ÉTICA PÚBLICA: “Conducta de

la ética señalan su valor primordial: lo bueno, lo justo, lo correcto y lo equitativo. La ética contiene elementos importantes que el hombre dentro de su racionalidad comparte, independientemente de su profesión, religión y oficio, estos elementos habituales que lo ayudan a vivir armoniosamente, conforme a los principios de libertad, solidaridad y justicia.

Cabe destacar que, es preciso conocer entonces un poco más acerca de lo que es la “Ética”, por lo que Zacarías (2014), en su libro “Introducción a la Ética, presenta un cuadro comparativo (Definiciones de ética, p.14) acerca de la opinión de varios autores con respecto al concepto de ética:

Definiciones de Ética

Cuadro 01

En el cuadro antes señalado, puede observarse que, los autores Aristóteles (384 a.c.- 322 a.c.), Russell (1872-1970) y Raluy (1990), coinciden en que la ética es aquella que estudia las acciones o conducta humana, por otro lado, Aristóteles y Russell indican que la ética es el estudio de la moral del ser humano. Las concepciones de estos autores permiten emitir entonces, un concepto más claro y preciso de la ética, por lo que se puede decir que, la ética es la ciencia que estudia la moral y la conducta del ser humano, y por lo tanto estudia entonces el conjunto de leyes, normas y principios que regulan el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad.

Una vez dicho esto, es posible inferir que es al hombre a quien le interesa adquirir un modelo que oriente su propio actuar y que le produzca felicidad, lo cual es su fin último y la misma se obtiene por la vía del obrar bien. El hombre está llamado a ejecutar buenos actos, estos deben ser orientados por su conciencia, pues es ella quien dictamina que el ser justo y honesto es lo correcto. Al tener como hábito ser justos y honestos eso redundará en nuestro perfeccionamiento, nos hará felices y virtuosos, por lo que puede decirse entonces que, la ética es más práctica que teórica.

Sin embargo, cuando la ética se pone en práctica dentro de la función pública, estamos en presencia de lo que denominamos “ética pública”. Hablar de ética pública, es hablar de una serie de actuaciones que conllevan al desarrollo de un conjunto de actividades dentro de la función pública, actividades que deben ser ejecutadas y apegadas a las leyes, normas y códigos establecidos dentro de la misma, en este sentido, Bautista (2013, p.03), señala que “la ética pública se refiere entonces a los actos realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber”, este autor, refiere que la ética pública está orientada precisamente a la actuación de quienes ejercen la función pública.

Por consiguiente, todas esas leyes o normas que existen para regular la función pública, deben ir de la mano y de manera cónsona, para blindar la actuación de la administración pública, logrando con ello mantener una gestión trasparente, donde la opacidad no tenga territorio ni cabida, donde prevalezca el

compromiso y la responsabilidad de todos los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera y en este mismo orden de ideas, Naessens (2010, p.03), apunta que “la ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública”, por tal motivo, este autor hace énfasis precisamente que es la conducta del servidor público la que se pone de manifiesto en el ejercicio de sus funciones. La ética pública es una potente y significativa herramienta de control contra el uso y abuso del poder público, es un componente fundamental para conservar la confianza en las gestiones públicas.

Vinculando lo expresado por cada uno de los autores antes mencionados, puede señalarse que, los mismos coinciden en que la ética pública es precisamente aquel comportamiento o conducta que se refleja en las personas, como producto de sus actuaciones dentro de los procesos administrativos públicos inherentes a las funciones que ejercen, estas actuaciones cuando se encuentran dentro del margen de la honestidad y el respeto, permiten desarrollar las políticas públicas gubernamentales al igual que permiten fortalecer la ética dentro de las instituciones públicas.

En otro orden de ideas, Bautista (2013, p. 03), manifiesta que “El objetivo de la ética pública es conseguir que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber”, y esto conlleve, a otro objetivo importante como lo es la prestación de un servicio que genere el bienestar común acorde con las necesidades más sentidas de la sociedad, al igual que permita elevar la confianza en el sistema público actual.

En consecuencia, la ética pública es un elemento importante y necesario para potenciar la calidad y servicio de los

organismos públicos, a través de la conducta eficiente, eficaz, honesta, justa y transparente de los servidores dentro de la administración pública. La ética pública, es tan necesaria como aplicable y la manera de expresarla dentro del ejercicio de las funciones públicas es ponerla en práctica, asegurándonos que haya conciliación entre lo que hagamos con lo que digamos.

