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12 VistaLIBRE
Lunes 28 de noviembre de 2011
OPINIÓN
DIRECTORA: Erika Romero Díaz Corrección : Angélica Ccori
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EDITORIAL
¿Quién me protege de esos policías?
H
ay honrados y esforzados policías que solo saben de trabajar. Pero lamentablemente, están esos otros, policías sin respeto por su uniforme y los fines de la institución que representan, y que hasta el momento, no tienen mayor problema para recibir coimas, participar en asaltos a indefensas mujeres, o incluso, asesinar a sangre fría a jóvenes universitarios que laboran por las noches atrás quedo la frase policial: El honor es su divisa. Sin generalizar. Pero esos honrados y esforzados policías, parece que cada vez son menos.Y con todos estos antecedentes, la población pensará mucho antes de pedir el auxilio policial. Esa situación era impensable tiempo atrás, pero hoy indigna. Y es que después de conocer que un Capitán PNP y Comisario, integraba una banda de asaltantes al paso, o aquellos policías a bordo de un patrullero, que fueron registrados y denunciados por un canal local de televisión. Ni que hablar del Teniente PNP Francisco Burga Toledo, que según las investigaciones, sería el asesino del vigilante particular y estudiante universitario Luis Alvarado Chira, muerto a balazos. Burga Toledo también hirió a dos peatones y luego fugó con rumbo desconocido. No es sorpresa que la PNP enfrenta una crisis moral. Las actitudes delincuenciales junto con serios vicios propios de la formación inicial de los policías, carcomen los ya derruidos cimientos de esta entidad pública que debería generar confianza antes que terror entre la población. ¿O es que no es una forma de terrorismo que un efectivo policial, armado, circule por las calles de Arequipa, en estado de ebriedad, y decida matar con 8 balazos, en plena vía pública, a alguien que cree que fue quien lo desalojó de un local momentos atrás? En tela de juicio también, el sistema de control de ingreso e incorporación de varones y damas al cuerpo policial, así como el sistema de sanciones que pareciera no aplica la Inspectoría de la PNP. Los medios de comunicación de nuestra ciudad indignados resaltaban esos factores la semana anterior. Los formadores de policías deben identificar la malformación moral de los cadetes futuros elementos del orden, en tanto que los sancionadores de los policías, no se atreven a aplicar el reglamento, y hacerlo público, por un falso y reprochable espíritu de cuerpo, que poco a poco, se tornará en un fantasma o demonio que destruirá a esta institución pública. Pareciera que ya falta poco, para que los ciudadanos arequipeños, se crucen a la otra acera, si en su camino divisan a un policía.
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COLUMNISTA INVITADO Por: Instituto Peruano de Economía
Qué difícil es ponerse de acuerdo Diez Canseco se enfrenta a Ollanta Humala por Conga
D
os conflictos sociales relacionados a proyectos mineros han sido extensamente cubiertos por la prensa y motivan algunas reflexiones. Primero, la agrupación política que gobierna está pagando el costo político de haber adoptado durante su campaña una posición contra la minería, en particular, o las industrias extractivas, en general. El haber asumido estos compromisos resulta ahora costoso, especialmente porque no necesariamente convencieron a ciudadanos a votar por Gana Perú. Segundo, se confirman la precariedad institucional de Gana Perú, el grado de fragmentación política del país y la debilidad institucional de los actores principales de la protesta. Gana Perú no lidera la protesta, ni la puede contener y ni siquiera es claro que pueda mediar en ella, aunque ese sería su objetivo. Otras agrupaciones políticas lideran la protesta, y no actuarán en función de los intereses de Gana Perú ni del Ejecutivo. De hecho, ahora critican al Presidente Humala por “entreguista”, “vendido” y demás epítetos. Las mencionadas agrupaciones políticas tienen agendas distintas y hasta usan los argumentos ambientales como una excusa para promover sus agendas. Tercero, al menos un grupo relevante de dichas agrupaciones políticas, como lo sostienen repetidamente los informes de inteligencia que reciben las unidades de prevención de conflictos oficiales, coordinan a través de grupos bolivarianos. Cuarto, participan en la protesta actores que tienen intereses ilegales o informales que entrarían en conflicto con la actividad formal o su presencia en
la zona. Es razonable asumir que al menos lo hagan de manera decidida dado lo que está en juego para ellos. Quinto, los “partidos políticos” formales brillan por su ausencia en esta lucha de poder. Para enfrentar el conflicto social y político, Julio Cotler o Miguel Santillana han hecho una propuesta ambiciosa: que se le otorguea las comunidades influenciadas por el proyecto minero una participación en los proyectos o en las utilidades de los mismos. Entendemos que Minera IRL en su proyecto Ollachea en Puno ya lo está haciendo. Desde el punto de vista económico parecería una buena idea, ya que crea intereses comunes y comparte los costos y beneficios entre las partes en conflicto. Sin embargo, esta es una solución muy limitada porque no resuelve el problema de fondo: la falta de condiciones básicas -confianza, comunicación información adecuada, cumplimiento de acuerdos e incluso visión del mundo- necesarias para lograr acuerdos de cualquier tipo. No hay que ser un experto para entender que, por lo menos en la gran mayoría de los casos, los beneficios agregados de proyectos mineros que demandan miles de millones de dólares de inversión deben ser más que suficientes para compensar los costos que puedan ocasionar a las comunidades de la zona. Como hemos mencionado antes es la debilidad institucional la que no permite que se logren acuerdos a pesar de que claramente todas las partes pueden salir beneficiadas. En este tipo de situaciones el Estado debe jugar un rol fundamental, encontrando la manera en que la sociedad pueda
aprovechar las oportunidades de progreso que no se materializan por falta de acuerdo entre las partes. Pero un Estado sin liderazgo político, sin capacidad de acción, sin credibilidad y sin deseo de meterse en problemas no es capaz de cumplir su rol. Algo parecido le ha pasado el Estado griego y a otros estados europeos, y es la principal explicación de que un problema regional manejable se haya tornado en una crisis que amenaza la economía mundial. Que nos gobierne Alan u Ollanta no cambia la precariedad institucional. Habría que actuar como emprendedor político para hacer alguna diferencia. El Estado debería autorizar la actividad minera en tanto los beneficios para la sociedad superen a los costos sociales que origina. También debe asegurarse que se compense a quienes se ven negativamente afectados por la actividad minera. No lo hace (bien). Está mejorando, en nuestra opinión. Hace poco la legislación ambiental era casi inexistente. Ahora hay Ministerio del Ambiente, y gradualmente el de Energía y Minas ya no tiene el conflicto de interés de promover la actividad que debe controlar. OSINERGMIN y OEFA supervisan a las minas. Creemos que OEFA debería hacerlo. El objetivo debe ser sacar adelante lo que sea socialmente rentable, minimizando los costos. Pero para ello se necesita capacidad de evaluación y gestión, así como credibilidad. Nadie confía en el Estado, al que se ve como parcializado. Este es el gran reto del nuevo gobierno que se debe cumplir sin frustrar las oportunidades de progreso del país.