Ante el Senado el proyecto de Ciberseguridad

de Representantes

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com

De forma unánime, la Cámara de Representantes aprobó ayer la medida que crearía la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado (ELA), al reconocer que Puerto Rico no está preparado para enfrentar ataques cibernéticos y que es hora de establecer cambios en la política pública.

El Proyecto de la Cámara 1530, de la autoría del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y que cuenta con la coautoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro y José Aponte Hernández, ahora pasa a la consideración del Senado.

“A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para tratar de controlar la seguridad en sus sistemas de información, lo cierto es que en el 2022 en Puerto Rico, el gobierno sufrió más de 750 millones de ataques cibernéticos, un aumento de más de 13 millones si se compara con el año anterior”, expresó Ortiz.

El representante por acumulación agregó que se pronostica que los ataques cibernéticos continuarán en aumento y que, en Puerto Rico, la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits, en inglés), ha identificado sobre 300 millones de intentos de ciberataques en los sistemas del gobierno.

“Esta tendencia va a continuar en aumento en la medida (en que) sea cada vez más necesario la utilización de sistemas de información para las distintas transacciones gubernamentales. La realidad es que tenemos recursos limitados para atender e investigar los delitos cibernéticos”, abundó el presidente del PPD.

En el proyecto se establece como política una prohibición a realizar cualquier tipo de pago por rescate en respuesta a un ‘ransomware’, con algunas excepciones, como infraestructura crítica, riesgo inminente de pérdida de vida o que alguna agencia federal o estatal lo solicite.

Además, crea la Oficina para la Evaluación de Incidentes Cibernéticos, adscrita a la Oficina de Innovación y Servicios de Tecología (Prits, en inglés), que estará a cargo de monitorear, identificar, responder y administrar los riesgos y eventos irregulares de seguridad, además de establecer controles para prevenir los ataques cibernéticos.

La legislación eleva a rango de ley el cargo del Principal Oficial de Seguridad Cibernética de Prits y establece sus facultades a los fines de garantizar la ejecución de la política pública. Este funcionario será nombrado por el gobernador, por un término de 10 años, con el consentimiento del Senado.

También establece sanciones por el incumplimiento de esta ley. Dispone que si alguna agencia incumple, Prits podrá imponer a la agencia, con previa notificación y oportunidad de ser oída, una multa no menor de $50 ni mayor de $100 diarios por incidente.

Asimismo, la pieza legislativa establece que cuando medie obstrucción, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa en el manejo o reporte de un ciberataque, la Prits podrá imponer a la agencia una multa no menor de $1,000 ni mayor de $5,000 por cada violación.

Enmiendas al financiamiento de campaña

Quedó sobre la mesa ayer, el Proyecto de la Cámara 1676, que enmienda la Ley 2222011 para la Fiscalización de las Campañas Políticas. La medida fue radicada por los representantes José “Conny” Varela y Lisie Burgos a petición del contralor electoral, Walter Vélez.

Aunque Varela había adelantado en comunicado de prensa que la medida sería llevada a votación en el pleno cameral, el proyecto se quedó en un turno posterior. EL VOCERO supo que se celebró un caucus de la delegación del PPD en la Cámara y se determinó no atender la medida en los trabajos de la sesión.

La medida prohíbe que personas naturales o jurídicas que tengan o estén negociando contratos con el gobierno puedan donar a campañas electorales. Además, establece un límite de $250 a los donativos en efectivo, y reduce el límite a los donativos anónimos que pueda recibir un partido o candidato.

“Entendemos que estas enmiendas ayudarán a fortalecer a la OCE en su labor de velar por la pulcritud del proceso de donativos políticos”, concluyó Varela.