Cabe destacar que, esta conciliación se refiriere al hecho de que la ejecución de todas las actividades dentro de las instituciones públicas, deben estar jurídicamente amparadas por las leyes que norman el comportamiento y actuación dentro de las instituciones públicas, en este sentido, se deben cumplir y hacer cumplir estas leyes porque de lo contrario serán letra muerta en el devenir del ejercicio de la función pública.

Si se enmarca lo anteriormente manifestado en el contexto venezolano, es conveniente entonces señalar que, la ética dentro de la administración pública venezolana, constituye un parámetro fundamental que permite medir todos aquellos procesos medulares (técnicos, administrativos, políticos, sociales, económicos, entre otros) que ejecutan quienes la dirigen. El desarrollo y ejecución de estos procesos tiene como objetivo fundamental, mejorar o elevar la calidad de vida de los miembros de la sociedad, siempre y cuando estén presentes dentro de esos procesos, un repertorio de valores que sean compartidos y aplicados por todos los actores involucrados (funcionarios públicos y sociedad), ya que actualmente se evidencia una marcada crisis de valores, donde impera y se refleja la conducta de la persona dentro del ámbito institucional público.

Por lo tanto, cuando el funcionario público internaliza y reflexiona acerca de los valores que deben estar presentes dentro del servicio que presta, se genera en él un

un comportamiento positivo con el que logra una actuación enmarcada dentro de los límites de la responsabilidad, la transparencia, y la eficiencia, generándose así excelentes resultados en el desempeño de sus funciones. Cuando se observa que las instituciones públicas funcionan como es debido, prevalece una enorme satisfacción por parte de los que reciben la prestación de los servicios.

Es importante destacar que, dentro de la marcada crisis de valores que actualmente se refleja en la administración pública venezolana, el papel protagónico lo ejerce y lidera el mal llamado “flagelo de la corrupción”, el cual viene haciendo estragos en todos los niveles y estratos de las instituciones públicas. Los autores Martínez y Ramírez (2010, p.03), conciben la corrupción como “el comportamiento que se desvía de las funciones naturales del cargo público para atender intereses privados (familia, círculo de amigos, entre otros), obtener ganancias pecuniarias o posición social”, dicho esto, los autores precisan que, la corrupción es aquella conducta que asumen los funcionarios públicos para anteponer sus intereses por encima de los intereses del colectivo, lo que puede provocar entonces un verdadero caos que impida o limite el pleno desarrollo del país en todos sus ámbitos gubernamentales.

En este sentido, Guilli (2014, p.02), define la corrupción como, “la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, es decir, este autor manifiesta que la corrupción no es más que el acto de usar el poder que se tiene, en el ejercicio de las funciones a cambio del beneficio económico de sus protagonistas. Se trata de una manera de actuar usando las influencias ilegales con la intención de lograr el propósito deseado, haciendo caso omiso a lo que indican las normas y leyes que rigen la materia.

De igual manera y en atención a lo anterior, la corrupción ha generado el socavamiento de las bases de la ética pública venezolana. A diario se observan evidencias dentro de las

instituciones pública que reflejan esta cruda realidad: el cobro en moneda extranjera por el trámite de documentos aun cuando el dólar no es la moneda de circulación oficial en Venezuela, el tráfico de influencias en las agencias bancarias para ser atendidos de manera expedita, etc., son algunos ejemplos que marcan a diario la pauta en el devenir de la actividad pública en Venezuela.

Así mismo, el descontrol en el ejercicio de las funciones públicas, aunado a la ausencia de mecanismos que garanticen la ética pública, ha sido la razón principal de que muchos funcionarios públicos se hundan en las garras de la corrupción. Cuando los valores éticos se recuperan y se promueven, se construye, afianza y genera honradez y autoestima en el funcionario público, lo que a su vez permite una conducta independiente, encaminada a producir el bien mediante el cumplimiento del deber. De manera adversa, cuando los valores se notan frágiles o perdidos, entonces los antivalores, el desaliento, la depresión, la desilusión y los actos de corrupción aparecen de forma inmediata.

