RECURSO NULIDAD N.° 1692-2018/LIMA, HÉCTOR MANUEL ANGULO SALAS Y OTROS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar Roxana FAU 20159981216 soft Fecha: 26/03/2019 09:40:23,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL - CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO NULIDAD N.° 1692-2018/LIMA PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO Nulidad parcial Sumilla. La nulidad parcial se impone. Es de ratificar la condena por los delitos de falsedad documental y la desestimación de la prescripción, absolver por el delito de asociación ilícita y anular la absolución por el delito de secuestro ordenándose a este respecto nuevo juicio oral. Como la falsificación material y la falsedad ideológica se erigen en un delito continuado, cabe adecuar –sin rebasarla– la penalidad única respectiva, teniendo en cuenta como límite la pena finalmente impuesta –interdicción de4 reforma peyorativa– y lo estatuido por el artículo 49 del Código Penal.

Lima, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR DE LIMA y por los encausados HÉCTOR MANUEL ANGULO SALAS, JOSÉ LUIS ANGULO LOAYZA, MARÍA VICTORIA LA HOZ GONZALES DE ZAVALA y LUIS DURAND CASTILLO contra la sentencia de fojas cinco mil seiscientos veinticinco, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en cuanto: (i) declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por José Luis Angulo Loayza y María Victoria La Hoz Gonzales de Zavala por delito de falsificación de documento privado; (ii) absolvió a Héctor Manuel Angulo Salas, José Luis Angulo Loayza, Luis Antonio Durand Castillo, Higinia Honorata Salas viuda de Angulo y María Victoria La Hoz Gonzales de Zavala de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de secuestro agravado; y, (iii) condenó a Héctor Manuel Angulo Salas, Luis Antonio Durand Castillo y José Luis Angulo Loayza como autores de los delitos de falsificación de documento privado en agravio de Humberto Enciso Nano y Rafael León Heffesse Murua, de falsedad ideológica en agravio de Humberto Enciso Nano, Notaría Leonard Bartra Valdivieso y SUNARP, y de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, e impuso a Héctor Manuel Angulo Salas catorce años de pena privativa de libertad y cuatrocientos días multa, a Luis Antonio Durand Castillo catorce años de pena privativa de libertad, y a José Luis Angulo Loayza nueve años de pena privativa de libertad y trescientos sesenta días multa, así como al pago solidario de dos millones de soles o la restitución del predio a favor del agraviado Rafael León Heffesse Murua, cincuenta mil soles a favor de los agraviados Humberto Enciso Nano, Notaría Leonard Bartra Valdivieso y SUNARP (cincuenta mil soles a favor de cada agraviado y ciento cincuenta mil soles a favor del Estado); con lo demás que al respecto contiene.

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Se reservó la causa respecto de la acusada María Victoria La Hoz Gonzales de Zavala.

OÍDO el informe oral.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS § 1. DE LAS PRETENSIONES IMPUGNATIVAS DE LAS PARTES PRIMERO. Que el señor Fiscal Adjunto Superior en su recurso formalizado de fojas cinco mil seiscientos setenta y seis, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, requirió la anulación de la absolución por el delito de secuestro agravado por una deficiente valoración de la prueba. Argumentó que el Parte Policial dio cuenta del secuestro del agraviado Heffesse Murua, el mismo que declaró que fue privado de su libertad por el encausado Durand Castillo, quien lo trasladó a Huaral y luego pudo huir; que el propio Durand Castillo dijo que su coimputado Angulo Salas se encargó de los trámites y le entregó mil dólares para que se vaya a Ecuador; que no se ha tomado en cuenta el estado mental del agraviado Heffesse Murua y el vínculo amical que lo unía con Durand Castillo, quien a instancias de sus coimputados le hizo firmar un poder notarial, que el citado agraviado negó, y con el cual se le despojó de la propiedad de sus siete inmuebles.

SEGUNDO. Que el encausado Durand Castillo en su recurso formalizado de fojas cinco mil seiscientos ochenta, de cinco de julio de dos mil dieciocho, instó la absolución por los delitos materia de condena (falsedad material, falsedad ideológica y asociación ilícita). Alegó que no participó en la elaboración de la minuta de poder que efectuó el agraviado Heffesse Murua a él; que las firmas son auténticas y el notario declaró que este último asistió a la notaría y firmó el poder; que si bien el abogado Enciso Nano enfatizó que no solicitó sus servicios profesionales, no lo sindicó como la persona que realizó la minuta; que se le absolvió por el delito de secuestro; que se tomaron en cuenta declaraciones de personas no incursas en el debate oral; que la pericia psiquiátrica concluyó que el agraviado no presento discapacidad mental; que la condena por asociación ilícita no está motivada.

