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EL VOCERO DE PUERTO RICO > VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2016
Cage, interesada en operar la videolotería, tiene adelantado un mapa detallado con las coordenadas y dirección física de más de 8,000 negocios, que operan ilegalmente estas máquinas, incluidos salones de belleza, tiendas de animales, barras, restaurantes y hasta en las mismas casas en zonas rurales. > Archivo/ EL VOCERO
Pudieran estar en peligro recaudos de “Raspa y Gana” La sentencia que declaró nulo el reglamento de la videolotería concluye que la Legislatura únicamente autorizó juegos que permitan escoger la combinación de números que prefiera, y cuyos ganadores sean anunciados por sorteo público
@ Laura M. Quintero
>lquintero@elvocero.com
@lauquinterodz
Cerca de $50 millones que obtiene el gobierno en recaudos por los juegos instantáneos de la Lotería Adicional pudieran verse afectados, tras la determinación del Tribunal de Primera Instancia de invalidar la inclusión de la videolotería en los juegos de azar, según el análisis legal que ha hecho la compañía que propulsa estos juegos en Puerto Rico. El presidente de Cage Puerto Rico, Robert Washington, advirtió que el tribunal erró al despojar al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, de su facultad para añadir juegos de azar mediante enmiendas al reglamento al sistema de Lotería Adicional, un poder que el gobierno usó previamente cuando se incluyeron en 2007 los juegos instantáneos conocidos como “Raspa y Gana”. “Lo que tenemos ahora es una jueza en 2016, que dice que a menos que se haga un sorteo público, no es un juego de lotería. El impacto de esto es que básicamente están clausurando los boletos de ‘Raspa y Gana’. Ella no tiene idea de lo que ha hecho”, alertó Washington al instar al Departamento de Justicia a apelar la determinación. El Departamento de Justicia se encuentra en el análisis para impugnar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, según había informado previamente el titular de Hacienda. En la sentencia emitida por la jueza Gloria Maynard Salgado, se concluye que la Le-
gislatura únicamente autorizó juegos que permitan al jugador escoger la combinación de números que prefiera, y cuyos ganadores sean anunciados por sorteo público. “Un análisis de los reglamentos impugnados nos lleva a concluir que, mediante estos, el secretario del Departamento de Hacienda pretende aumentar los recaudos del erario e imponer rentas sin estar autorizado por la Asamblea Legislativa”, esbozó la jueza. Washington lamentó que se haya tomado la determinación en una moción previo al juicio, sin supuestamente citar peritos ni recibir testimonios. El secretario de Justicia, César Miranda, había coincidido con la interpretación que hace la compañía en una opinión legal que emitió en 2014, en la que establecía que Hacienda tiene facultad para añadir juegos al azar, después que cumplieran con el requisito de que el jugador pueda escoger los números que prefiera. Cage Puerto Rico compite contra otras dos empresas para ser la proveedora del sistema de control central, así como de los 30,000 terminales para los juegos. Desde este sistema central se pretende coordinar la venta, contabilidad y auditoría de la operación de la videolotería, cuya ganancia se estima en $153 por máquina por día. Esto pudiera representar una ganancia de cerca de $140 millones mensuales, aunque la empresa cuenta con que se convierta en $500 millones mensuales con una identificación e integración efectiva de los operadores ilegales.
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