Como puede observarse, la ética pública, es y será letra muerta en las normas y leyes del país, mientras se tengan dentro de las instituciones públicas, servidores que no estén comprometidos con la responsabilidad del cargo que ostentan, así como también, con funcionarios que de forma flagrante violen lo expresado en la norma, atentando contra los principios y valores que deben imperar de forma cónsona dentro de una administración pública transparente, eficaz y eficiente.

Es evidente entonces, que estamos en presencia de una administración pública, donde la corrupción no presenta síntomas de alejarse y mucho de desvanecerse, sin duda alguna cada día se afianza más y más, sus tentáculos aprisionan con tanta fuerza que es difícil escaparse

de ella. Sin embargo, es una lucha donde se juega la ética y la moral del servidor público, se juega con lo que en verdad posee un alto precio como lo son los principios y los valores éticos, estos que no deben perderse de vista y mucho menos colocarlos en bandeja de plata, para ser degustados por quienes no poseen conciencia ni valor moral, por quienes no creen en el buen funcionamiento de la administración pública y por quienes manejan un doble discurso con teorías erradas acerca de cómo debe ser el actuar dentro de la administración pública.

Es por ello que, la corrupción más que analizarla y debatirla, hay que enfrentarla y atacarla como una “enfermedad” en el cuerpo del Estado, que produce una gran variedad de cambios en el comportamiento de la sociedad: rabia, impotencia, frustración, rencor e irritación, provocando un fuerte desarrollo de antivalores que merman la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, así como también una disminución en la participación y cooperación social. Además, la corrupción, afecta la vida de un país en todas sus dimensiones, pero lo más grave y resaltante, es el daño moral de las personas, porque debilita el alma de los ciudadanos, su autoestima y motivación se ven gravemente afectadas.

En este orden de ideas, puede citarse y analizarse una ponencia realizada por Ugalde (1996), acerca de la “Ética contra la Corrupción”. El autor, nos sumerge en una lectura donde realiza un maravilloso esbozo acerca del flagelo de la corrupción dentro de la administración pública, llamando poderosamente la atención el conocimiento que transmite acerca del tema que expone. Así mismo, manifiesta que “el escepticismo, es la peor actitud que podemos asumir en la lucha contra la corrupción”, también manifiesta que

“nuestro problema no es conceptual”, porque sabemos todos que la corrupción es un acto que dista de lo ético y la moral, más bien, este autor, apoya la idea de que debemos “fortalecer lo ético como convicción” y eso se logra con la voluntad y esfuerzo de todos los ciudadanos comprometidos con el país.

De lo anteriormente planteado, Ugalde menciona en su discurso, que existe una “corrupción de buena conciencia”, haciendo referencia al hecho de que aun cuando sabemos que hay ciertas actuaciones que van en contra de lo ético, las desarrollamos por el hecho de que no las consideramos como corrupción, en este sentido, él señala que existen cuatro aspectos de esta corrupción de buena conciencia, que son: la ley y la amistad, la ineficiencia y corrupción, el costo y gratitud pública y deformando el sentido de lo público, llamando poderosamente la atención cuando esgrime acerca de la “ineficiencia y corrupción”, en este sentido, se cita textualmente un párrafo de ese capítulo, con el objetivo de hacer un análisis de lo que él expone dentro del mismo:

Hay una dificultad bastante generalizada en captar que la corrupción más costosa y de mayores efectos negativos en muchos de nuestros países es la ineficiencia en general y en los servicios y gestión pública en particular. Esta corrupción normalmente (al igual que el favoritismo con los parientes y amigos) no se considera como tal y convive pacíficamente con la buena conciencia de los que la ejercen. Así se explica que haya una aceptación resinada de parte de la población y unas prácticas de “derecho adquirido” por parte de cientos de miles de funcionarios consistentes en cobrar sin trabajar, dar ordinariamente mala calidad en el servicio, nombrar incapaces para los cargos, mantener personal innecesario, ser habitualmente impuntuales, dejar que las cosas se pierden y deterioren…y otras muchas características de la ineficiencia de todos podríamos seguir enumerando. De ordinario la gente no percibe que la falta de preparación competente, la poca laboriosidad y precisión y el descuido en producir un servicio o un bien de calidad, sean causantes de los terribles males de una población maltratada por la falta de justicia, seguridad, servicios de salud y de

En referencia al texto citado, se observa que, Ugalde ajusta perfectamente su criterio u opinión acerca de varios elementos que se conjugan, y generan como producto una tácita ineficiencia que desencadena una descarada corrupción en la prestación de los servicios

dentro de la administración pública. Incluso, menciona firmemente que este tipo de corrupción convive sigilosamente en las personas que la aplican, asumiendo entonces una posición de que estos actos no son corrupción. De igual forma, el autor expone, que efectivamente, existe dentro de la población, una actitud sumisa ante los comportamientos corruptos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones como, por ejemplo el hecho de trabajar sin cobrar.