TERCERO. Que los encausados Angulo Loayza y La Hoz Gonzales de Zavala en su recurso formalizado de fojas cinco mil seiscientos noventa y uno, de seis de julio de dos mil dieciocho, solicitaron la absolución de los cargos.

Afirmaron que la acusación contra ellos fue genérica y no se ha demostrado que actuaron dolosamente; que ambos intervinieron como compradores de los predios a pedido del hermano del primero, Héctor Angulo Salas; que las pruebas relacionadas con el estado mental del agraviado Heffesse Murua no –2–

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son las adecuadas, quien está ubicado en espacio y tiempo; que luego del supuesto secuestro denunciado no se acreditaron que el citado agraviado presentó lesiones; que este último afirmó que el Fiscal le dijo que denunciara el secuestro; que, de otro lado, Angulo Loayza sostuvo que la pena impuesta no es proporcional; que ninguno de ellos tiene la condición de reos contumaces, no participaron en la elaboración de la minuta ni legalización ante notario y el delito de falsificación está prescrito pues transcurrieron más de seis años.

CUARTO. Que el encausado Angulo Salas en su recurso formalizado de fojas cinco mil setecientos diecisiete, de seis de julio de dos mil dieciocho, pidió la absolución de los cargos. Explicó que la conducta atribuida y encuadrada en el tipo penal de falsedad ideológica no es tal, no cumple con la descripción típica; que no se ha justificado adecuadamente la condena por el delito de asociación ilícita; que no existe demanda o tacha acerca del otorgamiento del poder y declaración del Notario que dio fe sobre la misma; que lo declarado por Durand Castillo es falso, incluso en el acto oral negó que lo vio y afirmó que no lo conoce; que se realizó una valoración arbitraria de la pericia psicológica del agraviado y de las declaraciones de los testigos que no asistieron al contradictorio. § 2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL Y MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN

QUINTO. Que de la acusación fiscal de fojas tres mil novecientos seis y, en lo pertinente, de la sentencia impugnada de fojas cinco mil seiscientos veinticinco, fluyen los siguientes hechos: 1. El encausado Durand Castillo, conocido como (a) “Tamalero”, es un individuo que comercializaba tamales por inmediaciones de los predios de propiedad del agraviado Heffesse Murua, en las calles Ricardo Rey Basadre números 309, 315, 319 y 325, y Daniel Carrión números 302, 306 y 310, del distrito limeño de Magdalena del Mar, por lo que se hizo conocido e interactuaba con él, quien vivía solo y padecía de problemas mentales.

2. Dicho encausado y sus coimputados Angulo Salas, Angulo Loayza, Salas Viuda de Angulo y La Hoz Gonzales de Zavala, previo concierto, se aprovecharon los problemas mentales del agraviado Heffesse Murua para que con fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, el primero logre que firme una minuta poder a su favor, falsificando la firma del abogado Enciso Nano, y se eleve a escritura Pública ante la Notaría de Leonardo Bartra Valdivieso, la cual se inscribió en la SUNARP el nueve de agosto de dos mil doce.

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3. El veintiocho de diciembre de dos mil doce se inscribió en los Registros Públicos una compra venta de los predios del agraviado Heffesse Murua, del encausado Durand Castillo (supuesto vendedor) a favor de Angulo Loayza y La Hoz Gonzales de Zavala (supuestos compradores) por la irrisoria suma de noventa mil dólares americanos –cantidad supuestamente prestada por la madre de los encausados Angulo Loayza y Angulo Salas: Higinia Honorada Salas viuda de Angulo–.

4. Ante la presencia del agraviado Heffesse Murua y con la finalidad inicial de consolidar la ocupación de los predios, los imputados el día dos de febrero de dos mil trece lo secuestraron y lo trasladaron a diversos lugares: Lurín, Pucusana, Naplo, Chancay y Huaral –el secuestró duró aproximadamente dos años: hasta el dieciocho de mayo de dos mil quince en que pudo escaparse, lo que determinó la denuncia por desaparición formulada por los primos del agraviado–. Es del caso que el citado día dos de febrero de dos mil trece los imputados lograron tomar posesión violenta de los predios del agraviado.

5. Mientras el agraviado Heffesse Murua permanecía secuestrado, en abril de dos mil trece los encausados Angulo Loayza y la Hoz de Zavala transfirieron la propiedad y posesión de los predios a favor del encausado y abogado Angulo Salas por el precio de setecientos mil dólares americanos. La venta se inscribió en Registros Públicos –previo bloqueo registral del veinticinco de abril de dos mil trece – el veintitrés de mayo de dos mil trece. El encausado Angulo Salas hipotecó los bienes hasta por la suma de quinientos veinticinco mil dólares para garantizar el pago de un préstamo de cuatrocientos veinte mil dólares con el Banco Continental.

