Bolsonaristas buscan paralizar demarcación de tierras indígenas

Caracas. El Congreso brasileño, con gran presencia del bolsonarismo, está maniobrando para quitarle poder a las ministras nombradas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las carteras de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas, Marina Silva y Sonia Guajajara.

El jueves, una comisión mixta que analiza y debe validar la reforma ministerial decretada por Lula hace meses aprobó quitarle al recién creado Ministerio de Asuntos Indígenas, comandado por Guajajara, el poder de demarcar las tierras de los pueblos originarios para pasar la competencia a la cartera de Justicia.

También apoyó quitarle al ministerio dirigido por Silva la gestión de las aguas y del catastro donde deben registrarse todas las propiedades rurales, y que sirve para mapear las invasiones de tierra y el control de las áreas deforestadas.

En ese sentido, la ministra de Asuntos Indígenas, Sonia Guajajara, dijo que “la transferencia de estas competencias de demarcación para el congreso es un error peligroso. Esa me- dida coloca en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y abre el espacio para que las influencias políticas e intereses económicos prevalezcan sobre los derechos ancestrales”.

Para que estas modificaciones entren en vigor, deben ser aprobadas por los plenarios de ambas cámaras la semana que viene, cosa que es bastante probable que ocurra, tras el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien promovió el avance del agronegocio sobre las áreas protegidas y paralizó la demarcación de tierras. ●

Caracas. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió órdenes de operaciones para reprimir las pasadas protestas en contra de la presidenta, Dina Boluarte, que incluyeron la denominación de “bandos de combate”, informó ayer el semanario Hildebrandt en sus trece.

Los documentos, clasificados como reservados, develan que el alto mando de la PNP planeaba sus acciones contra “fuerzas adversas”, infiltradas por “delincuentes terroristas”.

En varias ocasiones la administración de Boluarte aseveró que las movilizaciones estaban impulsadas por el terrorismo, pero no presentó ninguna prueba, como admitió la canciller Ana Cecilia Gervasi en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, en febrero pasado. Esta nueva revelación de los actos represivos en Perú exponen la preparación y ejecución de los operativos específicamente en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, donde se registró uno de los despliegues más violentos de la PNP.

Entretanto, la Fiscalía de la Nación citó el próximo 6 de junio a la mandataria peruana, Dina Boluarte, para que responda por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. ●

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