Sin duda alguna, este tipo de comportamiento que asumen algunos servidores públicos, dañan la imagen de las organizaciones públicas, convirtiéndose ellos en una carga para el Estado, ya que devengan un sueldo sin prestar ningún tipo de aporte que redunde en beneficio de la organización y el propio Estado, restándole a otros la posibilidad de trabajar o prestar un servicio óptimo en pro del desarrollo institucional. De igual manera, este tipo de prácticas “viciosas” atentan contra la ética pública, contra la ética del propio servidor que las practica y contra el patrimonio del Estado.

Inclusive, este “modus operandi” tiene su razón de ser o su justificación por parte del servidor público, en una serie de fundamentos como son, los bajos salarios que devengan en contraprestación de sus servicios, la baja o poca motivación en su ámbito laboral, la limitada consideración por parte del patrono, a que el servidor público por meritocracia sea postulado a cargos de relevancia dentro de la institución, entre otros. Todos estos fundamentos generan en el servidor público, un rechazo a ejercer sus funciones como es debido, siendo la institución y el Estado los más afectados, puesto que, al no haber una acorde prestación de servicios por parte del servidor público, no puede existir una respuesta por parte de la institución, para solventar las necesidades más sentidas de la comunidad.

Al mismo tiempo, Ugalde señala otros aspectos que inciden en que la ineficiencia y corrupción vayan de la mano, tal es el caso de las instituciones que brindan un servicio deficiente, propiciando un clima de insatisfacción por parte del

beneficiario, que espera de una respuesta oportuna que permita solventar la problemática que padece. En base a lo anterior, podemos señalar, que este tipo de casos pueden observarse muy de cerca, en las instituciones que brindan servicios públicos, como, por ejemplo: agua, electricidad, internet y telefonía. Es público y notorio que, la baja calidad en la prestación de los servicios de esas instituciones, propicia un profundo malestar colectivo al no contar con buenos servicios de cargos relevantes (gerenciales), ocupados por funcionarios con poca o nula preparación profesional y gerencial, provocando un clima laboral y organizacional inmerso en la incertidumbre y el descontrol.

En este sentido, al tener estos servidores públicos poco preparados o formados en la materia, es difícil generar respuestas acertadas, oportunas e inmediatas, que satisfagan las exigencias institucionales, así como también las necesida-

que permitan garantizar o elevar la calidad de vida de la colectividad. des de un colectivo. Aunado a lo ante-

Por otra parte, Ugalde también nos expone otro elemento inductivo que atenta contra la ética pública, como lo es la ocupación de cargos por servidores públicos que no poseen el perfil profesional para tal fin. Esta situación se presenta como arma de doble filo en la administración pública de nuestro país, en virtud de que, si se trata de dinamizar los procesos administrativos, así como también de llevar

rior, es importante señalar, que los efectos o daños colaterales que este tipo de situación genera en las instituciones públicas y al Estado como ente rector, son irreversibles, pues, la persona que no posee el conocimiento ni la experiencia necesaria en el cargo que ostenta, difícilmente podrá ejercer su papel de líder dentro de la institución, ocasionando debilidad en el desarrollo en los procedimientos administrativos y desorientando la misión y visión institucional. acabo las metas y objetivos de la organi- Como puede observarse, en el texto zación, es preciso contar con profesión a citado por Ugalde, menciona que manteles que posean las competencias nece- ner personal innecesario en las instituciones públicas, es característica tam-sarias que el cargo exige, tal es el caso bién de ineficiencia.

Esta práctica se hace cada día más común, sobre todo si de “pagar favores” se trata, en este caso, la inserción de personal innecesario se lleva a cabo, por el simple hecho de que la institución pública debe atender a las solicitudes que dictamine el partido u organización política de turno, aquí se pone de manifiesto el amiguismo y el ventajismo político sin dar importancia si la persona cumple o no con el perfil que exige el cargo que va a ocupar.