6. Se imputó a los encausados el delito de asociación ilícita al conformar una agrupación destinada a cometer diversos delitos, entre ellos contra la fe pública y secuestro, quienes están vinculados en otros procesos bajo el mismo modus operandi. § 3. DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO SEXTO. Que el agraviado Heffesse Murua afirmó que solo conoce al encausado Durand Castillo porque vendía tamales en la puerta de una panadería cerca de sus viviendas; que no conoce a los demás imputados; que no le otorgó poder alguno para que venda sus casas y no se acercó a Notaría alguna, menos recibió dinero por la venta en cuestión; que incluso Durand Castillo en una ocasión le invitó pasar navidad y fiesta de fin de año, y posteriormente él y su familia lo secuestraron y lo retuvieron contra su oposición en varios lugares; que sus inquilinos pagan el alquiler directamente –4–

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en una cuenta a nombre de su madre; que si bien diferencia el bien del mal, estuvo internado en el Hospital Larco Herrera al carecer de domicilio fijo. Así consta de su preventiva de fojas dos mil seiscientos setenta y cuatro, declaración plenarial de fojas cinco mil doscientos ochenta y cinco y confrontación plenarial con Durand Castillo de fojas cinco mil doscientos ochenta y nueve.

SÉPTIMO. Que el Parte Policial de fojas dos, de nueve de febrero de dos mil trece, da cuenta de la denuncia de fecha cuatro de febrero de dos mil trece, presentada por el primo del agraviado Heffesse Murua, Daniel Saúl Murua Franco, por la repentina desaparición del agraviado desde el cuatro de febrero de dos mil trece, así como que los predios están en poder de personas extrañas, lo que en todo momento pretendieron fue intimidar al personal PNP que se constituyó a los mismos.

El Parte Policial de fojas treinta y nueve, de trece de febrero de dos mil trece, revela que los inquilinos de los inmuebles del agraviado Heffesse Murua indicaron que este último vivía en total abandono, que la casa carecía de servicios básicos, que en el año dos mil dos cuando su madre falleció durmió con el cadáver por seis días, que sufre alteraciones mentales, que conocen a Durand Castillo, vendedor ambulante de tamales, cerca de la casa del agraviado, al que no ven desde hace diez o doce días.

El denunciante Saúl Daniel Murua Franco declaró en sede preliminar, sumarial y plenarial [fojas veintinueve, ochocientos noventa y nueve y cinco mil doscientos sesenta y tres]. Apuntó que su primo padecía de problemas mentales (esquizofrenia y lagunas mentales), que ha recibido tratamiento psicológico particular, que la última vez que lo vieron fue cuando lo visitó con su esposa en horas de la tarde del treinta y uno de enero de dos mil trece, y que realizó diversos reportajes en medios de comunicación con motivo de su secuestro. En esta misma línea, de los problemas mentales del agraviado y de que vivía sin servicios básicos, declaró su prima María del Carmen Murua Franco [declaración sumarial de fojas novecientos tres y declaración plenarial de fojas cinco mil doscientos cuarenta y siete] Los inquilinos y vecinos del agraviado –en número de seis– son muy claros al respecto. El agraviado vivía solo, la casa donde vivía carecía de los servicios de agua y luz, que los vecinos del lugar le proporcionaban comida, que deambulaba por las calles aledañas, hablaba solo con voz fuerte y decía fantasías, en una oportunidad quemó el colchón donde dormía, que en alguna ocasión expreso que habia estado con su hermana fallecida.

Además, conocían al imputado Durand Castillo [fojas veintiuno, cuatrocientos cincuenta y siete, cuatrocientos sesenta y uno a mil ochenta y tres, mil ochenta, ciento trece y dos mil seiscientos noventa].

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OCTAVO. Que, según el protocolo de pericia psicológica de fojas tres mil trescientos noventa y tres realizado al agraviado Heffesse Murua, oralizado en el acto oral (sesión materia del acta de fojas cinco mil cuatrocientos cuarenta vuelta), éste presentó, al examen, bloqueo en capacidad para discernir situaciones de riesgo, es altamente manipulable, tiene lagunas mentales, su estado de ánimo es cambiante; además, padece de estrés post traumático asociado a secuestro.

La pericia psiquiátrica no pudo concluirse, como consta del informe pericial de fojas cinco mil trescientos ochenta y cinco. El Fiscal se desistió del mismo a fojas cinco mil trescientos ochenta vuelta, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, y a su vez solicitó se tome en cuenta el informe pericial psiquiátrico de fojas tres mil ochocientos treinta y uno. El Tribunal Superior, empero, aceptó el desistimiento y declaró improcedente por extemporáneo la lectura de la pericia aludida [resolución oral de fojas cinco mil trescientos ochenta vuelta].

