El Poder Judicial está compuesto por
funcionarios
FUENTE: Portaltransparencia.cl
FOTOGRAFÍA CÉSAR CORTÉS
Presupuesto 2018
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Si bien más transparencia podría desarrollar una mayor responsabilidad democrática –una mejor capacidad de respuesta y de rendición de cuentas–, y de este modo contribuir a generar una mayor legitimidad y gobernabilidad, también se podría esperar que el efecto de más apertura sea el contrario. La falta de confianza ciudadana en el gobierno, aunada a un mayor escrutinio público sobre procedimientos administrativos y de gobierno corrientes, podría exacerbar el descontento social –por ejemplo, al conocerse gastos y prioridades de gobierno que, aunque legales, parezcan excesivos o no justificados para la opinión pública–.
LO QUE DEBEMOS RESGUARDAR Desde un punto de vista normativo, ¿es beneficioso que todos los datos estatales sean públicos? Aunque se requiere que haya más información para generar mejores niveles de rendición de cuentas, bajar la corrupción e implementar mejores políticas, también es necesario no afectar seriamente la privacidad de las personas. Encontrar ese equilibrio es uno de los grandes retos para nuestras democracias contemporáneas. Todo ciudadano posee datos que prefiere mantener en reserva, porque su publicación puede ponerlo en una situación de vulnerabilidad o desventaja frente a otros. Por ejemplo, el Estado recopila numerosa información sobre los favorecidos
por políticas sociales: hábitos alimenticios, historial laboral, nivel educacional y actividades ilícitas. Estos son recabados para quienes solicitan estos beneficios. Estos antecedentes podrían ser utilizados por los potenciales empleadores de una persona, lo que la expone a un grado de vulnerabilidad aún mayor. También se debe analizar cómo la publicación de intereses estratégicos del país podría ser utilizada en favor de intereses particulares. En consecuencia, no existe una respuesta simple sobre qué datos estatales deben ser publicados.
LEGISLACIÓN CLAVE En términos legales, la posibilidad de acceso ciudadano a los contenidos estatales experimentó una profunda transformación a partir de la promulgación el año 2009 de la llamada Ley de Transparencia, publicada al finalizar el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esta ley estableció un principio bastante radical, al determinar que todos los actos, fundamentos, documentos y otros que intervienen en la administración del Estado “son públicos”. Es decir, no solo establece la posibilidad de acceso, sino que declara que toda esa masa de información es esencialmente “pública” y, por tanto, disponible para cualquier ciudadano, salvo los casos que la ley determina que son, en general, bastante específicos.
Tal vez el efecto de más apertura no sea el esperado: la falta de confianza ciudadana en el gobierno, aunada a un mayor escrutinio público sobre procedimientos administrativos y de gobierno corrientes, podría exacerbar el descontento social. 76
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