6< PRIMERA PLANA
EL VOCERO DE PUERTO RICO > JUEVES, 18 DE JUNIO DE 2015
Trágico final @
Miguel Rivera Puig >mrivera@elvocero.com
El juez superior José J. Ramírez Lluch, quien ganó notoriedad al presidir el proceso de asesinato contra Pablo Casellas Toro, hijo del juez federal Salvador E. Casellas, convicto hace un año por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón y condenado a una cadena perpetua, aparentemente se suicidó al caer la tarde del miércoles en la marquesina de su hogar en la urbanización Quintas Reales. Ramírez Lluch, que tenía 48 años de edad, había cesado justamente ayer en su cargo como juez administrador de la Región Judicial de San Juan y hoy regresaría a la Sala 606 en el Centro Judicial de Bayamón, donde en su calendario tenía que atender la petición de nuevo juicio planteada por el equipo de abogados de Casellas Toro. Su único hijo, un adolescente de 16 años de edad, fue quien halló el cadáver colgado en la marquesina a eso de las 6:30 de la tarde. La noticia de su suicidio causó gran consternación entre jueces, fiscales y abogados principalmente en la Región de Bayamón, donde también se había desempeñado como Juez Administrador. A la escena en la calle Rey Enrique V, llegaron entre otros la fiscal de Distrito de Bayamón Sonia Otero y el comandante Rafael Rosa Córdova, director del CIC de Bayamón. Un equipo de investigadores de escena de Ciencias Forenses fue asignado a trabajar la misma cuidadosamente, y al cierre de esta edición se desconocía si Ramírez
Lluch había dejado una nota suicida. En días recientes había crecido un rumor de que un abogado que había trabajado como oficial jurídico había radicado una querella contra Ramírez Lluch. Sin embargo, las fuentes de la Rama Judicial habían señalado que la misma no se había formalizado. Según las fuentes Ramírez Lluch que gozaba de una reputación intachable tanto en el estrado como en su vida personal, estaba enterado de la supuesta intención de radicar una querella en su contra, lo que lo llevó a presentar su renuncia como Juez Administrador de la Región de San Juan a finales de mayo, efectiva ayer. Previo a estar en la judicatura había sido fiscal asignado a delitos fiscales. Tenía una maestría de la Universidad de Harvard en contribuciones. Como juez tuvo a su cargo una sala especializada en casos de asesinato en Bayamón. Su designación a dirigir a Región Judicial de San Juan fue hecha el pasado octubre por la jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta. Su antecesor como presidente del Supremo el juez Federico Hernández Denton había reconocido a Ramírez Lluch en el Cuadro de Excelencia Judicial del 2012 al 2013. Al momento de suicidio llevaba alrededor de 18 años en la judicatura. Era oriundo de Mayagüez, donde estudio contabilidad y finanzas en el RUM se graduó como abogado en la Universidad Interamericana con honores y también trabajó como oficial jurídico del juez Francisco Rebollo.