En la misma perspectiva pericial, corre en autos la pericia de psicología forense número 234/2015 de la Oficina de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de fojas dos mil doscientos ochenta y seis, oralizada a fojas cinco mil cuatrocientos cuarenta vuelta. Ésta señaló que el agraviado Heffesse Murua está parcialmente conectado con la realidad, presenta alteración en su pensamiento, mantiene ideas incoherentes e ilógicas, no tiene conciencia de enfermedad, evidencia escasa autonomía, su juicio social es deficiente para la toma de decisiones, es notorio su estado de abandono de tipo material y social, lo que lo incapacitan para su desenvolvimiento personal y social, aun cuando adolece o padece de una adecuada salud mental.

Cabe señalar que la pericia psiquiátrica de fojas tres mil ochocientos treinta y uno, de cuatro de febrero de dos mil diecisiete, indicó que el agraviado no es esquizofrénico, pero padece de un trastorno esquizoide de la realidad. Más allá de que no fue aceptada como medio de prueba útil por razones jurídicas, es de apuntar que ese trastorno, que anula la vida de la persona que lo padece y requiere siempre de un apoyo social y familiar, entre otras características, presenta frialdad emocional, marcada preferencia por devaneos fantásticos, por actividades solitarias acompañada de una actitud de reserva y de introspección, dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar a un comportamiento excéntrico.

NOVENO. Que lo precisado en los dos últimos fundamentos precedentes revela la patente vulnerabilidad del agraviado Heffesse Murua, lo que fue aprovechado por los imputados para hacerle firmar el poder, que se utilizó para la transferencia de sus bienes inmuebles, y luego para privarlo de su libertad por un largo período de tiempo. El agraviado vivía solo y en la indigencia, así como tenía los problemas detallados en el fundamento –6–

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jurídico octavo, además era altamente manipulable. Estos datos son suficientes para afirmar no solo que se le hizo firmar un poder para secuestrarlo a fin de que evitara toda alteración en el plan criminal para el apoderamiento de sus bienes inmuebles. No se requiere una absoluta incapacidad del imputado –que sea un sicótico o un esquizofrénico–. Basta que sea vulnerable síquicamente, que presente minusvalías que puedan permitir que se le utilice y afecte sus intereses, que fue precisamente lo que sucedió en este caso.

DÉCIMO. Que la pericia grafoténica de fojas quinientos ochenta y cinco acreditó que las firmas de Durand Castillo y Heffesse Murua en la minuta de otorgamiento de poder de fojas ciento treinta y siete, de dieciocho de junio de dos mil doce, provienen de sus titulares, son firmas auténticas. La impresión dactilar proviene del índice derecho del agraviado –esa firma e impresión dactilar, como es patente, se obtuvieron mediante engaños a una persona vulnerable síquicamente–.

Los abogados que fueron consignados negaron tal situación –haber intervenido como letrados en el poder cuestionado–, como aparece de sus declaraciones de fojas cuatrocientos veintiocho y cuatrocientos treinta y uno: Enciso Nano negó la firma puesta en él y que el registro de abogado sea suyo, mientras el titular de ese registro CAL, abogado Gil Farfán, también negó haber autorizado tal poder o conocer del mismo.

El Notario Bartra Valdiviezo señaló que esa minuta no fue redactada en su Notaría [fojas cuatrocientos diecisiete]. Con fecha veintisiete de julio de dos mil doce dicho notario extendió la escritura pública del poder al imputado Durand Castillo [fojas ochenta y uno y once mil trescientos once].

Con posterioridad, el día doce de noviembre de dos mil doce el imputado Durand Castillo solicitó la rectificación del apellido de la madre del agraviado Heffesse Murua [fojas ochenta y uno y mil trescientos once].

UNDÉCIMO. Que el encausado Durand Castillo, en representación del agraviado, vendió los siete inmuebles a los encausados y esposos Angulo Loayza y La Hoz Gonzales de Zavala por noventa mil dólares americanos, que fue proporcionado a los imputados por su coencausada Salas viuda de Angulo. El testimonio de escritura pública es de fecha tres de noviembre de dos mil trece y corre a fojas noventa y uno.

Con posterioridad, en mayo de dos mil trece se vendieron los predios al encausado Héctor Manuel Angulo Salas por setecientos mil dólares americanos, los cuales este último lo hipoteco por la suma de quinientos cuarenta y cinco mil dólares americanos para garantizar el pago de un préstamo otorgado por el Banco Continental por un monto de cuatrocientos veinte mil dólares Americanos. Así consta de fojas mil trescientos sesenta y tres y mil trescientos sesenta y cuatro.

