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>P20 EL VOCERO DE PUERTO RICO > JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017
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L
as recientes noticias relacionadas a la crisis fiscal que vive el gobierno de Puerto Rico tienen matices positivos para aliviar en parte la incertidumbre en que hemos estado viviendo. La Junta Federal de Control Fiscal, al modificar su posición, ha demostrado que quiere participar racionalmente junto al gobierno en un plan que sea lo menos traumático posible para los puertorriqueños. El anuncio hecho por el gobierno y por la misma junta sobre las negociaciones con los acreedores, que deben empezar formalmente en cualquier momento, también abona a que miremos con optimismo el futuro inmediato. Reconociendo estos factores, debemos inferir que el gobierno se encamina en la dirección correcta. Ahora bien, en estos momentos difíciles, no es el rol de las autoridades gubernamentales tratar de incursionar como competidores de la empresa privada. Recientemente se ha revivido la polémica sobre el caso de Prepanet, que desde hace tiempo pretende convertirse en proveedor de servicios de comunicaciones y datos en franca competencia con una industria privada que ha demostrado ser exitosa y que genera
miles de empleos y millones de dólares en contribuciones al Estado. Durante el gobierno anterior se aprobó una ley que viabilizaba la comercialización de las redes de Prepanet, pero a través de las diferentes empresas privadas que alquilarían dicho recurso. Sin embargo, el gobernador Alejandro García Padilla ignoró a los legisladores y no firmó la ley aprobada en la Cámara y el Senado. Nuevamente se trajo el tema a la Legislatura, y en la Cámara ya aprobaron una ley modificada, la cual espera por ser analizada en el Senado. Es bien importante que nuestros legisladores y nuestro gobierno entiendan que lo menos que necesitamos en estos momentos es que el gobierno se convierta en una competencia para la empresa privada porque, primero, no es justo, y segundo, porque los gobiernos han demostrado hasta la saciedad que no son eficientes. Para el gobierno, un esfuerzo de esa naturaleza sería detrimental para la economía, porque, aunque podrían ahorrarse unos cuantos dólares, se perjudicarían operaciones privadas que generan trabajo y que son eficientes en su operación. El resultado final será el aumento en el desempleo y desincen-
tivación en la empresa privada. Exhortamos a las autoridades a mirar con mucho cuidado este proyecto de ley, y que se aseguren que por buscar ahorros e ingresos no vayan a generar una debacle aún peor. Lo mismo aplica en relación a la propuesta de que la Universidad de Puerto Rico ofrezca servicios a los empleados del gobierno a través de adiestramientos, tutorías y otros. Con este concepto, peligran negocios ya existentes que ofrecen dichos servicios y que ponen a trabajar a miles de personas. Ciertamente es importante allegar fondos a la UPR y promover su autodependencia económica, pero nuevamente insistimos en que no puede ser a costa de un grupo de empresas que vería su trabajo eliminado o reducido en el mejor de los casos. El papel del gobierno debe ser el de promotor de la inversión privada, de facilitador.Nunca debe ser un competidor contra la empresa privada, lo que al final repercutiría negativamente en las finanzas del gobierno. Confiamos en la sensatez de nuestro gobierno y de nuestros legisladores para que protejamos a la empresa privada, que necesita ánimo y apoyo ante la adversidad que todos enfrentamos.
Yaira Solís Escudero ysolis@elvocero.com
El poder de la estadidad
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Stephanie Gómez sgomez@elvocero.com
Detalles sobre la información de circulación basados en el promedio de lunes a viernes presentados en el “Quaterly Filing” al 31 de diciembre de 2016 y sujeto a auditoría. EL VOCERO 162,907 EL NUEVO DÍA 132,861 PRIMERA HORA 62,923
E
n los próximos días, se co- estatus de colonia. nocerá la suerte de la asigLa desigualdad que vivimos nación de fondos federales no puede estar más clara que duque recibirá Puerto Rico a partir rante este debate sobre los fondos del primero de octubre para cos- Medicaid. Si tuviéramos dos setear el plan de salud del gobierno. nadores y cinco representantes, En juego está la cubierta como nos correspondería de salud que actualmente al ser estado de la unión, tienen unas 1.6 millones no tendríamos que suplide personas de escasos car por ayudas. Tendríarecursos económicos. Los mos el derecho, no solo a recortes propuestos por el recibirlas, sino también a presidente Donald Trump exigirlas. El caso del Ameen su nuevo programa de rican Healthcare Act es el salud pública (American más reciente ejemplo que Carlos Healthcare Act) dejarían a Méndez Núñez sin representación total casi 500,000 puertorriqueno podemos desarrollar presidente ños sin plan médico este nuestra economía, no pode la Cámara de mismo año. demos garantizar los serRepresentantes Congresistas de estavicios de salud a nuestra dos como Idaho, Wyoming gente más necesitada y no y Kansas, por mencionar apenas podemos crear empleos de manealgunos, tomarán decisiones que ra sostenible. afectarán la vida de cientos de Puerto Rico gasta alrededor de miles de puertorriqueños sin más $2,600 millones en la reforma de sacontemplación que no sea el mejor lud todos los años. De esos dineros, interés para sus respectivos esta- el 55% ($1,430 millones) proviene dos. Ante este panorama, lo más de fondos asociados al Obamacaque podemos hacer es visitar y to- re. Antes de esas asignaciones, que car puertas porque Puerto Rico no iniciaron en 2011, la Isla apenas tiene voto en las decisiones con- recibía el 20% de los gastos de la gresionales debido a su inmoral reforma. De aprobarse la iniciativa
de Trump, Puerto Rico estaría recibiendo unos $375 millones anuales, como mucho, y eso no es suficiente para continuar brindando la salud que nuestra gente necesita. Podemos ir a cabildear por mayores recursos, podemos exigir la igualdad en fondos, no únicamente en Medicaid, pero también en otros programas como la asistencia nutricional, pero no tenemos el poder político que representa votos en el hemiciclo congresional. Esto es algo que tenemos que cambiar; la suerte de nuestra gente no puede depender de la buena voluntad de algunos senadores o representantes, tiene que estar en nuestras manos y para ello necesitamos la estadidad. En poco más de dos meses el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad en sus manos de alcanzar ese poder político que solo la igualdad nos brinda. El 11 de junio nuestra gente tiene que escoger la única opción que les garantiza la ciudadanía americana, el desarrollo económico sostenible y la igualdad en fondos federales. Esa es la estadidad. Puerto Rico como estado tendría un poder político sin prece-
dentes en la historia de los Estados Unidos. Seríamos el primer estado latino; esto representa un reconocimiento a la importancia de nuestra cultura y el folclor puertorriqueño al continuo desarrollo de la nación. Aún más importante, la admisión de la Isla abriría las puertas a una gama de oportunidades para todo nuestro pueblo. Casi de la noche a la mañana la economía local recibiría una inyección de más de $7,000 millones en asignaciones federales para nuevos programas como el Seguro Social Suplementario. Esto estimulará la creación de empleos y fomentará el establecimiento de nuevas empresas. Principalmente, el poder que tendríamos en el Congreso nos ofrece el mecanismo de buscar mayores recursos para asistir en el desarrollo de la gente, estableciendo las bases para un mejor sistema de educación pública, mayor seguridad en las calles y una plataforma económica única en el continente. Con la estadidad no tenemos que suplicar más migajas: iremos a exigir la igualdad. Eso es lo que está en juego el 11 de junio y por eso necesitamos votar por la estadidad.