Prueba robusta Melissa Correa Velázquez >mcorrea@elvocero.com
La Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) tiene evidencia robusta y convincente contra el juez del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, César Mercado Santaella, y contra otros siete magistrados que fueron referidos por la Unidad Especializada en Investigaciones de esa agencia a la Comisión de Disciplina del Tribunal Supremo. “Entendemos que tenemos prueba sólida, robusta y convincente contra todas estas personas. Hicimos la evaluación de la prueba y responsablemente tenemos que promover casos con prueba convincente”, afirmó la administradora de la OAT Isabel Llompart en entrevista con EL VOCERO. El pasado 27 de marzo Llompart anticipó a este medio que la OAT hizo ocho referidos al Comité de Disciplina del Tribunal Supremo, tras la creación de la Unidad Especializada en Investigaciones de la OAT en agosto del pasado año. Además de Mercado Santaella, fueron referidos los jueces Rafael Vissepó Vázquez, Eric Colón Colón, Ricardo González Prorrata Doria, Carlos Candelaria Rosa, Sylkia Carballo Nogueras, Carlos Quiñones Capacetti y el convicto Manuel Acevedo Hernández, quien fue encontrado culpable en el foro federal por corrupción judicial y sentenciado
La administradora de la OAT, Isabel Llompart, dijo que Mercado Santaella no fue relevado de sala. La jueza presidenta es quien tiene la discreción y potestad para hacerlo. >Agustín Santiago/EL VOCERO
a diez años de prisión. Mercado Santaella continuará desempeñándose como juez por decisión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Liana Fiol Matta. “No fue relevado de sala. La jueza presidenta es quien tiene la discreción y potestad para hacerlo y no
Su único hijo, un adolescente de 16 años de edad, fue quien halló el cadáver colgado en la marquesina a eso de las 6:30 de la tarde
El juez José Ramírez Lluch (der.), junto al exjuez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. >Agustín Santiago/EL VOCERO
hacerlo. Eso es prerrogativa de ella”, acotó. Observó que los jueces tienen derecho al debido proceso. En el caso de Mercado Santaella explicó que se le radicaron dos querellas por parte de Giovanni Perlloni por presuntamtente intervenir de forma indebida en un caso que sometió la sobrina del magistrado en un caso de pensión alimentaria. El caso contra Perlloni fue radicado por su exesposa, la exmodelo Sandra Vanessa Mercado. La primera querella fue presentada el 4 de marzo del 2011 por intervención indebida en la que actuó como investigador en el caso de su sobrina y por reclamar horas trabajadas a pesar de que no era cierto. Llompart manifestó que el juez posteriormente hizo el ajuste del horario. La funcionaria indicó que se le dio tiempo al juez para que respondiera la querella y este solicitó una prórroga. Señaló que en medio del proceso, Perlloni radicó una segunda querella, el 13 de abril del 2012, al cual también tuvo que ser investigada. Esta segunda querella fue por el uso de su cuenta de Facebook en la que escribió palabras soeces, e hizo comentarios sexuales. La pesquisa fue ampliada y las querellas fueron consolidadas. Luego de que la OAT recibe las quejas se evalúan las alegaciones. Si cumplen con los méritos se efectúa la pesquisa. La Oficina de Asuntos Legales de la OAT lo informa a la administradora de la agencia y se le notifica al juez o jueza promovido. La notificación debe hacerse en un término de 90 días. Si la directora de la agencia concluye que no procede la pesquisa se le notifica al promovente. Una vez concluida la investigación y ésta revela incumplimiento con los cánones de ética, se refiere a la Comisión de Disciplina del Tribunal Supremo. “Ahora que la querella está ante la Comis-
ión de Disciplina Judicial hay que esperar que evalúen la prueba y ellos harán la recomendación en cuanto a asunto disciplinario. Nosotros tenemos que probar los cargos que se alegan en la querella. La Comisión de Disciplina Judicial la evalúa y hace un referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico y a éste le corresponde actuar”, explicó. Destacó que la Comisión efectúa las vistas adjudicativas. Las mismas son abiertas al público.Mencionó que el castigo para los magistrados son desde una amonestación escrita, su destitución y desaforo como abogados. En el caso contra Vissepó, juez del Tribunal de Caguas, se radicó una querella por un caso del 2014 relacionado a dos abogadas que se quejaron por la conducta del magistrado en el manejo de un caso civil. Ayer se efectuó la vista de este caso.En cuanto al juez de Aibonito, Colón Colón, se le imputa mal uso de su cuenta de Facebook. El caso está en etapa de descubrimiento de prueba. El juez de Arecibo, González Prorrata Doria, fue querellado por ejercer influencia indebida con el personal del tribunal norteño. En el caso de éste, se señaló la vista, pero su abogado solicitó la posposición. El caso está en etapa de vista en su fondo.El actual juez del Tribunal de Apelaciones Candelaria Rosa, fue querellado cuando era juez superior de Caguas por expresiones en relación a la determinación del exjuez del Apelativo Carlos López Feliciano. El exmagistrado alegó que Candelaria Rosa le faltó el respeto a él y a los jueces Sixto Hernández y Olga Birriel. Ello, luego de que Candelaria Rosa los ofendiera por revocarle una orden de desacato contra el abogado Armando Petri Torres en el caso Pueblo v. Héctor Cordero
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