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NEGOCIOS / MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE DE 2013 El periódico de Puerto Rico
Proponen eliminar cargos por uso tarjetas
A Washington las hipotecarias a pedir moratoria ALANA ÁLVAREZ VALLE, EL VOCERO
El grupo alertó que las nuevas regulaciones podrían causar el estancamiento en la industria de vivienda Representantes del sector de vivienda e hipotecario local viajarán a Washington D.C. el próximo lunes para reunirse con delegados de Consumer Finantial Protection Bureau (CFPB), con miras a pedir para Puerto Rico una moratoria y exención a las nuevas regulaciones impuestas por esta agencia federal de vivienda que entran en vigor en enero, las que de no ser mitigadas pudiesen paralizar el mercado de vivienda y construcción de la Isla. “Estamos buscando alternativas a esas reglas. No es el fin del mundo. Sin embargo, exhortamos al que quiera comprar o refinanciar que lo hagan ahora, antes de enero”, expresó Agustín Rojo, presidente de la Mortagage Bankers Association de Puerto Rico (MBA). “Va a haber financiamiento, pero se va a restringir un poco. Habrá un periodo de ajuste para el consumidor y para los mismos bancos hipotecarios, igual que para otros sectores de la industria”, continuó. El ejecutivo explicó que dentro de la nueva regulación aprobada por la CFPB se exige que el deudor no ten-
ga más de un 43% de sus ingresos comprometidos. Por ejemplo, un consumidor que tienen un ingreso mensual de $2,000 no podría tener gastos mayores a $860 incluyendo el pago hipotecario y otros como el auto, el teléfono, préstamos y demás necesidades primarias. El 65% de los préstamos en Puerto Rico son FHA (Federal Housing Administration), por lo que las condiciones restrictivas serían perjudiciales para la mayoría de los solicitantes. “Esto es serio y tenemos que trabajar con la administración para buscar alternativas viables”, sostuvo Rojo. El grupo que viajará a la capital federal, luego de presentarles un estudio sobre el impacto de estas medidas en Puerto Rico, pedirán una “moratoria de uno o dos años para acoplarnos mejor y buscar alternativas con el gobierno local”. Además de solicitar que se aumente el porciento de endeudamiento a 45 o 46, en vez de 43%. Entre las soluciones propuestas está modificar el programa ‘Mi casa pro-
pia’. Que este elimine las condiciones restrictivas que exigen un repago del bono en ciertos casos y establecer un programa de garantías hipotecarias competitivo en el mercado secundario a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) convirtiéndolo en un garantizador de préstamos emitidos. José Sierra Morales, director ejecutivo para la AFV, no estuvo disponible para comentar al respecto. El inventario de vivienda nueva se encuentra en aproximadamente 5,000 unidades y entre las existentes y nuevas son 22 mil unidades. En la conferencia de prensa también participaron el economista Gragham Castillo, José Alberto Feliciano, vicepresidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), María del Carmen Quiroga, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Luis Raúl Padilla, presidente de la Mortgage Loan Officers Association (MLoan) y Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (PRBA) vía telefónica.
La propuesta para evitar que los comerciantes cobren un cargo a los clientes cuando utilicen tarjetas de crédito o débito recibió la oposición de varios entidades que agrupan a comerciantes, para quienes la medida repercutirá en un alza en el precio de bienes y servicios. El Proyecto de la Cámara 1331 (que enmendaría la Ley 150 de 2008), dispone que ningún comerciante podrá imponer un cargo adicional al consumidor que elija utilizar una tarjeta de crédito o débito en vez de efectivo. A esta medida, se suma otro proyecto, el 948, para que los comerciantes provean todas las alternativas de pago a sus clientes. La medida, presentada por el representante José “Pito” Torres Ramírez, persigue eliminar la opción de descuentos o precios inferiores por el uso del efectivo. Asimismo, propone que sea el Comisionado de Instituciones Financieras quien vele por el cumplimiento de la Ley. Para el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la propuesta encarece los costos operacionales a los comercios, ya que el porcentaje que se ven obligados a pagar a los bancos por cada transacción es elevado. Sostuvieron que al incrementar el costo operacional, los mismos tendrán que ser transferidos a los consumidores, ya que los márgenes de ganancias cada vez son más reducidos, mientras sus gastos siguen en ascenso. Argumentaron además, que muchos comercios fuera de la zona metropolitana y el área rural del país no cuentan con sistemas para procesar tarjetas de crédito o débito, ya que una parte significativa de sus clientes están desempleados y sólo manejan dinero en efectivo. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) avaló la medida, pero entiende que la agencia capacitada para monitorear el cumplimiento de la ley es el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El proyecto cameral faculta a la OCIF para que imponga multas administrativas no menores de $100 ni mayores de $5 mil por cada violación a las disposiciones de la ley que se apruebe o a las resoluciones emitidas por el Comisionado.
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