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DUODÉCIMO. Que el encausado Durand Castillo, primero, negó haber engañado al agraviado Heffesse Murua, quien voluntariamente quiso vender los predios y le dio un poder a su nombre, con el cual los transfirió a Angulo Loayza y La Hoz Gonzales de Zavala, a consecuencia de lo cual entregó el dinero al agraviado, quien por su intervención le dio trece mil dólares [declaración preliminar de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro y cuatrocientos cincuenta, y declaración instructiva de fojas mil quinientos noventa y cuatro]. Segundo, en su instructiva ampliatoria de fojas dos mil novecientos ochenta y ocho, afirmó que a instancia de Angulo Salas obtuvo el poder del agraviado –todos los gastos los realizaba Angulo Salas, el cual fue a la notaría para la firma del poder–, que firmado el poder se vendió el predio a Angulo Loayza y a su esposa La Hoz Gonzales de Zavala, que no participó en el secuestro del agraviado y supone que lo dirigió Angulo Salas, el mismo que le dio mil dólares para que se fuera a Ecuador. Tercero, en su declaración plenarial de fojas cinco mil ciento noventa y uno volvió a cambiar de versión, y si bien admitió el delito, expresó que fue el taxista Ricardo Gutiérrez Murua –primo del agraviado– el que tramó y financió todo–.

Ricardo Gutiérrez Murua, por su parte, declaró plenarialmente como testigo a fojas cinco mil doscientos ochenta y uno vuelta. Señaló que es primo del agraviado, que supo de su desaparición por sus otros primos, que intervino en veladas y en los reportajes televisivos con motivo del secuestro de su primo Heffesse Murillo, que tras la aparición del agraviado fue entregado a su madre –hermana de la madre fallecida del agraviado– quien lo cuida, y que es ajeno a los hechos que le atribuye Durand Castillo.

DECIMOTERCERO. Que el encausado Angulo Salas solo admitió haber comprado los inmuebles a su hermano y su cuñada, para lo cual hipotecó dichos bienes por un préstamo del Banco Continental. Añadió que a Luis Durand Castillo en una ocasión lo contrató para la limpieza de un inmueble adquirido en Barranco; que este le dijo que un amigo quería vender unos predios por doscientos cincuenta mil dólares –estaban ocupados y los inquilinos no querían pagar–; que el precio le pareció muy caro y, por ello, lo remitió a su hermano Angulo Loayza, quien al igual que él se dedica a la venta de inmuebles [fojas dos mil seiscientos veintiséis y cinco mil doscientos veintinueve].

DECIMOCUARTO. Que el encausado Angulo Loayza, igualmente, negó los cargos. Señaló que se dedica a la reparación de motores diésel –no al negocio inmobiliario–; que sus coimputados son su hermano, su esposa y su madre; que adquirió los predios cuestionados por noventa mil dólares pues estaban habitados por ocupantes precarios; que luego los vendió a su –8–

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hermano Angulo Salas por setecientos mil dólares [fojas veinticinco, cuatrocientos treinta y cuatro y dos mil seiscientos treinta y tres]. Empero, en sede plenarial [fojas cinco mil doscientos once], acotó que figuró él y su esposa en la adquisición de los predios, pero fue a pedido de su hermano Angulo Salas; que no sabía que el agraviado secuestrado era el dueño de los predios adquiridos; que luego de esa adquisición le trasladó la propiedad a su hermano Angulo Salas.

DECIMOQUINTO. Que la encausada La Hoz Gonzales de Zavala en sede preliminar y sumarial [fojas cuatrocientos treinta y nueve y dos mil seiscientos sesenta y dos] –no concurrió al acto oral y fue declarada reo contumaz por auto de fojas cinco mil veintisiete, de siete de marzo de dos mil dieciocho–, que intervino con su esposo en la compra de los bienes inmuebles, pero fue su esposo Angulo Loayza el que corrió con todos los trámites, el cual luego lo transfirieron a su cuñado y coencausado Angulo Salas.

La encausada Salas Viuda de Angulo negó los cargos –es ama de casa–. Apuntó que prestó veinte mil soles a su hijo Angulo Loayza para la compra del inmueble del agraviado; que su hijo Angulo Salas, con quien vive, es abogado y se encarga de la documentación de la compra de los inmuebles.

DECIMOSEXTO. Que, ahora bien, es claro que los encausados están unidos por un vínculo familiar estrecho, pertenecen a una misma familia: hermanos, madre y esposa; el otro acusado, Durand Castillo, los conoce –en especial con Angulo Salas– y se relacionó con el agraviado Heffesse Murua. El vínculo de Durand Castillo con Angulo Salas, más allá del dicho del primero se advierte de las fotografías de fojas mil trescientos cuarenta y ocho a mil trescientos cincuenta y de dos CD corrientes a fojas mil trescientos cincuenta y seis. ∞ La realidad de la transferencia de los predios cuestionados no está puesta en duda. Es inobjetable. ∞ También es evidente la notoria vulnerabilidad síquica del agraviado Heffesse Murua, dato esencial para colegir que, ante el hecho de que vivía solo y presentaba anomalías en su comportamiento, fue presa fácil para engañarlo con la firma y colocación de su impresión digital en una minuta de poder a favor de Durand Castillo –imputado con antecedentes [dos condenas por delito de robo: fojas cinco mil cinco] quien lo conocía por vender tamales por las inmediaciones de su domicilio–, lo que de por sí importa hacer un documento falso pues no expresó la voluntad libre e informada del citado agraviado (artículo 427 del Código Penal). ∞ Los imputados, en la minuta en cuestión, lograron que el agraviado Heffesse Murua lo firme y consigne su huella digital; también consiguieron –9–