En fin, Ugalde nos muestra una serie de características y elementos que hacen percibir a una gerencia pública deprimida, donde están emergiendo ciertos factores que no coadyuvan a su transformación y desarrollo, propiciando con ello que el flagelo de la corrupción asfixie sin pudor alguno cualquier estrato o nivel de la misma. Se podrían sumar muchas más características de las que Ugalde menciona en su texto, sin embargo, es preciso aclarar que, no se trata de cuestionar cada una de ellas ni hacer análisis exhaustivos y mucho menos juicios de valor, por el contrario, se trata de exponerlas para corregirlas y evitar que se sigan posicionando y sean caldo de cultivo dentro de la gerencia pública venezolana .

Es evidente entonces que, lo que Ugalde señala en su texto, no es más que la cruda realidad a la que no debemos acostumbramos nunca. La corrupción de la ineficiencia en general en los servicios y gerencia pública en particular, no puede ser tolerada ni aceptada desde ningún punto de vista, ni desde ningún nivel de gobierno, por el contrario, debemos enfrentarla y atacarla con la mejor de las armas, con voluntad, con disciplina y con métodos que nos permitan controlarla hasta execrarla de la gerencia pública y porque no de la privada también.

Resulta oportuno señalar, que para el flagelo de la corrupción no existe una solución a corto plazo, ya que es mucho lo que debemos y podemos hacer dentro de un campo que ya se encuentra minado. El control de la misma, advierte primeramente un ajuste en las instituciones públicas que permitan fortalecer la esencia de la función pública.

Una gestión pública eficiente, efectiva, honesta y transparente, debe reducir sin duda alguna, el problema de esos servidores públicos que solo buscan estorbar o retrasar el funcionamiento o buena marcha institucional. Esto obviamente advierte modificación en el empleo o captación del personal, el cual debe estar altamente capacitado para ejercer funciones públicas, también, se hace necesario que los propios afectados alcen su voz de protesta y delaten el problema.

Seguidamente, se puede señalar que, en varios casos, la corrupción se nutre de la inexistencia de pautas que delimiten responsabilidades y permitan mejorar el funcionamiento institucional, sin embargo, en muchas instituciones públicas, existen servidores públicos honestos, con probidad y sobre todo con mucha tendencia al servicio público, que con el apropiado apoyo y estimulo, pueden convertirse en controladores altamente potenciados contra la corrupción.

Dicho lo anterior, la panacea a las conductas corruptas, tienen que ver sobre todo con la educación y con los principios morales y éticos, orientados por el sentido de la justicia, la equidad, y la igualdad.

Desde el punto de vista institucional, sólo un Estado democrático de derecho, aun con sus limitaciones, es el método o procedimiento político capaz para combatir la corrupción.

Según lo expuesto, se requiere entonces recuperar y fomentar la confianza en los gobernantes, en quienes dirigen las instituciones públicas, y en todos y cada uno de aquellos servidores que están inmersos dentro del sistema público venezolano, para ello se hace necesario, la educación y formación a quienes ejercen cargos dentro de la administración pública, por lo que es tarea fundamental dentro de este proceso, que el Estado dedique los recursos necesarios y suficientes, para que esa educación y formación, sean requisitos sine qua non, y asegurar de esta manera que dentro del servicio público a prestar, priven la ética y la moral de sus actores principales. Se amerita de manera urgente impulsar una ética pública cónsona con lo que realmente establecen las normas que regulan la materia.

Desde una perspectiva más general, todas las actividades que ejecuten y desarrollen los gobernantes y los funcionarios públicos deben estar orientadas y apegadas a la satisfacción e intereses de la comunidad, se debe revisar la filosofía del gobierno, del Estado y de los partidos políticos quienes son los que tienen vinculación y responsabilidades en los procesos de gestión de la administración pública, así como también se debe implementar una cultura ética que implique una percepción futurista, pese a que esto genere un esfuerzo poco rentable para el presente, pues los resultados no se percibirán en forma inmediata.

En definitiva, la moralización de la gestión pública, es un objetivo fundamental de cualquier esfuerzo encaminado hacia la renovación y transformación de sus estructuras y modelos de comportamiento. Sin duda alguna, son gigantes las dificultades con las que se enfrenta el gobierno venezolano, ante un reto tan relevante y sustancial como es el de moralizar la administración pública en sus diferentes niveles.

