo de 22 ciudadanos de Trinidad y Tobago -familias que incluyen mujeres y niños- viajó a Venezuela y fueron arrestados en un allanamiento en el Hotel Plaza de Caracas. Y aunque los arrestados dijeron que estaban en Caracas para obtener la visa para visitar la Meca en Arabia Saudita, fuentes anónimas de la comunidad musulmana de Trinidad y Tobago alegaron que Caracas era solo una ciudad de paso para musulmanes radicales que pretendían unirse a las filas de ISIS en Siria. Además, el Ministerio de Seguridad Naacional dijo saber que algunos ciudadanos de
Trinidad se han convertido en miembros de ISIS, pero no pudo confirmar una cifra específica, mientras que los medios de comunicación de la nación caribeña han reportado que podrían ser hasta 50 personas. Hay “varios ciudadanos vinculados ahora con el grupo”, declaró el ministro de Seguridad Nacional Gary Griffith en una entrevista de radio en octubre. Para Albert Grajales, exdirector de la Interpol en Puerto Rico, opinó, en entrevista con EL VOCERO, que “Puerto Rico no debe descartar una posible amenaza terrorista debido a que es parte de el Caribe”, tal y como advirtió el general Kelly del Comandio Sur.
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