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que concurra a la Notaría Bartra Valdivieso para la consolidación del trámite (evidentemente fraudulento). En la minuta que contenía el poder, obtenida fraudulentamente por engaño al agraviado Heffesse Murua, igualmente se falsificó la firma del abogado Enciso Nano y se consignó como sello de post firma uno falso con el registro CAL del abogado Gil Farfán como si perteneciera al primer letrado –es, asimismo, una falsedad documental material–. ∞ Del mismo modo, ese poder, pese a su falsedad, se logró inscribir en los Registros Públicos [fojas ciento treinta y tres, de nueve de agosto de dos mil doce]. Se trata de un poder en escritura pública y, como tal, es un instrumento público protocolar conforme a la Ley del Notariado, Decreto Ley número 26002, de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y dos; y, con él se realizó una primera venta delictiva por parte de Durand Castillo –que figuraba como apoderado del agraviado Heffesse Murua– a sus coimputados Angulo Loayza y La Hoz Gonzales de Zavala por la suma de noventa mil dólares –se hizo aparecer un préstamo de Salas viuda de Angulo, pese a que se trataba de una ama de casa–; y, al poco tiempo, una segunda venta a favor de Angulo Salas –con una condena por delito contra la fe pública [fojas cinco mil trece]– por setecientos mil dólares, una vez que se desalojó a la gran mayoría de los inquilinos de esos predios. ∞ El precio vil por el que se efectuó la primera venta y la vinculación de parentesco entre vendedores y comprador en la segunda venta, así como su relación con el precio que se hizo figurar en la segunda venta –el argumento de que se trató de una primera venta de bienes ocupados, lo que disminuía su valor comercial, no es suficiente para justificar un precio tan bajo–, demuestra palmariamente (i) el hecho precedente delictivo –respecto del que el agraviado es preciso en señalar que no vendió los predios y menos recibió dinero alguno por esa transacción– y (ii) la continuidad de una lógica criminal en curso. ∞ Los mismos encausados mutuamente se incriminan e, individualmente, persiguen excluirse de toda responsabilidad por los hechos. Los documentos públicos consignan sus nombres; muchos de ellos no tenían recursos y posibilidades para construir un cuadro criminal como el presente, por lo que es obvio que quien tenía la dirección de lo sucedido es el letrado y encausado Angulo Salas, lo que no excluye la intervención en un contexto delictivo de su hermano Angulo Loayza, de la esposa de este último La Hoz Gonzales de Zavala y de la madre del primero Salas Viuda de Angulo, quien figuró como la persona que prestó dinero a su hijastro Angulo Loayza. ∞ Los delitos de falsedad documental materia de condena están acreditados, así como la culpabilidad de los imputados recurrentes. Las falsedades documentales –material e ideológica– en sus diversos momentos, consecutivos entre sí, son actos ejecutivos de la misma resolución criminal, por lo que se ha tener en cuenta para la sanción la pena – 10 –

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correspondiente al delito más grave que han perjudicado a una pluralidad de personas (delito continuado: artículo 49 Código Penal). Luego, como se consideran como un solo delito continuado y, además se han perjudicado a una pluralidad de personas, es aplicable la última oración del primer párrafo del citado artículo 49 del Código Penal. En consecuencia, no es posible, jurídicamente, acceder a la prescripción solicitada –la prescripción de la acción penal está función al delito y pena conminada–, tanto más si el primer hecho se calificó incorrectamente de falsificación de documento privado y si, por ello, debe examinarse el factum desde lo estatuido por el artículo 49 del Código Penal que remita el examen punitivo a la pena del delito de falsedad ideológica, no a la pena del delito falsificación de documentos privados.

DECIMOSÉPTIMO. Que, en cuanto al delito de asociación ilícita, es de tener presente que las notas características del mismo –según lo prescrito en el artículo 317 del Código Penal, según el Decreto Legislativo 982, de veintidós de julio de dos mil siete– son: 1. Constitución por dos o más personas. 2.

Estabilidad en el tiempo. 3. Reparto de funciones entre los miembros. 4.

Finalidad delictiva: perpetración concertada de delitos.

En el presente caso, se tiene que un grupo de personas se unieron, con un claro propósito criminal: apoderarse de los predios del agraviado; y, en su plan delictivo, con esta finalidad patrimonial, cometieron falsedades documentales y atentaron contra la libertad personal de la víctima –como luego se verá–, aprovechándose de su soledad y de su vulnerabilidad síquica.