La revisión y adecuación de las normas y leyes que regulan el comportamiento de las personas dentro del ejercicio de sus funciones públicas, debe ser el objetivo fundamental, para que su aplicación sea transparente, eficiente, efectiva, adecuada y pertinente, sobre todo en el caso de las sanciones administrativas cuando el funcionario incurra en actos contrarios a lo establecidos en las leyes.

Ya para culminar, todo lo anterior debe propiciar un profundo llamado a la reflexión, que redunde en promover una conducta ética y moral en todos los niveles de la administración pública. Son muchas las interrogantes que surgen: ¿hacia dónde queremos dirigir el curso de nuestra gerencia pública?, ¿Qué estamos dispuestos hacer para tener una gerencia pública transparente, eficaz y efectiva?, ¿Cómo se pueden aumentar los niveles de conciencia que permitan mejorar los procesos dentro de la gerencia pública?, ¿son las leyes y normas los únicos mecanismos con lo que se pueden controlar las actuaciones de los funcionarios públicos? Las respuestas están en la conciencia ética y moral

de todos y cada uno de los actores principales del sistema público venezolano.

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Fotografía: Vista lateral. Ermita San Clemente.

ENTREVISTA: GERENCIAR EN LA ACTUALIDAD

Su experiencia a nivel gerencial le ha hecho ver que la gerencia ha pasado rápidamente a estar asociada al desenvolvimiento de un estilo de liderazgo, donde se necesita culminar con éxito la tarea.

Lcdo. Gutiérrez N. Eduardo, Presidente de la Cámara de Comercio de Urumaco.

Posterior al haber culminado sus estudios en el Instituto Universitario “Alonso Gamero” donde egreso como Técnico Superior en Mecánica y Mantenimiento, continuo sus estudios para obtener un Técnico en Educación Integral en el Instituto Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” y luego profesor, se le dio oportunidad de trabajar en la Alcaldía de Urumaco, para posterior desempeñarse en la actualidad como Presidente de la Cámara de Comercio de Urumaco. Al tener esta oportunidad se ha desarrollado a nivel gerencial, donde ha desarrollado objetivos primordiales tales como:  Siempre estar al pendiente de la innovación.  Permanecer con la productividad.  Tratar de estar en búsqueda de recursos físicos financieros.  Conseguir rendimientos de los beneficios,  Por supuesto una buena actuación y desarrollo gerencial, y  Responsabilidad social.

Las oportunidades del proceso gerencial se orientan a: centrarse en el cliente, aumento del mercado, optimización de costos, acrecentamiento de la rentabilidad;

con el fin de capitalizar las oportunidades más rápidamente que los competidores.

Hemos tenido la oportunidad mediante la matriz FODA, de determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tales son:

Fortalezas: Como grupo la construcción de nuevos conocimientos.

Oportunidades: Elaboración de estrategias

Debilidades: Poco tiempo ante los cambios drásticos de la economía

Amenazas: Comentarios no constructivos.

Actualmente para un profesional resulta imprescindible contar con una serie de habilidades accesibles que lo cambien en el más competente, un buen líder también debe garantizar su óptimo desempeño, con los siguientes aspectos: responsabilidad, empatía, humildad y confianza.

En hora de tomar las decisiones y de elegir las alternativas idóneas para

Presentación del Presidente de la Cámara de Comercio de Urumaco

conseguir los objetivos, es conveniente ir tomándolas en los niveles de responsabilidad sucesivos.

Considero que un buen gerente debe tener: Inteligencia, Educación, Experiencia, Habilidad administrativa, Habilidad para las relaciones humanas y Capacidad de liderazgo.

Al desempeñar los roles de un gerente, se debe incluir actividades de reflexión (razonamiento) y como la acción (ejecución), al cumplir estos roles, funciones se desempeñan y desarrollan las habilidades de Saber, Entender y asumir las Habilidades. Al final, estos son requisitos en la actualidad, para ser un: Gerente Integral exitoso.

Por: Colina, María.

Por: Ig @esanchez07_8

Fotografía: Patio interno (Casa de las Ventanas de Hierro) Producto final de la Unidad Curricular Seminario de Integración por los participantes de la Cohorte XVIII de la Maestría en Gerencia Pública. UNEFM. 83