Sr. D. Albert Rivera Presidente Ciudadanos Calle de Alcalá, 253 28027, Madrid Madrid, 7 de septiembre de 2017 Estimado Sr. Rivera: Como usted conoce, uno de los mayores retos y, a la vez, oportunidad económica a la que se enfrenta España es la progresiva descarbonización de nuestra economía. En esa tarea las energías renovables están llamadas a desempeñar un papel fundamental, y España cuenta con la ventaja no solo de disponer de abundantes recursos naturales, sino también de los recursos humanos, tecnológicos y empresariales para soportar esa tarea. Son conocidas las enormes dificultades que la reforma eléctrica han provocado a las empresas e inversores renovables en España, así como los aún sin resolver importantes problemas de credibilidad regulatoria a nivel internacional. Sin embargo, no es el objetivo de esta carta mirar hacia atrás, pero sí solicitar su colaboración y la de su grupo parlamentario para evitar que esta situación empeore. En concreto, los agentes del sector eléctrico estamos enormemente preocupados por la incertidumbre creciente sobre la revisión de la llamada tasa de rentabilidad “razonable” para la producción de energía eléctrica con régimen retributivo específico para las energías renovables al final del primer periodo regulatorio en 2019. Recientemente el Ministro sectorial, Álvaro Nadal, veladamente ha indicado que tal revisión está prevista por su departamento y, además, mediante la tramitación de una mera orden ministerial. Con independencia de la inadecuación de tal hipotética acción a lo que marca la actual Ley del Sector Eléctrico, estas afirmaciones están generando una enorme preocupación en todo el sector renovable. Tal eventualidad tendría, otra vez, efectos negativos muy importantes para los miles de inversores y empresas que, desde finales de la década de los 90, invirtieron importantes cantidades de recursos económicos y financieros para desarrollar los activos renovables existentes a día de hoy. Para dichos inversores, un nuevo recorte de la rentabilidad razonable, reduciendo la que de modo unilateral e imprevisible se aplicó expost con el Real Decreto-Ley 9/2013, supondría enfrentarse a nuevas pérdidas de valor, nuevos problemas para hacer frente al servicio de la deuda y, de nuevo, posibles cierres de plantas y destrucción de empleo. En definitiva, se generaría un nuevo recorte sobre el recorte inicial, una nueva quita adicional a la ya sufrida. Sería, además, la segunda vez en la década en la que se modificaría tal valor, lo cual afectaría a la percepción del inversor sobre la
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