Empero, no solo se trata de este solo hecho delictivo, sino que su estructura interna es simple –tareas específicas no diversificadas para sus miembros– y no refleja una cierta complejidad y una exigencia de mantenimiento temporal relevante, que vendría permitir nuevos delitos similares. El concepto de banda o grupo criminal recién ha sido creado con el Decreto Ley 1244, de veintinueve de octubre de dos mil dieciséis (artículo 317-B del Código Penal) y aun así faltaría la nota de finalidad criminal: no se advierte que los imputados buscaban perpetrar delitos plurales bajo ese mismo modus operandi y lógica organizacional.

La prueba de cargo actuada no permite sostener la realidad de un delito autónomo de asociación ilícita. Se trata de un supuesto de codelincuencia en referencia a los delitos materia del plan delictivo ejecutado. El hecho que el imputado con mayor nivel de intervención delictiva se dedique al sector inmobiliario y que tenga antecedentes, al igual que quien se vinculó con la víctima e intervino en los actos fraudulentos respectivos, al igual que en el secuestro, no puede significar que formaron una organización delictiva –siquiera una banda criminal–.

DECIMOCTAVO. Que, en lo atinente al delito de secuestro, se tiene lo siguiente: – 11 –

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1. La desaparición del agraviado Heffesse Murua fue percatada por sus primos, a mérito de lo cual se presentó la denuncia correspondiente.

Ellos en todo momento hicieron conocer la desaparición repentina del agraviado e instaron el concurso de los medios de comunicación social, así como luego dieron cuenta de su aparición, casi dos años después del acto de secuestro. El propio agraviado expresó que había sido secuestrado y directamente involucró como ejecutor material al encausado Durand Castillo y su familia. Es, pues, un hecho definitivamente probado. No es que el agraviado, por su vulnerabilidad síquica, se ausentó sin motivo alguno –lo que sin duda así quería hacerse creer por los secuestradores–.

2. Ese periodo sirvió, especialmente en los primeros momentos, para consolidar el propósito criminal de los imputados: concretar las transferencias y ocupar los predios. Empero, ante la campaña pública realizada por la familia del agraviado, resaltada por el hecho de que los imputados ocuparon los predios de este último, estos realizaron actos de ocultamiento y de confusión para desacreditar la campaña pública que afirmaba la desaparición del agraviado, así como dilataron el tiempo de privación de libertad. No contaron, desde luego, con que el agraviado se escape de su cautiverio.

3. En efecto, conforme fue comunicado por la Notaria Ana Nuñez Ciuffardi, el agraviado con fecha veintiocho de febrero de dos mil trece se presentó a la Notaría con la finalidad de que se legalice su firme de una declaración jurada que decía que por propia voluntad se había retirado de su inmueble y que Durand Castillo velaría por sus intereses [declaración jurada de fojas ciento dieciseis], legalización que no fue aceptada porque ya había salido en los medios de comunicación social que el agraviado padecía de alteraciones mentales y que había desaparecido.

4. De igual manera, con fecha dieciséis de febrero de dos mil trece se envió una carta a Canal dos bajo esa misma perspectiva, carta cuya identidad dactilar no correspondía a la del agraviado [fojas quinientos veintitres y pericia de fojas cincuenta]. Si corresponde al agraviado la carta enviada a la Policía de Personas Desaparecidas negando el secuestro [fojas setenta y cuatro y pericia de fojas setenta y dos], así como al Jefe de la Unidad de personas desaparecidas de la DRINCRI de once de marzo de dos mil trece [fojas sesenta y siete y pericia de fojas sesenta y cuatro].

DECIMONOVENO. Que, siendo así, no solo está probada la desaparición del agraviado sino que fue secuestrado precisamente para consolidar las transferencias de sus predios. No puede desligarse el hecho mismo del secuestro –está descartado que el agraviado desapareció sin intervención criminal alguna, por su propia perturbación síquica– con lo que sucedió con – 12 –

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los bienes del propio agraviado y quiénes resultaron interviniendo en el poder y sucesivas transferencias. La diferencia de precios entre la primera y la segunda transferencia es, por lo demás, especialmente relevante. Además, nada indicaba que el agraviado quería vender sus propiedades y, menos, que, marginando a su familia, encargue esas ventas a una persona con antecedentes y sin ninguna formación o conocimiento inmobiliario.

Resulta irrazonable, en suma, la absolución dictada por el Tribunal Superior.

No valoró adecuadamente la prueba de cargo actuada. Es de aplicación por tanto el artículo 301, in fine, del Código de Procedimientos Penales. Debe haber un nuevo juicio oral respecto del delito de secuestro.

VIGÉSIMO. Que, entonces, la nulidad parcial se impone. Es de ratificar la condena por los delitos de falsedad documental y la desestimación de la prescripción, absolver por el delito de asociación ilícita y anular la absolución por el delito de secuestro ordenándose a este respecto nuevo juicio oral.

Como la falsificación material y la falsedad ideológica se erigen en un delito continuado, cabe adecuar –sin rebasarla– la penalidad única respectiva, teniendo en cuenta como límite la pena finalmente impuesta –interdicción de reforma peyorativa– y lo estatuido por el artículo 49 del Código Penal.

VIGESIMOPRIMERO. Que en la acusación fiscal escrita se solicitó el testimonio de Lourdes Cauna Enciso y de Hernán Guevara Yabar. Ninguno concurrió al acto oral, y solo se oralizó la declaración de la primera. En el acto oral el fiscal requirió el testimonio de los vigilantes de los predios: Rondón Salas y Rondón Abanto, pero se prescindió de su testimonio [fojas cinco mil trescientos veintiuno vuelta, de diez de mayo de dos mil dieciocho]. Se oralizaron las declaraciones de los vecinos, salvo –como se anotó– la de Guevara Yabar.

La oralización se realizó sin oposición de los imputados. Estos testigos declararon sobre las costumbres del agraviado, su soledad, desaliño y excentricidad, que por lo demás así lo han declarado otras personas, en especial sus parientes.

En el nuevo juicio oral debe subsanarse las omisiones de citación y, en su caso, de oralización de las declaraciones anteriores.

DECISIÓN Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: I. Declararon NO HABER NULIDAD en sentencia de fojas cinco mil seiscientos veinticinco, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en cuanto: (i) declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por José Luis Angulo Loayza y – 13 –

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María Victoria La Hoz Gonzales de Zavala por delito de falsificación de documento privado; y, (ii) condenó a Héctor Manuel Angulo Salas, Luis Antonio Durand Castillo y José Luis Angulo Loayza como autores de los delitos de falsificación de documento privado en agravio de Humberto Enciso Nano y Rafael León Heffesse Murua, de falsedad ideológica en agravio de Humberto Enciso Nano, Notaría Leonard Bartra Valdivieso y SUNARP, así fijó por concepto de reparación civil el pago solidario de dos millones de soles o la restitución del predio a favor del agraviado Rafael León Heffesse Murua, cincuenta mil soles a favor de los agraviados Humberto Enciso Nano, Notaría Leonard Bartra Valdivieso y SUNARP (cincuenta mil soles a favor de cada agraviado) y ciento cincuenta mil soles a favor del Estado. III. Declararon HABER NULIDAD en la parte que impuso a Héctor Manuel Angulo Salas catorce años de pena privativa de libertad y cuatrocientos días multa, a Luis Antonio Durand Castillo catorce años de pena privativa de libertad, y a José Luis Angulo Loayza nueve años de pena privativa de libertad y trescientos sesenta días multa; reformándola: les IMPUSIERON a Héctor Manuel Angulo Salas siete años de pena privativa de libertad –que vencerá el diez de enero de dos mil veinticuatro– y trescientos ochenta días multa, a Luis Antonio Durand Castillo seis años de pena privativa de libertad –que vencerá en su oportunidad una vez capturado con descuento de la carcelería sufrida–, y a José Luis Angulo Loayza cinco años de pena privativa de libertad –que vencerá el trece de febrero de dos mi veintitrés y trescientos días multa. IV. Declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en el punto que condenó a Héctor Manuel Angulo Salas, Luis Antonio Durand Castillo y José Luis Angulo Loayza como autores del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado; reformándola: ABSOLVIERON a los citados encausados por el referido delito en agravio del Estado; en consecuencia, archivaron definitivamente la causa en este extremo y anularon sus antecedentes policiales y judiciales por este delito. V. Declararon NULA la sentencia en el extremo que absolvió a Héctor Manuel Angulo Salas, José Luis Angulo Loayza, Luis Antonio Durand Castillo, Higinia Honorata Salas viuda de Angulo y María Victoria La Hoz Gonzales de Zavala de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de secuestro agravado; en tal virtud, ORDENARON se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, debiendo citarse a los testigos que declararon en sede preliminar y sumarial –vecinos del agraviado Heffesse Murua–, cumplirse con culminar la pericia psiquiátrica al agraviado Heffesse Murua, y citarse para ser examinados a los autores de las pericias psicológicas de fojas tres mil trescientos noventa y tres y de fojas dos mil doscientos ochenta y seis. VI. Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del recurso. VII. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal Superior para los fines de ley, sin perjuicio de consolidar la ejecución del extremo condenatorio de la sentencia remitiéndose copia – 14 –

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certificada de lo pertinente al Juez Penal. HÁGASE saber a las partes personadas en esta sede suprema.

Ss. SAN MARTÍN CASTRO ARIAS LAZARTE PRÍNCIPE TRUJILLO SEQUEIROS VARGAS CHÁVEZ MELLA CSM/amon

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